Lanzan segunda etapa de “Sin Maíz No Hay País”

En el marco de la crisis alimentaria global y en México –que se expresa aquí con un encarecimiento de los alimentos de más de 70 por ciento en 18 meses y una profundización de la dependencia de importaciones–, más de 500 organizaciones campesinas, de productores y civiles, así como intelectuales, artistas, personajes públicos e individuos en general lanzaron la segunda etapa de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, con un nuevo agregado: “Alimentos campesinos para México. ¡El hambre no espera!”.

La Campaña reitera la imperiosa necesidad de reactivar el campo mexicano, por medio de la revalorización e impulso a la agricultura campesina, la cual ha sido despojada de políticas y apoyos públicos en los 25 años recientes, a pesar de que los productores de pequeña y mediana escala poseen 80 por ciento de las tierras donde se encuentran los recursos estratégicos (agua, germoplasma y minerales) y de que son guardianes y responsables de buena parte de la oferta alimentaria, de la biodiversidad, los servicios ambientales y de la preservación de la diversidad étnica y cultural del país.

También la Campaña insiste en la exigencia al Ejecutivo de que renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así como los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para salvaguardar la soberanía alimentaria,

No a transgénicos, no a los agrocombustibles

Igual que ocurrió en la primera fase de la campaña –que inició hace un año y que cumplió su objetivo de poner al maíz “en boca” de la población–, ahora las organizaciones e individuos promotores convocan a la sociedad civil a impedir la siembra en México de maíz transgénico, para así resguardar la condición de nuestro país como centro de origen del maíz, con 59 razas nativas, y como gran reservorio de variedades adaptadas al cambio climático.

Pero ahora ese llamado –que se hace crítico, pues el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifidados (LBOGM) generado por el Ejecutivo prevé la siembra experimental de maíces transgénicos para fines de este año—se complementa con la demanda de frenar el uso del maíz para su transformación en agrocombustibles.

La utilización de maíz y de otros alimentos para la producción de etanol es un crimen en esta crisis, siendo nuestro país un fuerte productor de petróleo. Los agrocombustibles son responsables de por lo menos 30 por ciento del encarecimiento mundial de los precios de los granos básicos (de 130 por ciento en el trigo, 87 en soya, 74 en arroz y 31 por ciento en maíz, entre marzo de 2007 y marzo de 2008, según la FAO) y además hay evidencias científicas de que no son sustentables ambientalmente, pues utilizan grandes volúmenes de agua y de energía fósil para su elaboración.

En México, con apoyos públicos este año tres plantas de etanol instaladas en Sinaloa estarán consumiendo casi un millón de toneladas de maíz. Ello, a pesar de que México depende hoy de más de 10 millones de toneladas del cereal (casi 30 por ciento de las necesidades domésticas).

Freno a monopolios y alimentos chatarra

La Campaña considera fundamental la participación de la sociedad civil en la defensa del maíz, del impulso a la capacidad productiva campesina y de la defensa del derecho a la alimentación, luego de que el Ejecutivo federal ha mostrado indiferencia y desprecio frente a la crisis alimentaria y a los efectos económicos, sociales y nutricionales de la población, misma que ya hoy suma 20 millones de personas con desnutrición y anemia, 60 millones que viven en condiciones de pobreza y más de 30 millones con problemas de obesidad (ligados a una oferta extensa de alimentos chatarra sin regulación e impulsados por publicidad engañosa).

Asimismo, llama a una lucha contra los monopolios alimentarios, pues la grandes corporaciones están dictando hábitos de consumo perniciosos para la salud y para el bolsillo de la población (por ejemplo con refrescos que en términos reales significan azúcar a 80 pesos el kilo, y que predisponen a la diabetes). La Campaña pretende inducir un consumo responsable de la población y una regulación para la publicidad de las corporaciones, la cual miente o exagera acerca de los valores nutiricionales de sus productos.

La campaña plantea exigencias puntuales, que involucran el compromiso de la sociedad, del Congreso y del propio Ejecutivo. Entre ellas destacan:

A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos, con un programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit comercial sectorial en 2012, y con una concertación del gobierno federal y los estatales con las organizaciones por rama de producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.

Asimismo, una reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural. Y una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras, la aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso. Y la aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables, tales como la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación, y el establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, con fomento a la compra a asociaciones de productores mexicanos.

También, el incremento de cien por ciento al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de la tierra y las remesas.

C) Creación de una Reserva Estratégica Alimentaria, que sería administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por maíz (tres millones de toneladas), trigo (un millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a cuatro meses del consumo nacional.

D) Protección al maíz, por medio de investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas; incentivo a prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura; protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica; medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del grano; establecimiento de un sistemas de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos, y etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental a la información para poder elegir.

Los promotores de la Campaña consideran que todas estas acciones pueden ser fácilmente financiadas con la creación de un Fondo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con los recursos excedentes del petróleo; asimismo, con los ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU; con un recorte de 20 por ciento del gasto corriente de la alta burocracia de los tres Poderes (incluyendo reducción salarial y prestaciones, y con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores), y con 25 por ciento de los decomisos al crimen organizado.


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Alerta Greenpeace sobre “graves consecuencias” de confinamiento en Zimapán.

Greenpeace México expresa su solidaridad con la resistencia de la comunidad contra la instalación del confinamiento en Zimapán y expone que los confinamientos no son formas de disposición final de los residuos si no cumplen con la premisa de no ocasionar daños en el ambiente y la salud. Enterrar materiales peligrosos es una forma de postergar los daños que siempre terminan padeciendo los habitantes de una comunidad y el medio ambiente.

Por Desde Abajo

Zimapán.- De entrar en funcionamiento el tiradero tóxico en Zimapán, Hidalgo, las consecuencias para la población local podrían ser muy graves. Ante esta posibilidad, Greenpeace México, a través de su Director de Campañas, Gustavo Ampugnani, expresa su más profundo rechazo al proyecto, y ha enviado la siguiente misiva fijando su postura al respecto, dada a conocer por el Movimiento Ecológico Zimapán Libre

En ella, Greenpeace México expresa de manera textual: “Confinar residuos peligrosos no es la solución para gestionar la basura de las industrias, sino ocultar el problema, transferirlo de las industrias a las comunidades y, finalmente, postergar la aplicación de acciones encaminadas a transformar la manera en que se producen los bienes materiales.

“Un confinamiento tiene una vida útil de alrededor de 20 años, tiempo en que los residuos comienzan a lixiviar, contaminando así los mantos freáticos y el suelo, entre otros problemas. La verdadera solución al manejo de los residuos es dejar de generarlos, adoptando procesos de producción limpia y sustituyendo las sustancias tóxicas y peligrosas por otras no contaminantes.

Greenpeace considera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe avocarse más a desarrollar políticas que promuevan la producción limpia y la sustitución de tóxicos en vez de promover la instalación de cementerios de residuos tóxicos como el de Befesa en Zimapán.

“México ya tiene experiencia lamentable con los confinamientos de residuos tóxicos, tanto legales como ilegales. Ejemplo de lo primero son los problemas que Mina, Nuevo León, enfrenta debido al mal manejo del confinamiento de la trasnacional Vivendi que dejan ver que este tipo de instalaciones no son una opción y que, por el contrario, generan severos daños al ambiente y a la salud de los ciudadanos.

Los confinamientos no son formas de disposición final de los residuos si no cumplen con la premisa de no ocasionar daños en el ambiente y la salud. Enterrar materiales peligrosos es una forma de postergar los daños que siempre terminan padeciendo los habitantes de una comunidad y el medio ambiente.

Greenpeace cree que la solución a los residuos peligrosos no son los confinamientos o la incineración, sino la producción limpia. Las empresas deben rediseñar sus productos y procesos productivos para dejar de generar ese tipo de desechos. La pregunta que deben resolver las autoridades y las empresas es “¿qué hacemos para no generar residuos peligrosos?” y no “¿qué hacemos con los residuos?”.


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Declaración del Congreso del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires.

Declaración del Congreso del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires

En las últimas semanas nuestro país se ha visto inmerso en un conflicto sectorial por cuyas consecuencias y magnitud se afectó la vida de todos los argentinos.

De un modo perverso se hizo vivir a las familias argentinas tiempos de zozobra. Rutas cortadas que impedían el normal abastecimiento de productos esenciales y una acción psicológica mediáticamente multiplicada generaron un clima de angustia intolerable.

Un sector económico y social le impuso al resto de los argentinos su disconformidad con medidas adoptadas por un Gobierno que realizó un uso legítimo de las atribuciones constitucionales.

Ningún gobierno democrático, y mucho menos aún las dictaduras debieron afrontar el nivel de oposición y violencia que exhibieron estos grupos y lo que significó la persistencia de las acciones que este sector desplegó por meses. Sin dudas se apuntó a minar la esencia y los mecanismos del sistema democrático desconociendo a sus instituciones y a quienes fueron elegidos para representar la voluntad de los ciudadanos.

Todo ello fue posible gracias a un formidable aparato propagandístico que en forma sistemática deformó la realidad.

El peronismo exhibe una extensa trayectoria de luchas a favor de los más pobres y desprotegidos. Nació y justificó su existencia como movimiento político que reivindicó el derecho del pueblo a condiciones de vida justas. El peronismo entiende a la política como la construcción colectiva de un bienestar que debe ser y alcanzar a todos. No puede haber en la Nación realización de un grupo o de un sector sobre la base de la postergación de otro.

Fue el esfuerzo compartido por todos los argentinos el que permitió dejar a tras la peor crisis de la historia apenas comenzado el nuevo siglo. Fue necesario volver a poner en marcha el aparato productivo, poner de pié a la nación frente a los poderes internacionales, reinstaurar la plenitud de la Justicia e reintegrar a una vida social digna a millones de compatriotas a los que se había excluido. Se hizo mucho y mucho queda por hacer.

Fueron las políticas llevadas adelante por el Gobierno nacional desde 2003 las que permitieron transformar favorables condiciones económicas internacionales en una oportunidad para la Argentina. Los buenos resultados no son automáticos. El conjunto de medidas que posibilitaron mejorar año tras año la situación del sector agroganadero y de las industrias vinculadas al mismo fueron resultado del aporte del conjunto de la sociedad. Esto no puede escapar a la consideración honesta de ningún ciudadano, independientemente de su bandería ideológica o política.

El mundo enfrenta los desafíos de una vertiginosa suba de precios de los alimentos que está impactando en las capacidades de consumo de miles de millones de personas. Ante esta realidad el Gobierno Nacional se propuso sostener el desarrollo y crecimiento sustentable de este sector clave de la economía, proteger el derecho de todos los habitantes del país al acceso a su alimentación básica y favorecer la integración social propiciando la distribución del ingreso.

Adoptadas esas medidas, se convocó a un diálogo amplio que esos sectores pretendieron transformar en un mero acto de imposición de sus condiciones e intereses.

Hoy lo que está en juego es el principio mismo del sistema democrático. Ningún sector puede invocar intereses por encima de los del conjunto de la Nación.

El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires quiere expresar su más firme apoyo a las políticas de distribución del ingreso y fortalecimiento de la democracia que impulsa el Gobierno Nacional a través de la Presidenta Compañera Cristina Fernández de Kirchner.

Afirmamos nuestro compromiso con el más estricto respeto a las instituciones que consagra la Constitución Nacional y el ejercicio pleno de la autoridad presidencial.

Llamamos a todos los argentinos, y en particular a los de esta Ciudad, a ser consecuentes con los principios de la legalidad constitucional y con el compromiso de continuar construyendo una nación socialmente más justa.

Buenos Aires, 25 de junio de 2008


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Nura Mexe ¿Dónde estás pueblo?

“…Nura Mexe dónde está la sangre de los caídos, esos que te hicieron nacer y aunque ya no te ven lloran quedito, muy, muy quedito, Nura Mexe ¿dónde están los pilares de la democracia?, ¿Dónde están los intelectuales, dónde los destinos de la juventud sin recursos? ¿Dónde estás pueblo? ¿Dónde estás pueblo? ¿Dónde estás pueblo?.

Por Edith Castillo - Emmanuel Huerta / Desde Abajo


Adiós a El Mexe.


El Mexe finalizó 81 años de educación, de historia, de lucha constante en contra de la injusticia y la desigualdad social, el domingo 6 de julio del 2008 pasará a la historia cuando la Normal Rural de “El Mexe” Hidalgo perdió la batalla, y dejó a sus soldados para que peleen desde sus trincheras personales.

Con la despedida de la última generación de los normalistas, también se bajó el telón de la legendaria escuela del Mexe, pues desde hace 4 años que el gobierno del estado ya no permitió el nuevo ingreso y ahora ha edificado una universidad politécnica en las instalaciones que pertenecieron por casi 8 décadas a la Normal Rural.


Con el llanto en los ojos, la mandíbula tensa y los dientes apretados, los 74 alumnos egresados de las tres modalidades (Primaria, Preescolar y Educación Especial), se despidieron uno a uno de las viejas instalaciones, rezando como nunca antes “Quiero cantarle hoy a mi querida escuela, donde al paso de los años me he formado, voy a dejar parte de mi vida, donde viví mis tristezas y alegrías…”

Los alumnos, ex alumnos, padres de familia y pobladores terminaron esta batalla en contra del gobierno estatal con la baja más grande que pudieron haber tenido, este 6 de julio Luís Villareal ha vuelto a morir, su presencia ya no fue requerida por el Gobierno hidalguense, a pesar de ser éste uno de los estados con mayor analfabetismo del país, con grandes zonas de sierra y huasteca y poblados marginados donde no llega la educación.

Lagrimas, música, palabras, poemas, gritos de valentía y fortaleza se ahogaron por siempre para los estudiantes de El Mexe, pues la última cosecha de los maestros para el campo se ha entregado.

Pero la derrota no es sólo porque con la graduación de la última generación de la Normal Rural Luis Villarreal se cierra por completo la página más dolorosa del Mexe, sino porque a aquellos estudiantes aguerridos, valientes y románticos les mataron la esperanza, ahora dicen que se van con el Mexe en el corazón, pero con la impotencia de no haber podido hacer más por su escuela y la tristeza del entreguismo de sus “líderes corruptos que se vendieron por unos cuantos pesos”.

Sofía Ortega Sosa, en su discurso de despedida pidió a sus compañeros continuar con la lucha desde su nueva labor “nos marchamos con tristeza, pero también con coraje y con mucha impotencia de dejar una tarea inconclusa: la desaparición de nuestra querida normal… pero no olvidemos nunca esos días de lucha gloriosa, donde sólo había frijoles y si acaso dos tortillas para cada uno, no olvidemos esas noches de fogata que iluminaban esos círculos de amigos y esas asambleas llenas de armas superiores de la mente…”.

No importaron los bailes tradicionales, las rondallas, la música latinoamericana, el performance, el improvisado cantante alumno de El Mexe, porque al final el poema “Nura Mexe” hizo que se humedecieran los ojos de todos los presentes, no sólo los alumnos y exalumnos, no sólo los maestros y trabajadores, si no el pueblo entero que fue fiel testigo y parte de la misma lucha, recordó con nostalgia esas tardes de festejos por las victorias y esas largas noches de sentirse derrotado.

“…Nura Mexe dónde está la sangre de los caídos, esos que te hicieron nacer y aunque ya no te ven lloran quedito, muy, muy quedito, Nura Mexe ¿dónde están los pilares de la democracia?, ¿Dónde están los intelectuales, dónde los destinos de la juventud sin recursos? ¿Dónde estás pueblo? ¿Dónde estás pueblo? ¿Dónde estás pueblo?.



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Exigen castigo penal contra los funcionarios que no ejerzan los fondos para el campo.

■ Denuncian que Sagarpa tiene un subejercicio presupuestal de 90 por ciento


Matilde Pérez U. La Jornada.

La Confederación Nacional Campesina, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas exigieron a los legisladores que actúen jurídicamente en contra de los funcionarios que no ejerzan los 204 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el campo.

Dicho presupuesto no se limita al aspecto productivo y comercial: incluye programas sociales, educativos y de salud, y debe ser ejercido correctamente, sobre todo ante la crisis alimentaria mundial y atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) dar prioridad a la agricultura, asentaron.

César Duarte, coordinador de los legisladores de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Cámara de Diputados, alertó en torno al subejercicio presupuestal de 90 por ciento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), ya que de 64 mil millones de pesos sólo ha aplicado 7 por ciento, “lo que pone en riesgo la alimentación de todos los mexicanos”.

Al participar en el consejo político de la CNC que se llevó a cabo en el salón Emiliano Zapata, Duarte Jáquez manifestó que debe castigarse con prisión a quienes evitan que los recursos aprobados por el Congreso de la Unión fluyan al agro, porque van en contra de los objetivos de alcanzar la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país.

Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se perdieron cerca de 5 millones de empleos en el medio rural y las compras de alimentos desde el extranjero rebasaron 70 mil millones de dólares, “lo que demuestra que las administraciones panistas, sobre todo con Felipe Calderón Hinojosa, se apuesta siempre al extranjero”, dijo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)-El Barzón, observó que los presupuestos crecientes para el campo no se reflejan en incrementos de la producción, empleos rurales ni en el PIB agropecuario. “Hay un declive preocupante y los niveles de vida de la gente han empeorado.”

Ante esa situación, la estrategia propuesta por la ANPAP-El Barzón es luchar no sólo por incrementos al presupuesto, sino por definir metas y estrategias que tengan como eje lograr la creación de la reserva estratégica y el bono alimentario.

“Nuestros estudios indican que incrementar la productividad del maíz en 10 millones de toneladas adicionales en los próximos tres años tiene un costo de 30 mil millones de pesos, ya que no sólo se trata de elevar los rendimientos por hectárea; también implica construir bodegas, cumplir con incorporar 500 mil hectáreas más al sistema de riego; establecer metas específicas en materia de tecnificación, mejoramiento de semillas y producción de fertilizantes”, abundó.

Todas las organizaciones tienen un papel fundamental en estas estrategias, incluyendo a la CNC, porque se trata del beneficio de los campesinos y de sus familias. “En este momento no tenemos una cifra para el presupuesto del agro para 2009, pero sí hay una exigencia de que se apliquen los recursos actuales porque tememos que habrá un subejercicio mayor al de años anteriores, ya que el gobierno está haciendo su cochinito para las elecciones del próximo año.”

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), dijo que hay “negligencia y lentitud” en la distribución del presupuesto para el campo. “Las reglas de operación impuestas por Sagarpa hicieron más difícil el acceso a los recursos, al parecer se quiere acabar con las organizaciones sociales del campo.”

Agregó que el gobierno privilegia sólo a algunas regiones del país, al sector comercial del agro y a algunas organizaciones rurales, pero hay un atraso muy significativo en la entrega de los recursos económicos, ya que hay 22 estados que no lo han recibido porque Sagarpa no ha aprobado los anexos técnicos correspondientes.



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Temen carpetazo a otra agresión en Zongolica

■ Autoridades descalifican testimonios, dicen

Andrés T. Morales (Corresponsal La Jornada)

Zongolica, Ver., 20 de julio. Dos días después de la exhumación de los restos de la indígena Susana Xocua Tezoco para someterlos a una autopsia, vecinos de San José Independencia advirtieron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “prepara un Ernestinazo”, pues intentará sosostener la hipótesis de muerte natural, como ocurrió en el caso de Ernestina Ascención Rosario, quien falleció en febrero de 2007.

La advertencia fue apoyada por el secretario de Asuntos Indígenas del PRD y ex regidor de Zongolica, Juan Carlos Mexhua, quien acompaña a los deudos en su demanda de justicia, y responsabilizó al procurador Salvador Mikel Rivera de preparar el cierre del expediente, luego de las descalificaciones de funcionarios a testimonios de los lugareños.

Mexhua Campos se refirió a las declaraciones que el subprocurador de Asuntos Indígenas de la PGJE, Darío Mendiola Solana, sobre las evidencias localizadas junto al cadáver y los testimonios de más de 50 lugareños que vieron el cuerpo de Susana Xocua, muerta el 25 de mayo pasado.

“El señor afirma que la señora estaba semidesnuda porque las indígenas no acostumbran usar ropa interior; que el sombrero de un hombre que estaba junto al cadáver era de un espantapájaros, y sostienen la teoría de que murió por tener vejiga caída. Todo apunta a que ya se tomó la decisión de no atender las investigaciones”, expuso.

Sostuvo que la mujer, de 58 años, gozaba de buena salud, como lo corrobora el seguimiento de médicos del programa Oportunidades, del cual era beneficiaria, y no reportaron ningún mal crónico o mortal. Además, acusó que “el Ministerio Público tuvo fallas, como el no revisar los genitales de la agraviada, lo que practicó dos meses después, con la exhumación del pasado viernes”.

Dijo que por la posición de la PGJE se sospecha que se prepara el cierre de la investigación, como en el caso de la anciana Ernestina Ascensión, del municipio de Soledad Atzompa. “Se prepara un Ernestinazo”, sostuvo.

En este contexto, familiares de Susana Xocua aseguraron que el ayuntamiento de Zongolica, que encabeza el priísta Luis Flores Trujillo, los presiona para desistirse de su demanda de justicia, por conducto del subagente municipal en San José Independencia, Cayetano Apale Salvado.

Además el secretario de la agencia ministerial en Zongolica, Javier Tepole, amenazó a los deudos para que ya no pidan una investigación sobre el caso. “Nos dijo ‘ya no vengan en bola, pues se están metiendo en lo profundo y a ustedes los podrían meter a la cárcel”, afirmó Felipa Panzo Temoxtle, nuera de la víctima.



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Rechazan hotel en San Miguel de Allende.

■ El proyecto, de 1,200 hectáreas, dañará flora, fauna y pinturas rupestres: ejidatarios


■ Les ofrecen sólo $20 por m2; el propietario de la mayor parte de los terrenos ya aceptó vender

Carlos García (Corresponsal La Jornada)

San Miguel de Allende, Gto., 20 de julio. La empresa Cordell Funding Mexicana pretende construir un hotel de cinco estrellas y un campo de golf en mil 200 hectáreas del ejido Don Juan Xido-Cabras y en los alrededores, pero el proyecto atentaría contra el equilibrio ecológico de la zona, rica en flora y fauna, donde también se han encontrado pinturas rupestres.

Con apoyo del alcalde de San Miguel de Allende, el panista Jesús Correa Ramírez, el consorcio comenzó a adquirir los terrenos, de los cuales 200 hectáreas pertenecen al ejido Xido-Cabras.

El presidente municipal visitó a los ejidatarios para proponerles que vendieran sus tierras a 20 pesos el metro cuadrado.

De los 32 ejidatarios, sólo siete están en contra de la venta, informaron la representante de la comunidad de Cabras, Adela Monzón Cázares, y el delegado, Aquiles Salazar Olvera, respectivamente.

Los 700 habitantes de Cabras y vecinos de otros ocho poblados están en contra de la construcción del hotel de cinco estrellas y del campo de golf de ocho hoyos porque están convencidos de que el proyecto dañará la naturaleza y las pinturas rupestres.

De acuerdo con Adela Monzón y Aquiles Salazar, en la zona hay especies vegetales como huizache, nopal, mezquite y el arbusto conocido como hueledenoche, mientras en las partes más altas la vegetación es más frondosa e incluye encinos.

Señalaron que también hay coyotes, zorrillos, conejos, zorros, venados y ardillas, entre otros animales silvestres.

Para llegar adonde se encuentran las pinturas rupestres hay que caminar unos 30 minutos y pasar un cañón, cerca del cual se observa una cascada. Los halcones suelen volar sobre el valle.

Desde el lugar donde se encuentran las pinturas rupestres se ve la cabecera municipal de San Miguel de Allende, ciudad recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad.

Para aprovechar los grandes atractivos naturales del municipio, el ayuntamiento 1994-1997 impulsó un proyecto de ecoturismo: se construyeron paradores, un mirador y un camino de roca para que los turistas tuvieran acceso a las pinturas rupestres y a la cascada, pero no se le dio seguimiento y los proyectos quedaron en el olvido.

Ante la inminente construcción del hotel y el campo de golf, los vecinos solicitaron la intervención de la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, Guillermina Gutiérrez Lara, para evitar que se destruyan las pinturas rupestres, recordó Adela Monzón.

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron informadas sobre el posible dañó ecológico, según la representante de la comunidad de Cabras. “Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias” para impedir el proyecto, indicó.

Por lo pronto, pobladores de la región organizan una marcha al palacio de gobierno en la capital de Guanajuato para pedir la intervención del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, anunció Monzón Cázares.

Hay proyecto, pero no trámites

El gobierno de San Miguel de Allende “no puede dejar ir una inversión tan cuantiosa, que generará empleos en el municipio”, señaló el secretario del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Christopher Thomas Finkelstein Franyuti.

El funcionario confirmó que se necesitan mil 200 hectáreas para construir el hotel de cinco estrellas y el campo de golf, y el dueño de mil hectáreas sí quiere vender. Sólo hay conflicto con las 200 del ejido Xido-Cabras.

El presidente municipal Jesús visitó a los ejidatarios para invitarlos a que vendan sus predios “porque una de sus funciones es que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida” a través de la generación de empleos, argumentó Finkelstein Franyuti.

“Si en su momento se detona esto no hay que jalarnos los pelos”, porque los empresarios tendrán que cumplir con la normatividad, con estudios de impacto ambiental y la factibilidad (del suministro) de agua”, dijo.

“El objetivo del alcalde es traer inversiones a San Miguel de Allende, y si bien todavía no hay absolutamente nada, estamos luchando para que ese capital se quede”, aunque aún no se sabe cuántos millones de dólares se invertirán en el proyecto, concluyó Finkelstein.




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El 68 mexicano: del autoritarismo a la impunidad

A 40 años

■ La represión propició un cambio histórico en México

Gustavo Castillo García

En 1968, en la capital del país se desarrolló un gran movimiento estudiantil, el más importante de la historia de México, el cual estalló ante la intransigencia y la represión gubernamentales, y –mucho se ha argumentado al respecto– fue un parteaguas que transformó la historia nacional. La movilización creció a niveles insospechados. Para contener el creciente descontento, el gobierno sacó las tropas a la calle. El Ejército tomó Ciudad Universitaria e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el ámbito político había una soterrada disputa entre el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), Alfonso Corona del Rosal, por la candidatura del PRI a Presidencia de la República. Desde 1956 despachaba en la embajada de Estados Unidos –según analistas y varios ex agentes, ésta era la segunda en importancia en el mundo, después de la que operaba en la ex Unión Soviética, debido a la posición geoestratégica de México– un jefe de estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), que era partidario de las dictaduras militares. Altos funcionarios gubernamentales se habían convertido en informantes de esa organización del espionaje estadunidense, entre ellos Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Fernando Gutiérrez Barrios y el propio Echeverría, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos.

El conflicto se inició en julio; de agosto a octubre el gobierno de México fue sacudido por las exigencias de jóvenes universitarios que clamaban por diálogo público, libertad para los pesos políticos y una reforma legislativa que derogara los artículos en que se sustentaba el delito de disolución social, entre otras demandas democráticas.

El 2 de octubre la represión alcanzó su punto máximo, cuando militares y francotiradores abrieron fuego contra miles de personas congregadas en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Esto se daba en el contexto de la guerra fría. Movimientos similares por mayores libertades habían ocurrido en París, Berlín, Roma, Turín, Chicago, Londres, Barcelona y Berkeley, cuyos protagonistas también eran estudiantes.

Otra parte de ese contexto tenía que ver con que el gobierno mexicano preparaba los Juegos Olímpicos, los primeros que se celebraban en un país de América Latina.

Al cumplirse 40 años del inicio de esa irrupción estudiantil en la vida nacional, en un movimiento sin el cual no puede entenderse el desarrollo político, social y cultural de México en los años recientes, La Jornada ofrece a sus lectores, a partir de hoy, una serie en la cual contaremos la historia de lo sucedido entre el 22 de julio y el 2 de octubre de aquel año. La novedad del material que publicaremos es que mucha de la información proviene de documentos oficiales resguardados por el Archivo General de la Nación y que fueron obtenidos de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante una solicitud de información pública.

El inicio: falta de libertades

En julio de ese año se conjuntaron intereses políticos, económicos, diplomáticos y militares para enfrentar lo que en el discurso oficial se definió como una “conjura comunista que buscaba desestabilizar al gobierno y entorpecer la justa olímpica”.

Los documentos oficiales evidencian que la movilización del 68 se inició y creció, además de por la cerrazón gubernamental y la falta de libertades democráticas que caracterizaban al régimen autoritario priísta de esos años, por las incesantes provocaciones y la represión policiaca en contra de los estudiantes, fundamentalmente universitarios y politécnicos, que se dio a partir del 23 de julio.

El Libro Blanco del 68, elaborado en aquellos años por la PGR, que contiene la versión oficial de lo sucedido, asegura que “el detonador” del conflicto fue que “algunos grupos de estudiantes y otras personas celebraban en la ciudad de México los aniversarios del 26 de julio de 1953, fecha de ataque al cuartel Moncada de La Habana, y que dio su nombre al movimiento revolucionario cubano”.

Según la autoridad, “esas conmemoraciones fueron precedidas, muy frecuentemente, por determinados disturbios o actos tumultuarios de protesta que evaden (sic) el marco de la simple celebración”.

El documento refiere que “en julio de 1966 y en julio de 1967 grupos estudiantiles y algunos miembros de organizaciones políticas de extrema izquierda, simpatizadores de la Revolución Cubana, aprovecharon la fecha para suspender temporalmente las clases en varios planteles de educación superior, capturando autobuses urbanos, provocando diversos desórdenes públicos y motivando así encuentros con la policía de la ciudad, aunque sin lograr mayores consecuencias”.

De acuerdo con dichos informes oficiales, en ese contexto ocurrieron los enfrentamientos del 22 y 23 de julio entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN contra los alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en ellos tuvieron lugar actos de provocación perpetrados por las pandillas Los Ciudadelos y Los Araños, liderados por los porros Mario Ramírez, El Fish, y Santiago Alfonso Torres Saavedra, El Johnny, así como por la misteriosa intervención de un grupo de jóvenes ataviados con uniformes desecundaria, que más tarde se sabría que formaban parte del grupo que posteriormente se conoció como los halcones.

El 23 de julio los granaderos provocaron durante varias horas a los alumnos del Politécnico. Los uniformados lanzaron bombas de gas lacrimógeno y golpearon a estudiantes, profesores y empleados de las vocacionales. Los informes gubernamentales niegan que hayan ocurrido dichas agresiones policiacas.

Al día siguiente del enfrentamiento, el diario Excélsior publicó una nota que llamó la atención, en la cual se informaba que, mediante un boletín de prensa, la UNAM advirtió que “una revista extranjera, un periodista local y rumores de grupos con intereses manifiestos” iniciaron un “campaña contra la autonomía universitaria”, señalando, entre otras cosas, que “las universidades en Iberoamérica son como campos de entrenamiento de agentes subversivos”.

El 26 de julio, los estudiantes politécnicos agrupados en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) realizaron una marcha para protestar por la represión de los días anteriores contra alumnos de las vocacionales 2 y 5. Ese mismo día, integrantes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) y de la Juventud Comunista convocaron a una marcha y un mitin para conmemorar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, que dio inicio a la revolución cubana.

Según la PGR, luego de lo sucedido en la Ciudadela, “en la mañana del 26 de julio, líderes de la Juventud Comunista y de la CNED determinaron (…) enviar grupos de choque a la manifestación del Politécnico para provocar desórdenes, a fin de que tuviera que intervenir la policía y en esta forma se agravara el problema existente entre ésta y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional”.

La movilización de la FNET concluyó sin incidentes, pero algunos de sus integrantes se sumaron al acto de la CNED y exhortaron a éstos a marchar hacia el Zócalo, enfilando por las calles de Madero y 5 de Mayo. Al hacerlo estaban avanzando hacia una trampa, pues los granaderos le cerraron el paso a la vanguardia en la calle de Palma y a la retaguardia en la avenida San Juan de Letrán (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas), mientras otros grupos de policías se lanzaban contra ellos desde calles perpendiculares a la ruta de la movilización.

En el centro de la ciudad se dieron múltiples choques entre policías y estudiantes, especialmente en los alrededores de las preparatorias 1 y 3, donde se habían refugiado algunos estudiantes que participaron en la marcha de la FNET.

Durante la noche, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto allanaron las instalaciones del comité central del Partido Comunista. Detuvieron a varios de sus dirigentes y en otros puntos de la ciudad a una estadunidense, un puertorriqueño y un peruano. El gobierno diría más tarde que los comunistas recibían adoctrinamiento del extranjero para desestabilizar al régimen.

El Libro Blanco del 68 añade que el presidente Díaz Ordaz ordenó al Ejército, después de varios días de enfrentamientos entre estudiantes y policías, contener los “desórdenes” el 30 de julio, a solicitud de Luis Echeverría Álvarez y Alfonso Corona del Rosal, entonces titulares de Gobernación y del DDF, respectivamente.

La participación militar fue, según la versión oficial, “en auxilio de la Policía Preventiva” y en atención a “la agresividad de los estudiantes y la incapacidad de los granaderos” para controlar “los desmanes”.

Así, los mandos de las fuerzas del Estado que se involucraron en el conflicto eran mayoritariamente militares con grado de general y, aunque con distintos matices, todos eran anticomunistas:

El DDF era dirigido por el general Corona del Rosal; la policía estaba a cargo de Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero; el coronel Manuel Díaz Escobar encabezaba la Subdirección de Servicios Generales del DDF, en la cual creó un “grupo especial de vigilancia para instalaciones estratégicas como el Metro”, que luego se convertiría en los Halcones; Luis Gutiérrez Oropeza estaba al frente del Estado Mayor Presidencial (EMP) y formó el llamado Batallón Olimpia, grupo integrado por militares y policías que, vestidos de civil, al final del movimiento se encargarían de detener a estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco; Marcelino García Barragán se desempeñaba como secretario de la Defensa Nacional y Mario Ballesteros Prieto e la jefatura del estado mayor de esa dependencia; este último era uno de los encargados de las operaciones castrenses en la capital del país.

En ese entonces la radio comercial transmitía música de los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Bob Dylan, Joan Báez, Simon y Garfunkel, pero también de Rocío Durcal, Angélica María, Los Teen Tops, Los Rebeldes del Rock, Los Camisas Negras y Roberto Jordán.

En las artes plásticas se consolidaba la llamada Generación de la Ruptura, integrada, entre otros, por José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Manuel Felguérez, Pedro Coronel y Remedios Varo, quienes desde 1957 impulsaban un cambio en el arte del país para romper con la Escuela Mexicana de Pintura, corriente artística en la que participaban, principalmente, los muralistas.

Ataque en San Ildefonso

La madrugada del 30 de julio, soldados de la primera Zona Militar penetraron en las preparatorias 1, 2, 3 y 5 de la UNAM y en la vocacional 5 del IPN. En un hecho desmedido y sin precedente, los militares dispararon una bazuka contra el portón de San Idelfonso.

Al día siguiente se realizó un mitin frente a la rectoría de la UNAM, en el cual Javier Barros Sierra –cabeza de la institución– leyó un documento en el que condenaba la violación de la autonomía universitaria. El primero de agosto, el rector encabezó una manifestación de Ciudad Universitaria a Félix Cuevas, a la cual se sumaron estudiantes de Chapingo, del IPN y de la Normal de Maestros.

El 4 de agosto los estudiantes dieron a conocer su pliego petitorio de seis puntos, en el que exigían libertad de los presos políticos; destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea; desaparición del cuerpo de granaderos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, relacionados con el delito de disolución social; indemnización para los familiares de los muertos y heridos, víctimas de la agresión del 26 de julio en adelante, y el “deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades por conducto de la policía, granaderos y Ejército”.

El 5 de agosto los estudiantes politécnicos desconocieron a la FNET como su representante y constituyeron el comité de huelga del IPN. Tres días después se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), con 210 representantes, tres por cada escuela del IPN, la UNAM, Chapingo y la Nacional de Maestros. Se decidió que esa organización sería “el único interlocutor legítimo ante el Estado”.

La violencia fue en aumento, los estudiantes eran reprimidos por policías en cuanto los sorprendían realizando mítines relámpago, haciendo pintas o boteando, es decir, pidiendo ayuda económica de la población para sostener el movimiento. No obstante la pluralidad de corrientes que participaban en el CNH, se pudieron organizar movilizaciones multitudinarias a partir del 13 de agosto y se logró, además, que el Consejo Universitario apoyara sus demandas; lo mismo hicieron intelectuales, maestros y padres de familia.

El 27 de agosto las negociaciones con las autoridades no avanzaban y se realizó una manifestación que llegó al Zócalo. Los estudiantes tocaron las campanas de Catedral e izaron una bandera rojinegra en el asta bandera, frente a Palacio Nacional. Centenares de jóvenes decidieron permanecer en el Zócalo en demanda de diálogo público con el presidente Díaz Ordaz, pero la madrugada del día 28 fueron desalojados por policías y un contingente de infantería a bordo de tanquetas. Un total de 300 personas fueron detenidas. Al día siguiente, en un presunto acto de desagravio a la bandera, se dio una curiosa e inesperada rebelión de burócratas, que habían sido acarreados al Zócalo, quienes gritaban: “Somos borregos, beee, beee”.

El primero de septiembre, durante su cuarto Informe de gobierno, Díaz Ordaz advirtió que utilizaría “mano dura” contra el movimiento. El día 13 los estudiantes organizaron la que se conoció como la Marcha del Silencio, del Museo de Antropología al Zócalo, en la cual se calcula que participaron 300 mil personas, número insólito para una movilización en esos tiempos.

Cinco días después, el Ejército tomó Ciudad Universitaria y para el día 24 los militares se apoderan de los principales planteles del IPN ubicados en el casco de Santo Tomás y Zacatenco. El Libro Blanco del 68 de la PGR agrega que si el IPN hubiera sido “ocupado por sorpresa, como aconteció en Ciudad Universitaria, no hubieran tenido que lamentarse muertos y heridos”.

El gobierno consideró que esa acción había sido “justa, y que permitir que las escuelas se convirtieran en arsenales y reductos de motineros sólo daba ocasión a que aquéllos se sintieran fuertes y prolongaran el conflicto”.

El 22 de septiembre el rector Barros Sierra presentó su renuncia ante el Consejo Universitario debido a la ocupación militar de Ciudad Universitaria y de otras escuelas de la UNAM. El 27, la retiró y tres días después el Ejército entregó Ciudad Universitaria.

Una vez reabierta la máxima casa de estudios, el CNH ofreció una conferencia de prensa en la cual reiteró que el movimiento nunca se había propuesto boicotear los Juegos Olímpicos y que continuaría la huelga estudiantil hasta ver cumplido su pliego petitorio.

El primero de octubre se acordó realizar un mitin al día siguiente en Tlatelolco y luego marchar hacia el casco de Santo Tomás con la intención de pedir la salida del Ejército de las instalaciones del IPN.

A las cinco de la tarde del 2 de octubre se inició el mitin. Se calcula que había más de 8 mil personas en la Plaza de las Tres Culturas. Entre las 18:10 y las 18:15 horas, “dos helicópteros sobrevuelan el lugar y son disparadas dos luces de bengala. Casi al mismo tiempo, desde el edificio Chihuahua un francotirador dispara una ráfaga de arma semiautomática”. Comenzó la matanza. Aún hoy no se conoce con precisión el número de muertos. Centenares de estudiantes fueron llevados, entre otros lugares de detención, al Campo Militar número uno y luego consignados por diversos delitos.

En 1969, Díaz Ordaz se responsabilizó de lo sucedido, durante la lectura de su quinto Informe de gobierno. Luis Echeverría lo sucedería en el cargo.

Ya durante el gobierno de Vicente Fox, en 2000, se creó la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El 4 de enero de 2002 se iniciaron las investigaciones encaminadas a esclarecer, entre otros asuntos, los sucesos del 68.

A la fecha únicamente se encuentra sujeto a proceso penal por el delito de genocidio el ex presidente Luis Echeverría. Sin embargo, está en trámite una petición de amparo contra esa determinación judicial.


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19 de Julio de 1979: Triunfo del Frente Sandinista de Liberacion Nacional. Nicaragua.

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Favorecían a Ortega la mayoría de los votos irregulares: Godoy

Por otra parte, la presidenta de la CNG destacó que la "votación atípica" en las elecciones internas no es algo nuevo, pero en este aumentó en tres mil 200 por ciento.

Notimex / La Jornada On Line

México, DF. De acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del PRD, Ernestina Godoy, la mayoría de los votos irregulares verificados favorecían al candidato Jesús Ortega Martínez.

Godoy Ramos destacó que la "votación atípica" en las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es algo nuevo, pero en el proceso electoral de 2008 aumentó en tres mil 200 por ciento.

"Contamos al menos con 52 casos documentados en Chiapas en los que se demuestra esa acción deliberada para beneficiar a un candidato y podemos afirmar que la votación atípica se ha incrementado en cada elección interna hasta llegar a tres mil 200 por ciento en 2008".

Por ello, dijo, la Comisión Nacional de Garantías debe resolver si es omisa esta práctica que "denigra y avergüenza a todo el partido".

Agregó que la anulación de la elección interna del partido se da al haberse acreditado irregularidades en más de 20 por ciento de las casillas instaladas.

Por su parte, el candidato a la dirigencia nacional perredista, Jesús Ortega, consideró que existe un veto de la Comisión de Garantías para que dirija al partido, por lo que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un comunicado, Ortega Martínez aseguró que los integrantes de dicha comisión del Partido de la Revolución Democrática prefirieron anular la elección antes de reconocer que fue favorecido por el cómputo final.

"La presidenta de la Comisión, Ernestina Godoy, -como juez de consigna- sólo quiere engañar tratando de responsabilizarme. Sin embargo, no vio en su arduo análisis ninguna objeción en las verdaderas anomalías que realizaron los que apoyaban a Alejandro Encinas", indicó.

El candidato de la corriente Nueva Izquierda a la presidencia nacional del PRD recalcó que no comparte la decisión del órgano interno perredista, por lo que anunció que recurrirá ante el TEPJF.

En tanto, Alejandro Encinas anunció que mañana al medio día ofrecerá una conferencia de prensa para fijar su postura.



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