LUCHA CÍVICA POR NUEVA LEY DE MEDIOS: ¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL “CIELO” RADIOELÉCTRICO?

Por Jorge Alonso, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y corresponsal de la revista Envío en México
(publicado en el número 315 de la revista Envío, de la Universidad Centroamericana [UCA] de junio de 2008

Pablo González Casanova ha planteado que en la defensa de sus proyectos, el gobierno está haciendo una labor de “expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”. Denunció que el arte de mentir había adquirido proporciones extraordinarias: “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población. Estas apreciaciones del intelectual mexicano se evidenciaron con creces en un episodio que ahondó aún más la polarización que ya existe en México.

Para impedir que la decisión presidencial de privatizar la industria petrolera —un acuerdo tomado en lo oscuro y cupularmente— repercutiera en una aprobación sin discusión parlamentaria, el Frente Amplio Progresista (integrado por el PRD, PT y Convergencia) se tomó las tribunas del Congreso durante 15 días y obligó al gobierno a acordar un período de discusiones públicas en torno a las propuestas calderonistas sobre el petróleo.

“Campaña monstruosa”

La toma del Congreso enfureció al partido gobernante y a los poderes fácticos del gran dinero y de los medios electrónicos de comunicación y reapareció la guerra sucia. En esta ocasión, los ultraderechistas, utilizando métodos aprendidos del fascismo, quisieron desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, uno de los dirigentes más tenaces en la defensa del petróleo mexicano. Sacaron anuncios pagados en la televisión en que lo comparaban con Hitler, Mussolini y Pinochet. Y el organismo electoral, en vez de actuar como establece la nueva legislación —ordenar de inmediato salir del aire este mensaje político contratado por particulares— esperó varios días.

El obispo Raúl Vera declaró que si la Secretaría de Gobernación no detenía e investigaba “las campañas mediáticas de linchamiento” sería cómplice de estas acciones. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió que esos mensajes sembraban el odio y la intolerancia. El Centro Nacional de Comunicación Social —organismo que ha estado del lado de los que no tienen voz desde hace décadas— advirtió que la campaña no era ética y que en lugar de propiciar el diálogo incitaba a la polarización. Muchos académicos analizaron cómo estos mensajes dañaban la democracia y el derecho a la información, yendo más allá de la libertad de empresa. El escritor Carlos Monsiváis afirmó que se trataba de una “campaña de odio monstruosa, producto de una prepotencia difamatoria que quiere hacerse pasar como libertad de expresión”.


La larga lucha por la información

Este proceder de los adinerados y de los dueños de las dos televisoras con cobertura nacional puso de nuevo en la discusión pública la urgencia de una nueva legislación de medios.

Existe una larga lucha que muchos grupos han venido dando por hacer realidad el derecho de los ciudadanos a la información. Aunque el movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue reprimido a sangre y cárcel, provocó en los siguientes años una ola de organización popular ante la cual la clase política se vio en la necesidad de responder con una reforma política que incluía el reconocimiento de ese derecho.

Pero, mientras en el ámbito político se abrieron espacios a nuevos partidos políticos, el derecho a la información no pasó de ser letra muerta, pues de eso se encargaron los dueños de los grandes medios. Después, con la política neoliberal se privatizaron de manera corrupta los más importantes medios públicos. Así nació Televisión Azteca como un remedo de Televisa.

Con la alternancia presidencial del año 2000 y el desplazamiento del PRI los grupos cívicos que habían venido luchando por impulsar el derecho a la información pensaron que había llegado un momento propicio, sobre todo porque en los primeros meses de su gestión el nuevo gobierno convocó a una Mesa para la reforma integral de los medios electrónicos.

Hubo entonces dos procesos paralelos: por una parte sesionaba una mesa de los organismos civiles, y por otra la mesa oficial, donde los organismos civiles tenían una representación. Este proceso avanzaba en la discusión del tema y en la adopción de algunos acuerdos. Pero la ambición de la esposa del Presidente Fox rompió una dinámica de catorce meses. Creyendo que complaciendo a los medios aseguraba su candidatura presidencial, Martha Sahagún convenció a su esposo de que renunciara a la mayor parte del tiempo aire del Estado, que pasó de 12.5% a sólo 1.5%. Así, lo que era tiempo que correspondía a la comunicación pública con fines sociales se convirtió en una dádiva para fines comerciales de los dueños de los medios.

Los intelectuales, periodistas y comunicadores que estaban en la mesa oficial la abandonaron en protesta por el acto abusivo y unilateral del gobierno. Pero el trabajo realizado fue aprovechado por los grupos civiles para presentarlo como un proyecto de ley a un grupo se senadores sensibilizados con este tema. El proyecto, que intentaba democratizar la radiodifusión, abrir el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca), integrar nuevas voces y fortalecer la radiodifusión pública y social fue avanzando en el Senado. No obstante, las televisoras además de tener sus propios personeros entre los legisladores, compraron voluntades y consiguieron que la legislación no llegara a la discusión del pleno del Senado.


La abusiva “Ley Televisa”

En la otra acera, la instancia jurídica de Televisa redactó en silencio una formulación de ley que días antes de iniciarse la campaña presidencial fue aprobada en un trámite de sólo siete minutos y sin ninguna discusión en la Cámara de Diputados. En ese momento, todos los partidos querían congraciarse con las televisoras para ser bien tratados por ellas en la campaña. Esta ley, que se conoció como la Ley Televisa, pretendía todo lo contrario a la ley que se había preparado en el Senado. Las televisoras conseguían un trato privilegiado, y el derecho ciudadano a la información quedaba conculcado.

Habiendo sido aprobada dicha ley en la Cámara baja, necesitaba la aprobación del Senado. Cuando llegó allí los senadores que habían estado trabajando en una ley democratizadora se opusieron, pero estaban en minoría. No obstante, como la nueva ley contenía muchos elementos anticonstitucionales, más del 33% de los senadores (de varios partidos) propusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Estos senadores no estaban solos. Tenían el apoyo de una gran gama de grupos cívicos que exigían la intervención de la Corte para echar atrás la abusiva ley Televisa.

Uno de esos grupos ha sido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que ha señalado que todos los ciudadanos deben participar en el ejercicio de este derecho, aunque en la práctica se encuentre condicionado por el mercado y por la discrecionalidad de los dueños de los medios. Ha insistido en la necesidad de la actualización del marco jurídico, que considere como eje fundamental la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información.


La agenda necesaria

La AMEDI se sustenta en una variedad de organizaciones civiles que comparten experiencias y proyectos. Proclama que la libertad de información representa la posibilidad efectiva y real de toda persona a investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole por medio de cualquier procedimiento. Explica que para ello se requiere de la plena garantía del derecho a la información, entendido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir información oportuna, veraz, plural y suficiente sobre cualquier asunto de interés público.

La AMEDI se ha propuesto:

— Promover el reconocimiento de la información como un bien y un derecho público.

— Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador.

— Garantizar el acceso a la información de la gestión pública.

— Garantizar el derecho de réplica en todos los medios de comunicación como mecanismo de defensa ciudadana.

— Promover en los medios de comunicación la definición explícita y pública de códigos de ética que vinculen el ejercicio de la libertad de expresión a parámetros de responsabilidad social.

— Exigir el ejercicio transparente de la función gubernamental de comunicación social, en beneficio de la sociedad en general.

— Promover los derechos y obligaciones del Estado, usuarios, comunicadores, propietarios y concesionarios de medios de comunicación.

— Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos de Estado en radio y televisión (legales, fiscales y electorales).

— Demandar el acceso de todos los ciudadanos a cualquier tipo de información de interés público tanto de entidades públicas como privadas.

— Promover el rescate y preservación de la memoria histórica como parte del derecho a la información.

— Promover la constitución de órganos plurales con participación social en la vigilancia de la normatividad relacionada con los medios de comunicación.

La AMEDI ha declarado que el derecho a la información, al ser un derecho de carácter social, tiene que ser promovido, vigilado y estimulado por la propia sociedad.


Un fallo histórico

Primeramente, la Suprema Corte rechazó la petición del Poder Ejecutivo federal para que desestimara la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo plural de senadores que terminaban su periodo en agosto de 2006. Examinando con cuidado el caso después de casi un año, resolvió que la Ley Televisa reducía la capacidad del Estado para tomar decisiones en cuanto al espectro radioeléctrico: ondas por las que se transmite la información, usado por la televisión, la radio y la telefonía celular. La Ley Televisiva también concedía a Televisa y a Televisión Azteca un estado privilegiado de renovación automática de sus concesiones. La Corte vio que esto era inconstitucional, pues el Estado siempre tiene la facultad de revisar el uso que hace del espectro, que es de propiedad pública.

El fallo de la Suprema Corte, que echaba por tierra lo fundamental de la ley Televisa, fue considerado por los grupos defensores del derecho a la información como un acontecimiento histórico. Obligaba al Poder Legislativo a realizar una reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En el Senado se formó un grupo de trabajo con representantes de todos los partidos para preparar la reforma.
De octubre de 2007 a enero de 2008 se realizaron varias jornadas públicas de análisis, en las que expusieron sus puntos de vista la Cámara de la Industria de Radio y Televisión —representaba a los dueños de los grandes medios—, la Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones —daban el punto de vista gubernamental—, el Sistema Nacional de Productoras de Instituciones de Educación Superior, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internacional de Radiodifusores y la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Entre las agrupaciones que fueron escuchadas estuvo la AMEDI.


Lucro, privilegio y poder

Al participar en el grupo de trabajo del Senado, la AMEDI resaltó que luchaba por una reforma a la medida de las aspiraciones de los demócratas de México. Afirmó que la reforma no tendría sentido si no contribuía a construir una auténtica sociedad de la información. Denunció que los grandes medios de comunicación habían sido acaparados por un puñado de concesionarios. Enfatizó que el privilegio de difundir por radio y televisión había estado supeditado al capricho y conveniencia del poder político. Explicó y probó cómo los contenidos de muchos de esos medios habían estado definidos por el afán del lucro y no por la responsabilidad social y cómo el acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad habían llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propiciara la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos de la comunicación en pocas manos había reforzado el poder que confería el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Esa capacidad de influencia había convertido a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se habían colocado al margen del Estado y habían querido sobresalir por encima de las instituciones legales.


Públicos y comunitarios

La AMEDI recordó que ese afán acaparador había permitido a los consorcios de la comunicación lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían. Fustigó también los excesos cuando trataban de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política. Con la intervención de la Suprema Corte eso se había revertido, y era el momento de lograr una auténtica reforma.

La AMEDI puntualizó que el avance tecnológico de los últimos años había propiciado la existencia de nuevos recursos de información. No obstante, en México el desarrollo de estos recursos era limitado y desigual. No habían existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad. La brecha digital se había añadido a otros factores de escisión social. Señaló que la nueva legislación debía orientarse a buscar un proyecto de sociedad incluyente. Se debían poner normas que aseguraran la equidad y la participación. La nueva legislación tenía que fundamentarse en el derecho de los ciudadanos. Tenía que definir la función de servicio público de la radio y la televisión. El espectro radioeléctrico debía seguir siendo propiedad de la nación. Había que aprovechar a plenitud la convergencia digital y debía haber para ello un órgano regulador, autónomo.

La AMEDI se pronunció por la promoción de medios auténticamente públicos. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas propuso que se otorgaran de acuerdo con los principios constitucionales bajo un régimen transparente y simplificado. Recalcó que la figura de autorización más cercana a las necesidades de los ciudadanos en comunidad era el de medios comunitarios, que daban respuesta a necesidades específicas del entorno inmediato y que partían de un principio de autogestión en la creación, operación y sostenimiento de las emisoras, características que ya era hora fueran reconocidas por el Estado mexicano.


No al monopolio

Como la Cámara de la Industria de Radio y Televisión estaba recomendando al Poder Legislativo que ignorara el compromiso que tenía frente a las opiniones de los ministros de la Suprema Corte en su respuesta a la acción de inconstitucionalidad, la AMEDI hizo ver que el Senado no tenía otro camino sino atender la Sentencia de la Suprema Corte.

La nueva legislación debía regular la administración del espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y también debía enfrentar el tema de los contenidos. Era importante la pluralidad de medios y prohibir todo monopolio. Debía haber más canales en manos de muchos actores con diversos enfoques. Si los ciudadanos tenían varias opciones para informarse sabrían distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos —como lo acostumbran hacer Televisa y Televisión Azteca— de las que se comportaran con parámetros profesionales. La AMEDI denunció que el reglamento vigente de radio y televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más del 18% del horario total de transmisión de televisión y el 40% en radio, pero que esos porcentajes, especialmente en televisión, no se cumplían. Para que la nueva legislación sea eficaz debe tener mecanismos legítimos de coacción. AMEDI hizo propuestas concretas de sanciones: multas y pérdida de la concesión.


Nace un frente nacional

En las discusiones se aportaron muchos elementos para la nueva legislación. Pero la presión de los poderes fácticos fue muy fuerte para impedir que esa legislación llegara a buen término. En febrero de 2008, medio centenar de organizaciones civiles decidieron formar el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. En la constitución de este frente la AMEDI instó al Senado a cumplir la palabra empeñada: entregar a finales de febrero la nueva legislación de radio y televisión. Denunció la intención de posponer el debate que tenían algunos legisladores atados a las televisoras.
Mientras tanto, las televisoras burlaban las reformas electorales y metían propaganda pagada por políticos disfrazadas de telenovelas, programas especiales o entrevistas. Se enfatizó que la resolución de la Corte era ineludible, no sólo para corregir y subsanar disposiciones anuladas, sino para legislar atendiendo el conjunto de las 23 recomendaciones que contenían el debate y la sentencia de la Corte. Se hizo hincapié en que la verdadera amenaza a la libertad de expresión está en la concentración de los medios en unas cuantas manos.


Televisa: un caso único

El caso de Televisa es único en el mundo por tan alta concentración de frecuencia. Posee cuatro canales de televisión abierta en la capital del país, tiene el espacio necesario de salida para otras cadenas nacionales, cuenta con el 56% de las estaciones comerciales del país, posee el 100% de la televisión satelital, el 35% de la de fibra óptica y el 38% de la de cable. Dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, controlan a toda la audiencia nacional. Hay en México 461 estaciones de televisión comercial, de las que el 94% son propiedad de estas dos empresas. Dos tercios de la inversión publicitaria beneficia a Televisa y el resto corresponde a Televisión Azteca. Por el comportamiento de las televisoras, que se negaban a cumplir con lo establecido en la nueva ley electoral, se vio que no estaban dispuestas a ceder en nada, y que las sanciones ante el incumplimiento propuestas por la nueva ley electoral eran ineficaces. Entre las acciones acordadas por los integrantes del Frente estaban: envío de correos electrónicos a los legisladores, también cartas físicas, llamadas a sus teléfonos celulares, visitas, etc. Se propuso hacer un cuestionario a los legisladores en las que se les preguntara su postura ante una nueva ley de medios. Otras acciones tenían que ver con recolección de firmas entre la población.

Los grandes medios electrónicos se han convertido en inmensos poderes reales que nadie ha elegido y que se colocan por encima de poderes constitucionales, mercantilizando y denigrando la política e imponiendo la agenda pública y sin rendir cuentas a nadie.

Para salvar la democracia hay que democratizar los medios con una necesaria legislación que sea garante del interés público y con ciudadanos organizados que hagan contrapeso a esos poderes fácticos. No habrá democracia si no se ejerce a plenitud el derecho ciudadano a estar bien informado, si no se evita la actual censura invisible de la televisión y su manejo distorsionador de los hechos.
Abril: la ocasión es ahora
La lucha cívica exhortó a aprovechar la oportunidad histórica de promover una nueva legislación de medios, subrayando la urgencia de legislar pronto, en el período de sesiones que terminaba en abril, pues si se llegaba al período de sesiones de septiembre, el país estaría ante el inicio de las contiendas electorales federales de 2009, lo cual impediría acuerdos. Los análisis de AMEDI indicaban que de no legislarse en el sentido de las sólidas propuestas cívicas que ya existían, los ciudadanos seguirían padeciendo el despotismo de los medios poderosos y de la clase política, ahora temerosa y obsequiosa con ellos, y al final sólo recibiría desprecio y un mayor sometimiento.

Era la ocasión: o se proseguía bajo la dictadura de las grandes corporaciones de medios, que se fortalecería, o al liberarse de ella, se caminaría hacia la democracia. Los legisladores debían decidir si contribuían a la recuperación de la democracia o si cargaban con la ignominia de ser cómplices y esclavos de esa oprobiosa dictadura.

Mientras el PRD se esforzaba por llevar a buen término en el período de sesiones de abril la nueva ley en materia de radio y televisión, el priísta que presidía la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía decía que ya no había tiempo para hacerlo.

A principios de abril el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios se reunió con la convicción de que abril era determinante. Diseñaron la estrategia de repartirse los nombres de los senadores y adoptar a cada senador para darle un seguimiento estrecho en todo lo relativo a la ley de medios. A mediados de abril decidieron comprometer públicamente a los legisladores, invitarlos a foros y eventos en donde públicamente tuvieran que manifestar cuál era su postura al respecto. AMEDI, junto con la Fundación Konrad Adenauer y la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Senadores, organizó un foro internacional para tratar la reforma de medios.
México vivía un momento trascendental para una reforma moderna, democrática y plural, que fomentara la diversidad y fuera acorde con las innovaciones tecnológicas. En el foro se comparó la situación de los medios públicos en diversos países. Se habló sobre el pluralismo en los medios, de la concentración o competencia en el mercado de los medios y de medios públicos y del Congreso para frenar medios comunitarios. No pudo ser...

Fue entonces cuando sobrevino la toma de las tribunas del Congreso para la amenaza de una aprobación inmediata de las reformas privatizadoras del petróleo. Y el tema del petróleo fue el que prevaleció. AMEDI exhortó a que la estridencia mediática sobre la reforma energética no ahogara el tema de la nueva ley de medios. Recomendó que no se cayera en el escenario de hacer intercambiables las iniciativas. AMEDI se vio ante el reto de colocar en medio de la polémica sobre Pemex el tema de un sistema democrático de comunicación, porque era por ahí por donde transitaban los grandes debates nacionales.

Terminó abril y no se legisló sobre los medios. AMEDI consideró que el Senado había incumplido su promesa de reformar la ley. A pesar de esto, junto con el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios diseñó una nueva estrategia para seguir impulsando esta ley.

Inicia una etapa de difusión señalando que los senadores están obligados a hacer una nueva ley. En los volantes que entregan a la gente afirman que los dueños de las empresas televisivas, no conformes con todo el poder y la riqueza que han concentrado, siguen presionando al Congreso para obtener más poder y más riqueza, y lograron que la nueva legislación de medios se aplace otra vez hasta septiembre. Llaman a que no se permita que la garantía del derecho a la comunicación se siga posponiendo indefinidamente.


Somos los dueños del cielo

También dan las razones por las que se necesita esta nueva ley de medios. Porque casi el 100% de los canales comerciales están en manos de dos empresas. Porque el uso comercial olvida que son todos los mexicanos los dueños de su “cielo”, del espacio radioeléctrico, que al igual que los bosques, el mar, el petróleo son parte del territorio nacional. Porque mientras el espacio aéreo mexicano es usado sólo para hacer negocios, la mayoría de los mexicanos no tienen dónde expresarse y no pueden oírse unos a otros. Porque los padres de familia están preocupados porque en horarios infantiles sus hijos ven contenidos inadecuados (violencia, consumismo, discriminación, pornografía…). Porque debe preocupar que cada vez haya más publicidad, gran parte de ella engañosa, y menos programación. Porque los mexicanos tienen el derecho a opinar y a incidir en el tipo de información y entretenimiento que quieren y necesitan. Porque se quiere para México un sistema de radio y televisión pública, a nivel nacional y local, donde se respete a las audiencias, se eduque, se informe con pluralidad y sea un espacio real de comunicación de los ciudadanos.


El verdadero rostro

Otro hecho mostró el verdadero rostro del gobierno ante los temas y problemas de la nueva legislación de medios. La vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), mexicana que ha reivindicado el derecho de los pueblos indígenas a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación, al ser parte de la Misión Internacional de Documentación sobre ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, visitó la PGR, y al tratar el asesinato de dos comunicadoras indígenas, el subprocurador quiso desacreditar a las mujeres masacradas diciendo que no se acreditaba que fueran periodistas, sino simples amas de casa. Estas insultantes declaraciones las dio en los mismos momentos en que en otro lugar estas mujeres eran reconocidas con el Premio Nacional de Periodismo otorgado post mortem. Al replicar la Vicepresidenta de AMARC al subprocurador, éste argumentó que la estación donde hablaban las mujeres no tenía permiso y exaltado, acusó a la Vicepresidenta de AMARC de ser “enemiga del Estado”.


Son tiempos difíciles

El escenario es sombrío. Los poderes fácticos se han propuesto impedir que haya una legislación que favorezca los derechos de los ciudadanos. El gobierno se encuentra supeditado a esos poderes fácticos. Sólo una presión ciudadana firme puede empujar a los legisladores a tratar y a aprobar una nueva legislación como la que han propuesto los grupos cívicos.

En un encuentro celebrado en París a mediados de 2007, Jacques Juillard llamó a resistir la plutocratización de la sociedad. La constataba mirando lo que sucede en los medios electrónicos de comunicación, donde una formidable concentración del poder mediático en unas cuantas manos no tiene nada que ver con el periodismo. Señaló que no es el poder del dinero lo que es preciso combatir, sino la capacidad del dinero para ejercer el poder donde no tiene nada que hacer: en la ciencia, el arte, la educación, la religión, el deporte y la información. “Nuestro espíritu no es una mercancía”: ésa fue su conclusión.

En una entrevista que concedió el semiólogo Fernando Buen Abad en mayo de 2008 se quejó de que padecemos el gran embrollo de las mafias mercantiles que han secuestrado las herramientas para la producción de la comunicación. Tendríamos que expropiarlas, pues son usadas para censurar y asesinar el espíritu rebelde, en una agresión alienante que beneficia al capitalismo. Se trata de ejércitos mediáticos de las oligarquías, armados de calumnias, mentiras y corrupción. La intención no es brindar información a la gente, sino ganar más anunciantes en su guerra ideológica. Hay un terrorismo mediático que deforma conciencias y hay que ganar el territorio de la construcción de sentido.

La discusión legislativa se ha prolongado, llevándola a tiempos muy difíciles para conseguir acuerdos. El tema del presupuesto podría agotar todas las fuerzas de los legisladores. No obstante, no todo está perdido, porque hay legisladores de todos los partidos que han sido sensibilizados en el tema y los grupos ciudadanos siguen muy activos para hacer conciencia, tanto en los legisladores como en la sociedad. México necesita una nueva ley de medios como la que proponen estos grupos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

3 cartas abiertas de intelectuales en defensa del gobierno democratico popular de Argentina

Personalidades vinculadas con la cultura, la educación, el periodismo las ciencias, el cine, las artes, la poesía y la literatura, presentaron un espacio "En defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando la libertad de crítica".


Carta Abierta / 1

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el “tema del agro”, ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.

Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.

Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.

En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.

Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país.

La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.

En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.

Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados. Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.

Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.

Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época. En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.

Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política –donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia– en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.

Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.
En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular. Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.

Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente.

Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el Gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.



Carta Abierta /2

Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.

En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.

No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de "el campo" para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre "dos sectores" equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.

No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente "marketing".

Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.

Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países "serios", así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.

Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta "libertad de prensa". Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? "observatorios" que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.

Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, "la gente los elige todos los días" en una suerte de comicios "más directos" que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar "objetivamente" lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.

Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.

Por esto entendemos imprescindible:

- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.

- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.

- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.

- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.

- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.

- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.

- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.

Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.

De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.

Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la "libertad de prensa" reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.

Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo.

El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia.

Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.



Carta Abierta/3

La nueva derecha en la Argentina

¿Cómo se puede reclamar la nacionalización del petróleo cuando la lucha que se despliega es contra una medida progresiva de índole impositiva? ¿Cómo se puede llamar a la lucha contra la pobreza con aliados que expresan las capas más tradicionales de las clases dominantes? Algo ha sucedido en los vínculos entre las palabras y los hechos: un disloque. Los símbolos han quedado librados a nuevas capturas, a articulaciones contradictorias, a emergencias inadecuadas. Ningún actor político puede declararse eximido de haber contribuido a esa separación. Las situaciones críticas obligan a preguntarse qué palabras le corresponden a los nuevos hechos. Entre las batallas pendientes en la cultura y la política argentina, está la de nombrar lo que ocurre con actos fundados en una lengua crítica y sustentable. Sin embargo, hoy las palabras heredadas suelen pronunciarse como un acto de confiscación. Cualquier cosa que ahora se diga vacila en aportar pruebas de su enraizamiento en expectativas sociales reales. Parece haber triunfado la “operación” sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje.

“Clima destituyente” hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión sustituyó la confianza colectiva. “Nueva derecha” decimos ahora. Lo decimos para nombrar una serie de posiciones que se caracterizan por pensarse contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes.

Una derecha que reclama eficiencia y no ideología, que alega más gestión que valores –y puede coquetear con todo valor-, que invoca la defensa de las jerarquías existentes aunque se inviste miméticamente de formas y procedimientos asamblearios y voces sacadas de las napas prestigiosas de las militancias de ciclos anteriores. Esa derecha impugna la política como gasto superfluo y como enmascaramiento, pero es cierto que la impugna con más dureza cuando la política pretende intervenir sobre la trama social. Tiene distintas inflexiones: desde la ilusoria eficiencia empresarial del macrismo hasta el intercambio directo de dones y rentas imaginado en Gualeguaychú, sin Estado ni partidos, solo con golpes de transparecia contra lo que llaman obstáculos.

Transparencia social imposible, como no sea bajo un régimen cohercitivo, que expresa su desprecio hacia la política como capacidad transformadora, como intervención activa sobre la vida en común. De ese vaciamiento son responsables, también, los profesionales de la política que priorizaron sus propios intereses mientras sostenían un discurso de lo público. Demasiado tiempo vino degradándose el lenguaje político como para que no surgieran mesianismos vicarios y vaticinios salvadores que en vez de redimir el conocimiento político son el complemento milenarista del espontaneísmo soez. La nueva derecha viene a decir que eso no está mal y que se debe llevar a sus últimas consecuencias, disolviendo la instancia misma de la política.

Es fundamentalmente destituyente: vacía a los acontecimientos de sentido, a los hechos de su historicidad, a la vida de sus memorias. Por eso, atraviesa fronteras para buscar terminologías en sus antípodas. Es una nueva derecha porque a diferencia de las antiguas derechas, no es literal con su propio legado, sino que puede recubrirse, mimética, con las consignas de la movilización social.

La nueva derecha puede agitar florilegios de izquierdas recreadas a último momento como préstamo de urgencia o anunciar compromisos caros a las luchas sociales de la historia nacional, sea Grito de Alcorta, sea la gesta de Paso de los Libres en 1933, sean las asambleas del 2001. Es una nueva derecha veteada de retazos perdidos pero no olvidados de antiguas lenguas movilizadoras. Condena el vínculo vivo de las personas y las sociedades con el pasado, llamando a un ilusorio puro presente que podría desprenderse de esas capas anteriores. Lo hace, incluso, cuando trae símbolos de ese pasado sujetándolos a relaciones que los niegan o vacían. Cita al pasado como una efemérides al paso. Será jauretcheana si cuadra, aplaudirá a Madres de Plaza de Mayo si lo ve oportuno, dirá que adhiere a Evo Morales si se la apura, y no le faltará impulso para aludir a los mayos y los octubres de la historia. Mimetismo bendecido, tolerado: es la nueva derecha que ensaya el lenguaje total de la movilización con palabras prestadas. Procede por expurgación y despojo: restándole a la realidad algunas de las capas que la constituyen y presentando en una supuesta lisura la vida en común. En ella no hay espesor, diferencias, desigualdades, violencias ni explotación; ella habla del “campo” trazándonos un dibujo bucólico de pioneros esforzados de la misma manera que considera la pobreza y el hambre como desgracias naturales o como penurias redescubiertas para sostener una mala conciencia de escuderos novedosos de los poderes agrarios tradicionales.

En la nueva derecha reina lo abstracto pero con la lengua presunta de lo concreto: precisamente la que hablan los medios de comunicación. A la trama moral de las acciones la tornan escándalo moral, denuncismo de sabuesos que dejan saber que las sospechas generalizadas sobre la vida política son instrumentos que pueden sustituir un pensar real. En ella se trata de reivindicar la honestidad de los ciudadanos-consumidores, su espontaneidad expresiva ante las manipulaciones de la vieja política; transparentar es su grito, mostrar un supuesto lenguaje sin espesura es su lema. Sin obstáculos, sin pliegues. Sus lenguajes apuntan a vaciar de contenido historias y memorias de la misma manera que buscan desmontar cualquier relación entre universo reflexivo-crítico y política transformadora. Devastación del mundo de la palabra en nombre de la brutalización massmediática; simplificación de la escena cultural de acuerdo a la continua mutilación de la densidad de los conflictos sociales y políticos.

La nueva derecha es ahora un conjunto de procedimientos y de prácticas que se difunden peligrosamente en las más diversas alternativas políticas. La aceptación de que la escena la construyen los medios de comunicación lleva a un tipo de intervención pública tan respetuosa de ese poder como sumisa respecto de las palabras hegemónicas. Hace tiempo que los estilos comunicaciones habituales recurren al intercambio de denuncias como una cifra moral, que parece menos un proyecto compartible de refundar la política en la autoconciencia pública emancipada que en la circulación de un nuevo “dinero” basado en un control de la política por la vía de un moralismo del ciudadano atrincherado, temeroso, ausente de los grandes panoramas históricos. Moralismo de estrechez domiciliaria, pertechada, víctima de miedos construídos y de oscuros deseos de resarcimiento. Es un viaje que parece no tener retorno hacia la espectacularización de una conciencia difusa de represalia.

Es un recelo que va quedando despojado de contenidos, como no sean los parapetos medrosos de un pensamienteo consignatario. Todo lo que implica la misma incapacidad para descubrir que lo que llaman “opinión pública”, que en ciertos momentos de la historia, es un acatamiento a lo que habla por ella más de lo que ella balbucea de sí misma.

La nueva derecha se inviste con el ropaje de la racionalidad ciudadana, adopta los giros de lenguaje y los deseos más significativos de una opinión colectiva sin la libertad última para ver que encarna los miedos de una época despótica y violenta.

Un intenso intercambio simbólico viene a sellar así la alianza entre la nueva derecha, los medios de comunicación hegemónicos y el “sentido común” más ramplón que atraviesa a vastos estratos de las capas medias urbanas y rurales del que tampoco es ajeno un mundo popular permanentemente hostigado por esas discursividades dominantes.

Lo que sucede en Bolivia, quizás el escenario más complejo de la región, debe alertarnos. No porque sean equivalentes los fenómenos sociales y políticos, sino porque el tipo de confrontación que las derechas bolivianas despliegan advierten sobre cuánto se puede decidir no respetar la voluntad popular, aáun apelando a frenesís plebiscitarios. En Argentina no estamos ante un escenario de esa índole pero sí asistiendo a la emergencia de nuevos fenómenos políticos reactivos y conservadores, que atraviesan partidos políticos populares y organizaciones sociales. Todo trastabilla ante la cuerda subterránea que tienden las nuevas derechas. La señora cansada del conflicto, el locutor de la noche harto de la refriega, el pequeño rentista fastidiado de las listas electorales que había votado.

Las nuevas derechas ejercen su señorío como una forma de desencanto, llamando al desapego generalizado. El ser social por fin saturado de las dificultades de una época, llama bajo su forma reactiva, a no pensar la dificultad sino a refugiarse en el desafección política, en el módico mesianismo al borde de las rutas. Proclaman que actúan por dignidad cuando son economicistas y son economicistas cuando demuestran que esa es la nueva forma de la dignidad.

Atraviesan así toda la materia sensible de este momento de la historia nacional. Su frase predilecta, “no me metan la mano en el bolsillo”, hace de los actos legítimos de regulación de las rentas extraordinarias de la tierra, una ignominiosa expropiación. Tratan un bien nacional, como la productividad del suelo, como cosa meramente privada. Otras frases reiteran: “está loca”, e incluso se ha escuchado en la televisión de la noche de los domingos: “es satánico”. Se interpreta la intervención del Estado en el mercado en la clave de una psiquiatría obtusa de revista de peluquería, de chistoso de calesita o de pitonisa de boudoir. Menos se dice “hay que matarlos”, pero aparece en los añadidos que publican algunos periódicos cuando termina la redacción de sus propios artículos y comienza la carnicería opinativa en un anonimato electrónico sediento de desquite. ¿Ante quién? ¿para qué? No le importan las respuestas a una nueva derecha que recobra el linaje de las más impiadosas que tuvo el país. Ha soltado la lengua, pero aprendió a decir primero “armonía” y diálogo” mientras no ocultan la sonrisa sobradora cuando escuchan que se les dice “y pegue, y pegue!”.

Se considera una redención el uso del lenguaje más incivil del que se tenga memoria en las luchas sociales argentinas. Con impunidad lo han tomado, con rápido gesto de arrebatadores, del desván de los recuerdos y de las historias de gestas desplegadas en nombre de un ideal más igualitario. En un sorprendente movimiento de apropiación para travestirla en su beneficio, han movilizado la memoria de los oprimidos en función de sostener el privilegio de unos pocos, vaciando, hacia atrás, todo sentido genuino, buscando inutilizar una tradición indispensable a la hora de reestablecer el vínculo entre las generaciones pasadas y los nuevos ideales emancipatorios.

Es una operación a partir de la cual se definen las lógicas emergentes de esa nueva derecha que no duda en reclamar para sí lo mejor de la tradición republicana y democrática; es una nueva derecha que no se nombra a sí misma como tal, que elude con astucia las definiciones al mismo tiempo que ritualiza en un mea culpa de pacotilla sus responsabilidades pasadas y presentes con lo peor de la política nacional, bendecida por frases evangélicas que llaman oscuramente a la vindicta de los poderosos que aprendieron a hablar con préstamos del lenguaje de los perseguidos. Lo han hecho en otros momentos cruciales de la historia nacional. La nueva derecha inversionista ha comenzado por invertir el significado de las palabras. ¿Por qué no lo harían ahora?

Ante eso, es necesario recuperar otra idea de política, otro vínculo entre la política y las clases populares, y otra hilación entre hechos y símbolos. Si la nueva derecha reina en una sociedad mediatizada, una política que la confronte debe surgir de la distancia crítica con los procedimientos mediáticos. Si la nueva derecha no temió enarbolar la amenaza del hambre (como consecuencia de su desabastecedor plan de lucha), otra política debe situar al hambre, realidad dramática en la Argentina, como problema de máxima envergadura y desafío a resolver.

Es cierto que, visiblemente, hoy no son muchos los que aceptan enarbolar blasones de derecha. Hay que buscarla en todos los lenguajes disponibles, en todos los partidos existentes, en todas las conductas públicas que puedan imaginarse. Los pendones que la conmueven pueden ser frases como éstas: la “nueva nación agraria como reserva moral de la nación”. Es el viejo tema de las nuevas derechas y la identificación, también antigua, de patria y propiedad, de nación y posesión de la tierra. Es el concepto de reserva moral como liturgia última que sanciona tanto el “fin del conflicto”, como un tinglado modernizante que no vacila en expropiar los temas del progresismo, pero para desmantelar lugares y memorias. Es una gauchesca de bolsa de cereales como acorde poético junto al horizonte del nuevo empresariado político.

Podrán leer a la ida el Martín Fierro y a la vuelta los consejos de Berlusconi.

Los nuevos hombres “laboriosos”, persignados fisiócratas, se indignan porque hay Estado y hay vida colectiva que se resiste a vulnerar la vieja atadura entre las palabras y las cosas. Pero esto ocurre porque la materia ideológica, con sus venerables arabescos y citas célebres, ha quedado deshilvanada, reutilizada en rápidos collages de la nuevas estancias conservadoras del lenguaje. ¿Cómo descubrirlas? Su localización es la ausencia de nervadura social, pues se trata de desplegar para la Argentina futura, una nueva cultura social con un único territorio, el de las rentas extraordinarias que desea percibir una nueva clase ineerpretando estrechamente las graves necesdades alimentarias del mundo. Parecen campesisnos, parecen chacareros, parecen pequeños propietarios, parecen hombres de campo protagonizando una gesta. Pero no son ilusiones estas nuevas creaciones políticas de indesmentible base social nueva. Son los tractores embanderados, brusca señalización del paisaje que atrae por la carencia de todo matiz, de todo signo mediador. La nueva clase teatraliza una rebelión campesina pero traza un nuevo destino conservador para la Argentina. Marcha con vocablos fuera de su eje, en una combinación entremezclada que pone en escena la fusión entre formas morales de revancha y captura jocosa de los símbolos del progresismo social.

Asistimos a un remate general de conceptos. Nociones tan complejas como la de “patria agraria”, “Argentina profunda”, “nuevo federalismo”, han resurgido de un arcón honorable de vocablos, cuando significaron algo precioso para miles y miles de argentinos para salir hoy a luz como mendrugo de astucia y oportunismo. Como en los posmodernismos ya transcurridos, vivimos la sensación que en el reino de los discursos políticos e ideológicos, “todo es posible de darse”. Las palabras parecen las mismas, pero se han dislocado bajo una matriz teleteatral y un recetario de cruces de saltimbanqui, legalizados por la escena primordial de cámaras que infunden irrealidad y deserción de la historia en sus recolecciones vertiginosas. Un nuevo estado moral de derecha surge del neoconservadurismo que reordena los valores en juego, luego de que ha tramitado un liberalismo reaccionario y un modernismo que propone conceptos de la sociedad de la información para hacerlos marchar hacia un nuevo consenso disciplinador y desinformante.

Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada “sociedad del conocimiento” y esta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar “fuera de la política” pero munidos de jergas sustitutivas de la experiencia pública. Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta “falsa conciencia” de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico.

Una república agroconservadora despliega entonces sus banderas de “nuevo movimiento social”. Tienen todo el derecho a expresarse pero el examen democrático del gigantesco operativo que han emprendido debe ser también interpretado. Se trata de sustituir un pueblo que consideran inadecuado con otro vestido con galas de revolución conservadora. Hay suficientes ejemplos en la historia del país y en las memorias constructoras de justicia para decir que no lo lograrán.

Firmas:
Mónica Abella Gustavo Abrevaya Nilda Actis Goretta Leonor Acuña Sergio Leandro Agoff Nelson Agostini Horacio Mario Aguilar Silvia Agulleiro Norberto Alayón Andrés Aldao Carlos J. Aldazábal Julio Alemán Jorge Alemán Fernando Alfón Jorge Aliaga David Aljanati Héctor Jorge Alvaro Ana Amado Ana Amorosini Federico Andahazi Leandro Andrini Eduardo Anguita Nora Aquín Javier Araujo Alejandro Archain Gloria Arcuschin Ricardo Arias Nicolás Arispe Diego Baccarelli María Bagnat Alejandro Balazote María Eugenia Ball Lima Carlos Barbarito Domingo Andres Barrado Ricardo Bartís Cristina Bartolucci Alcira Bas Roberto Baschetti Domingo Basile Vicente Battista Horacio Walter Bauer Tristán Bauer María Cristina Bazerque Martín Becerra Cristina Béjar Marta Bellardi Rodolfo J. Beltramini Luis Benítez Silvia Berajá Ana Berezin Adolfo Bergerot Olga Beriachetto Carlos Berman Jorge Bernetti Emilio Bernini Marta Bertolino Marcelo Bertuccio Graciela Biagini Augusto Bianco Gabriel M. 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Falcòn Matías Farias Cristina Feijóo José Pablo Feinmann Hugo Arturo Feraud, Julio Fernández, Zulema Fernández Pablo Fernández, Gerardo Fernández Julio Fernández Baraibar Isabel Fernandez Blanco Maximiliano Fernández De Lorenzo Javier Fernández Míguez Claudio Ferrari León Ferrari Lilia Ferreyra Corina Fiorillo Cecilia Flachsland Jorge Flores Marita Foix Jorge Fontanals Juan Forn Alejandro Forster Ricardo Forster Eduardo Foulkes Cristina Fraire Daniel Freidemberg Marcelo Frías Marcelo "Nono" Frondizi Laura Fumagalli Patricia Funes Juan Furlino Jorge Gaggero Oscar Galante Norberto Galasso Lily Galeano Luisa Irma Galli Susana Gamba Eduardo Garavaglia Soledad García Susana García Iglesias Liliana García Nudelman Soledad García Quiroga Gilou García Reinoso Mariano Juan Garreta María Laura Garrido Eduardo Garriga Luis Gasloli Miguel Gaya Marisa Germain Octavio Gettino Luz Gibert Carlos Girotti Eduardo Giuria José Glusman Norma Goicoechea Martha Goldin Jorge M. 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Olabe Silvia Ontivero Walter Operto Julio Ordano Celeste Orozco Norma Osnajanski Magalí Rud Otheguy María Otheguy Santiago Carlos Oves Salomón Paio Melul Diana Paladino Ariel Paladino José María Pallaoro Delia Pardo Alberto Parisí Salo Pasik Delia Pasini Lila Pastoriza Carlos Patiño Nora Patrich Licha Paulucci Eduardo "Tato" Pavlovsky Juan Carlos Pavoni Manuel Enrique Pedreira Eduardo Peduto Juan Pelitti Viviana F. Pelle Claudio Pena Ana Paula Penchaszadeh Víctor Penchaszadeh Federico Pensado Sara Isabel Pérez Cristina Perez Darriba Carlos Pérez Rasetti Irene Rosa Perpiñal Ivanna Petz María Lidia Piotti Santiago Coco Plaza Héctor Poggiese Juan Polaco León Pomer Liliana Ponce Daniel Ponzo Nicolás Pregi Cecilia Propato Sergio A. Pujol Aída Quintar Pablo Quintero Lorenzo Quinteros Juan Carlos Radovich Liliana Raggio Elena Raimondi Ana María Ramb Pablo Ramos Rogelio Ramos Signes Héctor F. Ranea Sandoval Gabriel Reches María Elena Redín Graciela E. Rendon Miguel Rep Jorge Miguel Reyes Eduardo Rinesi Maria del Carmen Rivas Adriana Robles Julia Rocha Javier Rodriguez Alejandro Rofman Mario M. Roitter Hilda Romano Susana Romano Sued Julia Rosemberg Violeta Rosemberg Lucas Rozenmacher Carlos Rozensztroch Daniel Rubinsztein Guillermo Saavedra Lucas Sablich Guillermo Saccomanno Cecilio Manuel Salguero Emiliano Pedro Salguero Manuel Enrique Salguero Juan Salinas Homero Rodolfo Saltalamacchia Juan Carlos Sánchez Silvina Sánchez Sebastian Sanchez Ocampo Silvia Sànchez Urite Pedro Sanllorenti Mariana Santángelo Carlos Schroëder Ruben Schrott Federico Schuster Juan Scolarici Liliana Secchi Marcelo Lira Segovia Silvina Segundo Susana Sel Graciela Sessa Margarita Sgro Silvia Sigal Paula Siganevich Daniel Silber Cristina Siscar Sonia Skabala Carlos Skliar Alberto Sladogna José Slimobich Alejandro Socolovsky Yamile Socolovsky Sarah Eva Solzi María Sonderéguer Jaime Sorin Luis Sotomayor Isabel Steinberg Eduardo Stupia Alberto Szpunberg Pablo Sztulwark Mónica Szurmuk Susana Szwarc Beatriz Taber Alfredo Tagle Miguel Talento Anú Talvari Susana Tambutti Diego Tatián Enrique Tenenbaum Carlos Terribili Jorge Testero Carlos Tobal Mario Toer Javier Trímboli Hugo Trinchero Jésica Tritten Sergio Tucci Fernando Ulibarri Angelina Uzín Olleros Silvia Valdés Adolfo Valerga Sobel Valeria Osvaldo Raúl Valli Gustavo Varela Omar David Varela Marta Vasallo Hector Vazquez Miguel Vedda Ignacio Vélez Ana Velia Druker Susana Velleggia Horacio Verbitsky Norberto Vilar Alejandro Villa Juan Diego Villa Florencia Villafañe Juano Villafañe Susana Villavicencio Alicia Villoldo-Botana Paulina Vinderman David Viñas Daniel Viola Silvia Vladimivsky Leticia Walther Dennis Weisbrot Guillermo Wierzba Matías Wiszniewer Silvia Woods Ana Wortman Silvia Yuri Oscar Zabala Berdaguer Marta Zabaleta Beatriz Zaidenknop Graciela Zolezzi Faure Enrique Felix Eduardo Zothner Ana María Zubieta María Zuker Cristina Zuker Jorge Zuviría

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Compras unificadas de ARVs para garantizar el acceso universal en VIH/sida.

Noti-calle/Jaime Montejo, 8 de julio de 2008.- El día miércoles 9 de
julio de 2008 a las 10 de la mañana, la Coalición de activistas por el
acceso universal en VIH/sida, llevo a cabo un mitin plantón al
frente de las instalaciones del IMSS ubicadas en la Av. Reforma
esquina con Tokio en protesta por la decisión de esta institución de
no sumarse a las compras globales y unificadas de antirretrovirales
que realiza el sector salud.

El objetivo del plantón fue denunciar esta situación ante la opinión
pública para obligar a que el IMSS se sume a las compras globales de
ARVs que generarían mejores precios en las compras de estos insumos
para la salud.

No es posible pensar en una disminución de los precios de los ARVs, si
no hay compras unificadas y en este momento el IMSS, está coadyuvando
a que éstos no se reduzcan más.

Participaron personas que viven con VIH/sida, trabajadoras-es sexuales
y activistas de OSC con trabajo en Sida.

P L I E G O P E T I T O R I O D E L A C O A L I C I Ó N

1. La DECLARACION DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR VIH/SIDA por parte del
Gobierno de México, como el camino más viable para asegurar el Acceso
Universal Permanente y Sustentable de los medicamentos
antirretrovirales que ayuden a salvar la vida de casi 180,000
mexicanos y mexicanas.

2. La DEROGACIÓN DEL REQUISITO DE PLANTA que se estipula en el Art.168
del Reglamento de Insumos para la Salud de la COFEPRIS, situación que
actualmente nos limita el acceso, a muchas opciones para la
importación de medicamentos genéricos.

3. ACCEDER A LA "ENMIENDA SEIS" DE LOS "Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud
Pública". Una vez cubiertos los dos primeros requisitos de éste
pliego, pedimos al Gobierno de México que realice esta solicitud de
acceso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto significa
que los países miembros de la OMC, que no tienen capacidad para
fabricar medicamentos genéricos por sí mismos, pueden importar
versiones genéricas menos costosas, eliminando los obstáculos que
impedían las exportaciones de productos farmacéuticos fabricados al
amparo de licencias obligatorias.

4. INCLUIR A LOS REPRESENTANTES DE LAS OSC con trabajo en VIH/SIDA en
la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de
Medicamentos y otros Insumos para la Salud, con el objetivo de
fortalecer y transparentar su funcionamiento.

5. GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL como parte de un abordaje integral
del VIH/SIDA: Acceso Universal a Medicamentos, Atención Médica
integral con calidad, Pruebas de Detección y Confirmatorias, Acceso a
la Información, Prevención y Condones, Trato digno y Respeto a los
Derechos Humanos.

Los integrantes de la COALICION DE ACTIVISTAS POR EL ACCESO UNIVERSAL,
sabemos que para nuestro país la XVII Conferencia Internacional de
SIDA en agosto de 2008, es una oportunidad única de demostrar al mundo
y a la comunidad internacional, los avances alcanzados por México en
la reducción de precios de medicamentos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Secuestran y torturan a otro comunero en Michoacán; se opone a despojo de tierras.

■ Es el tercero en menos de un mes, denuncian ONG; responsabilizan a policías estatales

Matilde Pérez U. La Jornada

Por encabezar la lucha contra el despojo de 97 hectáreas de la comunidad Tabiquera de la Loma en Urapilla, tenencia de Santiago Undameo, Morelia, Avenicio Reyna de la Cruz fue tortura- do por presuntos policías de Michoacán, acompañados por Guadalupe Guía Carrión, abogado del ejido Santiago Undameo, y otra persona que se identificó como personal del tribunal agrario número 36, denunciaron las organizaciones campesinas indígenas Ricardo Flores Magón y Zapata Vive.

Informaron que Reyna de la Cruz fue secuestrado la mañana del pasado sábado en la casa del comunero Moisés Molina Rodríguez y tras 17 horas de estar “detenido-desaparecido” fue “arrojado por sus captores” en el kilómetro 13 de la vieja carretera Morelia-Pátzcuaro; de inmediato fue hospitalizado pues tenía seis costillas rotas, hemorragias internas que afectaron los pulmones y otros daños físicos.

Por más de 30 años los comuneros han sostenido una disputa de sus tierras con los ejidatarios de Santiago Undameo, quienes – según el comunicado– han recurrido a la fuerza pública para quitarles las tierras que pretenden convertir en desarrollo urbano.

Testigos del “secuestro” narraron que la mañana del pasado sábado una camioneta Suburban blanca se acercó a la casa de Moisés Molina, en la que iban el abogado de los ejidatarios y otra persona que se identificó como del tribunal agrario, y elementos uniformados que portaban armas largas y cortas.

“Entraron a la casa de Moisés Molina donde estaban Avenicio Reyna y Reynaldo Reyes Aguilar, presidente de la mesa directiva de la comunidad, y les dijeron que “ya no había nada qué hacer, el desalojo ya está”. Avenicio exigió explicaciones y uno de los abogados respondió: “a ti te vamos a llevar”. Lo subieron a la camioneta, lo empezaron a golpear y amenazaron de muerte. “Tratamos de impedir que se lo llevaran pero nos amenazaron con las armas y dijeron: les vamos a dar para que se los cargue su puta madre”.

En un comunicado, las organizaciones campesinas indígenas refirieron que esta es la tercera ocasión en que secuestran a comuneros que se oponen al despojo; el pasado 18 de junio, también presuntos elementos de la policía detuvieron a José Reyes Aguilar, quien opuso resistencia y fue herido en la pierna izquierda, y Moisés Molina estuvo desaparecido durante 15 días, durante los cuales fue golpeado y torturado.

“Parece que hay un plan premeditado para despojar de sus tierras a los comuneros, con métodos policiacos de terror y represión. En las mesas de negociación el abogado de los ejidatarios de Santiago Undameo ha dicho que puede haber más detenidos, heridos y muertos por la presa de Cointzio, al referirse a las denuncias de detenciones y agresiones contra los comuneros y además que todo lo vamos a relacionar con la responsabilidad de los de Santiago”, apuntaron las organizaciones.

A las agrupaciones anteriores se sumaron las de la Mujer Campesina y Popular Digna Ochoa, Campesina y Popular Siervo de la Nación, y de las colonias populares Lázaro Cárdenas y Río Volga de Uruapan, las cuales responsabilizaron de la integridad física de los comuneros e integrantes de la organización Ricardo Flores Magón y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán, al procurador agrario, Rosendo González Patiño, y a Héctor Gómez Trujillo, delegado de la citada institución en Michoacán.

Exigieron investigar al abogado Guía Carrión y al del Tribunal Unitario Agrario, así como a las autoridades del ejido Santiago Undameo. Advirtieron que no venderán la tierra y la defenderán “a pesar de los costos”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

"Hay una enorme distancia entre la clase política y la sociedad y eso en sí ya es una revolución": Ignacio Marvan (CIDE).

■ El distanciamiento poder-sociedad es en sí mismo una clave, señala

En 2010 no estallará una nueva revolución, dice Ignacio Marván

Mariana Norandi. La Jornada.

Con motivo del bicentenario de la Independencia de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Fundación Conmemoraciones 2010 llevarán a cabo, a partir del próximo miércoles, el proyecto Historia crítica de las modernizaciones en México, que establecerá siete mesas de trabajo interdisciplinarias, las cuales reunirán a 60 expertos nacionales e internacionales para analizar y reflexionar sobre las experiencias de cambios, retrocesos, tensiones y contradicciones que se han dado en el país desde 1750 hasta nuestros días.

Con ello se quiere llevar los problemas del presente al pasado, examinarlos desde una perspectiva crítica y demostrar que la historia está muy relacionada con la problemática actual. El resultado de estas mesas será recopilado en siete tomos, que publicará el Fondo de Cultura Económica, como excitativa a descubrir una historia novedosa en ésta y nuevas generaciones.

Ignacio Marván Laborde, director de la División de Estudios Políticos del CIDE, y principal impulsor del proyecto, explica algunos aspectos de este trabajo y afirma que en 2010 no estallará una tercera revolución en México (con lo cual se cumpliría la predicción 1810, 1910, 2010), ya que el actual distanciamiento entre el poder y la sociedad es en sí mismo “una revolución”.

–¿Cómo surge este proyecto? –se le preguntó.

–Yo trabajé mucho la historia del siglo XX y le pedí a Clara García, que es especialista en el periodo colonial, y a Ericka Pani, experta en el siglo XIX, que reuniéramos esas etapas para romper con la historia lineal, así como con esa otra que fue la consigna panista para llegar al poder y que ve los 70 años del PRI como iguales. Este proyecto ve la historia con sus zigzagueos, como un proceso no lineal de evolución y modernización donde las elites que quieren imponer cambios se encuentran con diferentes reacciones de la sociedad y resultados inesperados.

–¿Qué es lo que no aprendemos de la historia?

–De la historia tenemos que aprender qué es nuevo y qué no. Por ejemplo, 1893 fue el año de mayor conflicto del Porfiriato entre el régimen y las comunidades indígenas por la conservación de las tierras, y en Guerrero hubo una rebelión en contra del ferrocarril, por lo que Porfirio Díaz prefirió la paz social al “progreso”. Algo muy parecido al proyecto tecnócrata de San Salvador Atenco, donde se quería construir un nuevo aeropuerto; finalmente hay valores de los pueblos que se imponen. Por tanto, más que pensar por qué no aprendemos de la historia, debemos aprender que México es un país complejo, con una sociedad heterogénea donde la vieja idea priísta del proyecto de nación es inviable.

–¿Cómo se transmiten las modernizaciones en un país tan asimétrico? –se le insistió.

–La educación había sido en el siglo XIX la gran puerta a la modernidad social para llegar a la igualdad. Sin embargo, hoy tenemos más alfabetización y peor educación y ésta es uno de los factores crecientes de desigualdad.

–¿Existe hoy más desigualdad que en el siglo XIX?

–En aquel entonces había más analfabetos, pero todos lo eran. Por tanto, hoy la educación se volvió un factor de desigualdad y de inmovilidad social que no reduce las brechas entre clases. Así, en términos relativos hay más desigualdad, no necesariamente en términos de pobreza absoluta, aunque también puede haberla. En aquella época la economía rural tenía mecanismos para la subsistencia y ahora las personas que están en la subsistencia tienen menos oportunidades que cuando esa economía representaba una parte más importante de la economía general.

“Actualmente los tecnócratas abandonaron las comunidades por no considerarlas rentables y esperan que esa población emigre a las ciudades y se integre a los servicios.”

–Los países de América Latina celebran su bicentenario independentista. ¿Qué características históricas nos diferencian dentro del contexto regional?

–Todos los países están celebrando independencia al mismo tiempo, pero el caso mexicano se distingue porque, así como en el resto de los países, la independencia la realizó una elite criolla; en México fue una rebelión popular. Otra característica es que los países que tenían regímenes modernizadores, pero autoritarios como el Porfiriato, la democratización se dio de manera paulatina, y en México se produce por medio de una guerra civil. Finalmente, en el siglo XX, en América Latina las transiciones de dictaduras a democracias se dan por rupturas muy claras; en México nunca queda claro dónde acaba el antiguo régimen y dónde comienza el nuevo. En 2000 hubo expectativas de cambio y en 2006, tras el fraude electoral, hubo una regresión.

–¿Los mexicanos conocemos poco de nuestra historia?

–Hay visiones muy claras y populares que están profundamente enraizadas. Si se hace una encuesta de cuál fue el mejor presidente de México, todo mundo dice Lázaro Cárdenas. Sin embargo, se ha ido perdiendo el valor de enseñar historia en la primaria y ponen más matemáticas. Este abandono del conocimiento histórico tiene que ver con el deterioro que ha tenido el país en los pasados 30 años. Y no entiendo cómo se quiere articular y fortalecer una comunidad política sin enseñarle su historia.

–Revisando los momentos prerrevolucionarios, ¿se podría esperar una nueva revolución en nuestro país?

–En el mundo es difícil que se dé una revolución que no sea pacífica, aunque eso no quiere decir que no haya convulsiones. Ya no pensemos en el cataclismo 1810, 1910, 2010: México ya está convulsionado. Hay una enorme distancia entre la clase política y la sociedad y eso en sí ya es una revolución y no le veo una perspectiva de estabilización a corto plazo. Un pueblo tan distante del poder es un pueblo alerta.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Nahuas de Guerrero exigen médicos.

Sergio Ocampo, corresponsal La Jornada

Chilpancingo, Gro. Comisarias de la comunidad nahua de Rincón de Chiautla, municipio de Chilapa de Álvarez, exigieron a la Secretaría de Salud una brigada médica, pues decenas de niños padecen tos, gripe y fiebre y la unidad de salud más cercana está en Zacapexco, a dos horas. Las comisarias de Rincón de Chiautla, Alberta Rodríguez Hernández y Adela Virgenio Rodríguez informaron que la mayoría de los 45 niños de su poblado, de apenas 16 familias, están enfermos y ocho mujeres están solas porque los padres se encuentran presos.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Los gobiernos panistas de Morelos criminalizan las luchas ambientales.

■ Se movilizan los habitantes ante la voracidad de inmobiliarias y el mal manejo de desechos

■ Padecen persecución oficial desde líderes comunales hasta científicos

■ Repartir volantes o desplegar una manta de protesta son causas de detención, además de que se califica de ecoterrorismo

Angélica Enciso L. /I (Enviada La Jornada)

Cuernavaca, Mor., 6 de julio. En Morelos, donde comunidades indígenas y habitantes han emprendido la defensa de sus recursos naturales ante el crecimiento de unidades habitacionales que acaparan el agua, los daños a la salud ocasionados por el tiradero a cielo abierto en Tetlama y por el proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía sobre un acuífero, la respuesta de los gobiernos panistas ha sido la criminalización de las luchas, la persecución policiaca y la represión.

Testimonios dados a La Jornada por dirigentes comunales y sociales, defensores de derechos humanos y científicos dan cuenta del clima represivo que se vive en la entidad, donde el simple hecho de repartir volantes o colocar una manta de protesta es causa de detención. A los luchadores ambientales la policía los arresta arbitrariamente, el gobierno estatal los liga con grupos radicales, descalifica el motivo de sus protestas y de manera anónima se corren versiones de que se trata de “ecoterroristas”.

“El gobierno hace una criminalización de los movimientos sociales, encajona al máximo las movilizaciones en el marco jurídico, y los somete a toda clase de agresiones, juicios, órdenes de aprehensión y encarcelamiento; crece el número de detenidos y también las agresiones físicas”, señala José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Recuento de violencia

Los casos violentos más recientes están relacionados con el relleno sanitario proyectado en Loma de Mejía, en el ejido San Antón. El agente municipal de este lugar, Cristóbal Martínez, recibió el 11 de junio una golpiza que casi le hace perder un brazo y días después policías presuntamente asesinaron a un campesino de la comunidad El Cebadal y detuvieron a dos familiares de éste, quienes, a pesar de que no participan en ningún movimiento, sufrieron las consecuencias de la enorme presencia de uniformados en la zona a causa de la construcción del relleno, señala Martínez Cruz.

El pasado 17 de junio, 295 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enviaron una carta al gobernador, Marco Antonio Adame, en la que expresan su preocupación por “el carácter que han tomado las discusiones en torno a Loma de Mejía y a la existencia de acusaciones injustificadas e irresponsables, como son la de ecoterrorismo o vinculación con grupos armados, tememos por la integridad física y moral de los investigadores y colaboradores que han participado en la elaboración y difusión del arbitraje del proyecto”.

Desastre ambiental

Aquí “hay una crisis socioambiental muy fuerte que se agudizó después del cierre del tiradero de Tetlama, lo cual ocasionó la acumulación de la basura en la ciudad por varias semanas. El movimiento creció; ya que Alpuyeca también fue afectada por la proliferación de contaminantes y hubo denuncias de un aumento notable de casos de cáncer”, indica el defensor de derechos humanos.

A partir del cierre del tiradero y de los problemas para su disposición –actualmente los desechos se envían al estado de México– la lucha creció. Ya no era sólo la basura, sino la defensa del agua y la tierra ante el riesgo de contaminación por la proliferación de gasolinerías, debido a que durante el último año de gobierno de Sergio Estrada Cajigal se dieron cientos de permisos para esas instalaciones, aun en áreas donde hay manantiales. Al tiempo que esto ocurrió, también lo hizo la persecución a los movimientos sociales, explica.

Se han hecho campañas de desprestigio, como un volante anónimo que apareció en las calles de esta ciudad en el que se señalaba a varios de los opositores al relleno sanitario de Loma de Mejía como “ecoterroristas”, entre ellos, además de Martínez Cruz, se mencionó a Raúl García, investigador de la UNAM; Cristóbal Martínez, el agente municipal agredido, el presidente municipal de Temixco, Javier Orihuela, y José Montes, del PRD municipal.

Los 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra protegen el manantial Chihuahuita, que abastece a varias comunidades, entre ellas Xoxocotla, y con este recurso el gobierno prevé dar servicio a casi 50 mil nuevas viviendas construidas por las grandes inmobiliarias. Esto pone en riesgo la existencia del agua, porque sobre la cuenca que da vida a esa fuente, se planean construcciones que llevarán a su destrucción, indica Saúl Roque, vocero de este movimiento.

En mayo de 2007, integrantes de los 13 pueblos –Xoxocotla, Tetecalitla, Tepetzingo, Tlaltizapán, San Miguel 30, Santa Rosa 30, Tetelpa, Benito Juárez, El Mirador, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Temimilcingo y Huatecalco, de los municipios Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Zacatepec y Tlaltizapán– realizaban una marcha por la autopista y a la altura de Alpuyeca fueron detenidos por policías que golpearon a mujeres y niños, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron incluso a gente ajena a la protesta.

Asamblea comunal

Saúl Roque dice que “no ha habido cancelación de los proyectos y vemos el avance de esas obras en el entorno de nuestros manantiales”. Piden que se designe Área Natural Protegida los manantiales y su zona de amortiguamiento. Ya suman, dice, 60 comunidades en defensa de los recursos naturales y las decisiones se toman en la asamblea comunal.

“El gobierno, cada vez que se le complica la situación por las movilizaciones, dice que estamos conectados con grupos políticos, partidos políticos, el EPR, la APPO, San Salvador Atenco, no se qué más inventan para desprestigiarnos. Este movimiento surgió por una necesidad propia de las comunidades, nos regimos por las asambleas comunales”, explica con voz pausada y firme.

El recuento de daños ambientales que reportan los expertos es grande: los ríos Apatlaco, Cuautla, Yautepec, Amacuzac están contaminados; los manantiales de las Fuentes y Chihuahuita, entre otros, han disminuido su caudal; hay askareles, desechos tóxicos a cielo abierto en un predio del Alpuyeca; crece la urbanización en el Bosque de Agua, donde también se planea la carretera Lerma-Tres Marías, que afectará el área protegida Corredor Biológico Chichinautzin, y también está el libramiento Norponiente. Además, en el centro de Jiutepec, en zona forestal, el único pulmón del lugar, se pretendía construir un conjunto habitacional de 250 viviendas de la empresa Ara, detalla Mónica Romero, vocera de ese movimiento.

La resistencia en esta entidad tiene una característica distinta a otros lugares: hay una vinculación estrecha entre las comunidades que defienden los recursos naturales, los científicos que hacen las argumentaciones y los abogados que se encargan de la parte legal, precisa por su parte Raúl García, experto de la UNAM.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Un análisis revela que 39 mexicanos acumulan 135 mil mdd, el 12.3% del PIB nacional.

El portal Sentido Común expone que, del grupo, sólo 10% concentran el
81% de esa riqueza

Juan Antonio Zúñiga
La Jornada

La riqueza de los 39 hombres de negocios o familias, que de manera
individual o en conjunto detentan más de 500 millones de dólares por
sus empresas cotizadas en bolsa, asciende a 135 mil millones de
dólares, estima un estudio publicado por Sentido Común, un portal de
Internet especializado en negocios, economía y mercados.

El monto de esa riqueza equivale a 12.3 por ciento del producto
interno bruto del país, pero su reparto parece tan desigual como la
distribución del ingreso en México. El grupo de los diez hombres y
familias que encabeza la lista presentada por el periódico financiero
en línea, concentra 81 por ciento de la riqueza conjunta de los 39
considerados en ella. Mientras 19 por ciento de la fortuna restante se
reparte entre los otros 29 multimillonarios.

El grupo de los diez, que vendría a ser algo así como la cúspide de la
pirámide de la concentración del ingreso en México, obtuvo 4 mil 517
millones de dólares en dividendos durante los últimos 18 meses, según
los cálculos de Sentido Común.

Así, en promedio cada uno de los diez participantes de esos dividendos
habría obtenido un ingreso de 836 mil 481 dólares diarios durante el
último año y medio, cantidad que en moneda nacional representa casi 9
millones de pesos por día.

La punta de la pirámide

Pero esos promedios no existen en la realidad. A la cabeza de los
diez, y de los 39, figuran Carlos Slim Helú y familia, quienes
detentan una riqueza estimada en 61 mil 889.5 millones de dólares,
representada por su participación accionaria en 11 de las más
importantes empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, entre las que
figuran América Móvil, propietaria de la marca Telcel, Teléfonos de
México, Telmex Internacional, Grupo Carso e Inbursa. Slim y familia
concentran 45.8 por ciento del total de la riqueza estimada por el
portal especializado en negocios.

Por el lado de los dividendos participaron de un beneficio calculado
en 3 mil 145.2 millones de dólares entre 2007 y lo que va de 2008,
indica. Esa cantidad absorbió 69.6 por ciento del total de las
ganancias en que participaron los integrantes del grupo de los diez
mayores multimillonarios del país.

En el segundo sitio figuran Germán Larrea y familia, quienes detentan
47 por ciento del capital social del controvertido Grupo México, y una
riqueza estimada en 8 mil 226.8 millones de dólares, además de que
obtuvieron un beneficio de 646.6 millones por dividendos.

En tercer lugar de su lista Sentido Común coloca a Ricardo Salinas
Pliego y familia, quienes poseen una fortuna valuada en 8 mil 736.1
millones de dólares por su participación en el capital social de
Elektra, Iusacell y Tv Azteca. Los dividendos obtenidos en 18 meses
fueron de 82.5 millones de dólares.

Alberto Bailleres y familia, accionistas de Industrias Peñoles, el
Palacio de Hierro, GNP y Profuturo, se encuentran en el cuarto lugar
entre los hombres de negocios y familias más acaudaladas del país, por
sus empresas cotizadas en bolsa. Su fortuna se estima en 6 mil 328.4
millones de dólares.

En el quinto sitio de la lista el periódico electrónico menciona a un
grupo de accionistas de Fomento Económico Mexicano (Femsa), el
principal embotellador de cocacolas en América Latina y el segundo en
el mundo. Los nombres y apellidos que menciona son "G. Lagüera, C.
Ayala, Bailleres G., G. Garza. M Suberville, R. Michel y D. Michel". A
todos ellos Sentido Común los ubica con una participación accionaria
de 37 por ciento en Femsa, con una fortuna calculada en 5 mil 691
millones de dólares, y un ingreso de 105 millones por dividendos en
año y medio.

Con una participación de 57 por ciento, que le permite el control de
la cadena de supermercados Soriana, la riqueza de Francisco Javier y
Ricardo Martín Bringas se estima en 3 mil 535 millones de dólares, y
con ella son colocados en el sexto lugar entre los multimillonarios de
la bolsa. Sigue Antonio del Valle Ruiz, que posee 70 por ciento del
capital accionario de la petroquímica Mexichem, y una fortuna de 3 mil
166.8 millones de dólares.

El periódico electrónico coloca al apellido Servitge Montul en el
octavo lugar, con una riqueza estimada en 3 mil 166.8 millones de
dólares, por poseer 37 por ciento del capital social de la
panificadora trasnacional Bimbo.

En la novena posición menciona los apellidos Arizpe, Barragán y
Fernández como propietarios de 87 por ciento de las acciones de Arca,
la segunda mayor embotelladora de productos cocacola en México y
América Latina. La fortuna de estos tres apellidos, que probablemente
correspondan a Manuel Barragán Morales, presidente del consejo de
administración; Luis Arizpe Jiménez, vicepresidente, y Tomás Fernandez
García, consejero propietario, asciende a 2 mil 557.1 millones de
dólares.

En el décimo lugar se menciona a Roberto González Barrera y familia,
con participaciones de 19 por ciento en Banorte y 52 por ciento en
Gruma, con una riqueza que el portal especializado en negocios,
economía y mercados que fundó y dirige Eduardo García, ex jefe de
corresponsales de la agencia Bloomberg News, calcula en 2 mil 555.5
millones de dólares.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, respecto a la militarizacion en Puebla.

A la comunidad poblana
A la opinión pública nacional e internacional
A los medios de comunicación

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos abajo firmantes hacemos del conocimiento público nuestra postura respecto a las atribuciones que la XXV Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asume en materia de seguridad pública; dado a conocer por medio de un comunicado de dicha institución el pasado 24 de junio del presenta año.

De inicio es importante destacar que las fuerzas armadas tienen como objetivo principal: salvaguardar la seguridad y la defensa nacional, se caracterizan por organizarse como ejércitos profesionales entrenados para dicho fin, es decir, se entrenan permanentemente para entrar en combate. De igual manera, el empleo por parte del Estado de fuerzas militares siempre va encaminado para alcanzar objetivos de carácter político.

El Ejecutivo Federal en nuestro país desde hace tres años ha venido recurriendo de manera más frecuente de efectivos militares en casos políticos que se enmarcan en la llamada inseguridad pública; la cual por cierto, es atribuida por la corrupción que se promueve en las propias instancias gubernamentales. Así por ejemplo: la toma de los penales federales en enero del 2005, de igual manera tenemos el caso Atenco, APPO en Oaxaca, las constantes incursiones en comunidades indígenas de Chiapas, y la muerte de civiles a manos de militares en diferentes estados del país, son algunos casos.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 129 menciona: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…", en este sentido, la preocupación de que el ejercito este cumpliendo funciones de instancias civiles es por la trayectoria de excesos que ha cometido en contra de la población ya que "… los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda." (Artículo 13 de la Constitución). Más aún, cuando la reforma judicial recién aprobada, mejor conocida como Ley Gestapo, en su artículo 21 puntualiza: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. (…) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional." Por lo que resulta oprobioso para los derechos humanos el Código de Justicia Militar, que en su artículo 57, fracción II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos delitos del orden común o federal "Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo".

La inicitiva del ejército, encabezao por su comandante en jefe Felipe Calderon, de extender su ámbito de competencia en seguridad pública a delitos tanto del orden común y federal, por medio del anonimato, no es más que promover el ya deteriorado tejido social.

Ahora, el ejercito trata de cumplir indebidamente tareas de la policía civil, lo cual garantiza impunidad por cada acto delictivo que cometan, ya que no serán juzgados en tribunales civiles, sino en tribunales militares. A su vez, se enmarca en una campaña de criminalización que el Estado mexicano lleva en contra de la movimiento social democrático y en contra de los defensores de derechos humanos.

La Historia ha demostrado que cuando las instancias gubernamentales dejan de cumplir las aspiraciones de la población y utilizan la represión como diálogo, la población se organiza para crear sus propias instancias gubernamentales que le permitan garantizar la satisfacción de sus demandas, derecho estipulado en el Artículo 39 de la Constitución que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."

Por lo anterior, nos pronunciamos:

1. En contra de que el ejército cumpla tareas que le corresponden a instancias civiles.

2. Que el gobernador del estado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como la comisión de derechos humanos del Congreso del Estado hagan público su rechazo ante las atribuciones que el ejército se ha tomado en materia de seguridad pública.

3. No a la militarización del país.

4. No a la criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos.

Finalmente hacemos un exhorto a los militares a reflexionar su actuar, a que antepongan su calidad como seres humanos, a no volverse cómplices generadores de la violencia institucionalizada; de igual manera, convocamos a los intelectuales, catedráticos, personas progresistas, y organizaciones sociales, populares y de defensa de los derechos humanos a estar atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos para brindar apoyo a las victimas que ven violentados sus derechos humanos por parte del Estado mexicano.

Atentamente

Israel Sampedro Morales por la Red de Defensa de los Derechos Humanos
Fernando Cuellar Muñoz por el Centro de Derechos Humanos "Joel Arriaga Navarro"
Brahim Zamora por la Red Democracia y Sexualidad

H. Puebla de Zaragoza a 30 de junio de 2008

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Sin aval del gobierno, militares combaten la delincuencia en Puebla.

Por Mónica Ventosa y Fernando Pérez Corona

Martes, 24 de junio de 2008

Al margen de la Constitución, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en funcionamiento esta semana una línea telefónica para que los poblanos denuncien en forma anónima cualquier ilícito –tanto del fuero común como federal– e incluso actitudes sospechosas.

El jefe de la XXV Zona Militar, Roberto Gustavo García Vergara, explicó que esta decisión tiene como objetivo cerrar los espacios a narcotraficantes y delincuentes en Puebla. Sin embargo, tal medida sorprendió ayer al procurador de Justicia y al secretario de Seguridad Pública municipal de Puebla.


De acuerdo con el artículo 21 de la Carta Magna, “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva (...)”

En tanto, el artículo 89 fracción VI advierte que sólo el presidente podrá “(...) disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército, de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación (según la reforma publicada en el Diario Oficial, fechada el 5 de abril de 2004)”.

Hasta el momento, no se ha hecho pública una orden directa del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, para que el Ejército Mexicano tomara en sus manos las tareas de prevención e investigación de delitos en esta entidad, aunque estas tareas sí se llevan a cabo en otros estados, pero como consecuencia de una instrucción directa del primer mandatario.

A través de un comunicado de prensa, la Zona Militar ubicada en esta capital anunció la puesta en marcha de la línea de emergencia y se afirma que el único objetivo es contribuir al combate a la inseguridad para evitar que los delitos aumenten, como ha ocurrido en otras entidades.

Cabe recordar que García Vergara fue entrevistado ayer en el noticiario “Buenos Días” de Cinco Radio, que conduce Javier López Díaz, a quien explicó que esta decisión tiene como objetivo cerrar los espacios a narcotraficantes y delincuentes.

Para comprobar lo anterior, e-consulta marcó el número telefónico ofrecido por el general: 235 66 41.
–Veinticinco zona militar, denuncia anónima, buenas tardes –responde una voz masculina.

–Buenas tardes, hablo sólo para saber qué debo hacer para denunciar un delito o algo sospechoso.

–Sólo que nos cuente lo que ve y, si es posible, proporcionarnos nombres, direcciones, datos...

–¿Nada más?

–Nada mas.

–¿No debo proporcionar mi nombre?

–No. La denuncia es anónima.

–¿Qué horario tienen?

–Estamos aquí las 24 horas.

Sobre el particular, el procurador y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Rodolfo Igor Archundia Sierra y Guillermo Hidalgo Vigueras, respectivamente, admitieron su sorpresa por la medida castrense unilateral.



Archundia Sierra reconoció que no fueron notificados, a pesar que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene la facultad constitucional de llevar a cabo las investigaciones por secuestro, homicidio y otros delitos calificados como graves en la entidad.

Por ello, consideró urgente tener comunicación a la brevedad con el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conocer a fondo el plan de acción y la capacidad de respuesta de los soldados.

Por su parte, Hidalgo Vigueras lamentó que la XXV Zona Militar no haya informado al ayuntamiento de Puebla de este proyecto, sobre todo porque sólo compete a la autoridad municipal realizar la tarea de prevención del delito.

–Hay duplicidad de funciones? –preguntó el reportero.

–No por nosotros –aclaró el funcionario municipal.

En este sentido, e-consulta solicitó a la Secretaría de Gobernación fijar una posición oficial al respecto; empero, a través de su Dirección de Comunicación Social, la dependencia se limitó a decir que no haría comentarios por el momento, pese a que violaba la autonomía del estado.

A su vez, la diputada federal panista, Violeta Lagunes rechazó que la participación del Ejército en la investigación de delitos incremente la violación de derechos humanos o deje de lado el trabajo que llevan a cabo las autoridades estatales y municipales.

Consideró que todo esfuerzo encaminado a incrementar la protección a los ciudadanos y lograr la detención de grupos delincuenciales debe ser bien recibido, además de que debe hacer una coordinación entre los tres niveles de gobierno para lograr una mayor cobertura en materia de seguridad.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!