Ejército podría desaparecer a luchadores sociales

CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)

El abogado de las viudas y deudos de los campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, consideró que es preocupante las agresiones y amenazas contra los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos y alertó que, ante el grado de militarización que hay en el estado, en poco tiempo será el Ejército el que se encargue de desaparecer a los luchadores sociales.

Consultado luego de dar a conocer las actividades del 14 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, el abogado recriminó que de ese tiempo a la fecha, no han cambiado las cosas, a pesar de ser gobernados por un partido que lucha por las causas sociales, la impunidad y la criminalización hacia los indígenas y los pobres sigue siendo la misma que hace varios años.

“Se sigue asesinando y matando campesinos, sigue una política de presión, genocidio, de criminalización social, hay presos políticos, dirigentes desaparecidos, asesinados, la militarización en las comunidades, no ha cambiado en nada”, criticó.

Al contrario, condenó las acciones del gobierno de militarizar las comunidades y ahora los municipios, que con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, allanan casas de la zona de Tierra Caliente o Acapulco, “y eso demuestra que el estado no sólo es un estado fallido, sino propenso a una explosión social”.

Agregó que en los últimos meses ha habido una constante criminalización y judicialización de la protesta y lucha social, “y ahora somos criminales, somos guerrilleros”, por lo que consideró que es preocupante el clima de represión que se vive en el estado.

Destacó que está cerca la celebración del centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario de la Independencia, por lo que aprovechó para convocar a la reivindicación por el respeto de los derechos humanos, de lo contrario, alertó, la sociedad podría terminar por responder a tantas agresiones.

“La situación de los pueblos está en lo más bajo de la miseria, hay represión, se está reprimiendo a la gente, que va a responder porque el conflicto se va a acrecentar, no lo deseamos pero al paso que vamos, vamos para allá; el gobierno lo está provocando con la militarización con el pretexto de combatiro a la delincuencia organizada, pero al rato los militares irán contra a los movimientos sociales, revolucionarios, y vamos a tener otro dos de octubre, otro Aguas Blancas”, advirtió el abogado.



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Soldados dispararon a un religioso de Las Palancas que no obedeció la orden de detenerse

Jesús Saavedra (El Sur de Acapulco)

Las Palancas / Coyuca de Catalán

Integrantes del ejido Río Frío de Los Fresnos que tiene como punto de partida esta comunidad enclavada en el macizo central de la Sierra Madre del Sur han rechazado la tentativa de explotar sus bosques y por ello han iniciado un proyecto productivo para cosechar aguacate financiado por el gobierno federal y estatal; no obstante desde el año pasado son víctimas de cateos de sus viviendas y el martes pasado el pastor cristiano de la comunidad se salvó de ser asesinado cuando soldados le dispararon a quemarropa y desarmado.

Esta comunidad se ubica a unos 10 kilómetros de Las Ollas, en donde el martes 9 de junio irrumpieron efectivos del Ejército y desde aquí se desplegaron a Las Palancas en la búsqueda de guerrilleros y de una decena de varones que huyeron de Las Ollas hacia el monte, cuando las tropas empezaron a disparar.

La familia del pastor de la religión Cristiana de esta comunidad y otra familia, son las únicas personas que habitan este poblado y explicó que se dirigía a unas tierras de labor cuando vio que llegaba un grupo de soldados y le marcaron el alto desde unos cien metros.

“Voltee a ver y pensé que no traían nada bueno en manos y decidí seguir caminando, cuando cerrojearon el rifle y me dispararon en seis ocasiones, alcancé a tirarme a un costado del camino y pude sobrevivir, me tuve que ir al monte también”, relata con tono nervioso y pide el anonimato, “perdonen es que ustedes no vienen seguido y los militares sí”, se excusa en la conversación.

Dijo que el miércoles regresó con su familia para enterarse de que los soldados revisaron su vivienda, hicieron hoyos en la tierra para buscar armas, “no sabemos qué buscan, dicen que a guerrilleros y nosotros no sabemos nada, no nos metemos en esas cosas”, asegura.

Mientras se desarrolla la plática, muestra los seis casquillos percutidos del arma del militar que le disparó e informa que esta comunidad y Las Ollas, pertenecen al ejido de Río Frío de Los Fresnos y que no tienen ninguna actividad ilícita, “eso lo saben los militares, constantemente vienen para acá y revisan las casas, no han encontrado nada y sólo queremos que nos dejen trabajar, que respeten nuestras garantías individuales”, señala.

En total, el Ejército ha cateado esos pueblos tres veces desde el año pasado, informa.

Dice que en esta área, los vecinos son opositores a la exlotación forestal, y revela que no han permitido, ni avalan la tala de sus bosques, “buscamos una forma de organizarnos, de producir, de atender las necesidades de nuestras familias, por eso iniciamos un proyecto de producción de aguacate”.

Explica que el proyecto es financiado por el gobierno estatal y federal, que tiene como afiliados a 86 ejidatarios y que tienen como meta producir 3 hectáreas de aguacate.

Su esposa también está asustada por el cateo del martes, “vienen y revisan las viviendas, pero ahora sí se pasaron porque llegaron como locos, diciendo disparates, preguntando por gente que ni conocemos, no sabemos de qué se trata”, añade.

En la comunidad de Las Ollas, informan que aunado a la presión militar, enfrentan la presión, vigilancia e intimidación de “grupos civiles armados desde el 2000, que insisten que explotemos el bosque y una y otra vez nos hemos negado, no lo vamos a permitir”, sostienen.

Abundan que en el 2000, fue la primera incursión de gente civil armada “llegaron a las viviendas, sacaron a los hombres en la madrugada, los desnudaron, los golpearon y los amenazaron de que aceptaran la tala del bosque y no queremos pues”, sostiene en una entrevista una señora de 65 años.

Desde esa fecha, los esposos de las señoras de Las Ollas, prefieren dormir en el monte, temerosos de las incursiones de esas gentes armadas y que dicen los mantienen vigilados de todas sus actividades.


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Por segunda vez, caravana de AI visitará a miembro de la OPIM preso en Ayutla

Prevén reunión con autoridades estatales los días 28 y 29

CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)

Como parte de las acciones de la campaña Exige Dignidad, que encabeza Amnistía Internacional (AI), se tiene programado que una caravana de activistas visite en los próximos días el municipio de Ayutla para exigir la liberación del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, considerado por el organismo internacional como preso de conciencia.

Por segunda ocasión, una comisión de activistas regresarán a Ayutla para visitar a Hernández Abundio, quien no logró salir de la cárcel el 19 de marzo junto con los otros cuatro indígenas me’phaa acusados de matar a un informante del Ejército.

En febrero, AI estuvo por primera vez en Guerrero para entrevistarse con los cinco integrantes de la OPIM en ese entonces presos en el penal de Ayutla, así como con autoridades del gobierno estatal para exponer su preocupación por la situación de indefensión en que trabajan defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la información del organismo internacional, la visita está programada para los días 28 y 29 de junio, en la que participarán diversas organizaciones de derechos humanos de México y Guerrero.

La misión será entregar todos los mensajes y cartas de apoyo y solidaridad a Raúl Hernández, recabadas durante la campaña Alza tu voz por su libertad; además reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, refrendar el apoyo y la solidaridad y rechazar los obstáculos que tienen que sortear para desempeñar su trabajo.

De igual forma, dentro de las actividades de AI está reunirse nuevamente con autoridades del gobierno estatal, a quienes le expresarán las diversas preocupaciones en materia de defensa de los derechos humanos además de exigir la liberación inmediata del preso de conciencia.

El 29 de junio la caravana estará de regreso en la ciudad de México para analizar los resultados de la visita.

El 17 de abril de 2008 fueron encarcelados cinco integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del Ejército, pero se logró un amparo para cuatro de ellos, quienes salieron en libertad el 19 de marzo de este año. Hernández no alcanzó amparo debido a que hay dos supuestos testigos que aseguran fue el autor material del crimen.


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OCSS: estar unidos en acto luctuoso por la masacre de Aguas Blancas detiene la criminalización de la lucha social

Francisco Magaña (El Sur de Acapulco)

Atoyac

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Atoyac, Rocío Mesino Mesino manifestó que comparten la propuesta hecha por las viudas de los campesinos masacrados en el vado de Aguas Blancas, para que se haga un acto de unidad el 28 de junio en el municipio de Coyuca de Benítez.

Mesino Mesino dijo ya hay un avance al respecto con el acto del año pasado, donde Benigno Guzmán, Luis Olivares, José Sánchez y la OCSS de Atoyac compartieron el acto.

Señaló que tienen programada una marcha el día 28 de junio a las 10 de la mañana, de la localidad de Aguas Blanca al vado, para hacer un acto luctuoso y mitin donde están invitando a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Dijo que como organización siempre han pedido la unidad, ”estamos en el mismo tenor, respaldamos la posición de las compañeras viudas y madres, estamos dispuestos a sacar un acto único”, subrayó.

La dirigente de la OCSS dijo que el gobierno aprovecha la desunión para criminalizar la lucha social. Aclaró la disposición “pero con organizaciones que han estado al pendiente de Aguas Blancas, no otras como el Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, nunca unificaríamos con ese tipo de organizaciones que han sido golpeadores nada mas”.

Asimismo, la dirigente campesina reiteró que el acto no será ningún foro para los políticos que cuando están en campaña se van a parar al evento. “No los podemos correr, somos afines al PRD, pero sí no permitiremos que lo utilicen para campañas electorales”, enfatizó.

En ese sentido, consideró que las declaraciones del legislador priista, Héctor Vicario Castrejón carecen de autoridad moral, cuando se pronunció por un diálogo del gobierno con la guerrilla, “cuando la masacre de Aguas Blancas fue porque nos asociaban con guerrilleros y él es cómplice, junto con Rubén Figueroa, eso es un discurso electorero”, enfatizó.

Sobre la incorporación de organizaciones no gubernamentales a la lucha armada, como declaro el ERPI, manifestó: “Eso lo analizaríamos, ellos han hecho presentaciones y declaraciones públicas en el estado, no hemos recibido (la propuesta), si lo hace públicamente lo valoraremos por que nuestra lucha es social democrática, no le vamos a dar a alas al gobierno, como nos han golpeado caciques y paramilitares”.


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Con violencia se llevan militares a un ex marino de El Quemado, en Atoyac, Guerrero.

Francisco Magaña (El Sur de Acapulco)

Atoyac

El campesino Guillermo Valdez Reyes, de 24 años de edad, vecino de la localidad serrana de El Quemado, en la parte media de Atoyac, fue sacado por militares de su casa y sin que presentaran ninguna una orden de cateo o aprehensión, denunciaron la esposa del agraviado, Ivette Morales y su madre Francisca Reyes Fierro.

Las mujeres explicaron que el sábado a las 5:30 de la mañana llegaron a la cancha del lugar tres vehículos con militares encapuchados y la zona fue rodeada.

Indicaron que en los uniformes de los castrenses se veían las siglas del Batallón 85 de Infantería, “pero no sabemos dónde queda ese batallón, acudimos a la Zona Militar 27 en El Ticuí pero ahí dicen que no lo tienen, que no saben nada y lo mismo en la UMAN de Tecpan”.

La esposa del también ex marino, quien recién llego de Estados Unidos en noviembre del año pasado, señaló que los militares entraron a su terreno y a gritos exigieron que abrieran la puerta o la iban a tirar.

Ivette Morales indicó que abrieron y los soldados se abalanzaron sobre su esposo y las encañonaron con fusiles al tiempo que les cuestionaban dónde tenía armas.

Agregó que otros soldados revolvieron toda su casa mientras que ellas preguntaban a quién buscaban y si tenían una orden para meterse a su casa; “entraron bravos, nosotros les decíamos que no teníamos armas ni siquiera un tiro y sin mas le dijeron a mi esposo que se vistiera para que lo reconocieran”.

Indicó que tal vez alguien llevó a los militares y que el madrina iba con ellos supuestamente identificó a su esposo.

La mujer dijo que sus pertenencias fueron revueltas y que se llevaron documentos y alhajas. “Se llevaron credenciales, curps, fotos de toda la familia y de él cuando era marino, además de dinero y sus uniformes de la Marina”.

Abundó que como no hallaron nada se llevaron a su esposo pero antes pasaron a otros dos casas, donde en una de ellas lastimaron a un adulto mayor.

Ivette Morales manifestó que ella corrió a la casa del comisario para pedirle su ayuda, pero que los militares al percatarse de ello se burlaron; “me dijeron que no importaba que fuera el comisario que de todas manera se lo iba a llevar”.

Por su parte, la madre del de campesino Francisco Reyes dijo que está preocupada porque ya una vez también detuvieron a su otro hijo Israel Valdez, al que mantuvieron dos años y medio en la cárcel por asesinato y secuestro, “pero al final lo dejaron en libertad porque no pudieron comprobar nada”.


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Comunicado de la Misión Civil de Observación que acudió a las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, Guerrero, el día 13 de junio del 2009

Puerto de Las Ollas, Guerrero a 13 de Junio del 2009

ANTECEDENTES :

Con los antecedentes de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas(Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario TADECO, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, Red Manglar Internacional Sección México RMIM, Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña TLACHINOLLAN, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHUM, y la Unión Campesina Democrática UCD; también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos , 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto de las Ollas y las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del ejército, 1 tipo Dodge ram doble rodada y otro Dodge ram charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto de las Ollas se encontraron 11 vehículos Tipo Humvee del ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados . En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto de las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad(en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto de Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados.

En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda , con lujo de violencia, y dejando perdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda

Una habitante reportó que a su hijo Omar García de 14 años de edad, fue torturado el día Martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del ejército.

Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.

LAS PALANCAS:

En esta comunidad un hombre de 30 años de edad la cual sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones).

Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.

Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del ejército.

En base a las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palanca y Puerto de Ollas, consideramos que el ejército incurrió en actos anticonstitucionale s y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Conforme a lo anterior comprobamos que con esta acción anticonstitucional del ejercito mexicano fueron suspendidas ilegalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos y en particular)

No se respetaron las siguientes Garantías:

Garantía de libertad personal,

Garantía de inviolabilidad del domicilio, propiedad y persona,

Garantía de libre transito.

Se cometieron actos de tortura: amenazas-. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar. Humillaciones: ofensas y discriminació n a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades. Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Y ante lo anterior descrito :

-Consideramos que es grave la presencia del Ejército en comunidades campesinas de la Sierra de Guerrero, en lugar de ser garante de la seguridad y de los derechos fundamentales de la población, se transforma en un factor armado que atenta contra la vida y la seguridad de la población rural y sobre todo generar terror entre mujeres y niños. Se trata de una estrategia de guerra preventiva donde al Ejército se la ha permitido suspender garantías de facto , destruir el tejido comunitario y desterrar a la población para apropiarse de sus territorios.

-Como organismos civiles de Derechos humanos no podemos permitir que el gobierno mexicano defienda el fuero militar ante la ONU como sucedió en el Examen Periódico Universal realizado en Ginebra y no intervenga en casos graves de violaciones a los derechos humanos para proteger a la población más vulnerable del país como es el caso que nos ocupa.


Ante los hechos exigimos:

-Salida inmediata del Ejército de las comunidades de Las Palancas y Puerto de las Ollas y la zona.

-Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas .

-Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo

-Pleno respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.

-Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que dieron las órdenes para dichas acciones.

-Respeto irrestricto a la integridad de las comunidades y sus habitantes de la sierra de Guerrero. Exigimos que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero.

- Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales

-Investigació n inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas

-Seguimiento por parte de la CODDEHUM de manera oficiosa, a las denuncias de los habitantes de dichas comunidades.

-Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.

-Respeto al Derecho Internacional Humanitario y protección a la población civil.

-Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.

MISION CIVIL DE OBSERVACION 13 de Junio de 2009

Responsables de la publicación

Taller de Desarrollo Comunitario A.C- Javier Monroy

Comité Contra la Tortura y la Impunidad A.C – Raymundo Díaz Taboada

Red Manglar Internacional Sección México-Hercilia Castro Balderas

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C – Abel Barrera

Unión Campesina Democrática -Bernardo Solís Radilla


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Elementos del ejército y sicarios toman la comunidad de Las palancas, en la sierra del municipio de Petatlán, Guerrero.

El día de hoy después de las 6 de la tarde, recibimos una llamada del Sr. Alvaro García Avila, habitante de la comunidad de Las Palancas, ubicada aproximadamente a 50 km. de Vallecitos de Zaragoza, en la parte de la Sierra del Municipio de Petatlán, quien nos informó que el pasado día martes 9 de junio de este año (antier), alrededor de 200 soldados acompañados de civiles, identificados como sicarios de Rogaciano Alba Alvarez, llegaron a esta comunidad a las 11 de la mañana, en vehículos tipo Hummer, haciendo disparos hacia el poblado, de aproximadamente 15 casas, donde habitan 20 familias.

Alvaro García comentó que los pocos varones que se encontraban en la comunidad huyeron al monte, donde se mantienen escondidos, a la intemperie y sin haber probado alimento hasta el momento. Agregó que hasta el día de hoy los han estado rastreando con helicópteros y que incluso ya van tres veces que los balean desde el aire,
A nombre de los 8 campesinos que se encuentran en el monte, Alvaro García manifestó su preocupación por el estado en que se encuentran sus esposas e hijos, pues saben que los militares y los sicarios han destrozado y saqueado viviendas, golpeado a los niños y a las mujeres de quienes tienen temor de que sean agredidas sexualmente.

El niño Omar García de 13 años narró via telefónica también que a el y a otro niño de nombre Cesar los sorprendieron los militares cuando se encontraban haciendo labores en una casa en construcción en la entrada del pueblo, que aterrados por el ruido de las balas, los motores de las hummers y la presencia de los uniformados, fueron sometidos, amarrados, tapados de la cara y heridos con cuchillos. Narró que la cuatrimoto en la que se habían trasladado a realizar sus labores, fue aplastado por una Hummer y vieron como robaban y destruían otras más. Mencionó que entre gritos e insultos, le preguntaban por “Ramiro”, al parecer el dirigente del ERPI.

Alvaro García indignado y atemorizado, solicitó a nombre de sus compañeros hacer publica esta denuncia.

Demandamos al Ejército Mexicano la salida inmediata de la comunidad de Las Palancas y garantías para sus habitantes, incluso la reparación de los daños y que sean castigados los posibles excesos y violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde el martes pasado. Que rinda un informe de los motivos de esta acción ilegal.

Alertamos a las organizaciones sociales, organismos civiles y a los organismos oficiales de defensa de los derechos humanos de esta grave agresión a los habitantes de la comunidad de Las Palancas, misma que recientemente sufrieron también los habitantes de Las Joyas y que podría extenderse a otras más, incluyendo La Morena, donde se encuentra Javier Torres Cruz, quien ha venido siendo hostigado desde hace meses junto con su familia por elementos del ejército y sicarios del mismo Rogaciano Alba Alvarez.

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal su inmediata intervención para garantizar el Estado de derecho, brindar protección a la ciudadanía y en espacial a los habitantes de estas comunidades de la Sierra y que si existen delitos que perseguir, se apeguen a derecho sin afectar a la población.

Bernardo Solís Radilla.- Unión Campesina Democrática – Costa Grande

Fco, Javier Monroy Hernández.- Taller de Desarrollo Comunitario A. C.

Chilpancingo, Gro. A 11 de junio del 2009


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


La brutal y sádica represión llevada a cabo por más de 500 policías estatales, metropolitanos, judiciales y una centena de elementos del ejército federal disfrazados de civil y de policías, en nuestra ciudad capital Puebla, no fue en reacción inmediata a las movilizaciones populares-magisteriales del día miércoles 10 de junio, ¡por supuesto que NO!, fue una acción preparada con alevosía y ventaja con la infame intención de parte del gobierno de Mario Marín, de poner fin a las protestas magisteriales-populares por la vía usual de los dictadorzuelos a base de golpes, vejaciones y detenciones arbitrarias para dar un “escarmiento” ejemplar a los “revoltosos”, siguiendo la misma receta de Ulises Ruiz, Zeferino Torre Blanca, Enrique Peña Nieto, Juan Sabines y Marco Antonio Adame, los malos ejemplos de gobernantes represivos cunden con facilidad porque están cubiertos con el manto de la impunidad gubernamental.

Fue una acción de abuso de poder gubernamental preparada y utilizando la fuerza pública contra manifestantes indefensos, como lo muestra el desenlace de los acontecimientos que mientras se reprimía en los locales sindicales y sus inmediaciones, en los alrededores del perímetro del operativo policiaco se desarrolló una redada por parte de agentes judiciales y elementos militares de civil que peinaron la zona y detuvieron indiscriminada y violentamente a todo aquel ciudadano que le pareciera maestro disidente, porque dentro de su limitado desarrollo intelectual al maestro democrático lo equiparan con delincuentes o terroristas.

Mario Marín y su gabinete desde hace rato optaron por la indiferencia y cerrazón ante las justas demandas de los distintos sectores del pueblo, y por el contrario brinda un apoyo irrestricto e incondicional a los grandes empresarios y comerciantes nacionales y extranjeros. Ante esta lacerante desigualdad que hastía a cualquier mujer u hombre con dignidad, la inconformidad imperante en los trabajadores del campo y la ciudad ha estado creciendo y agudizándose, mientras tanto, la cúpula gobernante apoltronada en sus cómodos asientos y lujosas oficinas contenía sus ansias represivas proyectadas como única respuesta, en lugar de buscar soluciones a las justas peticiones populares. Mitigaron su sed de sangre; sus oídos agradecieron los gemidos y gritos de los manifestantes apaleados; sus ojos se extasiaron al ver -varios de ellos personalmente- las escenas donde fueron golpeados y detenidos con saña maestros y miembros de organizaciones populares. ¿Satisfechos señores gobernantes o van a ir por más?, ¿Dentro de su lógica fascista quién sigue?

Las movilizaciones y acciones políticas de masas del movimiento magisterial-popular poblano se ha venido gestando por la forma antipopular y represiva con que ejerce el poder Mario Marín, que se muestra en el aumento del desempleo y subempleo galopantes e incontenibles; la generalización de la pobreza, marginación y la hambruna; la profundización de la miseria y hambruna que crónicamente padecen zonas serranas; pero sobre todo, el desbordamiento del malestar popular, que es ocasionado por el manto de impunidad que cubre a la conducta anticonstitucional del señor Mario Marín y su equipo, desplegado y sostenido desde el gobierno federal con motivo de la alianza tácita que se estableció al ser uno de los primeros ejecutivos estatales en dar el espaldarazo al ilegítimo de Calderón.

Cabe señalar, que el gobierno de Puebla en contubernio con la transnacional Volkswagen y la dirigencias sindicales charras, ha sido uno de los principales impulsores de ese dañino “nuevo rostro” del subempleo formal eufemísticamente llamado paro técnico que impusieron violando claramente el artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de los trabajadores, pero sobre todo a costa de la aceleración de la pauperización de una gran masa de obreros y conexos del ramo automotriz, que a su vez se expande a una capa social de mayor amplitud que sobrevive entorno a esta industria de alcances regionales y no solamente conurbanos, la miseria y el hambre pululan en nuestro estado.

La versión oficial que infructuosamente quiere manipular los repudiables acontecimientos represivos al poner a los manifestantes como que ellos iniciaron el “enfrentamiento” es burda, nunca hubo enfrentamiento, en Puebla tenemos la antitesis de Juárez, ya que éste fue un indígena digno y progresista, Marín es todo lo contrario y su origen étnico no es ninguna garantía para que esté del lado del pueblo como muchos suponen, su actitud es la de un indígena ladino que se pone por conveniencia del lado de los opresores y explotadores.

Es mentira querer desde los medios de comunicación y analistas orgánicos del sistema parcializar el descontento multisectorial que hay en todo lo ancho y largo de nuestro estado, el cual no es solamente magisterial, abarca diferentes sectores y regiones del estado (UNTA, UPVA 28 de Octubre, Suntuap, ejidatarios de Azumiatla, pobladores de Izúcar de Matamoros, Acatlán, Huachinanago, Zacapuaxtla, estudiantes de UAP…) que en últimas fechas se han expresado cotidianamente en la ciudad capital Puebla de los… , porque desde que Carlos Marín tomó el poder dejó el segundo celestial nombre por no irle nada bien, siendo la denominación precisa actual Puebla de los Demonios de Marín.

La marcha y la ocupación pacífica de los locales magisteriales son parte de la jornada de las movilizaciones del magisterio democrático a nivel nacional en contra la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) y particularmente en repudio a la dirigencia formal del SNTE local encabezada por Erick Lara Martínez (Sec. 23) y Cirilo Lara Hernández (Sec. 51), alineadas al gordillismo, quién impulsa un hostigamiento laboral mediante actas administrativas y persecución judicial a maestros disidentes, organizados en el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP).

El CDMP, se constituye con maestros democráticos de las secciones 23 y 51 del SNTE, a partir de la demanda de la supresión de la ACE por privatizadora, antidemocrática y liquidadora de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación que es una conquista social histórica con rango constitucional producto de las luchas sindicales y populares; su conformación obedece al repudio colectivo a la directiva formal local, es decir, charra por no representar y menos defender los interés de los trabajadores de la educación. Cacicazgo sindical que aquí en nuestro estado como en toda la República, utiliza el padrón, infraestructura y dinero del sindicato en la lucha electoral para acumular más poder político y económico mediante el Panal y las alianzas que la asesina de Elba Esther Gordillo teje con el asociado pederasta Mario Marín y el ilegítimo Felipe Calderón.

La injerencia política y violenta de Carlos Marín en este conflicto de orden intergremial es un hecho reprobable y anticonstitucional por intervenir en un asunto que corresponde resolver única y exclusivamente a los trabajadores de la educación, y una clara violación a los derechos humanos por atentar de manera artera y abusiva con la fuerza policíaca-militar armada con toletes, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos y gas mostaza contra la integridad de manifestantes indefensos. La toma y ocupación policíaca de los locales magisteriales es anticonstitucional, así como también, la injerencia del gobierno del estado por ser una acción a favor del grupo de la dirigencia charra gordillista.

La ocupación pacifica de los locales sindicales por parte del CMDP y las consignas de repudio a Elba Esther, la ACE, al Panal y la dirigencia charra local, no son ofensivas para la “sociedad poblana”, ofensivos sí lo son los actos comprobados de asociación delictuosa y pederastia de Mario Marín y su grupo gobernante.

La represión contra los trabajadores de la educación se da en la tónica nacional de la criminalización de la protesta social y la lucha popular, se pretende con la saña caciquil descabezar y someter mediante el terror y la represión masiva y selectiva al legítimo movimiento magisterial y evitar -según su errónea lógica- lo acontecido años atrás en Oaxaca, la vocación represiva de gobernantes como Mario Marín lo ciega al grado de no ver que las protestas y la organización de un pueblo no se termina con la represión por más cruenta que ésta sea.

Por mucho que se quiere contener evitar o ahogar en sangre y fuego, con las detenciones arbitrarias, con desapariciones temporales, con la tortura y con el asesinato de luchadores sociales la voluntad de combatir de nuestro pueblo siempre terminará por romper cualquier dique de contención que se le ponga enfrente.

Todos estamos siendo hostigados, perseguidos y criminalizados por luchar con dignidad y convicción por un México donde no exista la desigualdad de ningún tipo, lejos de inmovilizarnos por el terror de Estado cada quien desde su trinchera de lucha debemos de organizar y mantener firme la resistencia popular, la dignidad política y pugnar por la construcción de la unidad de todo el pueblo contra sus opresores y explotadores.

Compañeros maestros –permítanos decirles así– las movilizaciones y las acciones políticas de masas deben continuar, es un derecho constitucional irrenunciable; ante los hechos represivos la unidad del pueblo es imprescindible, por eso hoy su lucha, que es nuestra lucha debe seguir buscando unificarse con todos los diferentes sectores en lucha; a la represión y la censura gubernamental hay que anteponerle la denuncia política nacional e internacional, levantemos todos juntos juicios populares y empecemos a armar expedientes jurídicos contra los responsables de la brutalidad policíaca y militar. ¡Hagamos de la solidaridad recibida una alianza político-organizativa contra los responsables de la represión!

¡Exigimos respuestas sustantivas del gobierno de Calderón a la Comisión de Mediación!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

Año 45
Puebla de Zaragoza, a 18 de junio de 2009


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Militares matan a na savi en retén; “siembran” droga como excusa

Detienen a indígena por usar botas como las del Ejército; también arrestan al chofer

Revisan un autobús, lo dejan ir, luego ordenan que se detenga, los ignoran y disparan

Hallan 10 paquetes de mariguana que no fueron encontrados durante la inspección

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal La Jornada Guerrero)


Huamuxtitlan, 22 de junio. Sábado 20 de junio, 10:30 de la noche: en un retén militar de más de 30 soldados, en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, el autobús de la línea Sur es detenido por los militares. Uno de ellos sube e informa a los pasajeros que habrá una “revisión de rutina”. Pide a los varones que bajen. Las mujeres permanecen en sus asientos y comienza la inspección.

Pasaron más de 15 minutos. Arriba, un solado se encarga del chequeo minucioso al equipaje. Abajo, otros soldados revisan a los pasajeros.

La inspección “de rutina” concluye sin contratiempos, o al menos eso parece hasta que uno de los soldados nota que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera usa botas tipo militar. El jefe del retén da luz verde al conductor, le dice que todo está “en orden”, pero que el pasajero de las botas tendrá que quedarse, porque su calzado no es de uso civil y constituye un delito. El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados.

Pizano pide al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa. El encargado se niega. Intercambian insultos y después, cuando otro militar apacigua la discusión, el conductor sube el autobús, lo echa a andar y le advierte que es injusta la retención del na savi de Xilistlahuaca, Metlatónoc.

10:50 de la noche: de un silbido, el militar le ordena que se vuelva a detener y Pizano lo ignora. No han pasado más de 100 metros cuando se escuchan las primeras ráfagas que salieron de las metralletas de otros soldados, que estaban más adelante del retén. Los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.

Lunes 22 de junio: en la cabecera de Huamuxtitlán, un vehículo destartalado vende como pan caliente un periódico regional que da cuenta de la muerte del indígena. “Barbarie de militares”, consigna el encabezado principal.

En la cárcel de la ciudad están encerrados, en una diminuta celda, Francisco Pizano Y Porfirio Rubio. Han sido para ambos las 48 horas más largas de su vida porque ninguno sabe exactamente, hasta la fecha, cuál es el motivo de su detención. El sábado a las 11 de la noche, tras la balacera, el autobús se refugió en la terminal que tiene la empresa en Huamuxtitlán. Hasta ahí llegaron, primero, la Policía Municipal, después los soldados del retén, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja .

El lunes por la tarde, en Chilpancingo, según empezaron a reportar los portales de periódicos del Distrito Federal, el Ejército ofreció la versión oficial de los hechos, y subraya dos momentos claves sobre la muerte del indígena de Metlatónoc: primero, que los soldados reaccionaron con disparos debido a que el conductor no se detuvo cuando lo ordenaron; segundo, que cuando inspeccionaron el camión encontraron 10 kilos de mariguana.

Francisco y Porfirio se ven cansados en la celda. Largas han sido las últimas horas. El domingo, por separado, los llevaron a declarar al Ministerio Público de Huamuxtitlán, pero a ninguno le han informado con precisión cuáles son los cargos que enfrentan.

Se habla con ellos a través de las rejas. En su testimonio contradicen las versiones oficiales y dan más detalles de los que sucedió. Pizano –barba crecida y con aliento a cigarrillo– sostiene: “en ningún momento me negué a la revisión, a nada, yo creo que los paquetes fueron sembrados”.

Cuenta que un par de horas después de las ráfagas, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP seguían revisando el camión. “Nos habla el federal y nos dice: venga para acá y en la misma fila de asientos donde estaba el cadáver, pero del otro lado, no estaban ni escondidos ni nada, estaban unos paquetes envueltos en cinta canela. No estaban escondidos, estaban a simple vista.

“Mi pregunta es: si me están revisando en el retén antes, más de 10 minutos, luego, cuando estaban las autoridades, yo vi al señor del MP que se paró prácticamente ahí en los asientos de atrás, él estaba ahí parado cuando estaban haciendo la diligencias, entonces es imposible que no los hayan visto antes, que no los hayan pisado”.

De Porfirio, sus familiares no tuvieron noticias hasta el lunes por la tarde. El domingo permaneció bajo custodia de los militares en Tlapa y después lo llevaron a los separos en Huamuxtitlán.

Hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Ni llamadas por teléfono ni un abogado le fueron concedidos. Los soldados sólo le dijeron: “esas botas (que consiguió en Tlapa, donde se exhiben en varias tiendas) no las puede cargar cualquier persona, son de uso exclusivo de los militares”.

Desde el sábado por la noche Porfirio Rubio anda en calcetines.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En retén militar disparan contra autobús; muere un pasajero

Elementos del Ejército pertenecientes al 93 batallón de infantería, con sede en Tlapa, Guerrero, dispararon la noche del sábado contra un autobús del servicio público de pasajeros y mataron a Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, en un retén que los soldados instalaron cerca de la cabecera municipal de Huamuxtitlán, en la región de la Montaña.

Sobre el trágico incidente se dieron a conocer dos versiones: la oficial, y la de los familiares del ultimado.

La versión de los familiares señala que el camión de la línea Oro, con placas 367-HF7 del Servicio Público Federal, conducido por Emmanuel Franco Pinzón fue detenido en el retén militar, donde se detectó a uno de los pasajeros que portaba botas estilo militar, por lo que fue retenido.

Entonces, el conductor del camión exigió una responsiva a los militares, ya que en la caseta de Huamuxtitlán le pedirían los inspectores de su empresa la relación de sus pasajeros.

Sin embargo, los militares se negaron, por lo que el resto de los pasajeros comenzó a protestar, a lo que los militares respondieron que se subieran al camión y que se fueran, pero cuando el camión arrancó, unos 100 metros adelante, los soldados comenzaron a dispararles

La versión de las autoridades castrenses es que el conductor del camión, quien fue detenido, se negó a detener la unidad en el retén de vigilancia y que los soldados dispararon para obligarlo a detener la marcha.

Uno de los disparos hizo blanco en el pasajero Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, vecino de la ciudad de Tlapa, quien falleció instantáneamente.

Los pasajeros dijeron que fue hasta que llegaron a Huamuxtitlán cuando se dieron cuenta que su compañero de viaje ya iba muerto como consecuencia del balazo.

Chilpancingo • Zacarías Cervantes

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!