Neil Harvey*
Las
marchas silenciosas de miles de zapatistas en cinco cabeceras de Chiapas, el 21
de diciembre, lograron recordar a la sociedad dos cosas: la capacidad
organizativa del EZLN y su vigencia política. Contra aquellos que decían que el
zapatismo era cosa del pasado, los aproximadamente 40 mil indígenas que
participaron en las movilizaciones demostraron el fracaso de la estrategia
contrainsurgente que han aplicado los diferentes gobiernos durante los pasados
18 años. La marcha también demostró la renovación de las bases del movimiento,
con la participación de nuevos cuadros de jóvenes hombres y mujeres que han
crecido en el mismo periodo y, a pesar de todas las agresiones en contra de sus
comunidades autónomas, mantienen vivas las demandas. Como en otras ocasiones,
los zapatistas escogieron un día fuera del calendario de los partidos políticos
para llevar a cabo estas marchas. Al contrario, celebraron el inicio de una
nueva era maya y al mismo tiempo afirmaron la actualidad y vigencia de las
luchas de los pueblos indígenas por sus derechos colectivos y la autonomía.
Aunque
la movilización demuestra una vez más su capacidad organizativa, es preciso no
olvidar las consecuencias de las agresiones en su contra a lo largo de estos 18
años. El zapatismo ha tenido que defenderse del Ejército Mexicano y de los
diversos grupos paramilitares, los cuales, dentro de una política
contrainsurgente implementada desde enero de 1995, han intentado desgastar a
las bases de apoyo y crear las condiciones propicias para dividir comunidades y
sembrar el miedo. El alto grado de organización que los zapatistas demostraron
el 21 de diciembre también se ha manifestado en casi dos décadas de resistencia
para no caer en las provocaciones de sus opositores y así seguir construyendo
alternativas autónomas.
Por
lo tanto, es preocupante que los grupos paramilitares sigan operando en el
estado. A lo largo del 2012 las cinco Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas
difundieron varias denuncias de agresiones de grupos armados que buscan
quitarles tierras o robarles los productos del trabajo de las comunidades. Un
ejemplo reciente es la agresión de miembros del grupo Desarrollo, Paz y
Justicia a la comunidad Nuevo Poblado Comandante Abel, ubicada en el municipio
autónomo La Dignidad (oficialmente, Sabanilla) en la zona norte de Chiapas.
Según
el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación al Nuevo Poblado
Comandante Abel (www.sipaz.
org/images/stories/boletines/Informe_Caravana_.pdf), el 6 de septiembre unos 55
agresores armados llegaron a la comunidad y tiraron balas para agredir a los
zapatistas. El grupo invasor construyó su propio campamento y trincheras a la
orilla de un río donde se posicionaron para amenazarlos con armas. En pocos
días, el número de este grupo creció a 150 y sus integrantes tomaron la mitad
de las 147 hectáreas de la comunidad. Los observadores de la caravana
constataron que las balas habían alcanzado las paredes de la escuela autónoma y
las tiendas cooperativas. En vez de enfrentar a los agresores, la mayoría de
las bases de apoyo zapatistas salieron y, después de caminar en el monte por
dos a tres días, encontraron refugio en otra comunidad, San Marcos. Durante
este lapso, las mujeres y niños sufrieron enfermedades y hambre, mientras los
zapatistas que se quedaron en la comunidad no pudieron salir a sus milpas. Una
situación similar vivieron cuatro familias que tuvieron que salir de la
comunidad Unión Hidalgo debido a amenazas de un grupo de priístas. Historias como
estas eran muy comunes en los años 90, sobre todo durante las semanas después
de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, ordenada por el entonces
presidente Ernesto Zedillo. El hecho de que estas agresiones aún ocurran con
frecuencia debe llamar la atención para que se tomen acciones con la finalidad
de detenerlas y, en su lugar, poner en práctica los Acuerdos de San Andrés.
Cabe
señalar que uno de los logros de las JBG ha sido la creación de mecanismos
autónomos para resolver conflictos. Varios estudios sobre la autonomía
zapatista han documentado la importancia de estos espacios para que los grupos
no zapatistas puedan resolver disputas sin costo y con personas de la misma
comunidad y posición socioeconómica. Los zapatistas también reconocen la necesidad
del acceso a la tierra de otras familias que no participan en la organización.
Ejemplo fue la fundación del mismo Nuevo Poblado Comandante Abel en mayo del
2012, cuando la comunidad de San Patricio decidió reubicarse en un predio
distinto y así evitar mayores conflictos. Como explica un comunicado de la JBG
de Roberto Barrios (11 de septiembre), la decisión de reubicarse fue para que
ellos tengan su parte porque también tienen derecho a la vida.
(enlacezapatista.org.mx).
Sin
embargo, como hemos mencionado, las agresiones continúan debido a los intereses
políticos que buscan desgastar a las bases de apoyo zapatistas. No obstante, la
resistencia sigue, como dicen los integrantes de la JBG en la zona norte: lo
que nos hace el mal gobierno intentando invadir, es su manera de guerra y
desgaste para rendirnos. No dejamos nuestra lucha y no nos vamos a rendir;
ellos piensan que sí, pero no nos vamos a rendir. Nuestra lucha es por la
tierra y la nación. (Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación).
Los
zapatistas, al no aceptar el asistencialismo del gobierno, han demostrado que
sí es posible poner en práctica diversos proyectos autónomos que respondan a
las necesidades sociales, económicas y políticas de las comunidades. Por eso
los gobiernos han tratado de reprimir, achicar, dividir, cooptar o, ante la
imposibilidad de todo esto, simplemente ignorar su presencia. Ante esta
realidad, las recientes marchas dan cuenta de la vitalidad de la autonomía
indígena que, a pesar de las agresiones, sigue siendo una alternativa con
amplio respaldo popular en Chiapas, en México, y un ejemplo para el mundo.
*Profesor-investigador
de la Universidad Estatal de Nuevo México, autor del libro La rebelión de
Chiapas.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
