Televisoras anulan en los hechos reformas a la Carta Magna en materia electoral.

■ Senadores: laguna legal permite a concesionarios litigar para desoír disposiciones del IFE

■ Cabildeo de esas firmas ha provocado opiniones confrontadas en Xicoténcatl, señala el PRD

Andrea Becerril

La reforma constitucional en materia electoral aprobada en 2007 se ha visto nulificada en los hechos por la presión de las televisoras para impedir que en el Congreso se realicen las modificaciones a leyes secundarias para sancionar, por ejemplo, a las estaciones que incumplan con las nuevas normas en materia de propaganda, señalaron legisladores.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo, y el panista Ricardo García Cervantes coincidieron en que “hay una laguna legal” que ha permitido a los concesionarios acudir a litigios para pasar por alto disposiciones del Instituto Federal Electoral (IFE).

En entrevistas por separado, y en relación con el fallo reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la sanción a Televisión Azteca que le había impuesto el IFE por negarse a transmitir espots de los partidos en tiempos del Estado, ambos legisladores coincidieron en que la raíz del problema es que el Congreso no ha legislado.

Desde hace un año, dijeron, tiene pendiente la modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), con el fin de que sea supletoria del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en lo que se refiere a las nuevas disposiciones sobre la publicidad y propaganda de partidos y candidatos en medios electrónicos, y las sanciones a los concesionarios que violen las normas.

Sotelo explicó que ése es uno de las cambios fundamentales para cumplir con las disposiciones contenidas en la Constitución que comenzaron a discutirse desde inicios de 2008 en el Senado, sin que se pudiera llegar a un acuerdo en el periodo que terminó en abril, aunque se habló de la posibilidad de llevar el tema a un periodo extraordinario.

Inclusive, dijo, el propio García Cervantes, en ese momento integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presentó ante la Comisión Permanente –en junio pasado– la iniciativa para que la LFRT permita la aplicación supletoria de las disposiciones del Cofipe que tienen que ver con los tiempos oficiales en medios electrónicos.

El perredista agregó que él, en su calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, elaboró un proyecto de dictamen, con miras a que la iniciativa del panista se aprobara en ese periodo extraordinario, pero ni siquiera se pudo discutir el proyecto, ya que las televisoras habían presionado lo suficiente para frenarlo.

La razón es que la iniciativa de García Cervantes faculta a las autoridades competentes en materia de radio y televisión a que, a falta de disposiciones expresas en la LFRT, apliquen las contenidas en el Cofipe, entre ellas la revocación de las concesiones en radio y televisión por “incumplimientos graves y reiterados” en la divulgación de campañas sucias o la contratación de espacios para espots en los medios, que está prohibida.

El cabildeo de las televisoras ha provocado, resaltó Sotelo, “que haya opiniones diferenciadas y hasta confrontadas y es la causa de que no se haya podido construir en todo 2008 una mayoría que respalde el dictamen de la Comisión de Radio y Televisión para que continúe el proceso iniciado con la reforma constitucional electoral”.

También desde hace un año está pendiente de dictaminar la nueva Ley de Derechos de Réplica, que se desprende de las nuevas reglas en la Carta Magna.

“Rentabilidad”

El senador García Cervantes consideró que la causa es que todas las fuerzas políticas privilegian “la rentabilidad y el cálculo electoral”, por lo cual las iniciativas relacionadas con los medios electrónicos, fundamentalmente con la televisión, ni siquiera se han discutido.

A su juicio, los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado comparten la responsabilidad de no haber impulsado las modificaciones al marco jurídico que rige a televisión y radio, a pesar de que desde el año pasado el tema quedó a su consideración.



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Indígenas realizando Congreso Binacional.

En la Mixteca de Oaxaca

Roger Valle

San Juan Mixtepec Oaxaca.—– Por dos días migrantes y no migrantes pertenecientes a la Red Internacional Indígena Oaxaqueña (RIIO), procedentes de los estados unidos y México llevaron a cabo su Congreso binacional en la comunidad de san Juan Mixtepec donde acordaron dar todo el apoyo necesario a sus paisanos migrantes afectados por la crisis mundial y que han decidido regresar a su lugar de origen.

En entrevista Leonel Martínez Sánchez, presidente Municipal de San Juan Mixtepec y militantes de esta organización de migrantes dio a conocer que este congreso mas que nada se enfoca a la situación que están viviendo los migrantes en los Estados Unidos y su retorno a su lugar de origen en este caso la región mixteca, especialmente hablando muchos están siendo deportados y no tienen empleo y los medios para poder subsistir ya que las leyes migratorias les están cayendo de sorpresa y desafortunadamente por falta de información la gente no sabe que existe una gran crisis económica y en este congreso se estará dando a conocer por ponentes toda esa información necesaria en caso que los migrantes pertenecientes a esta organización sean detenidos o deportados y que tienen que hacer o a quien dirigirse.

Dijo que en este congreso se busca también que entre los dirigentes y migrantes puedan buscarse mejores alternativas para poder amortiguar la situación critica y de la problemática que está atravesando los paisanos en los estados Unidos.

Señalo que en la actualidad hay de mas de 10 mil migrantes que radican en los estados unidos pertenecientes a la organización de RIIO del cual sufren diferentes actos de violación a sus derechos humanos como son no tener un traductor, el abuso al trato que reciben de parte de su patrones y son explotados con mas horas de trabajo en el campo y no les pagan solo por ser migrantes, del cual ellos tienen que resistir debido a que no quieren perder su trabajo y también son hostigados por las corporaciones policiacas y mas aun son causa del racismo por los propios paisanos conocidos como chicanos.

Menciono que de los más de 10 mil migrantes de la organización decenas de ellos ya están arribando a la región de la mixteca y se tienen un aproximado del 30% que se queden por esta región debido a que en los estados unidos no tienen trabajo o muchos han sido despedidos por causas injustificadas por lo que han decidido regresar a su país de origen por lo que en este congreso también se les ha buscado alternativas para que ellos por el momento puedan tener un empleo para poder mantener a sus familias.

Por ultimo dio a conocer que el gobierno federal ha tratado de minimizar el problema de la recesión económica mundial señalando que es algo ligero y pasajero cuando la realidad es otra ya que decenas de migrantes de la región de la mixteca están siendo afectados y de eso se puede notar ya que decenas de ellos han estado arribando a su lugar de origen en busca de una nueva alternativa de vida, por lo que se le hace un llamado a toda la sociedad de Oaxaca y de México para dar propuesta a los diferentes niveles de gobierno con propuestas positivas para apoyar a los migrantes y al gobierno se le hace un llamado para invertir mas en el campo mexicano ya que no se tiene otra alternativa.

Fuente: APIA

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Matan paramilitares a golpes a indígena chatino Timoteo Ríos Ramírez.

El Centro de Defensoría en Derechos Humanos “IIN NTUSU” (CEDEDH), solicita su intervención urgente, ante el asesinato de TIMOTEO RÍOS RAMÍREZ y la brutal golpiza a PEDRO ALAVÉS AGUDO, originarios y vecinos de Santa Maria Magdalena Tiltepec, Santos Reyes Nopala.


ANTECEDENTES


TIMOTEO RÍOS RAMÍREZ, era padre del C. FÉLIX RÍOS Agente Municipal de Santa Maria Magdalena Tiltepec, éste ultimo desde hace tiempo organiza a la comunidad para gestionar conjuntamente con la organización social Frente Popular Revolucionario, obras de infraestructura social para la localidad, así mismo es un defensor de los recursos naturales de la región Chatina..


HECHOS

El día veinte de diciembre del 2008, mientras se encontraban trabajando en la construcción del Hospital Regional de Santos Reyes Nopala los CC. TIMOTEO RÍOS RAMÍREZ de 62 años de edad y PEDRO ALAVÉS AGUDO de 42 años de edad, aproximadamente a las diecinueve horas, arribó al lugar un grupo de paramilitares, quienes brutalmente los golpearon causándole la muerte al C. TIMOTEO RÍOS RAMÍREZ, y dejando en estado de gravedad al C. PEDRO ALAVÉS AGUDO quien se encuentra internado en el hospital de la región.

Esta agresión se suma a las muchas habidas en la región Chatina las cuales incrementaron desde la llegada de Fredy Gil Pineda Gopar a la Presidencia Municipal de Santos Reyes Nopala (hoy, expresidente municipal) agresiones que van desde detenciones arbitrarios e ilegales (como caso: Jaciel Cruz Cruz), tortura, desaparición forzada de persona (como caso: Lauro Juárez), ejecuciones extrajudiciales entre otras mas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Estos hechos reafirman el clima de represión y hostigamiento que se vive en la región chatina, donde se reprime, se golpea, se desaparece y se encarcela a los que se oponen a los cacicazgos de la región y al saqueo de los recursos naturales, como lo es el caso de la comunidad de Cerro del Aire, donde hoy paramilitares mantienen permanentemente vigiladas las casas de integrantes de organizaciones sociales, en cuyos domicilios aparecen mensajes anónimos con amenazas de muerte.

A pesar de haberse presentado diversas denuncias por estas agresiones, la Subprocuraduría Regional de Puerto Escondido y la Procuraduría Estatal, no han detenido a ninguno de los agresores lo cual confirma la complicidad que hay entre el gobierno estatal y los paramilitares de la región Chatina encabezados por Fredy Gil Pineda Gopar.

Ante esta situación exigimos:


Se realice una investigación seria, pronta y expedita y se castigue a los responsables del asesinato de Timoteo Ríos Ramírez y de las lesiones causadas a Pedro Alavez Agudo.

Se garantice la integridad física, Psicológica y Jurídica de la familia de Timoteo Ríos Ramírez y de Pedro Alavez Agudo, así como de los integrantes de las organizaciones sociales de la región Chatina.

Cese a las agresiones y amenazas de cualquier tipo que menoscabe la dignidad humana y que pongan en peligro la vida de los integrantes de organizaciones sociales de la región Chatina.

A los organismos Locales, Nacionales e Internacionales de protección a los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, manifiesten su preocupación ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se viven en la región Chatina.



ATENTAMENTE.

Centro de Defensoría en Derechos Humanos IIN NTUSU.


¡Por los derechos Humanos, Una Sola Voz!


Lic. José Raúl Arias Toral.

Responsable del área Jurídica del CEDEDH-Oaxaca.

Mayem Arellanes Cano- Coordinadora-Oaxaca.

Calle Manuel Doblado 222, Interior 1

Col. Centro. / C.P.68000. Oaxaca, México.



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Rechaza la Sedena levantón de Javier Torres, campesino guerrerense.

REDACCION La Jornada Guerrero.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó “categóricamente” que el campesino Javier Torres Cruz –conocido desde que se convirtió en testigo en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa– haya sido en ningún momento detenido por soldados establecidos en un retén de San Luis la Loma, como él declaró ante la Comisión de Derechos Humanos (Coddehum) y organizaciones no gubernamentales, ni en ningún otro puesto de control militar.

En una carta, el comandante de la Novena Región Militar, general Enrique Jorge Alonso Garrido señaló que el Ejército “jamás entrará en componendas con personas que nada tienen que ver con sus misiones constitucionales”.



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Logra el CCTI amparo contra detención del profesor Mojica, en Guerrero.

Con el documento se acepta que hay señales de que el proceso fue ilegal: Martínez

Posponen audiencia porque faltaron los informes de los agentes ministeriales, detalla

CITLAL GILES SANCHEZ

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) ganó una suspensión provisional contra la detención ilegal del profesor Máximo Mojica Delgado, reveló el coordinador de la organización, Bertoldo Martínez Cruz, quien manifestó que con la emisión de este amparo se acepta que hay indicios de que la detención del dirigente social fue ilegal.

El pasado 21 de diciembre, cuando regresaron de La Morena, en Petatlán, luego de visitar al ecologista Javier Torres Cruz, integrantes del CCTI tramitaron un amparo por la detención ilegal de Máximo Mojica, mismo que fue ganado en estos días.

Martínez Cruz informó que la suspensión provisional que se ganó en el juzgado Sexto tiene el número 1733/2008.

Con dicho amparo se logró una audiencia constitucional para el pasado 24 de diciembre, sin embargo, no se presentaron los informes de los agentes ministeriales que participaron en la detención de Máximo, por lo que se pospuso la audiencia para el 5 de enero.

“Se tenían que tener informes de la Policía Ministerial, de los Ministerios Públicos y de todos los que intervinieron (en la detención), pero como no informaron, se cambió la fecha ”, indicó.

Martínez Cruz dijo que con este amparo ganado no se logra la liberación inmediata de Máximo Mojica, sin embargo, comentó que se va a esperar a la audiencia del 5 de enero para determinar si la detención del profesor Mojica fue ilegal, y de ser así , “poder sacarlo de la cárcel, porque seguramente lo van a mandar al Cereso una vez que termine su arraigo”.

Martínez Cruz consideró que con el hecho de que se haya aceptado la suspensión provisional, el CCTI tiene un indicio de que la detención de Máximo Mojica sí fue ilegal.




En breve, el dictamen médico para saber si fueron torturados

En una semana termina el arraigo de Mojica Delgado, su esposa y Lezma

CITLAL GILES SANCHEZ

El próximo domingo se termina el tiempo de arraigo del maestro jubilado Máximo Mojica, su esposa María Hernández y de Nazario Lezma, señalados del delito de secuestro, informó el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Hipolito Lugo Cortés, quien reveló que para esa fecha se determinará si le dan libertad o le extienden por 30 días más el proceso.

En entrevista, Lugo Cortés informó que está por concluir el periodo de arraigo por 30 días que dictó el Ministerio Público (MP) contra los tres detenidos acusados de secuestro y determinar si estos quedan en libertad o se consignan ante un juez.

“El 4 de enero se cumplen los 30 días de arraigo y en esa fecha se tiene que decretar o bien la libertad o en su caso consignarlos ante el juez, pero también el MP cuenta con el derecho de poder duplicar esta petición de arraigo pero para eso lo tienen que hacer ante el juez de Tecpan”, explicó.

Asimismo dijo que el pasado 3 de diciembre se levantó una queja contra los agentes del MP que hicieron la detención de Máximo Mojica y las otras dos personas por el delito de maltrato en la aprehensión y posibles actos de tortura que ya se investigan.

Detalló que se han solicitado los informes correspondientes a la Procuraduría así como la copia de la averiguación previa para ver los avances que se tienen, además de solicitarle que se agilicen las investigaciones y determine la situación jurídica de Máximo Mojica y los otros dos detenidos.

“Está en la fase de investigación e integración del expediente que tenemos en la Coddehum y podría durar unos dos meses”, expresó.

Agregó que a la par se han tenido entrevistas con los detenidos para verificar el estado de salud de los mismos, y reveló que están por recibir el dictamen del peritaje médico y psicológico para poder determinar si hubo o no tortura.

“Lo que sí hubo fue maltrato en la detención porque hay golpes y lesiones que van evolucionando con el tiempo y en el caso de Máximo, por su diabetes, necesita atención y medicamento permanente por lo que se han tomado medidas cautelares para garantizar el derecho al acceso de salud”, manifestó.

Precisó que la resolución del dictamen para determinar si hubo o no tortura, estará hasta la segunda semana de enero, al regreso de las vacaciones.




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Niegan cierre de aceitera en San Jerónimo, Guerrero.

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (corresponsal La Jornada Guerrero)

San Jeronimo, 28 de diciembre. Trabajadores de la industrializadora de coco ubicada en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo negaron tener información sobre el cierre de la planta, como informó el delegado estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Efraín Zúñiga Galeana, y aseguraron que el edificio permanece cerrado por al periodo vacacional que finaliza el 7 de enero.

En una visita hecha de La Jornada Guerrero a la aceitera en San Jerónimo, dos de los trabajadores que cuidaban la entrada de la planta dijeron que todo se debe a una confusión, pues el delegado estatal seguramente se refería a la aceitera de Coyuca: “sabemos que esa planta sí tiene problemas, pero la de aquí no”.

Asimismo, indicaron que las bodegas están llenas de copra, que será comercializada en cuanto regresen de vacaciones, según órdenes de la directiva.

Insistieron en que desconocen el origen de la declaración del delegado, “pero lo que es aquí, la planta no está cerrada, estamos de vacaciones”.



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Retiran subsidio al consumo de luz a viviendas y lo ceden a la IP.

■ A partir del próximo año incrementarán cada mes las tarifas para el servicio doméstico

■ Los grandes industriales contarán con mejores condiciones de pago para que no les afecten las “variaciones inflacionarias”

■ Podrían contar incluso con un esquema de cargos fijos, señala el SME

Patricia Muñoz Ríos (La Jornada)

En forma subrepticia, el gobierno federal modificó en el último bimestre de este año las tarifas del servicio eléctrico para beneficiar a los grandes industriales y mayores consumidores del país y darles mejores condiciones de pago, e incluso está trasladando a los empresarios subsidios que tenían los usuarios domésticos, mientras para los ciudadanos en 2009 las tarifas de luz se incrementarán en forma mensual.

Además, a partir de febrero y marzo del próximo año cambiará radicalmente el esquema de cobro de energía eléctrica en el Distrito Federal y estados colindantes, y entrará en operación un nuevo sistema que incluye la instalación de cajeros automáticos en los que se podrá pagar el servicio las 24 horas del día, así como tres call centers, o centros de atención telefónica, en los que se podrán realizar trámites y quejas sobre el servicio, según detalló el líder Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores.

En cuanto a la modificación de las tarifas a escala nacional, información de las secretarías de Hacienda y Energía revela que desde la última semana de noviembre se cambió el esquema tarifario para “eliminar el efecto de la volatilidad de los precios de los combustibles y (evitar) que las variaciones inflacionarias” afectaran a los industriales del país que tienen elevados consumos.

Según Hacienda, se trata de “atenuar” el impacto del mayor costo de la energía para los grandes productores del país –tanto nacionales como extranjeros–, ampliar las opciones de pago y adoptar un esquema de cargos fijos para los usuarios industriales de alta tensión.

Para el líder del SME, Martín Esparza, de nueva cuenta se trata de beneficiar a las empresas privadas y darles mejores condiciones de pago, e incluso se trasladan subsidios que tenían los usuarios domésticos a los industriales. Sin embargo, para los consumidores domésticos durante 2009 seguirá incrementándose el costo de la energía eléctrica, ya que los cobros se determinan tomando como referente el costo de la unidad de medición del gas internacional y no el costo de producción nacional.

Asimismo se modificará el recibo de pago y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que realizan la tarea de tomar las lecturas del servicio portarán equipos electrónicos especiales para procesar en tiempo real los consumos y emisión de recibos de luz y hacer más eficientes los cobros.

En entrevista, el dirigente señaló que desde finales de noviembre el gobierno federal modificó una serie de tarifas eléctricas para favorecer a los industriales, darles mejores condiciones de pago e incluso apoyarlos con subsidios. En tanto, para los usuarios domésticos continuará incrementándose el costo del servicio durante todo el próximo año, porque las tarifas aumentan prácticamente cada mes.

En cuanto al nuevo esquema que Luz y Fuerza del Centro establecerá a partir de febrero o marzo de 2009 para aplicar el cobro, realizar la toma de lecturas y atender al público, el líder del SME indicó que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla el modelo, que modificará desde las gestiones para la solicitud de contratos hasta la verificación de lecturas, facilidades para los pagos y demás.

Este programa está muy avanzado e incluye modificaciones a las estructuras del sindicato y algunas cuestiones administrativas, ya que, por ejemplo, los tres call centers que se van a instalar darán servicio para que los usuarios vía telefónica realicen reclamos de por qué llegó alto el costo del servicio en el recibo y se pidan visitas de trabajadores para verificar instalaciones. Los cajeros automáticos se instalarán en establecimientos comerciales.

Las sucursales también van a contar con máquinas touch screen, o sea con pantallas táctiles que darán información a los usuarios. Los tomadores de lectura van a contar con pantallas portátiles, en las que ingresarán los datos del consumo desde los domicilios de los usuarios, y procesarán en línea las facturas o recibos; incluso vía Internet se podrán realizar consultas sobre el servicio.

Según informó Esparza Flores, también se va a cambiar la factura, el recibo tradicional de luz, el cual se hará más amplio y contendrá información sobre el historial del consumo, el costo real del servicio y los subsidios que se reciben.

Agregó que incluso ya se cuenta con recursos para iniciar el programa de licitación de compras, y los trabajadores van a comenzar un plan de capacitación para poner en marcha este nuevo sistema de gestión comercial.



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Propone el SME crear “tarifa social” de consumo eléctrico para los más pobres.

■ Sugiere el secretario del exterior eliminar subsidios a empresarios

Carolina Gómez Mena (La Jornada)

Ante la crisis económica que prevalece y dado que la expectativa es que se agudice en 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se pronunció por la creación de una “tarifa social” de consumo eléctrico, en la cual los primeros 200 a 250 kilovatios sean gratuitos para los sectores más pobres del país, así como para quienes queden desempleados, ello en vez de instaurar “paliativos como el apoyo de 50 pesos para el pago de luz a personas de escasos recursos”. Lo anterior se justificaría porque ni Luz y Fuerza del Centro (LFC) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas con fines de lucro.

Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio, señaló en entrevista que aunado a esto debe desaparecer la tarifa denominada doméstica de alto consumo (DAC), la cual fue establecida el 7 de febrero de 2002, durante la administración de Vicente Fox, y ha sido mantenida por el actual gobierno panista, y que es el origen de los cobros excesivos de fluido eléctrico para muchos usuarios. También expresó que la instancia que debe determinar las tarifas eléctricas es la Cámara de Diputados, al igual que fija la previsión del precio del petróleo, y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras señalar que existen dos iniciativas en la Cámara de Diputados en las que se propone una modificación a la política tarifaria eléctrica y que exponen que la propia cámara debe fijarlas, Fernando Amezcua lamentó que éstas tengan ya más de dos años en la congeladora legislativa sin que hayan sido discutidas, y precisó que ante la situación económica prevaleciente ya deberían haber sido desempolvadas para beneficiar a la población que menos tiene.

Acotó que para el SME es obvio que a quienes se debe ayudar en estos tiempos difíciles es a los usuarios de menores recursos, y no tanto a los empresarios, como se ha hecho últimamente con subsidios al consumo eléctrico. “Decimos que tiene que haber una condición diferente en esa política tarifaria, que finalmente, como los industriales recuperan su dinero invertido en el pago de luz a través de la política hacendaria, entonces son ellos los que deben pagar la energía eléctrica cuando menos 10 o 15 por ciento arriba de su precio de producción, y es que ellos la tasan como insumo y la cobran en el precio final de sus productos, al tiempo que gracias a la política hacendaria deducen parte de ella.

Aplicar este esquema abriría la posibilidad de establecer una tarifa social que permitiera que cuando menos los primeros 200 o 250 kilovatios no se cobraran a la gente que menos dinero tiene o que no tiene empleo, “aunado a que las dos empresas eléctricas de este país no son de ganancia”, comentó.

Remarcó que ya es hora de que no sean los usuarios domésticos los que paguen la electricidad cara, sino que “sean otros, los empresarios, los que de alguna manera, derivado de que todos estos años han ganado, empiecen a pagar el producto a como deben de pagarlo y como se cobra en otros países”.



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Testimonios de profesores guerrerenses opositores a la ACE.

A partir del 1 de septiembre y hasta principios de diciembre, frente al Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero se realizó un plantón de profesores opositores a la Alianza por la Calidad de la Educación.

En el marco de este evento, varios profesores provenientes de diferentes regiones de tal entidad compartieron experiencias y opiniones con Hercilia Castro, locutora de Radio La Nueva República.

He aquí las entrevistas.

Se agradece el apoyo técnico a Travis de AMLO TV.









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Maestros de Morelos se capacitan contra la ACE.

Rubicela Morelos, corresponsal La Jornada

Cuernavaca, Mor., 27 de diciembre. Con el objetivo de prepararse para continuar la lucha por la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), dirigentes del Movimiento Magisterial de Bases de Morelos iniciaron hoy cursos de capacitación político sindical e informaron a los profesores de base sobre el movimiento que mantienen desde el 18 de agosto. Nicanor Pérez Reynoso, integrante del comité alterno de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró que los cursos y las sesiones informativas iniciaron en cada una de las sedes de las seis regiones escolares del estado: Cuernavaca, Jojutla, Alpuyeca, Jonacatepec, Yautepec y Cuautla, y concluirán la tarde de este domingo. Pérez Reynoso adelantó que en enero continuarán las protestas contra la ACE, porque este acuerdo, dijo, lesiona sus derechos como trabajadores y no se adapta a las necesidades que tiene el estado.



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El ex oficial mayor del gobierno de Chiapas habló del aniversario del surgimiento del EZLN.

“Todos tenemos un pendiente”: Juan Carlos Gómez Aranda

Andrés Becerril (Excélsior)

El ex oficial mayor del gobierno de Chiapas en tiempos de Julio César Ruiz Ferro y posteriormente diputado federal, miembro de la Cocopa, Juan Carlos Gómez Aranda, sobre el aniversario del surgimiento del EZLN señala:

“Visto a la distancia de 15 años, el levantamiento armado que se sustentó en legítimas demandas indígenas y sociales y cuya esencia recogió la fallida iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas elaborada por la Cocopa, provoca preguntarnos si se generaron los cambios que motivaron la declaración de guerra al Estado mexicano.

“Y al respondernos, todos tenemos una responsabilidad pendiente.”

Señala el ex funcionario estatal que aún sin haberse logrado la ley que animó ese movimiento, uno de los principales legados del EZLN es haber puesto en el centro de la agenda nacional el tema indígena.

Gómez Aranda, integrante de la Cocopa original y después de una segunda versión, señala que entre los principales legados de la primera Cocopa están su contribución para la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, su impulso desde entonces a la Reforma del Estado y la construcción de iniciativas que dieron cauce a las crisis de entonces.

En un aniversario más del zapatismo, Gómez Aranda señala que es necesario repensar la agenda indígena de México porque seguirá siendo una asignatura pendiente del Estado mientras no se logre la reconciliación y ésta no llegará mientras no se edifiquen las condiciones económicas, políticas y sociales para que los indígenas tengan las oportunidades que sí tenemos otros.

“El presidente Calderón, el gobernador Sabines, dirigentes y legisladores del PRI y del PRD principalmente por sus compromisos ideológicos con los pueblos indígenas, tienen en este tema un enorme desafío que no deben de aplazar”.
El ex oficial mayor del gobierno de Chiapas habló del aniversario del surgimiento del EZLNEl ex oficial mayor del gobierno de Chiapas en tiempos de Julio César Ruiz Ferro y posteriormente diputado federal, miembro de la Cocopa, Juan Carlos Gómez Aranda, sobre el aniversario del surgimiento del EZLN señala:

“Visto a la distancia de 15 años, el levantamiento armado que se sustentó en legítimas demandas indígenas y sociales y cuya esencia recogió la fallida iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas elaborada por la Cocopa, provoca preguntarnos si se generaron los cambios que motivaron la declaración de guerra al Estado mexicano.

“Y al respondernos, todos tenemos una responsabilidad pendiente.”

Señala el ex funcionario estatal que aún sin haberse logrado la ley que animó ese movimiento, uno de los principales legados del EZLN es haber puesto en el centro de la agenda nacional el tema indígena.

Gómez Aranda, integrante de la Cocopa original y después de una segunda versión, señala que entre los principales legados de la primera Cocopa están su contribución para la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, su impulso desde entonces a la Reforma del Estado y la construcción de iniciativas que dieron cauce a las crisis de entonces.

En un aniversario más del zapatismo, Gómez Aranda señala que es necesario repensar la agenda indígena de México porque seguirá siendo una asignatura pendiente del Estado mientras no se logre la reconciliación y ésta no llegará mientras no se edifiquen las condiciones económicas, políticas y sociales para que los indígenas tengan las oportunidades que sí tenemos otros.

“El presidente Calderón, el gobernador Sabines, dirigentes y legisladores del PRI y del PRD principalmente por sus compromisos ideológicos con los pueblos indígenas, tienen en este tema un enorme desafío que no deben de aplazar”.


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La rebeldía cumple 5 años como sistema de gobierno.

De La Redacción (Excélsior)

Desconocen a la autoridad establecida, tienen su propio aparato de justicia y son leales al zapatismo... son los municipios autónomos

Desde finales de 1994 y principios de 1995, el EZLN dio a conocer en un comunicado la existencia de municipios autónomos rebeldes. Pero no fue sino hasta agosto de 2003, luego de la aprobación de la ley indígena que ignoró los acuerdos de San Andrés, cuando los zapatistas informaron oficialmente sobre la integración, organización y gobierno de sus comunidades de base integradas a 32 municipios autónomos, que a su vez estarían coordinados por cinco Juntas de Buen Gobierno instaladas en igual número de sedes conocidas como Caracoles.

Su funcionamiento se dio a conocer a través de la serie de comunicados conocidos como la Treceava Estela, que delineó como responsabilidades de las JBG, las siguientes: contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades; mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos, y entre estos y los municipios gubernamentales; atender las denuncias contra los concejos autónomos por violaciones a derechos humanos, protestas e inconformidades, investigar su veracidad, ordenar a esos cabildos la corrección de estos errores y vigilar su cumplimiento; atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional para visitar comunidades, llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones que dejen un beneficio a las comunidades y cualquier otra actividad permitida en zonas rebeldes.

Los municipios autónomos tienen, por lo regular, un ‘consejo autónomo’ integrado por cuatro personas, elegidas entre representantes de las distintas comunidades que constituyen el municipio autónomo. Como regla general operan un registro público, un cuerpo encargado de la administración de justicia y resolución de conflictos (Honor de justicia), y comités responsables de las áreas más importantes de trabajo: educación, salud, producción y comercialización, y tenencia de la tierra. Las autoridades e integrantes de dichos comités provienen de las distintas comunidades asociadas al municipio autónomo.

Las Juntas de Buen Gobierno se forman con representantes de cada uno de los consejos autónomos que integra y su gestión es rotativa. La asiste un Comité de Vigilancia que recibe a todos los que acuden a los Caracoles para ofrecer ayuda, buscar información o solicitar permiso para la vista de los municipios autónomos.

En materia de administración de justicia y resolución de conflictos, la JBG es complementaria a los municipios autónomos, y retoma los casos que no se han podido resolver a los niveles inferiores. En salud y educación tiene, sobre todo, un papel de coordinación y planeamiento.

Los municipios autónomos se mantienen en buena parte con recursos propios. Las autoridades y los integrantes de los comités no reciben remuneración alguna por sus servicios y con frecuencia tienen que pagar sus propios gastos de pasaje.

En muchas comunidades, parte de los gastos de operación y apoyo a sus representantes salen de los llamados “colectivos” (de producción agraria o tiendas cooperativas). En la captación de recursos contribuyen ONG y grupos solidarios, los cuales también apoyan en la construcciones de clínicas y escuelas, sistemas de agua potable, proyectos, cursos, y pequeños aportes de efectivo


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Zapatismo: La guerra la ganó la indiferencia.

Foto: Ulises Castellanos/Archivo Proceso

Elia Baltazar (Excélsior)

El tiempo se detuvo. A tres lustros del inicio del movimiento armado, los indígenas siguen en la marginación, y las negociaciones entre gobierno y guerrilla están congeladas, dicen antiguos y nuevos protagonistas. Lo que ha roto el impasse es que, por primera vez, Oportunidades llegó a los municipios autónomos.

Hace años que no se hablan. Que se ignoran. Pero entre ellos, la tensión se mantiene. Roto el diálogo y la negociación para la paz desde 2001, a consecuencia de la aprobación de la ley indígena que ignoró los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal libran, cada uno, una batalla de influencia sobre las comunidades indígenas de Chiapas, asentadas en la “zona de conflicto”.

Mientras el EZLN ha estado concentrado en la defensa, organización y operación de sus municipios autónomos, con el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, el gobierno federal ha mantenido la presencia militar y desplegado una política de atención social en la zona de la Selva, particularmente, cuya operación coordina la Secretaría de Desarrollo Social.

Cada una de las partes zapatistas y gobierno reclama para sí logros y avances en la condición de vida de los grupos indígenas. Sin embargo, en Chiapas persisten los rezagos que inflamaron el levantamiento armado del primero de enero de 1994. Hay conflictos agrarios, religiosos, políticos, por la defensa y manejo de los recursos naturales, la demanda de servicios básicos y atención a la pobreza. A éstos se suman hoy los problemas por los 12 mil desplazados, los indígenas presos algunos simpatizantes del EZLN o integrantes de otras organizaciones, el despojo de tierras y los desalojos, la violencia por parte de presuntos grupos paramilitares y las divisiones entre comunidades.

Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco caracoles que integran a los 32 municipios autónomos de bases zapatistas han documentado y denunciado, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), entre otras organizaciones, el acoso y violencia de las que han sido víctimas las comunidades autónomas, ya sea por parte de fuerzas de seguridad, militantes de PRD y PRI, o de grupos como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), al cual acusan de actuar bajo la protección oficial. También han señalado a los gobiernos federal y del estado de operar los recursos públicos de atención social con el propósito de dividir a las bases de apoyo zapatista y promover la confrontación entre éstas.

Las autoridades, por su parte, han denunciado la expulsión de sus comunidades de pobladores que renuncian al zapatismo y acusado a las bases zapatistas de cometer delitos ambientales, en contra del patrimonio histórico en zonas arqueológicas y de agresiones contra otras organizaciones.

Hay tantos hilos que cruzan y enredan el conflicto indígena chiapaneco, que el riesgo de violencia sigue vivo. La paz, mientras tanto, es tema en punto muerto, 15 años después de la insurrección del EZLN.

Chiapas, oficialmente, es “zona de conflicto”. El Ejército mantiene posiciones en 118instalaciones ubicadas en las tres zonas militares (la 31, la 38 y la 39), donde operan aproximadamente 10 mil 500 efectivos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. El despliegue de instalaciones militares ha obligado la compra y expropiación de cuatro mil 443 hectáreas para el Ejército, que mantiene 56 campamentos en comunidades indígenas, según datos de CAPISE.

Esta presencia militar ha sido objeto de denuncia por parte de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En su informe de 2007, presentado en mayo de 2008, el CDHFBC afirma: “En el marco del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, la militarización es un fenómeno que de manera permanente ha mantenido presencia en comunidades indígenas, incursionando inclusive en poblados campesinos con el pretexto de operativos contra el narcotráfico; particularmente este Centro de Derechos Humanos documentó incursión militar en comunidades campesinas, intentando vincularlos con grupos armados, e invasión de tierras comunales para instalar campamentos militares”.

Mientras la tensión sigue viva en la zona de conflicto, en la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas la situación, al parecer, se toma con calma.

Creada en 1998 en el organigrama de la Secretaría de Gobernación, esta oficina nació para “propiciar el diálogo y la conciliación” y “alcanzar la solución justa, digna y duradera al conflicto armado”, según consta en su página de presentación en internet.

Pero en diez años de funciones y al paso de 14 titulares, nunca ha logrado reunirse con la comandancia del EZLN; el último intento de acercamiento ocurrió en 2005. De entonces a la fecha, la CDNCH ha sufrido un progresivo recorte en su presupuesto: de dos mil 86 millones de pesos que recibió en 2004, sus recursos bajaron a 755.8 millones en 2008 para sostener una oficina con 14 empleados, ubicada en la calle Hamburgo, de la colonia Juárez.

Si bien afirma en su página de internet que “mantiene abierta la vía del diálogo con el EZLN, atiende las causas que originaron el conflicto y promueve soluciones condensadas a diversas demandas dentro del Estado de derecho y a través de vías institucionales”, no hay detalles sobre estas tareas y el cumplimiento de las responsabilidades que le encomienda la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Sólo el primer informe de labores de la Segob, que contiene sus acciones hasta agosto de 2007, informa que esta oficina “ha buscado el contacto directo con los dirigentes del EZLN”.

Dice el documento: “Ante la ausencia de diálogo por parte de la dirigencia zapatista, la Secretaría de Gobernación, a través de la CDNCH, buscó una solución sustentada en la satisfacción de los reclamos indígenas, a fin de construir una nueva relación con el Estado mexicano, en donde se promueva la participación de las comunidades indígenas asentadas en la zona de conflicto en su propio desarrollo y bienestar. Para lograr esta nueva relación fue preciso integrar una cultura de pluralidad y tolerancia, sin importar las convicciones ideológicas, religiosas o partidistas de las voces indígenas”.

Para cumplir su cometido, esta dependencia ha realizado 108 recorridos de trabajo por comunidades indígenas, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007, “con el fin de conocer su situación política, social y económica, y establecer un diálogo directo con los habitantes, las autoridades y los actores vinculados al conflicto zapatista” para “escuchar y atender sus planteamientos”.

Más que una entidad dedicada a la negociación para la paz, la CDNCH se exhibe como una oficina de gestión social, compartiendo créditos de sus acciones con las distintas dependencias del gobierno federal. Informa, por ejemplo, que durante el primer semestre de 2007 llevó a cabo cinco talleres de inducción de promotores de salud; dos eventos con jóvenes emprendedores; parteras capacitadoras en salud materno-infantil y control de tracoma, y de fomento de desarrollo de actividades saludables. Todo en coordinación con IMSS-Oportunidades y “con el objeto de contribuir al desarrollo familiar y comunitario de la población indígena de los 32 municipios con asentamientos zapatistas”.

Cerrado el canal del diálogo con el EZLN y siempre latente la amenaza de violencia, el gobierno federal ha apostado por el gasto social en la zona de conflicto. La primera acción coordinada fue el Programa Cañadas, que operó de 1994 a 2001, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Se puso en marcha con fondos del Banco Mundial y se anunció una inversión de 384 millones de pesos para los seis años siguientes, en beneficio de 382 mil 907 habitantes de las cañadas.

En 2001, al arribar al gobierno del estado el perredista Pablo Salazar, la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) hizo público su rechazo al Programa Cañadas y propuso nuevos criterios para el eventual Plan de Desarrollo Sustentable que por entonces se negociaba con el gobierno federal. La propuesta presentada por la coalición de organizaciones indígenas de la región incluía un demoledor balance del programa zedillista: “En la práctica, el Programa Cañadas respondió a otros objetivos y estrategias, donde lo más importante era esconder un conflicto armado que se generó por la pobreza y la inconformidad de los habitantes de la región”.

Cuando el gobierno de Chiapas anunció la cancelación del Programa Cañadas, alzaron la voz el entonces senador priista Carlos Rojas y el ex funcionario Arturo Warman, padres del programa. Rojas llamó al gobernador “oportunista, ignorante, revanchista, o una combinación de los tres”. A su vez, Warman defendió la presunta “neutralidad política” y el desarrollo social llevado a las comunidades con el programa.

Enterrado el Programa Cañadas, los gobiernos federal y del estado pusieron en marcha el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, que arrancó en 2001 y se diseñó a partir de “una amplia consulta pública” en cuatro foros que se llevaron a cabo en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas y Palenque.

“A partir de estos foros se trazaron las líneas generales de acción de este programa y el territorio de operación”, explica Luis Mejía, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol. El programa se extendió sobre una superficie de 23 mil 403 kilómetros cuadrados, que representan 30 por ciento del territorio estatal, en donde se asientan mil localidades y 320 mil personas de las etnias tzeltales, tojolabales y tzotziles de nueve municipios de la Selva. Estos son: Altamirano, Ocosingo, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y Las Margaritas, y parcialmente de La Trinitaria, La Independencia y Chilón.

A este plan de atención se sumó el programa Microrregiones, que puso en marcha la Sedesol en febrero de 2001, al arrancar el sexenio de Vicente Fox. Microrregiones opera en todo el país y su propósito es la atención integral y focalizada de los municipios con más alta marginación. En Chiapas hay 34 microrregiones, donde se aplican de manera coordinada programas sociales y acciones de 14 dependencias federales involucradas en el mejoramiento de la calidad de vida, infraestructura, servicios y proyectos productivos y de empleo de las poblaciones más pobres.

Este esfuerzo, explica Luis Mejía, ha significado la aplicación de 859 millones de pesos entre 2001 y 2008 para la atención de las comunidades de la Selva. “Fueron 578 millones entre 2001 y 2006, que significaron nueve mil obras de infraestructura, salud y educación para beneficio de 320 mil habitantes y en lo que entre 2007 y 2008 se han invertido ya 281 millones de pesos”.

En 2007, año de su lanzamiento, también llegó a Chiapas la estrategia 100 x 100, que se propone atender a los municipios con los menores Índices de Desarrollo Humano (IDH) del país, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En total, según documentos de la Cámara de Diputados, en esta entidad se han ejercido casi seis mil millones de pesos, en los últimos dos años, en obras de infraestructura, salud, educación y carreteras, que provienen de recursos federales.

A este presupuesto se agregan los siete mil 500 millones de pesos que aplicó la Sedesol en la entidad, dentro del programa Oportunidades, atiende a 550 mil familias de los 118 municipios de la entidad.

Esos montos para la atención social no han logrado, sin embargo, sacar a muchos chiapanecos del atraso, sobre todo a los indígenas, y el estado se mantiene como uno de los tres más pobres del país, junto con Guerrero y Oaxaca. Las autoridades afirman que estos recursos han atendido a las comunidades chiapanecas, incluso a aquellas localizadas en territorio de influencia zapatista, aunque ninguna autónoma, pues las comunidades de base no aceptan apoyos gubernamentales.

Fue hasta febrero de 2008 que la Sedesol logró que la comunidad de Fracción Polhó, la cual se separó del zapatismo hace dos años, aceptara el apoyo de Oportunidades y la construcción de un jardín de niños, una primaria y un centro comunitario de aprendizaje. Estas obras, que se prevé se inauguren entre febrero y marzo próximo, significaron una inversión de cuatro millones de pesos para beneficio de 300 niños.

Involucrado con los problemas de la región, pues hace ocho años que conoce la zona, “desde el Programa Cañadas”, Luis Mejía aclara que la Sedesol no opera bajo la lógica de la división, sino del consenso. No estamos en el camino de una política de confrontación, sino de invertir para las comunidades, siempre mediante la consulta y atención de sus necesidades, de lo que ellas solicitan. “El gasto social es un tema de justicia y de solidaridad”, afirma.

Sedesol no divide, dice. Contribuye a mejor las condiciones de vida. No sólo a través de los programas específicos de la dependencia, sino mediante la coordinación de los trabajos de cada dependencia, en el seno de los Coplades (Coordinación de Planeación para el Desarrollo), donde funge como secretaría técnica.

De lado del EZLN, sus esfuerzos están concentrados en la defensa y funcionamiento de sus 32 municipios autónomos, organizados en torno de las cinco Juntas de Buen Gobierno que operan en igual número de sedes conocidas como Caracoles, una especie de centros regionales de convención que sustituyeron a los Aguascalientes, aquellos espacios de los primeros encuentros con la sociedad civil.

Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) funcionan al margen de la organización política constitucional y no reconocen la autoridad municipal oficial.

Aunque el nacimiento de las JBG y de los Caracoles ocurrió en agosto de 2003, luego de que el subcomandate Marcos dio a a conocer la serie de comunicados que llamó la Treceava Estela, los municipios autónomos comenzaron a operar desde los primeros años del conflicto y desde entonces han resistido ataques y acosos.

Ya durante el gobierno de Roberto Albores Guillén que entró como sustituto, luego de la renuncia obligada de Julio César Ruiz Ferro por la matanza de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997—,se lanzó una ofensiva gubernamental contra estos municipios, declarándolos inconstitucionales. Albores mandó apresar a autoridades autónomas por usurpación de poderes y destruyó instalaciones, pero no logró su cometido. Al contrario, los municipios ganaron relevancia y recibieron apoyo de ciudades europeas que se hermanaron con ellos.

Luego vino un intento de remunicipalización, en 1998, que propuso la creación de 33 nuevos municipios. Se aprobaron, pero al año ya habían desaparecido.

Desde entonces, los municipios autónomos son símbolo de resistencia y a la fecha funcionan como estructuras paralelas y contrarias a los gobiernos oficiales, de los cuales rechazan todo. Desde 1997, las comunidades zapatistas tienen prohibido aceptar ayuda de los gobiernos o contribuir con éstos. Su principal apoyo proviene de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales del país y el mundo.

La canalización de recursos no ha sido fácil. En 2005 el banco BBVA canceló las cuentas de la asociación Enlace Civil, la organización legalmente constituida para recibir aportaciones que financian proyectos productivos en territorios zapatistas.

El banco corrigió y hasta se disculpó, pero las cuentas mudaron a HSBC. Esta institución, sin embargo, hizo lo mismo en 2006, cuando anunció que “por convenir a sus intereses” cancelaba las dos cuentas de Enlace Civil. Hasta donde se sabe, ahora las aportaciones se reciben en el banco Scotiabank.

Para subsistir, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) han instalado empresas cooperativas y modelos de economía solidaria, apoyados por organizaciones civiles. También han creado colectivos de asociación voluntaria para la realización de trabajos y misiones. A pesar de las limitaciones, hasta 2007 en los MAREZ había tres bodegas de abastecimiento para tienditas comunitarias, zapatistas y no zapatistas; cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías; talleres de tecnología en zapatería; el centro de comercio Nuevo Amanecer, el café internet (tienda-cafetería-internet-comedor) Cyber-pozol, la cafetería El Paliacate, la editorial Ediciones Autónomas en Rebeldía y un sistema de medios de comunicación autónomo, con estación de radio regional, taller para elaboración de video y en la banda de los 49 metros de onda corta, la transmisión de “Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz oficial del EZLN”.

Las bases zapatistas tampoco tienen permitido asistir a las escuelas oficiales. En algunos casos expulsaron a los maestros y colocaron en su lugar a promotores zapatistas. Hasta 2007 contaban con mil delegados y promotores de educación, 13 centros de capacitaciónsiete de los cuales pertenecen al programa Organización para la Nueva Educación Autónoma Indígena por la Paz y la Humanidad, 200 escuelas comunitarias en resistencia, una con biblioteca; ocho escuelas secundarias, una perteneciente al Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN), y un Centro Cultural de Educación Tecnológica Zapatista.

Junto con la educación, han promovido su propio sistema de salud. Para ello cuentan con 600 promotores; 500 casas de salud comunitarias con botiquines de medicinas básicas de farmacia y de herbolaria; una clínica-hospital con quirófano, consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos, un área de oftalmología y otra de ginecología; laboratorio de herbolaria, farmacia y cuartos de hospitalización; dos hospitales, ocho clínicas municipales, una de ellas con consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos y ambulancia; cuatro clínicas municipales que ofrecen consulta gratuita y, cuando hay, medicina también gratuita; laboratorio de herbolaria y casa de alimentos conservados para 300 mujeres yerberas, hueseras y parteras capacitadas.

Estos avances, sin embargo, no han impedido la deserción de comunidades de las bases zapatistas, ya sea por inconformidad o tentados por los apoyos y programas gubernamentales. La “convivencia” paralela de los municipios autónomos y oficiales también ha traído enfrentamientos entre zapatistas y no zapatistas, pero también ha obligado al desarrollo de mecanismos de negociación para la “cohabitación compartida”, como en el Caracol IV con sede en el municipio de Morelia, donde las tensiones se lograron controlar hasta 2004, al menos.

Sin embargo, en la mayoría de los municipios que componen los cinco Caracoles siguen las tensiones, enfrentamientos y disputas por motivos de tierras, manejo de recursos naturales y servicios de luz y agua, sobre todo. El tema de la tenencia de la tierra en Chiapas también es asunto pendiente. De allí que una buena parte de las denuncias de los comunidades zapatistas, documentadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, tienen que ver con despojos, desalojos y ataques de grupos priistas, perredistas y de organizaciones como la OPDDIC.

El origen de los conflictos agrarios es, en algunos casos, anterior al conflicto de 1994, pero en otros se agravó a partir del levantamiento y la ocupación de tierras por parte de las comunidades del EZLN, que rechazaron las reformas al artículo 27 constitucional impulsadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a partir de las cuales proclamó el fin de la reforma agraria, eliminó la obligación del Estado de proveer de tierras a los campesinos y promovió la privatización de los ejidos.
Se calcula que en Chiapas, entre 1994 y 1995 hubo mil 700 ocupaciones de tierras que significaron la toma de 14 mil 800 hectáreas por grupos zapatistas y no zapatistas.

El gobierno, por su parte, ha tenido que resarcir en algunos casos a los propietarios privados y a la fecha las autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria tienen identificados 13 puntos de alta complejidad, entre ellos Montes Azules, donde se hilvana una historia de desalojos, despojos y confrontaciones entre comunidades y aun autoridades.

Gracias al control de tierras y su rechazo a negociar en el marco de los Acuerdos Agrarios promovidos por las autoridades, el EZLN pudo detener durante un tiempo la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede), mediante el cual se titulan los derechos ejidales a individuos para la privatización de los terrenos. Sin embargo, este procedimiento sigue en marcha y a la fecha ya abarca tres millones y medio de hectáreas, de un total de cuatro millones 350 mil que hay en el estado.

Pero los problemas en Chiapas también surgen por la dotación y cobro de servicios como la luz, el uso de recursos como el agua, la explotación de bosques de maderas preciosas y el manejo de zonas de reserva como Montes Azules y El Huitepec. Ahora, además, aparecen barruntos en la zona donde se proyecta la construcción de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque y por la posible exploración de petróleo en la zona de la Selva.

Además, están pendientes de solución el tema de los desplazados, los cientos de denuncias por violaciones a derechos humanos, detenenciones arbitrarias de indígenas y campesinos, sobre todo simpatizantes del EZLN, agresiones a sus comunidades y los 35 presos de las organizaciones La Voz del Amate y La Voz del Llano.

Más hilos que enredan el conflicto y ahogan las oportunidades para la paz definitiva en Chiapas.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Cortará Quito producción de petroleras privadas para cumplir recorte de OPEP.

■ Esos contratos no han dado beneficios al país, afirma el presidente Rafael Correa

■ Anuncia recompra de bonos Global con gran descuento, como parte del repudio a deuda ilegal

Reuters

Quito, 27 de diciembre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo este sábado que cortará la producción de algunas petroleras privadas que operan en el país para cubrir la cuota fijada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), debido a que esos contratos no han dado beneficios para la nación.

En su habitual programa semanal de radio y televisión, Correa adelantó también que planteará a inicios de enero una recompra de los bonos Global a los tenedores de esos papeles con un gran descuento de su valor nominal, como parte de la estrategia que impulsa el mandatario para repudiar la deuda que considera ilegal.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó a mediados de diciembre un recorte de 2.2 millones de barriles por día en su oferta para impulsar los precios, que han caído drásticamente desde julio, cuando llegó a su máximo histórico de 147.27 dólares.

De ese recorte, a Ecuador le corresponde unos 40 mil bpd, por lo que Correa apelará a cortar la producción de petroleras que tienen contratos de prestación de servicios y cuyo costo operativo es demasiado elevado para el país.

“Vamos a cumplir con lo que dice la OPEP y vamos recortar en esas producciones privadas en donde se pierde hasta plata”, dijo Correa en su cadena semanal de radio y televisión.

La decisión de Correa afectará a la empresa italiana Eni, Agip Oil, cuya producción de unos 20 mil barriles por día será cortada totalmente, debido a que su contrato ha sido manejado de manera inadecuada, según el mandatario.

Correa no especificó si el corte de producción de Agip se dará mediante una negociación o será una medida unilateral.

Las autoridades revisan otros contratos con estas distorsiones para poder cumplir con la diferencia del recorte dispuesto por la OPEP.

La caída de los precios del crudo en el mercado internacional ha comenzado a afectar las arcas fiscales del país, cuya economía se sustenta en los ingresos petroleros, por lo que las autoridades han anunciado una priorización del gasto e inversión pública.

El mandatario ecuatoriano dijo también que a principios del próximo año planteará una recompra de los bonos Global a los dueños de dichos bonos con un descuento de su valor nominal.

Correa declaró en moratoria selectiva a los bonos Global 2012 al suspender el pago de un cupón de 30.6 millones de dólares que venció el 15 de diciembre pasado, porque su contratación atentó contra los intereses del país.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

México, estancado en el reparto de la riqueza, asegura la Cepal.

■ Nueve naciones de la región lograron avances para reducir la distancia entre ricos y pobres

■ Nicaragua, El Salvador y Panamá reportan mejor panorama social, según datos de la comisión

■ En otros países 40% de los hogares más pobres aumentaron su participación en el ingreso

Susana González G. (La Jornada)

A diferencia de por lo menos nueve naciones latinoamericanas que durante el último quinquenio han logrado avances para reducir la distancia entre sus habitantes más ricos y más pobres en la distribución de la riqueza, México “se caracteriza por un relativo estancamiento en su estructura distributiva”, asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El 10 por ciento de los hogares más ricos de México concentra aproximadamente 35 por ciento de los ingresos totales del país, lo que coincide con el promedio reportado a nivel regional. En tanto, el 40 por ciento de los hogares más pobres capta el 17 por ciento de la riqueza nacional de México, superior al 15 por ciento registrado en promedio en el continente.

Sin embargo, la Cepal hace notar que entre los años 2002 y 2007 ha habido “mejoras distributivas significativas en nueve países, lo que ha llevado a que el nivel promedio de desigualdad de la región también disminuya”.

Esas naciones son Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Paraguay, donde se ha acortado la brecha en la distribución de la riqueza debido a dos factores: tanto porque ha habido un aumento en la participación de la riqueza por parte de los hogares más pobres de la población de esos países, como por la pérdida de participación de los grupos más ricos en los ingresos nacionales, precisa el organismo en un estudio sobre el panorama social de América Latina, difundido este mes.

Mejora salarial

Todos los indicadores de desigualdad cayeron en no menos de 5 por ciento en todos los países mencionados y se traducen en niveles menores a los registrados desde inicio de la década de los 90, pero la Cepal advierte que tal reducción no puede ser interpretada como un cambio significativo de los patrones distributivos prevalecientes en la región.

Considera que la mayor parte de las mejoras en la distribución de la riqueza registradas en la región son atribuibles a aumentos salariales entre la población más pobre. “Y en los países –como México–, donde la brecha se mantuvo relativamente constante, los ingresos laborales también constituyen el principal elemento a la hora de explicar la variación de los ingresos totales”, porque las diferencias en el crecimiento de los ingresos reproduce las diferencias en los salarios, añade.

Si bien acota que la concentración de la riqueza continúa siendo “excesivamente alta” en América Latina, los resultados obtenidos por los nueve países mencionados “sientan un antecedente importante en cuanto a la viabilidad de mejorar la distribución de la riqueza”.

En los nueve países mencionados, indica, el 40 por ciento de los hogares más pobres aumentaron su participación en el ingreso total en por lo menos un punto porcentual y hasta en cuatro puntos, como en el caso de Venezuela, mientras que los hogares más ricos redujeron en cuatro puntos porcentuales la concentración de esos recursos. Así, por ejemplo, en Venezuela, los hogares más ricos concentran el 28 por ciento de la riqueza nacional, es decir 7 puntos abajo del promedio regional y del reportado para México.

En cambio ubica a México junto con otras siete naciones (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay), donde ha habido “un relativo estancamiento en su estructura distributiva” pues si bien admite que también se han registrado reducciones en las brechas de distribución de la riqueza, se trata de variaciones que “no han sido suficientemente significativas”.

Los casos extremos los constituyen tres naciones centroamericanas –Guatemala, Honduras y República Dominicana– donde en los pasados cinco años aumentó la brecha entre los grupos extremos de la distribución tanto porque los grupos más ricos aumentaron su participación en la riqueza nacional como porque hubo un deterioro de los grupos de menores ingresos.

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Despide empresa minera en Sinaloa a 160 trabajadores, debido a la crisis económica.

■ Tuvimos que cerrar a causa de la caída de los precios de los metales, afirma el gerente

Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal La Jornada)

Culiacán, Sin., 27 de diciembre. La empresa minera de capital canadiense Scorpio Mining Corporation cerró su planta de extracción ubicada en la zona alteña del municipio de Cosalá, en la reserva ecológica propiedad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y despidió a sus 160 empleados, debido a la crisis económica.

Apenas el 30 de mayo pasado, Roger Scammell, uno de los propietarios de esa mina, y Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, dieron el banderazo de arranque de la planta, que tuvo una inversión de 70 millones de dólares. Pero todo se vino abajo debido a la crisis en Estados Unidos y la planta cerró en noviembre.

“Hice un plan de restructuración de la mina… con la caída de los precios de los metales teníamos que cerrar”, informó Eric Vinet, gerente de Scorpio.

De 280 empleados con que se contaba inicialmente, agregó, sólo quedan 20, que se dedican a operar el molino.

Se le preguntó cuánto tiempo permanecerá cerrada la mina. Respondió: “no sé (...) el molino sigue trabajando; me gustaría volver en enero, pero dos semanas nada más, depende, porque la crisis nos afectó, al bajar el precio de los metales”.

En los ocho años pasados, Cosalá fue uno de los 20 centros mineros más ricos del mundo, y en 1824 sede del gobierno del estado; recientemente la región fue declarada patrimonio cultural de México y pueblo mágico.

La zona de la reserva ecológica –propiedad de UAS– es rentada por 5 mil dólares mensuales a Minera Cosalá, filial de Scorpio, desde septiembre de 2007.

“Todo se opacó”

Loreto Trujillo, propietario de camiones de carga, trabajó casi dos años para Scorpio y llegó a ganar 4 mil pesos al día.

“Trabajaba diario, y ahorita, de 15 días, sólo unos tres. Andamos buscando chambita aquí y allá.” Con el cierre de la mina, agregó, “todo se opacó”.

“La minera le daba vida al pueblo. Había mucho auge, movimiento y ahora todo está calmado, por la mina y la crisis. Dicen que es en todo el mundo. Ojalá y abra pronto. La gente está, como decimos en Cosalá, agüitada, hasta en los abarrotes se siente.”

–¿Como a cuántos empleados despidieron?

–Se oyó decir que eran arriba de 200; ahorita siempre tienen personal trabajando en el molino; en la mina nomás hay gente que se encarga de las bombas, para que siempre estén prendidas, porque si no, se llenan de agua.

María de Jesús Violante López, habitante de La Estancia, muy cerca de la planta, trabajó siete meses en la mina y su sueldo era de mil 500 pesos semanales y a veces mil 700, pero el 18 de noviembre le llegó su liquidación: 20 mil pesos. “Muy buenos”, dice, pero anhela trabajar.

En la zona donde salía el concentrado de plomo y zinc, narra, trabajaban 80 personas en cada turno, entre ellos nueve mujeres. En noviembre, los supervisores les informaron que tenían que despedirlos.

Violante López ayudaba con su sueldo en los gastos de su hogar, por primera vez. Cuenta con orgullo que ganaba más que los 2 mil 300 pesos de su esposo, quien es velador en la preparatoria de la UAS.

El alcalde Juan José Ramírez pidió el apoyo de las autoridades federales y estatales para que den trabajo a los despedidos.

“Estamos trabajando fuerte en este problema, pero sí nos impactó, porque 120 familias desprotegidas, sin trabajo, adónde vienen a dar: al gobierno municipal. No tenemos trabajo, la mayoría de la gente que viene aquí viene a pedir: dame para comer, tengo a mi hijo enfermo, necesito apoyo. Es muy difícil esta situación para mí como alcalde.”

El problema, aseguró, se suscitó porque Scorpio cotizaba en la bolsa y con la volatilidad de los mercados salió afectada, y se dedicó sólo a explotar plomo, oro y zinc, cuyos precios se vinieron abajo, no así el cobre, que se mantiene estable.

“Una cosa que nos ha ayudado es que hay dos minas. La minera Cosalá y la Humaya. La Humaya es de menor capacidad, pero de mayor inteligencia: ellos sí estaban trabajando el cobre, lo están vendiendo y eso les da sostenibilidad y sus empleados tienen el trabajo tranquilo.”



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Ya pagaron en llantera de SLP costo de la crisis.

Carolina Gómez Mena (La Jornada)

No obstante la crisis económica y las graves afectaciones que ha generado en las principales empresas automotrices del mundo, y por ende en el mercado de las llantas, en la planta que posee Continental Tire en San Luis Potosí no se espera que haya reducción de personal ni paros técnicos, como tampoco afectaciones salariales, afirmó José Espinoza Rocha, quien a partir del próximo día primero de enero fungirá como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM).

En entrevista, el dirigente electo, quien estará al frente del gremio hasta el 31 de diciembre de 2011, precisó que lo anterior se desprende de la reciente negociación con la empresa, en la cual debieron aceptar una reducción diferida de 20 por ciento en sus salarios, a condición de que no se disminuyera más la cantidad de puestos de trabajo, pues durante los últimos años se han perdido cerca de 500 plazas.

Indicó que tal situación se derivó de una demanda económica interpuesta por la empresa, considerada la cuarta más importante a escala mundial en la fabricación de neumáticos, en la que “la patronal exigió una reducción salarial de 50 por ciento, la modificación de 30 cláusulas del contrato-ley de la industria hulera, suprimir la semana laboral de cinco días y reducción de aguinaldo, prima vacacional y días festivos”, comentó Espinoza Rocha.

Finalmente, la negociación se extendió de enero a agosto de este año, y fue “muy dura, hubo necesidad de ceder algunas cosas”, debido a que era evidente que la empresa reducía plazas por los procesos de automatización introducidos y porque, dada la experiencia de los sobrecargos, los cuales también han experimentado este tipo de demandas, “no es deseable que sea un tercero el que determine las condiciones de trabajo”, esto es, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Logramos una negociación en la que al final aceptamos una reducción salarial de 20 por ciento diferido; directamente fue de sólo 10 por ciento y el resto es contra revisiones salariales, por lo que en las próximas negociaciones, si por ejemplo hay cinco por ciento de incremento, no tendremos nada, y si hay más de eso, nos darán sólo la diferencia.”

Planteó que con lo cedido, los trabajadores ya hicieron con anticipación los esfuerzos por soportar la crisis. “El paso que dimos fue muy importante, porque antes de que detonara la crisis, nosotros ya estábamos en negociaciones para reducir el costo que nos traería”, dijo.



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Insiste el gobierno en construir un aeropuerto en Atenco, acusa el FPDT.

■ Cascada de denuncias en el Festival Mundial de la Digna Rabia

Georgina Saldierna (La Jornada)

Una lluvia de denuncias sobre abusos perpetrados contra comunidades mexicanas, así como experiencias de organización y de lucha, se presentaron ayer en la segunda mesa de trabajo del primer Festival Mundial de la Digna Rabia, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Desde problemas de desabasto de agua hasta el incremento de tarifas eléctricas, pasando por las agrupaciones creadas tras la crisis económica de Argentina, fueron algunos de los tópicos que se plantearon en la reunión, organizada con base en dos temas principales: Las cuatro ruedas del capitalismo: explotación, despojo, represión y desprecio, y Los otros caminos: otra ciudad, otros movimientos sociales, otra historia y otra política.

En la sesión matutina de este sábado se abordó el subtema Despojo, y en la vespertina el de Otros movimientos. Ahí, la representación del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encabezada por doña Trini, esposa del dirigente Ignacio del Valle Medina, condenado a 112 años de cárcel, resaltó que el gobierno federal no ha cejado en su intención de construir un aeropuerto en Texcoco.

“Ahora dicen que se levantaría en terrenos federales, pero el daño ecológico que van a provocar va a ser el mismo”, resaltó, para enseguida manifestar que los habitantes de San Salvador Atenco continúan en la defensa de su tierra.

Ante decenas de personas que se dieron cita en el lienzo charro de Iztapalapa, a unos metros de la Cabeza de Juárez, las representantes del FPDT señalaron que siguen luchando por la liberación de sus presos, al tiempo que blandieron sus machetes y recibieron el aplauso de quienes las escuchaban.

Pidieron no dejar de levantar la voz contra las injusticias y los abusos, y luego hicieron un reconocimiento al EZLN, “ejemplo de lucha y dignidad”.

Luego vinieron habitantes de la costa de Chiapas, quienes se quejaron de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Los recibos llegan hasta por 15 mil pesos, señalaron, pese a que cuentan con pequeñas viviendas con no más de tres focos y los enseres domésticos básicos.

Por su parte, jóvenes estudiantes presentaron un trabajo sobre la urbanización en municipios del estado de México ubicados al norte del Distrito Federal, y cómo los antiguos habitantes han perdido su identidad con la tierra. La zona se ha convertido en dormitorio, afirmaron.

Un integrante del Movimiento Ambientalista de Veracruz aludió al crecimiento desordenado en Jalapa y a los problemas de abasto de agua, así como a la falta de atención de los gobiernos estatal y municipal.

Recordó que se han hecho manifestaciones y anunció que en enero volverán a movilizarse, a la vez que una representación del Comité contra las Regasificadoras relató su lucha por impedir la construcción de plantas en la frontera entre México y Estados Unidos, por los peligros que representan para la población.

Las exposiciones de colectivos y organizaciones se sucedieron a lo largo de mañana y tarde, con un intermedio para la comida, mientras en otra parte del lienzo siguieron funcionando los pabellones donde se ofrece información sobre los grupos participantes, sin faltar la venta de videos, colguijos y ropa típica.

Entre las personas que recorrían el lugar se mezclaban jóvenes extranjeros y mexicanos. Muchos llevaban cámaras fotográficas y de video, con las que captaban todo lo que sucedía en el festival.

La intención es llevar a sus lugares de origen un testimonio de lo que sucede en el encuentro. Entre los asistentes resaltaron las cineastas venezolanas Liliane Blase y Lucía Lamanna.

Los organizadores del festival colocaron un escenario –antes de los pabellones– donde se programó la presencia de grupos musicales, así como una carpa para mostrar videos sobre luchas sociales y una exposición fotográfica.

Por la tarde, en la mesa de trabajo no sólo se escuchó a colectivos del país, sino también de otras partes del mundo.

De Argentina llegó un representante de una biblioteca popular, quien recordó la crisis económica que vivió su país y la exigencia de que se fueran todos los políticos. Tras esa experiencia, señaló, “la población empezó a ver la realidad con otra subjetividad”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En Guerrero, sin trabajo, 30 mil copreros por cierre inesperado de empresa.

Industrial Aceitera tenía contrato con empleados de las dos costas del estado

Hay 90 mil toneladas de copra almacenadas; piden al gobierno del estado que las adquiera

Los intermediarios pagan “una miseria” por el producto, acusa delegado de la CNC

CINDY PACHECO PALACIOS (La Jornada Guerrero)

La empresa Industrial Aceitera, que pertenece al gobierno del estado, dejó sin empleo a 30 mil copreros guerrerenses al cerrar a principios de diciembre sus puertas sin un argumento válido para hacerlo, informó el delegado estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Efraín Zúñiga Galeana.

Expuso que la empresa tenía contratos con copreros de las dos costas, pero no dieron razón de este cierre.

Precisó que unas 90 mil toneladas del producto que fueron hechas, previo al cierre, están almacenadas sin un comprador fijo y sólo son adquiridas por intermediarios que pagan “una miseria” por la copra.

En conferencia de prensa, Zúñiga Galeana detalló que la empresa se extendía en municipios como San Jerónimo, Atoyac de Alvarez, Zihuatanejo y Tecpan de Gaelana –en la Costa Grande–, y otras localidades más de la Costa Chica.

Agregó que la producción de copra que actualmente está almacenada comenzó a elaborarse unos meses atrás con la promesa de ser adquiridas por la empresa del gobierno estatal, no obstante, los representantes de ese consorcio informaron en los primeros días del mes que cerrarían, lo cual reiteró que los dejó sin empleo tanto a copreros como a sus familias.

Zúñiga Galeana insistió en que es necesario que el gobierno haga algo al respecto y los apoye con la compra de la copra, pues reiteró que son los intermediarios los que aprovechan el producto elaborado por ellos.

Manifestó: “en un estado con inflación, como está todo el país, lo correcto sería que se incrementara el pago por kilo de copra, por lo menos en el 5 por ciento que se ha incrementado el salario en el país, pero ahorita de un plumazo se está desplomando el pago por kilo en un 50 por ciento y nos ha afectado considerablemente y se espera una crisis mayor”.

El representante de la CNC exigió al gobierno de Zeferino Torreblanca, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, que adquiera “por lo menos” 30 por ciento de la producción que se quedó almacenada e insistió en que tienen pérdidas mayores con los intermediarios.

En este caso, añadió, que el estado debería adquirir unas 100 toneladas diarias de copra; “eso a mediano plazo y como objetivo inmediato, lo más factible sería que abrieran las fábricas y que se restablezca la compra por lo menos a 8 pesos por kilo”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Reproduce el estado guerrerense persecución policiaca contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Temen policías comunitarios que se liberen 16 órdenes de aprehensión pendientes

Hace dos semanas, el MP acudió a San Luis para tomar datos de comandantes actuales

YAMILET VILLA ARREOLA (La Jornada Guerrero)

CHILPANCINGO, 26 DE DICIEMBRE. El fundador de la policía comunitaria, Cirino Plácido Valerio, denunció que hace dos semanas agentes del Ministerio Público estuvieron en San Luis Acatlán para tomar datos de los actuales comandantes de esa agrupación, por lo que dijo que temen que se liberen las órdenes de aprehensión que pesan sobre al menos 16 de ellos.

Reprochó que uno de los grandes pendientes que dejará la administración estatal de Zeferino Torreblanca Galindo en 2008 será que no canceló las órdenes de captura contra al menos 16 ex comandantes y comisarios de la comunitaria.

Acusó que los familiares de quienes cometen actos delictivos acusan ante las autoridades estatales a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de privación ilegal de la libertad: “vemos que el gobierno, a través de la Policía Investigadora Ministerial, de la agencia del Ministerio Público protege la delincuencia, el estado persigue a la comunitaria”.

Sobre la visita de agentes del MP a San Luis Acatlán, el dirigente indígena afirmó que tratarom de intimidarlos, por lo que responsabilizó al gobierno estatal de lo que pueda ocurrirles.

“Los compañeros tienen miedo de salir, piensan que en cualquier momento se van a liberar las órdenes de aprehensión; seguido hay citatorios, levantan averiguaciones contra los comisarios y comandantes por las demandas que hacen los familiares de los detenidos. No se puede vivir así, tenemos 13 años de combatir la delincuencia y nosotros de ser combatidos por el estado; tenemos muchas presión por todos lados, a parte del problema de pobreza y la persecución”, se quejó Plácido Valerio.

Agregó que “no hay nada de sensibilidad (de las autoridades), no tratan de desactivar los problemas, sino que más bien presionan y persiguen, las órdenes de aprehensión no se han cancelados. No somos delincuentes, sino promotores de la justicia y seguridad, estamos pidiendo cancelación, pero ellos no quieren porque hay una versión muy vertical, que está llevando a choques y peleas”, insistió.

Aseguró que la lucha por garantizar la justicia no existe, porque el estado no reconoce políticamente a la CRAC.

De la violencia

Plácido Valerio lamentó los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en diferentes partes del estado, que, aseguró, ocurren porque no hay justicia en Guerrero y ni el país.

“Su hubiera justicia no habría delincuencia, ni tampoco pediría la pena de muerte, pues es la peor ignorancia que puede tener la gente”, manfiestó.

Dijo que el gobierno debe cambiar la forma de impartir justicia, quizás retomar algunos de los principios que rigen a la CRAC, pues manifestó que “el primero que tendría que pasar por la pena de muerte es el propio gobierno, porque el mal está dentro del sistema de gobierno”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

El ‘músculo’de AMLO quita el sueño al PRD.

La posible renuncia del tabasqueño es el tema que ocupa a los perredistas por estos días; tanto, que Jesús Ortega, dirigente nacional de ese partido, busca un encuentro con él para discutir éste y otros asuntos


SALVADOR FRAUSTO CROTTE
El Universal

Domingo 28 de diciembre de 2008

Las oficinas del “gobierno legítimo” eran un hervidero. Los teléfonos no dejaban de sonar y la gente iba y venía por los pasillos. Todos querían saber si, en efecto, Andrés Manuel López Obrador había decidido renunciar al PRD para construir su apuesta política a través de la alianza que integran los partidos del Trabajo y Convergencia.

En la sede nacional del PRD la preocupación no era menor. “Los jefes sacaron la calculadora de inmediato”, nos cuenta un asesor del partido. Y es que en los comicios del 5 de julio de 2009 las fuerzas de izquierda no sólo se disputarán alrededor de 25% de los votos, sino también unos 750 millones de pesos del financiamiento público para 2010. Con López Obrador apoyando a los candidatos de la coalición PT-Convergencia, ¿cuánto de ese dinero dejaría de recibir el PRD?

La posible renuncia del tabasqueño es el tema que ocupa a los perredistas por estos días; tanto, que Jesús Ortega, dirigente nacional de ese partido, busca un encuentro con él para discutir éste y otros asuntos.

Que Pío no lo dijo

La mecha del caldero fue encendida por un comunicado de prensa emitido la tarde del lunes 15 de diciembre desde el despacho de Pío López Obrador, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP) en Chiapas:

“Estamos estableciendo nuestra separación con la cúpula del PRD, más no con las bases perredistas, cuyo sector mayoritario es parte del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, del Petróleo y de la Soberanía Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

En una sesión del consejo del PT chiapaneco, el hermano del ex candidato presidencial había dicho que esta decisión sería dada a conocer el 25 de enero, durante una asamblea informativa en el Zócalo del Distrito Federal.

Horas después, tras reunirse con Andrés Manuel, Pío señaló que no dijo lo que el comunicado decía que había dicho. Y aclaró que su hermano no iba a dejar el partido.

El divorcio, ¿ahora o después?

Jesús Zambrano, líder de Nueva Izquierda, asegura que quienes comandan PT y Convergencia “están en la apuesta de que el PRD se fracture para que Andrés Manuel los apoye en las elecciones del 5 de julio, pues sólo así creen que pueden salvar el registro”. El pulso de otros integrantes de esta corriente es que el tabasqueño está coqueteando con la posibilidad de irse “con ellos” si no le dan más espacios dentro del PRD. Y más espacios significa, dicen Los Chuchos, al menos un tercio de las candidaturas para los comicios del año próximo.

Ricardo Ruiz Suárez, brazo operador de Alejandro Encinas, advierte que es momento de llamar a la mesura. “He estado cerca de Andrés Manuel en estos días, y él tiene una posición muy clara, nos dice que no hay que confrontarnos con otras corrientes del partido, que hay que centrar nuestros esfuerzos en combatir la carestía, la crisis económica, en hacer crecer el FAP, un movimiento social que cuenta con una estructura de 2 millones 200 mil ciudadanos y 900 comités municipales”.

El ex secretario de Gobierno del Distrito Federal cuenta que en el Consejo Político del partido los lopezobradoristas han dejado en claro que jugarán con el PRD en los comicios del próximo año. “Hemos dicho que después de la elección de 2009 debemos tener una discusión fuerte sobre la posibilidad de seguir juntos, o no, en la estructura partidaria. Si encontramos un modo de tener un espacio de participación en el que no tengamos que declinar a nuestros puntos de vista, pues seguiremos todos juntos, pero si no, pues entonces hay que entrarle a esa discusión, pero sólo entonces, no ahora”.

El principal peligro, dice el también ex presidente del PRD en el DF, es que alguna corriente acapare los espacios sin pensar en quiénes pueden ser los mejores candidatos. En este escenario, los inconformes podrían terminar compitiendo bajo el cobijo de la coalición PT-Convergencia.

A finales de noviembre, durante una gira de trabajo por San Luis Potosí, López Obrador había fijado su punto de vista sobre su supuesta renuncia: “Vamos a esperarnos, ya se decidirá qué es lo que se va a hacer, porque todavía no estamos en los tiempos electorales”.

Y a mediados de este mes, justo cuando ardía la discusión sobre su permanencia en el partido del sol azteca, el tabasqueño anunció que suspendía sus actividades y que no reaparecería en la escena pública sino hasta el 8 de enero.

Esta tregua de fin de año, nos dicen chuchos y lopezobradoristas, servirá para bajar la temperatura al conflicto, aunque nadie duda que las hostilidades se reanudarán a principios del próximo año: el 17 y 18 de enero se reunirá el Consejo Político del PRD para discutir la estrategia electoral y los términos concretos en que se distribuirán las candidaturas para los comicios del 5 de julio, y poco después, el 25 de enero, Andrés Manuel estará con los suyos en el Zócalo capitalino. Antes de estos dos eventos podría darse el encuentro privado entre Ortega y López Obrador.

“Tengo estructura, ¿quién la quiere?”

El conflicto entre los dos polos dominantes dentro del partido surgió en marzo de este año, cuando Jesús Ortega y Alejandro Encinas se enfrentaron en un desaseado proceso electoral por la presidencia del PRD.

El encono se ha extendido a lo largo de nueve meses y, según Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón e integrante de Movimiento por la Democracia, una de las corrientes que no se forma ni con melón ni con sandía, sólo revela las ambiciones de poder de ambos grupos. “No es verdad que el pleito sea porque unos quieren negociar reformas con el gobierno y sean moderados, y los otros sean radicales y apuesten por la movilización social, lo que ocurre es que con la decisión del Tribunal Electoral federal una facción se impuso sobre la otra, y ahora necesitamos generar mecanismos para que ambas fuerzas puedan convivir dentro del partido”.

El diputado Juan Guerra, también integrante del Movimiento por la Democracia, recuerda que el partido logró sobrevivir al pleito entre Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. “Históricamente, en el PRD han convivido estos dos polos. Siempre ha habido radicales y moderados, la diferencia es que ahora, lamentablemente, no hay una figura que concilie, que medie. Andrés Manuel fue quien sirvió de mediador en el conflicto entre Cuauhtémoc y Porfirio. Ahora no veo que nadie esté haciendo esa tarea”.

Y es que con la llegada de Jesús Ortega a la presidencia del partido ocurrió un realineamiento de fuerzas. Los grupos de Amalia García y Dolores Padierna, que apoyaron la candidatura de Encinas, se han acercado a Ortega para buscar posiciones dentro de la estructura del partido y con miras a obtener la mayor cantidad de candidaturas en los comicios de 2009.

René Bejarano, esposo de Padierna, reapareció para exhibir que aún jala multitudes en la presentación de su Movimiento por la Esperanza. “Es como si hubiera salido a decir ‘aquí tengo 30 mil personas, tengo estructura. ¿Quién la quiere, tú Marcelo, tú Jesús, tú Andrés?’”, nos dice un asesor de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro.

Los otros

Lo que muchos perredistas se preguntan es cómo terminará jugando Marcelo Ebrard, quien ha reconocido que le interesa ser candidato presidencial en 2012. Por un lado mantiene buena comunicación con Ortega.

“Se llaman por teléfono para discutir asuntos de la agenda nacional y de la agenda del DF”, dice Zambrano. Y, por otro lado, sostiene un diálogo fluido con el movimiento lopezobradorista, sobre todo a través de Alejandra Barrales, dirigente del PRD en el DF, y activa promotora de las labores del FAP. “Es el único gobernador que mantiene su apoyo decidido al movimiento social que encabeza Andrés Manuel”, explica Barrales.

Cuauhtémoc Cárdenas mantiene su respaldo a Ortega aunque, matizan los perredistas, ya está moviendo hilos en busca de espacio para su hijo Lázaro Cárdenas Batel, a quien algunos ven disputando con Alejandro Encinas la coordinación de los diputados perredistas.

El Movimiento por la Democracia está integrado por Javier El Güero González Garza, Juan Guerra, Saúl Escobar, Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros, quienes en la campaña por la presidencia del partido declinaron colocarse del lado de alguno de los polos dominantes. Ellos, dicen en los pasillos de San Lázaro, estarían buscando mediar en el conflicto entre chuchos y lopezobradoristas.

En el otro polo se mueven por fuera del partido: Andrés Manuel tiene el apoyo del PT y Convergencia, y ha logrado construir una base social integrada por grupos sindicales, campesinos y obreros. También llama la atención que algunos de sus cercanos le hayan pintado la raya al PRD de Ortega. Gerardo Fernández Noroña renunció al partido, el senador Ricardo Monreal se pasó a la bancada del PT y Mario Di Costanzo, secretario de Hacienda del “gobierno legítimo”, anunció que no militaría más en el partido del sol azteca.

Jesús Zambrano y Ricardo Ruiz, entrevistados por separado, coinciden en que las decisiones cruciales se tomarán entre enero y marzo, cuando se definan las candidaturas. Por lo pronto, ambos se ven luchando juntos para ganar unas 100 diputaciones en los comicios del 5 de julio.

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Presentará PSD queja contra AMLO ante IFE.

El recurso que interpondrá será por actos anticipados de campaña y para conocer el origen de los recursos con los que se llevan a cabo los actos del movimiento que encabeza el tabasqueño

Horacio Jiménez
El Universal

Ciudad de México Domingo 28 de diciembre de 2008

El Partido Socialdemócrata (PSD) presentará mañana una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por "actos anticipados de campaña y para saber el origen de los recursos" con los que opera el movimiento que encabeza el tabasqueño.

En conferencia de prensa, el líder del PSD, Jorge Carlos Díaz Cuervo, informó que mañana interpondrán el recurso a través de su representante legal ante el IFE, Miguel González Compean, en el que describen como el tabasqueño está haciendo actos anticipados de campaña antes de las precampañas electorales del 2009.

Díaz Cuervo aseguró que López Obrador está utilizando su movimiento como "paraguas" para promover algunas personalidades antes de las precampañas electorales del próximo año.

Destacó que en su "activismo" López Obrador realizó en tan sólo cuatro días una gira por 22 municipios de los estados de Michoacán y Jalisco, donde participaron dijo diputados locales, diputados federales, alcaldes y hasta el propio gobernador de la entidad michoacana, Leonel Godoy.

También señaló que en estos mítines se pueden observar banderas del PRD, de Convergencia y del Partido del Trabajo, por ello, dijo es "importante conocer de dónde vienen los recursos".

Acusó que "probablemente" el movimiento lopezobradorista se esté financiando con recursos del PRD o del gobierno del Distrito Federal o de algunos empresarios como lo hiciera, aseveró, Carlos Ahumada en el 2006, con Bejarano o incluso con dinero ilícito, es decir del narcotráfico.

Por ello, Díaz Cuervo dijo que es importante que el IFE investigue este tipo de movimientos, porque López Obrador comentó se está gastando entre 5 o 6 millones de pesos mensuales en sus actos.

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Pensionissste: segundo referendo en contra.

Gustavo Leal F.*

Pensionissste: segundo referendo en contra
Como se esperaba, y desdeñando la millonaria campaña dilapidada por Yunes, el Pensionissste se derrumbó. Fue arrastrado por una “reforma” que, naciendo muerta, aguarda ya en el umbral de su propia y más que urgente reforma.

Las cifras de Yunes no dejan dudas: la casi totalidad de los trabajadores al servicio del Estado optaron por el esquema pensionario de la Ley del ISSSTE 1983 “modalizado”, como lo bautizó la sentencia de la SCJN. Con ello, los ocho de cada 10 trabajadores que se ampararon y otorgaron el primer referendo en su contra volvieron a decirle –todavía con más fuerza– NO a esa “reforma” calderonista.

Pero para quienes la impulsaron o le apreciaron “beneficios”, las expectativas eran promisorias y del todo diferentes.

Calderón: “con la reforma del ISSSTE los mexicanos tomamos una decisión correcta y desactivamos a tiempo una situación de riesgo que hubiera hecho crisis tarde o temprano en las finanzas públicas del país” (14/11/08).

M. A. Yunes: “no se trata de un referendo; de considerarlo así habría que oponer el argumento de que nueve de cada 10 derechohabientes que tuvieron expedita la vía del amparo no acudieron a ella. No, no es referendo” (13/6/08).

Senador Creel (PAN): “dejemos que esta reforma se instrumente durante un tiempo y si vemos que requiere mejoramientos, lo vamos a hacer sin duda alguna, pero hoy vamos a proceder a su operación” (29/3/07).

Senador Madero (PAN): “lo primero que hará esta reforma es frenar la bola de nieve que crece día con día. A partir de la próxima administración, en 2012, se prevé que el déficit comience a disminuir poco a poco” (27/3/07). “No se le cambiará ni una coma a la ley. ¿Cómo vamos a capitular? De ninguna manera, primero muertos que dar la vida” (31/5/07).

Senador Anaya (PAN): “la nueva Ley del SAR garantiza una menor comisión” (15/12/08).

Senador Beltrones (PRI): “los legisladores hicimos modificaciones que no se pensaban posibles, para consolidar el ahorro interno y darles a los trabajadores del Estado nuevas reglas para que puedan realmente vigilar y controlar sus cuentas para el retiro, así como resolver un hoyo negro de las finanzas públicas. Hicimos lo que no se hizo en 1997” (2/6/07).

Diputado Estefan Chidiac (PRI): “el número de recursos presentados no rebasa 6 por ciento del total de los trabajadores. Esto quiere decir que 94 por ciento de ellos está de acuerdo con la ley” (11/6/07).

Diputado Samuel Aguilar (PRI, quién leyó ante el pleno camaral la iniciativa de “reforma” del ISSSTE el 15 de marzo de 2007): “es para que los diputados les expliquen en sus estados de qué se trata esto”, mientras distribuía a otras fracciones parlamentarias un “decálogo” con los “beneficios” de la “reforma” (17/3/07).

Respecto al diputado Gamboa (PRI): “en el interior de la bancada –se reveló– persiste un notable malestar contra el coordinador, Gamboa Patrón, a quien algunos de sus compañeros acusaron de ‘traidor’ por ‘avalar un atraco a los trabajadores y estar al servicio del gobierno federal’. Legisladores del tricolor inconformes dijeron: ‘se trató de una maniobra orquestada por Emilio; el documento nos pasó de noche. No tuvimos oportunidad de leerlo y nos sorprendieron por una candidez de nuestra parte. ¿Acaso no se dan cuenta de que los grandes perdedores seremos los priístas?, porque una iniciativa tan impopular le corresponde a Calderón, o en todo caso al PAN. ¿Se ha percatado Emilio que la negociación no está por encima de los intereses del pueblo?” (La Jornada, 16/3/07).

Ministra Margarita Luna Ramos: “rechazó riesgos por el sistema de cuentas individuales, por la eventual contratación de una pensión con una aseguradora, pues las leyes de ahorro para el retiro contemplan candados y salvaguardas” (18/6/08).

Ministro Salvador Aguirre: “rechazó los derechos creados de los trabajadores y cuestionó el Estado paternalista, sobre todo cuando no tiene posibilidades económicas para ello” (17/6/08).

Ministro Salvador Azuela: “con la reforma, todo está siendo favorable a los trabajadores” (17/6/08).

Presidente de la Consar, Moisés Schwartz: “las Afore son negocios rentables. Mientras un afiliado requiere 44 meses para obtener rendimientos, en sólo 22 meses los dueños recuperan su inversión” (23/4/07).

Ex director de la Afore XXI J. Beristáin Iturbide: “ninguna de las Afore puede garantizar pensiones dignas para los futuros jubilados (14/8/06).

Alejandro Villagómez (CIDE): “la reforma al ISSSTE fue un paso en la dirección correcta” (13/4/07).

Rosendo Galíndez (SNTE): “la iniciativa tiene el sello de la dirigente Elba Esther Gordillo” (22/3/07).

Consultora Moodys: “a 20 días de su promulgación, manifestó que resultaba ‘extraño’ que su aprobación no tuviera ‘mayor aceptación social’ y sugirió algunos ‘requisitos’ para la ‘aprobación’ de otras reformas calderonistas. En primer término debe cursarse ‘un trabajo político de mayor calidad’ porque ‘un mayor consenso social’ en torno a las reformas necesariamente demanda ‘tres ingredientes fundamentales’ por parte del gobierno: mejor poder de convencimiento, mayor sensibilidad política y social, así como un intenso trabajo de promoción y comunicación de sus ‘beneficios’” (20/4/07).

Sergio Sarmiento: “quizá el mayor triunfo fue la ley de pensiones del ISSSTE, que pone freno a una tendencia que habría acabado con el tiempo con el propio Estado mexicano” (1/12/08).

Mientras en diciembre de 2008, médicos, enfermeras y familiares de pacientes del Hospital Darío Fernández del ISSSTE bloqueaban la avenida Revolución en demanda de medicamentos y materiales, sólo la CNTE observó: “el Pensionissste fracasó, porque el maestro lo quebró”.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Fuente: La Jornada


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