La Parota: alerta ONU sobre guerrilla

La ONU, como siempre, ajena a la realidad social de los pueblos del mundo.

Una vez mas un grupo de ciudadanos es despojado de sus derechos, dia a a dia ven reducirse los cauces juridicos por los cuales encaminar sus justos reclamos........ y cuando surge un factor de fuerza que los apoya el Estado y algunos organismos supranacionales se razgan las vestiduras argumentando el estado de derecho y el dialogo.

¿Ha estado Amerigo Incalcaterra en alguna Asamblea Agraria en que se haya discutido el tema? Al menos no en las celebradas este año en mayo, mucho menos en la realizada el 12 de agosto.

A manera de resumen digamos que aquella a celebrarse el 6 de mayo, se suspendio a falta de quorum pero de inmediato se imprimio la convocatoria para una segunda asamblea alegando violencia. En la siguiente asamblea, 20 de mayo, se acarreo a personas para que dieran su voto a favor de la hidroelectrica desde horas antes del incio de la asamblea y se repartieron desayunos a estos "simpatizantes" del proyecto; afortunadamente se invalido la "Asamblea".

Por ultimo, durante la asamblea del 12 de agosto, es evidente el rechazo de la mayoria de los pobladores; pero no solo eso, es notoria la falta de argumentos por parte del personal de la CFE que acudio a sustentar el proyecto.

A juzgar por la nota que sigue, quien apoyara la lucha del CECOP sera la APPG, no los grupos guerrilleros en si, que segun la nota estan circunscritos a la APPG.

La nota es la siguiente:



La Organización de las Naciones Unidas consideró grave que la guerrilla se entrometa en un problema tan delicado como el de la presa La Parota, porque éste sólo le compete a los pobladores, a las autoridades estatales y federales. Y México “no necesita de guerrillas para arreglar los problemas”.

El representante del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Amerigo Incalcaterra, manifestó su esperanza de que los pobladores que se consideran afectados por ese desarrollo hidroeléctrico no acepten la participación de grupos guerrilleros.

Entrevistado durante la presentación de una campaña de spots sobre derechos humanos y pueblos indígenas”, Amérigo Incalcaterra destacó que los conflictos sociales que se presentan en la sociedad mexicana son de preocupación de la oficina del alto comisionado, así como la manera de cómo se encaran y se solucionan.

Lo importante, dijo el funcionario de las Naciones Unidas, es “no cerrar puertas, abrir siempre espacios y no ser fantasiosos en la búsqueda de una solución”; por eso, agregó, “aspiramos a que las autoridades y personas involucradas tengan acuerdos”.

En la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, señaló: “No estamos viendo una situación en particular. Vemos todo lo que surge y tenemos interlocuciones con los distintos actores y sugerimos no agotar ningún diálogo”

Sobre la advertencia de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, que incluye a los grupos armados Ejército Popular Revolucionario y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, de que saldrán a la defensa de los pobladores de La Parota si se impone el proyecto hidroeléctrico, señaló: “Es sumamente grave que fuerzas guerrilleras que hacen uso de la violencia, de la fuerza, se entrometan en asuntos que son ajenos a su responsabilidad; esa es una situación que compete a los pobladores de la zona, a las autoridades de Guerrero y a las federales, como es la Comisión Federal de Electricidad y la secretaría que tiene incumbencia.

“Esperemos que sea rechazada por todos los sectores que están involucrados, porque es un problema delicado. Pero no se necesita de guerrillas para solucionar los problemas”.

Aún no están agotadas todas las instancias de diálogo, ni las jurídicas para tener acuerdos, sostuvo el funcionario de las Naciones Unidas.

El martes, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que finalmente ganó el litigio que le impedía avanzar en los trabajos para llevar a cabo la construcción de la presa La Parota, lo que le permite retomar el proyecto y reiniciar las negociaciones con los comuneros que serían afectados con el proyecto.

México • Eugenia Jiménez


Fuente: Milenio Diario


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

LUCIO CABAÑAS

Lucio Cabañas fue un maestro normalista que fundó el Partido de los Pobres y encabezó una guerrilla de campesinos en la montaña de Guerrero entre los sesenta y setentas. Murió el 2 de diciembre de 1974 en un enfrentamiento con el Ejército.

En las comunidades más pobres de este rumbo del sur de México, la gente lo recuerda como si aún viviera. En un lugar llamado Atoyac de Álvarez, su pueblo natal, a pesar del gobierno, la gente le erigió un monumento. Ahí está entonces, hace tiempo el subversivo Lucio, homenajeado en plena sierra.

Y así, el recuerdo del guerrillero está esparcido por todos los rincones de Guerrero, incluso en Chilpancingo. Ahí, los jóvenes, sobre todo los combativos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lo llevan estampado en sus camisetas de algodón. Pero tanta fama de Lucio entre la gente sencilla y humilde, no le gusta a los mandones. En los tendajos de la capital del estado, la exhibición y venta de su figura está prohibida. Cuelgan Emilianos Zapatas, Subcomandantes Marcos, Panchos Villas y otros personajes de la rebeldía nacional, pero no Lucio.

— ¿Por qué no tienen camisetas de Lucio Cabañas?— pregunté.
— Porque luego vienen del gobierno a llamarnos la atención. — responde una vendedora del paseo Zapata, en pleno Centro.
— ¿Y eso?
— Es que creen que porque no se vendan sus camisetas, ya no va a haber más Lucios en Guerrero… Si supieran.

diego.osorno@gmail.com

Fuente: Milenio Diario


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

NO ES CIERTO QUE LA CFE CUENTE CON AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR CON LA PAROTA, AFIRMA EL CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PAROTA

Frente a las más recientes declaraciones públicas que hizo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan desmintieron hoy que el gobierno federal y estatal cuenten con autorización alguna para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico La Parota.

Las organizaciones citadas consideraron no apegadas a la verdad y lamentables las afirmaciones de Elías Ayub, “porque a la fecha la paraestatal no ha ganado ningún juicio relacionado con la presa; contrario a ello, existen siete resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y jueces de distrito con residencia en Acapulco, que explícitamente impiden al gobierno federal y estatal continuar con el proyecto”, afirmaron.

Al abundar en los detalles sobre lo que se considera un intento gubernamental de dar un golpe mediático sin apego a la realidad, el CECOP señaló que por lo que toca al juicio de amparo 879/2007 que en materia de aguas y ambiental interpuso el CECOP con la asesoría del CEMDA “es pertinente aclarar que el mismo sigue en trámite, pues está pendiente por resolverse el recurso de revisión de amparo frente al Tribunal Colegiado de Circuito. Más aún, mediante la admisión del recurso de revisión señalado sigue vigente la suspensión definitiva otorgada por la jueza octava de Distrito, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, lo cual constituye una muestra irrefutable de que carecen de veracidad y sustento las declaraciones de Elías Ayub”.

Las organizaciones opositoras al proyecto hidroeléctrico de La Parota evidenciaron la mentira que encierran las declaraciones triunfalistas del gobierno federal al recapitular las siete resoluciones judiciales que en materia agraria ha emitido el TUA protegiendo los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los ejidos de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos son los siguientes:

•447/2005 relativo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 23 de agosto del año 2005, por la cual supuestamente el núcleo agrario aceptó la expropiación de sus tierras.

•72/2006 relativo al ejido de Los Huajes y en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 27 de diciembre del año 2005, por la cual supuestamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

•73/2006 relativo al ejido de Dos Arroyos, en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 16 de diciembre del año 2005, por la cual presuntamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

•74/2006 relativo al ejido La Palma y en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 27 de diciembre del año 2005, por la cual supuestamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.
Asimismo, CECOP, CEMDA y Tlachinollan señalaron la existencia de los siguientes juicios de amparo ventilados ante el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco y que ha ganado el CECOP:

•638/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de Los Huajes y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

•637/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de Dos Arroyos y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

•821/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de La Palma y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

“Las siete resoluciones enlistadas son de suma relevancia porque, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley Agraria, es indispensable que las asambleas comunales y ejidales brinden su anuencia para que sus tierras puedan ser ocupadas con motivo de una expropiación. Es decir, en tanto los núcleos agrarios que serían afectados por la presa hidroeléctrica no den su consentimiento para que les arrebaten sus tierras, es imposible que les expropien y que continúe el proyecto”, subrayaron.

Al detallar la real situación jurídica que guarda el conflicto, las organizaciones declarantes indicaron que las cuatro primeras resoluciones dan cuenta en primer lugar de que el gobierno federal y el estatal de manera ilegal pretendieron imponer la presa La Parota mediante asambleas en donde incluso aparece que personas difuntas dieron su anuencia para que las despojaran de sus tierras. En segundo lugar, al ser declaradas nulas las asambleas, implica que la CFE no cuenta con la autorización que legalmente requiere la Ley Agraria para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico.

Las otras tres resoluciones, que en materia de amparo se emitieron a favor de los núcleos agrarios de La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes, son contundentes en términos de establecer tajantemente el impedimento de la CFE para ingresar a los territorios ejidales a efectuar acciones ni preparativas, ni ejecutorias del proyecto hidroeléctrico La Parota.

“Es importante hacer énfasis en que las siete resoluciones dan protección legal a los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los ejidos de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma, los cuales representan 63 por ciento de la tierra que el gobierno utilizaría para poner en marcha la presa hidroeléctrica. En este sentido, es claro que existe una mayoría opositora al proyecto que detenta la mayor parte de las tierras que serían afectadas por el proyecto”, aseveró el CECOP.

Aunado a estos datos, el 12 de agosto del 2007, el núcleo de Cacahuatepec (el más grande y el de mayor población de los territorios proyectados por la CFE para la presa, sitio donde se planea edificar la cortina), celebró una asamblea en la que una evidente mayoría de los asistentes (más de tres mil), votaron contra la construcción de La Parota, una vez que escucharon los argumentos a favor de la obra por parte de funcionarios de la CFE, entre ellos el director de Inversión

Financiada, Eugenio Laris Alanís, quien manifestó ante el pleno de la asamblea que sería respetuoso de la decisión de los campesinos. Ante la CFE, la voluntad de los habitantes de Cacahuatepec fue rechazar la hidroeléctrica.

“Es por eso que si la CFE pretende iniciar la construcción de la presa, estaría incurriendo en un grave desacato al mandato del TUA y pisoteando el marco jurídico, a la vez que vulneraría la voluntad de los pueblos que se oponen a La Parota porque es una obra que viola los derechos humanos de las comunidades”, precisaron.
Por todo ello, el CECOP, CEMDA y Tlachinollan reiteraron nuestra preocupación ante el las declaraciones de Elías Ayub, “pues tergiversan el carácter del fallo de la juez octava de Distrito en Acapulco y pretende hacer de esta resolución el argumento para que la CFE ingrese a las comunidades para construir la hidroeléctrica La Parota, aún sabiendo que legalmente no le está permitido”.

Finalmente, los opositores a La Parota exigieron al gobierno federal, estatal y a la CFE “el respeto pleno y absoluto de la voluntad de las comunidades que han manifestado su rechazo a la presa La Parota, así como el respeto de los fallos emitidos por los tribunales y las resoluciones judiciales que han prohibido la construcción de la hidroeléctrica, pues de lo contrario, tanto la CFE, como el gobierno federal y estatal, siguen dando el mensaje de que apuestan por una salida violenta, que en los hechos sería la de imponer por la vía de la fuerza el proyecto, sabiendo que los campesinos del CECOP están dispuestos a defender sus tierras”.

Fuente: ISA


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Desalojan policías a normalistas de caseta de cobro en Guerrero

Sergio Ocampo, corresponsal

Extraoficialmente hay 56 detenidos y dos personas heridas.

Chilpancingo, Gro. Egresados y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desalojados por un centenar de policías federales y estatales preventivos poco después del mediodía de este viernes de la caseta de cobro de La venta, ubicada en el municipio de Acapulco.

Los estudiantes tomaron la caseta como parte de una jornada de protesta que se realizó en las ciudades de Tlapa, Iguala, Chilpancingo, Atoyac y Acapulco, previo al 33 aniversario de la muerte del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
Fuentes extraoficiales dieron a conocer que hay 56 detenidos y dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Desde julio pasado los normalistas demandan la entrega de plazas de maestro y la permanencia de la licenciatura en educación primaria.

Apenas el 14 de noviembre pasado, policías estatales desalojaron a más de 800 estudiantes que se habían apoderado de la sede del Congreso de Guerrero en apoyo a alumnos y egresados de la Normal de Ayotzinapa. Diez personas resultaron heridas.

Como parte de sus protestas, estudiantes y egresados toman por alrededor de dos horas, por lo menos una vez a la semana, casetas de peaje de la Autopista del Sol y permiten el paso de los automovilistas tras una "cooperación voluntaria".

Fuente: La Jornada

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Solicita el gobierno de Chiapas investigar a fondo a la Opddic

La organización es acusada de ser un grupo paramilitar priísta ligada a intereses trasnacionales

Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsales)

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 de noviembre. El gobierno de Chiapas solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación exhaustiva a la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos (Opddic) por la serie de denuncias públicas sobre sus actividades, quiénes y cómo los financian, cuáles son los intereses y cuál es su razón en Chiapas, particularmente por las amenazas de muerte al Consejo Autónomo de San Andrés y las agresiones en los municipios de Chilón y Tumbalá.

Sobre el tema, el gobernador Juan Sabines Guerrero señaló que “es prioridad para este gobierno el respeto a los derechos humanos y el combate a todo tipo de injusticias, especialmente contra los que menos tienen”.

Apuntó que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que “inicie las averiguaciones para los casos de Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez, que son los afectados en el caso de Chilón; de igual forma, Manuel Jiménez Álvaro, Jerónimo Morales Álvaro, Manuel Méndez Silvano, Manuel Hernández y Miguel Pérez Álvaro, agredidos en el municipio de Tumbalá”, concluyó.

En un comunicado de prensa, el gobierno informó que la decisión fue tomada a raíz de las muchas denuncias contra la Opddic que se han publicado en los medios de comunicación, especialmente “con base en los trabajos de La Jornada”.

De acuerdo con la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoiris de la Esperanza, las más recientes “agresiones” de integrantes de la priísta Opddic en contra de bases de apoyo zapatistas ocurrieron el pasado sábado 24 en el municipio autónomo Olga Isabel (oficialmente se llama Tumbalá).

Precisó que ese día a las 11 de la mañana “un grupo de 80 personas, perteneciente a la Opddic, penetró con lujo de violencia” en el poblado Bolon Ajaw con armas de fuego, machetes y palos; “20 personas portaban pistolas calibres 22 y 38; seis más escopetas y el resto palos y machetes”, dijo.

Agregó que al llegar al poblado “encontraron a mujeres niños, niñas y a un compañero promotor de salud, de nombre Manuel Hernández”, a quien “agarraron y a pesar de estar enfermo lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo su cuerpo dejándolo inconsciente”.

Posteriormente “le dijeron que (los zapatistas) abandonen ese lugar inmediatamente con su grupo, porque si no van a morir todos, y luego abandonaron el lugar”. El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hectáreas y se formó con tierra “recuperada por bases de apoyo zapatistas en el año 2001. Actualmente lo habitan 41 familias que suman 200 personas, entre adultos y niños. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual están las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de esa agrupación.

La Opddic, según organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y bases de apoyo del EZLN, es un grupo paramilitar que desde el año 2000 se extendió hasta ocupar el territorio donde antes operaban el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), los Chinchulines y Paz y Justicia.

Actualmente la Opddic mantiene 68 juicios agrarios para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios, tanto en la zona de Las Cañadas como en los municipios de Chilón, Tumbalá, Sitalá, Tila, Sabanilla y Palenque.

El grupo fue creado por el ex diputado local y diputado federal suplente por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Chulín Jiménez, fundador también del grupo paramilitar denominado MIRA, y operador en la zona de Las Cañadas de los desmantelamientos de los municipios autónomos zapatistas, ocurridos entre 1997 y 1998.

A raíz del enfrentamiento por la disputa del poblado Viejo Velasco Suárez, ocurrida en noviembre de 2006 en la zona de Las Cañadas, la Opddic incrementó sus acciones para despojar a decenas de comunidades zapatistas de sus territorios.

Según documentó el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC, para llevar a cabo el despojo de los territorios zapatistas, la Opddic es apoyada por un notario público, un actuario del Tribunal Unitario Agrario, y un servidor público y líder sindical de la Secretaría de la Reforma Agraria, quienes también participaron en el desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.

En el contexto de estas acciones de despojo, en enero de este año la Opddic envió una carta pública al subcomandante Marcos, en la que le exigen ordene a las bases de apoyo del grupo insurgente abandonen 43 hectáreas del ejido San Antonio El Porvenir, de Ocosingo.

En la carta el grupo paramilitar advierte que de no hacerlo “personalmente nosotros lo haremos (despojar a los indígenas) por la fuerza”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización Maderas del Sureste acusan a la Opddic de ser utilizada para desocupar los territorios donde empresas trasnacionales tienen intereses.

Denuncian que la Opddic es un “actor vinculado a la política y acción paramilitar ocurrida en Chiapas y en la Selva entre 1995-1999 –mismos que no fueron castigados ni desarmados en el sexenio estatal y federal anterior– y actualmente se están posicionando geopolíticamente alrededor de la selva Lacandona”.

Fuente: La Jornada On Line.


¡Todo el Poder al Pueblo!

Demanda FPDT a SCJN transparencia en juicios de amparo para atenquenses

Gustavo Castillo

La PGR ha promovido recursos que afectan la puesta en libertad de algunos detenidos en mayo de 2006, señalan.

México, DF.

Integrantes del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) demandaron a la Procuraduría General de la República que cumpla con sus obligaciones y realice una pronta y expedita procuración de justicia, toda vez que funcionarios de esa dependencia han promovido recursos que afectan la puesta en libertad de algunos de los detenidos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

Los atenquenses realizan una marcha hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la actuación transparente de los jueces federales respecto de los juicios de amparo que han promovido en busca de que se libere a un total de 26 detenidos, entre ellos a Ignacio del Valle, líder del FPDT.

Fuente: La Jornada On Line


¡Todo el Poder al Pueblo!

Miente Elías Ayub; La Parota no podrá ser construida: ejidatarios

Matilde Pérez

Aún no concluye el recurso de revisión interpuesto por el CEMDA ante la autoridad judicial, señalan.

México, DF.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Alfredo Elías Ayub, miente al asegurar que la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, podrá ser construida, aclaró Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).

Señaló que en contra de este anuncio están cuatro juicios agrarios ganados por los ejidatarios y comuneros y está también el recurso de revisión interpuesto por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ante la autoridad judicial y el cual aún no concluye.

Suástegui advirtió también que la CFE ya emprendió “una guerra sucia” en su contra al tratar de involucrar al Cecop con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y no descartaron la posibilidad de que se militarice la región para continuar con la presión y la descalificación al movimiento opositor de la hidroeléctrica.

Agregó que los comuneros y ejidatarios no permitirán la realización de la obra y por eso continuarán su lucha por la vía legal y reforzarán la resistencia civil pacífica.

Fuente: La Jornada On Line

Entrevista a Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP)

Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP, nos dio una entrevista en que explica la problematica de la hidrolectrica La Parota en Acapulco, Guerrero.

Gracias a Cheetos de radioAMLO por el apoyo tecnico.

Entrevista con Marco Antonio Suastegui, vocero de la CECOP