CCIODH: Ante la condena a l@s pres@s de Atenco

BOLETÍN DE PRENSA Nº 33 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)

Ante las condenas a los presos de Atenco

El juzgado primero de lo penal, con sede en el reclusorio Molino de Flores (Texcoco), ha dictado sentencia contra 10 presos por los sucesos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia por la causa 58/2007 ha sido de 31 años, 10 meses y 15 días. A su vez dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación, que se suman a la condena que ya está cumpliendo de 67 años y medio en el Penal de máxima seguridad de El Altiplano.

A primera hora de la mañana cientos de policías se presentaron en el Plantón que está situado al lado del penal de Molino de Flores y de forma intimidatoria sorprendieron a las personas que mantienen dicho plantón en solidaridad con las personas recluidas, pensando que los iban a desalojar. Posteriormente supieron que el motivo de la masiva presencia policial era la notificación de la sentencia.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, visitó a estas personas en su IV Visita tras los hechos ocurridos en Atenco en el penal de Santiaguito, de la misma manera los visitó en su sexta visita, ya en el Penal de Molino de Flores, para recabar su testimonio y entregarles los informes realizados tras las dos visitas.

En base al seguimiento realizado por la CCIODH y a las conclusiones y recomendaciones de nuestros informes queremos manifestar lo siguiente:

* Consideramos estas sentencias completamente abusivas. En nuestras conclusiones pedimos la libertad de estas personas en base a la presunción de inocencia, hay que recordar que han estado recluidas pendientes de proceso durante dos años y cuatro meses. En este tiempo fueron puestas en libertad, algunas de ellas libres de cargos, personas consignadas por los mismos delitos. La Comisión recomendó: “Es inaplazable desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social y política. En este sentido, urge que las Procuradurias Estatales y la General de la República procedan a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo referido con anterioridad, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de todos los presos políticos y de conciencia”.

* No solo no ha ocurrido así sino que las sentencias se han producido con suma dureza y bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia.

* Es paradigmático el caso de Ignacio del Valle, que ya denunciamos anteriormente y ahora se ve sometido a otra sentencia sumando la cantidad de 112 años y medio de reclusión.

“Las autoridades políticas y judiciales han puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el 2006. Hasta la fecha, la respuesta a las muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, violaciones y agresiones sexuales ha sido la impunidad o han tenido un carácter fundamentalmente administrativo”La Comisión se manifiesta ante esta contradicción al no haber condenas, ni tan siquiera procesos abiertos sobre funcionarios públicos por los graves delitos cometidos en el operativo y por contra unas sentencias condenatorias sobre las personas detenidas por un conflicto social y político.

La sensación de impunidad sumada a la represión como modelo de respuesta a los conflictos sociales queda reafirmada con estas sentencias como así denunciamos y se mantiene en Oaxaca y en Chiapas

Barcelona, a 21 de agosto de 2008.

Comisión de Prensa de la CCIODH–
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelonatel: 935113966, fax: 933290858



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Desaloja la policía a indígenas de Chilapa

Hay 16 detenidos, dos lesionados, varios golpeados

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

Efectivos de la Policía Municipal de Chilapa desalojaron y golpearon el medio día de ayer a indígenas que el miércoles bloquearon la carretera Chilpancingo-Tlapa; cuando menos dos manifestantes están lesionados, varios fueron golpeados y 16 detenidos, entre ellos el dirigente del Consejo Ciudadano de Chilapa, Virginio Vázquez Pileño y el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández.

Después de las 8 de la noche, los indígenas se concentraron frente a la cárcel para demandar la libertad de los detenidos, cuando fueron nuevamente desalojados por policías, a golpes y con gases lacrimógenos .

El primer desalojo se realizó cuando los ciudadanos inconformes con la administración de la alcaldesa, Aliacia Zamora Villalba, apenas se concentraban en el crucero de la entrada de Chilapa, en la carretera Chilpancingo-Tlapa, para marchar hacia la Presidencia Municipal, luego de que a pesar del bloqueo a la carretera que realizaron el miércoles, no fueron atendidos.

Entre los detenidos se encuentra el presidente del Consejo Ciudadano de Chilapa, Virginio Vázquez Pileño, quien ha convocado a las movilizaciones, así como el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien únicamente se encontraba en el lugar de la protesta como observador.

“Detengan también a ese cabrón, nos está ocasionando muchos problemas”, fue la orden que dio el síndico de Chilapa, Francisco Javier González, a los policías municipales que golpearon y detuvieron al integrante del organismo de derechos humanos Olivares Hernández, cuando éste trataba de intervenir para que los policías municipales ya no siguieran golpeando ni llevándose detenidos a los indígenas.

El bloqueo se realizó este miércoles en el entronque de Chilapa, sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa como expresión de la inconformidad que existe de ciudadanos de la cabecera municipal de de varias comunidades que pertenecen al Consejo Ciudadano, en contra de la alcaldesa priísta, Alicia Zamora Villalva, a quien piden que cumpla con las promesas que les hizo desde octubre del año pasado, para la construcción de escuelas, caminos, clínicas, comisarías, proyectos productivos, electrificación de pueblos y solución al problema del basurero que está originando un foco de contaminación en la cabecera municipal.

Los inconformes también demandaban una audiencia con Zamora Villalba para tratar directamente con ella los problemas que han venido exponiendo y que se ha negado a resolver.

Sin embargo la alcaldesa en vez de dar respuesta a sus demandas utilizó la fuerza pública municipal para desalojar a los manifestantes.

Los 16 detenidos son Domingo Ramos, Pedro Martín García, Erasto Silviano, Norberto Ramírez, Juan Gaspar, Vicente Santiago, Benito Jiménez, Pedro Andraca, Anastasio Díaz, José Agustín Secundino, Vicente Xochitempa Tepexco, Abundio Rodríguez, Justo
Elías Bolaños, Virginio Vázquez Pileño, Manuel Olivares Hernández y Faustino Vidal. Entre los detenidos se encuentran algunos comisarios municipales de comunidades de ese municipio que también exigen obras y servicios públicos.

El abogado de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Luis Jerónimo Zavala, informó que de los 16 detenidos cuando menos Virginio Vázquez Pileño y Manuel Olivares Hernández fueron golpeados por los policías municipales.

Informó que los 16 detenidos a las 4 de la tarde de ayer fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y motín. Informó asimismo, que a las 8 de la noche aún continuaban en la delegación de barandilla, debido a que el Ministerio Público no cuenta con área de seguridad.

El desalojo y la detención de los indígenas se realizó a las 10 de la mañana cuando se concentraban en el entronque de Chilapa sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, en donde el miércoles instalaron un bloqueo para exigir solución a sus demandas al
Ayuntamiento que preside Zamora Villalva.

En la operación policiaca participaron unos 30 policías municipales, algunos de ellos portaban armas de fuego, según denunció el abogado Jerónimo Zavala.

Los uniformados utilizaron, asimismo, para someter a los indígenas gases lacrimógenos y toletes con los que golpearon a algunos de los inconformes.

Por la noche en un comunicado de prensa, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos lamentó que a la demanda de obras y servicios de los indígenas la alcaldesa haya respondido con la fuerza pública y demandó la inmediata libertad de los 16
detenidos.

Los integrantes del Consejo Ciudadano de Chilapa se concentraban en el crucero de esa localidad para marchar hacia el Palacio Municipal para exigir a la presidenta municipal una audiencia para solicitarle obras y servicios públicos, debido a que durante el bloqueo del miércoles no fueron atendidos a pesar de que les habían ofrecido una mesa de diálogo.

Entre las demandas del grupo de ciudadanos está el cumplimiento de una minuta de acuerdos que firmó la presidenta municipal Zamora Villalba hace cuatro meses luego de un bloqueo a la carretera.

En esos acuerdos, la alcaldesa se comprometió a realizar diversas obras, como revestimiento de caminos, comisarías municipales, introducción de agua potable y luz eléctrica. Sin embargo, ninguna obra ha sido realizada, y por ello los inconformes decidieron bloquear la carretera el pasado miércoles y al no obtener respuesta ayer pretendían realizar una marcha que terminaría con un mitin frente al Palacio Municipal.

Tras el desalojo, el visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, se trasladó a esa localidad para documentar los hechos y a recabar las denuncias de las personas que fueron agredidas y detenidas
por los policías municipales.

Lugo Cortés informó que la Codehum envió a tres visitadores y peritos médicos para que verifiquen la información y además para que vean el estado en que se encuentran las personas agredidas y para lograr que las autoridades atiendan las peticiones de los habitantes de Chilapa.

Confirmó que en el caso de Manuel Olivares, el síndico municipal, Francisco Javier García Morales, ordenó su detención aún cuando sabía que su función sólo era de observador de la protesta, “estamos atentos a esto y estamos interviniendo ya en este
asunto”, dijo el funcionario de la Codehum.

También al igual que la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Lugo Cortés lamentó la intervención de la fuerza pública para reprimir la protesta de este grupo de personas, “la respuesta no debe de ser la represión, sino la voluntad política de atender la problemática y no agravarla”, dijo.

Por su parte el diputado Ramiro Solorio, condenó también el uso de la fuerza pública para reprimir a los indígenas que en la mayoría de los casos desconocen sus derechos y garantías individuales.

Solorio Almazán se dirigía a las 8 de la noche a esa localidad con el fin de exigir a las autoridades municipales la libertad de los detenidos, “si no los liberan estoy convocando al pueblo para liberarlos a como dé lugar”, advirtió.

El segundo desalojo.

Poco después de las 8 de la noche, nuevamente aproximadamente 300 manifestantes fueron agredidos con gases lacrimógenos, por policías estatales y municipales, cuando frente a la delegación de Barandilla exigían la libertad de los 16 detenidos.

Entre el grupo de personas se encontraba el diputado Ramiro Solorio a quien a pesar de que se identificó no le permitieron entrar a ver a los detenidos, “esto es abuso de autoridad, es represión, es arbitrariedad, es ultraje a los derechos de esta gente humilde, hay mujeres con niños en sus brazos y les valió madre”, dijo vía telefónica el diputado visiblemente disgustado.

Indicó que las personas agredidas por policías del estado y municipales por la noche solamente estaban reclamando la libertad de los 16 detenidos, “pero en vez de eso como respuesta recibieron más represión”, dijo.

Indicó que debido a los gases lacrimógenos que les lanzaron los policías decenas de personas resultaron con irritaciones en los ojos.

Indicó ante la cerrazón de las autoridades para liberarlos la gente decidió quedarse en plantón “hasta que nos los entreguen sanos y salvos, porque sanos los metieron y así queremos que nos los entreguen”, dijo.

Indicó que ante esta arbitrariedad tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal, a la gente no le quedará otra alternativa que buscar otras formas de lucha”, advirtió el diputado.

Indicó que de su parte, como diputado, va a pedir en el Congreso local juicio político a la presidenta municipal, Alicia Zamora Villalba y su destitución del cargo.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Trancazo campesino a minera canadiense.

Por Diego Cevallos

MÉXICO, ago (Tierramérica ) - La corporación minera canadiense Minefinders exploró durante 14 años una zona rural del norteño estado mexicano de Chihuahua. Pero cuando se apresta a iniciar la explotación de oro y plata, sus planes se ven amenazados por protestas campesinas.

La inconformidad con Minefinders luego de tanto tiempo se debe a que "nos dimos cuenta de los engaños, de cierto abuso de la empresa", dijo a Tierramérica el portavoz de los campesinos, David de la Rosa. "Es que se tomó conciencia de la inequidad de la relación", añadió el abogado Mario Patrón, asesor del grupo.

Los habitantes de Huizopa, comunidad enclavada en la Sierra Madre Occidental y conformada por unas 230 familias dedicadas a la agricultura de autoconsumo y la ganadería, mantienen desde mayo un campamento cerca de la aún no estrenada planta de procesamiento de la Compañía Minera Dolores, subsidiaria de Minefinders en México.

Familias enteras de la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa hacen turno allí para garantizar una presencia constante. Aunque no interrumpen los trabajos de la empresa, sus reclamos y la posibilidad de que radicalicen su protesta mantienen en vilo los planes de Minefinders.

La corporación goza de una concesión otorgada en 1994 por el gobierno de México. Con esa autorización y la venia inicial de los campesinos efectuó unas 1.000 perforaciones en búsqueda de oro y plata.

Para iniciar la explotación, en 2006 firmó un acuerdo con los dirigentes comunitarios de Huizopa, según el cual puede operar sobre unas 1.200 hectáreas. Sin embargo, buena parte de la comunidad sostiene que no se llevó a cabo el proceso de consultas obligatorio con la comunidad que posee las tierras.

"El acuerdo firmado con la minera es ilegal pues no se analizó ni se votó en la asamblea comunitaria y además es desigual, no tiene el mínimo principio de equidad", dijo Patrón a Tierramérica.

Además, argumentan los campesinos, la minera se ha apropiado de casi 3.500 hectáreas, de las 86.000 que tiene Huizopa.

Un grupo minoritario de pobladores apoya a la empresa, que ha construido viviendas y caminos, pero la mayoría quieren un nuevo acuerdo que incluya la financiación de un plan de desarrollo comunitario, pago de renta anual por hectárea explotada, definición de un sistema de participación en las utilidades y estudios ambientales.

Minefinders asegura en su sitio web poseer la propiedad de "100 por ciento" de la mina Dolores, que espera explotar a cielo abierto durante 15 años.

No se trata de un conflicto aislado. En la última década han estallado problemas recurrentes entre la industria minera, los sindicatos y los pobladores en varios países de América Latina, coincidiendo con la bonanza de los precios internacionales de los metales.

En los últimos cuatro años, la cotización del oro se elevó 219 por ciento y la de plata en más de 149 por ciento, un ciclo que trajo multimillonarios ingresos a las empresas y un repunte de los impuestos que perciben los Estados.

En Perú se contabilizaron 26 huelgas mineras en el primer semestre de este año, apenas tres menos que las registradas en todo 2007. En América Central, donde las compañías identifican al menos 23 zonas explotables, organizaciones sociales están en pie de lucha, con el argumento de que los empresarios se enriquecen a costa del ambiente y las poblaciones cercanas a los yacimientos.

En México el conflicto entre el gobierno y la dirigencia de un sector del sindicato minero se mantiene desde 2006.

Los campesinos de Huizopa "no caeremos en la violencia, pero no nos rendiremos hasta lograr beneficios reales de Minefinders, pues sabemos que va a tener ganancias jugosas", advirtió De la Rosa.

Ellos estiman que en 15 años la empresa obtendrá unos 3.000 millones de dólares y podría causar graves daños a la naturaleza, pues para extraer oro y plata de la roca utilizará el venenoso cianuro de sodio.

La firma ha dicho que esos cálculos económicos están errados. En Huizopa hay reservas "equivalentes a 3.000 millones de onzas de oro", declaró en marzo el presidente de la corporación, Mark Bailey.

La corporación, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y tiene otros tres proyectos en México, informó a sus accionistas el 25 de julio que por un "bloqueo ilegal" y "amenazas de violencia de manifestantes", sus operaciones en Huizopa están detenidas, pero aseguró que en el siguiente trimestre entrará de lleno en la extracción de oro y plata.

Policías custodian las instalaciones de la mina y, según denuncian los campesinos, se ha recurrido al ejército para que efectúe patrullajes intimidatorios.

El 27 de mayo, un operativo de fuerzas federales dispersó con gases lacrimógenos a unos 100 campesinos que efectuaban un plantón y dos días después fueron detenidos dos dirigentes de Huizopa, liberados casi de inmediato por falta de denuncias.

Minefinders no ha actuado de forma honesta, afirman la Asamblea Permanente de Ejidatarios y el no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece el jurista Patrón.

La compañía asegura haber gastado 12,7 millones de dólares en asistencia a la comunidad dueña de la tierra y haber financiado becas a estudiantes de geología en una universidad de Chihuahua.

Para terminar el conflicto, ofrece seis millones de dólares más y patrocinar algunos programas sociales y acciones vinculadas al ambiente, y alega que los campesinos han sido azuzados por personas vinculadas al izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática.

"Lo que nos ofrecen demuestra la cerrazón de la empresa, hay que considerar que la minera va a estar aquí muchos años más y lo que queremos es una buena vecindad y que los beneficios sean equitativos y para todos", señaló De la Rosa.

La representación de Minefinders en México se rehusó a dar más declaraciones a Tierramérica, con el argumento de que "las negociaciones con los campesinos están ahora en marcha".

Una comisión del Senado de México exhortó el 12 de agosto a diferentes autoridades investigar posibles violaciones de derechos humanos contra los habitantes de Huizopa, ayudar a establecer un diálogo entre las partes, estudiar los impactos ambientales y sociales de la explotación e informar sobre la presencia del ejército en la zona.

El portavoz de los campesinos indicó que por gestión del gobierno estadual fue posible iniciar un diálogo con la empresa, por ahora sin resultado.

* Este artículo fue publicado originalmente el 23 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2008)



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José María Lozano busca la alcaldía de Zimapán

Por Desde Abajo

Pachuca.- Bajo el lema de “Un voto por la vida”, el dirigente de Todos Somos Zimapán, José María Lozano, fue admitido como precandidato a la presidencia municipal de Zimapán por el PRD, en una contienda donde buscará salir como abanderado y contar con condiciones de frenar, desde la alcaldía, la construcción del confinamiento tóxico en la zona.

La candidatura obedece a la anuencia de quienes integran el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán –dijo Lozano -, por lo que contiende ahora por ser el candidato perredista por la alcaldía de ese municipio de la sierra gorda hidalguense.

Lozano y la gente de Todos Somos Zimapán compiten con la planilla número 4, con la suplencia de Rogelio Quintero y contiende la candidatura con José Rangel, ex aspirante a diputado local por el distrito con cabecera en Zimapán.

“Hemos visto que las autoridades y sobre todo el presidente municipal tienen mucho que ver (con la instalación del confinamiento tóxico, a través del otorgamiento de permisos de construcción) y es (con la presidencia municipal) con lo que podríamos detener la entrada del confinamiento, cosa que con el que tenemos no hay ninguna garantía porque está vendida a la empresa y a los interés particulares”.

José María Lozano dijo que la opción de contender por el PRD a la alcaldía de Zimapán “no es una decisión propia” sino fruto del consenso entre los miembros de Todos Somos Zimapán quienes votaron a favor de esta posibilidad en su asamblea del pasado domingo 10 de agosto.

“Nosotros dijimos que no íbamos a participar en política. Ahorita vemos que es una posibilidad porque el presiente municipal es autónomo, puede cancelar u otorgar permisos, entonces toda la gente estuvo de acuerdo con que participáramos y es un compromiso para todos. Y vemos que hay posibilidades muy grandes de ganar la candidatura y posteriormente por la presidencia municipal”

Con lo anterior, el dirigente de Todos Somos Zimapán busca acallar las críticas lanzadas desde el principio de su lucha contra el confinamiento que preveían que el empresario buscaba con ello un puesto de elección popular.

En tanto, el PRD hidalguense busca salir lo menos dañado posible del tiempo de precamapañas electorales por parte de quienes buscan ser candidatos de ese partido a presidentes municipales en la elección del nueve de noviembre próximo.

Una vez que desde el pasado 20 de agosto, el Comité Técnico Electoral y la delegación nacional del Comité Electoral Nacional del PRD diera inicio a la época de precampañas, será hasta el próximo cuatro de septiembre cuando venza esra etapa donde el perredismo busca elegir a sus presidentes municipales, síndicos y regidores titulares.

Junto con José María Lozano, el Comité Técnico Electoral aceptó la precandidaturas de López y Juan Rodríguez, por Atotonilco de Tula; Jaime Vázquez, por Tlanalapa; Mario Hernández por Tecozautla; Armando David de la Vega Trejo, Daniel Tovar y Juan Calva, por Tula y María Iris Paulino, Ixmiquilpan.

Las elecciones internas del PRD se llevarán a cabo el próximo siete de septiembre en algunos municipios, bajo comicios abiertos.


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Sentencia a líderes sociales de Atenco, plagada de irregularidades: CCTI

La sentencia de más de 31 años, así como 45 años en el caso de Ignacio del Valle se debe interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado: no se acepta la disidencia política y social. En este sentido sigue la misma lógica que la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. La tortura procura castigar e intimidar a los individuos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes.

Difusión: Cencos México D.F., 25 de agosto de 2008

Pronunciamiento

Ante la sentencia dictada de más de 31 años contra 10 presos por los hechos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, así como de 45 años contra Ignacio del Valle, manifestamos lo siguiente:

1.Las sentencias se basan en procesos plagados de irregularidades, pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los Derechos fundamentales, plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México.

2.La sentencia de más de 31 años, así como 45 años en el caso de Ignacio del Valle se debe interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado: no se acepta la disidencia política y social. En este sentido sigue la misma lógica que la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. La tortura procura castigar e intimidar a los individuos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes.

3.Esta sentencia es el reflejo de la política de “mano dura” que busca “resolver” conflictos sociales mediante la represión y el silenciamiento de los que no se conformen ante una situación de evidente desequilibrio e injusticia social que vive el país.

4.Además esta sentencia nuevamente pone en evidencia la falta de respeto a los Derechos humanos de parte de las autoridades políticas y judiciales. A pesar de algunas sanciones administrativas, ningún responsable material o intelectual ha sido consignado, procesado o castigado por su responsabilidad en las muertes, torturas, torturas sexuales, violaciones y detenciones ilegales de los días 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco.

5.La falta de voluntad política para acabar con la impunidad en casos de violación a los Derechos Humanos queda manifiesta públicamente y aleja a México cada día más de un Estado de Derecho.

6.La reunión reciente de todos los gobiernos estatales y del gabinete presidencial para coordinar acciones en contra del crimen y el secuestro no dan soluciones de fondo a esta problemática y mucho menos a la impunidad con que se manejan todos los gobernantes presentes violadores de los derechos humanos, como lo es para el caso de Atenco el gobernador Enrique Peña Nieto.

México D.F. a 22 de Agosto del 2008

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)



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Atenco: ¡libertad a los rehenes de clase! Por Guillermo Almeyra

Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.

La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.

El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.

¿Dónde están las condenas a los asesinos en Oaxaca durante la represión contra la APPO? ¿Dónde la condena a quienes mataron en Atenco mismo o contra los violadores de las presas que después tuvieron que ser dejadas en libertad por la misma “justicia” que mantiene en rehenes del Estado a un puñado de hombres seleccionados con criterio político? ¿Cómo hacer creer a los ciudadanos mexicanos en la independencia y majestad de la justicia, en la defensa de un estado de derecho, en la igualdad ante la ley? Se está empujando a la población, como en el porfiriato, a buscar soluciones fuera de la ley que no es tal y con prescindencia de las instituciones prostituidas a los ojos de la ciudadanía. Los que siembran vientos recogen tempestades. ¿No hay ninguno en la clase gobernante que, por mero instinto de conservación, intente aprender algo de la historia y frene a los ciegos incendiarios que gobiernan el estado de México? ¿O la voracidad capitalista, el deseo de lucrar haciendo finalmente su aeropuerto en Atenco, incluso sobre la sangre y los huesos de los ejidatarios y campesinos, lleva a todos a ignorar que el fallo que condena a los de Atenco no se sustenta en nada más que el deseo de aterrorizar a los que se rebelaron y escarmentar a los que resisten?

Ante este fallo provocativo y de clase no es posible permanecer inactivos. La libertad de los presos políticos –los de Atenco lo son– depende de sus hermanos de clase y de quienes quieren defender los espacios democráticos en este país y frenar la violencia hasta ahora impune de los sátrapas priístas. Los sindicatos democráticos que luchan contra esa otra violencia colectiva que se quiere ejercer contra los trabajadores (con la reforma del ISSSTE, con las amenazas a Pemex y a la electricidad, con los intentos de acabar con las garantías legales para los trabajadores) deben también tomar en sus manos la anulación de la sentencia contra los presos políticos por los hechos de Atenco.

El PRD, nacional y del estado de México, no puede callar como si fuese cómplice de Peña, ni tampoco limitarse a una protesta verbal, sino que, junto con los sindicatos y para salvar su responsabilidad política, además de protestar en el Congreso y exigir justicia, debe organizar una gran manifestación en Atenco mismo. ¡Que el pueblo de Atenco y de Texcoco sienta que no está solo! La exigencia de la libertad de sus presos debe ser una bandera para la defensa de la democracia y la anulación de las condenas la piedra de toque que permita saber si la legalidad tiene alguna esperanza en este México cada vez más violento y más represivo, donde la ilegalidad de las clases dominantes y de los gobernantes impulsa y alimenta todos los demás tipos de delincuencia.

¿Quién en su sano juicio puede creer que los comicios legislativos o presidenciales futuros podrán ser limpios cuando se ve la descarada utilización de los poderes represivos del Estado, comenzando por los de la llamada justicia, para imponer un retroceso de muchas décadas en las conquistas políticas y sociales y en los derechos democráticos? ¿Quién puede pensar que el agravamiento de la crisis actual en Estados Unidos y en el mundo, con la reducción de esa válvula que hasta ahora ha sido la emigración y también de la fuente de ingresos proveniente de las remesas, no va a dar como resultado el aumento de la ofensiva, por todos los medios, legales e ilegales, de una oligarquía que sabe perfectamente que no podría mantenerse en el poder en un estado de derecho y que tiene que reducir los espacios democráticos?

Fraudes, ISSSTE, Pemex, condenas a los de Atenco: ¡es demasiado! La respuesta social debe ser contundente. Quizás así, entre otras cosas, los tribunales superiores se vean obligados a declarar nulos los fallos aberrantes.


(Articulo publicado en La Jornada)


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Iniciativas inconstitucionales

José Antonio Almazán González. (Articulo publicado en La Jornada)

Empecinados en no dar marcha atrás, pese a la derrota que sufrieron en el Senado el 20 y 22 de mayo, y promoviendo anticipadamente la venta de Petróleos Mexicanos (Pemex), los “argumentos” de Calderón y de quienes pretenden entregar el patrimonio nacional petrolero al capital extranjero se centran fundamentalmente en mutilar, ignorando deliberadamente el proceso histórico-jurídico constitucional que le dio origen, el alcance del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en materia de petróleo: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Los émulos de Santa Anna dicen que la explotación del petróleo y sus productos por la nación se reduce a su extracción y que al entregar al capital extranjero la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y el gas no violan la Constitución. ¿No? Veamos los antecedentes jurídicos constitucionales.

1. El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, en su artículo 1º, estableció con meridiana claridad: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, SA, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera”.

2. Por supuesto que dentro de los bienes muebles e inmuebles expropiados se encontraban las concesiones petroleras otorgadas a estas empresas extranjeras, como puede leerse en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 22 de julio de 1943, en rechazo al amparo de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.

3. Estas concesiones petroleras, conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, de diciembre de 1925, abarcaban toda la cadena productiva de la explotación del petróleo y sus productos, como puede leerse en sus artículos 4, 7, 8, 9, 10, y reconociendo en su artículo 3 que la industria petrolera comprende toda la cadena productiva desde “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo”.

A este Decreto de Expropiación y a la ley del petróleo de 1925 se remite la amplia exposición de motivos de la iniciativa de ley con la que el presidente Lázaro Cárdenas elevó a rango constitucional la expropiación del petróleo, en cuyos párrafos 11 y 14 precisó:

“La situación apuntada, antes de la expropiación acordada el 18 de marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una simple modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordinarias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llagaran a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía.

“Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.”

A estos antecedentes históricos y jurídicos se remitió la reforma constitucional de enero de 1960, cuando al párrafo sexto del artículo 27 constitucional se adiciona, después de “no se otorgarán concesiones”, el complemento de “ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

Queda claro entonces que al prohibirse tajantemente el régimen de concesiones y de contratos, la nación asume la explotación directa del petróleo y sus productos, de toda la industria petrolera, en lo que hace a toda la cadena productiva, desde la exploración, extracción, oleoducción, almacenamiento, refinación-petroquímica y distribución del petróleo y gas. En esto consiste la inconstitucionalidad de las iniciativas de Calderón: en violar flagrantemente uno de los principios políticos fundamentales de nuestra Constitución, al pretender legalizar lo ilegal, abriendo las puertas al capital extranjero en la explotación del petróleo, que está reservada de forma exclusiva a la nación mexicana.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Sentencia a Del Valle, cuestión política.

Jueves 21 de agosto de 2008. Dos hechos: el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la nueva sentencia por otros 45 años de cárcel a Ignacio del Valle.

Sobresale la denuncia del abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Juan de Dios Hernández Monje, al afirmar que “el propio juez (primero penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez) ha indicado a uno de los familiares que la sentencia no la dictó él, sino que se la mandaron del Tribunal Superior de Justicia del estado de México (TSJEM), lo que demuestra que se trata de una cuestión eminentemente política y no jurídica”.

Precisamente contra esto habló Alejandro Martí ante quienes se dicen servidores públicos en el primer nivel de autoridad: “¿Quién es más culpable, el que deja hacer o el que hace?....Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones.... Hagan conciencia, hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los Ministerios Públicos y los jueces son gentes honradas y de honor, y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado”.

Podríamos preguntarle al juez Alberto Cervantes Juárez: ¿qué le pasó?

¿Por qué permitió ser manipulado por el TSJEM y dictar una sentencia bajo consigna, totalmente ajena a su jurisdicción? ¿Por qué no tuvo el valor de declararse incompetente ante esta aberración jurídica? ¿No pasaría lo mismo en la primera sentencia de 67 años de cárcel contra Ignacio del Valle, como de todos los presos de Atenco, sentenciados bajo consigna?

La respuesta a estas preguntas no sólo del juez, sino principalmente del Consejo de la Judicatura Federal, pondrá a prueba si es o no una carta de buenas intenciones el acuerdo nacional pactado, toda vez que la seguridad jurídica es la garantía primaria de los ciudadanos en un verdadero estado de derecho. Corre tiempo. Si no pueden, váyanse.

Fernando Gómez Cruz



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Inicia cuenta regresiva para abrir el confinamiento de residuos toxicos en Zimapan

Ernesto Méndez (Excelsior)

La Semarnat dio a conocer que los propietarios del centro de residuos peligrosos en Zimapán cumplieron todos los requisitosLa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió desde hace 15 días la notificación de apertura del Centro de Tratamiento y Confinamiento de Residuos Peligrosos de Zimapán, Hidalgo.

De esta forma, Sistemas de Desarrollo Sustentable filial de la empresa española Befesa cumplió con el último requisito que le faltaba para iniciar operaciones.

En entrevista con Excélsior, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, dio a conocer que los dueños de la planta pueden poner a funcionar la misma en el momento que consideren oportuno.

“La Licencia Ambiental Única establece que simplemente con un aviso, que no requiere respuesta de nuestra parte, pueden comenzar a trabajar en cuanto así lo decidan”, señaló el funcionario.

Subrayó que el confinamiento cumple con todas las normas y tiene una constante supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

“La Profepa ha estado al pendiente de que las obras se hicieran bien, hasta ahora nos han notificado que todo está apegado a la normatividad”, comentó Mauricio Limón.

Indicó que la planta en Zimapán debe generar confianza, porque permitirá al país contar con un lugar de disposición adecuada de los residuos peligrosos, pues en caso contrario serían abandonados en ríos, cañadas, arroyos y barrancas.

“Con este confinamiento lo único que vamos a tener es un México más limpio, de mayor competitividad; un país que no va a generar problemas de salud, ni problemas de contaminación al medio ambiente”, destacó.

Sobre la movilización del miércoles pasado, por integrantes del Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán y el Barzón Metropolitano en el Distrito Federal, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat reiteró que los canales de diálogo se mantienen abiertos para atender cualquier duda e inquietud de la población.

Mauricio Limón agregó que es mentira que este sitio de disposición final sea exclusivamente para desechos industriales, pues recordó que todos, en mayor o en menor medida, generamos residuos peligrosos.

La Semarnat dio a conocer que los propietarios del centro de residuos peligrosos en Zimapán cumplieron todos los requisitosLa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió desde hace 15 días la notificación de apertura del Centro de Tratamiento y Confinamiento de Residuos Peligrosos de Zimapán, Hidalgo.

De esta forma, Sistemas de Desarrollo Sustentable filial de la empresa española Befesa cumplió con el último requisito que le faltaba para iniciar operaciones.

En entrevista con Excélsior, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, dio a conocer que los dueños de la planta pueden poner a funcionar la misma en el momento que consideren oportuno.

“La Licencia Ambiental Única establece que simplemente con un aviso, que no requiere respuesta de nuestra parte, pueden comenzar a trabajar en cuanto así lo decidan”, señaló el funcionario.

Subrayó que el confinamiento cumple con todas las normas y tiene una constante supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

“La Profepa ha estado al pendiente de que las obras se hicieran bien, hasta ahora nos han notificado que todo está apegado a la normatividad”, comentó Mauricio Limón.

Indicó que la planta en Zimapán debe generar confianza, porque permitirá al país contar con un lugar de disposición adecuada de los residuos peligrosos, pues en caso contrario serían abandonados en ríos, cañadas, arroyos y barrancas.

“Con este confinamiento lo único que vamos a tener es un México más limpio, de mayor competitividad; un país que no va a generar problemas de salud, ni problemas de contaminación al medio ambiente”, destacó.

Sobre la movilización del miércoles pasado, por integrantes del Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán y el Barzón Metropolitano en el Distrito Federal, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat reiteró que los canales de diálogo se mantienen abiertos para atender cualquier duda e inquietud de la población.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 23 de Agosto de 2008.



LA CORRUPCION…

CAUSA PRINCIPAL DE LA INSEGURIDAD EN MEXICO.



AL PUEBLO DE MEXICO.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA OPINION PÚBLICA.



La llamada Cumbre de Seguridad Pública encabezada por Felipe Calderón, los gobernadores y diputados, no es más que LA CUMBRE DE LA SIMULACION.

El sólo hecho de que Felipe Calderón sea un presidente ilegitimo y espurio, producto del crimen organizado de las mafias internacionales del imperialismo, llámese FMI o Banco Mundial, y de las mafias del narcotráfico de la oligarquía mexicana enquistadas en las estructuras del aparato de Estado, dice mucho del grado de inseguridad que priva en el territorio nacional.

LA CUMBRE DE LA SIMULACION nada tiene que ver con la inseguridad, ya que los atropellos y violación a los derechos humanos vienen directamente de los gobiernos federal y estatales. Con su otra simulación llamada “Guerra Contra el Narcotráfico”, Calderón lleva en sus espaldas más de cinco mil asesinatos (lo que implica más de cinco mil viudas y miles de huérfanos); aunados a los más de 600 desaparecidos, 90 de ellos luchadores sociales en lo que va de su régimen espurio.

Para la opinión pública está claro que en la guerra ficticia contra el narco, en ambos bandos se encuentran policías y militares defendiendo a sus patrones incrustados en los diferentes cuerpos policíacos, militares y las estructuras del gobierno. Por otro lado el ejército federal se dedica a entrenar con recursos públicos, a miles de desertores como los llamados “zetas” que de inmediato pasan a engrosar las filas de sicarios de los grandes capos de la droga; es decir, que con dinero de la Nación se adiestra a los grupos armados al servicio del narcotráfico.

Desde el sexenio foxista se ha desatado “su guerra contra el narcomenudeo”, pero nunca y menos en esas llamadas “cumbres”, hablan del narcomayoreo; porque son precisamente ellos (la oligarquía y los grupos de poder en el gobierno) quienes encabezan ésa parte del narcotráfico (el narcomayoreo) y lavan el dinero correspondiente invirtiéndolo en centros comerciales, líneas aéreas, bancos, industrias y hasta en la proliferación de escuelas privadas.

Entonces, ¿en manos de quién esta la seguridad de los ciudadanos? ¿Si los que nos gobiernan son grandes mafiosos, al igual que los gangsters que gobiernan Estados Unidos, como Bush, Clinton, Jhon Makein, etc.?



PUEBLO EN GENERAL:

Es tiempo que reflexionemos y veamos que tanto el PRI como el PAN son los representantes de las grandes mafias, además de ser los grandes asesinos del pueblo; y ver que no solamente nos matan con las balas de sus cuerpos represivos policíacos y militares, sino también nos llevan al matadero por hambre al incrementar los precios de la canasta básica en más del 100% mientras que el salario lo mantienen en niveles de miseria.

Organicémonos para exigir condiciones de vida digna, pues como pueblo somos los que hacemos producir las riquezas de las fábricas, las tierras y el comercio, mientras que nuestra vida es infrahumana. Vivimos en los cinturones de miseria de las ciudades, sin servicios sociales ni médicos.

¡¡PRESENTACION DE LOS LUCHADORES DESAPARECIDOS POR FECAL!!

¡¡PRESENTACIÓN DE GABRIEL CRUZ SÁNCHEZ, EDMUNDO REYES AMAYA,

FRANCISCO PAREDES RUIZ Y DECENAS MÁS DE LUCHADORES SOCIALES

DESAPARECIDOS EN EL RÉGIMEN PANISTA DE FELIPE CALDERÓN!!

¡¡ALTO A LA REPRESIÓN !!



¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDIGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!