Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo del 28 de Septiembre.

Amigas y amigos:

Muchas gracias por su participación en esta marcha-mitin. Muchas gracias de todo corazón.

Siempre que convocamos a una manifestación, a una asamblea, nuestros adversarios, los que no nos ven con buenos ojos, y en los medios de comunicación se habla de que no va a acudir la gente.

Ahora estuvieron diciendo que esta iba a ser la marcha, la concentración, menos participativa.

Por ahora se van a quedar con las ganas, porque aquí estamos. Y todo se debe a ustedes.

Amigas y amigos:

La crisis del México actual es producto del agravamiento de dos males endémicos: la corrupción y la desigualdad.

Es indudable que siempre se ha padecido de estas calamidades. Pero de 1983 a la fecha, la corrupción y la desigualdad se han fomentado desde el poder público, se han institucionalizado.

Durante el periodo llamado neoliberal, lo que realmente ha predominado es una política excluyente y de pillaje. Aquí insisto: desde 1983, un grupo muy selecto de traficantes de influencias, especuladores, banqueros, grandes empresarios y políticos corruptos se apoderaron del gobierno, se han venido apropiando de los bienes del pueblo y de la Nación y han utilizado el presupuesto público para su exclusivo beneficio.

Todo este proceso ha sido operado por tecnócratas formados en escuelas del extranjero, donde se elaboran los sofismas o falsedades para tratar de justificar el predominio del interés económico de una minoría y la apropiación de los recursos naturales de las naciones por encima del bienestar de los pueblos.

Incluso, como borregos, muchos intelectuales y comunicadores al servicio de la derecha repetían y consideraban válida la seudo teoría del goteo, según la cual, si les iba muy bien a los de arriba les iría bien a los de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo; como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa.

Veamos con precisión y objetividad cuál es el saldo de esta política de pillaje llamada neoliberal:

De 1983 a la fecha, se han privatizado más de mil empresas públicas (entre ellas bancos, teléfonos, acero, minas, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles y electricidad).

En los últimos veintiséis años se ha extraído tres veces más petróleo que todo lo producido en 81 años (de 1901, cuando inició la explotación petrolera, hasta 1982). De 1983 a la fecha, la deuda pública creció de 80 mil a 300 mil millones de dólares.

En el periodo neoliberal se ha construido menos infraestructura y obras públicas, es decir se han hecho menos carreteras, hospitales, escuelas, presas, sistemas de riego; se abandonó el campo; se suprimió toda la política de fomento económico; se arruinó al pequeño y al mediano comercio; se ha desmantelado la industria nacional, y estas actividades pasaron casi por completo a manos de extranjeros.

De 1982 a la fecha, el salario mínimo ha perdido el 85 por ciento de su poder adquisitivo, de su poder de compra. En aquel entonces, en 1982, el salario mínimo alcanzaba para comprar 56 kilos de tortilla, hoy sólo permite comprar 5 kilos.

En 1982, del total de la población económicamente activa, 35 por ciento tenía empleo en la economía formal. Hoy sólo tiene ocupación formal 22 por ciento y, según cifras oficiales, 12 millones trabajan en la economía informal, que buscan la vida de esta manera.

En 1982, salieron del país a buscar trabajo al extranjero 210 mil mexicanos; en 2007, el año pasado, tuvieron la necesidad de emigrar 582 mil.

En este periodo, mientras las universidades privadas aumentaron seis veces el número de sus estudiantes, las universidades públicas apenas duplicaron su matrícula.

Este ha sido el periodo de mayor concentración de la riqueza en toda la historia de México. Un dato: en 2006, según Forbes y cifras del INEGI, el patrimonio de los 10 mexicanos más ricos era equivalente al ingreso de un año de la mitad de la población de nuestro país.

Asimismo, en ese año, el 70 por ciento de las familias mexicanas vivía con ingresos menores a 8 mil pesos mensuales.

Uno de los resultados más lamentables de esta política discriminatoria, es que de 1982 a la fecha, el número de pobres en México pasó de 32 millones a más de 60 millones; es decir, se duplicó.

Aunque cruda, esta es la realidad, que a veces no se quiere aceptar. La espeluznante verdad: en México la riqueza de unos (pocos) se ha edificado con la miseria de otros (muchos).

Por eso sostenemos que para enfrentar la crisis actual, lo primero que tiene que hacerse es cambiar esta política injusta y excluyente, que es la causa principal del empobrecimiento, de la inseguridad y de la violencia.

En otras palabras, debe aplicarse una nueva política que tenga como objetivo central la atención a las necesidades del pueblo y no el lucro y los privilegios de una minoría.

Este debe ser el gran tema del debate nacional. Sobre esta base es que estamos dispuestos a dialogar y a llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas y sectores sociales.

Desde esta plaza pública defino con toda claridad lo siguiente:

Primero, rechazamos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Aquí abro un paréntesis para condenar una vez más el acto terrorista de Morelia, que causó la muerte de 8 seres humanos y lesionó a más de 100 personas inocentes.

Segundo, es necesario aclarar que no estamos en contra quienes, con esfuerzo, trabajo y de conformidad con la ley, crean riquezas y generan empleos, sino de aquellos que de la noche a la mañana amasan grandes fortunas en la ilegalidad o al amparo del poder público. Estamos en contra de los traficantes de influencias, de los especuladores y de los políticos corruptos, pero estamos a favor, se tiene que saber con mucha claridad, de una iniciativa privada con cultura productiva, con responsabilidad cívica y dimensión social.

Tercero, siempre por encima de nuestros legítimos intereses, personales o de grupo, estará el bienestar del pueblo y de la Nación.

Cuarto, para rescatar al país de la crisis actual, estamos dispuestos a construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y con los representantes de todos los sectores sociales de México, siempre y cuando se convenga cambiar la política económica para apoyar a la mayoría de los mexicanos, y en especial a los pobres y desposeídos de nuestro país.

Y estamos dispuestos a ese acuerdo, si todo nos comprometamos a no permitir la privatización de la industria petrolera en ninguna de sus modalidades.

Quiero explicar a ustedes con mayor detalle por qué es indispensable cambiar la actual política y qué proponemos de manera concreta.

Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar, y será el pueblo pobre el que resulte más afectado. Aunque todos lo padeceremos, porque en una sociedad siempre el destino de unos, está atado al de otros.

Este año, el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe.

En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante el aumento de precios, ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo.

Por los efectos de la recesión, de la crisis en Estados Unidos, se está reduciendo el monto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero; está cayendo la producción y las exportaciones mexicanas son menores; están bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos de nuestro país, y hay falta de crédito internacional para proyectos de inversión.

No quisiéramos que ocurriera, pero lo más lógico es que con el deterioro de la economía mundial habrá menores flujos de divisas hacia México por concepto de inversión, de crédito y de exportaciones.

Adicionalmente, la caída en la producción del petróleo, ocasionada por su mal manejo, y una probable baja en los precios del petróleo, automáticamente plantea el riesgo del déficit creciente en la balanza de pagos.

Sin considerar las exportaciones de petróleo, el déficit comercial, que significa que estamos comprando más en el extranjero de lo que vendemos afuera, ese déficit en el 2000, fue de 14 mil 149 millones de dólares; en 2007, de 53 mil 92 millones de dólares y, en 2008, según proyecciones, será de 68 mil 374 millones de dólares; es decir, del año pasado a este, crecerá 15 mil millones de dólares.

Y es importante señalar que el 86 por ciento de este incremento en el déficit, se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas.

Y todavía así, se han perdido dos años, y el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria.

Han perdido el tiempo y han perdido la oportunidad que significa los precios altos del petróleo en el mercado internacional y el manejo de excedentes suficientes para haber echado a andar el desarrollo agropecuario, para lograr la autosuficiencia de alimentos y no tener que comprar los alimentos en el extranjero y también para construir las refinerías que hacen falta, para dejar de importar las gasolinas.

Si no nos hubiesen robado la Presidencia de la República, ya estarían por terminar de construirse las tres refinerías que hacen falta en el país.

Pareciera que el gobierno usurpador está esperando una crisis de balanza de pagos para actuar.

No es ningún secreto que un ambiente de turbulencia financiera internacional y de crédito restringido, un déficit podría llevar a que la crisis económica pasara a crisis financiera, con consecuencias negativas para las tasas de interés y el tipo de cambio.

Añadir una crisis cambiaria a la crisis que hoy padecemos por falta de crecimiento, empleo y falta de seguridad, tendría efectos muy graves para el bienestar de los mexicanos.

Por esta razón, desde esta plaza pública, proponemos al Congreso, al Poder Legislativo, la aplicación de un plan anticrisis, bajo los siguientes lineamientos:

Consideramos que en materia económica, para enfrentar la crisis y evitar un mayor agravamiento, se debe fortalecer nuestra producción interna para, cuando menos, evitar un mayor desempleo y disminuir el déficit comercial.

Esto lo podemos lograr aumentando la producción para depender menos de las importaciones de gasolinas, diesel, gas natural, alimentos y toda la gama de productos manufacturados que no son competitivos por los altos costos de los energéticos y del crédito.

Los fondos para este plan anticrisis pueden obtenerse si se reduce en 200 mil millones de pesos el gasto superfluo del gobierno. Saben ustedes que en dos años, en 2007 y en 2008, ha crecido el llamado gasto corriente en el gobierno, en 400 mil millones de pesos.

Si se reduce a la mitad, se tendrían 200 mil millones y también se podrían utilizan los otros 200 mil millones de pesos de excedentes que se recibirán este año por precios altos de petróleo.

Con esta bolsa, de 400 mil millones de pesos, se pueden financiar proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo, la competitividad y enfrentar la crisis social y el clima de inseguridad.

El día 15, por la noche, aquí en el Zócalo, propuse que se llevaran a cabo las siguientes medidas que ahora repito:

1. Que se cancelen los aumentos de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad. Aquí añado que con esto lograremos mejorar la competitividad de la industria; dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria. Cuando sube la gasolina, como está sucediendo, veinte aumentos ha habido, de inmediato se disparan otros aumentos de precios.

2. Que se otorguen becas a todos los estudiantes de preparatoria del país como se hace en el Distrito Federal. Ya es tiempo, es necesario, ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social.

3. Que se aumente el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no tienen cupo o espacio por falta de presupuesto. Debe repararse el daño que se ha hecho durante 26 con la política neoliberal, que ha dejado a los jóvenes sin oportunidad de trabajo y de estudio, y los ha orillado a emigrar o a tomar el camino de las conductas antisociales.

4. Que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. Aquí, en el Distrito Federal, los adultos mayores tienen una pensión de casi 800 pesos para alimentos. En el resto del país se da un apoyo a adultos mayores que viven en poblaciones de menos de 20 mil habitantes. Ese apoyo se logró por la gestión de nuestros legisladores del PRD, PT y Convergencia. Pero ese apoyo nada más es de 500 pesos al mes y –repito— para poblaciones de menos de 20 mil habitantes. ¿Qué estamos planteando? Que se homologue a lo que se da en el Distrito Federal. Que si los ancianos del Distrito Federal reciben 800 pesos, que también los ancianos de otros estados de la República reciban lo mismo y que no sea nada más de 20 mil o 25 mil habitantes hacia abajo, sino que sea universal, como se entrega en el Distrito Federal. Y estamos planteando también que este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y de la ciudad.

5. Que se entreguen de inmediato los ahorros de los ex braceros. A lo mejor algunos de ustedes no tienen la información sobre este asunto. Pero en los años cuarenta se suscribió un convenio entre los gobiernos norteamericano y de nuestro país, para que fuesen a trabajar a Estados Unidos mexicanos, braceros. Trabajaron allá y, de conformidad con ese convenio, dejaban el 10 por ciento de su sueldo como ahorro, con el compromiso de que cuando regresaran les iban a entregar esos ahorros. ¿Qué pasó? Regresaron, parece que en efecto se envió el dinero a México, pero aquí desapareció. Para decirlo de manera coloquial se lo clavaron. Y ahí andan los adultos mayores de todo el país solicitando que les entreguen lo que les pertenece, porque no es una ayuda, mucho menos una dádiva, sino que es el dinero que ellos ahorraron con su trabajo. Por eso los legisladores tienen que resolver ya este asunto, de inmediato, porque da mucha tristeza y coraje que muchos de esos adultos ya se están muriendo sin recibir lo que en derecho les corresponde.

6. Que se aumente el presupuesto destinado al campo; que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Está subiendo el fertilizante como nunca. ¿Por qué el aumento al fertilizante de más de 200 por ciento en 19 meses? Porque se tiene que comprar ahora el fertilizante en el extranjero, porque en la época de Salinas tomaron la decisión de privatizar Fertimex. Todavía, hasta 1992 se producían los fertilizantes que necesitábamos en el país y hasta se vendía fertilizante al extranjero. Ahora tenemos que comprar los fertilizantes en el extranjero. Por eso la importancia de atender el problema del déficit. El año pasado se tuvieron que comprar mil 200 millones de dólares de fertilizantes en el extranjero y este año será una cantidad mayor. Y ¿qué está pasando? Hay regiones en el país en donde los campesinos ya no pueden cultivar la tierra, porque no tienen para el abono. Por eso es urgente el subsidio al fertilizante y a otros insumos y que además se fijen precios de garantía, para que el productor vea compensado su esfuerzo y no como ahora, en donde el productor tiene que vender barato lo que produce y vender caro todo lo que necesita. Con ello se pueden reducir las importaciones de alimentos, evitar más aumentos a los precios de los alimentos básicos, mejorar la economía de campesinos y productores y también atemperar el fenómeno migratorio. Si se atiende el campo, si se rescata al campo, se dan opciones a muchos que se ven obligados, sobre todo jóvenes, a abandonar sus comunidades por falta de trabajo.

7. Que se construyan las tres refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Con esta decisión se reducirían las importaciones de gasolina, que ya se acercan al 50 por ciento de lo que consumimos. Con esta decisión de empezar a construir las refinerías, se daría valor agregado a la materia prima, al petróleo crudo, se generarían empleos y se ahorrarían divisas. No tendríamos que estar comprando la gasolina afuera.

8. Que se cancele la llamada Alianza Educativa, y en particular, que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados. Más escuelas, porque eso es lo que va al final a evitar que haya más cárceles, se tiene que atender la educación, que es fundamental.

9. Que se lleve a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos; de manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de la gente pobre de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas.

10. Que renuncien de inmediato los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y el procurador general de la República, por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y a la violencia.

Adicionalmente –repito— nosotros estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo con nuestros adversarios, si además se hace el compromiso de retirar en definitiva las iniciativas de privatización de Pemex y si a cambio de ello, se apoya el Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex, que ha sido elaborado por un grupo muy diverso de personas de diferentes ideologías, militantes de varios partidos y otros que no militan en ninguno.

Este programa, según los técnicos, los expertos y los intelectuales, atiende la urgencia de rescatar a Pemex de la postración en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos.

Con este programa se asignarán mayores recursos a Pemex para que los destine a actividades que se han rezagado: la exploración, la refinación, la conservación y el mantenimiento de equipos y plantas, la petroquímica, los ductos, el almacenamiento y la investigación y desarrollo.

Con este programa, sin ninguna reforma legal y mucho menos violando el espíritu y la letra de la Constitución, se demuestra que existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento.

Se demuestra, de manera muy clara con este programa, que no se requiere invitar a inversionistas del exterior para fortalecer a Pemex.

Amigas y amigos:

Si se aplica todo lo aquí expresado, se puede frenar la crisis, enfrentar la incertidumbre y crear un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México.

Si aceptan estas propuestas, los legisladores de todos los partidos y los representantes de sectores sociales, vamos al acuerdo para salvar al país y proteger a nuestro pueblo.

Este acuerdo podría llevarse a cabo en el Poder Legislativo, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país y desde ese sitio, desde el Congreso, podría convocarse al resto de la sociedad.

Además, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y la mayor parte de nuestras propuestas, dependen de una nueva orientación del gasto público.

En pocas palabras, se necesita que el destinatario del presupuesto sea el pueblo y no los potentados y la alta burocracia.

En consecuencia, voy a solicitar y lo hago desde este momento, de manera respetuosa, a los legisladores del Frente Amplio Progresista, a Alberto Anaya, a Dante Delgado, a Javier González y a todos los legisladores, que presenten a sus homólogos de otros partidos este plan anticrisis.

Claro está, se trata de algo serio, que exige voluntad, compromisos y responsabilidad de todos. También es obvio que no aceptaremos ni la simulación ni el engaño.

Si nuestros adversarios optan por seguir haciendo la política de siempre, esa donde sólo cuentan los intereses de una minoría y no las demandas y aspiraciones del pueblo, de una vez les decimos, que sigan su camino, que nosotros vamos a continuar ejerciendo el legítimo derecho de hacer una nueva política, para construir una República más justa, más humana y más igualitaria.

Por eso también aprovecho esta reunión para pedirles a ustedes, que son el alma y el motor de este movimiento, que sigamos trabajando en defensa del pueblo, de los bienes nacionales y de la transformación del país.

De manera particular, les pido que estemos atentos a cualquier llamado, estamos presentando una propuesta, pero de todas formas estemos muy atentos a cualquier llamado, porque si Calderón y las cúpulas del PRI y del PAN insisten en aprobar un dictamen que privatice la industria petrolera, vamos a movilizarnos, habrá resistencia civil pacífica.

Y estemos pendientes, porque podemos hacer ese llamado unos cuantos días antes, porque no sabemos cómo van a actuar estos legisladores, a lo mejor ya en casas particulares, en hoteles y en lo oscurito ya se están poniendo de acuerdo, para elaborar un dictamen y querer dar un albazo. Entonces, muy pendientes a cualquier llamado.

Como dice la canción, esta canción que se escucha tanto, La cumbia del petróleo: “Somos millones de gentes/ es el clamor popular/ más vale que no lo intenten/, no se va a privatizar”.

Y como aquí lo dijo Javier González, no habrá multa o sanción que nos impida ejercer el derecho constitucional de manifestación. Sabemos bien, así nos lo enseñan nuestros héroes, así lo enseña la historia, la libertad y la justicia no se imploran, se conquistan.

Vamos a ejercer siempre nuestro derecho a la libre manifestación, de manera pacífica, sin caer en la trampa de la violencia, sin caer en ninguna provocación.

Amigas y amigos:

Desde esta plaza pública exigimos que se atienda el grave problema de contaminación del Río Santiago que afecta a los habitantes de los municipios de Juanacatlán y El Salto, en Jalisco, donde está en peligro la salud de la gente, e inclusive perdió la vida recientemente un niño por la terrible contaminación de las aguas.

También reiteramos nuestro rechazo al basurero de residuos tóxicos de una empresa española en Zimapán, Hidalgo.

Rechazamos también la destrucción del cerro de San Pedro, por la minera canadiense San Xavier, en San Luis Potosí, y la devastación en Huizopa, Chihuahua, por otra minera canadiense.

También expresamos nuestro apoyo a las luchas en defensa del agua, los bosques y el medio ambiente.

Nuestra solidaridad con los trabajadores y maestros que luchan en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE y de la llamada Alianza Educativa.

Exigimos la libertad de los presos políticos de Atenco y de todos los luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad, por la defensa de causas populares.

En cuatro días se cumplen 40 años del movimiento estudiantil y popular de 1968. Desde esta plaza queremos rendir un sincero homenaje a esos jóvenes que abrieron los cauces democráticos en nuestro país.

En lo poco de democracia que tenemos, mucho se lo debemos a esos jóvenes.

Cuarenta años después, como ellos, seguimos luchando por la justicia, la democracia y la libertad.

También nuestra solidaridad con los mexicanos que están siendo maltratados, porque hay redadas y están deportando de Estados Unidos a muchos compatriotas. Que cuenten siempre con nuestro apoyo ante estas medidas injustas del gobierno de ese país.

Amigas y amigos:

Aquí repito lo fundamental: Mantengamos la convicción de que en el camino hacia la construcción de una nueva República tenemos que ir creando, y eso es lo que estimo más importante, una nueva corriente de pensamiento que se arraigue y permanezca en la conciencia del pueblo.

Una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo.

Una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la intolerancia, la corrupción y el afán de lucro, en vez de la verdad, la diversidad, los valores morales y el amor al prójimo.

Una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad y el ser humano valga, no porque lo que tiene materialmente hablando, sino por su trabajo, rectitud y sobre todo por su generosidad.

Sigamos luchando con la moral en alto, sabedores que la verdadera felicidad se alcanza cuando se está bien con uno mismo, con nuestras conciencias y cuando se está bien con nuestros semejantes, con el prójimo.

¡Viva el movimiento estudiantil y popular de 1968!
¡Viva el Movimiento en Defensa del Petróleo!
¡Vivan los hombres y mujeres libres y concientes!
¡Viva nuestro movimiento!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Carta del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, leida en el Zocalo de la Cd. de Mexico este 28 de Septiembre.

México, Distrito Federal

Domingo 28 de septiembre de 2008

A la opinión pública:
Al pueblo de México:


En la cadena incesante de asesinatos que suelen incluir la tortura de las víctimas, las granadas arrojadas a la multitud festiva en Morelia son el hecho que concentra y potencia el horror desatado por la delincuencia organizada.

El atentado terrorista ha unido en el repudio a la sociedad entera.

A los familiares y amigos de las víctimas de este crimen monstruoso, a la gente de Morelia y del estado de Michoacán, nuestra solidaridad.

También otro acto de violencia nos atañe particularmente: el asesinato de Fonseca, el conductor de un programa radiofónico en Villahermosa, ejecutado cuando ponía mantas de consignas contra el narcotráfico.

El mensaje es nítido: el Estado es de ustedes pero la facultad de segar vidas al gusto nos corresponde.

La crisis que se vive en el país es múltiple, y podría destruir buena parte de los avances todavía registrables.

El narcotráfico no es la única amenaza, pero sí es la mayor, desde la perspectiva social, porque es la plataforma que aloja las matanzas diarias, la corrupción de autoridades judiciales, policíacas y políticas y los climas omnipresentes de inseguridad.

El narcotráfico, a fin de cuentas, una expresión visible del neoliberalismo, contribuye a profundizar la destrucción del tejido social, frase que, entre otras cosas, expresa el fin de la confianza en la defensa que el Estado hace de su población.

¿Por dónde empezar? La lista es fatídica: multiplicación de ecocidios, escasez de agua, deterioro histórico de la impartición de justicia, desplome de los niveles de educación pública y privada, desempleo, caída libre de la economía, problemas agudos con la migración, pobreza creciente y la desigualdad que es el más infeliz razgo distintivo del país.

La respuesta de las distintas sociedades que componen México es variada y una ya advertida con insistencia en las encuestas y en la Consulta Ciudadana sobre reforma petrolera, se centra en el rechazo del proyecto energético de Felipe Calderón que, de modo clarísimo que no enturbian los spots gubernamentales con su demagogia, intenta privatizar Pemex.

El afán de entregar parcial y categóricamente Pemex, obliga a la resistencia pacífica y a exigir la cancelación del aumento de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad.

De entre las exigencias que apoyamos está la desaparición de esta trampa burocrática, la Alianza Educativa.

Si urge la reestructuración del SNTE, la desaparición de sus cacicazgos y la crítica a la idea del sindicato como suma de patrimonios familiares, también es preciso defender al magisterio de la corrupción que lo ha sometido, oponerse al cierre de las escuelas normales y ser en verdad rigurosos en el otorgamiento de plazas de maestros, algo inconcebible ahora en el feudo del SNTE.

Respaldamos la propuesta de que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país; de que se entreguen los ahorros de los ex braceros; que se aumente el presupuesto destinado al campo; se establezcan precios de garantía a los cultivos básicos y subsidios a los fertilizantes, además de un pleno apoyo a la agricultura orgánica y ecológica de indígenas y campesinos.

Pemex es y puede ser una palanca del desarrollo nacional. Por eso creemos necesario que el Congreso posponga su decisión sobre la reforma energética, hasta que se construyan los consensos suficientes en este tema tan trascendente para la vida del país.

En tanto, deben otorgarse más recursos y adoptar medidas urgentes para fortalecer a Pemex, como constuir las tres refinerías que se necesitan para dejar de importar gasolinas.

Mediante un programa de construcción de obras públicas se puede reactivar la economía y generar empleos; y al mismo tiempo, atender carencias de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de los pobres de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas.

Estas acciones pueden llevarse a cabo si hay voluntad política y se modifica la orientación del presupuesto público.

A cuarenta años del movimiento estudiantil de 1968, recordamos a los jóvenes que entonces abrieron los cauces de la lucha democrática, de los derechos humanos y de un país más justo y digno.

Cuatro décadas después, podemos decir, junto con ellos, aquí estamos, aquí seguimos, exigiendo justicia y democracia.


Atentamente
COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

Marco Antonio Campos
Rolando Cordera
Arnaldo Córdova
Laura Esquivel
Bolívar Echeverría
Víctor Flores Olea
Luis Javier Garrido
Héctor Díaz Polanco
Antonio Gershenson
Margo Glantz
Enrique González Pedrero
Hugo Gutiérrez Vega
David Ibarra
Luis Linares Zapata
Guadalupe Loaeza
Lorenzo Meyer
Roberto Morales
Carlos Monsiváis
Jorge Eduardo Navarrete
Carlos Payán
Carlos Pellicer
José María Pérez Gay
Sergio Pitol
Elena Poniatowska
Ida Rodríguez Prampolini
Enrique Semo
Víctor Manuel Toledo
Héctor Vasconcelos
Javier Wimer





¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Represion en Puebla

Más de 400 elementos en acción y más de 600 de reserva de la PFP, cercaron e invadieron el mercado conocido como "predio" (frente al mercado Hidalgo), en la ciudad de Puebla, en contra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, organización fundadora e impulsora del Frente Poblano Contra la Represión y la Impunidad.

El operativo duró entre las 22:00 horas de ayer, y las 5:00 del día de hoy, teniendo un saldo de por lo menos 10 compañeros detenidos y brutalmente golpeados, además del decomiso de toneladas de mercancías, y el aseguramiento de varios locales.

Desde el FNCR reprobamos contundentemente estos hechos de represión, y esperaremos la valoración de la UPVA 28 de Octubre, para realizar las acciones de solidaridad necesarias en pro de la justicia.

Frente Nacional Contra la Represión


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista al Prof. Luis Muñoz, Coordinador General de la CETEG.

El sistema educacional mexicano ha lanzado la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), un nuevo modelo educativo de corte neoliberal.

En el Estado de Guerrero la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) instaló, a principios de septiembre de 2008, un plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado a fin de obtener un acercamiento con el Gobernador y plantearle su propuesta educativa frente a la mencionada ACE.

En este contexto, el Coordinador General de la CETEG, Prof. Luis Muñoz, nos otorgó una entrevista en la cual nos plantea la problemática educacional actual y nos comenta acerca de su propuesta educativa.

Agradecemos a Espacio Comunicativo y de Expresión Cultural A.C. (EspaCEC) todo el apoyo solidario, no solo técnico.





¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

CETEG: Nuevo Modelo Educativo

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en su lucha por una mejor educacion en la entidad, ha diseñado el Proyecto de Educación Alternativo para Guerrero (PEAG), el cual, en entrevista realizada el 16 de Septiembre de 2008, en el marco del plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, nos fue expuesto por el Prof. Juan Carlos Navarrete de la Comisión de Educación y Cultura .

Se agradece el apoyo tecnico prestado por Espacio Comunicativo y de Expresion Cultural, A.C. (EspaCEC).















¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Admite Sagarpa primer caso de daño por maíz transgénico en Chihuahua.

■ Carece el gobierno de medidas de bioseguridad, alerta Greenpeace

De la redacción (La Jornada)

Casi 12 meses después de que Greenpeace denunció que cultivos de maíz en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, estaban contaminados por organismos genéticamente modificados, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), reconoció los señalamientos de la organización ecologista.

Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, afirmó que de esta forma se puso en evidencia que el gobierno federal carece de medidas de bioseguridad y que actúa lentamente para impedir que aumen- te el riesgo de contaminación para el campo mexicano y la producción nacional del grano más importante en nuestro país.

Exigió la moratoria total a la liberación de maíz transgénico al ambiente en México, en tanto no se esclarezca la fuente de contaminación de las semi- llas nativas en el estado de Chihuahua, así como la empresa responsable de esa variedad de maíz transgénico y se determine la extensión de la posible contaminación de variedades nativas y convencionales de maíz en otros estados.

También demandó que se repare el daño causado a los productores por la contaminación de sus cultivos y se establezcan medidas de seguridad en las vías de comercialización de las semillas en el territorio nacional.

Recordó que el 25 de diciembre de 2007, Greenpeace exigió a las autoridades de Chihuahua y a las federales imponer un sistema de inspección y vigilancia en la frontera norte para evitar el tráfico ilegal de semillas transgénicas, en especial de maíz, así como un sistema de monitoreo en todo el territorio nacional.

“Tardar diez meses en reconocer que hay contaminación en Chihuahua, pone en evidencia que la Sagarpa no tiene una estrategia de protección de nuestras variedades de maíz nativo y nos habla de un riesgo real y no ficticio que afectará a los productores del grano en Chihuahua y en otras entidades del país, que subsisten de su siembra y cosecha”, abundó en un comunicado.

Chihuahua es el primer caso que reconocen las autoridades agropecuarias, pero en 2001 se presentaron evidencias de contaminación de variedades nativas de maíz por granos transgénicos en Oaxaca; en 2005, en Veracruz, en 2006, en Michoacán y Sinaloa; y el año pasado en Tamaulipas y en las delegaciones de Milpa Alta y Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.

“Ante este alarmante caso de contaminación, el gobierno federal no puede seguir eludiendo su responsabilidad de salvaguardar la soberanía alimentaria de nuestro país. Es preciso prohibir la liberación del maíz transgénico al medio ambiente. De no hacerlo, se sentará un pésimo precedente al respaldar los intereses de las grandes empresas semilleras como Monsanto, que se caracteriza por su estrategia de contaminar para lograr que se aprueben sus variedades transgénicas y cobrar regalías a cuanto agricultor tenga productos genéticamente modificados en sus campos”, asentó.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Hubo amenazas en Michoacán, desde el primero de septiembre.

■ Instancias estatales lo informaron a Cisen, Sedena, PGR y PFP

■ Fueron recibidas al menos cuatro en los servicios locales 080 y 066

La Jornada Michoacán,

Morelia, Mich., 21 de septiembre. Al menos desde el primero de septiembre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron enterados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán que se recibieron amenazas de atentados con granadas de fragmentación para sabotear “la noche del Grito o el desfile cívico militar” en tres ciudades michoacanas.

De acuerdo con la relación de denuncias y/o amenazas recibidas por los servicios telefónicos públicos 089 y 066 del Centro de Comunicación, Control y Comando (C-4) del gobierno estatal, se recibieron al menos cuatro llamadas que alertaron sobre un probable ataque con granadas en varios municipios, durante la celebración del Grito o el día del desfile. Incluso, el día de los atentados y el martes 16, se recibieron otras dos llamadas que advirtieron sobre nuevos ataques.

En uno de los telefonemas, recibido el 8 de septiembre y que fue reportado inmediatamente a Cisen, Sedena, PGR y PFP, se informó que “un denunciante alertó sobre un ataque que sería realizado por integrantes de la asociación delictiva La Familia, que van a estar ubicados en varios puntos del desfile; se van a lanzar granadas contra el Ejército”.

Tímida presencia federal la noche del Grito

Seguridad Pública y la procuraduría estatales fueron las únicas dependencias que desplegaron efectivos el 15, pese a que en días previos ambos organismos informaron a instancias federales que se recibieron llamadas con advertencias. Las fuerzas federales mantuvieron una tímida presencia en los sitios atacados. El Ejército efectuó patrullajes desde el sábado previo al 15 de septiembre, y una decena de efectivos de la PFP se encontraban desde las 16 horas en la plaza Melchor Ocampo.

La SSP envió desde días antes los protocolos de seguridad a Sedena, PGR y Cisen para el operativo de esa fecha, y el propio director de la Policía Estatal, Mario Bautista, sostuvo dos reuniones con personal de la 21 Zona Militar y de la Secretaría de Gobernación para coordinar la logística del 15 y 16 de septiembre.

El primero de septiembre, a través del número 089 del C4 de Morelia, se recibió una llamada a las 14:10, donde se advirtió sobre un atentado para el 16 de septiembre: “Van a sabotear el desfile y atentarán contra los militares; se van a aventar granadas”. De inmediato, la SSP dio parte a la 21 Zona Militar, PGR, PFP, SSP federal, procuraduría del estado, Cisen, y a las secretarías de Gobierno estatal y de Gobernación, así como a Protección Civil estatal y municipal.

La segunda llamada está fechada el 8 de septiembre a las 18 horas, también a través del 089: “Según el denunciante, el ataque será realizado por integrantes de La Familia, que van a estar ubicados en varios puntos del desfile; van a lanzar granadas contra el Ejército”. De igual manera, se dio parte a todas las autoridades.

La tercera advertencia se recibió a las 11:37 del 12 de septiembre, en el 066 del C-4 de Lázaro Cárdenas: “El lunes 15 estén atentos, porque va haber un desastre el día del Grito”. De este reporte tuvieron conocimiento la secretaria de Seguridad estatal, Citlali Fernández; el secretario de Gobierno, Fidel Calderón; el procurador Miguel García Hurtado; el alcalde de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega; el general de brigada Jesús Alonso, de la 10 Zona Naval; la agente del Ministerio Público federal, Marisela Godoy; el Cisen, y el 82 Batallón de Infantería.

Otra advertencia la recibió el alcalde de Huetamo, Roberto García, el 12 de septiembre, sobre violencia en el Grito y/o el desfile, y también las reportó a autoridades federales y estatales.

La última amenaza se recibió el mismo 15 de septiembre a las 12:26 a través del 066 de Uruapan, donde se anunció que en Tancítaro habría atentados la noche del Grito o el 16, y de la misma manera se enviaron los reportes correspondientes.

El 15 de septiembre, la SSP estatal desplegó en el primer cuadro de Morelia un total de 347 elementos, y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán envió al menos 150 efectivos, varios apostados en la parte alta del Palacio de Gobierno, y en las inmediaciones de la catedral.

Ese día, desde las 11 de la mañana fueron asignados 68 policías vestidos de civil, 104 preventivos uniformados, 33 del Grupo de Operaciones Especiales de civil y 119 uniformados, así como 15 policías preventivos del grupo Alfil, cuatro inspectores y cuatro peritos, un total de 367 elementos, 180 más de los que utilizaron en los festejos de 2007, cuando fueron requeridos 187. Por eso puede observarse en las imágenes a personas vestidas de civil atendiendo a los heridos, cuando todos eran policías.

Asimismo, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos desplegaron el 15 de septiembre varias unidades con personal y equipo. Además, la unidad de Comando y Control C-4 tuvo un centro operando al interior del Palacio de Gobierno.

En tanto, a seis días de las explosiones permanecen hospitalizadas 25 de las 132 personas lesionadas, dos aún se encuentran en estado de gravedad.

Finalmente, de acuerdo con el C-4, la noche del pasado sábado 20 de septiembre aparecieron cinco mantas en Morelia y dos en Zamora, en las que integrantes de La Familia reiteraron que Los Zetas fueron los responsables de los atentados y “pagarán por los crímenes ocurridos”.

(Con información de Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal)



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Falta de recursos, obstáculo para que emisoras de radio públicas pasen a FM

■ Urgen modificaciones que permitan obtener dinero propio: dirigente de estaciones del Estado

Alonso Urrutia (La Jornada)

El acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para favorecer el tránsito de emisoras de AM a FM, al menos permitirá a las estaciones permisionadas que dependen de los gobiernos estatales o de las universidades públicas, analizar la posibilidad de lograr esta modificación tecnológica.

Sin embargo, advirtió la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Públicas y Culturales, Elia Sánchez, el problema fundamental de los medios públicos es contar con los recursos para concretar esta conversión.

Entrevistada sobre los alcances del acuerdo, Sánchez destacó que a diferencia de la iniciativa de reformas que un grupo de senadores priístas preparaba para lograr la conversión sólo de emisoras concesionadas, el acuerdo incorpora la posibilidad de que las estaciones permisionadas se beneficien de dicho convenio. En ese sentido, destacó, es un esquema que parece más equitativo, pero el problema para estas estaciones será negociar con las instancias de las que dependen, la canalización de recursos.

A diferencia de los concesionarios de radio, donde la inversión en equipo es posible recuperarla a corto plazo con la comercialización de sus nuevos espacios, las condiciones legales con las que operan los permisionarios les impiden allegarse de recursos provenientes de la venta de publicidad.

“En nuestro caso –dijo–, la inversión que se realice para la adquisición del equipo simplemente se queda en eso, una inyección de recursos no recuperable, por la imposibilidad que tienen los permisionarios de vender espacios publicitarios.

“Lo que sería conveniente es que a estas alturas los legisladores se dieran cuenta de que las estaciones permisionarias deberían tener la posibilidad de vender espacios y hacerse llegar recursos más allá de los que les son canalizados del erario”, añadió.

Los grandes beneficiarios

Sánchez reconoció que por estas condicionantes, los más beneficiados con el citado acuerdo pueden ser los concesionarios, que, precisó, cumplen así una añeja petición de que se les confiera la posibilidad de acceder a FM.

En este contexto, la presidenta de la red señaló que lo deseable hubiera sido que el acuerdo se expidiera en el contexto de una reforma legal integral que modificara las condiciones en que operan los medios públicos y que les permitiera operar con la posibilidad de obtener recursos propios. Es preciso que los legisladores se den cuenta de que las emisoras públicas requieren otro marco legal que les permita tener otras fuentes de financiamiento además del erario.

Sin embargo, al referirse al contexto en que surge el acuerdo de la SCT, Sánchez indicó que se da en un periodo favorable para las estaciones concesionadas, pues les permitirá negociar la asignación de recursos para realizar las inversiones requeridas en 2009. Es un periodo en el cual cada una de las estaciones puede negociar, ya sea con el gobierno estatal o la universidad pública de la que dependen, la asignación de una partida para poder aprovechar la posibilidad de acceder a FM.

A pregunta expresa sobre las implicaciones que el acuerdo tendrá en la definición del estándar de digitalización que deberá adoptar el país –ya que apunta a que México adoptará el modelo estadunidense–, Elia Sánchez comentó que ese es un punto que aún falta por discutir. Sin embargo, recordó que en algunas estaciones fronterizas se les ha emitido la recomendación de incorporarse al sistema IBOC, que se utiliza en el país del norte, para evitar interferencias.

No ocultó su sorpresa por el hecho de que el acuerdo se haya publicado el pasado 15 de septiembre, justo a la mitad de un puente vacacional. Más allá de las formas como se emitió, desde la perspectiva de las permisionadas, el acuerdo es mucho más equitativo que la iniciativa priísta en el Senado, porque al menos toma en cuenta la posibilidad de que los permisionarios sean parte de él.

–¿Habrá recursos para esta conversión?

–No puedo aventurarme a decir qué tenemos. Nadie lo puede decir, porque se está a expensas de otras instancias.


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Combaten en Jalisco tráfico... de tortillas.

Prohíbe el municipio de Tala producción artesanal y compraventa

Mauricio Ferrer (La Jornada Jalisco)

Mujeres que hacen a mano tortillas de maíz en el municipio de Tala, Jalisco, tienen que vender su producto en forma clandestina, debido a un reglamento que prohíbe esta actividad

Guadalajara, Jal., 21 de septiembre. San Isidro Mazatepec, comunidad de 4 mil habitantes ubicada en el municipio de Tala, Jalisco, es el único lugar del mundo donde elaborar, comprar o vender tortillas hechas a mano es un delito. Así, la policía aplica operativos para combatir lo que podría denominarse tortimenudeo.

Los perseguidos relataron que la madrugada del 23 de abril policías e inspectores municipales realizaron una operación en San Isidro. El comando era encabezado por María del Pilar López Jáuregui, quien, identificación en mano, preguntó a Betzabé Figueroa Acosta, dueña del lugar: “¿Dónde están las tortillas?”

–¡Investígalo tú! ¡Yo estoy dada de alta en Hacienda! –respondió Figueroa Acosta.

Un grupo de colonos formó una valla para proteger a sus vecinos. La abogada Guadalupe Valle habló con los agentes, que huyeron en cuanto vieron a algunas personas acercarse con cámaras fotográficas. Aún así, el ayuntamiento clausuró el local y apenas el 22 de agosto realizó otro operativo.

El 25 de julio de 2007 el gobierno municipal que encabeza el perredista Cipriano Aguayo Durán aprobó el reglamento para el funcionamiento de tortillerías y molinos de nixtamal en el municipio de Tala, Jalisco, elaborado por iniciativa de 52 propietarios de tortillerías ante la “competencia desleal” de los habitantes de San Isidro. La regidora perredista Martha Lomelí, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del ayuntamiento, llevó la propuesta ante el cabildo.

El artículo 4 del reglamento prohíbe “la elaboración y venta de tortillas de maíz en cualquier lugar que no sea el utilizado por licencia municipal como tortillería y/o molino de nixtamal”. El 31 declara ilícita “la venta de tortilla caliente en tiendas de abarrotes, mercados, supermercados o en cualquier otro domicilio público o particular que no cuente con la licencia respectiva, así como la venta de tortilla caliente en forma ambulante”. Ambas disposiciones prevén multas, decomiso de producto y clausura de establecimientos.

El reglamento se basa en la norma oficial mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002 sobre elaboración de masa, tortilla, tostadas y harinas preparadas. “No se puede vender tortillas a mano porque incumplen la norma”, aseguró en abril Aguayo Durán.

–¿Puede detallar la norma? –se le pidió.

–¡Ah, caray! Es un legajo como de unas 100 hojas.

–Un punto.

–Tiene que ser fabricada con conservadores para que la tortilla aguante, y ellos (los tortilleros informales) no lo cumplen: al día siguiente ya no sirve la tortilla.

“La norma no hace diferencia entre tortillas”, afirmó a su vez Elsa Ortega Pérez, verificadora de servicios de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ).

–¿Corresponde a los ayuntamientos inspeccionar que se cumpla la NOM?

–No. Antes tendría que haber un convenio con la SSJ –explicó Pérez.

Mientras, las autoridades de Tala hostigan a quien vende tortillas hechas a mano, que llegan desde San Isidro Mazatepec “dentro de cajas de huevo o en bolsas negras”, dijo Brenda Figueroa.

A veces la policía detecta el trasiego. Fátima Cortés Bautista, de 10 años, fue capturada hace cinco meses cuando entregaba un pedido en una tienda de abarrotes. La presunta tortimenudista dejaba el paquete a un lado de la tienda y después volvía para cobrar. Esa vez no tuvo suerte. La descubrieron y le decomisaron la mercancía.

La tortillería clandestina de la madre de Fátima cerró en abril. Su marido debió irse a Los Ángeles, a trabajar de mesero.

La lucha por la plaza

Cipriano Aguayo ganó la alcaldía de Tala en 2006. Hoy da a escoger a los tortilleros artesanales: “Haz la tortilla con gas o salte de la ciudad”.

–¿Por qué?

–Los tortilleros empiezan a trabajar a las cuatro de la madrugada, y en tiempo de frío el humo se queda abajo.

–¿Cuántos vecinos se han quejado?

–Huy... muchos.

–¿No es un asunto de la Secretaría de Salud?

–A lo mejor.

–¿Ha comprado tortillas de San Isidro?

–No.

–¿Las ha probado?

–No. Bueno, me regalaron unas, pero se me olvidaron en la camioneta y las tuve que tirar y mandé lavar la camioneta.

Diez vecinos de tortillerías artesanales se quejaron del humo. Otros 160 enviaron al ayuntamiento un documento para manifestar su “más enérgico rechazo y total indignación ante la política seguida por el presidente municipal” contra las tortilleras.

Las reinas de la masa

“Somos madres solteras, divorciadas o viudas, o tenemos que mantener a nuestros maridos”, afirmó María Elena Vega. A sus 55 años, es una de las 18 mujeres que, a cambio de 800 pesos semanales, trabajan en la tortillería de Benjamín Castro, que tiene 20 años en el negocio. A las 10 de la noche la leña se prende y calienta tres comales. En cada uno trabajan seis mujeres hasta las cuatro de la madrugada.

A las siete, entre 800 y 900 paquetes de medio kilo cada uno son llevados a Guadalajara y Zapopan y se venden a 12 pesos el kilogramo. En San Isidro Mazatepec las tortillas han sido una fuente de trabajo desde hace un siglo.

En 1910, la familia de Elena Acosta fue pionera en la elaboración de tortillas. Ella asegura que el procedimiento no ha cambiado desde la época revolucionaria: el maíz se mete en una cazuela, se le pone agua y cal, se magulla para ver si está nixtamalizado, se deja enfriar, se lleva al molino, se amasa, y queda listo para empezar a hacer tortillas. La diferencia es que hoy la venta del producto es clandestina.

La tortilla apareció unos 500 años antes de nuestra era en la cultura olmeca. Hoy México produce unos 22 millones de toneladas de tortilla al año, según la Secretaría de Agricultura Ganadería, Dersarrollo Rural, pesca y Alimentación (Sagarpa).

“Si dejamos de consumir tortilla, que es el plato, el tenedor, la cuchara y la servilleta para comer, estaríamos negándonos”, afirmó Christian Desentis, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Pero las autoridades de Tala no lo entienden así. El 11 de abril la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco emitió el oficio CGCE/28/08, en el que pidió al alcalde que “se apoye a esta organización de productores para que no dejen de laborar y comercializar, pues es la única fuente de ingreso familiar que poseen”.

Desde entonces, los tortilleros de Tala han recurrido a varias instancias: poseen documentos expedidos por la SSJ para la elaboración de productos alimenticios; están inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes; tienen licencias de administraciones pasadas... Sólo les falta el aval del alcalde.



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Alistan disidentes sindicato petrolero alterno

■ A principios de octubre se espera que acudan a la STPS; el nombre está por definirse

Patricia Muñoz Ríos (La Jornada)

Trabajadores petroleros opositores a la dirigencia de Carlos Romero Deschamps constituirán un sindicato petrolero alterno. Tienen casi lista la documentación oficial requerida para presentar a finales de septiembre o principios de octubre la solicitud formal de esta organización ante la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Según adelantaron a La Jornada, están por terminar los estatutos de la organización, los cuales serán presentados ante las autoridades laborales.

Sobre el nombre de la organización explicaron que tienen hasta el momento tres propuestas, sin embargo, esto se discutirá con las autoridades laborales, a fin de determinar la nominación legal del nuevo sindicato.

El proyecto inició desde el pasado 11 de mayo, cuando en una asamblea de trabajadores en Veracuz, afiliados activos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STRM) acordaron iniciar un nuevo sindicato, en respuesta a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que ahora las disputas por titularidad de los gremios se podrá llevar a cabo mediante elecciones con “voto secreto” y no a mano alzada.

Según indicaron integrantes de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, organización que impulsa este proyecto, en esa asamblea asistieron delegados de todas las secciones petroleras del país y ahí acordaron tomar las riendas para instaurar una organización paralela a la que encabeza Romero Deschamps.

Esto es porque “está claro que hay tanto blindaje y apoyo gubernamental para Romero Deschamps que aun cuando ha llevado al sindicato a su peor época de corrupción, antidemocracia y represión de trabajadores, esta administración lo seguirá apoyando, por lo que los trabajadores ya no están dispuestos a tolerar más esta situación y se creará el sindicato alterno”, explicaron miembros de la coalición.

Agregaron que la solicitud de registro la prepara el abogado Carlos De Buen, y que tienen el respaldo de 36 delegados de todas las secciones sindicales del gremio. Incluso cuentan con el borrador de los estatutos y consideran que en las próximas semanas se estará presentando la solicitud ante la oficina del Registro de Asociaciones.

Además del respaldo de los delegados, dicha solicitud se presentará con la firma de 500 petroleros activos, aun cuando el requisito legal es que se sólo se tiene que llevar la firma de 20 trabajadores, se quiere presentar de esta forma para demostrar que realmente hay apoyo para esta organización. Se determinó que los 500 trabajadores fueran de todo el país y que no correspondieran sólo a una sección sindical, explicaron.



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Auguran conflictos sociales en el noreste por los recursos naturales.

El desmedido crecimiento turístico provoca deficiencia de servicios

■ En una región donde llueve una semana al año se construyen complejos con campos de golf

Angélica Enciso L. (La Jornada)

El Cemda asegura que los desarrollos turísticos han destruido manglares en Baja California Sur

El Baja California Sur, donde hay una situación de estrés hídrico y llueve una semana al año, el auge de planes turísticos sobre todo en La Paz y Los Cabos ha provocado incremento poblacional, mayor demanda de agua y que los recursos naturales estén en riesgo: el modelo de turismo que se presenta en todo el noroeste mexicano no cumple con los criterios de desarrollo sustentable de la Organización Mundial de Turismo.

De acuerdo con expertos, en Baja California Sur pese a ser la entidad menos poblada del país, ha dado un alto crecimiento turístico, aumenta el número de estadunidenses que llegan a residir en forma definitiva y hay deficiencia de servicios. También se da una gran polarización entre los sectores de altos ingresos y los residentes locales, explica María Luisa Cabral, investigadora de la Universidad de Baja California Sur.

La especialista indica que en 2003, Los Cabos fue visitada por un millón 300 mil personas, mientras que un año antes fueron un millón 100 mil personas, contra una población local de alrededor de 164 mil residentes. En todo el estado se estima en alrededor de 502 mil los pobladores; en La Paz se encuentra la mayoría, cerca de 230 mil personas.

Tan sólo entre Los Cabos y Puerto Peñasco, Sonora, se presenta el crecimiento poblacional más alto del país con 9 por ciento al año, señala en un estudio la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (Alcosta). La alta tasa de migración y la competencia por los recursos naturales entre distintos sectores sociales son el augurio de graves conflictos en las comunidades costeras del Golfo de California, advierte.

Desarrollo turístico

En un estudio que realizó en 26 localidades de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, la organización detectó que en siete de ellas hay “un potencial alto de conflicto social”, debido a los problemas entre el desarrollo turístico y pesquero. Advierte que el acceso, la disponibilidad y el uso de agua dulce es por lo que se presentan los roces más fuertes en la región, que es predominantemente desértica. Refiere que 54 por ciento de las comunidades tienen abasto insuficiente de agua potable y 94 por ciento carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales.

El estudio señala que el modelo de desarrollo turístico costero en el noroeste mexicano no cumple los criterios de sustentabilidad de la Organización Mundial de Turismo, de los que México es signatario, ya que esta “aislado de la realidad local sin plantear mecanismos claros de beneficio a la población”.

El Golfo de California es una región rica en biodiversidad: es conocida como el acuario del mundo. Ahí reside, entre otras especies, la vaquita marina que es endémica de México y está en riesgo de extinción. También se localizan áreas naturales protegidas como el parque nacional Bahía de Loreto, las islas del Golfo de California y el parque nacional Cabo Pulmo.

La inversión turística prevista en Baja California Sur es millonaria. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en 11 proyectos turísticos en puerta se invertirán 13 mil 800 millones de dólares. Se trata de Loreto Paraíso, en 2 mil 700 hectáreas y con 7 mil cuartos de hotel; en La Paz están planeados Costa Baja, que en mil hectáreas tendrá 700 casas, hotel, marina y campo de golf; Azul Cortés, también con campo de golf, y Paraíso del Mar con mil cuartos de hotel, villas y campo de golf. Otros planes en la región son Cabo Cortés, Cabo Pacífica, La Ribera, Puerto Los Cabos, Vista Serena, Chileno Bay y Hacienda.

Los complejos deben establecer plantas desaladoras –las cuales carecen de regulación y generan desechos tóxicos como la salmuera que termina en el mar– y de tratamiento de aguas residuales. En una zona donde hay tan poca agua, cada desarrollo construye su campo de golf, el cual utiliza al año el líquido equivalente al consumo de 12 mil habitantes en el mismo periodo. En todo el noroeste hay 21 campos de golf y actualmente se tiene considerado construir 24 campos más.

La migración, otro problema

“El crecimiento de los desarrollos turísticos trae como consecuencia muchos problemas sociales, migración y asentamiento de migrantes en colonias marginales que aparecen con una rapidez impresionante y que alcanzan a tener en un periodo de tres meses hasta 3 mil habitantes en casas improvisadas, sin ningún tipo de servicios y que de inmediato empiezan a solicitar agua, luz, escuelas”, indica María Luisa Cabral, en el texto La migración estadunidense en Baja California Sur.

Refiere que en 2000, el municipio de Los Cabos tenía una población de 105 mil personas con una tasa promedio de crecimiento anual de 9.2 por ciento, mientras que en ese periodo La Paz creció en 2.1 por ciento, pero en 2005 el número de habitantes era ya de 164 mil. La situación social es tan contrastante que en Los Cabos están algunos de los hoteles más lujosos del mundo y las colonias más pobres, sin servicios básicos.

Precisa que gran parte del crecimiento poblacional se debe a la presencia de estadunidenses, que residen ahí de manera temporal o permanente, así como por la migración intraestatal y la proveniente de otras entidades que llegan “al sur de la península atraídos por el crecimiento económico propiciado por los desarrollos turísticos”.

En La Paz, Paraíso del Mar es el desarrollo más controvertido por ubicarse en una barra arenosa, el Mogote, frente al malecón de la ciudad. En esa área se encuentran desde delfines hasta el tiburón ballena, especie que no fue considerada en la manifestación de impacto ambiental, indica Pablo Uribe, del Cemda.

Además los desarrolladores compraron al gobierno estatal el metro cuadrado en 10 pesos para construir casas que venden en alrededor de 400 mil dólares.

Los edificios son ahora la vista que tienen los paceños cuando buscan ver el mar infinito. Las obras llevan un avance del 70 por ciento y se construyen mil 50 cuartos de hotel y un campo de golf, además de que se comercializan mil lotes. La inversión de la empresa Desarrollos Punta La Paz es de 733 mil dólares.

El Cemda y otras organizaciones han presentado acciones legales en contra del proyecto debido a que violó la legislación ambiental al haber destruido una hectárea de manglar en el Mogote, el cual es hábitat de 14 aves migratorias, aseguró Uribe. La autorización de impacto ambiental del proyecto contravino la norma técnica 022 de manglares, ya que el plan fue autorizado un mes antes de que en 2003 esa regulación fuera modificada. La norma original prohibía la destrucción del manglar.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Ulises Ruiz socava movimiento magisterial.

En Oaxaca buscan aislar a los maestros llamados radicales, dice fundador de UTE

Alberto López Corresponsal

El Universal

Lunes 22 de septiembre de 2008

JUCHITÁN, Oax.— La alianza de facto que sostiene el gobierno de Ulises Ruiz con líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “busca aislar a los considerados radicales del movimiento magisterial y popular”, denunció el fundador de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Rogelio Vargas Garfias.

Sin embargo, añadió, “para fortuna del movimiento democrático del magisterio, la mayoría de los delegados y prospectos a ocupar un cargo en el nuevo Comité Ejecutivo de la sección 22 del SNTE son compañeros comprometidos con la lucha, además están de todos los sabores y colores, lo que refleja la pluralidad”.

Esa alianza entre el gobierno estatal con los líderes de la sección 22 “también pretende debilitar a la sección 59 del SNTE”, consideró el líder de la corriente Primero de Mayo, Miguel Silva Selva.

Mientras se aproxima la celebración del 20 congreso para el relevo en el magisterio oaxaqueño, el 25 y 26 de septiembre, más se aleja aquel estribillo que se escuchaba en las grandes concentraciones populares de Oaxaca: “¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!”.

Después del largo conflicto de 2006, que registró más de mil barricadas, veintitantos muertos, cientos de detenidos y la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP), curiosamente un año después, 173 maestros fueron electos presidentes municipales y 565 regidores en un total de 570 municipios con que cuenta Oaxaca.

“Las alcaldías no fueron producto de ninguna concesión gubernamental, sino resultado de nuestro trabajo político”, señaló el asesor del alcalde de Tehuantepec, Alberto Toledo Ruiz, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la región del Istmo.

El alcalde de Tehuantepec, Diego Santos, quien ganó con el registro del Partido Convergencia, se desempeñaba como auxiliar de la Secretaría de Conflictos del nivel de escuelas primarias de la sección 22 antes de ganar la elección.

“Con el gobierno de Ulises Ruiz no hay sometimiento, sino una relación institucional y de respeto y vamos a invitarlo para que realice una gira de trabajo por Tehuantepec”, dijo el asesor del alcalde.

Sin embargo, para el dirigente de la UTE, otros maestros que fueron electos alcaldes “sólo recibieron el pago por sus traiciones, como el edil de Xoxocotlán, Argeo Aquino, quien deambuló por el PRI, PRD, PT, PAN y ahora está de regreso en el PRI”.

A lo largo de 28 años de movilizaciones, el magisterio de Oaxaca ha recibido jugosas ganancias de los gobiernos estatales. Una de las más importantes fue en la administración de Heladio Ramírez López, en 1992, cuando tomaron el control de los cargos administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que los convirtió en patrón y empleados a la vez.

Una segunda concesión la recibieron en 2005, con Ulises Ruiz, quien destituyó al director del IEEPO, Froylán Cruz Toledo, a quien acusaron de haber filtrado documentos que probaban la corrupción del ex secretario general de la sección 22, Enrique Rueda. Antes, con José Murat, recibieron hoteles y un nuevo edificio sindical que aún no ocupan.

Sin embargo, para la maestra Gloria Zafra, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), al margen de que si hay o no una alianza de facto entre el gobierno de Oaxaca y los líderes magisteriales, el tema educativo está en el abandono.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


Por enésima ocasión insistimos en que la violencia incontenible que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica que por sexenios se ha venido impulsando de manera dogmática, cuya aplicación a pesar de los criminales costos contra la población es exigencia de los poderes transnacionales, aplicada de manera solícita por los gobiernos priistas y panistas. Violencia que también refleja el alto grado de descomposición que vive la sociedad, entre ella está la de las instituciones que están podridas por la corrupción e impunidad que se alimenta por la falta de legitimidad del gobierno calderonista.

Los responsables de la violencia desbordada han sido siempre los gobernantes en turno y los políticos que con sus actos convalidan las políticas que ahondan la iniquidad social, haciendo cada vez más ancha la brecha entre los que amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable. Los priistas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social.

La creciente ola de asesinatos en el país presentados como "ajustes" de cuentas entre presuntos delincuentes y el acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán contra la población inequívocamente son responsabilidad de quien ilegítimamente se asume como presidente, desde el momento que da continuidad con mayor autoritarismo a la política de sacar a las calles al ejército y a sus policías con poderes extrajudiciales a semejanza de una dictadura dirigida por un civil, generalizando la militarización del país so pretexto de combatir a la delincuencia organizada. "Su guerra" ha ensangrentado al país y los costos los tenemos a la vista con los miles de muertos, la anulación de facto de los derechos constitucionales y la permanente violación de los derechos humanos, ¿A esto se le puede llamar democracia?

Lo de Morelia sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes. Una respuesta a la marcha de protesta del 29 de agosto que realizaron diferentes organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos y ciudadanos contra la militarización, la represión y la impunidad gubernamental. También es, una represalia y provocación al gobierno del maestro Godoy, por solidarizarse junto con intelectuales, personalidades y organizaciones sociales y políticas, Ong•s defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, en la exigencia al gobierno federal de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes.

Previo a la masacre del 15 de septiembre, en Morelia, el gobierno federal fue creando un escenario artificial para justificar la militarización para que el Sr. Calderón siga jugando a la guerra, mediante sospechosos hechos donde aparecieron vehículos abandonados con armas, tiros y uniformes de corporaciones policíacas en diferentes puntos de la ciudad y en lugares cercanos al domicilio de Francisco Paredes Ruiz y de una organización de derechos humanos que está siendo hostigada; también lo fue el "descubrimiento" de casas abandonadas en donde se encontraban "arsenales" y nuevamente uniformes de corporaciones policíacas limpios, bien doblados y planchados. Los asesinatos se incrementaron y en ese "río revuelto" se desapareció a luchadores sociales y se ejerció represión contra quienes exigen justicia social.

Los cateos sin orden judicial de un juez realizados por militares presentando una supuesta orden firmada por el comandante de la XXI zona militar se realizaron en toda la ciudad, poniendo énfasis en las colonias populares y en los domicilios de los luchadores sociales bajo el ardid de que el "detector de moléculas" registraba la existencia de armas y drogas. Muchos fueron los desmanes, la violación a los derechos humanos y anulación de los derechos constitucionales fueron el pan de cada día, una pesadilla que vivieron miles de michoacanos por la esquizofrenia presidencial. El saqueo de las pocas pertenencias y objetos de valor fue el botín de guerra de militares y las policías que de mil maneras incriminaban a los ciudadanos que caían en sus operativos "anticrimen" en su famosa fase IV, que no es un invento nuestro, sino una categoría militar del plan gubernamental.

¿Por qué, en las zonas más pobres del país, las policías y el ejército se ensañan contra la población, criminalizando la miseria y la lucha con dignidad por salir de ella? La única explicación es que esto obedece a un plan contrainsurgente que pone énfasis en las zonas más pobres del país, como lo demuestra el estudio de SEDESOL que se llama "Producción, tráfico de estupefacientes y microregiones prioritarias" hecho en 2003 en donde señala regiones de las más miserables de nuestro país, pero las más dignas como son: Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; la Mixteca y Los Chimalapas en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva en Chiapas; La Huasteca y Zongolica en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua y Las Quebradas, entre Sinaloa y Durango.

Queda claro que las policías, el ejército y las instituciones son grandes productoras de delincuentes orgánicos con el Estado, ridículo resulta sostener que los delincuentes han infiltrado a las policías y a las instituciones del Estado, ¡qué hipócritas! El fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país es generado por y para beneficio del Estado y los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía para garantizar sus intereses. Para muestra un botón, por segunda vez es decomisada una fuerte suma millonaria en dólares que significa oxígeno puro para el gobierno federal.

El paramilitarismo es la otra cara de la moneda que empieza a mostrarse, muchos de los asesinatos son realizados por grupos de paramilitares conformados por militares, exmilitares, ex kaibiles, policías, expolicías de toda laya con el propósito de implantar a través de estas acciones sucias el terror en la población y "ablandar" el terreno para la aceptación de un Estado policíaco-militar. Los asesinatos de La Marquesa, estado de México, están en este contexto, el secuestro de ciudadanos de diferentes estados que aparecerán con el tiro de gracia y serán presentados como un "ajuste de cuentas".

La realidad ha demostrado que todo individuo entrenado en cualquier país como antiterrorista, se pasa a las filas de la delincuencia y utiliza todos los conocimientos que asimila para delinquir y usar una guerra psicológica contra el pueblo para intentar aterrorizarlo y generar una paranoia colectiva. México no es la excepción.

Los medios de comunicación afines al régimen, a través de comentaristas y analistas, han jugado un papel activo en la justificación de las medidas fascistas, manipulando mezquinamente los sentimientos de una parte de la población a la vez que van armando expedientes incriminatorios contra luchadores sociales que serán usados como expediente judicial para condenarlos a prisión por décadas. Tendencia criminalizadora que hoy lanzan contra AMLO y quienes nos oponemos a la privatización de PEMEX.

La esquizofrenia gubernamental se hace presente una vez más cuando se llama a la "unidad de todos los mexicanos sin excepción" tratando de ocultar una verdad conocida por todos los mexicanos: el país está dividido desde hace mucho entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos, aunque a unos y a otros hoy se les nombre con postmodernismos que aterciopelan la división de la sociedad en clases sociales que engendra la lucha de clases.

El Estado mexicano, las instituciones que lo componen sólo son el instrumento de la oligarquía para oprimir y garantizar la explotación a favor de un puñado de familias oligarcas que se apropian de la riqueza social del país.

No puede haber unidad entre la burguesía y los millones de pobres que existen en el país, la única unidad por la que debemos preocuparnos es por la unidad del pueblo trabajador, de los pobres del país contra los responsables de su miseria y la represión que se ejerce contra los pobres y los luchadores sociales. Hablar de unidad en defensa del gobierno ilegítimo y sus instituciones es demagogia.

El beneficiario, por el momento, de esta crisis que vive el país es el PRI aliado con el yunque y representantes del PAN ultrarradicales, para atacar a la población civil, intentar meterle miedo en contra de la privatización de PEMEX para que no sigan llenando el zócalo de manera conciente y voluntaria.

El PRI, que a través de sus personeros dice que cuando gobernaba no había tanta violencia. ¿Cómo iba a haber violencia desbordada, si la delincuencia organizada se encontraba en santa comunión con los gobiernos y priístas personificados en la actualidad por Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes Linares, Emilio Chuayffet, los Hank Rhon, Enrique Yakson que por cierto ¿Ya estará en una clínica de desintoxicación?, beneficiarios son también los grandes monopolios capitalistas.

A los priístas les beneficia la violencia incontrolable a cambio de que el PAN les de protección a los gobiernos represivos y antipopulares que desaparecen luchadores sociales o torturan periodistas como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla, ¿Será acaso que la larga mano de un sector de paramilitares que ensayaron y se ensañaron en la represión de hace casi dos años en la ciudad de Oaxaca fueron nuevamente utilizados para realizar este incalificable acto en Morelia?, ¿Será acaso el punto de partida para presionar a gobiernos no panistas ni priístas para que se vean en la necesidad de pedir cobijo a Felipe Calderón y éste mandar "justificadamente" a los militares y sus policías contra la población inerme? Quienes actúan bajo estos parámetros son grupos paramilitares que se mueven de diferentes maneras pero que en los sótanos del periodismo y del gobierno saben quiénes son y quiénes los dirigen.

Es de agradecer a la mayoría de analistas políticos, medios electrónicos y escritos que no dudaron en deslindar inmediatamente a nuestro PDPR-EPR o cualquier fuerza insurgente. Pero, consideramos que hace falta que retomen los motivos por los cuales nos vimos en la necesidad de accionar militarmente en julio y septiembre del año pasado, como autodefensa: la desaparición forzada por un año y cuatro meses ya, de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El gobierno federal debe expresar claramente y sin más dilación su respuesta a los planteamientos y requerimientos de la Comisión de Mediación, porque esa dilación la están utilizando en continuar con el hostigamiento a luchadores sociales que consideran vinculados con nuestro partido dentro de su lógica de Guerra de Baja Intensidad, en nuestra búsqueda, por un lado; por otro lado, continúan poniendo obstáculos a la Comisión de Mediación para que no prospere su papel y sus gestiones que inevitablemente conducirían al esclarecimiento de la desaparición de nuestros compañeros y al término de la impunidad, en este caso.

De nuestra parte seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con nuestro pueblo y la Comisión de Mediación, porque conocemos la dignidad y el decoro.

No tenemos palabras para expresar nuestros sentimientos y pesadumbre que unimos al dolor de las familias de los muertos y los heridos de la brutal agresión y repudiable acto del que fueron objeto el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Reciban nuestras sinceras condolencias.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
República Mexicana, a 22 de septiembre de 2008.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista al Prof. Luis Muñoz, Coordinador General de CETEG

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Opositores a La Parota exponen su caso ante el activista español Pedro Arrojo

Aspecto de la marcha de comuneros contra la presa de La Parota
Foto: David Noh Colli

■ El ganador del premio Goldman 2003 felicita a los comuneros por su defensa del agua


■ La obra que quiere construir el gobierno es pan y dinero para hoy y desastre para mañana, dice

Misael Habana de los Santos (Corresponsal La Jornada)


Acapulco, Gro., 21 de septiembre. Unos 300 opositores a la presa La Parota, reunidos en la cancha de basquetbol de la comunidad Amatillo, recibieron al español Pedro Arrojo Agudo, ganador en 2003 del premio Goldman –otorgado “por la excelencia en la protección del ambiente”– debido a sus aportes en la defensa ecológica, y le informaron sobre las amenazas y represiones que han sufrido del gobierno, por defender sus tierras.

Pedro Arrojo, a su vez, dio a conocer que en una reunión a celebrarse en Brasil dentro de unos meses, se presentará la carta ética para la gestión del agua, avalada por personalidades como Danielle Mitterrand, el obispo Samuel Ruiz y Nelson Mandela, que convoca a la movilización ciudadana en defensa del agua.

Ante la comisaría de Amatillo, representantes del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop) narraron a Arrojo Agudo que el comunero de Los Huajes Julián Blanco recibió amenazas de muerte contra él y su familia, después de que impidieron a la candidata del PRD a la alcaldía de Acapulco –que se disputará en las elecciones del próximo 5 de octubre–, Gloria Sierra, realizar un acto en la comunidad Dos Arroyos.

Pedro Arrojo felicitó a los comuneros por su lucha en pro del río Papagayo y por defender el agua, que dijo “es defensa de la vida”. También se solidarizó con quienes han recibido amenazas por oponerse a La Parota, y aseguró que el mundo está pendiente de cuanto sucede en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Entrevistado después del encuentro con el Cecop, Arrojo Aguado –quien preside en España la Fundación para una Nueva Cultura del Agua–, dijo que La Parota “en Europa no se haría, porque hay una visión más avanzada, moderna de lo que es el desarrollo económico. Hemos entendido, como muchos mexicanos y como esta gente de La Parota, que talar un bosque para producir dinero no es racional económicamente, y obviamente no lo es social ni ambientalmente”.

Dijo que una presa como la que la Comisión Federal de Electricidad pretende realizar en los Bienes Comunales de Cacahuatepec “no es un buen negocio para el país, es pan y dinero para hoy y desastre para mañana. En ese sentido, hemos entendido también que destruir un río en nombre del desarrollo económico es un grave error”.

Argumentó que frente a los retos del desarrollo existen nuevas tecnologías, otros enfoques de gestión de aguas “que ya no pasan por la política de hormigón, que se está desarrollando en países poco democráticos o no democráticos, como es China; pero ya no debe ser la política que inspire el desarrollo de países democráticos, en los que el interés realmente del pueblo y de las generaciones futuras sea puesta en un primer plano”.

El especialista de la Universidad de Zaragoza dijo a representantes del Cecop: “ustedes, con estos movimientos, están poniendo el dedo en la llaga, en la necesidad del cambio hacia modelos más avanzados de desarrollo, más justos, más avanzados, más sostenibles. Existen tecnologías que desbordan ya y dejan atrás la vieja tecnología de la gran presa, eso traerá estos movimientos, más allá de defender sus territorios, y defender su dignidad, se va a ir imponiendo en América Latina y en particular en México”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Manifiesto de la Tendencia Democratica Revolucionaria - Ejercito del Pueblo

A la memoria de los mártires revolucionarios de Ciudad Madera, Chihuahua.


MANIFIESTO A LA NACIÓN No. 8


A los pueblos de México.
A los pueblos del mundo.

En los tiempos que corren emerge, bajo mil formas, la barbarie y el horror de la dominación del capital.

A la angustia cotidiana que padecemos millones de familias, por el encarecimiento de la vida y la creciente inseguridad, se suma la confusión y el terror con que los de arriba nos pretenden paralizar.

Esta opresiva realidad tiene una sola explicación: estamos viviendo los resultados de la aplicación del modelo neoliberal, como el negocio más rentable de la globalización capitalista.

La ofensiva neoliberal –cada vez más sofisticada y destructiva- se ha vuelto propósito y no sólo medio de la política imperial. Se ha vuelto riqueza y corrupción sin límite para unos cuantos. Y se ha vuelto miseria, hambre y muerte para todas las etnias, clases y naciones sojuzgadas del mundo.

En México, el puesto de mando de esta violencia estructural y cotidiana lo ocupa el bloque derechista en el poder, el cual ha facilitado servilmente la ocupación imperialista, mediante la alevosa aprobación de reformas y leyes que pretenden legalizar la total privatización de los bienes de la Nación y la inhumana cancelación de nuestros, ya de por sí, mermados derechos y garantías constitucionales.

En efecto, tras dos años en el poder, el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón se ha caracterizado por su actuación servil y entreguista, en beneficio propio y de los grandes capitales, incluido el de los principales cárteles de la droga. Y por su política represiva contra los movimientos de lucha y resistencia popular, expresada en la intensificación de la persecución, el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato político de luchadores sociales.

Cabe destacar que, en este breve periodo, se ha escalado como nunca antes la sangrienta disputa por el control de la producción, el trasiego y la venta de las drogas -y de otros giros negros-, entre cárteles del narcotráfico, como lo han mostrado los miles de levantones y ejecuciones que se han producido en todo el país.

El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), y al interior de los cuerpos policiacos y militares.

Es sabida la venta de protección gubernamental a los cárteles de la droga, y la irrupción financiera de estos en los procesos electorales, incluso presidenciales. Y es sabido el poder de influencia y de acción que por esa vía han adquirido a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos.

Parte de estas mafias han resultando ser antiguos miembros de los escuadrones de la muerte que los gobiernos priistas entrenaron, en la década de los 60 y 70, para combatir a la guerrilla y a los movimientos populares; como lo prueba la identidad del ex miembro de la extinta, y tristemente célebre, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), implicado en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, junto con elementos en activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal (PF) y de otros cuerpos policiacos.

Mafias que, enardecidas por el ansia de poder y de dinero, se vuelven rabiosas contra la ciudadanía; principalmente, contra las familias de los medianos y pequeños empresarios y, en menor medida, contra sus propios amos: las familias millonarias; secuestrando, mutilando y asesinando -sin escrúpulo alguno- a sus víctimas.

De ahí el reproche de la clase empresarial contra sus empleados panistas en el gobierno: ¡Si no pueden, renuncien!, al constatar -con temor, enojo y desencanto- su incapacidad para atajar la ola de inseguridad y de violencia.

El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias, y con dinero del narcotráfico.
A las ejecuciones, narco mantas, enfrentamientos entre bandas del narco, así como entre éstas y las fuerzas federales, se agregan hoy nuevos hechos, propios de la ultraderecha, como el criminal ataque contra la población civil perpetrado la noche del pasado 15 de septiembre, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Hechos que están siendo utilizados por Felipe Calderón para intentar tender una cortina de humo que oculte su política entreguista y su participación en la guerra de las drogas.

Valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias, a fin de inhibir y, en última instancia, de aplastar la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua.

No por nada, el gobierno federal impuso una reforma judicial para seguir encubriendo la arbitrariedad y la prepotencia de los órganos represivos; destinó un mayor presupuesto al ejército, aumentando en un 46-49 % el salario de los soldados (muy distante del asignado a los trabajadores de un 4-5 %); y, ahora, pretende imponer el incremento en un 39% de la partida anual para Orden, Seguridad y Justicia, así como nuevas iniciativas en materia penal y de justicia, para combatir supuestamente el crimen organizado.

Retenes, cateos, patrullajes, registros, allanamientos de casas-habitación y detenciones en distintos estados de la república, así como abusos y violaciones a los derechos humanos de la población en el campo y la ciudad, son algunas expresiones de las injusticias cometidas por los cuerpos represivos que actúan como tropas de asalto de la ocupación imperialista y neoliberal, pretendiendo escarmentar a quien se atreva a defender sus derechos y a enfrentar la impunidad y la injusticia con que actúan los gobernantes neoliberales.

Así lo demostró la sentencia injusta y criminal dictada a Ignacio del Valle, dirigente de San Mateo Atenco, a quien se le condenó a 112 años de cárcel por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno calderonista, a liberar a los cientos de presos políticos existentes en distintas cárceles del país. Así lo ha demostrado la negativa del gobierno federal a establecer el paradero de los 2 militantes eperristas, víctimas de la desaparición forzada, hace un año y cuatro meses, en la ciudad de Oaxaca, y el paradero del ex militante del MAR Francisco Paredes, desaparecido hace casi un año, en el estado de Michoacán. Así lo han venido demostrando los cientos de actos represivos con que a diario se pretende aplastar la lucha, civil y pacífica, de la clase trabajadora y de los pueblos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Edomex, San Luis Potosí, Chihuahua y demás entidades de la República.

Y así lo prueba el sometimiento del gobierno federal a la política imperialista de Estados Unidos, y la intrusión de éste en asuntos de seguridad nacional, mediante la incorporación subordinada de nuestro país al Comando del Norte (CN), al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN), a la Iniciativa Mérida y al Proyecto Mesoamérica; sometimiento e intrusión que atentan contra la soberanía de México, al permitir la presencia encubierta de tropas estadounidenses en nuestro país, so pretexto de combatir al narcotráfico y al terrorismo.

Por lo anterior y ante la impunidad y la injusticia que sigue privando en nuestro país, las organizaciones abajo firmantes refrendamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de un frente o coordinadora de organizaciones revolucionarias armadas que luchen por la democracia, el socialismo y la liberación; de seguir avanzando en la construcción, desde abajo, de un nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo; reservándonos el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario.

A 198 años de la guerra de independencia y 98 de la revolución mexicana, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al pueblo de México a seguir desarrollando todas las formas de lucha posibles contra el sistema capitalista y neocolonial que nos explota, nos oprime y nos sigue despreciando. Asimismo, hacemos un llamado a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a las mujeres, a los intelectuales, a los jóvenes, a los pueblos originarios, a los soldados honestos a construir relaciones sociales, dignas y justas, pues éstas son la única garantía de avanzar en la defensa de la patria, la reconquista de nuestros derechos, la recuperación de nuestra cultura y la realización de un proyecto democrático, socialista y libertario para todos.

¡POR LA UNIDAD DEL PUEBLO, LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA!

Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
MRLCB
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TDR-EP
Organización Insurgente 1º de Mayo
OI-1M
Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre
BA-2D
Unidad Popular Revolucionaria Magonista
UPRM

República Mexicana, a 23 de septiembre de 2008.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Agreden a abogada de familiares de mineros muertos en Coahuila

Agreden a abogada de familiares de mineros muertos en Coahuila
Carolina Gómez Mena

Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo de Pastoral Laboral que asesora a familiares de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, denunció que fue víctima de un “intento de agresión que pudo haberle costado la vida”. Precisó que “los birlos de las llantas de su camioneta fueron aflojados de manera intencional”, según le dijeron en el sitio al que llevó el vehículo para revisión.

En entrevista otorgada durante un misa para recordar a los caídos, tras haberse cumplido 31 meses de la explosión en la mina, la abogada narró que el martes 9 de septiembre estacionó su vehículo en la calle frente a su domicilio y que dos horas y media después, al guardar la camioneta, ésta le indicaba presión baja en las llantas. Al día siguiente ésta presentaba la misma advertencia, por lo que la llevó a una vulcanizadora.

En este lugar le comunicaron que, efectivamente había un clavo y una tuerca en una de las llantas, pero que estaban sorprendidos de que la camioneta hubiera llegado sin accidentarse, porque los birlos de todas las llantas habían sido aflojados. Descartaron que el evento fuera accidental, porque no había sido necesario cambiar alguna llanta a la camioneta, ni era posible que todos los birlos se aflojaran al mismo tiempo sin que se tratase de un acto deliberado.

Comentó que estos hechos sucedieron en ausencia de su escolta, quien por motivos de salud estuvo ausente. Cabe recordar que la defensora de derechos humanos había sufrido una agresión el 19 de junio de 2007, en la que le quitaron su camioneta y la golpearon, por lo que después de denunciar los hechos se le asignó una escolta permanente.

Dijo que como ya había un antecedente de agresión, esta vez sólo hizo una ampliación de denuncia. “Estas acciones son para intimidarnos, para que nos retiremos de la defensa de los familiares de Pasta de Conchos, pero no lo haremos. Lo hacen contra mí porque soy mujer, y creen que nos asustamos más; desde febrero también me están amenazando por teléfono”.

Apuntó que este acto de intimidación no es fortuito: “se da ahora, cuando a las familias se les ha reconocido interés jurídico dentro de diversos procedimientos, lo cual significa que tendrán acceso a los expedientes y a los tribunales para la defensa de sus derechos, así como ante la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una nueva recomendación”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!