Mensaje de AMLO en el monumento a la Revolucion.

Amigas y amigos brigadistas de la Ciudad de México:

Nos volvemos a congregar para seguir defendiendo el petróleo y evitar que se convierta de lleno en un negocio privado para el lucro de una minoría rapaz de nacionales y extranjeros.

En los últimos tiempos este ha sido el tema central de nuestro movimiento: desde enero venimos celebrado asambleas informativas; se crearon los comités en toda la República para la defensa del petróleo; nos hemos organizado en brigadas; y con la resistencia civil pacífica, en el mes de abril, a finales del periodo ordinario de sesiones del Congreso, se logró impedir el madruguete que intentaban llevar a cabo las cúpulas del PRI y del PAN.

No debemos dejar de reconocer la participación tan importante que tuvieron en este proceso, las senadoras y senadores, diputadas y diputados de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, que tomaron las tribunas y obligaron a detener la aprobación apresurada de las reformas entreguistas del usurpador Felipe Calderón.

También nuestro agradecimiento a quienes salieron a las calles para apoyar a nuestros legisladores, de manera especial, nuestro respeto y admiración a las mujeres brigadistas.

En la segunda etapa de la resistencia civil pacífica, iniciada en el mes de mayo, se consolida la organización: se llegó a 200 mil brigadistas, que se dedicaron, con mucho convencimiento, a transmitir información casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera.

Vuelvo a recordar que se distribuyeron 368 mil copias de videos, 3 millones de volantes, 18 millones 500 mil folletos con artículos de análisis y reflexión y 19 millones 560 mil historietas. Todo el contenido de estos materiales y su elaboración estuvo a cargo de escritores, artistas, y técnicos que ayudaron de manera voluntaria, con inteligencia y entusiasmo.

Al mismo tiempo, expertos de distintas disciplinas, muchos de ellos de la sociedad civil, pero con definido patriotismo, participaron en los 21 foros de debate que se realizaron en el Senado. En estas intervenciones, con suficientes argumentos, quedó de manifiesto que las reformas de Calderón y sus socios son violatorias de la Constitución y buscan privatizar la industria petrolera y profundizar la corrupción en Pemex. No está demás señalar que al término de los debates, el PRI presentó sus iniciativas de reforma, que son en esencia iguales a las de Calderón. Incluso, en su proyecto de ley de administración de Pemex copiaron íntegramente 28 de los 49 artículos de la iniciativa presentada por Calderón. Es más: hace unos días los dirigentes del PRI cambiaron sus estatutos para abandonar el compromiso de mantener la industria petrolera bajo el dominio de la nación y dar pie a la privatización demandada por los potentados nacionales y extranjeros.

También en este periodo, por iniciativa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se llevó a cabo en todo el país, una consulta para recoger la opinión de la gente sobre dos preguntas del tema en cuestión. En este ejercicio democrático participaron alrededor de 2 millones 800 mil ciudadanos y más del 90 por ciento voto en contra de la intervención de la iniciativa privada en la industria petrolera y de las reformas propuestas por Calderón al Congreso.

De igual manera, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de México y el Frente Amplio Progresista, solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales, expertos, intelectuales y académicos, la elaboración, con toda libertad, de una Propuesta Ciudadana de Reforma Energética que tuviera como único propósito, el interés nacional y el beneficio de México.

Cuando se nos dio a conocer esta propuesta, hubo consenso y fue aceptada por todos. También la apoyan más de 100 personalidades, expertos, intelectuales y académicos, un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas, de lo mejor que hay en el país.

La propuesta ya se presentó formalmente al Senado y tiene como objetivo establecer una política energética de Estado que se sustenta en la soberanía y seguridad nacional, basada en el respeto a la Constitución y en el fortalecimiento de Pemex.

El trabajo de los expertos incluye un análisis detallado de las iniciativas de Calderón y del PRI, así como los dictámenes para rechazarlas porque están orientadas a pulverizar y privatizar la industria petrolera, violando la Constitución.

Esta reforma alternativa contiene también un Plan de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex que consiste en otorgarle recursos a partir de 2009 para ampliar su capacidad de refinación, petroquímica y restitución de reservas de petróleo y gas.

Aquí abro un paréntesis para decir que el gobierno usurpador ha venido mintiendo en toda su costosa campaña publicitaria en medios de comunicación. Empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas y, actualmente, están transmitiendo un comercial por televisión, en el que se afirma “que en México la ley prohíbe hacer refinerías”, lo cual es absolutamente falso. El marco legal no prohíbe que se hagan refinerías; se impide que las haga el sector privado y los extranjeros. Calderón no las construye, no porque no pueda legalmente o porque no haya dinero, sino porque tiene compromisos inconfesables con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo.

Con la propuesta elaborada por los técnicos, expertos e intelectuales se comprueba que no se requieren grandes cambios legales para reforzar las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Queda claro que existen recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex, sin ceder a la iniciativa privada la renta petrolera ni el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas. En suma, la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista demuestra que sí hay una alternativa, que sí hay otro camino.

De modo, amigas y amigos, que hemos avanzado considerablemente. Pero como es obvio, esto todavía no termina. Hay gente muy poderosa que ambiciona quedarse con la renta petrolera y cuenta con el apoyo de Calderón y de las cúpulas del PRI y del PAN. Esta confabulación de intereses se articula mediante el reparto de contratos, la complicidad y la corrupción.

Tengo información y pruebas que me han hecho llegar, de contratos de servicios, obras y adquisiciones en Pemex que fueron otorgados con sobreprecios escandalosos.

Me voy a referir sólo a uno de ellos para demostrar que detrás de la privatización está la corrupción de la que, por cierto, nunca se habla, ni el la propuesta de Calderón, ni en la del PRI.

Veamos: En diciembre de 2004, Pemex solicitó a la Secretaría de Hacienda una autorización por 207 millones de dólares para la adquisición de un buque tanque petrolero. Meses después pidió una ampliación presupuestal para la misma operación por un total de 507 millones de dólares, 300 más de lo presupuestado originalmente.

Como la Secretaría de Hacienda tardó en autorizar la operación, no obstante no contar con suficientes recursos presupuestales, indebidamente los funcionarios de Pemex publicaron la licitación tomando recursos de un Fideicomiso de Pemex en Nueva York, que contiene dinero destinado al pago de Pidiregas, de las deudas de Pemex.

En un principio la licitación era para la operación y el mantenimiento de un buque tanque, pero Pemex terminó adquiriendo uno usado con 28 años de antigüedad. El barco japonés fue bautizado con el nombre del “Señor de los Mares”, que había sido reconfigurado para transportar hidrocarburos, pero no cumple con las normas internacionales de seguridad.

En los informes financieros de la empresa que vendió el barco, la noruega Bergensen, El Señor de los Mares aparece con un valor nominal y en libros de 227 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación cotizó el valor de diversas barcos con características similares al barco en cuestión y encontraron precios de alrededor de 230 millones de dólares.

Sin embargo, Pemex acabó pagando mil 135 millones de dólares por toda la operación: 758 millones de dólares por la compra del barco y 377 millones más para su mantenimiento. Pero lo más escandaloso del caso es que del dinero destinado al barco, 346 millones 500 mil dólares fueron para “gastos administrativos”. O sea, que erogaron más en los trámites que en el barco mismo que tuvo un costo neto de 266 millones 600 mil dólares según la propia información de Pemex. Para colmo, los auditores encontraron que China vendió en 2007 un buque tanque nuevo a la empresa Conoco-Phillips, definido como “el más grande construido en China y uno de los más grandes del mundo”, a un precio de 230 millones de dólares. Por “El Señor de los Mares”, repito, Pemex pagó 527 millones de dólares por encima de su precio. Este es el tamaño de los negocios inmorales que hacen los panistas en Pemex.

Este es sólo un botón de muestra, hay muchos más. Por eso voy a entregar a los legisladores del Frente Amplio Progresista un expediente, en el cual se detallan éste y muchos casos más de corrupción. Todos ellos cuentan con pruebas documentadas para que se proceda a levantar una denuncia penal en contra de Vicente Fox y del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, que era además presidente del Consejo de Administración de Pemex, por estos ilícitos cometidos durante su gestión.

Amigas y amigos:

Tengamos muy claro que detrás de este intento de privatización está el interés de una minoría por apropiarse de los beneficios del petróleo. A ellos no les importa el destino del país, ni mucho menos el sufrimiento del pueblo. Están enfermos de codicia: son insaciables. Si fueran responsables estarían pensando que es tiempo de rectificar y aplicar una nueva política económica, más justa y más humanitaria. Pero no, al contrario, quieren seguir despojando al pueblo de su patrimonio y de su porvenir. No son capaces de entender y aceptar que si se privatiza la industria petrolera habrá más pobreza y desempleo, pero también más frustración, inseguridad y violencia. Por eso sostengo que si ellos no actúan con responsabilidad, a nosotros nos toca evitar que se consuma este despojo al pueblo y a la nación. Vamos a luchar para vivir en un país con alegría y bienestar para todos, incluidas las nuevas generaciones, queremos vivir en un país libre de miedos y temores.

Ayer precisamente hubo una marcha de miles de ciudadanos protestando por la inseguridad y la violencia que impera en el país. Claro que a todos nos preocupa lo que está pasando; sólo que tenemos maneras distintas de analizar y enfrentar el problema. Hay quienes no ven las causas y piensan que todo depende de aplicar medidas coercitivas. Ahí está el caso de Calderón, quien, después de cometer el grave error de pegar, a lo tonto, un palazo al avispero, para tratar de ganar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones, ahora que se desató la inseguridad y la violencia, lo único que se le ocurre es seguir amenazando con el discurso propagandístico de la “mano dura”.

Hace unos días, en una “cumbre” sobre seguridad se limitó a decir que habrá un nuevo modelo policiaco, como si eso bastara para enfrentar un problema que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por la falta de empleo y educación para los jóvenes, por la impunidad y la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

Aquí reitero: la delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Si en una sociedad hay oportunidades para todos habrá tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, desposeída en lo económico y sin esperanzas, es mayor la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La única solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la impunidad, la corrupción, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas.

Por eso lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Esta es la mejor medida preventiva para que no se agrave el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Y no dejar de luchar hasta llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública. Nada bueno se logrará mientras se mantenga el régimen de corrupción y privilegios.

Amigas y amigos:

Hoy, a esta misma hora, al igual que nosotros, están reunidos en las plazas públicas de las capitales de los estados del país, mujeres y hombres brigadistas en defensa del petróleo.

Se convocó a estas asambleas para informar y dar inicio a una nueva etapa de la resistencia civil pacífica.

Desde ahora les pido que estemos atentos porque si las cúpulas del PRI y del PAN, deciden no tomar en cuenta el debate, ni la consulta, ni la propuesta de los expertos e intelectuales, y tratan de imponer una reforma privatizadora, abierta o disfrazada, nos vamos a ver en la necesidad de movilizarnos.

Ya se integró una comisión para elaborar el plan de acción de ésta que será la tercera etapa de la resistencia civil pacífica. La comisión la integran: Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez y Ricardo Ruiz.

Les propongo que a partir de hoy nos declaremos en estado de alerta y estemos atentos a cualquier llamado.

Amigas y amigos:

En abril logramos detener el primer intento de privatización de la industria petrolera. Este mes de septiembre es el mes de la patria y lo vamos a celebrar defendiendo el petróleo.

Por eso convoco desde ahora a todos los brigadistas y a los simpatizantes de este movimiento en todo el país, para reunirnos el 15 de septiembre, a las 9 de la noche, en el Zócalo de la Ciudad de México, y conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia. Estaremos allí de manera pacífica hasta las 10 de la noche.

Será la ocasión para volver a expresar que queremos seguir siendo un país libre, independiente y soberano. Que no aceptaremos jamás convertirnos en una colonia del extranjero.

Amigas y amigos:

Es un hecho indudable que todos los gobiernos neoliberales han querido destruir a la industria petrolera nacional. La han tratado con saña: ha padecido de ineficiencia, intervencionismo extranjero y pillaje. Y ahora quieren aniquilarla por completo y con ello dejar sin futuro al pueblo de México.

Por eso, no tenemos más opción que evitar que se consuma este acto de felonía y de traición a la patria. De la salvación de esta industria depende el destino del país y de nuestro pueblo.

Sigamos adelante con determinación y firmeza. Es tiempo de definiciones, de demostrar que somos consecuentes y realmente patriotas.

¡La patria no se vende, se ama y se defiende!

¡Viva la resistencia civil pacífica!

¡Viva el pueblo de México!

¡Viva México!

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Saquea gobierno Radio Comunitaria Indígena La Rabiosa.

Kaos en la Red, 29 de agosto.- Hoy 29 de agosto por la mañana diversos cuerpos policiacos federales y locales saquean la radio comunitaria La Rabiosa en Huajuapan, Oaxaca de la organización CACTUS, adherente a La Otra Campaña.

Autoridades federales y oaxaqueñas asaltan y saquean radio comunitaria indígena en Oaxaca. Radio La Rabiosa, radio comunitaria mixteca transmitía desde el 103.5 FM. La radio comunitaria es impulsada por adherentes a La Otra Campaña. Continúa la escalada federal contra las radios comunitarias y las radios comunitarias indígenas.

A las 10 y media de la mañana la COFETEL, la SCT, 20 militares de la PFP, así como policía estatal y de transito local, por medio de un operativo de corte militar asaltan y saquean la Radio Comunitaria Indígena La Rabiosa, con sede en Huajuapan de León, en el norte de Oaxaca, territorio Mixteco. El asalto ocurre en la víspera del Encuentro de radios comunitarias y libres que se realiza a partir de este sábado en Zaachila.

La radio del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos - CACTUS, transmitía contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.

El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen."

A pesar del mandato constitucional las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social.

El operativo policiaco-militar saqueó el equipo de transmisión, la fonoteca, computadoras, micrófonos, mezcladora y escaló la torre de transmisión para cortar la antena. En un afán intimidatorio tomaron fotos de los comunicadores y comunicadoras que tranmitían en ese momento, así como de las personas que asistieron a solidarizarse. El operativo duró hora y media. No hay personas detenidas.

El operativo se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las radios a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las radios comunitarias de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios comunitarias indígenas.

Esa escalada nacional va contra el espíritu del artículo 2 constitucional y viola diversas garantías constitucionales como la libertad de expresión e información, derechos humanos esenciales garantizados por la legislación internacional también, y por el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.

El Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos -CACTUS, adherente a La Otra Campaña, es una de las organizaciones que fueron blanco de la persecución del presunto criminal de lesa humanidad Ulises Ruiz durante el conflicto oaxaqueño de 2006-2007. Decenas de personas integrantes de CACTUS estuvieron detenidas y desaparecidas durante el conflicto social oaxaqueño, cuando CACTUS se integró a la APPO.

En abril pasado en otro acto de represión adyacente, fueron asesinadas las comunicadoras indígenas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, de la radio comunitaria indígena triqui Radio Copala, del Municipio Autonomo de San Juan Copala, Oaxaca, sin que hasta el momento las investigaciones ubiquen a los culpables.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


El país se está hundiendo en una gran descomposición social y política producto de la iniquidad social que es reproducida permanentemente por el régimen neoliberal mexicano.

A la criminalidad desbordada auspiciada desde el Estado y a la miseria que asola al país se les pretende combatir con medidas policíacas, atacando el efecto y no las causas que la generan porque la solución de la pobreza y la criminalidad es económica y no policíaca.

Quienes conforman el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo el 21 de agosto junto con los tres Poderes de la Unión y parcialmente los tres niveles de gobierno son los representantes de la oligarquía autodenominada hoy sociedad civil, cuyo único fin es para autoprotegerse, no representan al pueblo sino a lo más pudiente de la sociedad que trata de erigirse por encima de la misma, promoviendo una serie de medidas que sexenio tras sexenio han fracasado y son un sostén de la venganza social hacia la parte más indefensa de la sociedad.

El CNSP y las más de las 70 “medidas” antricimen no son para combatir a la criminalidad sino para seguir dando el espaldarazo a Felipe Calderón Hinojosa para que los militares sigan en la calle haciendo lo que les viene en gana al criminalizar la protesta social, estrenándose estas medidas neofascistas inmediatamente al emitir una segunda condena contra el luchador social Ignacio del Valle que técnicamente es cadena perpetua y por el otro lado profundizar la impunidad con la libertad de quien fuera director de coordinación institucional de la PGR en tiempos de Jorge Madrazo, Ariel Maldonado Leza, secuestrador probado y comprobado condenado a 19 años de prisión y absuelto y liberado el 31 de Julio sin cumplir su condena. (Léase En privado, de Joaquín López Dóriga en la página 3 del diario Milenio del viernes 22 de agosto).

Mientras se protege desmedidamente las áreas comerciales, residenciales, bancarias mercantiles y los intereses oligárquicos las zonas proletarias de las ciudades, las zonas rurales están en la indefensión cuando llegan los cuerpos policíacos y militares supuestamente a protegerlos cometiendo toda una serie de tropelías donde desaparecen de facto los derechos constitucionales y humanos.

El ejército, la AFI, PFP, la ministerial, las policías estatales preventivas, la policía municipal e intermunicipal pasan por encima de la Constitución al presentarse con una supuesta orden de cateo firmada por un militar a realizar su fase cuatro que consiste en cateos masivos en las zonas marginadas de las principales ciudades y llegan cerrando las calles, pidiendo “decentemente” entrar a todas las casas o abriéndolas a la fuerza burlándose del poder judicial echando por la borda el mandato constitucional. Y pobre de aquel al que le encuentren una chispera o una pistola .22 que no porta y que legalmente puede tener en su hogar, a quien además de torturarlo si bien le va le roban el arma y se la llevan junto a sus cosas de valor como botín de guerra, sin expedir ningún recibo burlándose de las mujeres y niños que en ese momento enloquecen de miedo, aterrorizados por las armas de alto calibre y la capucha que llevan supuestamente para protegerse de ser blanco de la delincuencia cuando en realidad son para que sus víctimas no los reconozcan y no sean acusados como violadores, ladrones, torturadores y extorsionadores que son.

En estos tiempos para las autoridades y sus cuerpos policíaco-militares ser pobre es sinónimo de delincuente, porque en sus cateos anticonstitucionales y estados de sitio impuesto a la población tener tus raquíticos ahorros en casa, tus escasas cosas de valor, las pocas joyas son catalogadas como “propiedades y dinero mal habido” que si los quieres recuperar tendrás que ir a la zona militar y ser objeto de todo tipo de prepotencia y abuso de la burocracia militar; hacer una fiesta con tu familia también es un delito para los ojos inquisidores de los militares y los policías quienes llegan allanando viviendas, saqueando las pocas pertenencias y cosas de valor, sacando a la calle a las mujeres, niños, ancianos y enfermos en paños menores. El robo, la humillación y la violación de mujeres es el común denominador de estos operativos de la IV fase “anticrimen” diseñada bajo el terrorismo de Estado con sus vuelos rasantes de helicópteros artillados y aviones de combate.

Acciones justificadas por la cúpula del PAN como un mal necesario cuando son ensayos neofascitas, sólo un asesino fascista puede asumir esa posición.
El poder legislativo al aprobar medidas que criminalizan la pobreza que originan la protesta social se convierte en cómplice del Sr. Calderón y marchan quienes lo respaldan por la senda del fascismo, así mismo aquellos que se dicen ser de izquierda y que con acciones o su silencio avalan a la ultraderecha y sus medidas fascistas. El pueblo agraviado y nosotros también preguntamos ¿Dónde está la CNDH y sus filiales en los estados para levantar su protesta y defender a los derechos constitucionales aniquilados por las huestes calderonistas?

Esto no es nuevo pero, es grave y tiene sus antecedentes desde los años 60 y 70 en Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México…

Más peligroso resulta aún en estos tiempos panistas que vean en tu casa, periódicos como La Jornada, Milenio y hasta El Universal, las revistas Proceso, Contralínea, MX, etc., libros de filosofía como los de Adolfo Sánchez Vázquez, de historia como los de Juan Broom, libros de Noam Chomski y no se diga los clásicos de Carlos Marx y Lenin, porque inmediatamente eres amenazado de muerte y te interrogan inquisorialmente si tienes volantes que estén en contra del gobierno de Calderón, contra la privatización de PEMEX, si tienes propaganda “pejista” poco les falta para hacer en la calle una pira donde quemen los libros de cultura y ciencia vanagloriándose de ello.

Poco falta para que se asuman abiertamente como una dictadura cualquiera que tienen a un civil como pelele, donde se da un golpe de estado disfrazado. ¿Cuánto tiempo pasará para que decreten un Index? y ¿cuándo obligarán a la población por ley a asistir a sus retiros espirituales en donde hacen uso de una doble moral, verbigracia Creel, Fox, Martha Sahagún, Fernández de Ceballos, Mouriño…?, ¿Cuándo llegarán a ordenar lo que debemos tener y no tener en casa para no incurrir en su doble moral al condenar la lectura de libros de escritores que alaban y premian con medallas por esos mismos libros, aunque su arte y su forma de pensar les incomode?

Con esta conducta de los cuerpos policíaco-militares ¿Quién va a proteger a la población, como la población en Creel Chihuahua, en Miahuatlán Oaxaca? Volvemos a repetir, en el país existe un alto grado de desempleo y las únicas vacantes permanentes existen en el ejército, la marina y todos los cuerpos represivos donde para reclutar te ruegan y prometen el “oro y el moro”, población que al tener canceladas sus expectativas de vida son forzados a la emigración y a la disfrazada leva en donde ya no es tan sólo el indígena, el campesino sino el clasemediero bajo venido en desgracia, en su mayoría lumpenizados que se “saben” todas las mañas para delinquir y hacer lo antes mencionado y continuando preparando el régimen a sus futuras camisas negras para apuntalar su política de paramilitarismo.

El gobierno, sin importar color partidario, dice que dará recompensas a quien denuncie al crimen organizado, pretendiendo volver a toda la población en “chivas” y en soplones, alimentando los bajos instintos de alguna gente del pueblo que por envidia, egoísmo, rencillas vecinales o intrafamiliares podrá hablar por teléfono acusando al vecino, al pariente de sospechoso para que fuerzas represivas lo torturen, lo roben, lo metan a la cárcel sin que tenga delito alguno que pagar, satisfaciendo venganzas personales. Esto sí agudizará aún más la crisis social en el país.

La supuesta lucha contra el crimen organizado sólo es una simulación, en realidad son operativos contrainsurgentes que buscan identificarnos, descubrirnos, capturarnos para asesinarnos y desaparecernos. Estos operativos puestos en marcha en la fase IV de su plan “anticrimen” es extensivo para todo luchador social y opositor político al gobierno calderonista.

El pueblo debe saber que si por un azar nos encontraran y nos aprehendieran la tregua sería terminada en el acto.

Quienes se asumen y autollaman sociedad civil, marcharán para dar mayor validez a la política calderonista, sin embargo, en esta marcha como acertadamente dijo López Dóriga en Tercer Grado la ultraderecha y el yunquismo se han montado en la dirección de esta marcha para imponer que se siga haciendo uso de las medidas pro fascistas y avalar el comportamiento de las fuerzas represivas. ¿Será tal la euforia de la ultraderecha? ésta y la oligarquía quiere estructurar una base social “apartidaria” que se movilice en respaldo de las medidas policíaco-militares con que gobierna Acción Nacional.

Contrario sería si se convocara al pueblo a marchar contra la pobreza, la represión y la impunidad gubernamental las plazas se colmarían y nadie se quedaría en casa, pero serían los más pobres y no los de Polanco, las Lomas o esa pequeña burguesía venida a menos los que participarían por una causa justa, legítima y no por un revanchismo social que buscan los hombres de grandes negocios y “buenas” costumbres.

Aprovechando el dolor y el lamentable suceso que le ocasionaron los delincuentes al señor Martí, hoy se abusa de los nobles sentimientos de nuestro pueblo para erigirse como los paladines de la seguridad, sin embargo, la familia Martí tuvo la oportunidad de dar cristiana sepultura a su hijo en un templo que representa su estatus social. En cambio, las viudas de Pasta de Conchos aún no tienen los restos de sus seres queridos muertos por la negligencia empresarial y complicidad gubernamental, al igual que más de las 800 familias de los detenidos-desaparecidos políticos, o las desaparecidas de Juárez, así como los familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos por el gobierno que defienden y apuntalan con sus medidas fascistas…, de ese dolor y tragedia social pasa inadvertido o como un hecho social “natural” por carecer de un buen apellido y una buena fortuna económica. Nadie es merecedor de sufrir ese dolor en carne propia que es la pérdida de un ser querido.

Que en estas condiciones del país son acontecimientos que están a la vuelta de la esquina y el único responsable es quien se autollama jefe supremo de las fuerzas armadas, es decir, el Sr. Calderón y los políticos corruptos que lo sostienen y respaldan. Este es el país en el que vivimos donde todas las autoridades y poderes de la nación sufren de una esquizofrenia avanzada al pregonar que le van ganando la batalla al hampa, solapando lo que en verdad hacen sus fuerzas policíaco-militares, diciendo que van a depurar lo que está verdaderamente podrido, donde sus asesores son los viejos torturadores de la DFS, donde unos y otros jefes policíacos se ponen a modo por sus disputas para que las distintas mafias los asesinen, esta es la esquizofrenia de algunos que ocupan los poderes de la Unión y sólo es cuestión de tiempo para que los héroes del momento que supuestamente combaten al crimen sean desenmascarados como connotados extorsionadores, secuestradores y torturadores como es el caso del Sr. Millán que en el medio empresarial era un reconocido extorsionador. ¡Que no se olvide que en Bucareli despacha uno de los delincuentes más protegidos por este gobierno!

¡Cuidado con algunos pobres y desclasados que lleguen a tener poder! porque con su miseria intelectual y cultural son un peligro también para el pueblo porque se hacen cómplices de políticas y medidas represivas y antipopulares ofendiendo con sus espectáculos frívolos a los pobres no desclasados.

Seguimos esperando del poder legislativo la promulgación de la Ley de amnistía para todos los presos políticos y de conciencia, así como el pronunciamiento por la presentación de todos los detenidos-desaparecidos del país.

También esperamos que este 30 de agosto, día internacional del detenido-desaparecido los marchantes del 30, los que van a iluminar México, también exijan la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos, no hacerlo es contradecir su discurso contra la impunidad.


¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

Año 44
República Mexicana, a 27 agosto de 2008.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Conmemoran en Atoyac el Día del Desaparecido; exigen familiares crear la comisión de la verdad.

Francisco Magaña (El Sur de Acapulco)

Con una marcha en las instalaciones de la Ciudad de los Servicios, municipio de Atoyac, que sirvió de cuartel militar en los años setentas y hoy son oficinas del Ayuntamiento, más de medio centenar de familiares de desaparecidos en la llamada guerra sucia conmemoraron el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Los familiares caminaron portando moños rojos, los que fueron atando en diversos puntos del inmueble y en la zona aledaña al ex cuartel militar, como símbolo de que sus parientes fueron sepultados de manera clandestina en ese lugar.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Victimas de las Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, manifestó plena seguridad de que sus familiares están sepultados en esa zona del ex cuartel militar y sus alrededores.

Abundó que en el marco de esta fecha se proyectó el video de afectación psicosocial donde se dan testimonios de las prácticas de desaparición forzada que aún se practican en países con dictaduras militares y de apariencias democráticas como México.

Ahí la defensora de derechos humanos, Mariclaire Acosta planteó que se debe conformar la Comisión de la Verdad, porque no se ha citado a declarar a los responsables de la guerra sucia, para que respondan por los más de mil 500 desaparecidos, de los cuales más de 400 son de Atoyac.

Mata Montiel lamentó que en el extranjero aún vean al país en una transición a la democracia, cuando no es verdad, “nosotros vemos que no hay tal transición solamente ocurrió una alternancia de dos sistemas, del PRI y del PAN con los que siguen las
desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, es decir, sólo fue un cambio cosmético”, insistió.

Los familiares depositaron velas en el área donde fue el comedor, mismo que sirvió de escenario para la proyección del video en donde uno a uno mencionó el nombre de su familiar desaparecido, luego de reseñar cómo se lo llevaron los militares.

El secretario ejecutivo dijo que entre los familiares existe cierta seguridad que sus desaparecidos fueron enterrados ahí, “pero no se ha citado a declarar a los criminales para que confiesen, sólo se están basando en testimonios de la gente que dicen que ahí los enterraron; no es culpa de la gente sino de las autoridades que no han llevado a juicio a los responsables”.

Y alentó a los ahí presentes al decir que tienen que dar con el paradero de los desaparecidos, además que el gobierno reconozca que hubo crímenes contra la población y se haga justicia.

Finalmente señaló que la Afadem participará en Toluca, Xochimilco y la cámara de diputados, en actos del día internacional del desaparecido, junto con otros organismos defensores de derechos humanos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

CCIODH: Ante la condena a l@s pres@s de Atenco

BOLETÍN DE PRENSA Nº 33 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)

Ante las condenas a los presos de Atenco

El juzgado primero de lo penal, con sede en el reclusorio Molino de Flores (Texcoco), ha dictado sentencia contra 10 presos por los sucesos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia por la causa 58/2007 ha sido de 31 años, 10 meses y 15 días. A su vez dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación, que se suman a la condena que ya está cumpliendo de 67 años y medio en el Penal de máxima seguridad de El Altiplano.

A primera hora de la mañana cientos de policías se presentaron en el Plantón que está situado al lado del penal de Molino de Flores y de forma intimidatoria sorprendieron a las personas que mantienen dicho plantón en solidaridad con las personas recluidas, pensando que los iban a desalojar. Posteriormente supieron que el motivo de la masiva presencia policial era la notificación de la sentencia.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, visitó a estas personas en su IV Visita tras los hechos ocurridos en Atenco en el penal de Santiaguito, de la misma manera los visitó en su sexta visita, ya en el Penal de Molino de Flores, para recabar su testimonio y entregarles los informes realizados tras las dos visitas.

En base al seguimiento realizado por la CCIODH y a las conclusiones y recomendaciones de nuestros informes queremos manifestar lo siguiente:

* Consideramos estas sentencias completamente abusivas. En nuestras conclusiones pedimos la libertad de estas personas en base a la presunción de inocencia, hay que recordar que han estado recluidas pendientes de proceso durante dos años y cuatro meses. En este tiempo fueron puestas en libertad, algunas de ellas libres de cargos, personas consignadas por los mismos delitos. La Comisión recomendó: “Es inaplazable desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social y política. En este sentido, urge que las Procuradurias Estatales y la General de la República procedan a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo referido con anterioridad, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de todos los presos políticos y de conciencia”.

* No solo no ha ocurrido así sino que las sentencias se han producido con suma dureza y bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia.

* Es paradigmático el caso de Ignacio del Valle, que ya denunciamos anteriormente y ahora se ve sometido a otra sentencia sumando la cantidad de 112 años y medio de reclusión.

“Las autoridades políticas y judiciales han puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el 2006. Hasta la fecha, la respuesta a las muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, violaciones y agresiones sexuales ha sido la impunidad o han tenido un carácter fundamentalmente administrativo”La Comisión se manifiesta ante esta contradicción al no haber condenas, ni tan siquiera procesos abiertos sobre funcionarios públicos por los graves delitos cometidos en el operativo y por contra unas sentencias condenatorias sobre las personas detenidas por un conflicto social y político.

La sensación de impunidad sumada a la represión como modelo de respuesta a los conflictos sociales queda reafirmada con estas sentencias como así denunciamos y se mantiene en Oaxaca y en Chiapas

Barcelona, a 21 de agosto de 2008.

Comisión de Prensa de la CCIODH–
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelonatel: 935113966, fax: 933290858



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Desaloja la policía a indígenas de Chilapa

Hay 16 detenidos, dos lesionados, varios golpeados

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

Efectivos de la Policía Municipal de Chilapa desalojaron y golpearon el medio día de ayer a indígenas que el miércoles bloquearon la carretera Chilpancingo-Tlapa; cuando menos dos manifestantes están lesionados, varios fueron golpeados y 16 detenidos, entre ellos el dirigente del Consejo Ciudadano de Chilapa, Virginio Vázquez Pileño y el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández.

Después de las 8 de la noche, los indígenas se concentraron frente a la cárcel para demandar la libertad de los detenidos, cuando fueron nuevamente desalojados por policías, a golpes y con gases lacrimógenos .

El primer desalojo se realizó cuando los ciudadanos inconformes con la administración de la alcaldesa, Aliacia Zamora Villalba, apenas se concentraban en el crucero de la entrada de Chilapa, en la carretera Chilpancingo-Tlapa, para marchar hacia la Presidencia Municipal, luego de que a pesar del bloqueo a la carretera que realizaron el miércoles, no fueron atendidos.

Entre los detenidos se encuentra el presidente del Consejo Ciudadano de Chilapa, Virginio Vázquez Pileño, quien ha convocado a las movilizaciones, así como el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien únicamente se encontraba en el lugar de la protesta como observador.

“Detengan también a ese cabrón, nos está ocasionando muchos problemas”, fue la orden que dio el síndico de Chilapa, Francisco Javier González, a los policías municipales que golpearon y detuvieron al integrante del organismo de derechos humanos Olivares Hernández, cuando éste trataba de intervenir para que los policías municipales ya no siguieran golpeando ni llevándose detenidos a los indígenas.

El bloqueo se realizó este miércoles en el entronque de Chilapa, sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa como expresión de la inconformidad que existe de ciudadanos de la cabecera municipal de de varias comunidades que pertenecen al Consejo Ciudadano, en contra de la alcaldesa priísta, Alicia Zamora Villalva, a quien piden que cumpla con las promesas que les hizo desde octubre del año pasado, para la construcción de escuelas, caminos, clínicas, comisarías, proyectos productivos, electrificación de pueblos y solución al problema del basurero que está originando un foco de contaminación en la cabecera municipal.

Los inconformes también demandaban una audiencia con Zamora Villalba para tratar directamente con ella los problemas que han venido exponiendo y que se ha negado a resolver.

Sin embargo la alcaldesa en vez de dar respuesta a sus demandas utilizó la fuerza pública municipal para desalojar a los manifestantes.

Los 16 detenidos son Domingo Ramos, Pedro Martín García, Erasto Silviano, Norberto Ramírez, Juan Gaspar, Vicente Santiago, Benito Jiménez, Pedro Andraca, Anastasio Díaz, José Agustín Secundino, Vicente Xochitempa Tepexco, Abundio Rodríguez, Justo
Elías Bolaños, Virginio Vázquez Pileño, Manuel Olivares Hernández y Faustino Vidal. Entre los detenidos se encuentran algunos comisarios municipales de comunidades de ese municipio que también exigen obras y servicios públicos.

El abogado de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Luis Jerónimo Zavala, informó que de los 16 detenidos cuando menos Virginio Vázquez Pileño y Manuel Olivares Hernández fueron golpeados por los policías municipales.

Informó que los 16 detenidos a las 4 de la tarde de ayer fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y motín. Informó asimismo, que a las 8 de la noche aún continuaban en la delegación de barandilla, debido a que el Ministerio Público no cuenta con área de seguridad.

El desalojo y la detención de los indígenas se realizó a las 10 de la mañana cuando se concentraban en el entronque de Chilapa sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, en donde el miércoles instalaron un bloqueo para exigir solución a sus demandas al
Ayuntamiento que preside Zamora Villalva.

En la operación policiaca participaron unos 30 policías municipales, algunos de ellos portaban armas de fuego, según denunció el abogado Jerónimo Zavala.

Los uniformados utilizaron, asimismo, para someter a los indígenas gases lacrimógenos y toletes con los que golpearon a algunos de los inconformes.

Por la noche en un comunicado de prensa, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos lamentó que a la demanda de obras y servicios de los indígenas la alcaldesa haya respondido con la fuerza pública y demandó la inmediata libertad de los 16
detenidos.

Los integrantes del Consejo Ciudadano de Chilapa se concentraban en el crucero de esa localidad para marchar hacia el Palacio Municipal para exigir a la presidenta municipal una audiencia para solicitarle obras y servicios públicos, debido a que durante el bloqueo del miércoles no fueron atendidos a pesar de que les habían ofrecido una mesa de diálogo.

Entre las demandas del grupo de ciudadanos está el cumplimiento de una minuta de acuerdos que firmó la presidenta municipal Zamora Villalba hace cuatro meses luego de un bloqueo a la carretera.

En esos acuerdos, la alcaldesa se comprometió a realizar diversas obras, como revestimiento de caminos, comisarías municipales, introducción de agua potable y luz eléctrica. Sin embargo, ninguna obra ha sido realizada, y por ello los inconformes decidieron bloquear la carretera el pasado miércoles y al no obtener respuesta ayer pretendían realizar una marcha que terminaría con un mitin frente al Palacio Municipal.

Tras el desalojo, el visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, se trasladó a esa localidad para documentar los hechos y a recabar las denuncias de las personas que fueron agredidas y detenidas
por los policías municipales.

Lugo Cortés informó que la Codehum envió a tres visitadores y peritos médicos para que verifiquen la información y además para que vean el estado en que se encuentran las personas agredidas y para lograr que las autoridades atiendan las peticiones de los habitantes de Chilapa.

Confirmó que en el caso de Manuel Olivares, el síndico municipal, Francisco Javier García Morales, ordenó su detención aún cuando sabía que su función sólo era de observador de la protesta, “estamos atentos a esto y estamos interviniendo ya en este
asunto”, dijo el funcionario de la Codehum.

También al igual que la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Lugo Cortés lamentó la intervención de la fuerza pública para reprimir la protesta de este grupo de personas, “la respuesta no debe de ser la represión, sino la voluntad política de atender la problemática y no agravarla”, dijo.

Por su parte el diputado Ramiro Solorio, condenó también el uso de la fuerza pública para reprimir a los indígenas que en la mayoría de los casos desconocen sus derechos y garantías individuales.

Solorio Almazán se dirigía a las 8 de la noche a esa localidad con el fin de exigir a las autoridades municipales la libertad de los detenidos, “si no los liberan estoy convocando al pueblo para liberarlos a como dé lugar”, advirtió.

El segundo desalojo.

Poco después de las 8 de la noche, nuevamente aproximadamente 300 manifestantes fueron agredidos con gases lacrimógenos, por policías estatales y municipales, cuando frente a la delegación de Barandilla exigían la libertad de los 16 detenidos.

Entre el grupo de personas se encontraba el diputado Ramiro Solorio a quien a pesar de que se identificó no le permitieron entrar a ver a los detenidos, “esto es abuso de autoridad, es represión, es arbitrariedad, es ultraje a los derechos de esta gente humilde, hay mujeres con niños en sus brazos y les valió madre”, dijo vía telefónica el diputado visiblemente disgustado.

Indicó que las personas agredidas por policías del estado y municipales por la noche solamente estaban reclamando la libertad de los 16 detenidos, “pero en vez de eso como respuesta recibieron más represión”, dijo.

Indicó que debido a los gases lacrimógenos que les lanzaron los policías decenas de personas resultaron con irritaciones en los ojos.

Indicó ante la cerrazón de las autoridades para liberarlos la gente decidió quedarse en plantón “hasta que nos los entreguen sanos y salvos, porque sanos los metieron y así queremos que nos los entreguen”, dijo.

Indicó que ante esta arbitrariedad tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal, a la gente no le quedará otra alternativa que buscar otras formas de lucha”, advirtió el diputado.

Indicó que de su parte, como diputado, va a pedir en el Congreso local juicio político a la presidenta municipal, Alicia Zamora Villalba y su destitución del cargo.


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Trancazo campesino a minera canadiense.

Por Diego Cevallos

MÉXICO, ago (Tierramérica ) - La corporación minera canadiense Minefinders exploró durante 14 años una zona rural del norteño estado mexicano de Chihuahua. Pero cuando se apresta a iniciar la explotación de oro y plata, sus planes se ven amenazados por protestas campesinas.

La inconformidad con Minefinders luego de tanto tiempo se debe a que "nos dimos cuenta de los engaños, de cierto abuso de la empresa", dijo a Tierramérica el portavoz de los campesinos, David de la Rosa. "Es que se tomó conciencia de la inequidad de la relación", añadió el abogado Mario Patrón, asesor del grupo.

Los habitantes de Huizopa, comunidad enclavada en la Sierra Madre Occidental y conformada por unas 230 familias dedicadas a la agricultura de autoconsumo y la ganadería, mantienen desde mayo un campamento cerca de la aún no estrenada planta de procesamiento de la Compañía Minera Dolores, subsidiaria de Minefinders en México.

Familias enteras de la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa hacen turno allí para garantizar una presencia constante. Aunque no interrumpen los trabajos de la empresa, sus reclamos y la posibilidad de que radicalicen su protesta mantienen en vilo los planes de Minefinders.

La corporación goza de una concesión otorgada en 1994 por el gobierno de México. Con esa autorización y la venia inicial de los campesinos efectuó unas 1.000 perforaciones en búsqueda de oro y plata.

Para iniciar la explotación, en 2006 firmó un acuerdo con los dirigentes comunitarios de Huizopa, según el cual puede operar sobre unas 1.200 hectáreas. Sin embargo, buena parte de la comunidad sostiene que no se llevó a cabo el proceso de consultas obligatorio con la comunidad que posee las tierras.

"El acuerdo firmado con la minera es ilegal pues no se analizó ni se votó en la asamblea comunitaria y además es desigual, no tiene el mínimo principio de equidad", dijo Patrón a Tierramérica.

Además, argumentan los campesinos, la minera se ha apropiado de casi 3.500 hectáreas, de las 86.000 que tiene Huizopa.

Un grupo minoritario de pobladores apoya a la empresa, que ha construido viviendas y caminos, pero la mayoría quieren un nuevo acuerdo que incluya la financiación de un plan de desarrollo comunitario, pago de renta anual por hectárea explotada, definición de un sistema de participación en las utilidades y estudios ambientales.

Minefinders asegura en su sitio web poseer la propiedad de "100 por ciento" de la mina Dolores, que espera explotar a cielo abierto durante 15 años.

No se trata de un conflicto aislado. En la última década han estallado problemas recurrentes entre la industria minera, los sindicatos y los pobladores en varios países de América Latina, coincidiendo con la bonanza de los precios internacionales de los metales.

En los últimos cuatro años, la cotización del oro se elevó 219 por ciento y la de plata en más de 149 por ciento, un ciclo que trajo multimillonarios ingresos a las empresas y un repunte de los impuestos que perciben los Estados.

En Perú se contabilizaron 26 huelgas mineras en el primer semestre de este año, apenas tres menos que las registradas en todo 2007. En América Central, donde las compañías identifican al menos 23 zonas explotables, organizaciones sociales están en pie de lucha, con el argumento de que los empresarios se enriquecen a costa del ambiente y las poblaciones cercanas a los yacimientos.

En México el conflicto entre el gobierno y la dirigencia de un sector del sindicato minero se mantiene desde 2006.

Los campesinos de Huizopa "no caeremos en la violencia, pero no nos rendiremos hasta lograr beneficios reales de Minefinders, pues sabemos que va a tener ganancias jugosas", advirtió De la Rosa.

Ellos estiman que en 15 años la empresa obtendrá unos 3.000 millones de dólares y podría causar graves daños a la naturaleza, pues para extraer oro y plata de la roca utilizará el venenoso cianuro de sodio.

La firma ha dicho que esos cálculos económicos están errados. En Huizopa hay reservas "equivalentes a 3.000 millones de onzas de oro", declaró en marzo el presidente de la corporación, Mark Bailey.

La corporación, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y tiene otros tres proyectos en México, informó a sus accionistas el 25 de julio que por un "bloqueo ilegal" y "amenazas de violencia de manifestantes", sus operaciones en Huizopa están detenidas, pero aseguró que en el siguiente trimestre entrará de lleno en la extracción de oro y plata.

Policías custodian las instalaciones de la mina y, según denuncian los campesinos, se ha recurrido al ejército para que efectúe patrullajes intimidatorios.

El 27 de mayo, un operativo de fuerzas federales dispersó con gases lacrimógenos a unos 100 campesinos que efectuaban un plantón y dos días después fueron detenidos dos dirigentes de Huizopa, liberados casi de inmediato por falta de denuncias.

Minefinders no ha actuado de forma honesta, afirman la Asamblea Permanente de Ejidatarios y el no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece el jurista Patrón.

La compañía asegura haber gastado 12,7 millones de dólares en asistencia a la comunidad dueña de la tierra y haber financiado becas a estudiantes de geología en una universidad de Chihuahua.

Para terminar el conflicto, ofrece seis millones de dólares más y patrocinar algunos programas sociales y acciones vinculadas al ambiente, y alega que los campesinos han sido azuzados por personas vinculadas al izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática.

"Lo que nos ofrecen demuestra la cerrazón de la empresa, hay que considerar que la minera va a estar aquí muchos años más y lo que queremos es una buena vecindad y que los beneficios sean equitativos y para todos", señaló De la Rosa.

La representación de Minefinders en México se rehusó a dar más declaraciones a Tierramérica, con el argumento de que "las negociaciones con los campesinos están ahora en marcha".

Una comisión del Senado de México exhortó el 12 de agosto a diferentes autoridades investigar posibles violaciones de derechos humanos contra los habitantes de Huizopa, ayudar a establecer un diálogo entre las partes, estudiar los impactos ambientales y sociales de la explotación e informar sobre la presencia del ejército en la zona.

El portavoz de los campesinos indicó que por gestión del gobierno estadual fue posible iniciar un diálogo con la empresa, por ahora sin resultado.

* Este artículo fue publicado originalmente el 23 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2008)



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José María Lozano busca la alcaldía de Zimapán

Por Desde Abajo

Pachuca.- Bajo el lema de “Un voto por la vida”, el dirigente de Todos Somos Zimapán, José María Lozano, fue admitido como precandidato a la presidencia municipal de Zimapán por el PRD, en una contienda donde buscará salir como abanderado y contar con condiciones de frenar, desde la alcaldía, la construcción del confinamiento tóxico en la zona.

La candidatura obedece a la anuencia de quienes integran el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán –dijo Lozano -, por lo que contiende ahora por ser el candidato perredista por la alcaldía de ese municipio de la sierra gorda hidalguense.

Lozano y la gente de Todos Somos Zimapán compiten con la planilla número 4, con la suplencia de Rogelio Quintero y contiende la candidatura con José Rangel, ex aspirante a diputado local por el distrito con cabecera en Zimapán.

“Hemos visto que las autoridades y sobre todo el presidente municipal tienen mucho que ver (con la instalación del confinamiento tóxico, a través del otorgamiento de permisos de construcción) y es (con la presidencia municipal) con lo que podríamos detener la entrada del confinamiento, cosa que con el que tenemos no hay ninguna garantía porque está vendida a la empresa y a los interés particulares”.

José María Lozano dijo que la opción de contender por el PRD a la alcaldía de Zimapán “no es una decisión propia” sino fruto del consenso entre los miembros de Todos Somos Zimapán quienes votaron a favor de esta posibilidad en su asamblea del pasado domingo 10 de agosto.

“Nosotros dijimos que no íbamos a participar en política. Ahorita vemos que es una posibilidad porque el presiente municipal es autónomo, puede cancelar u otorgar permisos, entonces toda la gente estuvo de acuerdo con que participáramos y es un compromiso para todos. Y vemos que hay posibilidades muy grandes de ganar la candidatura y posteriormente por la presidencia municipal”

Con lo anterior, el dirigente de Todos Somos Zimapán busca acallar las críticas lanzadas desde el principio de su lucha contra el confinamiento que preveían que el empresario buscaba con ello un puesto de elección popular.

En tanto, el PRD hidalguense busca salir lo menos dañado posible del tiempo de precamapañas electorales por parte de quienes buscan ser candidatos de ese partido a presidentes municipales en la elección del nueve de noviembre próximo.

Una vez que desde el pasado 20 de agosto, el Comité Técnico Electoral y la delegación nacional del Comité Electoral Nacional del PRD diera inicio a la época de precampañas, será hasta el próximo cuatro de septiembre cuando venza esra etapa donde el perredismo busca elegir a sus presidentes municipales, síndicos y regidores titulares.

Junto con José María Lozano, el Comité Técnico Electoral aceptó la precandidaturas de López y Juan Rodríguez, por Atotonilco de Tula; Jaime Vázquez, por Tlanalapa; Mario Hernández por Tecozautla; Armando David de la Vega Trejo, Daniel Tovar y Juan Calva, por Tula y María Iris Paulino, Ixmiquilpan.

Las elecciones internas del PRD se llevarán a cabo el próximo siete de septiembre en algunos municipios, bajo comicios abiertos.


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Sentencia a líderes sociales de Atenco, plagada de irregularidades: CCTI

La sentencia de más de 31 años, así como 45 años en el caso de Ignacio del Valle se debe interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado: no se acepta la disidencia política y social. En este sentido sigue la misma lógica que la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. La tortura procura castigar e intimidar a los individuos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes.

Difusión: Cencos México D.F., 25 de agosto de 2008

Pronunciamiento

Ante la sentencia dictada de más de 31 años contra 10 presos por los hechos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, así como de 45 años contra Ignacio del Valle, manifestamos lo siguiente:

1.Las sentencias se basan en procesos plagados de irregularidades, pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los Derechos fundamentales, plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México.

2.La sentencia de más de 31 años, así como 45 años en el caso de Ignacio del Valle se debe interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado: no se acepta la disidencia política y social. En este sentido sigue la misma lógica que la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. La tortura procura castigar e intimidar a los individuos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes.

3.Esta sentencia es el reflejo de la política de “mano dura” que busca “resolver” conflictos sociales mediante la represión y el silenciamiento de los que no se conformen ante una situación de evidente desequilibrio e injusticia social que vive el país.

4.Además esta sentencia nuevamente pone en evidencia la falta de respeto a los Derechos humanos de parte de las autoridades políticas y judiciales. A pesar de algunas sanciones administrativas, ningún responsable material o intelectual ha sido consignado, procesado o castigado por su responsabilidad en las muertes, torturas, torturas sexuales, violaciones y detenciones ilegales de los días 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco.

5.La falta de voluntad política para acabar con la impunidad en casos de violación a los Derechos Humanos queda manifiesta públicamente y aleja a México cada día más de un Estado de Derecho.

6.La reunión reciente de todos los gobiernos estatales y del gabinete presidencial para coordinar acciones en contra del crimen y el secuestro no dan soluciones de fondo a esta problemática y mucho menos a la impunidad con que se manejan todos los gobernantes presentes violadores de los derechos humanos, como lo es para el caso de Atenco el gobernador Enrique Peña Nieto.

México D.F. a 22 de Agosto del 2008

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)



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Atenco: ¡libertad a los rehenes de clase! Por Guillermo Almeyra

Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.

La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.

El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.

¿Dónde están las condenas a los asesinos en Oaxaca durante la represión contra la APPO? ¿Dónde la condena a quienes mataron en Atenco mismo o contra los violadores de las presas que después tuvieron que ser dejadas en libertad por la misma “justicia” que mantiene en rehenes del Estado a un puñado de hombres seleccionados con criterio político? ¿Cómo hacer creer a los ciudadanos mexicanos en la independencia y majestad de la justicia, en la defensa de un estado de derecho, en la igualdad ante la ley? Se está empujando a la población, como en el porfiriato, a buscar soluciones fuera de la ley que no es tal y con prescindencia de las instituciones prostituidas a los ojos de la ciudadanía. Los que siembran vientos recogen tempestades. ¿No hay ninguno en la clase gobernante que, por mero instinto de conservación, intente aprender algo de la historia y frene a los ciegos incendiarios que gobiernan el estado de México? ¿O la voracidad capitalista, el deseo de lucrar haciendo finalmente su aeropuerto en Atenco, incluso sobre la sangre y los huesos de los ejidatarios y campesinos, lleva a todos a ignorar que el fallo que condena a los de Atenco no se sustenta en nada más que el deseo de aterrorizar a los que se rebelaron y escarmentar a los que resisten?

Ante este fallo provocativo y de clase no es posible permanecer inactivos. La libertad de los presos políticos –los de Atenco lo son– depende de sus hermanos de clase y de quienes quieren defender los espacios democráticos en este país y frenar la violencia hasta ahora impune de los sátrapas priístas. Los sindicatos democráticos que luchan contra esa otra violencia colectiva que se quiere ejercer contra los trabajadores (con la reforma del ISSSTE, con las amenazas a Pemex y a la electricidad, con los intentos de acabar con las garantías legales para los trabajadores) deben también tomar en sus manos la anulación de la sentencia contra los presos políticos por los hechos de Atenco.

El PRD, nacional y del estado de México, no puede callar como si fuese cómplice de Peña, ni tampoco limitarse a una protesta verbal, sino que, junto con los sindicatos y para salvar su responsabilidad política, además de protestar en el Congreso y exigir justicia, debe organizar una gran manifestación en Atenco mismo. ¡Que el pueblo de Atenco y de Texcoco sienta que no está solo! La exigencia de la libertad de sus presos debe ser una bandera para la defensa de la democracia y la anulación de las condenas la piedra de toque que permita saber si la legalidad tiene alguna esperanza en este México cada vez más violento y más represivo, donde la ilegalidad de las clases dominantes y de los gobernantes impulsa y alimenta todos los demás tipos de delincuencia.

¿Quién en su sano juicio puede creer que los comicios legislativos o presidenciales futuros podrán ser limpios cuando se ve la descarada utilización de los poderes represivos del Estado, comenzando por los de la llamada justicia, para imponer un retroceso de muchas décadas en las conquistas políticas y sociales y en los derechos democráticos? ¿Quién puede pensar que el agravamiento de la crisis actual en Estados Unidos y en el mundo, con la reducción de esa válvula que hasta ahora ha sido la emigración y también de la fuente de ingresos proveniente de las remesas, no va a dar como resultado el aumento de la ofensiva, por todos los medios, legales e ilegales, de una oligarquía que sabe perfectamente que no podría mantenerse en el poder en un estado de derecho y que tiene que reducir los espacios democráticos?

Fraudes, ISSSTE, Pemex, condenas a los de Atenco: ¡es demasiado! La respuesta social debe ser contundente. Quizás así, entre otras cosas, los tribunales superiores se vean obligados a declarar nulos los fallos aberrantes.


(Articulo publicado en La Jornada)


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