Denuncia de presos políticos chiapanecos

A la opinión pública
A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional
A los medios alternativos
A los adherentes a la otra campaña
A la sexta internacional
A las organismos Independientes
A los derechos humanos no gubernamentales y ongs.


Presos políticos de La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, recluidos en el penal no. 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El penal mencionado está sobrepoblado por su capacidad de internos, mayormente de gentes que pagan condenas injustas por el reclamo social entre otros.

El pasado 7 de octubre, las autoridades penitenciarias efectuaron traslados voluntarios, como mencionan su justificación en algunos, pero que no están enterados.

La violación de los derechos humanos sigue siendo palpable para el interno, ya que un conocido servidor de la iglesia católica de oficio artesano y solidario de la Voz del Amate cuyo nombre Juan Collazo Jiménez fue movido en esta operación drástica, a pesar de toda su carencia y su analfabetismo. Por lo cual la Voz del Amate denunciamos públicamente este trato tan atroz e injustificable del compañero indígena ya que el no ha solicitado ningún traslado voluntario.

Por otro lado en forma humanitaria solicitamos al C. Gobernador Juan Sabines Guerrero, su intervención inmediata en el retorno del indígena Juan collazo Jiménez, así también invitamos a los defensores de los derechos humanos internacionales y compañeros de la misma causa a estar pendientes por las situaciones que se generan dentro del penal No. 5 de San Cristóbal de Las Casas.


Fraternalmente

Alberto Patishtán
Integrante de La voz del Amate


Penal número 5 de san Cristóbal de las Casas, Chiapas a 8 de octubre del 2010.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

COMUNICADO URGENTE SOBRE EL CONFLICTO AGRARIO ENTRE JICAYAN DE TOVAR, GUERRERO Y EL JICARAL, OAXACA

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional

A los pueblos de Guerrero y Oaxaca

A los pueblos originarios de México y América Latina

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A la población en general


A pesar de la oportuna denuncia ante los medios de comunicación y las autoridades competentes, de los hechos violentos suscitados entre los núcleos agrarios de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero y El Jicaral anexo de Santiago Tilapa, Municipio de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, vemos con enorme preocupación e indignación la pasividad, negligencia y poca capacidad de reacción que han manifestado durante el transcurso del conflicto, las autoridades agrarias y de seguridad de ambos estados, así como de las autoridades agrarias federales. Más temor nos causan los rumores de intervención armada de El Jicaral contra Jicayán el día de hoy por la noche, considerando que en ella solo se encuentran mujeres, niños y ancianos.

HECHOS

A las once de la noche del día de ayer 7 de octubre de 2010, comuneros de Jicayán de Tovar se encontraban buscando en sus terrenos comunales unos chivos extraviados en el área de conflicto con el pueblo de El Jicaral, cuando fueron agredidos con armas de fuego por parte de pobladores de esa comunidad desde el lado de Oaxaca, quienes cruzaron el río y eso motivó un enfrentamiento armado que se prolongó hasta las 2-3 a.m. del día de hoy (8 de actubre del 2010). Como resultado de estos enfrentamientos hay un presunto difunto por parte de El Jicaral. Hoy por la mañana se reanudaron los enfrentamientos armados, sin que hasta el momento se sepan sus resultados.

No podemos olvidar que este enfrentamiento se encuentra enmarcado en el conflicto agrario entre estas dos comunidades desde el 2006 y que se ha ido agravando hasta el nivel actual por la incapacidad de las autoridades agrarias de la federación, ambos gobiernos estatales y los municipios implicados. Esto lo decimos porque el conflicto involucra los límites de ambos estados.

EXIGIMOS

• La intervención del Estado, garantizando en todo momento el respeto irrestricto de los derechos humanos, para proteger a la población de Jicayán de Tovar ante la posible intervención armada de pobladores de El Jicaral
• Que se haga valer la resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco, del 23 de junio de 1994, en el que se hace reconocimiento de los derechos de posesión de los bienes comunales de Jicayán de Tovar, Guerrero.
• Que se realice una inspección por parte de las autoridades competentes y organismos civiles imparciales que verifiquen el uso de suelo, para demostrar que no hay asentamientos que generen derechos en los terrenos en conflicto.
• Que se deslinden responsabilidades sobre los hechos armados y del presunto fallecimiento de una persona, considerando que los agresores invadieron terrenos de Jicayán y que sus comuneros actuaron en defensa propia.
• Que el Estado resuelva las necesidades sentidas de los compañeros y hermanos mixtecos de El Jicaral, Oaxaca, sin afectar los derechos y la dignidad de la población de Jicayán de Tovar, Guerrero.


Chilpancingo, Guerrero. 8 de octubre del 2010.


FIRMAN

Autoridades y pobladores de la Comunidad Na Savi de Jicayán de Tovar, Gurrero.
Consejo Indígena y Popular de Guerrero. Emiliano Zapata (CIPOG).

Organizaciones solidarias

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), Frente Popular Revolucionario (FPR), Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), Sección 17 del Sindicato Nacional De Trabajadores Minerometalúrgicos de la República Mexicana (SNTMRM S-17), Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), Movimiento Popular Vicente Guerrero (MPVG), Cooperativa La Esperanza de Iguala.

Personalidades

Dr. José Enrique González Ruíz (UACM), Dr. Arturo Miranda Ramírez (UAG), Lic. Francisco López Bárcenas (CE-ACATL. AC),


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Torturas en incursiones policiacas en Guerrero

Policías torturan y preguntan por un hombre de La Laguna a quien acusan de secuestro de Homero Montúfar

Vecinos de la comunidad de La Laguna informaron que los policías preventivos del estado y ministeriales que fueron emboscados ayer (6 de Octubre) iban en persecución de Rubén Santana, a quien acusan del secuestro de Homero Montúfar. Denunciaron que desde el martes, cuando comenzaron la subida a la sierra, en el camino los policías cometieron atropellos contra la población, hay reportes de al menos cuatro golpeados y sometidos a interrogatorios bajo tortura, un detenido y de allanamiento a casas y robo de mercancías.

Según testigos, con los efectivos de la Policía Preventiva del Estado e Investigadora Ministerial, iban civiles armados, que según la denuncia de los vecinos de La Laguna pertenecen a la familia Montúfar, la del presunto secuestrado, que es pariente de dos destacados jefes policiacos de Guerrero: el ex director de la Policía Investigadora Ministerial, Érit Montúfar Mendoza, y el actual secretario de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, Bonifacio Montúfar Mendoza.

Además la familia Montúfar ha sido motivo de atención en los medios a raíz de denuncias sobre atropellos que se le atribuyen en comunidades cercanas a su lugar de origen en el municipio de Coyuca de Catalán. Este diario no pudo conformar con fuentes oficiales en la región el secuestro de Homero Montúfar, pero tampoco obtuvo un desmentido. Se informó que el presunto secuestrado vive en la comunidad de El Coyol, que es hermano del ex diputado del PRD Gildardo Montúfar, actual director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán.

Vía telefónica la hija de Rubén Santana, Marta Santana, en nombre de las familias que viven en La Laguna, pidió que los policías no lleguen a esta comunidad, porque saben que cuando van se meten a las casas, torturan a niños y mujeres, se roban todo lo que encuentran de valor y alimentos, y dejan a los pueblos con miedo.

La joven declaró: “mi papá no anda haciendo mal, no tiene nada que ver con el secuestro. Ya los hombres se salieron y mi mamá también, estamos aquí solas, tenemos miedo, hay cuatro muchachas embarazadas, primerizas, y a una ya mero se le cae el bebé del susto”.

Anoche, esperaban temerosas la anunciada incursión policiaca 12 mujeres de diversas edades, cuatro de ellas jóvenes embarazadas primerizas a poco tiempo de dar a luz. Junto a ellas lloraban siete niños pequeños, porque todos los hombres y los niños más grandes se habían salido a esconderse para esquivar la represión, entre ellos el jefe de las familias, el buscado Rubén Santana, quien durante años ha sido acusado de pertenecer a la guerrilla, en particular al grupo que dirigía en la sierra Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del ERPI, asesinado en noviembre de 2009, aunque esa acusación no se ha probado.

Anoche, según la información que llegó a La Laguna, los policías ya estaban en Hacienda de Dolores, comunidad muy cercana, a menos de media hora en camioneta. Según la versión que obtuvieron “llegó el gobierno a la Hacienda de Dolores, dicen que llegaron esculcando las casas, y que dicen que después van a venir para acá”. Los testigos no definieron si “el gobierno” era policía o Ejército, porque así le llaman a todas las corporaciones armadas, pero sí les dijeron que había policías federales.

Marta Santana se pone el teléfono y contesta sin dudar a cada pregunta. ¿Cómo sabes que buscan a tu papá porque lo acusan del secuestro de Homero Montúfar?, ¿se sabe aquí si Homero Montúfar realmente está secuestrado?, se le pregunta.

“Supimos porque aquí hablaba la esposa y la hija de ese señor, por teléfono. Decían que si no lo soltaban que iban a venir a acabar con todos, con todo el pueblo, hasta con las mujeres y los niños y que iban a matar hasta a los perros. Empezaron a hablar por teléfono hace como un mes, y hace tres días fue la última vez que hablaron, dijeron que era el último chance que tenía mi papá de soltar a ese hombre, porque si no iban a venir a matarnos a todos”.


Las denuncias

Marta Santana dio a conocer la información recabada por testigos de la operación policiaca desde que comenzó el martes en la mañana.

Primero, el martes en la mañana, en la entrada a esta ruta de la sierra, en la comunidad de El Coyol, los policías llegaron a la tienda del señor Arquímides, que cuando los vio saltó una barda para escapar, cayó al otro lado de la barda y ya no se pudo levantar, se teme que alguna lesión grave que lo haya dejado inmóvil. Adentro quedó su esposa, que fue amenazada por los policías de que la iban a matar; le dijeron que iban por Arquímides porque es cómplice de Rubén Santana; de manera violenta trataron de obligarla a que entregara alguna información sobre Rubén Santana, y como no sabía nada se fueron contra la tienda, se llevaron las galletas, refrescos y alimentos no perecederos, y dejaron regadas mercancías ya inservibles como envases rotos.

Después, en el camino agarraron a dos muchachos que iban en una camioneta con víveres para vender en las comunidades de lo alto de la sierra, que quedan de seis a 10 horas de las ciudades de la Tierra Caliente, o más, según la situación de las lluvias. Los comerciantes llevaban harina, galletas, azúcar, sal, y los víveres que allá se consumen. Habían salido en la mañana de Ciudad Altamirano, y en el camino los alcanzó el convoy policiaco, los efectivos les quitaron el carro y los golpearon. A uno de ellos, Juan José Zarco Villa, vecino de la Hacienda de Dolores, de unos 25 años, lo esposaron con las manos hacia atrás. Le preguntaron “si algo había”, en referencia a alguna agresión a los policías, pero él detenido no sabía, y entonces le advirtieron que lo tendrían ahí, como rehén, y lo amenazaron de que si había alguna emboscada contra la operación policiaca, él iba a ser el primero que se iba a morir.

Mientras lo tenían amarrado y esposado lo golpeaban, querían que diera información. Le dijeron que esa operación en la sierra era para “caerle a Rubén Santana, porque él secuestró a Homero Montúfar”.

Al muchacho que iba acompañando a Juan José Zarco Villa, también vecino de Hacienda de Dolores, hijo del ex comisario asesinado, Pablo Mederos, lo soltaron los policías, y golpeado llegó a su comunidad y pudo informar lo que estaba pasando.

Al detenido le quitaron su camioneta y su mercancía, y lo llevaron en el convoy, que fue atacado en la Barranca de las Truchas, todavía muy lejos de La Laguna, a muchas horas, como cinco de camino. Los vecinos de La Laguna afirman que los policías “se tiraron con maleantes”, porque así identifican a quienes atacaron a balazos a los policías, como “maleantes”, y afirman que no son campesinos de aquí, que es gente desconocida porque “aquí muchos han venido a hacer males”.

En La Laguna ya sabían que los policías llevaban cautivo a un joven del vecino pueblo de Hacienda de Dolores, y cuando supieron del enfrentamiento armado enviaron una comisión de mujeres a ver si el detenido no había sido víctima. Los enviados regresaron con la información de que hubo un policía muerto y varios heridos, y que a Juan José Zarco Villa se lo habían llevado detenido a la ciudad, probablemente Altamirano o Coyuca de Catalán.

Ya después del enfrentamiento en el que murieron dos policías, que fue a la una de la mañana, según la información oficial, el miércoles durante el día siguió la operación policiaca, presuntamente para llegar a La Laguna.

La vecina de esta comunidad informó que los efectivos se metieron ayer a El Nopal, a dos o tres horas de camino de La Laguna. Ahí “anduvieron esculcando las casas, preguntaban por el secuestrado y por mi papá”, Rubén Santana.

La operación policiaca siguió por la brecha de la sierra hacia La Laguna. En la tarde ya estaban muy cerca, entraron los efectivos, “el gobierno”, a Hacienda de Dolores, y ahí catearon casas y preguntaban por el secuestro, decían que iban a subir hasta La Laguna a buscar a Rubén Santana.

En la Laguna las mujeres sólo esperaban, y aprovechaban la comunicación con los medios para hacer la petición pública: “que no vengan”.

La agresión policiaca más difundida contra el pueblo de La Laguna ocurrió el 22 y 23 de junio de 2007, cuando efectivos de la preventiva del estado entraron presuntamente a buscar al comandante Ramiro del ERPI, que según la información policiaca el 10 de junio había encabezado un ataque armado que duró más de ocho horas a la comunidad de Las Mesas del Guayabo, presuntamente contra caciques vinculados a la represión a los campesinos, a grupos paramilitares, a la explotación de los bosques y al narcotráfico.

Hace tres años la familia Santana denunció que los policías torturaron a niños y a mujeres para hacerlos confesar dónde estaba Rubén Santana, se robaron todas las pertenencias de valor de las familias, y alimentos, golpearon a mujeres embarazadas, y dejaron las casas destruidas. El caso fue investigado por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, que determinó que sí fueron violados derechos humanos en La Laguna. (Maribel Gutiérrez/El Sur de Acapulco).


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Las sentencias de la CoIDH permitirán a Inés y Valentina [ indígenas guerrerenses violadas por militares en 2002] acceder a justicia negada por México

• Valentina Rosendo Cantú narró lo que el fallo del Tribunal significa para ella, su familia y su comunidad.

• Cejil y Tlachinollan explicaron los alcances y el impacto de estas sentencias; Emilio Álvarez Icaza abundó en la relevancia que tienen para el momento actual.

• Valentina y sus representantes reiteran su exigencia de seguridad para Inés y Valentina

México, D.F., a 4 de octubre de 2010.- Valentina Rosendo Cantú y sus representantes -las organizaciones civiles CEJIL y Tlachinollan- detallaron en conferencia de prensa los contenidos y alcances de las sentencias de los casos de las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú que fueron notificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el pasado viernes 1 de octubre. Esta mañana, en la conferencia, estuvo presente también el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.

Valentina Rosendo Cantú explicó su sentir en este momento en que después de más de ocho años de búsqueda de justicia, vividos en condiciones de adversidad y de riesgo, finalmente la CoIDH le ha dado la razón, estableciendo como un hecho incontrovertible que fue violada sexualmente y torturada por soldados mexicanos. “Por fin se reconoció que siempre dijimos la verdad”, dijo la mujer Me’phaa. Rosendo Cantú también externó algunas de sus más sentidas preocupaciones, compartidas tanto por ella como por Inés Fernández Ortega, y señaló: “Ya que por fin se demostró que siempre dijimos la verdad porque no sabemos mentir, para nosotras y nuestras familias lo más importante ahorita es que nos dejen vivir en paz, con tranquilidad”.

En este sentido, los representantes de Valentina Rosendo Cantú mencionaron que ambas sentencias se refieren expresamente a la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas, dado que la CoIDH consideró probado que durante el proceso de búsqueda de justicia ambas mujeres Me’phaa, sus familias, y las organizaciones que les acompañaron padecieron una ambiente marcado por las amenazas y la hostilidad.

Ahondando en el contenido de la sentencia, La directora de CEJIL Mesoamérica, Alejandra Nuño, explicó que en su resolución la Corte estableció que el Estado mexicano violó el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de Ias víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. Para ello, puntualizó que el Tribunal tuvo que interpretar y aplicar tres tratados internacionales hasta concluir que lo vivido por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fue una violación a los derechos humanos, un hecho marcado por la profunda violencia de género y la discriminación, y un acto constitutivo de tortura.

“Dentro del Sistema Interamericano -señaló Nuño- sin duda las sentencias de Inés y Valentina constituirán un referente ineludible sobre los criterios aplicables en casos donde se documenten violaciones sexuales cometidas por agentes estatales. Se trata de dos sentencias de muy significativa trascendencia para las mujeres en América Latina”.

Los representantes también explicaron que entre las medidas ordenadas por la CoIDH destaca la investigación de los hechos en el fuero civil dentro de un plazo razonable y en condiciones de seguridad; la reforma al Código de Justicia Militar para acotar el fuero castrense; la modificación de la Ley de Amparo para que las víctimas del delito puedan defenderse; un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado a cargo de funcionarios de primer nivel; la publicación de las sentencias en español y Me’phaa, entre otras.

El Director de Tlachinollan, Abel Barrera, enfatizó que las sentencias de Inés y Valentina ponen en evidencia el impacto negativo que genera en los derechos humanos la participación del Ejército en tareas ajenas a su naturaleza, especialmente cuando eso implica desplegarse en comunidades indígenas. “En la Montaña de Guerrero, la militarización que prevalecía cuando Valentina e Inés fueron violadas sexualmente sigue siendo una realidad del presente. La misma CoIDH -señaló Barrera- habla en sus fallos de que en Guerrero las mujeres están en peligro por la violencia institucional castrense. Por eso la reforma del fuero militar es urgente, porque es un modo de afianzar mecanismos para que este poder sin contrapesos que es el Ejército rinda cuentas”.

Al respecto, en la conferencia se reiteró que las sentencias tienen una gran actualidad, pues ejemplifican cuestiones que se presentan cotidianamente en nuestro país como los abusos cometidos por militares que quedan en la impunidad o que se sancionan inadecuadamente; la falta de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia; o los riesgos que se ciernen sobre defensores y defensoras civiles de derechos humanos.

Precisamente por ello, Emilio Álvarez Icaza insistió en que el cumplimiento de la sentencia debe asumirse con seriedad y diligencia por parte del Estado mexicano en su conjunto, con la participación de los tres poderes y los tres niveles de gobierno. “México -señaló el ex - Ombudsman capitalino- de nueva cuenta ha sido puesto en el banquillo de los acusados y sentenciado por la justicia interamericana. Como sociedad civil, todas y todos debemos interesarnos en que estas resoluciones sean cumplidas con prontitud pues las autoridades de nuestro país siguen mostrando reticencias al momento de atender estas obligaciones internacionales.” En este orden de ideas, Álvarez Icaza expresó su preocupación por el estado que guardan las sentencias de los casos Campo Algodonero y Rosendo Radilla.

Valentina Rosendo Cantú, CEJIL y Tlachinollan terminaron haciendo un llamado para que a la brevedad se inicien los trabajos orientados al cumplimiento de las sentencias, y demandaron que estos se realicen de un modo que no exponga a mayores riesgos a Inés, Valentina, sus familias y las organizaciones que les han acompañado.





CUADRO 1.
HECHOS PROBADOS Y DERECHOS VIOLADOS

Hecho probado/Derechos violados

Valentina fue violada sexualmente por soldados mexicanos y dicha violación constituyó un acto de tortura. La agresión también constituyó una afectación en su privacidad e intimidad. La posterior denegación de justicia también le generó sufrimientos y afectaciones.

Derecho a la integridad personal (5 CADH)
Dignidad y vida privada (11 CADH)
Derecho a no ser torturada (1,2,6 CIPST)
Derecho a una vida libre de violencia
(7a CBDP)



La violación de Valentina repercutió en afectaciones a su hija, que dañaron su integridad personal en el aspecto psicoemocional.

Derecho a la integridad personal (5 CADH)



La investigación de los hechos fue irregular y por eso permanece en la impunidad. El Estado no sólo no condujo las investigaciones con la diligencia debida, agravada en el caso por tratarse de violencia contra la mujer; también permitió que una autoridad incompetente como lo es la procuraduría militar investigara, y no brindó a Valentina un recurso efectivo para defenderse de ello. Además, durante la investigación la víctima fue discriminada por su condición de indígena y su seguridad no fue garantizada.

Derecho a las garantías judiciales (Art. 8)
Derecho a la protección judicial (Art. 25)
Estos, en relación con adoptar medidas especiales para investigar la violencia de género (7b CBDP); en relación con el deber de armonizar el derecho y las prácticas internas (2 CADH); y en relación con el deber de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación (art. 1.1).


Siendo Valentina una niña al momento de los hechos, el estado incumplió con su deber de adoptar medidas especiales para protegerle y dirigir la investigación conforme a ello.

19 de la Convención Americana.





CUADRO 2
REPARACIONES

Reparación ordenada/Observaciones

Investigación eficaz de los hechos

En el fuero civil
Seria y efectiva
Dentro de un plazo razonable
Con participación de la víctima
Considerando su identidad étnica
Sin exponer a Valentina a nuevos riesgos



Sanción disciplinaria a las autoridades de la Procuraduría de Justicia de Guerrero que actuaron con negligencia y al médico que no dio aviso de lo ocurrido

En un plazo razonable



Adecuar el derecho interno: modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar

Además de la modificación legal, la Corte señala que debe modificarse en la práctica la interpretación que los jueces han seguido al revisar la aplicación de esta norma. El fuero militar debe dejar de ser personal y cumplir con el criterio de excepcionalidad en razón de materia.



Adecuar el derecho interno: reformar la ley para que las víctimas cuenten con un recurso para impugnar la declinación de competencia al fuero militar

El Estado tendrá que reformar la Ley de amparo, específicamente en su artículo 10, así como la aplicación práctica de esta norma por los jueces.



Acto público

Previa consulta a la víctima
Por parte de una autoridad de alto nivel
En Español y Mephaa
Con difusión radial



Publicación de la sentencia

En el DOF
En un periódico nacional de amplia circulación en español
En un periódico de Guerrero de amplia circulación en español y mephaa
En radio en mephaa



Protocolo para investigar violencia contra las mujeres

Seguir adecuando los existentes



Capacitaciones a servidores públicos: ministerios públicos, jueces, policías, médicos

Mejorar las existentes a partir de la sentencia



Capacitación a militares

Mejorar las existentes a partir de la sentencia



Atención psicológica y de salud

En consulta con la víctima



Becas

Para Valentina y su hija, hasta el nivel escolar que deseen



Fortalecimiento del Centro de Salud de Caxitepec

Dotarlo de recursos y personal, y capacidades para atender casos de violencia de género



Fortalecimiento del MP de Ayutla

Dotarlo de recursos y personal, y capacidades para atender casos de violencia de género



Indemnización

Daño material
Daño inmaterial



Costas

Las generadas a CEJIL, Tlachinollan y Valentina.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

REPORTAN ENFRENTAMIENTOS POR CONFLICTO AGRARIO EN COSTA CHICA [GUERRERO] Y LIMITES DE OAXACA

El día de ayer jueves 7 de octubre del 2010, alrederor de las 11 y media, nos reportan un enfrentamiento armado entre habitantes de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca y de El Jicara, anexo de Santiago Tilapa, Municipio de San Pedro Jicayán del Estado de Oaxaca. A las 2 de la mañana de éste viernes 8 de octubre se reportaron 3 indígenas desaparecidos de Jicayán de Tovar. Estamos en espera de una comisión para dar mas información en la mañana de éste viernes 8 de octubre.

Javier Monroy - TADECO

2:20 a.m. del 8 de octubre del 2010


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado Comité “Hasta Encontrarlos”

Morelia Michoacán a 24 de septiembre del 2010

En el marco de la campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada que se inicio el 30 de agosto día internacional del detenido desaparecido el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” ha realizado varias actividades en la ciudad de Michoacán con motivo de conmemorar el tercer aniversario de la detención –desaparición del defensor de derechos humanos José Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia Michoacán.

Por ello informamos a todo el pueblo de México, a las organizaciones de familiares de desaparecidos, y a las organizaciones de derechos humanos que el día 23 de septiembre los familiares de desaparecidos del Estado de Michoacán, el comité Hasta Encontrarlos y organizaciones solidarias realizamos un ayuno ante congreso local del Estado de Michoacán para solicitar que los Diputados de varias fracciones formaran una comisión para revisar las iniciativas de ley que han estado congeladas durante años, sobre los delitos de lesa humanidad, en particular sobre el delito de la Desaparición Forzada de Personas, lo cual favorablemente se pudo lograr.

En reunión con los diputados José Antonio Salas Valencia presidente de la comisión de justicia del PAN, Juan Carlos Campos Ponce presidente de la comisión de seguridad publica del PRI, Enrique Bautista presidente de la comisión de Gobernación del PRD se planteo la preocupación y la necesidad imperante que existe en el Estado de legislar en materia de desaparición forzada por la gravedad y el incremento de estos casos. Los diputados de los diferentes grupos se comprometieron a formar dicha comisión y se acordó lo siguiente:

1.- Que las comisiones encargadas de dictaminar las iniciativas presentadas al congreso de Michoacán en materia de personas detenidas desaparecidas de manera forzada, se comprometan a recuperar las iniciativas de ley en cuestión para someter a estudio, dictamen y consideración del pleno de este congreso.

2.- Se comprometen así mismo a revisar la propuesta que los familiares de desaparecidos envíen, para la celebración de un foro internacional con la participación de expertos en la materia para la construcción y enriquecimiento de una ley que prevenga, sancione y erradique la desaparición forzada de personas, esto se hará en conjunto con el congreso del Estado.

3.- Se acordó que la comisión del congreso del Estado y los familiares se reunirán el 20 de octubre del 2010 para revisar los avances de los puntos señalados en esta reunión.

Además de esto, los familiares hicieron entrega de dos iniciativas de ley anteriormente ya presentadas, en materia de desaparición forzada de personas, mismas que los diputados se comprometieron a revisar en un tiempo de un mes y discutirla con los familiares en la próxima reunión acordada.

Por lo anterior, solicitamos a las organizaciones de derechos humanos, de familiares de victimas de desaparición forzada y a las organizaciones populares a que en conjunto exijamos que esta iniciativa sea un hecho a nivel nacional, por ello hacemos un llamado para que en aquellos Estados en los que aun no se legisle en esta materia lo hagan, ya que es importante poner un alto en estos momentos a estos terribles crímenes de lesa humanidad y castigar a los responsables.

Los convocamos a enviar cartas y pronunciamientos al correo hastaencontrarlos@gmail.com y redeheri@hotmail.com para presionar al congreso y agilizar la aprobación de la ley en materia de desaparición forzada en el estado de Michoacán.

¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!

¡Desaparecidos Presentación!


Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

A tres años de la detención desaparición del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz

México, D.F., a 24 de septiembre de 2010

Este 26 de septiembre de 2010 se cumplen tres años de la detención desaparición de José Francisco PAREDES RUIZ, defensor de derechos humanos miembro cofundador de la Fundación Diego Lucero A.C. ), que es una organización que trabaja en defensa de los derechos humanos en México especialmente para el esclarecimiento de los 1.300 casos de desaparición forzada de personas de la llamada Guerra Sucia, la recuperación de la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y en propuestas de modificaciones legales en materia de derechos humanos.

Como ha sido denunciado por sus hijas, compañeros y organizaciones de derechos humanos, el 23 de septiembre de 2007, Francisco PAREDES RUIZ, participó en los actos conmemorativos de esa fecha en Madera, Chihuahua, y el día 25 ya estaba de regreso en Morelia.

El día 26 las últimas noticias que se tienen de él son una llamada, a través de celular, realizada a una de sus hijas aproximadamente a las 6 y media de la tarde para avisarle que ya iba hacía su casa, así como visitas a su padre y hermanos. Pero no llegó a su hogar y el día 28 cerca de su domicilio fue localizada su camioneta abierta.

A tres años de su desaparición, se han realizado diversas gestiones ante dependencias estatales y federales, gubernamentales y de derechos humanos, sin que hasta la fecha se tengan respuesta satisfactoria. Es lamentable que a pesar de que el gobierno mexicano es firmante de los instrumentos internacionales que ponen fin a la práctica de la desaparición forzada considerada crimen de lesa humanidad y crimen de Estado, los encargados de impartir justicia en contra de este delito no tengan sensibilidad ante un caso tan grave como el descrito, destacando la negligencia de las autoridades en las horas más valiosas para actuar en defensa de la víctima.

En síntesis, a tres años de la desaparición de José Francisco PAREDES RUIZ a pesar de múltiples acciones llevadas a cabo por las hijas de la víctima y organizaciones de derechos humanos, no hay avances en las averiguaciones previas de las autoridades judiciales de la Federación y del estado de Michoacán.

Queda demostrado, una vez más, que en México no existen instrumentos jurídicos ni voluntad política para lograr la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Ante la denegación de la justicia en nuestro país los familiares y organizaciones de derechos humanos recurren a las instancias de la justicia universal de manera que se avance en el camino de la verdad y se ponga fin a la impunidad.

En este sentido, es importante destacar la resolución condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, sucedida en 1974 en el estado de Guerrero, al tiempo de alertar sobre las intenciones de autoridades gubernamentales e incluso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de incumplir y mediatizar la sentencia.

En el México actual en el que el valor de la vida humana se ha degradado y se reactivan graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la aberrante práctica de la desaparición forzada que en los últimos años alcanza a opositores políticos, lideres sociales, activistas de derechos humanos y personas a las que se involucra en actividades del narcotráfico, no se debe de disminuir la exigencia de justicia.

Para nosotros la desaparición de Francisco PAREDES RUIZ, como la de todas las victimas de este aberrante delito de lesa humanidad, no es simplemente una cifra más en la estadística de los casos sin resolver, se trata de la vida de un compañero que no debe de ser relegada a la erosión del tiempo, a la gaveta del olvido de la cómplice (in)justicia mexicana.

También se demanda, en aras de evitar que se repitan casos como el de Francisco, que el Congreso de la Unión retome y apruebe el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, al tiempo que el Senado elimine las dos restricciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que eluden el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad y garantizan impunidad a los elementos del Ejército involucrados en esos crímenes, al no permitir que sean juzgados por tribunales civiles al acogerse al inconstitucional fuero militar.

¡Presentación inmediata de Francisco Paredes Ruiz!

¡Garantía a su integridad física y psicológica!

¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!

¡Verdad y Justicia! ¡No a la impunidad!



Fundación Diego Lucero, A.C.
Comité “Hasta Encontrarlos”
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
Nacidos en la Tempestad, A.C.
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua
Comité del 68, Pro Libertades Democráticas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos y Todas" (conformada por 70 organizaciones)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos
Asociación de los Derechos Humanos del Estado de México
Coordinadora Popular 28 de Mayo
Asociación Nacional de Abogados Democráticos
Comité Cerezo México
Red de Defensa de los Derechos Humanos, Puebla, México.
Movimiento Libertario Lucio Cabañas Barrientos (Coahuila)
Secretaria de Derechos Humanos del PRD, Coahuila.
Izquierda Democrática Popular:
David Cabañas Barrientos
Felipe Edgardo Canseco Ruiz
Hermenegildo Torres Cruz
Pablo Torres Hernández
Enrique Itehua Salas
Rey Venegas Castro
Italo Ricardo Díaz Díaz
Rubén Díaz Díaz
Bonifacio Ramírez Carmona


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

LLAMADO URGENTE PARA DETENER EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO TRIQUI

1. En la madrugada del día de ayer, lunes 13 de septiembre, los paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), junto con los de la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT), retomaron el Palacio municipal de San Juan Copala.

2. Desde ese momento y hasta la fecha no has cesado de disparar con armas de fuego de grueso calibre sobre nuestros compañeros que se han negado a abandonar sus hogares, a pesar de la violencia. No quieren hacerlo porque es parte de su vida, ahí está su pasado y su futuro, no lo imaginan fuera de ahí, sin sus santos y sus muertos. Prefieren morir ahí con ellos que abandonarlos.

3. Como resultado de esas agresiones el día de hoy, 14 de septiembre, fue herida de gravedad la compañera María Rosa Francisco, la misma compañera que en días pasados estuvo secuestrada por los paramilitares del MULT. Ninguna autoridad, ni federal, ni estatal ni municipal, quiere entrar a sacar a la compañera para que reciba atención médica. Los compañeros no lo pueden hacer porque los agresores siguen disparando.

4. Como saben que sus actos resultan impunes por el apoyo que reciben del gobierno del Estado, los paramilitares están gritando desde sus posiciones que los habitantes de San Juan Copala tienen 24 horas para abandonar sus hogares o de lo contrario serán asesinados. No creemos que sea una simple amenaza, ya en meses pasados hicieron una acción similar en San Miguel Copala, donde asesinaron a doce compañeros en la mera cancha municipal.

5. Ante esta situación desesperada hacemos un llamado urgente a todos los personas de buena voluntad, a las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos sociales, a todo aquellos que crean que los triquis merecemos vivir dignamente, que hagan cuanto esté en sus posibilidades para denunciar esta situación; exijan al gobierno otorgue garantías a los copaltecos y se detenga a los asesinos. Es muy urgente compañeros, mañana ya no será posible.

Quince horas del día 13 de septiembre del 2010

El municipio autónomo de San Juan Copala


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Secuestran a dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana en Tecpan de Galeana, Guerrero

Compañeroas:

El día de hoy a las 10 de la mañana fue secuestrado en su domicilio en la localidad de Papanoa, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, el compañero Víctor Ayala Tapia, dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana de Tecpan y miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, en un acción concertada entre cuerpos policiacos y paramilitares. El hecho se dio después de que dos patrullas mantuvieron una sospechosa vigilancia en las cercanías del domicilio durante varias horas y coincidentemente se retiraron al momento en que llegó una camioneta Lobo blanca 4x4 sin placas y de la cual descendieron hombres con aspecto militar vestidos de civil.

Exigimos a las autoridades estatales y municipales su intervención inmediata que sea localizado, les sean garantizados sus derechos y se respete su integridad física y moral. A las organizaciones sociales y organismos civiles defensores de derechos humanos, su solidaridad y apoyo


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Denunciamos intimidación telefónica a familiares del Dr. Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria

Compañeroas:

Alertamos a la opinión pública, a las organizaciones sociales y organismos defensores de derechos humanos sobre las intimidaciones que vía telefónica han recibido familiares del Dr. Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, investigador universitario y miembro del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Esto ha sucedido en los días recientes a través de llamadas del teléfono celular 7474992313, entre otros que no han podido ser identificados, mediante las cuales les han solicitado información personal del Dr. Arturo Miranda a nombre de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Como todos sabemos, el Dr. Arturo Miranda es una figura pública reconocida en el movimiento social, en el ámbito universitario y plenamente identificado por las dependencias del Gobierno Estatal, por lo que resulta extraño que a través de terceros se le trate de localizar y conocer de sus actividades. En nuestra opinión y por las experiencias que hemos tenido los miembros del Taller de Desarrollo Comunitario, entendemos que estas llamadas pueden corresponder a una estrategia de intimidación, desmoralización y atemorización que pretende provocar desconfianza entre los familiares directos y amigos cercanos del Dr. Miranda para aislarlo y hacerlo fácil presa de cualquier acto de represión.

Exigimos a las autoridades gubernamentales que esclarezcan estos actos de intimidación, que informen en tal caso si la Secretaría de Gobierno tiene algún asunto que tratar con él, que investiguen y aclaren el origen de tales llamadas y que en su caso brinden las garantías necesarias para salvaguardar la integridad física y moral de el mismo y su familia. Llamamos a las organizaciones sociales, organismos civiles defensores de derechos humanos, a los universitario y a la sociedad en su conjunto a manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el Dr. Arturo Miranda Ramírez.

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!