La detención y encarcelamiento injusto ha sido la maniobra represiva del
gobierno de Juan Sabines Guerrero, que a petición de los caciques de la región
de Altamirano se han unido y coordinado para arremeter en contra del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas 23 de agosto de 2012.
A los medios de
comunicación.
A los organismos
defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales.
A las organizaciones
sociales, políticas, democráticas e independientes.
A la opinión pública.
Han transcurrido 54
días desde la detención y encarcelamiento injusto de la compañera defensora de
los derechos humanos Dulce María González Santiesteban y del compañero defensor
de los derechos humanos Julio César Morales Sántiz, ambos militantes del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes fueron aprehendidos por la
policía municipal y estatal preventiva después de ser agredidos en una
emboscada en la cabecera municipal de Altamirano por parte del grupo de choque
dirigidos por los propietarios de las cooperativas de transporte Laguna Miramar
y San Carlos y protegidos por las autoridades estatales.
La detención y
encarcelamiento injusto ha sido la maniobra represiva del gobierno de Juan
Sabines Guerrero, que a petición de los caciques de la región de Altamirano se
han unido y coordinado para arremeter en contra del Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo en Chiapas, y de manera particular con los compañeros de la
Unión de Transportistas “El Quetzalito” y la Organización Campesina Emiliano
Zapata (OCEZ).
Los compañeros de la
Unión de Transportistas “El Quetzalito” han sido víctimas de diferentes
represalias por parte de las autoridades locales y estatales, así como de
grupos creados ex profeso, que han intentado por todos los medios obstaculizar
y coartar su derecho a un trabajo digno.
Dulce María González
Santiesteban realizaba su labor de defensora con la Unión de Transportistas “El
quetzalito” y Julio César Morales Sántiz con los compañeros de la OCEZ, de las
cuales son miembros respectivamente.
La aprehensión extrajudicial
y encarcelamiento injusto de los compañeros es parte de la política represiva
del gobierno estatal, que engloba un conjunto de hechos arbitrarios,
represivos, que violan en todo momento los derechos humanos de quienes
integramos el FNLS.
Los compañeros de la
Unión de Transportistas el Quetzalito han solicitado desde hace más de 3 años
permisos o concesiones ante la Secretaria de Transportes para poder laborar
como transportistas en modalidad de taxis en la ruta Altamirano-Ocosingo.
Desde ese momento el
gobierno del estado niega todo derecho pretextando que el estudio de
factibilidad no ofrecía buenos resultados, situación que le sirvió al gobierno
y a los caciques regionales de pretexto para criminalizar la lucha por un
trabajo digno de los compañeros.
Desde la visión de la
criminalización de la pobreza, la protesta y la resistencia popular, que se ha
hecho política de estado se han fundado los discursos del “restablecimiento del
estado de derecho”, que en la práctica significan agresiones y violaciones
constantes de derechos humanos mediante diferentes formas de represión, tanto
masiva como selectiva.
Esa es la respuesta
que hemos recibido al conjunto de organizaciones que conformamos el FNLS y el
conjunto de organizaciones populares, y que hoy se expresa en el
encarcelamiento injusto de más de un mes y medio de los compañeros,
incriminados y procesados por el delito de “LESIONES CALIFICADAS”, que a pesar
de ser un delito menor, los mantienen en las mazmorras por consigna del gobierno
de Sabines y los caciques de la región.
Previo a su detención
y encarcelamiento hemos venido denunciando la actitud represiva y parcial de
las autoridades al judicializar el proceso de gestión de los permisos y
concesiones de autotransporte, iniciando averiguaciones previas en contra de
los compañeros de la Unión de Transportistas “El Quetzalito”, y negándose los
distintos ministerios públicos de Altamirano y Ocosingo a recibir las denuncias
que hemos hecho en relación a las agresiones perpetradas por policías y los
grupos de choque.
Desde la detención de
los compañeros se han visto irregularidades, consecuentemente en el proceso
judicial que han llevado las autoridades, esto demuestra el actuar parcial y
arbitrario que sirve para mantener en el penal a nuestros compañeros.
Ahora es el juez
Carlos Inocencio Hernández Urbina, del Juzgado Segundo de lo Penal, quien se
presta para mantener en el penal a nuestros compañeros con el uso faccioso de
las leyes, actuando a modo, de manera parcial en favor de los intereses
caciquiles que han impedido y cuartado el derecho al trabajo a los compañeros
transportistas, en tanto se les dan tratos crueles y degradantes al interior
del penal.
En la Audiencia de
Derecho efectuada en la Fiscalía para la Justicia Indígena, el pasado 20 de
junio quedó de manifiesto el plan orquestado del gobierno al ocultar el
expediente del caso a los defensores legales, en tanto que la defensoría de
oficio actuó al margen de los intereses de los defendidos, situación que
evidencia la intención política del gobierno de mantenerlos como rehenes
políticos en el CERESO 5, pretendiendo con ello hacer que desistamos de la
lucha por la defensa del trabajo y por la exigencia de la libertad de los
presos políticos y de conciencia del país.
Responsabilizamos al
gobierno de Juan Sabines Guerrero, al juez Carlos Inocencio Hernández Urbina de
la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, y de todos
los que integramos en FNLS.
Exigimos al gobierno
del estado:
La libertad inmediata
e incondicional de la compañera Dulce María González Santiesteban y del
compañero Julio César Morales Sántiz, ya que no existen elementos suficientes
para privarles de su libertad.
La devolución de las
dos unidades tipo Tsuru que han sido robadas por los concesionados de las
cooperativas de Laguna Miramar y San Carlos, en coordinación con la
organización Lucha Campesina I y II.
Cese al hostigamiento
y represión de los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo.
Por ello, en tanto no
sean puestos en libertad la compañera Dulce María González Santiesteban y el
compañero Julio César Morales Sántiz, estaremos emprendiendo una jornada de
lucha por la libertad de los presos políticos y de conciencia del país, que
iniciaremos este 25 de agosto, con diversas movilizaciones en el país, en el
marco de la Campaña Permanente de Denuncia contra la militarización, la
criminalización de la protesta popular y las desapariciones forzadas por
motivos políticos y sociales.
En este contexto
convocamos en el marco de la solidaridad, a todas aquellas organizaciones
sociales, políticas, democráticas e independientes, personalidades progresistas
y sectores organizados, a pronunciarse por la libertad de los compañeros presos
políticos, por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos,
así como sumarse a las actividades que se estarán realizando desde el 25 de
agosto en diferentes estados de la república.
A los organismos
defensores de los derechos humanos hacemos la invitación a estar atentos a los
acontecimientos que se deriven de la presente jornada de lucha y puedan en
algún momento pronunciarse al respecto.
¡Libertad inmediata e
incondicional de Dulce María González Santiesteban y Julio César Morales
Sántiz, presos políticos!
¡Presentación con vida
de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Presentación con vida
de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz!
¡Por la unidad obrera,
campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
