Busca el gobierno “salida perversa” a la problemática con el EPR: González Ruiz

Lamenta comisión mediadora que manden a barandilla de la PGR el tema de los desaparecidos

Busca el Estado preservar etapa de guerra sucia contra movimientos sociales, señala López y Rivas


Fabiola Martínez y Gabriel León (La Jornada)

El gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación.

Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo.

“Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR”, dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador.

El escritor Carlos Montemayor –quien fungió como vocero de la comisión– confirmó que hasta el momento no ha recibido información de ninguna de las partes –EPR y gobierno federal–, de ahí que deberán esperar para retomar el análisis del tema.

Lamentó que los funcionarios sólo abunden en declaraciones, no sólo para este caso, sino para muchos otros de interés nacional. “La amplitud de las declaraciones, no coincide con la amplitud operativa”, comentó.

Este domingo se cumplen dos años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca. Semanas después, el grupo guerrillero detonó bombas en instalaciones de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno la presentación con vida de sus compañeros, en cuya desaparición aseguran que intervinieron elementos policiales y militares.

Casi un año después, el EPR propuso a un grupo de personajes (Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Juan de Dios Hernández) para que fungieran como mediadores con el gobierno federal, con el único fin de hallar a los desaparecidos. Sin embargo, el mes pasado, casi un año después de iniciada su tarea –y sin resultados acerca de la indagatoria de la PGR–, la comisión de mediación dio por concluida su misión ante la “falta de voluntad política de las autoridades”.

El subsecretario Gutiérrez informó (La Jornada, 20 de mayo de 2009) que continúa la investigación tanto para hallar a los eperristas como para dar con los responsables de los atentados en Pemex.
Al respecto, López y Rivas dijo que tales afirmaciones sólo confirman la percepción de que el gobierno federal asume actitudes de “estadolatría” en las que invoca el estado de derecho pero en realidad hay un “Estado represivo, burócrata y cómplice”, con la intención de preservar la etapa de guerra sucia contra los movimientos sociales y de criminalización de las protestas.

Para González Ruiz, “la declaración de Gerónimo Gutiérrez ratifica mi opinión de que no hay voluntad política para hallar a los desaparecidos, porque repite mecánicamente lo que vienen diciendo desde hace dos años. No hay una sola aportación real que sea equivalente a la tregua del EPR. El gobierno sólo busca la vía de presentar huesos y asumir así una salida perversa”.

Doble discurso oficial: ONG

La Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Eclesial señalaron que el gobierno federal no depura los mecanismos “para la identificación de riesgos” que puedan amenazar la seguridad nacional, lo que en realidad hace es mantener un doble discurso para justificar su política de criminalización de la protesta social mediante acciones de hostigamiento a dirigentes y representantes sociales que reivindican y exigen de forma pacífica el respeto a los derechos humanos.

Luego del señalamiento del gobierno federal, por conducto del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, la Red indicó que este supuesto trabajo de depuración y detección de grupos armados “en muchos casos lo que en realidad significa seguimiento y hostigamiento a movimientos sociales”.

Las agrupaciones civiles –afirmó– buscan reivindicar y exigir el respeto a sus derechos humanos y la defensa pacífica de sus causas, “pero en muchos casos se les descalifica y se les niega una solución con acusaciones –a veces más abiertas o veladas– de que pudieran estar implicadas con grupos armados”, afirmó Édgar Cortés, presidente de la organización no gubernamental.

“Un caso muy concreto es el de la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos de la Zona de la Montaña de Guerrero, que son señalados por supuestas relaciones con grupos armados sin que haya evidencia de tal cosa”, dijo.


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Denuncian que pretenden reabrir Pasta de Conchos por medio de prestanombres

Rogelio Montemayor asegura que busca adquirir una parte de las instalaciones

Leopoldo Ramos
Corresponsal La Jornada

Saltillo, Coah., 20 de mayo. Viudas de los mineros que murieron hace tres años en el yacimiento Pasta de Conchos impidieron que unas 40 personas, encabezadas por Edilberto Montemayor –hijo del ex director general de Pemex y ex gobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy–, ingresaran a la carbonera donde pretenden construir una barda de concreto.

María Teresa Contreras Rodríguez, cuyo esposo falleció en los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2006, informó que el ex gobernador se reunió hace 10 días con algunos deudos para informarles su interés por adquirir la planta lavadora de carbón que Industrial Minera México, empresa filial de Grupo México, tiene en Pasta de Conchos.

Dijo que el martes por la tarde, familiares de los mineros desaparecidos montaron un campamento afuera de Pasta de Conchos y que este miércoles, a las 10 horas, Edilberto Montemayor arribó al sitio acompañado de unos 40 trabajadores.

“Llegó el hijo de Montemayor y el abogado Heriberto Fuentes, iban con 40 trabajadores y pretendían ingresar a la mina para construir una barda de concreto y delimitar las instalaciones de la (planta) lavadora de lo que es Pasta de Conchos, pero la gente se opuso, hubo un enfrentamiento y por un momento pudieron pasar, pero luego fuimos nosotros y los sacamos de ahí”, explicó.

Propuesta de buena vecindad

Por la noche, la organización civil Familia Pasta de Conchos, que agrupa a deudos de los mineros caídos y activistas sociales, confirmó que Rogelio Montemayor tuvo encuentros con algunas viudas, a quienes ofreció “platicar sobre una propuesta de buena vecindad”. El organismo dijo tener constancia grabada de esa reunión con el ex gobernador coahuilense.

Según el documento, el ex gobernador dijo a los deudos que “estaba en tratos con la empresa para comprar la lavadora. Sostuvo que la idea de platicar con nosotros es porque no quería problemas y que nos iba a ayudar con el rescate (de los cuerpos de 63 mineros que siguen atrapados en la cantera).
En la compra de la planta lavadora de carbón, habría dicho, estaba involucrada “una gran inversión suya y de accionistas gringos”, y les mencionó que Fernando Acosta, coordinador del movimiento La Otra Obrera –el cual representa a algunos familiares de los carboneros muertos– “le había pedido una cantidad de dinero de manera personal”, así como 2 por ciento de las utilidades de la planta lavadora, a cambio de cesar en la demanda de recuperación de los cadáveres.

Ante esto, Montemayor aseguró a las viudas que no accedería a las demandas de Acosta y les mencionó que de no llegar a un acuerdo con los deudos integrados en Familia Pasta de Conchos, cesaría en su intento por adquirir la planta lavadora de carbón.

Agregó que según Montemayor, la compra de la planta lavadora de Minera México la realizaría por medio de la empresa Signum, propiedad de su familia, en la que tiene socios estadunidenses.

Sin embargo, el organismo consideró que Montemayor “actúa como prestanombre de los dueños de la mina. Les está ofreciendo a algunos deudos dinero a cambio de que no haya problema, pero en realidad lo que quieren es reiniciar la producción en Pasta de Conchos, aun cuando dentro de la mina se encuentran sepultados los trabajadores”.

Recordó que en 2007, la Secretaría de Economía del gobierno federal suspendió de manera provisional la concesión que Grupo México e Industrial Minera México tenían en Pasta de Conchos, y ante esto “la misma ley nos ampara para que mientras la suspensión esté vigente, no se pueda realizar ningún tipo de negocio o de compra-venta de las instalaciones y mucho menos que se puedan reanudar los trabajos de producción”.

El comunicado señala que “la única opción que tiene Industrial Minera México de reutilizar su planta lavadora es reiniciar de manera inmediata las labores de rescate” de los 63 cadáveres atrapados en medio del filón.

Advirtió que los parientes de los carboneros muertos montarán guardias para evitar de nuevo el ingreso de los Montemayor.


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Peligrosa contaminación en Atotonilco de Tula

Por Pablo Vargas González / Desde Abajo

Ante la contingencia de salud que sigue padeciendo el país, cuya causa inicial de la influenza de origen porcino se puso la mirada en una empresa transnacional de producción de cerdos, de las más grandes de Latinoamérica, que por su magnitud es una verdaera “ciudad de cerdos” y su impacto en el entorno genera muchos perjuicios que afectan la salud de la población en varias comunidades de Perote, estado de Veracruz; la gente de diversas poblaciones ha puesto atención en localidades donde se generan focos de contaminación.

En Hidalgo no es la excepción de que en varios pueblos pongan cuidado de empresas contaminantes. Hay muchos, pero hoy voy a tratar el caso del municipio de Atotonilco de Tula, situado en el suroeste del Valle del Mezquital, asolado por factores contaminantes desde hace décadas y que las autoridades del ramo no han puesto atención sería y efectiva ante las demandas de la población cada vez más angustiantes.

En ese municipio se ha convivido con la producción de cal, siendo el principal agente la empresa denominada “Caleras Beltrán” S.A. de C.V. Desde el 3 de abril de este año, los pobladores de varias comunidades habían tramitado una queja ante la empresa debido a que el uso de “coque”, utilizado como combustible ocasionaba grandes molestias a la salud, ya en un nivel insoportable. La empresa “cedió” y dijo que iba a dejar de utilizar este material.

Sin embargo, Caleras Beltrán no respetó el acuerdo. Con toda razón, y ante la falta de intervención de las autoridades, ciudadanos de diferentes comunidades bloquearon el 6 de mayo las puertas de acceso a la empresa; la gente descubrió que a la empresa entró un trailer cargado con 60 toneladas de “coque”. Los vecinos inconformes principalmente de Bóvedas y Loma Bonita manifestaron que lograron conseguir una factura de un flete en el que la empresa García Munde Energía de México, con domicilio en Veracruz, envió 60 toneladas de “coque”.

El acuerdo había sido firmado en las oficinas del Cabildo, lo que dio fuerza y legalidad, pero ante la falta de respeto, los vecinos no tuvieron otra alternativa más que bloquear una vez más el acceso principal a la empresa, al haber violado los directivos el último acuerdo que se firmó en presencia del edil Julio César Ángeles Estrada y varios regidores.

Además, los vecinos señalan que dependencias federales y estatales del ramo de ecología también han sido simples expectantes y no han intervenido de manera enérgica. En palabras de los pobladores, Semarnat, Coede y Profepa, los funcionarios “solapan” a las empresas más que regularizarlas. La gente de estos pueblos desde hace años se vienen organizando y generando proceso de interlocución con autoridades y agentes contaminadores; ya están cansados de que ninguna autoridad haga algo por meter en cintura a los contaminadores.

El efecto que han tenido empresas cementeras y caleras ha sido perjudicial. Inclusive el problema trasciende el municipio de Atotonilco de Tula y del Estado de Hidalgo; es un corredor geográfico que incluye al municipio aledaño de Apasco Estado de México. Desde ahí también las comunidades se han movilizado y han hecho “plantones” para impedir que la empresa ECOLTEC s.a., filial de HOLCIM Apasco, han generado graves problemas como son: Gripes constantes, irritación de ojos, nauseas, dolor de cabeza y desmayos.

Atotonilco de Tula fue escenario de la muerte de 11 personas, a causa de gases de un pozo de Conagua. La población ha sido paciente pero el problema de contaminación en varios pueblos es casi intolerable. Ante la contingencia de salud que vive el país, es urgente que autoridades locales y federales pongan mucha atención en los factores y agentes contaminantes. Existe hartazgo de la población ante la inactividad y negligencia de los funcionarios que no han actuado. Ante ello es previsible que las protestas continúen, con mayor fuerza. No van a esperar que siga el lento envenenamiento de la población.


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Rechazan vender predios para refinería

Carlos Camacho, corresponsal La Jornada

Tula de Allende, Hgo., 24 de mayo. Campesinos del ejido El Llano primera sección rechazaron la oferta de 100 pesos por metro cuadrado que les presentó el gobierno por sus tierras para construir la nueva refinería de Petróleos Mexicanos. Algunos exigen al menos 600 pesos por metro y otros aseguran que sus parcelas no están en venta. El subsecretario de Gobierno, Carlos Moreno, se reunió hoy con unos 150 labriegos y presentó la propuesta, que mejora la anterior, de 70 pesos por metro cuadrado, que tampoco satisfizo a los propietarios.

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Integrante del MOCRI-CNPA-MN comenta sobre la problemática de sus presos políticos, hostigamiento y de la agresión sufrida por su caravana en Oaxaca.

Entrevista realizada el domingo 7 de junio en el plantón frente a la sede nacional del PRD.



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Denuncia de amenazas e intento de soborno a defensor de Derechos Humanos

8 de junio de 2009

Compañeroas:

El día de hoy recibí a las 12:40 de la tarde, una llamada a mi oficina de un "número privado" de alguien que se identificó como "Horacio (de apellido inaudible)" y dijo ser el segundo responsable "de la plaza" (sic) quien además de saber mi nombre completo, aseguró "tenerme bien identificado" y "conocer todos mis movimientos". Además de amenazarme con insultos, me solicitó una cantidad de dinero que nunca alcanzó a especificar "para dejarme mover tranquilo a mi y a mi gente". Ante mi negativa de acceder a pagar ninguna cantidad por carecer de recursos (lo cual todo mundo que me conoce sabe que es cierto), me paso la llamada en dos ocasiones con quien dijo ser el Jefe (sic), quien cada vez incrementaba más los insultos y las amenazas y me exigía que "les cumpliera" si no quería "lamentarlo". Después de más de 10 minutos de insistencia y amenazas, la conversación concluyó con la sentencia de que si no quería "juntar dinero para entregarles, juntara dinero para el entierro que viene pronto".

Estoy consciente de que este tipo de llamadas, desgraciadamente son comunes en éstos tiempos y que pude ser objeto de un intento más de soborno, de los tantos de que es objeto actualmente la inerme ciudadanía. Sin embargo me resultan preocupantes las referencias que estas personas hicieron acerca de "mis movimientos" y la "sugerencia" de que si les entragaba dinero "me dejarían mover tranquilo". Para nadie es desconocido de que a raíz de nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva desapareció el pasado 14 de marzo del 2007, la asociación que presido, el Taller de Desarrollo Comunitario, ha tenido que incursionar en la denuncia y exigencia de su presentación con vida y que desde entonces participamos en el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y que hemos incursionado en la difícil tarea de la defensa de los derechos humanos, lo que nos ha hecho más solidarios y comprometidos en la lucha contra la impunidad. También ha sido pública nuestra denuncia sobre la indiferencia, pasividad y silencio cómplice de las autoridades, desde el Gobernador, el Procurador y demás instancias estatales y federales.

Este incidente viene a agregarse a una serie de amenazas y "mensajes" que anteriormente me han llegado por distintos medios y que por su carácter anónimo, no habíamos visto necesario denunciar públicamente.

Reitero mi compromiso de mantener la lucha, que junto con mis compañeros del TADECO, he venido realizando por impulsar un desarrollo comunitario autogestivo y democrático en Guerrero y por lograr que la conquista de los derechos humanos nos encamine hacia una nueva sociedad con pan, trabajo, justicia y libertad, además de la necesaria lucha contra la impunidad, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos.

Nuevamente hago responsable a las autoridades estatales y federales de mi seguridad física y moral, así como de todos mis compañeros del Taller de Desarrollo Comunitario, del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y de mis seres queridos".

Atentamente:

Fco. Javier Monroy Hernández


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El SITUAM se suma a la denuncia del asesinato del integrante de CODEP

Sin duda que se trata de un acto cínico y artero por parte del gobierno de Ulises Ruiz quien prtende intimidar y descabezar los auténticos movimientos que lo han evidenciado. Las comunidades indígenas de Oaxaca siempre se han caracterizado por defender no sólo sus tierras sino también su identidad y costumbres , no es raro que un asesino como UR vea en ellos un dique de resistencia al que hay que someter, el asesinato de Sergio Martínez representa una agresión no sólo para la CODEP- APPO sino para todos los oprimidos de México que hoy luchan por un cambio en el rumbo económico y politico al alcance de las mayorías.

En tal sentido el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se suma a esta denuncia y reclama el inemdiato esclareciemento de tan cobarde asesianto y por el cese de toda forma de represión y hostigamiento en el Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

"Por la Unidad en la Lucha Social"

Marcos Vargas Cuevas
Secretario de Relaciones y Solidaridad

SITUAM


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Ulises Ruiz manda asesinar a dirigente del CODEP.

Desde hace varias semanas, desde los más altos mandos del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz se orquestó y desató una intensa campaña estatal de difamación, hostigamiento y persecución en contra del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP-APPO), campaña que trae como una de sus primeras consecuencias el asesinato de Sergio Martínez Vásquez, integrante del Consejo Estatal del CODEP. Cabe mencionar que este artero asesinato ha estado precedido de vigilancia y seguimiento policiaco en nuestras oficinas, y de amenazas veladas y abiertas a distintos miembros del CODEP.

El compañero Sergio trabajaba como taxista y según los primeros informes, el día de ayer, 7 de junio, realizó un viaje a la agencia de Pino Suarez, distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, siendo asesinado en la noche de ayer con armas de alto poder, encontrándose el cuerpo el día de hoy 8 de junio con 10 impactos de bala, alrededor de las 7 de la mañana. Por el modo de operar y alguna información recabada, todo apunta a confirmar que los actores materiales de este asesinato fueron los grupos paramilitares que Ulises Ruiz mantiene operando en la región.

Es claro que la campaña orquestada por el gobierno y operada por distintos personajes y grupos en el estado en contra del CODEP, pretende destruir a una de las organizaciones más antiguas y de mayor consecuencia en el estado (este año cumpliremos 28 años), integrada por comunidades indígenas mixtecas, triquis, zapotecas y mazatecas, mas ahora que hemos estado denunciando a los grupos que de manera cínica o encubierta se han puesto al servicio de los intereses del gobierno estatal y federal, dividiendo a los movimientos, mediatizándolos o de plano entregándolos a cambio de beneficios y canonjías personales o de grupo. Situación que se agudiza a raíz del trabajo contra las minas que el CODEP viene realizando con las comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, y que ha estado extendiéndose a otras regiones del estado y vinculándose a otras luchas ecologistas a nivel nacional.

Cabe mencionar que como parte de las agresiones en contra del CODEP, durante el desalojo de la mina de San José del Progreso, Ocotlán, y después de casi matar a golpes al compañero Agustín Ríos cuyas secuelas por la paliza empiezan a aparecer, el gobierno liberó ordenes de aprehensión contra de este compañero y de varios compañeros mas, incluyendo a quienes no se encuentra en el estado, como la profra. Jaquelina López Almazán, lo que evidencia el manejo discrecional y perverso que de las leyes hace URO.

Ante el asesinato del compañero Sergio Martínez Vásquez, y los ataques y atentados con que pretenden aislar y destruir al CODEP, convocamos a la más amplia solidaridad de las organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, difundiendo y participando generosamente en las denuncias y la información sobre las actividades que habremos de realizar.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:

1. ESCLARECIMIENTO INMEDIATO DEL ASESINATO DEL COMPAÑERO SEGIO MARTINEZ VASQUEZ.

2. ALTO A LAS AGRESIONES Y HOSTIGAMIENTO DESATADO EN CONTRA DEL CODEP.

3. CARCEL A ULISES RUIZ ORTIZ, POR LOS CRIMENES COMETIDOS CONTRA EL PUEBLO DE OAXACA.


• RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DE ULISES RUIZ ORTIZ, DE LO QUE PUEDA OCURRIR CONTRA INTEGRANTES DEL CODEP.

• REPUDIAMOS LA DIFAMACION, HOSTIGAMIENTO Y AGRESIONES EN CONTRA DEL CODEP


¡A TRES AÑOS DEL INTENTO DE DESALOJO,POR NUESTROS MUERTOS DESAPARECIDOS Y PRESOS POLITICOS, NI PERDON, NI OLVIDO!

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO-ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA
CODEP-APPO

8 junio del 2009


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Ofrenda a los caídos en el panteón de El Charco

Difusión Cencos

México D.F., 8 de junio de 2009

Comunicado de prensa
Tlachinollan

Durante el 11 aniversario luctuoso de la masacre de El Charco, organizaciones indígenas, sociales y campesinas, reprocharon al gobierno federal y estatal que este crimen de lesa humanidad permanezca en la impunidad y exigieron el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).

La madrugada del 7 de junio de 1998, soldados del Ejército mexicano atacaron a campesinos na savi (mixtecos) del municipios Ayutla de los Libres, que se encontraban descansando en la escuela primaria Caritino Maldonado de El Charco, luego de que participaron en una reunión sobre proyectos productivos. El saldo fue de 11 campesinos muertos, así como decenas de heridos y detenidos.

Viudas, deudos y familiares de los indígenas caídos, apoyado por Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas iniciaron una lucha para exigir justicia. No obstante a 11 años de aquella matanza, ningún responsable ha sido detenido ni castigado y más bien Raúl y Manuel fueron ejecutados extrajudicialmente, después de hacer sido desaparecidos de manera forzada el pasado 13 de febrero de este año. Su caso tampoco no ha sido esclarecido.

La conmemoración del 11 aniversario luctuoso comenzó la noche del sábado 6 de junio con una velación a los caídos y terminó hoy domingo con un acto político y la ofrenda que indígenas na savi y me´phaa (tlapanecos) llevaron al panteón de El Charco.

En el acto político, la presidenta de la Organización de del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel exigió al gobierno federal y estatal que pare esta criminalización contra los pueblos indígenas que se han organizado para hacer valer sus derechos humanos.

El dirigente de la OPIM en El Camalote, cuestionó que a quienes demandan el respeto de sus libertades fundamentales se les llame “delincuentes” y a quienes cometan delitos, no se les castigue.

Ante más de un centenar de indígenas, campesinos, dirigentes y activistas, participaron oradores como el luchador social Pablo Sandoval Cruz, por parte de los sobrevivientes, Efrén Cortes, así como representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de la Red Guerrerense de Organismo Civiles de Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.


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Comunicado de la Asamblea de grupos de trabajo del Auditorio Che Guevara

A la comisión sexta del EZLN
A la otra campaña nacional e internacional
A la zezta international
A la comunidad universitaria en general


A partir de las siete de la mañana del día de hoy, nos percatamos que Vigilancia UNAM la Dirección General de Servicios a la comunidad junto con Patrimonio de la UNAM, montaron un operativo para que en el pasillo que va rumbo ala Biblioteca central, no se instalaron los y las vendedoras que cotidianamente se veían por el pasillo. A partir de esta petición por parte de la directora de la Facultad de Filosofía y Letras la doctora Gloria Villegas, para que patrimonio y vigilancia UNAM el día de hoy quedará libre de comerciantes el pasillo, vemos necesario explicar lo que está sucediendo tras el asesinato de un joven a fuera de la entrada de la Facultad, que se le relaciona con el narcomenudeo. Los y las que trabajamos en el Auditorio Che Guevara manifestamos lo siguiente:


• Aquí dentro del Auditorio no se vende ni se promueve el consumo de estupefacientes ni mariguana.

• No pertenecemos a ningún grupo de apoyo ni de solidaridad a las FARC-EP, ni el EPR. La mayoría de los y las que participamos somos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona. Nuestros hermanos y hermanas son las bases de apoyo del EZLN y su comandancia; al igual que todas las organizaciones adherentes. Esos son nuestros, nuestras hermanas de lucha.

• Rechazamos tajantemente que se nos vincule con delincuencia organizada, pues aquí sólo hay libros, computadoras, equipo de sonido, cuadros y obras de arte, utencilios de cocina, equipo de serigrafía y un estudio de revelado de fotografía.

• La universidad siempre ha sido un territorio en donde diferentes intereses económicos y políticos transforman año con año, elección en elección; eso es bien sabido. La UNAM es el reflejo de lo que el estado mexicano promueve y realiza como política oficial. Hace muchas décadas que autoridades de la UNAM no se pronuncian en favor de los estudiantes para que se organizen y trabajen por las luchas sociales; al contrario se han dedicado a extorsionar, hostigar, golpear y expulsar a los y las estudiantes que se organizan independiente y autonomamente.

• Rechazamos tajantemente que las autoridades de la UNAM, de cualquier escala administrativa, intente solapar o promover que corporaciones policíacas públicas o privadas cuiden o monitoren las inmediaciones de la Universidad. No estamos de acuedo que se violente la autonomía que se logro desde 1929 con una huelga estudiantil.



Por último queremos aclarar que desde hace diez años de que inicio la huelga universitaria, nos seguimos manteniendo independientes y abiertos a que dentro del Auditorio se realizen actividades de las luchas sociales indendientes y autónomas. Nosotros y nosotras vemos necesario no soslayar que ahora es el momento de reorganizarnos como estudiantes como jóvenes que trabajamos en espacios autónomos y autogestivos dentro y fuera de la universidad. No vamos a permitir que se siga hostigando a los y las estudiantes que trabajamos aquí en el Auditorio y que vemos real un mundo mejor y diferente, ya no este, sino otro que estamos construyendo poco a poco.

Terminamos estas palabras diciendo que no sabe en donde va quedar las familias que dependían del comercio que en estos pasillos existía y que daba de comer a personas que sólo buscaban como ganarse la vida; a ellos, ellas desd aquí nos solidarizamos con su lucha.


No al desalojo del Auditorio Che Guevara
Respeto ala autoorganización estudiantil y juvenil
Respeto a la autonomía universitaria.


Asamblea de grupos de trabajo del Auditorio Che Guevara
4 de junio del 2009


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