La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca acusó a autoridades de violación de derechos en los enfrentamientos con APPO en 2007.

Virgilio Sánchez/Corresponsal. Grupo Reforma.

Oaxaca, México (15 de julio de 2008).- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) recomendó al Gobierno estatal iniciar un proceso penal en contra de 13 mandos y ex directivos de la policía estatal y municipal por los enfrentamientos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2007.

Sin embargo, eximió de responsabilidad a Sergio Segreste Ríos, ex Secretario de Protección Ciudadana y actual asesor de seguridad del Gobernador Ulises Ruiz.

"En atención a que los hechos cometidos por los servidores públicos que se acreditaron en autos, muy probablemente son constitutivos de delito, se dé vista a la Representación Social a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente", planteó el organismo.

La CDDH identificó a Pedro Ismael Díaz Laredo, Alejandro Barrita Ortiz, Daniel Camarena Flores y Asiteo López Martínez; quienes entonces se desempeñaban como director general de Seguridad Pública estatal, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, director de la Policía Ministerial y coordinador de Seguridad Pública Municipal, respectivamente.

Además, detalló que otros 9 comandantes y jefes de grupo también incurrieron en violaciones.

Cabe recordar que Barrita Ortiz fue ejecutado el 30 de enero pasado por un grupo armado, cuando realizaba sus ejercicios matinales en un parque deportivo.

El 16 de julio de 2007, integrantes de la APPO se enfrentaron con policías estatales y municipales por el control del Auditorio Guelaguetza, en donde una semana después, Ruiz organizó la presentación de bailes folklóricos.

Derivado de este hecho, la Comisión abrió los expedientes CEDH/766/(01)/OAX/2007 y sus acumulados CEDH/807/(01)/OAX/2007, CEDH/817/(01)/OAX/2007 y CEDH/974/(01)/OAX/2007 por las violaciones cometidas en contra de más 40 personas.

Este organismo informó que los policías incurrieron en violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la igualdad y al trato digno, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica.

En el documento, la CDDH denunció que en un lapso de entre dos y cuatro horas y media, los 40 detenidos fueron retenidos de manera ilegal por la autoridad estatal, dentro de la Comandancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, denominada "Los Pinos".

"Los detenidos fueron víctimas de sufrimientos físicos, consistentes en recibir golpes con los pies, toletes y manos en diversas partes del cuerpo, aunque vale precisar que con mayor frecuencia en la cabeza.

"Además de que fueron arrojados al piso por sus captores, mantenidos de rodillas sin distinciones de edad ni condición de salud; así también sufrieron maltrato psicológico, en atención a que los elementos policíacos responsables de su custodia les indicaban constantemente que los llevarían a Nayarit, que los iban a desaparecer, que los tirarían en un campo de fútbol", relata la Comisión.

En esta situación también fue atacado el activista Emeterio Marino Cruz, a quien los policías golpearon en la cabeza y causaron un traumatismo cráneo encefálico, que lo tuvo al borde de la muerte durante meses.

El documento comprende 18 recomendaciones a las secretarías de Protección Ciudadana, de Salud, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Municipio de la Ciudad de Oaxaca.

La Comisión destaca que el operativo que el Gobierno estatal instaló para reguardar el Auditorio Guelaguetza, estuvo mal planeado.

"No hubo la planeación ni la coordinación necesaria entre dichas corporaciones para actuar conforme lo ameritaba la situación a fin de no caer en las situaciones que finalmente acontecieron, en perjuicio tanto de la sociedad como de los grupos que se enfrentaron", dijo.


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Presenta SAGARPA estudio deficiente para tomar decisiones respecto al maíz y su cadena productiva

Daniela Rea. Grupo Reforma.

(15 julio 2008).- La información que servirá de base al Gobierno federal para tomar decisiones respecto al maíz y su cadena productiva fue presentada con deficiencias por el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas.

Una de las deficiencias del estudio "Matriz de insumo producto del sistema maíz" -que permitirá cruzar datos sobre precios, demanda, clima y producción- es que se hizo con información de 2005, porque la dependencia no tiene información actualizada.

Además, carece de datos sobre agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, debido a que el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entregaron los datos tarde y no se integraron.

En la presentación, Cárdenas se dijo gustoso de ver el estudio cuyo costo fue de 750 mil pesos, según Efraín García Bello, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas de Maíz.



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Sedena acepta errores. PGR niega acceso a expedientes, uno de ellos relativo a los desaparecidos reclamados por el EPR.

Atalo Mata y Lilian Hernández. Excelsior.

Acusa el ombudsman nacional a la PGR de haberle negado dos expedientes para su revisiónLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el abuso y homicidios cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado.

La dependencia militar informó, en un comunicado, que el Ministerio Público federal ya integró las averiguaciones previas.

Añadió que se ha ejercido acción penal en contra de presuntos responsables, aunque no aclaró a cuáles de las ocho quejas sobre “lamentables incidentes” (como los describió la Sedena) denunciados por la CNDH se refirió.

La Defensa Nacional indicó que estos presuntos responsables fueron sometidos a proceso penal, entre ellos dos oficiales y diez elementos de tropa, luego de que se les comprobó su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Secretaría dio a conocer que se realizaron ya los pagos económicos correspondientes para la reparación del daño a las víctimas.

El Ejército aseguró que, en contraste, efectúa programas de promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas y la realización de diplomados, conferencias y talleres impartidos por la CNDH y organismos públicos de protección y respeto a las garantías individuales. Cerca de 300 jefes y oficiales han egresado de esta especialidad.

Pese a tener una relación respetuosa con el resto del Ejecutivo federal, José Luis Soberanes, titular de la CNDH, declaró que el vínculo con la Procuraduría General de la República cada vez es peor y, de seguir así, está a punto de deteriorarse.

“La situación va de mal en peor. Nos están negando acceso a dos expedientes. Hay uno importante, que es el asunto de los desastres en las plataformas de Pemex el año pasado y en esto la PGR nos ha negado acceso a la información”, reveló el ombudsman nacional. El otro expediente es la desaparición en Oaxaca de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Soberanes afirmó que negar la información equivale a ocultarla, lo que es muy grave, porque la PGR tiene la obligación legal de proporcionarla.

Durante la presentación de las ocho recomendaciones dirigidas a la Sedena, también denunció que agentes del Ministerio Público los han amenazado judicialmente sin que la autoridad los haya detenido, pese a tener conocimiento de esto.

“No sé si la autoridad dé su consentimiento, pero es una situación que nos pone en un predicamento y, de seguir, así con la PGR se va a deteriorar nuestra relación”, aseveró el presidente de la CNDH.

Respecto de las ocho recomendaciones emitidas contra militares, el ombudsman insistió en que el gobierno debe establecer una fecha para que los militares se retiren paulatinamente de las funciones de seguridad pública, porque eso “sería lo más sano”.

También reiteró que con base en las investigaciones de la Comisión, “es urgente capacitar a los militares, porque mientras continúen en operaciones de seguridad pública, necesitan estar capacitados”.

Insistió en que el actuar de los militares investigados fue producto de la ignorancia, y si el crimen actúa de esa manera y bajo la ilegalidad, el Ejército no puede hacerlo igual.

Se informó que hasta el 10 de julio, la entidad con más quejas es Chihuahua, con 199, le siguen Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y el Distrito Federal.
Acusa el ombudsman nacional a la PGR de haberle negado dos expedientes para su revisiónLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el abuso y homicidios cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado.

La dependencia militar informó, en un comunicado, que el Ministerio Público federal ya integró las averiguaciones previas.

Añadió que se ha ejercido acción penal en contra de presuntos responsables, aunque no aclaró a cuáles de las ocho quejas sobre “lamentables incidentes” (como los describió la Sedena) denunciados por la CNDH se refirió.

La Defensa Nacional indicó que estos presuntos responsables fueron sometidos a proceso penal, entre ellos dos oficiales y diez elementos de tropa, luego de que se les comprobó su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Secretaría dio a conocer que se realizaron ya los pagos económicos correspondientes para la reparación del daño a las víctimas.

El Ejército aseguró que, en contraste, efectúa programas de promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas y la realización de diplomados, conferencias y talleres impartidos por la CNDH y organismos públicos de protección y respeto a las garantías individuales. Cerca de 300 jefes y oficiales han egresado de esta especialidad.

Pese a tener una relación respetuosa con el resto del Ejecutivo federal, José Luis Soberanes, titular de la CNDH, declaró que el vínculo con la Procuraduría General de la República cada vez es peor y, de seguir así, está a punto de deteriorarse.

“La situación va de mal en peor. Nos están negando acceso a dos expedientes. Hay uno importante, que es el asunto de los desastres en las plataformas de Pemex el año pasado y en esto la PGR nos ha negado acceso a la información”, reveló el ombudsman nacional. El otro expediente es la desaparición en Oaxaca de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Soberanes afirmó que negar la información equivale a ocultarla, lo que es muy grave, porque la PGR tiene la obligación legal de proporcionarla.


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Suspenden exhumación de mujer indígena en Veracruz

Andrés Timoteo Morales, corresponsal. La Jornada

Jalapa, Ver. 14 de julio. De última hora y sin mediar una justificación jurídica, la Procuraduría de Justicia del estado suspendió la exhumación del cadáver de la mujer indígena Susana Xocua Tezoco, en el poblado San José Independencia de Zongolica, programada para este martes, pese a que el procurador Salvador Mikel había confirmado la diligencia durante la mañana. Juan Carlos Mexhua, secretario de asuntos indígenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex regidor del ayuntamiento de Zongolica, quien ha acompañado a los familiares de Xocua, lamentó la decisión de la dependencia y advirtió que “resulta sospechosa la medida y apuntaría a fortalecer la teoría de una muerte natural, como se ha aplicado en otros feminicidios de la zona”. El 25 de mayo, el cuerpo de Susana Xocua Tezoco, de 64 años de edad, fue localizado en medio de un sembradío de maíz, desnudo, con signos de violencia y de ataque sexual.


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Ex trabajadores de Goodyear reclaman ahorro sindical

Patricia Muñoz Ríos. La Jornada.

Ex trabajadores de la llantera Goodyear Oxo denunciaron que los dirigentes de su sindicato se apoderaron de más de 444 millones de pesos en diversos instrumentos de ahorro aportados durante su vida laboral, los cuales no se les han regresado. Aun cuando existe una orden judicial para que les paguen estos recursos, la organización se amparó y mediante “triquiñuelas legaloides” evade la ley, afirmó José Cruz Piña Bautista, dirigente de la Unión de Ex Trabajadores de la Industria Hulera, quien también agregó que aunque los ex empleados han librado una lucha de más de 12 años, ahora que cuentan con una resolución judicial favorable, el líder del gremio, Gonzálo Ugalde Gámez, ha encontrado “artimañas” para evitar el pago. Con el fin de exigir el cumplimiento de la sentencia, los quejosos realizaron ayer un mitin frente al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde denunciaron lo anterior.


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Padres de familia exigen pago de 2 mil becas para niños marginados de Pátzcuaro

Ernesto Martínez Elorriaga (Corrresponsal. La Jornada)


Integrantes de la Organización Independiente de Padres de Familia, durante la manifestación por calles de Morelia y el plantón frente a la casa de gobierno

Morelia, Mich., 14 de julio. Integrantes de la Organización Independiente de Padres de Familia marcharon por calles de esta ciudad y se plantaron frente a la casa de gobierno para exigir a las autoridades el pago de más de 2 mil becas para niños marginados de la región de Pátzcuaro, las cuales se han otorgado desde hace varias administraciones.

Los manifestantes fueron secundados por maestros pertenecientes a la denominada Expresión Democrática, que celebraron el triunfo de Sergio Espinal García como líder de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Delfino Paredes, ex líder del Movimiento Magisterial, quien después cambió de bando, por formar parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de nuevo encabezó una movilización para pedir a la titular de la Secretaría de Política Social, Selene Vázquez Alatorre, liberar los recursos de las becas, de 200 pesos cada una.

Al mismo tiempo, los seguidores del nuevo dirigente nacional de la CNTE, Espinal García, marcharon por las principales calles de Morelia, para festejar su triunfo .

Sin embargo, los maestros de la denominada Corriente Institucional se mostraron insatisfechos con ese triunfo y dijeron que vislumbran más problemas en el sector, pues el michoacano es considerado uno de los líderes magisteriales “más radicales”.


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Exigen ONG liberación de colonos recluidos en el penal de Topo Chico

Acusan al gobernador de usarlos como rehenes de negocio familiar

David Carrizales (Corresponsal. La Jornada)

Monterrey, NL, 14 de julio. Integrantes de varias agrupaciones civiles realizaron un mitin para exigir la libertad de cinco colonos presos en el penal del Topo Chico desde hace casi dos meses, acusados de despojo.

Los inconformes aseguraron que el gobernador José Natividad González Parás apoya a su hermano Luis Francisco para que impulse un fraccionamiento y por eso se opone a reconocer que parte de esos terrenos fueron adquiridos por colonos. Aseguraron que los prisioneros son utilizados “como rehenes” para que sus compañeros desistan de pelear sus terrenos.

Los inconformes protestaron frente a las oficinas del Instituto Estatal de la Vivienda (IEVNL), que presentó la denuncia penal contra un grupo de habitantes del fraccionamiento Nueva Castilla, en nombre de un fideicomiso de ocho grandes inmobiliarias.

El hermano del gobernador, Luis Francisco, y otros empresarios pretenden construir 25 mil casas en un polígono de más de mil hectáreas que incluye las 184 que adquirieron los colonos hace nueve años y que en 2005 les arrebató el organismo estatal mediante amenazas, denuncias penales y la destrucción de inmuebles con incendios o maquinaria pesada.

Durante la protesta acusaron al gobernador de haberse vengado de “los que se oponen a los intereses de su hermano Luis Francisco y de un puñado de ricachones”. Explicaron que cuando, por medio de amparos, intentaron recuperar la posesión de sus terrenos, el 16 de mayo, 32 fueron recluidos, previa suspensión de los amparos.

La mayoría fueron liberados, pero continúan presos el abogado de los colonos, Juan Balderas; Josúe Obed, de 18 años; Gabriela Bautista, hija de Leopoldo Bautista, quien vendió los terrenos; la activista Alicia Gutiérrez, quien acudió a solidarizarse con los afectados, y Gerardo Armendáriz quien estaba en el lugar como observador del centro Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

En un volante los afectados exponen: “En el colmo del cinismo, Nati (González Parás) despoja a las familias de lotes donde estaban viviendo y que con sacrificios estaban pagando desde hacía más de seis años al supuesto dueño, Leopoldo Bautista. Ahora argumenta que quiere dichos terrenos para construir viviendas de interés social. Vil mentira. No le interesa resolver el problema de la vivienda de los pobres, sino beneficiar a su hermano y demás socios”.

Agregaron que por eso al gobernador no le importa mantener en la cárcel a cinco personas inocentes, tres de las cuales son reconocidas luchadoras sociales.

Agregaron que una de las detenidas, Gabriela Bautista, es “la principal rehén” del gobierno porque con su reclusión éste pretende obligar a su padre, Leopoldo Bautista, a que deje de pelear por los terrenos que vendió hace años a 800 familias.


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Toman oficinas de la CFE en Chihuahua

Rubén Villalpando, corresponsal. La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 14 de julio. Decenas de campesinos afiliados a la Organización Agrodinámica Nacional (OAN) –fundada por Armando Villarreal Martha, asesinado hace cuatro meses– tomaron este mediodía las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Nuevo Casas Grandes, para protestar contra el hostigamiento y detenciones de sus líderes.

Luis Carlos Nieto, uno de los dirigentes de la OAN, explicó que sus compañeros padecen “acoso permanente a consecuencia de las movilizaciones contra la CFE – a la que exigen tarifas bajas por la energía usada en pozos de riego y presionan mediante una huelga de pagos–; por eso hoy colocamos 50 tractores alrededor de las oficinas de Nuevo Casas Grandes ”.

Asimismo, se quejó de que la Procuraduría General de la República “sigue integrando expedientes por delitos a personas que nada tienen que ver con las protestas. Por eso, para mañana (martes) están citados más de 30 compañeros, 16 de ellos de El Sauz, Chihuahua”.

Nieto sostuvo que el superintendente de la CFE en Nuevo Casas Grandes, “de apellidos Flores Ugalde, criminaliza a los campesinos y pequeños productores”.



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Contienen policías marcha de campesinos hacia Jalapa

Recibe Fidel Herrera a comisión; le proponen agenda de 12 puntos

Andrés T. Morales (Corresponsal. La Jornada)

Policías antimotines de Veracruz impidieron que unos 3 mil integrantes de la Alianza Indígena Campesina y Popular de Veracruz llegaran al centro de Jalapa, donde pretendían instalar un plantón

Jalapa, Ver., 14 de julio. Unos 3 mil campesinos adheridos a la Alianza Indígena, Campesina y Popular de Veracruz (Alicapver) fueron retenidos por cientos de policías cuando intentaban entrar en la ciudad para instalar un plantón frente al palacio de gobierno y demandaron hablar con el mandatario, Fidel Herrera Beltrán.

La intervención de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública provocó conatos de enfrentamiento y jaloneos con los labriegos en por lo menos dos ocasiones, además de caos vial en la avenida Lázaro Cárdenas, que desemboca en la autopista Jalapa-Veracruz.

Los campesinos demandan al gobernador abrir una mesa de negociaciones con una agenda de 12 puntos, entre los cuales destaca detener la represión contra las movilizaciones, respeto a los derechos humanos en las regiones indígenas y campesinas, esclarecimiento de los feminicidios en la sierra de Zongolica, así como dejar de usar con fines políticos los programas de apoyo social.

Desde las ocho de la mañana, indígenas de las zonas norte, centro y sur del estado se concentraron en el cruce de Las Trancas para iniciar la marcha en 21 autobuses y a pie hacia la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde instalarían un plantón.

A la entrada de la ciudad fueron interceptados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales no pudieron detener la caravana, que siguió avanzando por la avenida Lázaro Cárdenas.

Al mediodía, otro grupo de policías intentó retenerlos en el distribuidor vial Araucarias, que desemboca en la avenida 20 de Noviembre y conduce al zócalo de la ciudad.

En ese lugar hubo un jaloneo entre policías y campesinos. Los primeros amenazaron con soltar perros de ataque contra los manifestantes, mientras los inconformes amagaron con embestir a los agentes con los autobuses.

A las 13 horas, el gobernador Fidel Herrera Beltrán recibió a tres representantes de las 10 organizaciones que integran la Alicapver a cambio de que detuvieran la marcha en el distribuidor vial Araucarias, a lo cual accedieron los campesinos. A pesar de ello, unos 200 granaderos con perros de ataque rodearon el palacio de gobierno en pervisión de que los campesinos continuaran su caminata al zócalo.

Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), recordó que el gobierno estatal se negó a escuchar las peticiones que hace más de un mes expusieron 10 organizaciones.

Explicó que la petición principal es negociar una agenda “que tiene que ver con derechos indígenas, programas productivos, conflictos agrarios, procuración de justicia, educación y vivienda, entre otros”.

Ángel Pérez Silva, coordinador estatal del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), señaló que los temas más importantes de la agenda tienen que ver con respeto a los derechos humanos, detener la represión policiaca contra las movilizaciones ciudadanas y eficacia en la procuración de justicia. “Llevamos la petición para que se esclarezcan los feminicidios que se suscitaron en la sierra de Zongolica y que siguen impunes. Que se castigue a los responsables de la muerte de doña Ernestina Ascenscio y de Susana Xocua”, dijo.


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Mantienen cañeros bloqueo a ingenio en Tabasco

Los productores exigen el pago de 150 millones de pesos por sus cosechas.

Notimex / La Jornada On Line

Villahermosa, Tab. Productores de caña de la zona de La Chontalpa mantienen un bloqueo a los accesos del ingenio azucarero Benito Juárez, ubicado en el municipio de Cárdenas, en demanda de que los dueños de la factoría les paguen sus cosechas.

Un grupo de campesinos, en nombre de cuatro mil 300 que conforman las asociaciones en la zona, atravesaron dos carretas sobre el camino de acceso al ingenio.

Desde el pasado fin de semana los cañeros se mantienen en guardia en el lugar, donde montaron una carpa y se turnan para impedir que los retiren, pues no se irán hasta que les paguen los 150 millones de pesos de la materia prima que entregaron a tiempo.

El dirigente del Comité de Productores Cañeros, Ramón Córdova Broca, indicó que los administradores del ingenio azucarero afirman que no cuentan con el recurso, e incluso les quieren descontar cinco pesos por cada tonelada de caña, lo cual les implicaría a los productores pérdidas por 3.7 millones de pesos.

Apuntó que se trata de un acuerdo incumplido, por lo cual permanecerán de forma indefinida en el plantón hasta que les paguen, lo que también pone en riesgo el inicio de la próxima zafra.

El movimiento de los campesinos mantiene retenidos 30 camiones con parte de las 34 mil toneladas de azúcar que el ingenio pretende comercializar.


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