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lunes, 3 de diciembre de 2007

La policía nos agredió: normalistas

Con la excarcelación de 38 de los 56 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, algunos protagonistas del conflicto denuncian el abuso que cometieron elementos de la Policía Federal Preventiva, pues señalan que les apuntaron con armas de fuego y los golpearon.

La Procuraduría General de la República liberó a 38 de los 56 egresados de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal Preventiva el pasado 30 de noviembre, durante la toma de la caseta de la Autopista del Sol, a la altura de La Venta, en el municipio de Acapulco.

A su salida del penal fueron múltiples los testimonios. “Hugo, —uno de los dirigentes estudiantiles— se paró abriendo los brazos y enseñando el pecho frente a los policías les gritó: “A ver hijos de la chingada disparen, aquí estoy”, cuenta Rafael Vicente Ventura de Hugo Cruz, cuando eran replegados por los uniformados el día del desalojo.

Otra historia más la comenta Marcos Sánchez Cruz: “Es mentira que fuimos nosotros los que agredimos a la policía, nosotros nos replegábamos a los camiones cuando los policías se nos fueron encima como perros. Algunos alcanzamos a subirnos a uno de los autobuses, pero de ahí nos bajaron a toletazos”.

El mismo joven denuncia que los policías les gritaban: “Ahora sí hijos de la chingada, ¿no que tienen muchos huevos?.

Rafael Vicente Ventura recuerda que algunos llevaban armas de fuego y les apuntaban, y huyó por el monte junto con otros tres de sus compañeros, uno de ellos lesionado de la rodilla.

Explicó que llamó al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, quien tres horas más tarde, acompañado por Pedro Nava Rodríguez, otro de los dirigentes de la agrupación, y la secretaria de Derechos Humanos del PRD, Aurora Muños, fuero hallados, tras esconderse en una barranca.

Entre los normalistas que fueron liberados se encuentra también Óscar Cotino Molina, quien fue atropellado por una patrulla de la PFP y a quien, posteriormente, los agentes lo golpearon con toletes, según confirmó ayer su tío Lázaro Molina.

El joven ya está siendo atendido en una clínica particular de Chilpancingo, bajo vigilancia de sus familiares.

Consignan a 18

De los 58 normalistas que fueron detenidos durante el desalojo, 28 de ellos fueron liberados a las 11 y media de la noche del sábado pasado, mientras que 10 más a la una y media de la tarde de ayer.

Los otros 18 fueron consignados y trasladados ayer mismo al Centro de Readaptación Social de Las Cruces, en el puerto de Acapulco.

Rafael Vicente Ventura, uno de los dirigentes del movimiento, informó que funcionarios de la PGR y del gobierno estatal les informaron que van a seguir revisando los expedientes de los otros 18 jóvenes que fueron trasladados al penal.

Advirtió que las acciones de protesta van a continuar en las próximas horas “con más fuerza”, para lograr la libertad de todos los normalistas, pues “no podemos permitir que el gobierno de Zeferino Torreblanca nos lleve a la mesa de negociación de rodillas”.

Y es que una comisión de normalistas se reunirá a las siete de la noche de este lunes en un lugar que aún no se ha definido.

Ventura explicó que la mayoría de sus compañeros recobraron su libertad porque no se acreditaron los delitos de daños y ataques a las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad, como los acusan en la averiguación previa PGR/GRO/ACADI/ 388/2007, lo que implica que tampoco los que siguen detenidos cometieron esos ilícitos, por lo que también deben ser excarcelados.

La dirigencia del Comité de Base Estudiantil, Ricardo Flores Magón informó que hasta ayer no habían solicitado los servicios de algún abogado para lograr la libertad de los normalistas, pero que sólo hubo la intervención ante el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, del presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y del secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.

Sin embargo, indicó que a partir de ahora pedirán que los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan coadyuven en la asesoría jurídica para obtener la libertad de los 18 jóvenes que faltan por recobrar su libertad.



Diego Osorno/Zacarías Cervantes


Fuente: Milenio Diario


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“Riesgo de nueva revolución” (¿Riesgo o esperanza?)

••• El párroco Wilfrido Mayren Peláez, presidente de la comisión diocesana de justicia de la Arquidiócesis local, reconoció que lo ocurrido en Oaxaca hace un año, sólo fue parte de una expresión, de una crisis mucho más profunda que hoy atañe al resto del sureste del país—refiriéndose al ejemplo de Guerrero—, “donde hoy se ciernen los antecedentes de una nueva revolución”.

Mayren, quien fungirá como mediador en las mesas de diálogo entre el magisterio estatal y el gobierno de Ulises Ruiz, señaló que el conflicto social de Oaxaca “no está resuelto, sólo fue interrumpido violentamente, pues aún existe la necesidad de esclarecer y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de la guerra sucia ejercida contra el movimiento popular gestado hace un año”. (Oaxaca • Óscar Rodríguez)


Acapulco • Rodolfo Montes y José Juan Delgado

Fuente: Milenio Diario

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Declaran resistencia violenta en La Parota

La asamblea de los grupos opositores a la presa promete machetes y sangre.
Los comuneros, dispuestos a todo con tal de evitar la obra.

En la asamblea general extraordinaria del movimiento opositor a la construcción de la hidroeléctrica La Parota se llegó a un acuerdo: “el gobierno nos obliga a hacer uso de los machetes y estamos dispuestos a derramar nuestra sangre ante la imposición”.

Este fue el principal resolutivo al que llegó ayer la Asamblea General Extraordinaria que se realizó en la comunidad de Aguacaliente, en la región de La Montaña, el bastión principal del movimiento opositor a la construcción de la obra.

La decisión de los opositores a la construcción se dio a pesar de la actitud mediadora que desde la semana pasada manifestó Alfredo Elías Ayub, quien el pasado 27 de noviembre, durante la inauguración de la reunión anual de Competitividad y Calidad de la Comisión Federal de Electricidad, anunció que la empresa ganó el juicio de amparo que le permitirá erigir la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero.

En ese mismo momento, Elías Ayub dijo que para empezar las obras es necesario llegar a acuerdos con unos 7 mil comuneros que se han opuesto al proyecto.

“Ganamos el juicio, que es muy importante, pero estamos convencidos de que tenemos que llegar a un acuerdo con los ejidatarios” para edificar la presa.

Sin embargo, en la asamblea convocada por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa, (la CECOP), y realizada ayer en el centro de la comunidad a la que acudieron más de tres mil ejidatarios, se concluyó que con las declaraciones del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, el tema ha tomado un rumbo “diferente”.

“Las declaraciones de Elías Ayub son incendiarias, pero la llevamos ganada, aunque nos orillan y nos obligan a tomar los machetes”, sentenció Marco Antonio Suástegui, uno de los principales líderes de la oposición a La Parota después de escuchar a más de una docena de ejidatarios y comuneros de la montaña, quienes insistentemente le demandaban hacer “de una vez por todas, uso de los machetes”.

Suástegui aseveró que después de lo declarado por el titular de la CFE a los ejidatarios de la montaña guerrerense que se oponen a la construcción de la presa “nos obliga a tomar otras acciones, y estamos dispuestos a derramar sangre y a morir con el machete en la mano si la pretensión de Felipe Calderón es la de imponer la construcción de la presa”.

Otro resolutivo de la asamblea fue el de solicitar a los medios de comunicación estar “al pendiente” de todo cuanto suceda en el conflicto de la hidroeléctrica.

Suástegui resumió así las diversas intervenciones que tuvieron los líderes del movimiento opositor: “Esto es una bomba de tiempo; es una bomba caliente en la que llevamos varios años de resistencia y con sangre estamos dispuestos a defender no solo nuestros usos y costumbres sino a la ley que en esta ocasión nos asiste”.

Para ello los ejidatarios congregados en el bastión principal de la resistencia, ubicado en Aguacaliente, municipio de Acapulco, insistieron en todo momento en que están dispuestos a sacar los machetes ante la cerrazón del gobierno calderonista “que no ceja en su empeño por poner en marcha el proyecto” de la hidroeléctrica.

“Marco Antonio ya se vendió”

Respecto a las versiones que corren en el sentido de que Marco Antonio Suástegui, uno de los principales líderes del movimiento opositor a la hidroeléctrica, “ya se vendió” y está negociando la ley, él mismo lo rechaza.

En entrevista, Suástegui niega estas versiones que hay sobre su persona y se defiende: “es una estrategia del gobierno para delimitar a los ejidatarios y comuneros organizados.”

Marco incluso lo demuestra en una cancha en donde otro grupo de guerrerenses que él dirige, se negaron a tranzar el reglamento de futbol.

El equipo del CECOP ya está en la final. Su nombre deportivo es Marea Alta.

Primero tuvo que vencer a quien se dice es un cacique en esta región, el dueño de todo un complejo de ligas deportivas, Gregorio Velázquez quiso negociar la norma pero se encontró con un rechazo.

Hoy, Marea Alta, el equipo de la CECOP, está en las finales y para celebrar festejaron hasta la medianoche de ayer, pero un grupo “desconocido” llegó a agredirlos hasta la montaña y al cierre de esta edición se sabía de al menos dos lesionados a quienes sus agresores les advirtieron: “La Parota va”.

Fuente: Milenio Diario

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Todos somos Zimapan, ultimo reporte

Nuestras fuentes en Zimapan nos informan que el gobierno ha establecido otro operativo represivo que incluye tanquetas.

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Cierra secundaria en Querétaro; alumnos migraron

Mariana Chávez (Corresponsal)

Querétaro, Qro., 2 de diciembre. Una telesecundaria ubicada en el municipio de San Juan del Río fue cerrada al quedar sin alumnos, que abandonaron sus estudios para emigrar, fenómeno que ocurre no sólo en dicha demarcación, sino en otras zonas de esa entidad.

El coordinador operativo de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq), Raymundo Gómez Ramírez, indicó que la migración, que también ocurre en municipios de la zona serrana de Querétaro, genera que el sistema escolarizado implementando por ese organismo estatal sea transferido al del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe).

Lo anterior, porque de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública federal, al tener menos de 30 alumnos un grupo escolar ya no será atendido por Usebeq, sino por Conafe.

En municipios serranos de Querétaro hay 30 grupos unitarios, es decir, en un solo salón de clases son atendidos alumnos de los seis grados de primaria por un solo maestro, número que se reduce en ocasiones hasta seis o siete educandos, que entonces son atendidos por Conafe.

Rosalío Olvera Mejía, jefe de oficina regional de Usebeq en la zona serrana, señaló que de las 30 escuelas unitarias que existen en cuatro de los cinco municipios que integran la Sierra Gorda de la entidad, cada año se transfiere un grupo a Conafe.


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Opositores a planta de residuos retienen a diputado local en Hidalgo

Notimex / La Jornada On Line

Según informes, el priísta Carlos Trejo dialogaba con habitantes de Zimapán cuando un grupo opositor a la empresa se lo llevó. Hasta el momento se desconoce el paradero del legislador.

Pachuca, Hgo. Un grupo de 80 personas mantiene retenido a un diputado local en el municipio de Zimapán, tras registrarse otro enfrentamiento entre opositores y quienes avalan el confinamiento de una planta de residuos industriales, dijeron autoridades locales.

Se informó que Carlos Trejo, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dialogaba con habitantes de Zimapán en la plaza principal cuando un grupo de cerca de 80 personas arribó al lugar y agredió a los acompañantes del legislador.

El priísta había llegado desde temprana hora para mediar entre las dos partes; sin embargo, el grupo de personas encabezados por Carmen Lozano, hermana del principal opositor a la planta de residuos, azuzó a sus seguidores para llevarse retenido al diputado local.

Hasta el momento se desconoce el paradero del legislador, así como del grupo de personas que se lo llevaron, por lo que cuerpos policiacos destacados en la región iniciaron un operativo para lograr su liberación.

Ayer domingo se registró un enfrentamiento encabezado por José María Lozano, principal opositor a la planta, en la que resultaron dos personas heridas que tuvieron que ser ingresadas a una clínica particular de la localidad.



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Balacean a opositores de un confinamiento de residuos

Movimiento ciudadano considera que la obra, realizada por una empresa española, daña un manantial que dotará de agua potable a los habitantes de Querétaro

Matilde Pérez U.

La construcción de un confinamiento de residuos peligrosos a cargo de la empresa española Befesa en ejidos de Zimapán, Hidalgo, ocasionó el enfrentamiento ocurrido la tarde de ayer entre algunos integrantes de la comunidad de San Antonio y habitantes de la cabecera municipal opositores al proyecto.

José María Lozano, integrante del movimiento ciudadano Todos somos Zimapán, explicó vía telefónica que cerca de las dos de la tarde al salir de la comunidad Xahá, el grupo de cerca de 200 personas que viajaban en varias camionetas fueron agredidas a balazos y la camioneta en la que él se trasladaba tuvo que desviarse hacia un camino de terracería rumbo a una zona conocida como La Ortiga, cercana a los límites con Querétaro.

“Los agresores –un grupo de cerca de 15 personas con armas de alto poder, entre ellas familiares de Nicolás Ramírez Labra, presidente de bienes comunales de San Antonio– habían colocado tres vehículos para obstruir el paso; la camioneta en la que viajaba con 10 personas logró pasar el bloqueo, pero fue obligada a desviarse por el camino de terracería. Nos persiguieron y dispararon, mientras me comuniqué con la autoridad municipal para reportar el incidente”, dijo.

Agregó que elementos de la policía municipal llegaron hasta el lugar en donde se habían refugiado (Lozano y sus acompañantes) y también fueron agredidos por el grupo, pero la gente del movimiento Todos somos Zimapán también ya había llegado y lograron detener a Presbítero Francisco Alvarado, de 46 años, y a Joel Francisco Leal, de 25 años, quienes fueron llevados al hospital FAS (Fundación de Apoyo Social), para verificar que los golpes que tenían no son de gravedad.

Acusan al edil de proteger a los constructores del confinamiento

En la refriega, según versión de Lozano, siete vehículos de la gente del movimiento opositor al confinamiento fueron dañados; “ahora la gente está realmente molesta e indignada por la situación y exige que los detenidos no sean trasladados a la presidencia municipal, porque el alcalde, Eusebio Aguilar, es uno de los principales promotores del confinamiento y podría dejar en libertad a los agresores”.

La gente del movimiento está dispuesta a bloquear los caminos que conducen al confinamiento –y que atraviesan la cabecera municipal–, además de sostener un plantón indefinido en las oficinas de la empresa española. “Hay mucho coraje por esta agresión, en la que afortunadamente no hay heridos de bala, sólo golpeados, pero la situación está muy tensa”.

Comentó que trataría de comunicarse con Jorge Lumbrera, encargado por la Secretaría de Gobernación para atender la protesta de cientos de habitantes de la cabecera municipal que están en contra de la construcción del confinamiento de residuos peligrosos que se construye en 133 hectáreas de terrenos ubicados a cinco kilómetros de la zona urbana del municipio.

En unos días comenzará a funcionar

El movimiento Todos somos Zimapán ha denunciado que el proyecto, cuya construcción no se ha detenido y que según los planes de la empresa española Befesa, empezará a funcionar antes de concluir este mes, contaminará el río Moctezuma, situado a un kilómetro del confinamiento, dañará irreversiblemente el manantial de Saja, conocido como el Infiernillo, y que forma parte del proyecto Acueducto II, con el que se surtirá de agua potable a los habitantes de Querétaro.

Anoche, elementos de la policía municipal y del estado de Hidalgo se habían concentrado en la cabecera de Zimapán, informaron integrantes del movimiento opositor al confinamiento de residuos peligrosos.

Fuente: La jornada

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Enlace de RadioAMLO con un integrante de Todos Somos Zimpán

Audios de un par de enlaces de nuestro compañero Concientiza con un miembro de Todos Somos Zimapán, la noche del domingo, antes y durante la represión.

http://www.divshare.com/download/2982222-798

http://www.divshare.com/download/2982315-f9b


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Dictan formal prisión a 18 normalistas de Ayotzinapa

Los delitos que les imputan no son graves; podrían liberarlos hoy

Dictan formal prisión a 18 normalistas de Ayotzinapa
El gobernador se reunirá en privado con una comisión de egresados

Policías “merodean” la escuela rural, asegura uno de los activistas

Misael Habana de los Santos y Emir Olivares (Corresponsal y reportero)



Agentes de la Policía Federal Preventiva trasladaron al Centro de Readaptación Social de Acapulco a 18 normalistas que fueron puestos a disposición de un juez federal Foto: Pedro Pardo/La Jornada Guerrero Acapulco, Gro., 2 de diciembre. El Ministerio Público Federal dictó este domingo auto de formal prisión a 18 de los 57 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes el pasado viernes ocuparon la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol.

Los estudiantes fueron acusados de motín, ataques a las vías de comunicación y “apropiación de bienes” por los autobuses que han “secuestrado” . Ninguno de estos ilícitos es considerado grave, y no se descarta que sean liberados este lunes.

Unos 100 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) trasladaron a los normalistas al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, mientras otros 10 estudiantes fueron liberados esta tarde y 29 salieron la noche del sábado.

Entre los liberados está Óscar Cotino Molina, a quien vigila la policía en el Hospital General de Acapulco.

A las 13:20 horas de este domingo el camión de la PFP número PF09501 partió de la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) con los 18 normalistas formalmente presos, seguido de por lo menos 10 unidades policiacas.

Aproximadamente 100 elementos de la PFP participaron en el traslado, apoyados por policías estatales y de la Agencia Federal de Investigación. Los jóvenes ingresaron al Cereso una hora más tarde.

Familiares y amigos de los normalistas detenidos abandonaron las inmediaciones de la subdelegación de la PGR en Acapulco cuando vieron salir del edificio a los últimos 10 estudiantes.

Mientras, el secretario de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, adelantó que el gobierno estatal podría entregar 100 plazas a egresados de Ayotzinapa y de otras normales, y confirmó que este lunes el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se reunirá en privado con una comisión de 15 egresados en un lugar no revelado.

Mientras, Antonio Jiménez, uno de los normalistas que se encuentran en la ciudad de México para participar en las actividades del Frente Nacional contra la Represión, aseguró que las acciones policiacas del viernes contra los estudiantes sólo harán que se intensifiquen las protestas, que ahora incluirán la demanda de que se libere a los detenidos.

El activista responsabilizó de la represión al presidente Felipe Calderón; al gobernador Zeferino Torreblanca y a los secretarios locales de Gobierno, Armando Chavarría, y de Educación, José Luis González de la Vega Otero.

Jiménez informó que tras los sucesos del viernes un centenar de policías ha “merodeado” la escuela, por lo que estudiantes y padres de familia ya montaron guardias. Al mismo tiempo, agregó, integrantes de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunieron con representantes de las normales de Guerrero y con el secretario de Educación de la entidad, a quien desconocen los representantes de Ayotzinapa.



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Normal de Ayotzinapa, más de tres decadas de represion y persecución

Fundada hace más de 80 años y tras formar 81 generaciones de maestros, entre ellos a Lucio Cabañas Barrientos y a Genaro Vázquez Rojas, la lucha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por ampliar las plazas para sus egresados y evitar su desaparición


Juan Cervantes
El Universal
Lunes 03 de diciembre de 2007

AYOTZINAPA, TIXTLA, Gro.— Fundada hace más de 80 años y tras formar 81 generaciones de maestros, entre ellos a Lucio Cabañas Barrientos y a Genaro Vázquez Rojas, la lucha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por ampliar las plazas para sus egresados y evitar su desaparición, enfrenta la represión oficial.
El viernes 30 de noviembre se sumó una nueva acción de fuerza, cuando elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) arremetieron contra estudiantes y egresados normalistas en la caseta de cobro de La Venta, en la autopista hacia Cuernavaca, Morelos, cerca de Acapulco, con resultado de varios heridos y 56 detenidos.

Ubicada 14 kilómetros al oriente de Chilpancingo, hacia la Montaña de Tlapa, y a tres kilómetros de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, la Normal de Ayotzinapa —fundada el 2 de marzo de 1926— ha sido escenario de una ruda represión y persecución contra sus alumnos desde el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, entre 1975 y 1981.

Para Andrés González Leyva, del comité de alumnos filial a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fue larga la represión contra los estudiantes en las administraciones priístas, pero se recrudeció con el actual gobierno de Zeferino Torreblanca, emanado del PRD, “para obligarnos a abandonar la lucha”.

El dirigente recordó que en 1975, luego de haber sido secuestrado por la guerrilla, Rubén Figueroa pidió que el Ejército mexicano ocupara las instalaciones de la escuela, porque “no quería que se formaran más Lucios Cabañas; objetivo que ahora comparte el actual gobernador”.

Lucha contra el tráfico de plazas

Los normalistas de Ayotzinapa enfrentan ahora una lucha contra el tráfico de plazas para maestros y exigen que se otorguen a egresados de esa normal, lo que les ha llevado a enfrentar al gobierno estatal, que propuso el cierre del plantel por considerar que está controlado por partidos políticos e infiltrado por grupos armados.

Según Nicolás Chávez Adame, dirigentes de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), la venta y tráfico de plazas de maestros es auspiciada por la Secretaría de Educación en Guerrero y por el dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Natividad Calixto, “lo que impide que se entreguen a los egresados de la normal pública de Ayotzinapa”.

Andrés González Leyva rechazó que en su movimiento estén involucrados partidos políticos y grupos de guerrilleros, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como lo declaró el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega.

Justificar el cierre

“Respetamos su lucha, pero el movimiento en la normal lo dirigimos nosotros”, agregó tras asegurar que esas declaraciones fueron para “justificar el cierre de nuestra escuela y negar la educación a los hijos de los campesinos pobres”.

También dijo que han recibido la solidaridad de organizaciones no gubernamentales, que “es bienvenida, pero las decisiones las tomamos en la asamblea estudiantil, aun cuando nos guía el pensamiento de Lucio Cabañas Barrientos para educar al pueblo en la lucha para terminar con la pobreza”.

El dirigente estudiantil dijo que el gobernador Torreblanca Galindo quiere desaparecer la normal, “porque piensa como empresario, no como pedagogo”.

La entrevista con González Leyva se realizó en la oficina del Comité Estudiantil de la normal, donde se observan las paredes cubiertas de murales pintados por los alumnos con temas sobre el guerrillero Lucio Cabañas, el pensamiento filosófico de Federico Engels, Carlos Marx y Vladimir Lenin e, incluso, del subcomandante Marcos.


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