Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Aclaremos, señores del gobierno ilegítimo de Calderón, porque parece que no entienden o no quieren entender a pesar de las evidencias que contradicen cuanto declaran:

Nuestra campaña de hostigamiento iniciada el 5 de julio del año pasado, no es contra el pueblo de México –como dolosamente manifiesta el Sr. Francisco Ramírez Acuña a través de la Dirección General de comunicación Social, el día 7 de diciembre de 2007 en su Boletín No. 331-07/12/2007, está dirigida contra su gobierno para efectivamente 1) denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz; 2) exigir su presentación con vida y en libertad; 3) para que cese la impunidad con la que su gobierno haciendo “uso legítimo de la fuerza” viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales; y 4) para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.

Felipe Calderón Hinojosa está desarrollando la guerra sucia en contra del pueblo organizado de México, (por si no le habían informado) desde el momento en que cerró la posibilidad de que Luis Echeverría Alvarez fuera juzgado por su responsabilidad y autoría de los crímenes cometidos por el ejército en contra del movimiento estudiantil de 1968, el halconazo contra jóvenes estudiantes el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en contra de guerrilleros durante su sexenio; desde el momento en que dio libertad a Arturo Acosta Chaparro, asesino señalado por familiares de sus víctimas y autor de cientos de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero en contra de guerrilleros del Partido de los Pobres y sus familiares. Siendo así, todos los gobiernos hasta el actual son cómplices del genocida de Echeverría, solapándole la impunidad.

La guerra sucia no es un eufemismo, constituye un componente activo de la Guerra de Baja Intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde que ésta no sienta jurisprudencia y no combate frontal y decididamente la violación a los derechos humanos de una periodista, escritora y defensora de los derechos humanos y a la pederastia, permitiendo el contubernio entre “autoridades”, funcionarios y empresarios corruptos y degenerados que degradan la vida de nuestro pueblo y sobre todo se ceban en la inocencia de nuestras niñas y niños, destruyendo su futuro; desde que se tardó en “analizar y estudiar” si ampliaba la investigación de la brutal represión en Oaxaca.

Basta con una sola violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, en cualquier rincón de la patria, basta con una sola desaparición forzada para que “su” gobierno quede consignado en la historia como un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su pueblo, ni su voluntad, ni la democracia, ni la justicia, o ¿Cuántas violaciones a los Derechos Humanos y de qué magnitud habrían que acumularse para ser consideradas como tales y la SCJN las considere graves?

¿Cómo habría que llamar a quienes les son violados sus derechos humanos?, ¿No es Lydia Cacho Ribeiro una víctima de la injusticia propiciada por la misma SCJN?, ¿No son víctimas Flavio Sosa Villavicencio de la APPO y sus hermanos, ni David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarrita, dirigentes de la sección 49 de la refinería de Cadereyta, desaparecidos el 6 y 7 de Mayo; ni José Francisco Paredes Ruiz, ex preso político que perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) desaparecido el 26 de septiembre en Morelia, Mich.; ni quienes fueron detenidos con “rudeza innecesaria” por haber pertenecido al PROCUP-PDLP? Todas las mencionadas violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el incipiente sexenio del Sr. Felipe Calderón Hinojosa para no mencionar las ocurridas con Vicente Fox y nos “cuadre el argumento”, constituyen parte de la instrumentación de la guerra sucia y no es sólo contra nuestro partido, esencialmente es contra todo el pueblo organizado.

¿Llaman “recuperar el estado de derecho” a la salida del ejército de sus cuarteles para realizar una actividad no indicada por nuestra Carta Magna?, ¿”recuperar el estado de derecho” a que el ejército continúe entrenando y arme a grupos paramilitares sobre todo en el estado de Chiapas? ¿No está militarizado Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz por nombrar sólo unos estados?

¿No es una política criminal deliberada del gobierno federal la reforma al sistema judicial entregada en marzo a la Cámara legislativa por Felipe Calderón?, ¿Quieren decir que lo que suceda como resultado de las funciones que han obligado al ejército a realizar seguirán siendo tipificados como “incidentes” y quien seguirá sufriendo sus aberrantes acciones es nuestro pueblo como sucede hoy con el asesinato de un joven en un reten militar en Michoacán?

La reforma judicial que FCH propuso ha sido impugnada por renombrados defensores de los Derechos Humanos, respetables juristas, prestigiadas Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no sólo por nuestro PDPR-EPR y ha sido desenmascarada como un grave retroceso en el respeto a los Derechos Humanos. ¿No han leído los informes de AI, la CIDH, la CEJIL todavía?, ¿No han analizado sesudamente y entre líneas los periódicos nacionales últimamente?

“Por desgracia en México”... quienes no tienen “una cultura de legalidad más arraigada” son las instituciones como la AFI, la PFP, la SIEDO, la SSP o la PGR, SEDENA, la SRA, la Secretaría del Medio Ambiente quienes amparadas por las leyes –faltaba más- violentan su tan cacareado estado de derecho.

El estado de derecho actual, es un estado de derecho que preserva los intereses del capital, veamos: ¿Cuántos logros alcanzados en el pasado no han sido anulados por las actuales reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE?, sólo por nombrar las más representativas. ¿A quiénes benefician esas reformas?, todo acto de represión se presenta como un deber de Estado.

La Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho, es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, como consecuencia los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley, -nada de represión- no sólo en contra de ellos sino en contra de su familia y amigos, su “entorno” como se dice en los manuales de la GBI. Luego toda protesta social vista desde su estado de derecho viola las leyes a menos que se conduzcan por el estrecho margen de la movilización pacífica y la resistencia pasiva que nos ha llevado a la actual situación.

No habría criminalización de la protesta social si el Estado, el gobierno de FCH en el “uso legítimo de la fuerza” reformara las leyes en función de los intereses del pueblo de México y no de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.

Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución al intentar legitimar acciones policíaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales.

Insistiremos las veces que sea necesario para señalar que nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa. Es del conocimiento de nuestro pueblo y de pueblos hermanos que somos una fuerza insurgente beligerante y como tal nos acogemos a los Tratados de Ginebra. Quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos. En lugar de aprobar aberraciones deberían de promulgar inmediatamente la amnistía general para la libertad de todas y todos los presos políticos del país.

Decir que en el gobierno de FCH “no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo”, es una falacia, tanto es que existen cientos de presos políticos, y hasta esta fecha la desaparición de más de 28 ciudadanos en el estado de Guerrero, la de Francisco Paredes Ruiz y la de los hermanos Vega Zamarripa además de la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo éstas últimas las que dieron lugar a nuestra Campaña de hostigamiento como una acción de autodefensa para tratar de evitar que se reedite la guerra sucia de los setenta y para intentar que no haya más impunidad.

Los actos represivos de este gobierno sobran y los más recientes son: el arresto de más de 20 simpatizantes de la APPO en la conmemoración de una año en “la victoria de todos los santos” cuando replegaron a la PFP; la detención de Juan Murguía Franco dirigente del Barzón Auténtico de Sonora y Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo; el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por demandar 75 plazas y la permanencia de la licenciatura en educación básica; la incursión militar en el municipio de Metlatonoc en el pueblo de Juanacatlán, en la montaña alta, Gro. En la que detuvieron a dos pastores e intentaron catear las casas; el permanente acoso paramilitar a las bases zapatistas; la agresión hacia Mariana Villa Real, colaboradora en las áreas del jurídico y educación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; las agresiones contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y la reciente incursión policíaca- militar contra los huelguistas de Cananea, bajo el auspicio de la corrupta Junta de Conciliación y Arbitraje.

La condena que recibieron Ignacio del Valle y sus compañeros de 67 años de cárcel –mucho mayores que se las de delincuentes del crimen organizado- es también un elemento de la GBI ya que castiga sin piedad la organización y protesta social para sentar un precedente e intentar paralizar la protesta popular.
La detención-desaparición, la tortura y las violaciones ejercidas en contra de las personas detenidas en Oaxaca, así como su envío a prisiones tan alejadas de su ciudad de origen es un elemento más de la guerra sucia, así como la ya mencionada reforma judicial que de ser aprobada viene a legalizar los abusos que durante este gobierno se les ha dado continuidad. ¿Cuál invento?, sólo hemos estado describiendo una realidad represiva que afecta no sólo a nuestro partido, sino a organizaciones sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares en general a todo ciudadano que se atreve a organizarse y protestar.

Guerra sucia también es la censura de la que está siendo objeto la periodista Carmen Aristegui a quien saludamos solidariamente a quien le decimos que ya tampoco escuchamos la W.

Señores del gobierno de Felipe Calderón, tenemos la certidumbre de que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por agentes federales, si supiéramos los nombres de quiénes realizaron esta acción y supiéramos exactamente dónde los tienen, ustedes ya no estarían en el gobierno y si responsabilizamos tanto a funcionaros federales como estatales de Oaxaca, como Ulises Ruiz Ortiz –exageradamente protegido por Felipe Calderón Hinojosa quienes a pesar de sus diferencias se unen en cuanto se trata de salvaguardar sus intereses políticos y económicos en santa cruzada para reprimir al pueblo- es porque son parte del Estado mexicano, responsables de la política que desarrollan y responsables de las actividades de sus fuerzas militares y policíacas. No es necesario que se manchen las manos ni que den una orden expresa, las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mexicano obedecen a una estrategia que se supone es dictada por Felipe Calderón Hinojosa o en su defecto por los poderes fácticos que existen por encima de él.

Por lo que preguntamos: ¿Quién gobierna en México?, ¿El gobierno legalmente constituido pero no legítimo o los poderes fácticos que impusieron a Felipe Calderón Hinojosa? Porque si FCH es presidente de la República “haiga sido como haiga sido” le falta tomar realmente dediciones a favor del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, “haiga sido como haiga sido”.

¿Cómo confiar en un Francisco Javier Ramírez Acuña? cuando se ampara en el Estado de Derecho para decir que “...Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización.” Cuando siendo gobernador de Jalisco, ordenó la represión, tortura, vejación y violación contra los jóvenes altermundistas extranjeros diciendo que eran chilangos los que habían “alterado el orden”, así como también, a periodistas nacionales y extranjeros demostrando de esta manera su inclinación a la violación de los Derechos Humanos.

No le importó que fueran jóvenes, no le importó si eran hombres o mujeres, tampoco le importó que fueran inocentes completamente ajenos a la protesta que se estaba dando, sólo prevaleció su compromiso con su supuesto estado de derecho. ¿Quién no nos dice que hoy sea cómplice de la detención-desaparición de nuestros compañeros y trate de curarse en salud?, como lo hacen el PAN y el PRI al negar la existencia de presos políticos y de conciencia en nuestro país, luego ¿Qué posibilidad real existe de que diputados y senadores del PAN y PRI aprueben una Ley de Amnistía General, como es la exigencia popular? Señores, sean consecuentes con su actitud y digan claramente a que intereses están defendiendo y por lo tanto representan.

Cada Ley que aprueba o no el Poder legislativo tiene una incidencia concreta en nuestro pueblo, numéricamente la mayoría la hacen el PRI y el PAN luego, ¿Aprobarían una Ley de Amnistía General cuando ni siquiera –según su Boletín- existen?

No vale que FRA niegue que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos por agentes de la AFI y decir que nosotros mismos no sabemos qué pasó con ellos, tratando de contrainformar a la opinión pública, eso no es más que la aplicación -precisamente- de la guerra sucia, como parte de la instrumentación de la guerra de baja intensidad para tratar de eludir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.

Que haya respondido como lo hizo, aprovechando la cobertura de los medios a la publicación de un “último comunicado” nuestro, lo retrata de cuerpo entero al considerar que ya no iba a haber respuesta de nuestra parte, ordenando una campaña mediática para que su supuesta verdad quedara como la última impresión pública.

En primer lugar nuestra demanda que es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros no está siendo atendida, están tratando de darle curso dentro de su estado de derecho para responsabilizar a quién sabe quién, ya que ustedes sí saben dónde están nuestros compañeros y quienes los detuvieron, o ¿es que no acudieron a la PGJ del Estado de Oaxaca e interrogado a los funcionarios en turno a partir del 25 de mayo, en donde encontrarían a más de un testigo?

En segundo, la guerra sucia sí existe, los hechos que hoy señalamos insistentemente para que no lo omitan o lo olviden, son:

Dos de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por sus agentes federales el 25 de mayo, lo que dio lugar a nuestra Campaña de Hostigamiento; en esas mismas fechas también fueron detenidos-desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en el estado de Guerrero y Roberto Paredes Nieto del Estado de México; después de participar el 23 de septiembre en la conmemoración del Asalto al Cuartel Madera, el 26 de septiembre desaparecieron a otro luchador social Francisco Paredes Ruiz y posteriormente desaparecieron a David e Hilario Vega Zamarripa, luchadores sociales también; los más de 28 desaparecidos en el estado de Guerrero que no es sólo responsabilidad estatal, por lo que ustedes iniciaron una ofensiva contra los luchadores sociales sin imaginarse que en esta ocasión sí tendrían una respuesta de autodefensa de nuestra parte.

Tercero, qué autoridad moral tiene el gobierno federal de decir que nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario debiera suspender su campaña de hostigamiento si su pecado es haberse impuesto mediante un fraude de origen para continuar gobernando con la política neoliberal en contra del pueblo mexicano a través del autoritarismo y la militarización del país, producto de una tendencia fascista.

Si es real que “... El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho.”

¡Que empiece ya!

Primero, que presente a nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que también están detenidos desparecidos.

Segundo, ponga en libertad a todas las presas y presos políticos y de conciencia del país cuya existencia niegan en su definición aún a contrapelo de los informes de Organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y organizaciones populares. Presos políticos que no deberían de estar en penales de exterminio de máxima seguridad, sería bueno que pasaran a otro tipo de cárceles donde tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus virtudes creativas, como un paso previo a la ley de amnistía general en un gesto de capacidad política del actual gobierno.

Tercero, que cumpla con las demandas expuestas en el comunicado de nuestro partido emitido el 18 de septiembre de 2007 y ratificadas en el comunicado del 2 de octubre de 2007.

Para terminar comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.

Recuerden para que tengan en cuenta la moral del revolucionario, aunque sus supuestos principios no lo conciban, es la prudencia y la cordura. Pero que también éstas tienen límites las cuales al no presentar a nuestros compañeros son ustedes los que nos obligan a realizar más acciones de autodefensa. Reiteramos ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o soportar…? porque entre nuestro pueblo, militantes y combatientes ya existe una firme determinación de no esperar más tiempo con tanta impunidad, ¿Cómo se atreven con tanto cinismo afirmar que nuestro PDPR-EPR se quede con las manos cruzadas mientras nuestros compañeros siguen siendo torturados y no son presentados, y hasta estos días se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con la desaparición actual del dirigente indígena Lauro Juárez en el estado de Oaxaca?, es a usted Sr. FRA y su gobierno a quienes no les “cuadran” los hechos.

Hoy apoyamos decididamente y de una manera enérgica a nuestro pueblo que se atreva a rechazar ese acto criminal contra el campo mexicano por medio del TLCAN, y este pueblo sabrá responder y necesita responder a los actos violentos de este gobierno de acuerdo a su capacidad y creatividad ante la embestida gubernamental. ¡A luchar por todos los medios por la cancelación del TLCAN!, es el momento de la unidad y de impulsar todas las formas de lucha sin importar nuestra propia vida al enfrentar estos hechos perversos y antipopulares.

Aprovechamos, con motivo de un nuevo año para enviar un caluroso abrazo fraterno a todos nuestros camaradas militantes y combatientes que cada día hacen un esfuerzo ya sea en las montañas o en las ciudades dando continuidad a su preparación político militar para responder adecuadamente ante cualquier represión.

Donde quiera que se encuentren Edmundo y Gabriel tengan la convicción que no descansaremos hasta tenerlos de regreso y seguiremos luchando porque jamás exista una desaparición forzada.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
República Mexicana, a 15 de enero de 2008.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

A LA OPINION PUBLICA DE MEXICO Y SAN LUIS POTOSI

Como de todos es sabido el Gobierno del Estado realizo un desalojo en tierras ubicadas en el Predio la Ladrillera , superficie titulada a la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San miguelito. El operativo implico el uso de una fuerza de los tres niveles de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal.

El gobierno de Marcelo de los Santos no perdona que Margarito Jasso, Librado Perez Almendarez y Jose Luis Garcia Granja ganaran la representacion comunal al grupo caciquil de los Juanes Perreros en Julio del 2006 y con esto detuvieran el proyecto privatizador del Estado.

Por eso la saña en la Ladrillera.

Tenemos conocimiento que se intentara en las próximas horas desalojar el Plantón de los compañeros que sufrieron la agresión gubernamental. De que se giraron instrucciones a las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que ejecutaran supuestos actos en contra del Bando de Policía y Buen Gobierno. El AFI y la PFP rodean este medio día el plantón y esperamos lo peor.

El Gobierno establece que dicho predio es pequeña propiedad y que la asamblea comunal determinó la exclusión del mismo. Al respecto es de establecerse que esta cuestión jamás ha sido parte de un litigio jurídico definitivo y que además en las asambleas realizadas en el periodo 1999 al 2007 jamás se autorizo el desalojo de dichas tierras y siempre se garantizo el respeto de la posesión de los habitantes de dicha superficie.

Pero este gobierno realmente busca iniciar un plan integral de intimidación y despojo.

Tenemos conocimiento de su proyecto de tercer anillo del periférico que partiría en tres la sierra de San Miguelito, vinculando dicho anillo con diversas carreteras nacionales y desarrollando en un área de once mil hectáreas, zonas residenciales, campo de Golf, zona hípica, criaderos de animales para cacería, panteones, aeropuertos privados y zonas ecológicas-residenciales, acciones todas de impacto ambiental a una zona de recarga de la biosfera y el manto acuífero.

Además existen cerca de 20 averiguaciones penales contra mas de ciento cincuenta integrantes de esta Comunidad y los asesores de la misma por todo tipo de delito que van desde la delincuencia organizada, pasando por despojo, daños, lesiones, secuestro amenazas y todo el catalogo de los códigos penales. Al respecto destacan las averiguaciones 97/XI/2006 y la 94/XI/2006 ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

Las tierras de esta Comunidad son las mas cotizadas la ciudad. Están rodeadas de los complejos inmobiliarios La Loma Club de Golf, Lomas del Tecnológico y Desarrollo del Pedregal, desarrollados por grupos de poder con una fuerte influencia sobre los gobiernos estatal y municipal.

No nos extraña la ilegal actitud parcial del Gobierno pues es una estrategia conjunta que busca en un agónico gobierno dar los últimos zarpazos para fortalecer su poder económico y así influir en la sucesión política.



CARLOS COVARRUBIAS RENDON
REGIDOR

Y

MESA DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SAN JUAN DE GUADALUPE Y SUS ANEXOS TIERRA BLANCA Y SAN MIGUELITO.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

36 ANIVERSARIO DE LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE DIEGO LUCERO MARTÍNEZ

El 16 de enero de 1972, en la ciudad de Chihuahua, fue ejecutado extrajudicialmente Diego Lucero Martínez, quien había sido detenido un día antes por integrantes de la policía judicial estatal y luego interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Recordamos que hace 36 años murieron en combate Avelina y Oscar y fueron ejecutados extrajudicialmente Ramiro, Gaspar y Diego Lucero Martínez, a quienes hoy rendimos homenaje y en cuya memoria reivindicamos el compromiso de continuar en la lucha por la verdad y por la justicia.

La ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, como las de decenas de hombres y mujeres que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema anti democrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, es uno de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.

Se considera como ejecución extrajudicial, a la privación de forma arbitraria de la vida, llevada a cabo sin que la persona haya sido previamente juzgada por los tribunales establecidos y conforme a las leyes o normas, sistemas normativos vigentes y legítimamente reconocidos por la sociedad.

Diego Lucero Martínez, joven y maduro dirigente revolucionario, fue detenido después de un triple asalto bancario realizado en la ciudad de Chihuahua, existen testigos de que se encontraba con vida en manos de las fuerzas policíacas y que enfrentó con valentía los interrogatorios.

Nuestra organización, que tomó su nombre de un compañero revolucionario que es patrimonio del pueblo trabajador en su conjunto, lucha por la Verdad, la Justicia y contra la Impunidad como una forma de contribuir a que el movimiento social enfrente en mejores condiciones la represión que, desgraciadamente, el Estado sigue aplicando en su contra.

¡Presentación con vida y respeto a la integridad física y psicológica del compañero Francisco Paredes Ruiz!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a los presos políticos!

¡No a la impunidad! Verdad y Justicia

Blanca Hernández

México, D.F. a 15 de enero de 2008

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Terrorismo de Estado en San Luis Potosi, De los Santos reprime al Pueblo.

A continuacion el comunicado Urgente que los comuneros de San Juan de Guadalupe, San Luis Potosi, SLP; Mexico, hacen a la Opinion Publica Nacional e Internacional denunciando la represion que el Gobierno estatal panista de SLP llevo a cabo el dia de hoy, con un fuerte operativo policiaco, allanando domicilios particulares y despojando de sus propiedades a familias humildes, honestas y trabajadoras pertenecientes a esta comunidad que se niega entregar su patrimonio a manos de constructores voraces y corruptos, que protege el cacique que gobierna la entidad, Marcelo de los Santos Fraga.

Signos de los tiempos. Cananea.... y San Juan de Guadalupe.



COMUNIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y SUS ANEXOS TIERRA BLANCA Y SAN MIGUELITO.

Se denuncian actos arbitrarios mandatados
por Marcelo de Jesús de los Santos Fraga.

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

De nuestra consideración:
1. Los abajo suscritos, en nuestro carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito en esta capital de San Luis Potosí, México, denunciamos los siguientes hechos:

2. Este sábado con fecha 12 de enero del 2008, poco antes de las seis de la mañana, un grupo de aproximadamente mil policías estatales, apoyados por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con armas de alto poder y con uniformes de combate, encabezados por el agente del Ministerio Público del fuero común, licenciado Omar Almendárez Pardo, allanaron las viviendas de los descendientes de comuneros Cenobia Bravo Hernández y Feliciano Jasso Llanas y de sus seis hijos que viven con sus respectivas familias, en el domicilio ubicado y que colinda con las calles Los Jassos, Luis Donaldo Colosio, del Río y Primera Norte, en la Comunidad que representamos.

3. Algunos de los invasores iban encapuchados y vestidos de negro, abrieron la puerta del domicilio mencionado a patadas, insultaron a los habitantes que se encontraban durmiendo, con excepción de Fernando Jasso Bravo, a quien sometieron e hicieron que se colocara los brazos detrás de la cabeza. Luego los obligaron a salir a todos, que en total fueron 21 personas, incluyendo diez menores de edad (la más pequeña tiene un año) quienes permanecen hasta el momento a la intemperie.

4. Introdujeron con ellos a algunos jóvenes con aspecto de pandilleros que se dedicaron a recoger los muebles y demás objetos propiedad de los poseedores del terreno, aventándolos a camiones que estaban afuera. Saquearon lo que encontraron y ya no dejaron ingresar a los dueños de las viviendas. Aparte de los muebles y la ropa, había en las viviendas cajas de juguetes que la señora Cenobia vende en “La Feria del Juguete”, así como doce mil pesos en efectivo que tenía como producto de las ventas de diciembre y de reyes. Amenazan con derribar las construcciones.

5. Interrogado sobre las razones de su proceder, el licenciado Omar Almendárez Pardo dijo que él obedece a una orden de restitución provisional de la posesión, a favor de La Promotora del Estado, dictada en la averiguación previa 2-II/2005. Manifestó no saber el término de esa provisionalidad y que ésta podría ser indefinida y se negó a entregar a los descendientes de comuneros un mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado. Este terreno está dentro del perímetro confirmado y titulado a nuestra Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.

6. Por lo anterior, consideramos que es de suma importancia denunciar estos atropellos, disimulados en actos de autoridad legales y producidos por el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Marcelo de Jesús de los Santos Fraga, nuevamente contra los mas pobres de San Luis Potosí se enfilan las macanas y los sótanos carcelarios, único instrumento de estos gobiernos fascistas para solucionar los problemas sociales que se presentan, ayer fueron los ciudadanos que solicitaban agua potable, o los mineros de Cananea que exigían el respeto de sus derechos laborales, con el transcurso de los días se acredita la hipótesis, de que el ejercito en las calles y los cuerpos policíacos federales, supuestamente auxilian a los gobiernos de los estados contra el narcotráfico, esa es la zanahoria que se nos suministra como sociedad, mas bien la militarización y el estado policiaco se dirige contra los pueblos y grupos sociales, que resisten en contra de la injusta sociedad capitalista neoliberal, que por la vía de la fuerza, se impone en nuestro país.

REPRESENTANTES PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y SUS ANEXOS TIERRA BLANCA Y SAN MIGUELITO.

MARGARITO JASSO MENCHACA.

LIBRADO PEREZ ALMENDAREZ.

JOSE LUIS GARCIA GRANJA



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

OAXACA, TIERRA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

OAXACA, TIERRA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.


Agradecimiento a los compañeros que colaboraron con los datos y la redacción, una disculpa a los lectores por que quizás muchos datos escapan de la compleja situación del movimiento, este es un trabajo preliminar que compartimos con todos los compañeros internacionales que han estado muy pendientes de Oaxaca.


DEDICADO AL HEROICO PUEBLO OAXAQUEÑO.


Hay héroes que no tienen rostro, siempre estuvieron participando por miles y cientos, llenando las calles y las plazas públicas, hoy están resistiendo como guerreros, defendiendo una lucha justa con toda su fuerza incontenible que ha puesto de rodillas a dictadores. Eres pueblo, el que no busca brillar, sólo luchar.


Para que la mentira y el olvido no nos aíslen, ante todo la memoria histórica y la denuncia de todas las atrocidades del régimen.


INDICE:


I.- LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA.


La violación a los derechos humanos y garantías individuales se ha intensificado ante la aplicación de la política neoliberal, de donde han derivado planes geopolíticos, económicos y militares como el ALCA, el Plan Puebla Panamá y el “Plan México” recientemente anunciado por George Bush como “Iniciativa Mérida”. Uno de los efectos de esta política es la cancelación de elementales derechos políticos y sociales conquistados por los trabajadores. En respuesta legítima, los trabajadores y sectores agraviados se organizan para la resistencia y la defensa de tales derechos, a lo que el Estado responde con represión, tortura, persecución y cárcel para contener los descontentos sociales, a nombre del supuesto Estado de Derecho, que muy en el fondo defienden el régimen actual.


Oaxaca no está ajeno a los intereses económicos del capital trasnacional, por esa razón Ulises Ruiz Ortiz (URO), como representante de los grandes ricos, ha implementado políticas a beneficio de sus patrones, respaldado a sangre y fuego por Vicente Fox y Felipe Calderón, como una moneda de cambio, a pesar de las inconformidades sociales expresadas en multitudinarias megamarchas durante el 2006.


En la historia de Oaxaca, a pesar de los anteriores gobiernos represores como el de Diódoro Carrasco y José Murat, no habíamos tenido uno tan desvergonzado y criminal como el régimen actual de Ulises Ruiz Ortiz.


Ningún sector oaxaqueño imaginó que con Ulises Ruiz viviría el peor calvario de la historia reciente; el régimen instaurado se ha convertido en un modelo de violencia institucional y tiranía que, encubierto en el fuero institucional, ha tratado de imponerse mediante la fuerza represiva del Estado. Por su política de mano dura ejercida contra los sectores que exigen solución a demandas justas, URO es el responsable de llevar al estado de Oaxaca a una situación de crispación social.


El movimiento desarrollado el año pasado por los sectores agraviados del pueblo oaxaqueño, puso en entredicho la institucionalidad local dirigida por Ulises Ruiz (un gobierno débil, ignorado, pero que sigue haciendo daño) y la federal, dirigida por Felipe Calderón, un presidente espurio. La federación sostiene a Ulises Ruiz resultando como premisa “Un ilegítimo, sostiene a otro ilegítimo”. El arribo de Felipe Calderón (FECAL) al poder, fue aprovechado por los priístas para negociar con el PAN el espaldarazo a URO, de lo contrario los diputados priístas se sumarían a la posición del Frente Amplio Progresista para que FECAL no tomara posesión presidencial; lo anterior fortalecería el descontento popular mexicano ante el fraude electoral más descarado del siglo. La coyuntura política del momento llevó a una alianza necesaria entre el PAN y el PRI, para defender posiciones e intereses.


El acuerdo político contraído entre los partidos PRI y PAN, ha sujetado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la investigación de los diferentes casos que han causado revuelo en el país: enriquecimiento ilícito, pederastia y violación a las garantías individuales y a los derechos humanos. Los órganos de justica federal actúan bajo consigna política creando un manto protector a los delincuentes de cuello blanco y criminales de lesa humanidad.


Las autoridades tanto estatales como federales protagonizan la violación de las garantías individuales y de los derechos humanos de cientos y cientos de oaxaqueños, cometidos por el Estado mexicano que tuvo participación en todos sus niveles y expresiones de poder desde presidentes municipales priistas; porros pagados, bandas paramilitares, algunos elementos del ejército que disparaban a las personas de las barricadas; elementos policíacos estatales, diputados locales de Oaxaca, la policía federal preventiva, gobernadores, los medios de comunicación ligados al gobierno y el mismo presidente, comandante supremo de la fuerzas armadas. Por lo que, no nos extraña que gobierno federal y estatal de Oaxaca se encubran entre sí, pues ambos tienen la responsabilidad de más de 26 asesinatos políticos y muertes por diversas causas de simpatizantes y militantes de la APPO.


La parcialidad de las instituciones de justicia estatal y nacional abre una rotunda brecha de desconfianza del pueblo agraviado hacia todas las instituciones del país, situación que debe ser motivo de preocupación para los que pregonan la democracia de las instituciones, que con sus acciones miopes están llevando a una crisis al régimen que tanto defienden.


Suponiendo, en una lejana idea, que realmente funcionara la autonomía de los tres poderes del Estado en el país, dependería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, devolver la credibilidad y confianza, iniciando las investigaciones correspondientes sobre los diversos casos de Oaxaca, para que sean sancionados los responsables materiales (bandas paramilitares, porros, etc.) e intelectuales de los asesinatos políticos ocurridos en el año 2006.


La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDHO), desde su creación, ha sido un elefante blanco sirviendo de parapeto a los funcionarios locales para encubrir las atrocidades del régimen en la detención de los Loxichas hace más de 10 años, además de la detención de dirigentes de organizaciones en el periodo de José Murat y todas las atrocidades del régimen Ulisísta.


Los presidentes estatales de la CEDHO no han cumplido su papel en la defensa de los derechos humanos, al contrario actúan por omisión, negando emitir las recomendaciones sobre la falta de justicia de los casos ventilados ante los tribunales locales y ante la procuraduría de justicia del Estado de Oaxaca sobre los asesinatos políticos.


Ahora, los que fueron ombudsman de la CEDHO representan a las fuerzas represivas del Estado, como en los casos del Doctor Evéncio Nicolás Martínez y Sergio Segreste Ríos, el primero, titular de La Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca y el último, actual representante de la Secretaria de Protección Ciudadana (SEPROCI); la pregunta obligada: ¿Los principios de los derechos humanos dónde quedan cuando hay encubrimiento de los paramilitares en los asesinatos políticos?


Con la presencia de una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Oaxaca, el actual titular de la CEDHO, se vio obligado a emitir una recomendación sobre los hechos de represión del 16 de Julio de 2007, para tratar de limpiar la imagen empañada de la institución.


En días pasados, los magistrados de la SCJN decretaron negativa sobre la violación de las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho, tal acción sienta un mal precedente para el resto de los casos que se encuentran en proceso de investigación. Aún esperamos miles de oaxaqueños que se haga justicia sobre los asesinatos políticos del 2006.



II.- LAS PRIMERAS AGRESIONES DEL RÉGIMEN DE ULISES RUIZ ORTIZ.


EL PRIMER ASESINATO POLÍTICO


1.- En el periodo de campaña electoral 2004, para la gubernatura estatal, grupos de priístas asesorados por el entonces diputado local Elpidio Concha Arellano asesinaron a golpes al profesor Serafín García Contreras, cuando junto con sus compañeros perredistas mantenían un bloqueo en el Puente de Fierro, en la entrada de la localidad de Huautla de Jiménez. El entonces candidato Ulises Ruiz, se aprestaba a realizar una campaña proselitista en dicho municipio ubicado en la región de la Cañada. Ese asesinato fue el preludio de un gobierno despótico en Oaxaca y hasta la fecha sigue en total impunidad, aún cuando se tienen ubicados los asesinos a través de fotografías publicadas en los diarios nacionales.


DETENCIONES Y AGRESIONES


2.- Meses después del artero asesinato del profesor Serafín Contreras, es detenido Agustín Sosa Ortega, dirigente del Frente Único Huautleco, acusado falsamente por sus contrincantes políticos priístas, de asesinar al profesor Serafín, cuando los sicarios están plenamente identificados dentro de las filas del priismo regional de Huautla de Jiménez. Las batallas políticas y legales hicieron posible la libertad de Agustín Sosa, actual presidente municipal de Huautla de Jiménez para el periodo 2008 – 2010.


3.- En el 2005, la imposición del presidente municipal Sergio García en el municipio de Santiago Xanica, Pochutla por Ulises Ruiz, para entonces ya gobernador de Oaxaca, derivó en un conflicto poselectoral, en medio del cual, el 16 de Enero del mismo año, se realizó un intento de masacre por un destacamento de la policía preventiva del estado, cuyos elementos accionaron sus armas contra mujeres, niños y adultos resultando heridos gravemente Abraham Ramírez Vásquez, Noel García Cruz y Juventino García Cruz, quienes hasta la fecha siguen presos injustamente en la penitenciaria de Pochutla, Oaxaca.


4.- El 3 de Febrero de 2005, fueron detenidos varios integrantes de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA) cuando regresaban de la ciudad de México, después de una entrevista con José Luís Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que intermediara en una mesa de diálogo, entre los integrantes de la COMPA y el gobierno de Ulises Ruiz con miras a exigir la libertad de los presos de Santiago Xanica. La respuesta del gobierno, fue la detención de Samuel Hernández Morales, Jaquelina López Almazán, Alejandro Cruz López y Gilberto Canseco Carmona. Una larga jornada de protesta de seis meses, fue sostenida por integrantes de la COMPA en las calles de la ciudad de México, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Secretaria de Gobernación, exigiendo la libertad de los presos.


Ante el desarrollo del movimiento social en Oaxaca en el año de 2006, varios ex presos de la COMPA, están exiliados y otros viven ocultos, por el riesgo latente de reactivación de órdenes de aprehensión (el gobierno criminal pretende detenerlos por diversos delitos que no cometieron) o de sufrir un atentado contra sus vidas.


5.- En el mes de marzo de 2005, siguió una larga lista de detenidos por conflictos pos-electorales municipales: la detención de 12 integrantes del ayuntamiento popular de San Juan Lalana Choapam, la detención de una decena de integrantes del Movimiento de San Blas Atempa y la detención de aproximadamente 4 docenas de inconformes del municipio de Santa Catarina Juquila que exigían respeto a la voluntad popular, contra la imposición de autoridades municipales.



III.- 14 DE JUNIO DE 2006: PARTEAGUAS DEL LEVANTAMIENTO SOCIAL EN OAXACA


Desde el 22 de Mayo de 2006, se había instalado el plantón magisterial y popular en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, con la participación de la sección 22 del sindicato magisterial, las organizaciones sociales de la COMPA y de la Promotora por la Unidad Nacional en contra del Neoliberalismo. Exigían solución a las demandas políticas, sociales y económicas, y lejos de que Ulises Ruiz privilegiara el diálogo y la concertación, el 14 de Junio de 2006 optó por el uso de la fuerza pública contra los niños, mujeres, maestros y campesinos que ahí se manifestaban.


Radio Plantón daba servicio desde el inicio de la jornada del 22 de Mayo. En la madrugada del 14 de junio, justo antes de ser sacada del aire por las fuerzas policíacas, el locutor convocó al pueblo a la solidaridad, amplios sectores acudieron al llamado tomando participación activa, reorganizándose los plantonistas vencieron a las fuerzas policíacas estatales.


La derrota de las fuerzas policíacas hizo recobrar la confianza al pueblo, ese momento se convirtió en precedente para la generación del autogobierno.


El resultado de la agresión policíaca fue cientos de intoxicados y heridos por los cilindros de gas lacrimógenos que arrojaban los policías desde el helicóptero y por tierra hacia los plantonistas. A partir de ese momento, miles de voces se levantaron para exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz del poder, las demandas dieron un viraje de 360 grados, pasando de las demandas gremiales y de gestión a la demanda política. Este, seria el comienzo de la jornada de lucha más prolongada de la resistencia oaxaqueña, convirtiéndose en el movimiento articulador que unificó a muchos sectores sociales.


IV.- EL TERRORISMO DE ESTADO EN MARCHA, PLAN DE ACCION DE ULISES RUIZ ORTIZ.


El Terrorismo de Estado fue puesto en marcha por Ulises Ruiz y por su policía político Heliodoro Díaz Ezcárraga, para desactivar el movimiento social, aplicando el PLAN HIERRO, documento que circuló en la página oficial del gobierno de Oaxaca y que consistía en el uso de la violencia institucional: golpear, reprimir y hasta asesinar, a través de francotiradores, a los manifestantes.


El terrorismo de Estado es aplicado comúnmente en los países con gobiernos totalitarios que utilizando las fuerzas represivas del Estado y grupos anticonstitucionales como bandas paramilitares, porros y sicarios, implementan acciones violentas que tienen como fin infundir el miedo y el terror a los simpatizantes de un movimiento o a la sociedad civil, para que dejen de participar en actividades políticas, debilitando el estado de ánimo de los militantes o simpatizantes de un movimiento.


La criminalización de los movimientos sociales y la protesta social, es el primer paso para el aislamiento y posteriormente la aplicación de la fuerza bruta: el terrorismo de Estado. La relación entre criminalización de la protesta social y el terrorismo de Estado es relativa, no siempre suele tener este patrón; desentrañando las acciones represivas del gobierno en Oaxaca, la criminalización fue el primer paso y la aplicación del terrorismo, la segunda fase. Tal acción se encuadra perfectamente cuando sicarios y paramilitares asesinan a José Jiménez Colmenares en plena marcha pacifica, en la lógica de un gobierno asesino, para desactivar la protesta social.


La criminalización se realiza prefabricando delitos para someter a los manifestantes a procesos penales, hechos que aparentemente están desligados de toda acción política, de tal modo, que se genera una opinión pública falsa, haciéndolos pasar como delincuentes ante el pueblo, ocultando su carácter de presos políticos. El ejemplo más claro son los casos de los presos de Santiago Xanica, David Venegas (Alebrije), Adán Mejía y los demás presos y perseguidos políticos. Por citar un ejemplo de la amañada actuación judicial, a David Venegas, los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca le inventan el delito de posesión de heroína, tal mentira tejida por el Estado, se desvaneció jurídicamente y a partir de una serie de actividades políticas y de propaganda implementada por los familiares, organismos de derechos humanos y la APPO, se logró romper el cerco mediático tendido por los medios oficiales de comunicación. Los abogados después de haber ganado amparos obtuvieron la libertad de David Venegas, con lo que el gobierno ya no pudo ocultar su pretensión en mantenerlo preso, sin embargo, le impusieron nuevas órdenes de aprehensión por delitos prefabricados, el mismo día que se le decretaba la libertad incondicional.


La ley en Oaxaca se usa bajo consigna para cobrar venganza política. Con la ley en la mano los funcionarios han encarcelado a luchadores sociales, porque luchan por los derechos del pueblo, lo que choca con intereses de los grupos en el poder. Con la actual administración, el terrorismo de estado se reafirma con la impunidad y la existencia de bandas paramilitares y sicarios, responsables materiales de haber segado la vida a 26 activistas del movimiento social de Oaxaca en el año 2006.


El terrorismo de Estado alcanzó a las diferentes regiones de la entidad durante el desarrollo del movimiento del año pasado; el 27 de Noviembre de 2006 un grupo paramilitar que opera en la región de Putla de Guerrero, intentó asesinar a Marcos García Macedas dirigente del CODEP (organización activa en la APPO) que se desplazaba en una camioneta, la cual recibió 177 impactos de bala y 8 penetraron en diferentes partes de su cuerpo, situación que lo mantuvo postrado en cama por más de 5 meses y hasta la fecha continúa en recuperación.


V.- ASESINATOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN OAXACA DURANTE LA JORNADA DE LUCHA EN EL 2006.


*Marcos García Tapia Odontólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, fue asesinado el día 8 de Agosto de 2006 por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, en plena calle del centro de la ciudad de Oaxaca. El crimen sucede cuando cobra auge el movimiento, Marcos García mostró siempre simpatía con el movimiento.


*En la región de la Sierra Sur en la comunidad “Paso de Águila” de San Miguel Copala Putla, el día 9 de Agosto de 2006, son emboscados y asesinadas tres personas: Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y Pablo Octaviano Martínez Martínez, integrantes de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Tríqui Independiente (MULTI), cuando viajaban con rumbo a integrarse al plantón magisterial popular en la ciudad de Oaxaca. La Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido omisión en el caso mencionado que hasta estos momentos no ha sido esclarecido y cuya denuncia se integró en la averiguación previa 192/2006 del Ministerio Público de Putla de Guerrero, Oaxaca.


*José Jiménez Colmenares fue asesinado el día 10 de Agosto de 2006, sobre la calle Niños Héroes, frente a la clínica Santa María de la colonia Exmarquesado de la ciudad de Oaxaca. Este hecho ocurrió a manos de un grupo de sicarios que, apostados en un edificio, dispararon contra manifestantes cuando se dirigían al Canal 9, en una marcha pacífica. Los sicarios fueron turnados ante las autoridades competentes, pero fueron liberados inmediatamente.


*Gonzalo Jiménez Gautier es asesinado el 16 de Agosto de 2006, en el municipio de Zaachila, donde se constituyó el Ayuntamiento Popular por los habitantes, al desconocer al presidente municipal José Coronel Martínez, porque actuaba con prepotencia saqueando el erario público.


*Lorenzo Sampablo Cervantes, asesinado el 22 de Agosto de 2006 en inmediaciones de la radiodifusora La Ley 710, por la banda parapolicíaca que integró Ulises Ruiz, denominando a este operativo “campaña de limpieza”.


*Arcadio Fabián Hernández Santiago asesinado por priístas en el Municipio San Antonino Castillo Velasco, el día 2 de Octubre de 2006, después de que la asamblea del pueblo decretó el Ayuntamiento Popular.


* José Manuel Castro Patiño, originario de la Sierra y profesor, murió el 3 de octubre en la comunidad de Amilcingo Puebla, cuando marchaba en la caravana rumbo a la ciudad de México para exigir al gobierno federal la desaparición de poderes en Oaxaca.


*Alejandro García Hernández, asesinado el 14 de octubre de 2006 fue asesinado por dos militares en la barricada de la avenida de Símbolos Patrios, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando se disponía a solidarizarse con el movimiento llevándoles café. Dichos militares que deben ser castigados, fueron liberados a los 15 días de su detención, la denuncia fue interpuesta ante la PGR, integrándose la averiguación previa: AP 67 (FEPAM) 2006 y AP1315 (H.C.)/2006


* El profesor Pánfilo Hernández asesinado el día 18 de Octubre, en la Colonia Jardín de la ciudad de Oaxaca, por los asesinos a sueldo de Ulises Ruiz Ortiz, esto ocurrió cuando salía de una reunión convocada por los colonos de la Zona Norte donde recibió dos impactos de bala por una banda de sicarios, que le quitaron la vida, dicha denuncia interpuesta ante las autoridades correspondientes fue atraída por la PGR, con el rubro de la Averiguación Previa: AP 69 (FEPAM)/2006, hasta la fecha no se ha esclarecido este crimen.


*El periodista independiente Bradley Roland Will del medio Indymedia, el día 27 de Octubre fue asesinado por los policías municipales de Santa Lucia del Camino, dichos elementos al ser detenidos fueron liberados de manera inmediata.


* Los profesores Emilio Alonso Fabián y Esteban López Zurita fueron asesinados el mismo 27 de octubre, en Santa Maria Coyotepec, por el grupo paramilitar integrado por los priístas y el presidente municipal de dicho lugar.

VI.- MILITARES DISFRAZADOS DE POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA OCUPAN OAXACA.


El 29 de Octubre de 2006, con un cálculo de 10 000 miembros, la Policía Federal Preventiva (PFP) ingresó a la ciudad de Oaxaca, caracterizándose como una fuerza de ocupación. Ante su llegada, miles y miles de oaxaqueños resistían de manera pacífica, con sus libros, banderas de México, crucifijos, flores blancas. Leían la constitución a los elementos de la PFP como una muestra de rechazo a tal acción.


Se impuso la bota policial y militar disfrazada de gris contra la mayoría de los oaxaqueños, empezaron a desalojar los espacios que tenía bajo su control el movimiento popular. Al término del desalojo de la PFP a los plantonistas del zócalo de la ciudad de Oaxaca, el entonces secretario de gobernación José María Abascal Carranza, quien con gran cinismo había declarado: “en nombre de Dios no se va a reprimir, ni utilizar la fuerza pública”, concluye que la operación fue limpia y sin saldos rojos.


Con la entrada de la PFP, se multiplicó la violación a los derechos humanos en Oaxaca instaurándose un “Estado de Sitio” por el gobierno federal, dicha estrategia les permitió operar con gran facilidad en la detención de cientos de personas que se identificaban con la APPO y, por confusión, de algunos priístas. Las denuncias aumentaron por las vejaciones y acosos a las señoras que transitaban por alguna razón por el centro histórico.


1.- La primera víctima de la represión de la PFP fue el enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social Jorge Alberto López Bernal, de 35 años asesinado el 29 de Octubre de 2006, mientras auxiliaba a los manifestantes que estaban siendo atacados por las fuerzas represivas. Jorge Alberto López Bernal, originario del municipio de San Lorenzo Etla, recibió el impacto de un cilindro de gas lanzado por la PFP, que lo mató inmediatamente.


2.- En el acto de la resistencia pacífica de los ciudadanos oaxaqueños ante la entrada de la PFP, de acuerdo con las versiones de los manifestantes, a consecuencia de los ataques de la policía, fallece un menor de edad cuyo cadáver inmediatamente es desaparecido por los elementos policíacos


3.- Fidel Sánchez García también fue asesinado el 29 de Octubre de 2006, en el Canal 9, de la ciudad de Oaxaca.


VII.- PARA EL PODER, LOS DERECHOS HUMANOS NO VALEN EN OAXACA.


REPRESIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006


Los maltratos que sufrieron y que siguen padeciendo los presos, atentan contra la dignidad de los seres humanos, hecho que violenta los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el gobierno mexicano, para ser pisoteados por sí mismo, sin que alguna autoridad ponga límite o sancione todas las atrocidades del régimen mexicano.


La represión del 25 de noviembre de 2006, fue de las más salvajes que conocimos en la historia del movimiento social en Oaxaca. La Policía Federal Preventiva (PFP) se dedicó a detener junto con la Policía Ministerial, preventivos y municipales de Oaxaca mientras que, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, elaborara las órdenes de aprehensión. Muchos de los detenidos fueron recluidos en penales de Oaxaca y posteriormente trasladados a penales de otros estados, como el de Nayarit.


La PFP aplicó métodos degradantes contra los detenidos oaxaqueños, hay relatos y testimonios desgarradores de vejaciones, maltratos tanto físicos y psicológicos. A las mujeres las golpeaban, las desvestían, con palabras altisonantes las humillaban. Amenazaban a los detenidos con arrojarlos al vacío desde los helicópteros donde los trasladaban para obligarlos a declararse culpables y en algunos otros casos hubo violaciones a los varones, según relatan en sus testimonios.


La Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, para desanimar a los familiares de los presos simpatizantes de la APPO, violó los derechos elementales al “debido proceso” de los detenidos, trasladándolos a penales de otros estados como el de Nayarit y el del Altiplano en el Estado de México.


A los presos se les restringían las visitas y al ingresar, los familiares en todo momento estaban siendo vigilados. La comida que les ofrecían a los detenidos se encontraba en estado de descomposición; a las mujeres no les proporcionaban toallas sanitarias, les cortaron el cabello. Los detenidos que consideraban más peligrosos, fueron remitidos a prisiones de alta seguridad, como los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, recluidos en el Altiplano, bajo consigna del gobierno federal y de URO, manteniéndolos bajo estricta vigilancia con cámaras.


En la lógica de URO de minimizar la protesta social, trasladó a los presos fuera de Oaxaca, pero resultó contraproducente porque dicha protesta se extendió. La clase política y los grupos de poder de Nayarit, inmediatamente pegaron de gritos, ante las manifestaciones que desarrollaron los familiares de presos en la capital de dicho estado. La solidaridad de las organizaciones religiosas y de sectores democráticos se hicieron presentes, los grupos de poder espantados decían: “Oaxaca en Nayarit, mal ejemplo para los ciudadanos”, “debemos encapsular el problema de Oaxaca y no propagarlo”.


Los que representan al poder formal, en su lógica de que “son el orden”, se vengaron de las ofensas de los valientes guerreros oaxaqueños, que se atrevieron a defender la dignidad heroica del pueblo, desafiando al Estado mexicano para exigir la dimisión de Ulises Ruiz Ortiz, como gobernador de Oaxaca. El poder no conoce de dignidad, sino de humillaciones, a las que los verdugos denominan nada menos que disciplina y obediencia.


REPRESIÓN EN JULIO DEL 2007


En el marco de la celebración de la Guelaguetza Popular, el día 16 de Julio de 2007, fueron duramente reprimidos los simpatizantes e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes padecieron de maltratos y torturas, que atentan contra la dignidad humana. Las brigadas de rescate y de bomberos de Oaxaca, contribuyeron a vendar los ojos de los detenidos lo que demuestra el servilismo de estas instituciones al grupo de poder en Oaxaca (http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=39743 Galería fotográfica: ataque la Guelaguetza popular el 16 de julio).


Al observar las fotos de los detenidos con los ojos vendados, nos traslada a la imagen de prisioneros de guerras como en IRAK o en algún otro país, tal presión psicológica pretende infundir el miedo a los detenidos y un ansía profunda al no saber qué puede ocurrir con sus vidas. Esta práctica de la policía ya llegó a Oaxaca, seguramente aprendida en los cursos que solicitó José Murat, durante su administración como gobernador, al gobierno de Israel.


Para escarmentar a los manifestantes infundiéndoles el miedo, las fuerzas policíacas locales, pusieron al borde de la muerte a Emeterio Marino Cruz, y quedó con secuelas físicas y psicológicas graves. En la golpiza y torturas que le infringieron, según constan las fotografías, estuvo participando directamente el Coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal Aristeo López Martínez.


Estos hechos no deben tolerarse, al callar estamos abonando a la impunidad; lo que en Oaxaca sucede no debería ocurrir ni en un estado de guerra; aun los prisioneros de guerra tienen derecho a ser respetados en su integridad física y psicológica de acuerdo al Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, que entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Resulta impresionante la violación a los derechos humanos, de los presos y detenidos de Oaxaca en una supuesta “democracia y situación de paz”, que sin ser prisioneros de guerra, son víctimas de brutales atropellos por parte de las autoridades civiles.


En un apartado más adelante se amplía la información sobre los hechos del 16 de julio de 2007.

VIII.- HERIDOS DEL MOVIMIENTO DEL 14 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2006.


Marcos Antonio Joaquín Benítez, fue herido de una bala calibre 22, el 14 de Octubre de 2006, por un grupo de sicarios que se desplazaban en una camioneta Nissan doble cabina, color rojo, placas 47092 del D.F., quienes atacaron la barricada que se encontraba ubicada en Avenida Símbolos Patrios.


David Cruz Parada de 60 años fue herido el 27 de octubre de 2006, en Santa Lucia del Camino, por elementos de la policía preventiva.


El 27 de Octubre de 2006:


- Enedino Cruz Sánchez, Francisco Ángeles, Guillermo García, Juan Andrés Robles Juárez, Martín Olivera Ortiz, el profesor Víctor Antonio Salinas Carmona, fueron heridos por los paramilitares priistas de San Antonio de la Cal, que empezaron a disparar ráfagas de balas contra el plantón magisterial instalado en las oficinas la Procuraduría de Justicia del Estado de San Antonio de la Cal.


- Fernando Arturo Cruz López de 19 años, originario y vecino de Santa María Coyotepec, Francisco Javier Pablo García de 22 años, Gregorio Aguilar García de 56 años fueron heridos por los priístas en la casa de gobierno del Estado, lugar en que el magisterio de la región Costa mantenía el plantón magisterial, que fue atacado.


- Idelberto Carmona Martín Olivera, fue herido en Santa Lucia del Camino.


- Jorge Hernández Hernández, Juan Carlos López, Juan Antonio Muños Martínez de 33 años, René Ramírez Sánchez, Samuel (o Saúl) Díaz resultaron heridos.


- El fotógrafo del Diario Milenio, Oswaldo Ramírez, en la colonia Calicanto, siendo a las 17:30 horas fue herido por policías municipales cuando atacaron a la APPO. Entre otros periodistas, resultó lesionado Raúl Estrella del diario El Universal.

IX.- LA PFP ATACA CIUDAD UNIVERSITARIA.


El 2 de Noviembre de 2007, aproximadamente 5,000 miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP), actuando como fuerzas de ocupación intentaron incursionar en ciudad universitaria, para arrebatar uno de los espacios de expresión del movimiento popular: “Radio Universidad, La radio de la verdad”, aún cuando la incursión de la policía en ciudad universitaria violenta la autonomía universitaria, la PFP arrojó gases lacrimógenos y rompió cadenas de las puertas para penetrar por la fuerza.


Las vallas humanas siempre estuvieron por delante, antes de cualquier acción de autodefensa, unos inteligentemente declamaban poesías, otros rezaban pasajes bíblicos, mientras que otros recitaban los artículos de la constitución a las fuerzas federales, para que entraran en razón. Ninguna de las acciones pacíficas fueron suficientes para que las fuerzas de ocupación pararan ante la indignación del pueblo.



CRONOLOGÍA DEL ATAQUE DE LA PFP EN CIUDAD UNIVERSITARIA


Desde las 9 de la mañana se habían concentrado elementos de la PFP en las cercanías de Ciudad Universitaria.


A las 11:30 a.m., los elementos de la PFP habían tomado control del operativo de la UABJO, colocando tanquetas en las calles cercanas a la casa de estudios, mientras bombardean con gases lacrimógenos RADIO UNIVERSIDAD desde un helicóptero.


A las 12:00 del medio día, en el crucero de Cinco Señores fue herido JORGE DAVID JARAMILLO VELASQUEZ, foto reportero de 28 años de edad, del periódico “El Universal”, por elementos de la PFP.


A las 13:46 horas, policías ministeriales vestidos de gris, entran en el Instituto de Ciencias de la Educación rompiendo las cadenas del portón que conduce al instituto mencionado.


A las 13:56 un reporte de la prensa comercial señala que el fotógrafo David Jaramillo, había sido conducido al Hospital de la 4a región militar, en un helicóptero de la PFP matrícula PF318.


La policía actúo con tal beligerancia que ese día se constatan varios detenidos, quienes fueron torturados física y psicológicamente, violándose sus elementales derechos humanos.


Lista de heridos y detenidos hasta las 15:08 horas:


HERIDOS
Leonardo Ortiz Cruz (Intoxicado)
Ángel Santos Gallego, Catedrático Universitario, por traumatismo cráneo encefálico.
Jorge David Jaramillo Velásquez
Mario Mozqueda (Golpeado)


DETENIDOS

Rodolfo Ruiz Hernández
Marvin Peralta Hernández
Diego Hernández López
Gerardo Jiménez Vázquez
Erick Ortiz López
Félix Jiménez Damián
Pedro X
Víctor Ruiz García
Trinidad Michel López
Carlos Alberto Hernández Cárdenas
Abel Martínez
Luis Antonio Félix
Jaime Gaspar Ruiz
Juan Alberto Vázquez
Ubaldo García Guzmán
Isabel Galindo Aguilar (Estudiante de FCPYS de la UNAM, Detenida frente al Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO)
Amado Aguilar (Estudiante de FCPYS de la UNAM, detenido frente al Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO)
Héctor Guzmán Acosta (Estudiante de FCPYS de la UNAM detenido frente al Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO)




Ese día también fueron heridos:


*Jorge Brindis, fotógrafo del gobierno del estado.

* Miguel Dimayuga, fotógrafo de la revista PROCESO.

*Fernando Gonzalo Camacho Llaguno, internado en el Hospital General Aurelio Valdivieso.

*Eduardo Hernández Sánchez, internado en el Hospital General Aurelio Valdivieso.

*Juana García del Magisterio de la región Tuxtepec.

*Constantino Martínez, del Movimiento Unificador y Lucha Tríqui Independiente (MULTI)

*Epifanio Paredes, profesor de la Cañada.


Los cuerpos policíacos de la PFP, detuvieron de manera arbitraria, las instituciones de justicia negaban la información hacia los organismos de los Derechos Humanos, que solicitaban de manera escrita la ubicación de los presos.


A la lista inicial de detenidos se agregaron:


Ángel Santos Callejos Rodríguez
Juan José Flores Cruz
J. Antonio Aparicio García
Javier Moreno Colmenares
Francisco Núñez Bazán
Alfonso Rutilio García
Hugo Jarquín
Isabel Galindo
Daniel Almedo
Inti Martínez
Diego Nicolás Hernández
Fernando Ruiz Santos
Marcos García Martínez
Juan Flores Cruz
Fermín García Silva
Rodolfo Hernández León
Sergio Rojas Juárez
Amado Agustín Bautista
Carlos Javier Alarzán
Bulmaro Martínez González
José Daniel Carreño Cruz
Eliud Martínez González
Sergio Rojas Juárez
Francisco Fernando Aragón Murales
David Ricardo Ramírez Zarate
José Ángel García Hernández
David Hueska Hernández
Aldo Hernández Jiménez
Samuel Ortiz
Arnaldo Rojas Galán
Máximo Reyes Pérez
Víctor García
Ángel Soto Gallegos
Rodolfo Hernández León
Sergio Rojas Juárez
Roberto Natalio Ramírez Zarate
David Ramírez Zarate
Natalio Roberto Ramírez Sánchez
Félix Ricardo Méndez Venegas
Fernando Ruiz Santos
Diego Nicolás Hernández
Juan Crisóstomo Aparicio
Martín Cruz Rodríguez
Mario Trinidad Michel López (Profesor de la Sección XXII, Santo Domingo Teojomulco)
Teodoro Aquino Bolaños (Profesor de La Sección XXXV)
Teodoro Tiño Verado
Valentín Pérez Hernández (18 Años)
Isaías Vázquez Míreles


NOTA: Esta lista es retomada en la pagina de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Servicios para Educación Alternativa, Red Nacional de Jóvenes Católicas por el Derecho a Decidir, se fue depurando en la medida que se confirmaba la reclusión de los detenidos en los diferentes penales.

La presencia de la PFP, vino a ahondar la violación a los derechos humanos de los ciudadanos oaxaqueños que ya se venía padeciendo con el gobierno de Ulises Ruiz a través de sus sicarios. En todo el periodo de la ocupación de la PFP, hubo varias quejas de los cateos ilegales que instrumentaban en las colonias llevándose a jóvenes por ser sospechosos de pertenecer a la APPO (para entonces la asamblea fue criminalizada); el cerco policíaco en el zócalo derivó en la vejación a mujeres y jóvenes, con el pretexto de la revisión; las tiendas y puestos fueron saqueadas por el ejército disfrazado de gris.


La lucha de los oaxaqueños consistía en ese momento en una doble demanda política: la salida del poder de Ulises Ruiz Ortiz y la Policía Federal Preventiva (PFP) de Oaxaca; la masacre instrumentada desde el poder contra un pueblo indefenso, derivó en cientos de detenidos que sufrieron los maltratos en todo momento.


El 20 de Noviembre de 2006, al término de la marcha de repudio ante la presencia de la PFP, convocada en el centro de la ciudad de Oaxaca resultaron aproximadamente 15 detenidos más.


X.- DETENIDOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006


La negra tarde del día 25 de noviembre 2006 es la fecha en que el Estado intentó aplastar al movimiento popular deteniendo a cientos de simpatizantes del movimiento que vivieron un calvario en manos de la PFP durante todo el trayecto, cuando eran trasladados a los centros penitenciarios.

LISTA DE LOS DETENIDOS DEL 25

Abad Pobrete Oscar Marcelo
Aguilar Sánchez Rosalba
Alvarez Ramírez Javier
Bautista Espinosa Adrián
Cabrera María
Coca Gómez Hilda
Coca Gómez Roque
Coca Soriano Edith
Contreras Marcela
Copla Gómez Elia
Cruz Alarcón María Del Socorro
Cruz Bautista Agustín
García Aguilar Juan
Hernández Cruz Buenaventura
Hernández Martínez Héctor
López Hernández Julio Alberto
López Morales José
Marcelo Cebollero Cristian (Unam)
Martínez García Miguel Ángel
Martínez Jiménez Florinda
Martínez Juan
Martínez Ramírez Blanca
Méndez Martínez Juan Carlos
Mendoza Olivera Antonio Abad
Morales Hernández Roberto
Muñoz Cruz Francisco
Ofelia Robles Esperanza
Pérez López César
Pérez María Sandra
Pérez Martínez Jenny Araceli
Pérez Suárez Luis
Ramírez Matías Raúl
Ramírez Paulina
Reyes García Rolando
Reyes Hernández Hilario Jorge
Rodríguez Damián Álvaro
Rosales González Jorge
Ruiz García Aurora
Salazar Hernández Celia
Salona Luján Avelino
Sánchez Cruz Carmen
Sánchez Cruz Jovita
Sánchez García Jorge
Sánchez Gómez Regino
Santiago Pérez Alberto
Santiago Rivera Avelino
Santiago Rivera Miguel
Solano Martínez Pablo
Soriano Sanjuán Lourdes
Soriano Sanjuán Socorro Antonio
Sosa Martínez Javier
Vásquez Cruz Isidro
Vásquez García Jairo
Vásquez Torres Rigoberto
Velasco Esmeralda
Velasco Fabián Misaél
Alonso Palomec Giovani
Aquino Silva Marco Antonio
Aragón Peralta Florinda
Baños Flores Adán
Bautista Cruz Eusebio
Bautista Jiménez Wenceslao
Bolaños Santiago Jesús
Bonilla Lezama Gerardo Alberto
Cantón Elizabeth
Cervantes Ventura Kidiel
Contreras Santiago Reynaldo
Correa Orozco Alberto Alejandro
Cruz Campos César Agustín
Cruz Campos Edgar René
Cruz Carmelo
Cruz Cruz Jesús Manuel
Cruz Cruz Lamberto Miguel
Cruz Martínez Isaías
Domínguez Martínez Juan Carlos
Domínguez Porfirio
García Rosen
García Salas Armando
Garnica Aragón Eréndira
Gil Bautista Justino
González Aguilar Salomón
González Rodríguez Ana
Guzmán Valdivieso Heladio
Hernández Ojeda Abisai
Hernández Pacheco Daniel
Herrera Flores Gildardo
Hilario Vásquez Nicolás
Islas Jorge Armando
José Pérez Pedro Antonio
Juan Santiago Andrés
Juárez Martínez Gerardo
Legaria Ramírez Jaime
Leyva Zerelio
López López Rosario Alicia
López Niño Reynen
López Sánchez Cornelio
Luis Barrera Gabriel
Luis Gallegos Humberto
Luis García Teodulfo
Luna López Alejandro
Maceda Bonilla Mayra
Martínez Bordillo Jaime
Martínez Canseco Teodardo
Martínez López Rufina
Maza González Miguel Ángel
Melchor Cervantes David
Méndez Hernández Uriel Julio
Méndez Pérez Martha
Mendoza Santiago Ignacio
Molina Cueva Edgar Alejandro
Morales Fortunato
Morales Pastelín Eloy
Morelos Treviño Gerardo Davíd
Morelos Treviño Rubén Elbert
Olegario Hernández Eber Ignacio
Orea Hernández Rosario Guadalupe
Oropeza Hernández José Luis
Ortega Gómez Julian Alejandro
Ortiz Bautista Bernardita
Ortiz García Filemón
Ortiz Ortiz Alejandro
Padilla Todán Isaí
Pedroza Guadarrama Ciro
Pérez Gutiérrez María
Pérez López Jorge
Pérez Méndez Miguel
Ramírez Morales José Luis
Reyes Espinosa Juana
Reyes Herrera Abraham
Reyes Martínez Juan
Rodríguez Sánchez Risota
Sánchez Estrada Ismaél
Sánchez Rodríguez Felipe
Santiago Apolinar Jesús
Santiago Caballero Benito
Santiago Orea Gonzalo
Santiago Reyes Aurelia
Santiago Reyes Victoria Francisca
Santos Reyes Paula
Silva Rodríguez Gerardo
Suárez Hernández Silvia
Toledo Gilberto
Valdés Alvarez Jaime
Vásquez Moreno Abel
Vásquez Ortiz Severiano
Vásquez Reyes Bladimir
Velasco Balsea Marcela
Ventura Santiago Manuel
Zaragoza Carrera Joel





Después de la negra represión del 25 de noviembre, Ulises Ruiz lanzó una campaña nacional televisiva de los más buscados, contra dirigentes de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), con la finalidad de identificarlos y que fueran entregados, misma acción se reafirma cuando en cadena nacional y el canal 22, declara, señalando a las organizaciones que integran la COMPA, de tener responsabilidad en el desarrollo del movimiento social en Oaxaca.

XI.- DETENCIONES POSTERIORES AL 25 DE NOVIEMBRE


26 de noviembre

Penal de Etla
Robo y asociación delictuosa
Averiguación Previa 396(II)2006


1.Bautista Hernández Luis
2.Bautista Manzo Salvador
3.Bernal Pérez Víctor Hugo
4.García Martínez Crispín
5.Hernández Aráosla Juana Elena
6.Hernández Barragán Oscar
7.Laureano Hernández Germán
8.López Chávez Román Antonio
9.López Méndez Luis
10.López Sánchez Javier
11.Martínez Álvarez Ramón
12.Martínez Gil José Luis
13.Martínez Juárez Carlos
14.Martínez Méndez Jorge
15.Martínez Peña Gerardo
16.Mayoral Pérez José Luis
17.Meriva Cortés José Luis
18.Peña Cisneros Diego Osvaldo
19.Pérez Guillén José Alejandro
20.Pérez Méndez Francisco Javier
21.Pérez Mora Juan
22.Rodríguez Ramos Mayra
23.Sánchez Aguilar Noel
24.Vásquez Martínez Manuel

Menores Detenidos Enviados al Consejo Tutelar:


25.García Martínez Crispín (16 Años)
26.Hernández Piña Cisneros Diego O Pérez Cisneros Diego Osvaldo (14 Años)
27.Pérez Méndez Francisco Javier (16 Años)
28.Pérez Mora Juan (15 Años)




El 4 de diciembre de 2006, en un operativo impresionante son detenidos tres compañeros de la APPO: Horacio Sosa, Flavio Sosa Villavicencio y Marcelino Coache Verano, siendo este un acto más para inhibir la protesta, usando las cámaras televisivas para dar el mensaje de que habría más represión.


NO CESARON LAS DETENCIONES Y LOS LEVANTONES


Wilber Ramón Aquino Aragón, detenido en enero del 2007, fue arrestado bajo el cargo prefabricado de intento de asesinato de un chofer de taxi que él jamás había visto. Le dijeron que lo liberarían si identificaba a personas en fotografías que le mostraba la policía, después de casi 11 meses obtuvo su libertad por falta de pruebas.


El 14 de abril de 2007, es detenido David Venegas Reyes, supuestamente por posesión de heroína. En el juicio se comprobó su inocencia pero el mismo día que le dicta el juez el auto de libertad, le reclasifican los delitos para mantenerlo preso en el penal de Ixcotel. Varios han sido los intentos del gobierno desde amenazas y ofrecimiento de la libertad a cambio de que se desista y reniegue de la lucha, pero las ha rechazado en cada momento.

XII.- 16 DE JULIO DE 2007, FECHA EN QUE INTENTAN MASACRAR UNA VEZ MÁS AL PUEBLO OAXAQUEÑO.


La realización de la Guelaguetza Popular representa un desafío para el poder, Ulises Ruiz pretende ganar legitimidad tratando de demostrar que sí gobierna y que la única Guelaguetza que vale es la comercial; su realización es un mensaje hacia afuera de que lleva las riendas y el mando en Oaxaca. Esta conjetura nos puede llevar a entender la razón fundamental por lo que tuvieron que armar hasta los dientes a los cuerpos policíacos para resguardar el Cerro de Fortín e impedir la realización de la Guelaguetza Popular en el lugar de referencia.


Una horas más tarde de los ataques policíacos, la vocería del gobierno de Oaxaca reportaba la detención de 40 personas, 36 de los detenidos fueron canalizados a la Procuraduría General de Justicia por los delitos de daño, daño por incendio, lesiones, robo específico y ataques a las vías generales de comunicación. Según la información oficial, 4 de los detenidos fueron heridos y atendidos en varios hospitales; posteriormente los familiares de Emeterio Marino Cruz corroboraron que uno de los gravemente golpeados y torturados con trauma cráneo encefálico era él.


Las listas de los presos suelen ser más grandes, pero la información oficial emitida por la Procuraduría sesga la información a modo de minimizar los hechos.


La siguiente lista corresponde a los detenidos durante la represión del 16 de julio de 2007:


Armando Agustín Carriedo Chávez
Belén Areli Hernández Juárez, 20 Años
Carlos Hernández López, 17 Años.
Concepción García Velasco
Constantino Martínez Sánchez
Edgar Francisco Ortega Cruz, 21 Años.
Edith González
Eduardo Albino Piñón González, 19 Años.
Eduardo García Hernández, 27 Años.
Eleazar Abel Núñez Peña, 26 Años.
Eliel González Luna, 55 Años.
Eloy Antonio Santiago, 67 Años.
Fernando Victoriano Benítez, 15 Años.
Francisco Javier Ruiz Pérez, 41 Años.
Gabriel Iván Virgen
Genaro Hernández Martínez
Gonzalo González López, 21 Años.
Héctor Emanuel Cruz Gómez, 22 Años.
Ignacio Martínez Pérez
Isabel Martínez Hernández, 19 Años.
Javier Abimael Luis García 15 Años.
Jesús Aurelio Flores Flores, 32 Años.
Jesús López Martínez
Joaquín Israel Vicente Cruz, 62 Años
Jorge Luis Esperón Cortés 36 Años.
Jorge Luís Martínez
José Francisco García Martínez 20 Años.
José López Martínez
Juan Carlos Cruz
Juan Manuel Ríos Orozco, 16 Años.
Julio Alberto Ortiz López, 39 Años.
Leonardo Santiago Vásquez, 49 Años.
Luciano Victoriano Benítez, 25 Años.
Manuel Morales Guamatzi, 29 Años.
María de Lourdes Hernández Hernández, 38 años
María Guadalupe Sibaja Ortiz, 20 Años.
Mario Enríquez Martínez, 50 Años.
Mario Javier López Herrera, 19 Años.
Melquíades Pérez Reyes, 19 Años.
Monserrat García Hernández
Olivo Martínez Sánchez 26 Años.
Omar García Hernández
Pablo Pérez Hernández
Patzi García Hernández, 15 Años
Ramiro Díaz García, 29 Años.
Raúl Genaro Hernández López, 49 Años.
Raymundo Torres
René Gómez Ruiz, 23 Años.
Roberto Carlos Avendaño Ruiz, 20 Años.
Rodrigo Getzemaní Martínez, 15 Años
Rodrigo Moreno Galindo, 17 Años.
Saúl Martínez Pérez
Sergio O. Carlos Yahir Martínez Julián
Silvia Gabriela Hernández Salinas, 24 Años Detenidos, lesionados:
Alfredo García López (Abogado Del Comité 25 de Noviembre
César Grijalva
Edilberto Yescas Aguilar
Hermelo López Gallegos
Jorge Luis Martínez, 49 Años
Pablo Pérez Hernández 22 Años.
Profesora Elvira “N”
Rodolfo “N”
Emeterio Marino Cruz




La detención siguió en los días subsecuentes contra jóvenes y estudiantes, como ocurrió, con el universitario Herzahin Michel y Adán Mejía, el 17 de Julio, por supuesta posesión de heroína, el primero fue liberado y el último sigue detenido, enfrentando el juicio. En estos casos, como otros que ya mencionamos, el Estado fabricó los delitos de posesión de heroína como una forma para encarcelar a integrantes del sector juvenil del movimiento social.

XIII.- EL RECUENTO DE LA VÍCTIMAS


La detención de más de 500 personas en todo el desarrollo del movimiento, más de 500 sufrieron maltratos psicológicos y torturas, mas de 26 muertes y otros por asesinatos políticos cometidos por el régimen Ulisista y Foxista, a través de sus bandas paramilitares, varias ordenes de aprensión pendientes contra los activistas sociales, media decena de compañeros exiliados o que viven ocultos por el riesgo de ser asesinados o detenidos por la consigna del gobierno de Oaxaca, casos como: La Doctora Bertha Muñoz, Jaquelina López Almazán, Samuel Hernández, Alejandro Cruz López.

XIV.- SOLO LA LUCHA NACIONAL LIBERARÁ A LOS PRESOS POLÍTICOS.


La libertad de los presos pasa necesariamente por la unidad de la izquierda nacional en las acciones concretas, para detener cada una de las embestidas del régimen. Obtener la libertad de los presos ha sido una de las demandas fundamentales que no podemos soslayar, junto con otros problemas como el caso de las reformas estructurales y los efectos devastadores de los megaproyectos implementados en las diferentes regiones del país. ¡Ojalá que la unidad se dé antes de que las circunstancias políticas nos obliguen a construirla!


La criminalización de la protesta social en el país está a la orden del día por el régimen de Felipe Calderón. No podemos obviar la exorbitante pena de 67 años impuesta por los jueces, al compañero Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra preso en el penal del Altiplano.


Permitir que esta acción fascista se consume, será un mal precedente para los luchadores sociales del país, por lo que es necesario reivindicar la libertad inmediata de los presos de ATENCO.


Los diputados panístas y priístas en la última sesión de diciembre de 2007, decretaron la reforma a las leyes penales en la que se otorga a las fuerzas policíacas mayor poder de acción; sin la necesidad del orden de cateo expedida por escrita a través de un juez, si casi siempre los cuerpos policías actuaban con arbitrariedad, con esta medida, aumentarían las violaciones a derechos humanos, vivimos en un país en el que no se respetan las leyes situación alarmante para los defensores en esta materia.


En el otro terrero de la lucha política, los movimientos armados demandan la aparición de dos de sus militantes políticos: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. También, organizaciones del país demandan la presentación con vida de José Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre, éstas acciones reflejan la reedición de la guerra sucia en el país que solamente se había visto en los años 60 y 70, en la que, por su connotación política, tiene responsabilidad el Estado Mexicano.


La libertad de los presos políticos se va a propiciar en la medida que fortalezcamos la unidad nacional y se lleven a cabo acciones políticas concretas, movilizaciones y la denuncia internacional. Una iniciativa importante es la realización de los Juicios Populares Nacionales (http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=42390) (http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=44009)(http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=37757) cuya primera Audiencia fue en el Zócalo de la Ciudad de México los días 3 y 4 de Agosto, la segunda en San Salvador Atenco durante los días 20 y 21 de Octubre y la tercera, en la Plaza de Armas, de Guadalajara, Jalisco, durante los días 15 y 16 de Diciembre.


Tal ejercicio además de constituir un espacio de denuncia política, está recabando información necesaria para ser llevada a instancias internacionales de derechos humanos, usando todos los recursos legales para iniciar las denuncias contra los criminales de lesa humanidad; mediante esta iniciativa se están creando instituciones del pueblo, amparadas en el Art. 39 de la constitución mexicana. Debido a la ausencia de justicia de parte de los órganos establecidos formalmente por el Estado mexicano, los sectores agraviados empiezan a ejercer justicia construyendo sus propios órganos, es nada menos que la construcción del PODER POPULAR.


Oaxaca, Atenco, así como muchos otros esfuerzos organizativos tienen presos políticos por lo que, una de las demandas urgentes en particular del caso Oaxaca, es exigir su libertad.


XV.- LISTA DE LOS QUE SIGUEN PRESOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN OAXACA.


En la siguiente lista se incluyen presos que se encuentran recluidos en los diferentes penales de Oaxaca, por motivos políticos, desde el periodo del gobierno de Diodoro Carrasco Altamirano:


PRESOS DE LA REGIÓN LOXICHA:

Agustín Luna Valencia
Eleuterio Hernández García
Álvaro Sebastián Ramírez
Urbano Ruíz Cruz
Cirilo Ambrosio Antonio
Abraham García Ramírez
Fortino Enríquez Hernández
Ricardo Martínez Enriquez
Justino Hernández José
Estanislao Martínez Santiago
Mario Ambrosio Martínez
Zacarías P. García López
Isabel Almaraz Matías
Pedro castillo Aragón,
Gonzalo López Cortés


Otros de los presos que corresponden al periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, son los PRESOS DE SANTIAGO XANICA, detenidos el 15 de enero de 2005:

Abraham Ramírez Vásquez,
Noel García Cruz
Juventino García Cruz


PRESOS DE SAN BLAS ATEMPA:

Alfredo Jiménez Henestrosa
Jorge Reyes Ramírez
Nicanor Salud Rasgado
José Luis Sánchez Gómez,
Feliciano Jiménez López o Feliciano Dina López.
Fecha de detención 1 de enero de 2005 y 1o de marzo de 2006.


PRESOS POR EL MOVIMIENTO DEL 2006:

Víctor Hugo Martínez Toledo
Miguel Ángel García
Jaciel Cruz Cruz
Flavio Sosa Villavicencio
David Venegas Reyes
Adán Mejia López

PRESOS DE SAN ISIDRO ALOAPAM:

Juventino Cruz Pérez,
Anastasio López Pérez,
Artemio Pérez Cruz
Eutimio Méndez López.
XVI.- LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.


La lucha contra la impunidad consiste en exigir el castigo a los responsables de los crímenes políticos en el país, y en el caso Oaxaca, de los 26 asesinatos políticos cometidos por el régimen de Ulises Ruiz, el de Felipe Calderón y la pasada administración de Vicente Fox Quezada. A más de un año de los crímenes políticos en Oaxaca, no hay un solo detenido porque la aplicación de los principios de justicia van en contra de aquellos que actuaron contra la población civil para cometer todo tipo de vejaciones e injusticias.


Uno de los casos que nos muestran una radiografía clara sobre la impunidad en Oaxaca es el caso de Emeterio Marino Cruz, que fue detenido en estado íntegro de salud el 16 de julio de 2007, posteriormente hospitalizado con secuelas de tortura y golpes, además de que existe un video donde se muestran a los autores materiales (http://www.justiciaaemeteriomarinocruz.org/?q=taxonomy/term/14). En respuesta a esta exigencia de los familiares, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, ha estado ejerciendo presiones, intimidaciones y amenazas a la familia; el Ministerio Público ha querido obligar a declarar a Emeterio Marino Cruz, a pesar de su mal estado de salud.


LA IMPUNIDAD ES COMÚN EN OAXACA, ES NECESARIO COMBATIRLA.


¡¡¡ANTE LA IMPUNIDAD, LA DENUNCIA PÚBLICA!!!


31 DE DICIEMBRE DE 2007, OAXACA, MÉXICO.


NOTA: El censo de los detenidos, fue tomada de la página web de la Liga Mexicana por la defensa de los Derechos Humanos, y en algunos casos fue información recabada con las víctimas del movimiento.




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

ES NECESARIO QUE EN MICHOACAN SE LEGISLE EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.

FUNDACION DIEGO LUCERO

BOLETIN DE PRENSA

ES NECESARIO QUE EN MICHOACAN SE LEGISLE EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.

En el México actual, en el que con preocupante frecuencia se reeditan prácticas represivas y persecutorias en contra de luchadores sociales y movimientos populares, se requiere que todos aquellos que de alguna manera asuman posiciones democráticas y progresistas, incluidos quienes ejerzan funciones de gobierno y de representación legislativa, se pronuncien y comprometan a impulsar reformas de ley que permitan a los ciudadanos contar con herramientas legales para una mejor defensa de sus derechos humanos y constitucionales.
Como familiares de víctimas y organismos de derechos humanos consideramos la necesidad de establecer una tipificación adecuada de la desaparición forzada de personas como delito en el Estado de Michoacán. Como parte de nuestra lucha por la verdad y la justicia hemos presentado ante las últimas tres legislaturas locales, propuestas de ley para prevenir, castigar y erradicar la desaparición forzada de personas.
Asimismo, recordamos que durante su campaña electoral el Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel se comprometió a promover ese y otros temas fundamentales para el proceso democrático de Michoacán. Finalmente, el gobernador presentó el 23 de agosto de 2006, ante el Congreso local, la iniciativa de Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Desaparición Forzada de Personas en Michoacán, sin que hasta el momento sea discutida y aprobada por el pleno de los diputados.
Si el Estado Mexicano, y en particular el estado de Michoacán, quiere comprometerse y dar cumplimiento a su obligación de respetar, garantizar, prevenir y proteger los derechos humanos, y en particular el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida y el derecho a la protección y garantías judiciales, debe dotar a los ciudadanos de una legislación que eleve al grado de repudio estatal la desaparición forzada de personas, otorgando con ello a la sociedad civil herramientas de defensa suficientes y necesarias para erradicar la problemática, y así poner fin a la impunidad que prevalece en este tipo de casos.
La desaparición forzada en México es un problema actual, se remonta a las décadas de la mal llamada “guerra sucia”, periodo en el que el Estado mexicano, antidemocrático y autoritario, enfrentaba con represión a los opositores y a los movimientos sociales que demandaban un país mejor para los que menos tienen. El saldo de esta represora política de Estado fue de cientos de asesinados a lo largo y ancho del país, lo que tuvo su máxima expresión en las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; además de recurrir de manera cotidiana a la tortura de los detenidos, a la ejecución extrajudicial de luchadores sociales y a la detención desaparición de más de mil 300 personas, cuyas familias demandan verdad y justicia. En Michoacán, a pesar de las dificultades se ha podido documentar una docena de casos de desaparición forzada.
Un ejemplo, doloroso para nosotros y preocupante para la sociedad, de que esta aberrante práctica no ha sido eliminada es la desaparición forzada del compañero Francisco Paredes Ruiz desde el 26 de septiembre del 2007, misma que se suma a la de otros casos ocurridos en diversas entidades de la República.
Demandamos que, en su momento, tanto el gobernador electo Leonel Godoy y la LXXI Legislatura asuman su compromiso de respeto a los derechos humanos y den los pasos necesarios para dotar a la sociedad con mejores herramientas legales para su defensa efectiva.
¡No a la impunidad! ¡Verdad y Justicia¡
¡Presentación con vida y respeto a la integridad física y psicológica del compañero Francisco Paredes Ruiz!

Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2008

FUNDACION DIEGO LUCERO


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Flagrante ecocidio en San Luis Potosí

Mario Martínez Ramos*

Uno de los principales ecocidios en México se encuentra latente en el Cerro de San Pedro, municipio del estado de San Luis Potosí, ubicado a 12 kilómetros de la capital del estado. Sobre él yace la amenaza de la empresa canadiense Minera San Xavier. Bien vale la pena conocer la historia del poblado sanpetrense para poder comprender la gran problemática que está padeciendo.

Sede emblemática de la historia de la minería en México
Durante la época colonial, en la Nueva España, la principal actividad económica era la minería. Tomando en cuenta esto, resulta lógico que los asentamientos humanos que se produjeron giraran en torno a la actividad minera. El 4 de marzo de 1592 llegan al Cerro de San Pedro, desde Mexquitic (municipio de San Luis Potosí), los españoles fray Francisco Franco y el capitán Miguel Caldera.

Para cuando los españoles llegaron, los habitantes eran los huachichiles, quienes conocían la riqueza con que contaba su asentamiento. Siendo más precisos, sabían que existía un metal brillante que los conquistadores anhelaban. De esta manera, aquellos "grandes" conquistadores, luego de someter a los originarios bajo la forma de congregación, empezaron a desarrollar la minería.

Sin embargo, la escasez de agua en el Cerro, obligó a ir en busca del vital líquido en los valles cercanos. Es por esto que una vez descubierto el mineral del Cerro de San Pedro, en poco tiempo se comenzaron a poblar cerca de este lugar las congregaciones de Cuesta de Campa, Portezuelo, La Zapatilla, Jesús María, Calderón Monte Caldera, San Francisco de Pozos (ahora Pozos), Divisaderos, etc. Así fue como se gestó el origen de lo que hoy es la ciudad de San Luis Potosí.

Un cuestionable revivir minero
En 1995 llegó al Cerro de San Pedro la empresa canadiense Metallica Resources Inc., que opera aquí bajo el nombre de Minera San Xavier (MSX), con la pretensión de llevar a cabo un proyecto metalúrgico de explotación de minerales con contenido de oro y plata. Esto, en principio, no parecería extraño, dado que el lugar se fundó como centro minero en 1592. El problema surgió cuando la empresa reunió a los pobladores del lugar y les explicó en qué consistía dicho proyecto minero. Veamos.
El proyecto que MSX pretende llevar a cabo, es por el sistema de tajo a cielo abierto (es decir, literalmente se va cavando un enorme hoyo) y el beneficio o extracción de los contenidos de oro y plata, por el método de lixiviación(1) a base de cianuro de sodio.

De acuerdo con el proyecto de la transnacional, se utilizarán 25 toneladas diarias de explosivos, lo cual provocaría un tumbe de cerro del orden de las 80 mil toneladas de material, el cual pasaría por un proceso de trituración. Así, un 40% de este material sería transportado y depositado en el patio de lixiviación, en el cual se aplicarían diariamente por aspersión (rocío) una nociva mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio diluido en 32 millones de litros de agua; esta mezcla lixivia (extrae) los valores metálicos. Hasta aquí el resumen técnico.

Un obsceno y siniestro cocktail para la gente de SLP
El proyecto implica la desaparición, a base de explosivos, de un kilómetro de montañas. Arrasadas estas, se seguiría hacia el subsuelo y al final quedaría un cráter de un kilómetro de diámetro por unos 300 metros de profundidad. Aun así, la problemática no se detiene en la pulverización del histórico y bello poblado(2) que dio origen a la ciudad de San Luis, incrustándose el cerro como emblema del Escudo de Armas del estado. El problema principal tiene que ver con lo que significa el hecho de que la ciudad capital y su zona conurbada (con una población de aproximadamente millón y medio de habitantes) se encuentre a 8 kilómetros de la zona de extracción y lixiviación.

Los vientos dominantes soplan de oriente a poniente, es decir, desde la zona donde se desarrolla el proyecto hacia la ciudad. Es decir, las toneladas de polvillo (generadas por el tumbe de material y su trituración) mezcladas con los gases que producen los explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y trinitrotolueno (TNT) se convertirían en un flujo que se depositaría cotidianamente en la urbe. Y esto no es todo.

En palabras de la MSX (en su maquillado Manifiesto de Impacto Ambiental), por lo menos el 25% de la mezcla de cianuro de sodio y agua, que se convertirá posteriormente en el altamente tóxico cianuro de hidrógeno (también conocido como ácido cianhídrico o HCN), se evaporaría al reaccionar con el mineral; otro factor de evaporación sería la temperatura ambiente. Dicho de otra forma, estamos hablando de que por lo menos 8 millones de litros de agua diarios se convertirían en nubes fuertemente impregnadas de ácido cianhídrico que viajarían hacia la ciudad por efecto de los vientos dominantes ya mencionados.

Así, millón y medio de personas estaríamos aspirando continuamente una letal atmósfera saturada de polvillo, gases y ácido cianhídrico, propia de las películas de ciencia ficción que hablan de un apocalíptico y tóxico futuro para la raza humana. Aquí, el futuro nos estaría alcanzando.

Por si fuera poco, la MSX también declara con despreocupado cinismo que el proyecto ocasionará contaminación del manto acuífero. Esto significa que además del saqueo irracional del que podría ser objeto el acuífero (ya de por sí sobreexplotado) estará la contaminación del mismo acuífero, el cual es la fuente de abastecimiento de más del 40% de la población del estado, obteniéndose así un obsceno círculo vicioso.

Los estudios de la Comisión Nacional del Agua(3) detectan que la recarga del acuífero apenas llega a la mitad de su extracción. No olvidemos que San Luis Potosí es una ciudad donde cientos de colonias carecen del vital líquido. Por lo anterior, es fácil advertir que los ataques al medio ambiente y a la salud, causados por el proyecto, serían de proporciones pornográficamente gangsteriles. Este tipo de minería, a cielo abierto y por lixiviación, independientemente de su ubicación en el globo terráqueo, tiene fuertes efectos contaminantes a nivel global, por algo se le conoce como la actividad más contaminante del mundo (4). Estos efectos resultan tanto más depredadores cuando tomamos en cuenta que el 50% de las nuevas minas de oro en el mundo ocupan tierras vírgenes. Entre otros impactos, también tenemos que este tipo de actividad minera:
Aporta el 96% de la emisión global de arsénico.

Convierte las aguas subterráneas en mil veces más ácidas que una batería.
Las empresas resultan implicadas en violaciones a los derechos humanos.
En promedio arrojan 79 toneladas de desechos por cada 28 grs. de oro.
Emplea solo el 0,09% de la fuerza laboral en el mundo.
Consume hasta el 10 % de la energía disponible en el planeta.
Deja enormes cráteres en áreas naturales generalmente protegidas. (5)
Las amargas experiencias que han dejado este tipo de proyectos en otros países han obligado a varios gobiernos (sobre todo del primer mundo) a reprimirlos y/o prohibirlos. En contraste, países en vías de desarrollo, como lo es México, son vulnerables a estos proyectos puesto que, al pertenecer a tratados internacionales, se ven obligados a recibir a las trasnacionales bajo la promesa-chantaje de un supuesto desarrollo industrial. Esta situación se agrava por la corrupción de autoridades de gobierno, que en nuestro país y en nuestro estado sigue operando con el más genuino candor juvenil.

La pícara justicia mexicana
La lucha jurídica, en los tribunales superiores de México, nos dan la razón al pueblo. Por ejemplo, se ha logrado que el Noveno Tribunal del Primer Circuito ordenara a la Sala Superior de Justicia Fiscal y Administrativa la anulación del proyecto de MSX por encontrar que era violatorio. La resolución no fue para efectos6, sino lisa y llana. Esto, desde el punto de vista legal, debería haber solucionado el conflicto. Sin embargo, la SEMARNAT (institución supuesta-mente creada, por necesidad social, para defender nuestro ya de por sí deteriorado medio ambiente) da un espectacular giro de 180 grados y se convierte en abogada de los agresores ambientales. Esta Secretaría concedió en forma irresponsable y criminal otro permiso de operación que, de la manera más pícara, contenía las mismas causales de violación que el anterior, además de otras nuevas.

Este "nuevo permiso", totalmente ilegal desde cualquier punto de vista, fue impugnado y está por resolverse en el mismo tribunal que anuló el anterior, anulación que fue desacatada por la mencionada SEMARNAT. Insistimos: desde el punto de vista jurídico es imposible que la resolución sea emitida a favor de la transnacional MSX... sin embargo, los intereses y compromisos políticos son capaces de producir los más inverosímiles malabares y piruetas jurídicos.

Un ejemplo concreto de esta situación, está en el ámbito agrario. Pobladores identificados como el grupo de choque de la Minera San Xavier, celebraron con esta, un contrato de arrendamiento por 290 hectáreas de ejido... ¡sin ser ejidatarios! Los verdaderos ejidatarios interpusieron una demanda agraria y, como era natural, el Tribunal Unitario Agrario declaró inexistente el contrato. Los abogados de la empresa, como era de esperarse, se inconforman mediante un amparo directo. Así, el Tribunal Colegiado, que conoció del caso, declara también nulo el contrato. La empresa, por segunda vez, interpone otro recurso y, el mismo Tribunal Colegiado, ratifica por segunda vez la sentencia. La empresa interpone nuevamente otro recurso, y (adivinen) cae al mismo Tribunal Colegiado. Pero en esta ocasión, después de haber conocido por dos ocasiones el caso, lo tarda 8 meses y se retracta de las dos resoluciones anteriores y falla en contra de los ejidatarios alegando incapacidad procesal.

Lo insólito de este caso, es que, como en la época de la Conquista, llega un grupo de extranjeros que, para poder saquear nuestras riquezas minerales, invaden ejidos, desalojan a sus propietarios, ¡los demandan penalmente por meterse en sus propias tierras!... y los Tribunales les dan la razón. Desde luego que todos estos actos ilegales y de prepotencia no podrían ser si no es con la complicidad de los tres niveles de gobierno y el poder judicial.

Cabe añadir que Cerro de San Pedro goza de protección especial por diferentes decretos. Uno de ellos lo clasifica como zona de preservación de flora y fauna con una política de restauración de la vida silvestre. El otro es una enmienda de la UNESCO de 1993 que lo protege como zona de monumentos. Sin embargo, resulta visible que de nada valen los decretos, menos aún cuando el gobernador del estado, el panista Marcelo de los Santos, es el mayor impulsor del proyecto. Cuando a este personaje se le cuestiona sobre el proyecto de la MSX, contesta que es asunto federal y que está en manos del poder judicial.

Mientras tanto, sin permisos, MSX sigue llevando a cabo trabajos de preparación del sitio, al tiempo que declara que no tardará mucho en iniciar operaciones de lixiviación, con el uso del cianuro de sodio. Asimismo, la Minera, recién afirmó que ya tiene mil quinientos barrenos listos para detonarse y que la SEDENA ya le otorgó los permisos de uso y compra de explosivos. Esto, como decíamos, violando decretos y leyes.

Estos son algunos de los graves impactos ecológicos e históricos que justifican la oposición al citado proyecto, a los que se podrían agregar los sociales. En cuanto a este último aspecto, la empresa ha estado dividiendo a la población y provocando enfrentamientos mediante un bien organizado grupo de choque.

En muchos de los actos de resistencia de la sociedad civil y otras organizaciones no gubernamentales, se ha evidenciado la existencia de un grupo de choque. Una de las represalias mas sonadas fueron las que recayeron sobre dos individuos, que repartiendo volantes e información sobre el proyecto minero, fueron golpeados y rociados con gas pimienta. Otro caso más tumultuario fue en un campamento frente a las instalaciones de la compañía minera, donde a mitad de la madrugada llegó un grupo de camionetas con logotipos de la empresa; las camionetas llevaban a bordo un gran número de personas con chalecos y armados con tubos, agredieron a las personas presentes y a su retirada dañaron vehículos particulares, rompiendo cristales y dañando la hojalatería.

El control político de la MSX
La empresa, desde su llegada, mantiene el control político del municipio y de dependencias estatales y federales además de bancadas en el Congreso local así como al propio poder judicial. Su influencia no tiene límites: el mismo ex presidente Vicente Fox tomó parte en amenazas al ex presidente municipal Oscar Loredo Loredo, para obligarlo a conceder el ilegal permiso. Este individuo, inesperadamente declaró, ante diversos medios locales, que fue "presionado" para otorgar el permiso municipal de "Cambio de uso de suelo, construcción y anuencia de uso de explosivos". Esta situación y una serie de desacatos por parte de secretarios de Estado a resoluciones de los Tribunales, fue denunciada incluso ante el Congreso de la Unión.
En lo relativo a violaciones a los derechos humanos, su magnitud desde hace años rebasó fronteras, al grado de que la asociación multirreligiosa canadiense KAIROS (defensora de tales derechos) ha buscado intervenir para la protección de éstas garantías. En varias ocasiones ha visitado el Cerro de San Pedro y está trabajando en Canadá, a nivel parlamento, exigiendo a su gobierno que legisle en el sentido de que haya un control exterior de estas empresas mineras, que no sólo agreden el medio ambiente, sino que se instalan a base de corromper autoridades y, por supuesto, violando los más elementales derechos humanos.

Uno de los grandes grupos opositores a este proyecto minero es el ahora conocido Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO). Este frente está consolidado por un gran número de organizaciones, colectivos, asociaciones civiles y personas en lo individual.

La oposición que ha hecho el FAO es tan fuerte e incorruptible que lo han reconocido organizaciones ambientalistas internacionales. Muchas de las personas que lo conforman han seguido el movimiento desde su principio (hace 12 años aproximadamente) y son de tanta convicción que, aun cuando el gobierno potosino es tan corrupto, no han podido doblegar la intención de sacar a esta transnacional de la región. Estas últimas personas están siendo víctimas de un acoso por parte del gobierno estatal, a casi todos les han fabricado delitos falsos, con el objetivo de detener el activismo social contra esta empresa minera con todo lo que conlleva.
Los días 22 y 23 de octubre de 2006, el FAO llevó a cabo una consulta ciudadana, para que fuera la población la que expresara su aceptación o rechazo a la empresa transnacional. Para la realización del evento se invitó, formalmente y por oficio, como observadores, al gobierno del estado, al Comité Estatal Electoral y a la propia empresa minera, pero ninguno se presentó. Los resultados del muestreo fueron los siguientes:
19.608 votantes de los cuales 19.050 votaron en contra del proyecto minero, es decir, el 97.45%. Este dato demuestra que el proyecto no sólo es inviable social y jurídicamente, sino que además es ampliamente impopular.

Y así, como parte de esta barbarie, en San Luis Potosí se cuenta con represión a reporteros, estudiantes, activistas sociales, sindicalistas, académicos, artistas y todo ser vivo que se interponga en contra de los intereses capitalistas más importantes: los económicos.

Si hoy alguien sube al Cerro de San Pedro de noche, podrá ver y escuchar a los vehículos excava-dores en acción. Y conforme pasan los días queda aún más claro que la lucha contra la Minera no es una cuestión de tintes sentimentales sino de supervivencia y dignidad humana. No es posible quedar inmóviles ante la flagrante violación al derecho a vivir.

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* Reedición y adaptación por Lilia Ávalos y Pavel Martínez.
(1) La lixiviación consiste en la extracción de minerales con una mezcla de químicos disueltos en agua que van a reaccionar con algunos minerales de las rocas trituradas, separando a los diferentes metales contenidos en las rocas. En este caso la mezcla es con cianuro y zinc.
(2) Desaparecería la cabecera municipal del Cerro de San Pedro, la cual es considerada por la ley Patrimonio Histórico. Además está en trámite ante la UNESCO su reconocimiento como Patrimonio de la humanidad.
Cabe señalar que los gobiernos estatales, tanto los anteriores como el actual, se han negado a firmar el proyecto de decreto para el reconocimiento del Cerro como zona de monumentos históricos, que elaboró para tal fin el gobierno federal, el cual en su artículo primero diría: "Se decreta una zona de monumentos históricos en el poblado de Cerro de San Pedro del Municipio del mismo nombre".
(3) Estudio técnico de las condiciones geohidrológicas y sociales del acuífero 2411 "SAN LUIS POTOSÍ" en el Estado de San Luis Potosí.
(4) Korte, ét al. (2000) Ecotoxicology and Enviromental Safety #46, p. 241-245.
(5) En línea, www.contramina.com/datos.htm, consultado en febrero de 2007.
(6) Esto significa que, jurídicamente, la resolución ya no es impugnable. Es decir, ya es irrefutable.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!