FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal La Jornada Guerrero)
Zihuatanejo, 10 de Febrero. Efectivos del Ejército Mexicano golpearon a un campesino de la comunidad de Antón Simón en Coahuayutla durante un operativo de revisión de armas efectuado el lunes pasado; Atilano Ruiz Cruz resultó con heridas en el antebrazo derecho, golpes en la espalda y lesiones en el abdomen por eso acudirá ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a interponer la denuncia por abuso de autoridad y lesiones.
El agraviado denunció el hecho en la Secretaría General de Coahuayutla donde detalló que a las 6 de la madrugada de ayer un grupo de soldados perteneciente de la 27 zona militar destacamentados en Zacatula llegaron a su domicilio a bordo de la unidad 8004274 y lo sacaron de su domicilio para agredirlo.
En entrevista, Ruiz Cruz detalló que a esa hora arribó el convoy a la comunidad para revisar armas de propiedad del Ejército por lo que acudieron a su domicilio a revisarle su rifle calibre 22 tipo remington que utiliza para casería.
A pesar de que comprobó que cuenta con un permiso autorizado para portarla los militares lo sacaron y lo llevaron a la parte de atrás de su casa para cuestionarlo sobre otras armas y sobre sembradíos de enervantes en la zona.
Al no obtener la respuesta que querían, los militares comenzaron a golpearlo con sus armas de cargo tipo G3 y después huyeron del lugar.
Debido a esto y para tener antecedentes, el campesino acudió a revisión ante un médico para conocer el grado de las lesiones.
También fue ante el ayuntamiento para que exista antecedente y que los militares no regresen a intimidarlo por denunciarlos.
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jueves, 12 de febrero de 2009
Golpean soldados a campesino de Coahuayutla.
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Etiquetas: Gobiernos Perredistas, Guerrero, Militares, Represion
Se resiste Torreblanca; hidroeléctrica La Parota aún “mueve la colita”, sostiene.
Gómez Mont y Elías Ayub tienen una versión distinta a la del Cemda, afirma
FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal)
Petatlan, 10 de Febrero. El proyecto hidroeléctrico La Parota aún “se le mueve la colita”, aseguró el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo con respecto a la información emitida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en torno a que está prácticamente cancelado, por lo que llamó a conjuntar esfuerzos para su contrucción, pues insistió en que será detonador en el desarrollo.
Entrevistado en este municipio durante una gira de trabajo donde inauguró diversas obras, el gobernador aseveró tener otra información con respecto a la evolución de la hidroeléctrica por pláticas que ha sostenido con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y con el director de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.
No obstante que no reveló la información que tiene, aseguró que “se le mueve la colita” en referencia de que aún da señales de vida.
Dijo que la postura del gobierno es continuar con la suma de esfuerzos para concretar la presa, pues no será un proyecto de Acapulco ni de Guerrero sinodel sur de país siempre y cuando no se trastoquen los intereses de los pobladores y sin avasallarlos ni excluirlos.
“Estoy absolutamente convencido que es un proyecto detonador del desarrollo respetando los intereses de los pobladores de ese lugar”, sostuvo.
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Etiquetas: Guerrero, Hidroelectricas, La Parota
“Graves abusos” se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte
No está probado que policías hayan segado dos vidas; fantasía digna de Costa Gavras: Aguirre
Jesús Aranda (La Jornada)
En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.
Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.
En dos sesiones –una matutina y otra vespertina–, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue “un acto de venganza” en que intervinieron “mandos superiores” que aplicaron “técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias”, como las instauradas en los años 70 en “Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo”.
El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.
El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.
Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.
Góngora apuntó la “brutalidad excesiva” de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.
Añadió que tanto en las agresiones sexuales a las detenidas como en el resto de las vejaciones hubo un patrón de conducta para no dejar evidencia incriminatoria.
En referencia a la presunta responsabilidad de funcionarios de primer nivel, como serían el gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y de Miguel Ángel Yunes, entonces secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Góngora señaló:
“No es difícil concluir, que los superiores no son responsables sólo por omisiones, sino que se trata más bien de una acción pensada; me atrevería a decir que estamos ante autores intelectuales”, ya que las acciones siguieron un modus operandi en las golpizas, violencia en las detenciones, las agresiones sexuales, etcétera.
Infructuosamente trató de agregar al catálogo de derechos violados previstos en el dictamen –derecho a la libertad, a la libertad sexual, al debido proceso, a la justicia– el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio.
El derecho a la vida, explicó, en razón de que la muerte de Alexis Benumea Hernández, por el uso ilegítimo de armas lanza gases lacrimógenos, y de Javier Cortés Santiago.
“No vamos a revivir a Javier, ni a Alexis; tampoco vamos a regresar la dignidad a las mujeres abusadas ni a sanar los golpes físicos, morales, infligidos a la población, lo que sí podemos es mandar un mensaje de que ello no debió haber ocurrido ni puede volver a ocurrir”, apuntó.
Mientras, Aguirre Anguiano se mantuvo en que en Atenco no hubo violación grave a las garantías individuales.
De entrada, celebró que “individuos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hubieran sido puestos a disposición de las autoridades. Con sorna, añadió que “a lo mejor la afectación fue enormemente positiva” para los atenquenses.
Ante media docena de representantes del FPDT que asistieron a la sesión, Aguirre rechazó que se hubiera violado el derecho a la vida en la muerte de Alexis Benumea y Javier Cortés, como planteó Góngora. “Se segaron dos vidas, pero, ¿que se violó el derecho a la vida por parte de los policías?, eso no está probado…, fantasía pura digna de Costa Gavras.”
Tampoco aceptó que se hubiera violado el derecho a la libertad sexual, al afirmar que no existen dictámenes médicos que prueben las denuncias de las detenidas. En cuanto al exceso de fuerza pública, dijo convencido que las lesiones que presentaban los detenidos podrían ser producto de los enfrentamientos con policías, más que por tortura.
Este miércoles continúa la sesión en la que se oficializarán las opiniones de ministros vertidas ayer, y se iniciará la discusión sobre el posible fincamiento de responsabilidades “morales”.
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Etiquetas: Atenco, Derechos Humanos, FPDT, Guerra Sucia, Represion, SCJN
Responsabiliza Góngora a Peña Nieto y Medina Mora por abusos en Atenco.
No supervisaron a sus subordinados, omitieron dar seguimiento a los hechos e investigar denuncias, dijo. Los ministros Valls, Azuela y Aguirre se pronunciaron en contra del señalamiento.
Jesús Aranda y La Jornada On Line
México, DF. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República) junto con mandos superiores de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, son responsables de la violación grave de garantías individuales en los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, aseguró este miércoles, el ministro Genaro Góngora Pimentel.
Al iniciar este miércoles la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si procede señalar los nombres y cargos de quienes violaron los derechos humanos en esa población mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, Góngora Pimentel señaló que los mandos superiores que planearon, organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes son responsables directos e indirectos por no haber supervisado el actuar de sus subordinados, no dar seguimiento a los hechos violatorios de garantías cometidos por los policías federales y estatales en los operativos y por su omisión en investigar de manera diligente las denuncias presentadas por las víctimas por actos de tortura, violencia desmedida y agresiones sexuales, en el caso de 31 mujeres.
Góngora se pronunció así en contra del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo quien se refiere de manera genérica a los funcionarios involucrados en los operativos, pero que no finca responsabilidad alguna.
Después de él, los ministros Sergio Valls, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos señalaron que no procede que la Corte responsabilice a funcionarios involucrados. Esta última precisó que en principio de cuentas no hay indicio ni testimonio en el que quede manifiesto que fueron las autoridades superiores quienes ordenaron abusar de la fuerza pública.
Asimismo, dejo en claro que en el particular no se está -hasta este momento- en posibilidad de establecer responsabilidades de ningún tipo, ya que no están en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Solamente sería posible que hubiera alguna recomendación para que la SCJN continuara el caso por la vía penal.
En tanto José Ramón Cossío dijo que sí debía debía señalarse a quienes estaban a cargo directo de los operativos. En su turno, Fernado Franco González manifestó que dejar en la impunidad a quienes cometieron violaciones graves a las garantías individuales es tan grave como fincar responsabilidades "de manera universal e indiscriminada" a personas inocentes.
Para el caso de Atento, el ministro consideró pertinente valorar los hechos tomando en cuenta el contexto en el que se suscitaron y en su caso imputar responsablemente de los mismos. En este sentido mencionó que dada la estructura de las corporaciones con diferentes competencias habría que identificar cuáles son las funciones de cada autoridad que participó en el ataque para así identificar si hay o no responsabilidad.
Tras la apertura de la sesión por parte de Genáro Góngora Pimentel, el ministro Sergio Valls dijo que no se puede imputar a quienes dieron las órdenes desde el más alto mando, porque las responsabilidades se van delegando en una cadena, por lo que, dijo, las violaciones no se derivaron de una estrategia estatal ni de las órdenes de los altos mandos de gobierno, sino de la conducta inadecuada de algunos elementos en el terreno.
Por su parte, Sergio Aguirre Anguiano, quien la víspera negó que haya habido violaciones graves en los hechos ocurridos en 2006, dijo este miércoles que los ministros no son francotiradores de funcionarios y burócratas y se le hace imcomprensible y hasta un exceso darle una responsabilidad directa a algunos mandos.
Mañana jueves, el pleno de la Suprema Corte continuará el análisis del caso. Antes de concluir la sesión vespertina, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia destacó que la discusión estará centrada, luego de determinarse que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales durante esos operativos, en determinar qué autoridades o agentes de la autoridad produjeron tales hechos y quiénes, pudiendo evitarlo por razones de competencia, de ejercicio de mando y de presencia en el momento y lugar adecuados, pudieron evitarlos y no lo hicieron.
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martes, 10 de febrero de 2009
Entrevistas a integrantes del FPDT al término de la sesión de la SCJN
Al término de la sesión vespertina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se analizaba la violación a los Derechos Humanos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un breve mitin afuera del edificio sede de esta Institución, he aquí la parte final de este.
Así mismo, Trinidad y Damián, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el segundo, además, miembro del equipo jurídico de la misma organización nos concedieron interesantes entrevistas.
Mitin
Entrevista Trinidad
Entrevista Damián
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Secciona Corte su discusión de violaciones en Atenco.
Determinó concluida la indagatoria y analizará el dictamen en partes para fijar qué ocurrió cada uno de los dos días, como la responsabilidad separada de las policías local y federal.
Jesús Aranda y La Jornada On Line
México, DF. Por votación económica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró suficiente la investigación para acreditar los hechos cometidos durante los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, no así los criterios sobre cómo habrá de determinarse si hubo violaciones graves a las garantías individuales en el caso se mantuvieron divididos y el pleno continuará su discusión y análisis mañana martes.
A piedra y lodo, este lunes los ministros iniciaron así la discusión sobre el caso. En la sesión matutina el ministro Genaro David Góngora Pimentel manifestó que en el referido caso hubo una indebida investigación de los hechos. Se sospecha, dijo, que hubo tratos inhumanos, allanamiento de morada, incomunicación; asimismo hay indicios de violación sexual y retención ilegal.
Góngora Pimentel señaló con respecto al proyecto del ministro ponente que si bien hay referencias a los terribles acontecimientos de aquel año, faltan por documentarse más toda vez que, hubo autoridades que negaron los hechos a pesar de las evidencias.
A este respecto, agregó el ministro "debemos poner límites y decir que en México existe Estado de derecho, que existen leyes racionales y no la ley de la selva. En méxico ya no se toleran estas situaciónes, son otros tiempos. Los derechos humanos no son algo que se puedan menospreciar".
Previamente, en el salón de plenos colmado de secretarios y funcionarios del máximo tribunal y con acceso restringido a los medios de comunicación, los ministros escucharon el informe del ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo sobre los acontecimientos.
La discusión continuó en la sesión vespertina en la que varios de los ministros expusieron la importancia de determinar en qué momento se desfasó la aplicación de un operativo de seguridad pública que concluyó con las agresiones no sólo a derechos humanos, sino a los ataques mortales.
Asimismo, consideraron pertinente establecer la responsabilidad específica de cada cuerpos policiaco en las dos fechas en las que se sucedieron los acontecimientos, es decir, en qué momento fue la autoridad federal o la municipal la que incurrió en tales abusos.
En su turno, el ministro José Ramón Cossío Díaz expuso que si bien se habla de una violación a los derechos fundamentales es importante precisar a través de qué actos y de cuáles autoridades se dieron. Y es que, abundó, la gravedad de las agresiones pueden definirse a partir del ejercicio de atribuciones que le corresponde al Estado, es decir, cuando la autoridad desvirtúa los fines de su acción.
Por ello, para el ministro Cossío sí hubo violaciones impartentes de las autoridades involucradas tanto el 3 y 4 de mayo de 2006, e incluso días subsecuentes a los mismos.
Dada la diversidad de criterios sobre cómo habrán de determinar si hubo o no violaciones en este caso, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia determinó dar por concluida la sesión y citó para mañana martes con la intención de que cada uno de los once ministros presente a manera de "ejercicio previo" un posicionamiento "personal" en torno al proyecto.
Esta postura que no será ninguna precisión de responsabilidades, dijo, habrá de estar enfocada en lo relativo en lo que pasó tanto el 3 como el 4 de mayo, si hubo abusos policiales, agresiones sexuales y qué motivó los sucesos. Asimismo cuáles son los principos que rigen el uso la fuerza pública.
En tanto, agregó, el tema de responsabilidad ameritará una discusión específica.
Afuera, por la mañana un grupo de manifestantes, algunos de ellos con machete en mano, exigieron que la Corte cumpla con su obligación de no ocultar el “crimen de Estado” que ocurrió en San Salvador Atenco y así como el castigo de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad.
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sábado, 7 de febrero de 2009
Temor por la seguridad de Javier Torres Cruz, sus familiares y habitantes de La Morena.
Acapulco, Gro. A 5 de Febrero de 2009.
ACCIÓN URGENTE
Temor por la seguridad de
JAVIER TORRES CRUZ, SUS FAMILIARES Y HABITANTES DE LA MORENA.
HECHOS
El día de hoy, jueves 05 de Febrero de 2009, Javier Torres Cruz de 28 años, campesino, originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, Guerrero, miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, informó por vía telefónica que soldados del Ejercito Mexicano han vuelto a incursionar en esa región de la sierra de Petatlán, en 3 distintas posiciones y que la comunidad La Morena ha quedado en medio de este dispositivo militar:
La ubicación de los militares es en:
1.- El ultimo caserío con luz eléctrica, Barranca del Balsamo, sobre la brecha Petatlán-La Morena
2.- Río abajo de La Morena
3.- Arriba del caserío las Humedades
Javier Torres Cruz y sus familiares se sienten intimidados y les han hecho llegar rumores de un inminente ataque por parte de gente armada de Rogaciano Alva Alvarez.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ANTECEDENTES:
JAVIER TORRES CRUZ y su tío Isaías Torres denunciaron el 19 de septiembre de 2007 ante la PGJDF, a Rogaciano Alva Alvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la defensora de Derecho Humanos Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México. La PGJDF reabrió el expediente e inició entonces la averiguación previa FCIH/1/T1/0063/07-09.
Esta presencia el Ejército es la 3ª que se da en la zona de La Morena, en menos de 3 meses, siendo las 2 anteriores:
1ª.- jueves 13 de noviembre de 2008 incursionando a la comunidad de la Morena con unos 100 elementos del 19º batallón de infantería en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas, entrando y cateando casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazando a las mujeres.
2ª.- sábado 24 de enero de 2009 a 200 metros de La Morena, río arriba
Javier Torres Cruz, fue detenido-desaparecido el día 3 de diciembre del 2008 en un retén del ejército, ubicado en San Luis La Loma.
Según testimonio de Javier, los soldados lo detuvieron, le vendaron los ojos y se lo llevaron a un lugar desconocido en el campo. En la noche lo entregaron a particulares, quienes lo torturan y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Ahí lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante ese tiempo estuvo vendado de los ojos, golpeado, no recibió alimentos ni agua y sintió que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda y en la madrugada en un momento de descuido de sus captores Javier logró escapar.
Fue perseguido a campo traviesa hasta que el día 13 de diciembre en que llega a la región donde vive y donde según él, no era fácil que entraran sus persecutores. Relata que lo persiguieron uniformados y civiles, que se utilizó un helicóptero, y que le dispararon con la intención de matarlo.
El día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores.
El día 20 de diciembre una Misión de Observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz.
El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. En esta ocasión acuden 2 licenciados visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se entrevistan con Javier Torres de manera confidencial recabando información de su situación. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia y se teme que gente de Rogaciano Alba Álvarez y/o el ejército puedan actuar en contra de ellos.
INFORMACION DE CONTEXTO:
Las acciones del Ejercito Mexicano en los municipios de Ayutla y Petatlán son preocupantes:
La denuncia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de que el día 03 de febrero unos 50 militares entraron a la parcela de Fortunato Prisciliano Sierra, en la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, y que se considera esta acción como un acto de hostigamiento, en represalia por las denuncias que ha hecho contra efectivos del Ejército que violaron a su esposa, Inés Fernández Ortega el 22 de marzo de 2002.
Esta acción se da también en el marco de una visita de Amnistía Internacional a 5 presos indígenas recluidos en la cárcel del mismo municipio de Ayutla, miembros tambien de la OPIM.
ANTE ESTOS HECHOS DEMANDAMOS:
1.- Cese al hostigamiento del Ejército mexicano en contra de Javier Torres Cruz, su familia y los habitantes de La Morena
2.- Que se investigue el caso de detención arbitraria/desaparición y tortura a la que fue sujeto Javier Torres Cruz en diciembre de 2008.
3.- Otorgamiento de medidas cautelares a Javier Torres Cruz y sus familiares
Atentamente
Javier Enríquez Sam
Coordinador General CCTI
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Homenaje al camarada Othón Salazar por la sección 9 del SNTE.
El camarada comunista y Maestro Othón Salazar falleció el 4 de Diciembre de 2008, dejando un gran ejemplo de lucha a las nuevas generaciones. La sección 9 del SNTE le rindió un sentido homenaje el día 11 del mismo mes. He aquí tan significativo evento.
Antes, un breve testimonio de un compañero de lucha del Maestro Othón:
Presentación
Prof. Gerardo Peláez. Historiador.
Prof. Gonzalo Martínez Villagrán. Ex-secretario general de la sección 9 del SNTE.
Prof. Iván García Solís. Miembro fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio.
Prof. Francisco Nicolás Bravo Herrera. Secretario General de la sección 9 del SNTE.
Develación de placa y conclusión.
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Tres recomendaciones de Ambulante.

En 1974, el líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco -que luchó por mejorar la salud y la educación en Atoyac, Guerrero- desapareció en un retén militar. Este caso no resuelto es un ejemplo paradigmático de las acciones gubernamentales de la guerra sucia, periodo de los años sesenta y setenta en el que los regímenes autoritarios utilizaron la fuerza militar para sofocar a la oposición. Actualmente, México enfrenta cargos ante las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad. 12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco: una herida abierta de la guerra sucia en México entrelaza historias de varios personajes -entre ellos Tita, la hija de Radilla- que perseveran en la lucha por la justicia y el esclarecimiento de los sucesos del pasado.
Aleida Gallangos conoció su verdadera identidad hace apenas cinco años. Sus padres "desaparecieron" en 1975, durante la llamada guerra sucia en México. Ella y su hermano mayor fueron adoptados por familias distintas y perdieron contacto durante casi tres décadas. Desde que descubrió la verdad sobre su pasado, Aleida se ha dedicado a reconstruir su historia familiar y a indagar el destino de su hermano y sus padres biológicos. Trazando Aleida documenta el proceso de búsqueda y reencuentro, e intenta darle rostro, nombre y voz a uno de los numerosos casos de desaparecidos en los setenta.
La polémica salida de Carmen Aristegui de W Radio dejó al descubierto un hecho inquietante: la alternancia política en México no significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios. El documental explora la manera en que los principales consorcios televisivos y radiofónicos han cedido a la tentación de imitar cierta vena autoritaria priísta. La alarmante persecución de periodistas independientes y la aprobación de reformas que perpetúan el monopolio de los medios sobre la información indican que aún existe un desequilibrio de poderes entre lo político y lo mediático. Voces silenciadas comienza a hilarse a partir de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la historia de los movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión. A la vez, su premisa es darle voz a aquellos que pelean para que los medios sean un espacio democrático de verdad.
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viernes, 6 de febrero de 2009
¡ARRANCA AMBULANTE ESTE 6 DE FEBRERO!
LA CUARTA EDICIÓN DE LA GIRA A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
En conferencia de prensa Pablo Cruz, Diego Luna y Gael García, fundadores de Ambulante, Miguel Rivera, Director de Planeación Estratégica de Cinépolis, Elena Fortes, Directora de Ambulante, Elena Cepeda de León, Secretaria de Cultura del D.F., Samuel Morales, Coordinador de Comunicación y Educación de la Fundación/Colección Jumex, y Marina Stavenhagen, Directora del IMCINE, anunciaron el recorrido de la Gira 2009.
Con un programa formado por 44 documentales mexicanos y extranjeros, Ambulante Gira de Documentales, dará inicio a su cuarta edición el próximo 6 de febrero en la ciudad de México.
Las sedes serán Cinépolis Perisur, Cinépolis Diana, Cinépolis Universidad y Cinépolis Paseo Arcos Bosques, así como la Cineteca Nacional, el Teatro Carlos Lazo de la UNAM, el Cinematógrafo del Chopo, la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, el Museo Carrillo Gil y la Casa Lago, entre otras.
Además de las funciones en distintos cines y centros culturales, habrá una serie de actividades paralelas en universidades, que incluyen mesas redondas y pláticas entre los documentalistas y los alumnos.
El programa consistirá de seis secciones. Como en otros años habrá la Sección Oficial, Dictator's Cut, Injerto y Sonidero; este año se sumará al programa una sección dedicada a Suecia, el país invitado, además de un Homenaje al documentalista francés Raymond Depardon.
Los directores que este año nos acompañarán en la ciudad de México son:
Geoffrey Smith (El cirujano inglés)
Luis Rincón (El árbol olvidado)
Christiane Burkhard (Trazando Aleida)
Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman (Los que se quedan)
Gabriel Hernández y Berenisse Vásquez Sansores (12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco)
María del Carmen de Lara (Voces silenciadas)
Stelios Koul (Confesiones de un sicario económico)
Roberto Hernández (Presunto culpable)
Gabriel Cruz Rivas y Rodrigo Guardiola (Zoé 281107)
Tan Pin Pin (Ciudad invisible)
Althea Thauberger (La muerte y la miseria)
Sebastián Córdova (Otra vida sin domingos)
Ben Russell (Alucinación en blanco y negro, número tres)
Ross Lipman (Los exiliados)
No te pierdas las funciones a las que asistirán nuestros invitados y platica directamente con ellos sobre sus documentales.
Consulta la programación de la ciudad de México en www.ambulante.com.mx o descárgala aquí. Y compra tu cinebono, que por sólo $100 te dará entrada a cuatro funciones de Ambulante en Cinépolis.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Etiquetas: Cine, cine documental