“Patraña” que Torreblanca vincule al ERPI en el asesinato de Chavarría, dice la viuda

El asesinato del diputado del PRD en 2009 fue ordenado desde altas esferas del poder, asegura

Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 28

Chilpancingo, Gro.,19 de agosto. A un día de que se cumplan dos años de la ejecución del diputado del PRD Armando Chavarría Barrera, su viuda Marta Obeso calificó de “patraña” que en su momento el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo haya pretendido vincular a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el crimen de su esposo.

El pasado jueves, el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, señaló que el testigo Raúl Jiménez García, presuntamente señaló a Ramiro, comandante del ERPI, como autor intelectual del crimen, testimonio que fue desechado por el Poder Judicial de la Federación mediante el juzgado de distrito, y confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito.

Entrevistada en el homenaje luctuoso a Chavarría en un parque de esta capital, que estuvo presidido por el edil priísta de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, señaló que Torreblanca “con esa patraña buscaba afectar a miembros del ERPI con esta salida que pretendía dar al caso”.

Recordó que han pasado 729 días desde el asesinato, por lo que demandó al gobierno estatal esclarecerlo. “Este gobierno (el de Ángel Aguirre) llegó con el bono democrático de miles de guerrerenses, ávidos de justicia, porque (con el crimen de Chavarría) fue descabezado nada menos que uno de los poderes del estado de Guerrero, que representa la voluntad ciudadana”.

Obeso se refirió a lo expresado por el procurador Alberto López de que por órdenes superiores se mandó desaparecer un desglose del expediente y “eso pensamos el mismo día que ocurrió el atentado, y dijimos que teníamos la percepción de que fue un crimen de Estado, perpetrado desde las altas esferas del poder”.

Consideró: “Si el gobierno retiró días antes la seguridad que le otorgaba, eran signos ominosos; yo lo percibía, y lo hablamos con Armando. Creo que fue un asesinato planeado, lo ejecutaron desde el poder, siempre lo he dicho, y si no que demuestren lo contrario”.

Exigió la comparecencia de Torreblanca, “pues él dijo que sabía lo que había ocurrido, que había 99 por ciento de avances en la investigación, y solo faltaba detener a los culpables; pues que diga lo que sabe”.

Astudillo demandó esclarecer el crimen y definió a Chavarría como hombre de izquierda, comprometido con sus ideas y convicciones “por eso nos hace falta para mediar en los conflictos”.


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Policías de EU entrenarán a los de León y SLP

Capacitarán en Chihuahua a 190 preventivos tamaulipecos; en Juárez contratarán 2 mil 600 agentes

De los corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 29

Fuera o dentro de México, policías de Estados Unidos entrenarán a agentes municipales de León, Guanajuato, y de la capital de San Luis Potosí, como exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, informaron ayer fuentes oficiales.

Además, 190 policías preventivos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron enviados a Santa Gertrudis, Chihuahua, donde serán capacitados, mientras en Ciudad Juárez el ayuntamiento anunció la contratación de 2 mil 600 nuevos elementos que se sumarán a otros tantos con los que ya cuenta la corporación.

Juan Felipe Sánchez Rocha, director de Seguridad Pública Municipal de la capital de San Luis Potosí, informó que un grupo de agentes será enviado pronto a Estados Unidos para recibir capacitación sobre desempeño operativo, sistema de justicia penal y juicios orales.

Se pretende enviar a los agentes municipales a Dallas, Austin y Houston para que aprecien y sepan cómo se instrumentan los juicios orales que en breve se pondrán en práctica en San Luis Potosí, dijo el funcionario.

Mientras se aprueba el sistema de colaboración, los policías aprenden inglés y se revisa la logística que incluye hospedaje y costos de su estancia en el país vecino, agregó.

En León, Guanajuato, el secretario de Seguridad municipal, Salvador Echeveste Guerrero, reveló que la empresa Cinco G. Consultores –contratada por el ayuntamiento para estructurar un equipo de ataque y armas especiales, conocido como SWAT– está integrada por personal de la Oficina Federal de Investigación y de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

A pregunta expresa, justificó que por cuestiones de seguridad no se licitó el contrato por 5 millones 835 mil 500 pesos que se adjudicó a CGC para integrar el grupo táctico, como acordó el 11 de agosto el ayuntamiento de mayoría panista.

El secretario de Seguridad Publica de Ciudad Juárez, Chihuahua, Julián Leyzaola Pérez anunció a partir de octubre la contratación de 2 mil 600 nuevos agentes, que se sumarán a los que ya tiene la corporación. De los casi 3 mil policías que tenía la corporación al iniciar esta administración en octubre pasado, han sido despedidos 300 elementos por falta de confianza, corrupción entre otras anomalías.

Vicente Sánchez, Carlos García, Martín Sánchez y Rubén Villlapando


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Impune, la matanza de copreros ocurrida hace 44 años en Guerrero: líder del ramo

Se pretendía acallar protesta por impuestos; el saldo fue de 35 muertos

Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 28

Acapulco, Gro., 19 de agosto. El gobierno nunca castigó a los culpables de la masacre de copreros ocurrida el 20 de agosto de 1967 en este puerto, reprochó Jorge Luis Salas Pérez, presidente de la Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados de Guerrero.

Recordó: “A las 10 de la mañana de ese día, matones a sueldo que en su momento fueron identificados, dispararon contra cientos de personas que acudían a la sede de la unión de copreros para participar en una asamblea regional que discutiría el futuro de la organización. El saldo: 35 personas muertas y 150 heridas.

“Nunca se castigó a nadie”, lamentó Salas Pérez, mientras mostraba fotos en blanco y negro de la masacre, entre las que se observa caer abatido a un niño que vendía paletas, y una panorámica donde sobresalen los tiradores ubicados en puntos claves y entre la multitud.

De los hechos culpó al entonces gobernador Raymundo Abarca Alarcón, quien quería evitar que los campesinos protestaran por los impuestos a su producción, y a los acaparadores que fijaban el precio de la copra a su conveniencia.
El conflicto se debió al resquemor de los empresarios debido a la fuerza adquirida por la unión, pues ésta “pagaba a 3.50 pesos el kilo de la pulpa del coco y los acaparadores lo pagaban a 50 centavos, estaban robando”, dijo.

Empresarios, políticos y acaparadores le tenían miedo, pues ya integraba a mil 800 socios, principalmente de la Costa Grande.

Entonces, como preámbulo de la matanza, los caciques encabezados por Rosendo Ríos Rodríguez tomaron la sede de la unión. Sacaron a los administradores de la sede “y saquearon las instalaciones y las cuentas bancarias y así llegó el 20 de agosto”.

Finalmente señaló que apenas inicia el repunte de la copra, pues la están pagando 15 pesos el kilo.


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Semarnat autoriza a Minera San Xavier reanudar la extracción de oro y plata

Le concede permiso de impacto ambiental que le había revocado por segunda vez

Durante dos años opositores denunciaron que la empresa degradaba la ecología de Cerro de San Pedro



Accesos cerrados a la Minera San Xavier, empresa filial de la canadiense New Gold, ubicada en San Luis Potosí. Abajo, panorámica de Cerro de San Pedro, durante la explosión de dinamita que la minera realiza en sus labores de extracción de oro y plata. Foto Archivo La Jornada

Vicente Juárez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 27

San Luis Potosí, SLP, 19 de agosto. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa Minera San Xavier (MSX), de capital canadiense, el permiso de impacto ambiental con la finalidad de que continúe sus operaciones de extracción de oro y plata en Cerro de San Pedro, municipio del mismo nombre, informó Alfredo Sánchez Azúa, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El funcionario aseveró que la autorización a la minera le fue otorgada la semana pasada, e indicó que ahora corresponde a la Profepa revisar que MSX, filial de la canadiense New Gold, cumpla con la normatividad ambiental exigida a todas las empresas de este tipo.

Hace dos años, como resultado de procedimientos legales de opositores a la operación de la compañía, la Semarnat revocó por segunda ocasión la autorización de la manifestación de impacto ambiental que permitía la operación de MSX. Entonces fue clausurada por la Profepa, pero se amparó, por lo que la extracción de metales en ningún momento se detuvo.

Desde el 10 de agosto pasado se informó que las condiciones que llevaron a la Semarnat a revocar dicho permiso a la planta habían “desaparecido”, pues en marzo pasado, el gobierno de San Luis Potosí publicó el decreto del plan de desarrollo urbano de tres municipios, entre ellos Cerro de San Pedro, con lo cual cambió el uso de suelo del área que explota la MSX el cual, desde 1993, era de restauración de la vida silvestre.

Con esta modificación se eliminó dicho uso y se permitió la actividad minera, ante lo cual los opositores presentaron un nuevo amparo, el cual quedó anulado en los hechos.

Durante más de dos años, los opositores dieron la pelea contra MSX con acciones simultáneas en San Luis Potosí y la ciudad de México a fin de evitar que continuara sus actividades que, dijeron, contaminan y degradan el medio ambiente del municipio Cerro de San Pedro y de paso el de San Luis Potosí.

El principal argumento contra su operación era que los trabajos son a cielo abierto, pues esta práctica ha sido censurada en varios países por sus elevadas afectaciones al medio ambiente, en particular por la contaminación de los mantos acuíferos, así como por su alta toxicidad por el uso y desecho de cianuro y metales pesados para la extracción de oro en muy pocas cantidades de toneladas de tierra.

Por esas fechas el Frente Amplio Opositor clausuró simbólicamente la mina, en demanda de que se cumplieran los fallos de los tribunales, que en todos los terrenos han ganado e ilegalizado la mina junto a sus trabajos a cielo abierto.

Sin embargo, “en complicidad” con las autoridades sanitarias, ambientales y judiciales, según los opositores, MSX siguió operando, acorde con el alza del precio de oro, y hoy son responsables de una avanzada destrucción del cerro de San Pedro, que en otros tiempos diera nombre a la ciudad y al estado mismo, denunciaron.

Sólo durante 2010 la producción de oro, sin permisos ambientales, fue 24.2 por ciento superior a la obtenida en 2009. La extracción total sumó 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas) de oro, que tienen un valor de 145.6 millones de dólares, de acuerdo con el informe anual 2011 de la Cámara Minera de México.

En diciembre pasado, la minera argumentó que la inversión total estimada para el proyecto asciende a mil 300 millones de pesos, la cual ya se ejecutó a la fecha. Los gastos de financiamiento promediados durante la operación representan 28 millones de pesos anuales en salarios, 250 millones en bienes y servicios y derivados del pago de impuesto 14 millones, por lo cual los gastos totales durante la vida del proyecto ascenderán a 2 mil 476 millones de los cuales 126 millones son por concepto de impuestos.

A últimas fechas los opositores a la MSX habían mostrado bajo perfil, pero se prevé que las protestas recobren fuerza cuando se enteren que MSX volverá a operar.


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Macro-complejo en montes azules abuso sobre los campesinos

En de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), la primera de su tipo decretada en México y considerada por las autoridades ambientales “zona prioritarias para la conservación”, está por comenzar la construcción de un macro-complejo hotelero, sin el consenso de los pobladores y sin perseguir un verdadero desarrollo sustentable. Durante 2010 la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y empresarios privados, negociaron con los pobladores del ejido Emiliano Zapata, cuyas tierras colindan con la laguna Miramar (que es vital para la conservación), la concesión de cuatro hectáreas de terreno para la construcción del complejo y el derecho de explotación turística de la laguna por los próximos 30 años.

Varios observadores señalan que las medidas de reubicación y desalojo de poblaciones rurales –sobre todo indígenas– asentadas “irregularmente” en la RIBMA (esto es, instaladas con posterioridad a su decreto, en el año de 1978) buscan expulsar a la población para posteriormente explotar las zonas en términos turísticos o comerciales (como reservorios de diversidad biológica o para la producción de monocultivos).

Lo anterior, particularmente en el caso de las localidades “irregulares” cercanas a las lagunas Suspiro, Ocotal y Ojos Azules (donde se encuentran las comunidades de posible reubicación, Seis de Octubre y Nuevo San Pedro). Y la situación puede extenderse a un puñado de otras localidades “irregulares” (tales como, Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Benito Juárez y Ranchería Corozal).

Así, la construcción del complejo turístico en la laguna Miramar le da la razón a quienes interpretan los procesos que tienen lugar en la selva Lacandona, en términos de privatización y subordinación. Las autoridades ambientales, que han avalado este proyecto no buscan vincular a las poblaciones locales con los beneficios y responsabilidades de la conservación, sino que, con sus acciones de facto, resultan corresponsables de los procesos de apropiación de zonas estratégicas de la Selva Lacandona.

En tal tenor se inscribe el desarrollo de centros de ecoturismo en manos de empresarios, o la reconversión de amplias zonas al monocultivo (de palma africana, o de jatropha para la producción de biocombustibles, entre otras plantaciones).

Los pobladores afectados dan cuenta de cómo se determinó el proyecto del complejo hotelero y de sus antecedentes:

El ejido Emiliano Zapata obtuvo su Resolución Presidencial en 1969. El decreto de la RIBMA, que comprende parte de las tierras del ejido, es posterior. El ejido tiene aptitud para la producción agropecuaria y el ecoturismo: tierras planas, agua abundante y un atractivo turístico inigualable. Suman 850 habitantes del ejido; son hablantes de ch’ol y de tzotzil en proporciones semejantes. Son milperos que producen para su propia alimentación. La ganadería es lo único que mandan al mercado. Son muy pocas las familias que no tienen al menos a uno de sus integrantes emigrado, trabajando fuera de la comunidad, muchos en Estados Unidos.

En 1999-2000, los ejidatarios construyeron seis cabañas rústicas, financiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Pueden albergar a 30 huéspedes y se ubican en la cabecera del ejido, distante a 5.5 kilómetros de la laguna. Para su administración, se constituyó la Sociedad de Ecoturismo de Zapata, Laguna Miramar, la cual cuenta hoy con 125 integrantes, o sea la mayoría de los ejidatarios (salvo un pequeño número de ellos, que renunció a su participación por no resultarles redituable económicamente). No existe otra opción permanente de empleo remunerado en el lugar.

La laguna Miramar es el indiscutible atractivo de la zona. Por ello, en general, los turistas no se hospedan en las cabañas y prefieren acampar o instalar hamacas en la laguna; donde no hay mayor infraestructura para albergarlos. Por ello, en 2002-03 los ejidatarios solicitaron a la CDI y a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la instalación, en las inmediaciones de la laguna, de diez cabañas similares sobre 500 metros cuadrados. También pidieron la construcción de un camino “saca cosechas”; que serviría tanto para acceder a sus parcelas y potreros de la zona, como para mayor facilidad de acceso a los turistas.

Ambas solicitudes fueron denegadas reiteradamente entre 2004 y 2009 por la Semarnat con el argumento de la importancia de la laguna para la conservación ambiental regional.

En 2010 la Sectur informó a los habitantes de Emiliano Zapata que el proyecto de las cabañas sí era viable pero no en la forma modesta que había sido solicitado, sino como un gran complejo hotelero, en un área de 40 mil metros cuadrados (que será concesionada por los ejidatarios) distante de la laguna en poco más de un kilómetro.

El proyecto implicará 22 millones de pesos de inversión pública y privada. Se prevé la construcción de una carretera para acceder al complejo en aras de una mayor comodidad y afluencia de los turistas. Sobre los estudios de impacto ambiental y la autorización de la Semarnat, la Sectur señaló a los ejidatarios que no tenían por qué preocuparse, pues ya aquélla había efectuado los estudios respectivos y signado la autorización del proyecto.

La donación por 30 años de las cuatro hectáreas de terreno y el derecho a explotar turísticamente la laguna tendrían varias etapas: durante los diez primeros años, los empresarios turísticos que efectuarán parte de la inversión no podrán ser removidos de la administración del complejo, pero la directiva de la Sociedad de Ecoturismo de Zapata podrá formar parte de la administración, y recibir diez por ciento de las ganancias. Luego de ese plazo, los ejidatarios tendrán la opción de administrar el complejo, “siempre y cuando” se hayan capacitado (no hay claridad sobre el grado de capacitación que se demandará). De no lograrse la capacitación, la administración continuará en manos de los mismos u otros empresarios en los siguientes diez años. Concluido ese tiempo (ya en el año 2031-2032), nuevamente se abrirá la ambigua posibilidad del cambio de administración, de cara al último periodo de posesión contemplado en el convenio (que concluirá en 2041-2042).

La Sectur ofreció la creación de fuentes de empleo, pavimentar las calles del poblado, construir el camino “saca cosechas” antes demandado, arreglar el drenaje, embellecer las casas para una “mejor presentación” a los turistas, y “con el tiempo”, remodelar la primaria y la secundaria locales. Asimismo, las autoridades de Sectur indicaron a los ejidatarios que los turistas vendrían en grandes grupos y como usuarios de paquetes “todo pagado”.

Luego de que los ejidatarios conocieron la propuesta, efectuaron asambleas para discutirla. Los principales temores expresados fueron: perder el control de sus tierras; el que los empresarios “se sientan los dueños”, mientras ellos se convierten “en sus mozitos” (sus sirvientes), y quedar al margen de las ganancias. Informaron a la Sectur que no aceptaban el proyecto. Sin ocultar su molestia, antes de abordar el helicóptero que siempre la transportaba, la “licenciada Mónica”, encargada de la negociación por parte de la Sectur, increpó a los campesinos: “Está bien, si no quieren ser razonables, el proyecto se hará en la comunidad de Benito Juárez”, localidad considerada “irregular”; los ejidatarios de allí sí aceptarían, según la funcionaria, pues ya antes han solicitado proyectos similares.

Ante esa presión, la asamblea se reunió nuevamente, hubo una fuerte discusión, y el sector de la comunidad proclive al proyecto impulsó y logró por mayoría que se aceptara. A principios de 2011 se firmó el convenio entre las autoridades ejidales, la Sectur y el empresario involucrado.

El proyecto está por comenzar, pero la comunidad está dividida, y no sólo entre quienes están a favor y quienes están en contra, sino: los activos promotores, los que simplemente aceptan la propuesta ante la promesa de los empleos que serán generados; aquellos que la rechazan al considerar que perderán el control de sus tierras y quienes apoyan la idea por buscar una indemnización monetaria. También están los que se oponen mientras no haya un consenso. A decir de algunos, los promotores entusiastas del proyecto son las anteriores autoridades ejidales y representan una franca minoría.

Resulta evidente que la Semarnat usó distintos criterios “ambientales” al evaluar el proyecto y solicitud de los ejidatarios y el de la Sectur e iniciativa privada. ¿Por qué esta discrecionalidad en los criterios?

En un texto publicado por la Semarnat (Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito), se señala que la RIBMA es uno de los casos “exitosos de conservación” a cargo de la dependencia, entre otros factores por la generación de distintos proyectos de desarrollo que vinculan a la población local con la preservación del entorno.

El proyecto de la Sectur no genera mecanismos para que las poblaciones asentadas en regiones estratégicas para la preservación ambiental puedan alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, sino que corresponde a planes de largo plazo que aseguran el control de espacios estratégicos a grupos empresariales. No implica otorgar a sectores empobrecidos fuentes de ingreso “seguras y dignas”, sino la reproducción de un modelo que divide a la sociedad entre quienes administran los bienes y conservan 90 por ciento de las ganancias y quienes hacen trabajos precarios y se reparten el diez por ciento restante.

En la lógica empresarial de la Sectur, avalada por la Semarnat, poco importa que los ejidatarios de Emiliano Zapata realicen permanentemente guardias en la laguna para, entre otros objetivos, impedir la cacería furtiva y posibilitar así la conservación de la zona, o el hecho de que, a pesar de encontrarse en una región estratégica, varias de las familias locales tengan al menos a uno de sus miembros trabajando de modo ilegal en Estados Unidos.

Más bien, las enormes carencias de la población ubicada permiten a estas autoridades presionar a los pobladores para que acepten posiciones secundarias en sus tierras y en los proyectos que ellos mismos han gestionado.

Fuente: La Jornada del Campo. Agosto 20 de 2011.


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Ni PRI, ni PAN, ni PRD

¿Qué reclama el PAN si es igual o más corrupto que el PRI? Y el PRD va por el mismo camino
Pedro Echeverría V.

1. El PRI gobernó México 70 años, siendo una de las dictaduras presidenciales más largas en el mundo. El PAN sólo ha gobernado desde la Presidencia once años y han sido igual de corruptos y pro empresariales a las siete décadas gobernadas por el PRI. El PRD no ha ocupado la Presidencia pero sus gobernadores en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Michoacán, han demostrado estar hechos con el mismo molde y barro que priístas y panistas. Lo único que garantizan esos tres partidos es la continuidad de la corrupción, la privatización, el saqueo de la riquezas y, lo más importante, seguir manteniendo al 70 por ciento de la población (unos 75 millones de mexicanos) en la pobreza y la miseria. Electoralmente sólo queda con alto grado de esperanza el voto por López Obrador –quien durante seis años ha recorrido día tras día todo el país- para la Presidencia. Si tampoco él puede, sólo queda el camino de la revolución violenta. ¿O qué otro?

2. La realidad es que los procesos electorales han representado para los electores- no para la izquierda honesta- un poco de esperanza y un buen entretenimiento. Pensando en que “ahora sí, en la próxima elección, con el presidente que sigue”, han pasado décadas, incluso siglos, y la situación de la población en vez de mejorar se ha tornado más difícil. El capitalismo y la llamada democracia, desde que existen como forma de Estado dominante y mediatizador, han prolongado la vida del sistema de explotación y opresión, usando las elecciones como forma de control. Partidos y políticos han adoptado la democracia burguesa como un medio de vida creando muchas esperanzas de cambio para los electores. Pero si revisamos brevemente la historia, aunque sea de manera mínima, nos encontraremos que la “democracia electoral” lo único que ha hecho es reconfirmar en todos los países la dominación de los sectores políticos y económicos altos y medios altos.

3. El PRI, como he planteado en centenares de artículos, defendió durante 50 años, hasta fines de los setenta, el llamado “nacionalismo revolucionario” que le permitía aunque fuera una mínima independencia respecto a los gobiernos yanquis; así mismo le permitió hacer una política agraria y social, aunque un tanto demagógica, paleo el problema de agrario y campesino. No usó el discurso empresarial y privatizador ni tampoco apoyó la privatización de los servicios de salud y educación. Sin embargo a partir de 1982, el gobierno de De la Madrid firmó la llamada “Carta de Intención” con el FMI y los EEUU en el que México se comprometió a una política de privatización, de austeridad en el gasto social, al pago puntual de intereses y a someter su gobierno al de los EEUU. ¿O se ha olvidado acaso el enorme significado de la imposición del neoliberalismo en la política y la economía mexicana y del mundo en los últimos 30 años?

4. No debe olvidarse que los gobiernos de la Thatcher y Reagan significaron, a partir de los años ochenta, algo así como “un corte histórico”, como un “cambio de paradigma” en el modelo y el manejo económico capitalista en el mundo. Se impuso la desaparición de la intervención del Estado en la economía para apoyar totalmente la política privatizadora de los recursos energéticos, de los transportes, de la comunicación, de la producción fabril, de las tierras, los servicios de salud y de educación. Si antes el Estado corrupto en manos del PRI -aunque trabajando con números rojos- concentraba un control de una parte de la economía para garantizar inversiones y servicios sociales, a partir de que en 1982 en México se comenzaron a vender las dos mil empresas estatales y paraestatales (tierras ejidales, bancos, aviones, ferrocarriles, teléfonos, televisoras, siderúrgicas, desfibradoras, petróleo, electricidad) ya el presupuesto no alcanza para inversión social.

5. Si el PRI de derecha representó el extremo de la corrupción y la política de abandono a los trabajadores, el PAN –como partido de la derecha extrema- profundizó la corrupción y desatención de los problemas de la población. Si antes del año 2000 –a pesar de conocer profundamente su historia- coincidí con ellos en alguna lucha contra los gobiernos corruptos del PRI, después de un mes del gobierno empresarial de Fox en ese mismo año, reconfirmé todo lo que conocía por mis estudios y experiencias. Puedo saludar a un dirigente priísta o panista, incluso hablar de otras cosas, pero cuando hablan de política me parecen que están vomitando basura que no soporto. ¿Cómo apoyar a un panista contra el PRI o a un priísta contra el PAN si son la misma basura oportunista ávida por hacer negocios? Lo malo es que el PRD se hunde en el mismo estiércol y ya no parece tener salvación. Quizá le queden militantes de base que no están por el poder, pero es difícil.

6. Ante tan negro panorama político-electoral que sólo ha servido a la clase política y empresarial, he concluido siempre que no tiene caso votar a pesar de que de los 500 legisladores surjan dos o tres rebeldes que hablan y hablan sin que nadie les haga caso. Trabajen con pasión por López Obrador, así como lo hicieron hace seis años y así como trabajaron por Encinas en el Estado de México; pero después en vez de echarle la culpa a los demás, a las 100 mil trampas, a los 500 millones dilapidados o a los 100 mil fraudes del gobierno, pónganse a pensar en serio en las décadas que tontamente hacemos lo mismo. Mil pretextos para no decir que hemos sido derrotados y para no abandonar ese camino que lleva más de un siglo jugándole el dedo en la boca al pueblo. ¿Es que acaso no se conoce la experiencia electoral en el mundo, en América y los mil un pretextos para esconder que las cosas siguen igual o peor de mal para los trabajadores?

7. En la entidad donde radico, Yucatán, pequeño estado mexicano de 2 millones de habitantes, las ideas derechistas y clericales son absolutamente dominantes por lo menos desde el siglo XIX. El PRI y el PAN, partidos al servicio del capital, se enfrentan violentamente por la gubernatura llegando hasta los golpes en la más aristócrata y burguesa avenida que comunica los domicilios, empresas y comercios de los hombres millonarios de la ciudad de Mérida, la llamada Casta Divina. Se espera que los ciudadanos no se dejen usar en la contienda por el PRI y su órgano periodístico Por Esto!, ni tampoco por el PAN y su periódico Diario de Yucatán. Los conflictos –con cualquier pretexto- van a multiplicarse en estos dos años de campañas políticas. Espero que la izquierda más honesta sepa diferenciarse de esos grupos de bandoleros que sólo buscan el poder y más dinero y que también sepa orientar a la población en la defensa de sus verdaderos derechos populares.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Inician pueblos de Guerrero lucha contra labor de mineras extranjeras

Desplegarán hoy más de 700 policías comunitarios en la Costa Chica y la Montaña

El gobierno federal otorgó concesiones a las empresas para explotar yacimientos en una zona de 500 kilómetros

No les “pidieron permiso”, la actividad es contaminante y se llevan las ganancias, dicen


En imagen de archivo, policías indígenas de la comunidad Plan de Ayala, en la región guerrerense de la Costa ChicaFoto Lenin Ocampo

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2011, p. 26

Chilpancingo, Gro., 20 de agosto. De las 7 horas a la medianoche del domingo, la Policía Comunitaria desplegará a sus aproximadamente 700 integrantes en carreteras, caminos y veredas, así como a la entrada y salida de las 63 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y la región de la Montaña, para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

Así lo informó Valentín Hernández, asesor jurídico del grupo de autodefensa conocido también como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quien en entrevista telefónica afirmó que los policías comunitarios instalarán retenes y repartirán volantes mediante los cuales informarán de los avances de la lucha contra las compañías mineras.

Recordó que esas empresas extranjeras pretenden explotar yacimientos en un área de 500 kilómetros a partir de concesiones que les fueron otorgadas por el gobierno federal en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc, principalmente.

Trascendió que este año iniciará la explotación en tres puntos: uno, por la empresa inglesa Hochschild Mining y su filial Minera Zalamera. Ésta explotaría 47 mil hectáreas otorgadas a nombre de proyecto Corazón de Tinieblas, en áreas específicas de los municipios de La Montaña y Costa Chica.

Dos proyectos más son los de San Javier y La Diana y estarán a cargo de la canadiense Camsim Minas SA. El primero tiene 15 mil hectáreas concesionadas por 46 años por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa Camsim.

Se sabe que desde el 21 de octubre de 2010 dichas compañías recibieron los permisos del gobierno mexicano mediante la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde entonces, y bajo la influencia de la CRAC, asambleas de 30 núcleos agrarios rechazaron formalmente que esas transnacionales exploten los yacimientos descubiertos debido a que no pidieron permiso a las comunidades y a que su actividad es altamente contaminante y los beneficios para los habitantes son pocos, pues la mayor parte de las ganancias las sacan del país.

Para reforzar este rechazo, la CRAC movilizará este domingo a sus 700 policías comunitarios, en un operativo que además será de “apoyo a la población en materia de seguridad, ya que a partir del lunes 22 de agosto maestros y estudiantes regresarán a sus labores y a clases.”

La movilización servirá también “para posicionar a los compañeros del municipio de Marquelia, en la Costa Chica, que están siendo hostigados por el ayuntamiento y por caciques que no están de acuerdo con la policía comunitaria”. Ellos demandaron la salida de la policía comunitaria pero se equivocan, pues sólo el pueblo, en sus asambleas, es el único facultado para hacer esa petición”, dijo.

Valentín Hernández dijo que la policía va a suspender temporalmente la atención a asuntos de seguridad en la Casa de Justicia asentada en la cabecera municipal de San Luis de Acatlán, una de las tres con que cuenta la CRAC en la región. “(Allí) vamos a proponer que los barrios y colonias se integren a la organización pues esta cabecera no tiene policía comunitaria”, dijo Valentín Hernández.

Recordó que del total de asuntos de justicia y seguridad que se atiende en la Casa de Justicia, “más de la mitad proviene de la cabecera municipal de San Luis Acatlán.

La CRAC fue fundada en 1995 por habitantes de poblados indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero. Desde entonces han disminuido hasta 90 por ciento los homicidios, violaciones, abigeato y otros delitos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del PDPR - EPR

A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
AL PUEBLO DE MEXICO
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


Desde finales de la década del 70 del siglo pasado los trabajadores de la educación han persistido en la lucha por sus reivindicaciones laborales inmediatas y mediatas. La exigencia del cumplimiento del derecho constitucional a la educación para el pueblo, mayor presupuesto a la educación pública son demandas que han unificado la lucha de este gremio con las demandas más sentidas del pueblo. De esta manera la lucha del magisterio democrático no se puede concebir fuera o al margen de las luchas campesinas, obreras, estudiantiles, de colonos y demás sectores populares.

El hecho de romper con el corporativismo sindical que somete política, ideológica y administrativamente a los trabajadores de la educación, significó desde un inicio una lucha de carácter político por el enfrentamiento frontal contra el Estado mexicano, porque el charrismo sindical es un instrumento de opresión y represión creado por el priísmo ex profeso para mantener la defensa de los intereses de quienes detentan el poder, instrumento de dominación que hoy los panistas utilizan pragmáticamente al legitimar por la vía de los hechos los procedimientos mafiosos de los líderes charros encabezados por Elba Esther Gordillo, la multiasesina de profesores democráticos, entre ellos Misael Núñez Acosta.

Entendemos que este es uno de los factores por los cuales no se ha podido avanzar en la democratización del SNTE, porque el charrismo sindical como estructura de gobierno en el sindicato cuenta con todos los medios y recursos para mantener el control gubernamental de los trabajadores de la educación. Quienes pasan a conformar los cuadros operativos de las cúpulas charras son premiados con cuotas de poder dentro del gremio, la estructura administrativa del sistema educativo y el aparato legislativo, haciendo de esta práctica una vida parasitaria porque más que el interés por la defensa de la educación para el pueblo lo que los mueve son sus intereses que garanticen su bienestar burgués.

El sistema educativo neoliberal impulsado desde Miguel de la Madrid con la descentralización educativa continúa con Salinas de Gortari al imponer a Gordillo; sistema fortalecido al hacer alianza entre panistas y la dirigencia del SNTE, presentando como su máximo logro la carrera magisterial y la educación de calidad, pero ambos han sido un fracaso, sólo han servido para sangrar al erario público por el ominoso y ofensivo derroche de recursos sin obtener los logros mediáticamente publicitados, porque la carrera magisterial es un barril sin fondo que en los años de existencia ha consumido más de 75 mil millones de pesos y los usos y costumbres de los líderes venales, como la venta de plazas y la manipulación del escalafón son tan descarados que sólo el 10% de las plazas son sometidas a concurso, el resto (90%) son por asignación según la afinidad política dictada desde los diferentes niveles de gobierno y la dirigencia charra. Respecto a la calidad de educación, ésta no existe, es una farsa y tan vacía como su famoso programa televisivo “todo mundo cree que sabe más que un niño de primaria”, el sistema educativo está diseñado para formar un sujeto acrítico, mediocre, enajenado, resumiendo en un sujeto cretino.

El panismo se está tragando sus propios dichos demagógicos que criticaban el corporativismo priísta, sin embargo, estas estructuras antidemocráticas y represivas han significado para los panistas, y en específico para Calderón, pactos de legitimación e impunidad mutua para imponer un estado policíaco militar; ayer para los panistas Gordillo era antidemocrática y represora, pero hoy que está bajo su férula es una distinguida líder sindical, con la cual se puede llegar a acuerdos inconfesables que le sirven para apuntalar tanto al gobierno antipopular como al charrismo como estructura antidemocrática y represiva.

En lo individual los profesores consecuentes con su profesión y las ideas libertarias son adoptados de manera natural por el pueblo; en lo colectivo los maestros democráticos organizados de manera independiente al enarbolar demandas populares desarrollan en los hechos una lucha de resistencia popular desde el momento que se solidarizan con las diferentes luchas del pueblo, convirtiéndose en parte activa de ellas.

El panismo desde que llegó a los Pinos ha sostenido mediáticamente la falacia de que con el simple hecho de mejorar la educación el país se transformará y por consecuencia los ciudadanos tendrán mejores oportunidades y niveles de vida. Nada más falso porque mientras existan profundas e insalvables desigualdades económicas y sociales no se puede hablar siquiera de mejorar la educación porque ésta en el régimen neoliberal que priva en el país es elitista en forma y esencia, además, quienes reciben esta educación -la inmensa mayoría- pasa a ser fuerza de trabajo calificada y semicalificada para seguir reproduciendo las relaciones de producción capitalista, a la par que a una minoría de privilegiados se le forma para que suplan a los actuales gobernantes y empresarios, es decir, los futuros opresores y explotadores.

La existencia de millones de jóvenes a quienes se les niega sistemáticamente la posibilidad de estudiar y tener una fuente de trabajo estable y bien remunerada, que peyorativamente desde el poder les llaman “ninis”, sólo refleja la posición clasista de negar la educación a los hijos del pueblo como un derecho; en ese mismo sentido, de manera perversa escamotea el derecho al trabajo digno y remunerable, para “ofertar” al pueblo sólo subempleo, contratos temporales y desempleo para malbaratar la mano de obra al incrementar el ejército de parados ante la incapacidad de reactivar la economía sin dependencias externas.

No se trata de generar “más oportunidades” para los jóvenes o para el pueblo, sino de hacer valer los derechos legítimos a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la recreación, a la cultura y esos derechos no son ni concesiones, ni apoyos gubernamentales, constituyen derechos del pueblo que se deben exigir.

Las declaraciones alarmantes que hacen funcionarios y medios masivos de comunicación del involucramiento de jóvenes y niños en actividades delictivas no es un fenómeno de hoy, siempre ha existo y es producto directo de la descomposición del sistema, concretamente es el resultado directo del fracaso del sistema económico y educativo mexicano, más no como se pretende estigmatizar al joven que por ser de origen humilde, de barrio popular o de madre soltera como potencial o presunto delincuente.

Si hoy este fenómeno ha crecido más y se hace más visible no es producto como dicen los intelectuales orgánicos del sistema, los inquisidores panistas, o las mentes conservadoras que le atribuyen un origen a la falta de valores y principios en el seno familiar. Pero cuál familia si con sus políticas neoliberales la desintegran en todos lugares al grado de desterrar de su lugar de origen a millones de jóvenes; cuál educación, si la privatización de ésta es el eje principal de este gobierno antipopular; cuáles valores morales, si lo que se promueve en los medios de comunicación y en todas las estructuras del sistema es la exaltación de la violencia institucionalizada; cuál formación, si lo que se pretende es difundir los dogmas religiosos y conservadores que por esencia son anticientíficos y retrógrados.

La violencia que vive el país no tiene un origen moral, tampoco son opciones en la vida que se tomen por tener o no tener vocación o gusto alguno, es ante todo un problema de origen económico que repercute ampliamente en la sociedad. Al manejarlo de esta manera el Estado mexicano pretende manipular los orígenes y sus consecuencias para eludir su responsabilidad. Sólo un ignorante puede negar la objetividad de que la pobreza genera violencia en sí misma, porque la pobreza es en sí violencia gubernamental, violencia económica de los oligarcas. Violencia social es también negar al pueblo educación, trabajo, vivienda, salud y recreación.

Violencia también es imponer desde los medios de comunicación y el aparato educativo nacional la corrupción material y moral como una forma de vivir, hacer fortuna y trayectoria personal. Desde los monopolios de la comunicación se rinde culto a la violencia institucionalizada con programas que enaltecen el papel de cuerpos represivos con la finalidad de que el pueblo los acepte como sus defensores y nuevos héroes cuando en verdad son los verdugos del pueblo, los villanos que día a día desangran al país, torturan, asesinan y desaparecen a miles de ciudadanos. ¿A estos valores culturales y educativos se referirán los hombres del sistema?

¡Hermanas, hermanos y camaradas!, compas profes, trabajadores de la educación, magisterio democrático:

El movilizarse en mayo constituye no sólo una tradición sino una necesidad histórica de lucha del magisterio democrático, es parte de la resistencia popular, porque la movilización y estructuración de la lucha del movimiento democrático sirve para desenmascarar la farsa gubernamental de que el magisterio estaba plegado al Estado mexicano vía el PRI. Nunca ha sido ésta la realidad, en el magisterio hay una larga trayectoria de lucha desde finales de los cincuenta del siglo pasado. Tradición de lucha que se sigue manteniendo por nuevas generaciones con demandas que van más allá de las gremiales.

La lucha magisterial independiente debe continuar, persistir y consolidarse a pesar de la satanización que el gobierno antipopular y la mayoría de los medios de comunicación hacen de nuestras luchas al fincarnos motivos, situaciones y conductas que no corresponden al luchador social como: el movilizarse para faltar al trabajo, la falta de preparación, que la lucha de los profesores democráticos persigue fines personales y atenta contra la educación de los niños, que los que participamos en las luchas populares es porque es producto de un desequilibrio y resentimiento social… nada más absurdo y perverso este tipo de aseveraciones, la lucha magisterial es una lucha del pueblo, sus demandas gremiales son legítimas y tienen una base material, como sucede lo mismo con el resto del pueblo trabajador, esas bases son la opresión política y la explotación económica, pues un niño con hambre y desnutrido difícilmente tendrá un rendimiento y aprovechamiento escolar medianamente aceptable.

La lucha de los maestros democráticos necesariamente tiene que ir acompañada de la construcción de un verdadero proyecto educativo alternativo que coadyuve a la liberación total de nuestro pueblo de la explotación y la opresión; lo que demanda la actual etapa de lucha es una propuesta de pedagogía para y en la revolución que forme mujeres y hombres con una conciencia social crítica, que construya al sujeto que sea parte activa de la transformación social, que lo libera de la enajenación a la cual es sometido para que deje de trabajar y vivir sólo para el consumo y deje ser objeto de explotación. Proyecto alternativo que tendrá que surgir de la propia experiencia de las luchas de nuestro pueblo, de los que construyen organización entre los oprimidos. Obviamente un proyecto de esta naturaleza nunca saldrá de los recintos gubernamentales, ni de las oficinas del SNTE y del charrismo.

Las jornadas de lucha presentes y venideras a nuestro juicio consideramos que deben ser asumidas y emprendidas con nuevas tácticas de lucha, vinculadas orgánicamente a los distintos sectores populares e impulsando todas las formas de lucha y la unidad popular.

Un paso para arribar a la coordinación del movimiento popular y a la unidad del pueblo es empezar por enarbolar todas las demandas económicas, políticas y sociales de los diferentes sectores en lucha, entre ellas la condena a la militarización del país, contra la pretensión de instalar constitucionalmente un Estado policíaco-militar, contra el genocidio que está significando la guerra de Calderón contra el pueblo.

En estos tiempos de represión enmascarada contra el pueblo en la “guerra contra la delincuencia” es necesario unificar en un solo programa de lucha y pliego petitorio la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país.

En esta administración de Calderón que ha hecho de los crímenes de lesa humanidad una práctica recurrente y común del ejército federal, de las distintas policías y sus paramilitares construyamos la alianza nacional del movimiento popular para exigir la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del pasado y el presente, ya sea por motivos políticos o sociales; exijamos juntos juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes de Estado; pongámosle nombre y apellido a cada uno de los detenidos-desaparecidos, mostremos los rostros de nuestros desaparecidos al mundo entero para que se sepa la verdad histórica de los gobiernos priistas y panistas que protegen criminales de Estado.

De manera concreta, solicitamos que incluyan en sus demandas y en sus pliegos petitorios la demanda de presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que este 25 de mayo cumplen cuatro años de haber sido detenidos-desaparecidos en la Ciudad de Oaxaca.

Nos solidarizamos con ustedes, porque lamentablemente su sector también es víctima de estos abominables crímenes de lesa humanidad, exigimos desde esta trinchera la presentación con vida de los diferentes profesores que están en calidad de detenidos-desaparecidos en las diferentes secciones sindicales, como es el caso del profr. Carlos René Román Salazar de la sección XXII, detenido-desaparecido desde el 14 de marzo de 2011.


¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 47.
República mexicana, a 23 de mayo del 2011.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Declaración de la RvsR sobre el Movimiento de Víctimas de la Guerra de Calderón

La Red vs la Represión y la Solidaridad reunida en la Ciudad de México, el 25 de junio, con la representación de los estados de Puebla, Colima , Chihuahua, Morelos, estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca (regiones centro, triqui, loxicha y chinanteca) manifiesta su apoyo al movimiento de las víctimas de la guerra de Calderón y se suma al dolor y la rabia generada por la masacre contra el pueblo.

En esta guerra que ya ha dejado 40 mil muertos y 18 mil desaparecidos, y que cada día cobra nuevas víctimas, la mayoría de los crímenes son cometidos por cuerpos militares, policiacos y paramilitares profesionales, o realizados con su apoyo y complicidad. Estas fuerzas profesionales, en particular las policías y el ejército, han tenido cerca de 700 bajas, mientras son miles los muertos y desaparecidos del pueblo, que como muestran los testimonios que recogiera la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, son muchachos y muchachas, bebes y niños, campesinos, indígenas, trabajadores y desempleados, habitantes de colonias, comunidades y ciudades, que se ven perseguidos y hostigados, criminalizados y finalmente aniquilados. Son civiles, ciudadanos y ciudadanas, gente de abajo, humilde y sencilla. Esta guerra es un verdadero genocidio.

Es necesario parar esta guerra y el primer paso es la desmilitarización, que el ejército regrese a sus cuarteles, que las policías y los militares cesen sus patrullajes, hostigamiento y amenazas contra la población civil, los asesinatos, desapariciones, tortura y criminalización de la lucha social.

Desde la Red vs la Represión y la Solidaridad no confiamos en el que arriba comete crímenes de lesa humanidad., consideramos que la otra campana puede contribuir a parar esta guerra genocida, nombrando a las víctimas en todas las plazas, fortaleciendo la organización de los familiares y del movimiento que los apoya, así como el desarrollo de las autonomías y los procesos organizativos abajo y a la izquierda.

Por la desmilitarización del país

ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN

Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO DE XAYAKALAN

ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA

“…nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia…” (PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA, CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, STA. MARÍA OSTULA, 14 DE JUNIO DE 2009).


AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
AL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD.
A LA OTRA CAMPAÑA.

Hace dos años nuestra comunidad recuperó más de mil hectáreas de tierras, montes y playas de las que era gradualmente despojada desde hacía más de 40 años en el paraje conocido como Xayakalan; lo anterior fue posible a pesar de los grupos de sicarios pagados por pequeños propietarios de La Placita que agredieron a nuestra comunidad con armas de alto poder, apoyados por el silencio siempre cómplice de todos los niveles de gobierno.

La lucha de Ostula por recuperar sus tierras tuvo éxito debido a que supo unificar y organizar a cada uno de los comuneros y comuneras que habitan sus 23 poblados y a que se atrevió a ejercer su legítimo DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA reorganizando su policía comunitaria tradicional y un cuerpo de guardia comunal que durante días, semanas y meses resguardó a nuestra población mientras fundábamos y edificábamos un nuevo centro de población comunal en las tierras recuperadas: XAYAKALAN.

Junto con la lucha por la tierra nuestra comunidad hizo a un lado a los partidos que durante años la habían dividido y por acuerdo de la asamblea comunal se acordó prohibir la instalación de casillas en todo nuestro territorio comunal durante las elecciones federales del año 2009.

No olvidamos que en ese momento tan difícil fuimos apoyados por las comunidades hermanas de Pómaro y El Coire y que pudimos contar con la valiosa compañía de cientos de pueblos indígenas, organizaciones sociales, casas de estudiantes, intelectuales y periodistas que dieron ánimo y fuerza a nuestra lucha.

En la lucha por recuperar nuestras tierras echamos por los suelos dos grandes proyectos que el gobierno federal y el del estado pensaban aplicar en las tierras del pueblo nahua de la Costa para acelerar el despojo de sus tierras y playas: la construcción de la Súper Carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán. Particularmente a través del segundo se buscaba que nuestras playas, INCLUIDA EN PRIMER LUGAR LA DE XAYAKALAN, pasarán a manos de ricos capitalistas nacionales y extranjeros.

El mal gobierno no se ha dado por vencido y por lo mismo no quiere solucionar un problema agrario que él mismo inventó, pues, no pierde la esperanza de que las tierras recuperadas, junto con las minas y las playas de las comunidades nahuas, pasen a manos privadas y por ello alienta una permanente guerra contra Ostula. En dicho sentido ratificamos que la posesión que hemos recuperado, misma que se encuentra amparada por nuestros antiguos títulos primordiales, no la abandonaremos más que a costa de nuestras vidas, pues no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad.

La guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, 4 desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos, cientos de desplazados. Lo que no podemos poner en números es la desolación, la tristeza y el desamparo de tantas familias. Tampoco podemos poner en números la silenciosa complicidad de la Marina Armada de México y del Gobierno de Michoacán con esta ola de crímenes.

Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la Campaña ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA, exigiendo a los gobiernos Estatal y Federal:

1. Que dejen de ser cómplices de las mafias criminales que actualmente controlan la mayor parte del territorio michoacano.

2. El respeto a la vida y cultura de nuestra comunidad.

3. El reconocimiento de las tierras comunales de Xayakalan.

4. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria.

5. El castigo de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de los comuneros que han luchado por las tierras y la libertad de Ostula.

Las adhesiones, apoyos, actividades y contribuciones a la Campaña ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA pueden darlas a conocer a través de la dirección electrónica altoalaguerracontraostula@gmail.com.

Saludamos la digna lucha de la COMUNIDAD PURÉPECHA DE CHERÁN que ejerciendo también su derecho a la autodefensa hoy defiende sus bosques y a sus habitantes del crimen organizado mediante sus propias formas de organización y con la participación unida de todos sus comuneros y comuneras. ¡Hermanos no están solos!

Igualmente saludamos la desinteresada lucha del MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD en contra de esta criminal guerra que ya arroja más de 40 mil muertos a lo largo del país y nos sumamos a sus justas demandas, pues, se trata de una guerra que no queremos, que nunca pedimos, se trata de una guerra neoliberal para acabar con los pobres de este país, para acabar con nuestros hermanos migrantes, para acabar con las comunidades zapatistas, para ocupar y despojar los territorios de las comunidades indígenas; se trata de una guerra que a unos pocos llena de billetes y a muchos de dolor.

A los pueblos indígenas y a los pueblos del mundo entero volvemos a recordar nuestras exigencias:

1. Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula.

2. Respeto a la posesión que Ostula guarda sobre las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xayakalan.

3. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática agraria en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.

4. La desarticulación de los grupos de narco paramilitares y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE LOS PROTEGEN.

5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra policía comunitaria y su guardia comunal!

¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino!

¡Castigo a los culpables del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez!

¡Alto al secuestro y asesinato de comuneros de Ostula!

¡Castigo a los culpables de la represión en contra de Santa María Ostula!

XAYAKALAN, COMUNIDAD DE OSTULA, MICHOACAN, A 29 DE JUNIO DE 2011.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!