Denuncia internacional contra Carmen Lira

Marzo de 2008

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Sabido es que en México poco o nada se cumplen las leyes, y que las instituciones públicas no respetan a los ciudadanos, excepto si éstos cuentan con dinero.

Por ello sería inútil presentar una denuncia formal contra un personaje cuya imagen ante la sociedad es la de una persona democrática y progresista con elevado grado de nobleza y de moral, pero que en realidad oculta a un ser que se ha apropiado de un bien común en su beneficio particular, que censura soterradamente a quienes reclaman su proceder, y que practica al igual que los líderes gubernamentales, la socorrida indiferencia del “ni nos ven ni nos oyen”, tan común en nuestro país acogotado por prepotentes con mentalidad dictatorial.

Debo advertir que nada tiene que ver tan deshonesta conducta con el magnífico equipo técnico y periodístico que constituye el verdadero cimiento de este medio comunicativo.

Ante el fracaso de la petición de diálogo y comprensión, el único recurso viable que tengo es dar a conocer los hechos a la opinión pública para que ésta los juzgue, ya que la corrupción debe denunciarse dondequiera que se encuentre.

El siguiente escrito, que no mereció respuesta de tan encumbrada figura, cuya vanidad se refleja en cada artículo del diario, que debe indicar quién manda a cada uno de los que ahí escriben, algo insólito en el periodismo nacional.

México D.F. abril 14 de 2004.

Señora Carmen Lira,

Directora de La Jornada:

Hace más de diez años usted sentenció: “Nada de lo que usted escriba le publicaremos en La Jornada”.

Su dicho, teléfono mediante, respondía así a mi insistencia, en ningún momento ofensiva, de que se insertara en el diario una denuncia contra Teléfonos de México.

Cumplió usted su palabra. Cuanto escrito envié posteriormente a La Jornada jamás vio la luz, y tampoco me entrevistaron por la publicación de alguno de mis libros.

Después de tanto tiempo de injustificada represión, le pregunto ahora: ¿Ya puedo ver impreso en “nuestro” periódico mis comentarios políticos y culturales? Espero que su respuesta sea positiva.

Otro asunto. Como fundador de La Jornada, poseo acciones que, por misteriosos motivos fueron clasificadas de tipo “B”, razón por la cual se me ha impedido participar en las asambleas de accionistas. Cuándo y porqué el poco dinero que logré aportar valía menos que el colocado en el rango “A”, lo ignoro y no recuerdo que se haya dicho algo al respecto en aquella “reunión de iguales” (así dice el número bajo cero, del 29 de febrero de 1984), que dio origen a La Jornada en la planta baja del ahora llamado Word Trade Center. Por cierto, mis acciones dicen ser del tipo “preferentes”, en vez de decir “menospreciadas”.

Por todo ello deseo saber:

¿Puedo tener derecho a la palabra en las asambleas de accionistas, o estoy sentenciado a callar para siempre en un proyecto en el cual participé, por lo que veo, con mucha ingenuidad?

Luego de tantos años, ¿tengo derecho a recibir utilidades que obvia y palpablemente las ha habido? O, como en el inciso anterior, ¿podré hacerlo a un paso de la tumba o fue una inversión a perpetuidad?

Las diferencias entre unas y otras acciones, ¿quién y con qué criterios se establecieron?; ¿el dinero de unos valía menos que el dinero de otros?

¿A cuánto tengo derecho en este momento por dichas acciones? (No tengo trabajo y debo venderlas).

Como experta que es usted en “nuestro” diario, le solicito sean respondidas mis dudas lo más pronto posible.

Muchísimas gracias.

Max Mendizábal


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Acto de provocacion y despojo del gobierno perredista michoacano

A LA COMANDANCIA GENERAL DEL E.Z.L.N.
A LA COMISIÓN SEXTA DEL E.Z.L.N.
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA OTRA CAMAPAÑA NACIONAL
A LA OTRA INTERNAZIONAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Hermanos y Hermanas:

El pasado 7 de Marzo del presente año, en un acto de provocación y despojo, el Gobierno del Estado invadió el terreno denominado “Copxanaru”, terreno comunal que está en posesión de mi familia y ubicado en la comunidad de Nurío, territorio del pueblo p’urhépecha, dentro de la construcción de la carretera que va de Nurío-Urapicho, dañando de esta forma más de ochenta árboles que fueron sembrados hace más de nueve años, y que habían estado bajo el cuidado y protección de mis nietos, nietas, hijos e hijas, esposa y madre .

Esta obra carretera está bajo la responsabilidad del gobierno del Estado y la Junta de Caminos y Carreteras, y que jamás fuimos notificados, ni nos tomaron parecer de la acción que hicieron, siendo además el único predio que fue dañado con la destrucción de los arbolitos, cuando sí existía la manera de que fueran salvados, pero de manera arbitraria y provocativa cometieron este acto criminal.

Esta acción se suma a la política que ha tenido el mal Gobierno de Estado, tanto en este periodo como el anterior, hacia la comunidad de Nurío, donde ha buscado a toda costa desaparecer el trabajo de lucha y dignidad que hemos tenido como pueblo indígena que somos. El arrebato por parte del gobierno estatal de espacios y proyectos que venían siendo construidos desde abajo, con el trabajo comunitario y apoyo solidario de la sociedad civil nacional e internacional, como es el caso del albergue y la misma secundaria. Lugar donde se llevó a cabo el III congreso del CNI en el 2001, dentro de la Marcha del Color de la Tierra, contando con la presencia del la Comandancia del E.Z.L.N. y los pueblos indios del país, así como miles de acompañantes de la sociedad civil nacional e internacional.

Este espacio que estaba destinado para un proyecto cultural y educativa para los pueblos indios del país y el mundo, con el compromiso de hacer posible la construcción de un proyecto alternativo para nuestros pueblos que han resistido durante siglos el despojo y el desprecio de los poderosos, de recuperar la memoria de lo que somos, pueblos primeros de estas tierras, partiendo de la educación verdadera, la de los conocimientos de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos.

Pero el mal gobierno bajo el chantaje y la cooptación se apropió de este espacio incorporándolo al sistema estatal de albergues y espacios educativos de la secretaria de educación en el estado, pretendiendo borrar de esta manera el referente de lucha de los pueblos indios y la lucha digna del movimiento zapatista.

Por igual el mal gobierno ha venido bloqueando la lucha autonómica de la comunidad, manejando a su antojo con proyectos que en nada han beneficiado a la población, mediatizando de esta forma el trabajo organizativo de la comunidad; confundiendo, manipulando y desprestigiando así las luchas históricas que se han tenido por la reivindicación de sus tierras y territorios, de su cultura y de las formas organizativas de la comunidad.

Con esto queremos aclarar que no nos intimidan sus acciones y que hacemos responsable de este hecho criminal al mal gobierno que encabeza el perredista Leonel Godoy, así como de lo que pueda suceder en el presente y en el futuro a mi persona y a mi familia.

Queremos decir también que Nurío seguirá siendo referente de lucha para todos los que seguimos en el camino de la dignidad, de la resistencia y la rebeldía, de los que seguimos en la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los hermanos zapatistas.

Desde las tierras del pueblo P’urhépecha

JUAN CHÁVEZ ALONSO

Nurío, Michoacán
Marzo de 2008


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Una decisión ilegal de Calderón. (Otra mas).

José Francisco Gallardo Rodríguez

El 24 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (PSDN), si bien fue expedido por el titular del Ejecutivo federal con la denominación de “decreto” con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional, reúne en realidad desde el punto de vista material, las características propias de un reglamento, ya que no se limita a establecer una norma individual sobre una especie en particular de la administración pública, como es propio del decreto administrativo, sino que establece normas generales –sobre la defensa– de observancia obligatoria para varias entidades de la administración central y paraestatal; esto es, reúne las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que son propias de un reglamento.

Si bien la promulgación de los reglamentos se basa en el 89 constitucional, como facultad exclusiva del presidente de la República, ello no exime que los reglamentos deban ceñirse al mandato de la Constitución.

Si la decisión unilateral del Ejecutivo, en su calidad de mando supremo, consiste en sacar a las fuerzas armadas (FA) de sus cuarteles para la lucha contra el narcotráfico, es decir, militarizar las estructuras de justicia y seguridad pública sin el contrapeso –consentido– del Legislativo y Judicial, trastoca varios preceptos constitucionales.

Y aún más grave, si el presidente, al excederse en su facultad de reglamentar, despoja a los particulares de sus libertades, causándoles una privación que sólo puede llevar a cabo la autoridad judicial, según lo dispone el 14 constitucional, hace uso indebido de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 citado, dicho exceso es violatorio de la Constitución vía garantías individuales conculcadas. Sin embargo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional).

Al respecto sanciona la también fiscal general de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita a México: “Entiendo que hay momentos (en) que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías”. Y agrega: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática”.

Justamente a 91 años de vigencia del orden institucional (1917) que se festejó por los poderes públicos con bombo y platillo, se corre el riesgo de alentar políticamente al Ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. Es decir, el poder público apela a la Constitución, “violándola con actos de apariencia legal”. (Resolución 43/96 de la CIDH).

Envalentonado y atento a las necesidades de Washington, en la supuesta guerra contra el terrorismo y el crimen organizado, Felipe Calderón y sus cómplices desdeñan los reclamos sociales y señalamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en busca de la restauración del orden público.

Apunta el decreto en materia de seguridad interior, responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares, “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”. Lo que deja de lado la función primordial del Ejército: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación (Plan DN-1); ad hoc, para los intereses estadunidenses, insistir en el involucramiento del Ejército en el esquema de seguridad diseñado por el Pentágono para el expansionismo neoliberal en la era de la globalización imperial. Dominación en lo económico, control en lo político y militar, y transformación en lo educativo y cultural.

Dice John Saxe-Fernández que “el objetivo del Pentágono es alejar al Ejército de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial. La idea central es que las FA reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada e impuesta por el FMI y el BM”.

Queda claro pues, que la intención del gobierno a través del PSDN, tiene por objeto dar apariencia de legal a la función inconstitucional de orden interno (Plan DN-II), encomendada históricamente a las FA, lo que avizora un escenario de confrontaciones entre gobierno y sociedad y una escalada en las violaciones a los derechos humanos.

Legalidad y seguridad jurídica


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado Punk. Queretaro.

Comunicado punk: Resulta que si Existimos… Pero como Agresores.

Desde Santiasco de Querétaro los diferentes grupos, colectivos e individuos afines al movimiento punk y anarcopunk refrendamos nuestra postura de lucha contra el estado y el sistema capitalista neoliberal, somos anticapitalistas.

Desmentimos la información dada por La Jornada (domingo 9 de marzo 2008), diarios locales y televisoras, en cuanto a nuestra participación en la golpiza que sufrieron jóvenes pertenecientes a la cultura EMO; así mismo reiteramos que no hemos hecho ningún llamado a golpear a nadie y si a defender el derecho a la diferencia y la libertad de elegir nuestra forma de vestir, de pensar y las preferencias sexuales.

La imagen de la portada del periódico La Jornada no concuerda con el encabezado del mismo, contradiciéndose así mismo, pues acusa a jóvenes punks, metaleros, ska y darks que ni siquiera aparecen en la imagen; y si un grupo de adolescentes con ropa de moda observando la golpiza y adulto que golpea y filma al EMO.

Nosotros los punk y anarcopunks siempre hemos sido estigmatizados, aislados, rechazados y reprimidos por los diferentes gobiernos y por la misma sociedad tanto en Querétaro, en México y como en el mundo. Nosotros como grupo antiautoritario en busca de una sociedad libre, no estamos en contra de ningún otro grupo que no sea el que esta en el poder.

La creación de diferencias y provocaciones entre los diferentes grupos culturales y estilos musicales, siempre han sido actos del Gobierno apoyados por grupos burgueses; no debemos olvidar que Querétaro es uno de los estados donde opera el Yunque como lo puede constatar la preparación paramilitar de jóvenes en la zona serrana denominados “Aves Azules” (Diario Monitor, 16 de agosto 2006).

Nosotros tenemos muchas dudas sobre lo sucedido:

§ Este suceso no ha ocurrido solo esta vez, en otras ocasiones ya ha ocurrido, en especial cuando hay jóvenes que se están apropiando de algún espacio del centro, la diferencia que esta vez no se utilizo a la “guardia” municipal para desalojarlos, está vez ya estuvo más fabricado para barrer a las periferias a un grupo de chavos que dan mal aspecto ante el turismo, como en su tiempo se barrio a los dark, a los punk, a los ska con todo y patineta, incluso a las indígenas que venden y al grupo de artesanos que acostumbraban a vender sus artículos.

§ Nuevamente la participación de los medios masivos de incomunicación, este grupo de poder –de los más poderosos en estos días- juega su papel que mejor sabe hacer, bombardear con mentiras hasta que se haga verdad, es importante destacar –nuevamente- la falta de profesionalismo y ética para dar a conocer el tema: “la nota más alarmante y amarillista es la mejor”. Los periódicos y las televisoras local y nacional principalmente, le hacen el juego a los otros grupos de poder. De que si son 200, 1000 incluso algunos hasta mencionaron que 2000; ni ellos se ponen de acuerdo en lo más básico que es una cifra, ahora cómo se les cree lo otro que mencionan sobre los supuestos agresores, estamos seguros que no tienen ni la menor idea de lo que es un Punk y su lucha.

§ El gobierno ya declaro saber sobre la convocatoria tiempo antes del viernes 7 de marzo entonces, ¿por qué no monto un operativo “preventivo” de los que acostumbra y dejo que ocurriera el acto en pleno viernes y en el centro? Sabemos la excesiva vigilancia que hay los fines de semana en ese lugar.

§ Sabemos que en el grupo de poder se están decidiendo cosas como la utilización de los derechos humanos para justificar sus nuevas leyes y la propuesta de la otra constitución ¿no será que estos actos hayan sido provocados para que funcionaran como distractor de la opinión pública?

Y así nos podríamos ir haciendo preguntas sobre lo ocurrido. Pero este documento solo es para mencionar que los punk no caemos en esas provocaciones, pensamos que estos hechos deben pensarse y analizarse más a fondo, la reflexión debe ir más allá de comprendernos o hacer proyectos para que los chavos tengan un lugar en la sociedad, lo ocurrido trae un origen político y sus consecuencias se desprenderán para reforzar la exclusión, la represión, el hostigamiento y la vigilancia, al final de cuentas estas condiciones son la única alternativa para los jóvenes que denuncian lo jodido de la sociedad y se avientan a cometer el peor de los delitos en el mundo, en el país y en Querétaro, el ser diferentes y críticos.


¡¡No Somos tan Violentos como Creen, ni tan Pacíficos como Desean!!

Un pueblo que no conoce su historia esta condenado a repetirla


Que la cultura y la enseñanza aspiren al aprendizaje de la libertad y no de la sumisión y la división de los de abajo, ser libre es el verdadero camino, solo hay que construirlo para caminarlo.


Grupos, colectivos e individuos Punk y Anarco-punk.

Querétaro, Qro. 12 de marzo de 2008


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Respuesta del SITUAM al ultimatum

Ciudad de México, D. F., a 18 de marzo de 2008

Dr. José Lema Labadie

Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana


Informados a través, primero de su intervención en los medios de comunicación, y posteriormente por oficio t5SG.410.08, firmado por el Secretario General de la UAM, Mtro. Javier Melgoza Valdivia, nos enteramos de su invitación a levantar la huelga en el plazo perentorio de 24 horas. Después de una muy detenida ponderación de los puntos fundamentales sobre su planteamiento y con una importante participación de trabajadores académicos y administrativos, el Comité de Huelga del SITUAM llegó por unanimidad a los siguientes acuerdos:


1. Rechazar de manera contundente el ultimátum que nos presenta como vía para solucionar el conflicto. Consideramos que es la primera ocasión, en los 34 años de vida de nuestra institución, que la máxima autoridad de la UAM utiliza este tipo de planteamientos incompatible con las formas y los valores universitarios.

Esta forma de relacionarse con la organización sindical titular del Contrato Colectivo que regula las relaciones entre la representación de la Universidad y los trabajadores universitarios es también inédita en los 33 años de la relación bilateral.


2. Rechazamos enérgicamente su pretensión, por segunda ocasión en este conflicto, de retirar de la mesa de negociación ofrecimientos formalmente presentados por la representación de la Universidad, incluso con redacciones específicas de acuerdos, que fueron el resultado de largas horas de discusión entre ambas representaciones y difundidas ampliamente por la propia Institución en los medios de comunicación. Así ocurrió inmediatamente después del estallamiento de la huelga, y ahora se repite como un obstáculo significativo a la inmediata solución del conflicto.


3. Llamamos a esta representación de la Universidad a negociaciones el día de hoy a partir de las 19:00 horas, en el lugar que mutuamente convengamos. Es necesario avanzar de manera clara y decisiva a la resolución inmediata de este conflicto laboral frente a los trabajadores, frente al quehacer académico interrumpido durante más de 47 días, frente a los estudiantes y frente a la responsabilidad que tiene la universidad pública ante la sociedad.

Para ello, es indispensable retomar la discusión sobre los temas que son objeto de las negociaciones, a partir del punto en que la representación de la Universidad decidió retirarse de la mesa, el día 7 de marzo; igualmente, es necesario realizar esfuerzos más vigorosos para generar y encontrar nuevas fórmulas que permitan elevar los niveles de ingreso real de los trabajadores. El Sindicato ha hecho y hará los esfuerzos necesarios para tal efecto.


4. Consideramos como un avance para la pronta solución del conflicto el que se esté ya ofreciendo formalmente el 100 por ciento de salarios caídos. Aceptamos desde ahora tal oferta porque contribuye efectivamente a la recuperación de los ingresos de los trabajadores, cuyo rezago usted mismo ha reconocido, y porque despeja desde ahora el tramo final de la salida de la huelga.


Por la unidad en la lucha social

Lic. Hermelinda Hurtado Guzmán

Secretaria General del Situam


ccp. Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia.- Secretario General de la UAM.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

ACOMPAÑAR EL 24 A LA AUDIENCIA DE LOS PRESOS DE ATENCO

A la otra campaña.

Compañeros, compañeras el próximo lunes 24 de marzo se llevara a cabo una audiencia mas del proceso en contra de nuestros compañera Patricia Romero y nuestros compañeros Arturo Sánchez Romero y Raúl Romero Macias presos desde el 3 de mayo del 2006, detenidos en Texcoco junto a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros.

Invitamos a todas y todos, individuos, colectivos, organizaciones de La Otra Campaña a asistir a apoyar a nuestros compañeros en esta audiencia el lunes 24 de marzo del 2008 a las 10 de la mañana en los juzgados del penal “Molino de Flores” y seguirles demostrando que no están solos, que estamos con ellos y con ella…y que exigimos su liberación inmediata y la de todos los demás compañeros presos y procesados por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco.

Los esperamos.

¡Libertad a los presos políticos!

¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas!

Plantón Molino de Flores


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Chiapas – Acción urgente por los presos políticos de Chiapas

2005-2015 “Década de lucha contra la impunidad”

En consonancia, apoyo y en base a los llamados urgentes emitidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y el Grupo Democracia y Paz.

AU - 012 - 2008 – HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTICOS - CHIAPAS

ACCION URGENTE: Preocupación por la grave situación de riesgo a la vida e integridad personal en que se encuentran 38 presos políticos de origen indígena en huelga de hambre en diversos Centros de Readaptación Social del Estado de Chiapas.

México, Distrito Federal 18 de marzo de 2008.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República

Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas

Lic. Amador Rodríguez Lozano
Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas

Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la CDH de Chiapas

Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos SEGOB

Lic. Sonia Siman Morales
Presidente de la Magistratura Superior Ministro de Justicia del Estado de del Estado de Chiapas y Consejera Chiapas

Lic. Amador Rodríguez Lozano
Presidente del Consejo de la Magistratura Poder Judicial del Estado de Chiapas

Dip. Emilio Gamboa Patrón
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores

Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH FrayBA), La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo México, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la grave situación de riesgo a la vida e integridad personal de 38 presos políticos y de conciencia, y presos injustamente detenidos asociados a motivos políticos y sociales, detenidos en los Centros de Readaptación Social número 5, 14 y 17 del estado de Chiapas.

HECHOS

El 12 de febrero 2008, a las 11:00 horas am., en el Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14), conocido como “El Amate” en Cintalapa, Estado de Chiapas, Zacario HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, indígena totzil, preso político acusado injustamente del caso conocido como “Tres Cruces”, comenzó una huelga de hambre indefinida reclamando libertad inmediata para él, así como por de su hermano Enrique HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y su compañero Pascual HEREDIA HERNÁNDEZ. Acusando al exgobernador Sr. Pablo SALAZAR de fabricación de delitos. Así como las evidentes irregularidades y graves delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en su caso denunciando que “mi hermano Enrique y el compañero Pascual no tuvieron abogado, ni traductor cuando declararon en la procuraduría. Fuimos torturados salvajemente y amenazados de muerte. Así como obligados a firmar los papeles sin saber nada de que se trataba.”

A la protesta se fueron sumando más presos y actualmente, son 38 presos políticos indígenas los que se encuentran en huelga de hambre en los Centros de Readaptación Social número 5, 14 y 17, situados en San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Playa de Catazaja respectivamente, todos ellos en el estado de Chiapas. Y otras 10 personas se han declarado en jornadas de ayuno hasta que el gobierno estatal y federal atienda y restituya las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de los presos, en materia del debido proceso y protección judicial durante la detención y sus procesos penales.

Por la información publicada en prensa, los informes difundidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y compilados por el Grupo Paz con Democracia, tenemos conocimiento que los presos indígenas que se han declarado en huelga de hambre, son los siguientes:

Del Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14) en Cintalapa, Chiapas: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtan Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez, Domingo Cruz Gómez, Rubén Jiménez Pablo, Enrique López Hernández y Pável Vázquez Cruz.

Del Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tiburcio Gómez Pérez, Pedro Guadalupe Enríquez Santiz, Julio Cesar Méndez Luna, José Luis Gómez Morales, Diego Rodríguez Hernández, Guadalupe Gómez Cruz, Manuel Ruíz Hernández, Antonio Ruíz Pérez, Mario Jiménez López, Agustín Rodríguez Jiménez y Amapola Gómez Pérez.

Del Centro de Readaptación Social número 17 de Playas de Catazaja, Chiapas: Pablo Sánchez Gómez, Elias Sánchez Gómez (padre), Elias Sánchez Gómez (hijo), Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Esteban Sánchez Gómez, Pablo Gutiérrez Hernández, Javier Sánchez López y Fidencio Sánchez Gutiérrez.

Además de 10 personas que mantienen jornadas de ayuno, en el Cereso 14: Enrique Hernández Hernández, Pascual Heredia Hernández, Delia Pérez Arizmendi y Jesús López López y Andrés Hernández Hernández; en el Cereso 5: Antonio Díaz Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Felipe Gómez Pérez y Nicolás Pérez Núñez.

Los presos indígenas, miembros de organizaciones sociales como: “La voz del Amate”, “La voz de los Llanos”, “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal”, “Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos –CIOAC-“ “Movimiento campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional CERRSS -MOCRI-CNPA-M:N-”, “La Casa del Pueblo” de Venustiano Carranza, así como bases de apoyo Zapatistas. Todos ellos reclaman se les restituyan sus derechos en virtud de haber sido privados de su libertad mediante procedimientos en los que no se observaron y garantizaron el derecho a un debido proceso legal, denunciando inclusive, que fueron sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener declaraciones autoinculpatorias. Hechos que han quedando impunes pese a la denuncia de haber padecido actos denigrantes cometidos y consentidos por servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas.

Desde la Limeddh expresamos nuestra preocupación por la reciente respuesta dada por el gobierno de Chiapas, donde establece una reunión de una comisión de reconciliación que determinará una solución en un plazo de treinta días. Recordamos que Justicia que llega tarde no es justicia, ya que tal propuesta es totalmente inadecuada e ignora deliberadamente la situación.

Por lo anterior solicitamos a cada estancia según sus competencias:

i. Que se inicien con la mayor presteza, los mecanismos necesarios para la liberación inmediata de los afectados, dado el eminente carácter urgente de la situación. Así como que las autoridades pertinentes se desplacen al lugar para escuchar de viva voz sus demandas.

ii. Que se garantice la integridad física y psicológica, y se les brinden todas las facilidades a quienes se encuentran en la huelga de hambre y a familiares y amigos que están en apoyo.

iii. Se tomen las medidas necesarias para poner fin a las violaciones continuadas a los derechos humanos de los detenidos puesto que han sido objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos y ante las graves irregularidades en los procesos penales.

iv. El inicio inmediato de una investigación exhaustiva e imparcial en relación a dichos hostigamientos y difamaciones y el castigo a los culpables.

v. Se busquen mecanismos para la libertad de los presos que se encuentran en huelga de hambre y mecanismos para la reparación de daños.

vi. El respeto a todos los pactos y tratados internacionales ratificados por México en relación a la protección y salvaguarda de los Defensores de Derechos Humanos.

vii. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y medioambientales, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.

viii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.

ATENTAMENTE

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH ¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh

Mandar sus comunicaciones con calve AU – 012 - 2008 – HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTICOS – CHIAPAS con copia a
enlace.limeddh@gmail.com:

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121
Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88 Fax: Ext. 21120, 21122
juansabines@chiapas.gob.mx

Lic. Amador Rodríguez Lozano
Fiscal General de Justicia del estado de Chiapas
Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario,
C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext.17119
fiscaliachiapas@prodigy.net.mx

Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la Comisión de los derechos humanos del Estado de Chiapas
Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Tel. (961) 602 8980 y 602 8981
Lada sin costo: 01 800 55 28 242 Lada sin costo: 01 800 55 28 242
cdh@cdh-chiapas.org.mx

Ing. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Chiapas
Blv. Adolfo Ruíz Cortinez No. 4029, Jardines en la Montaña, Delegación
Tlalpan.
CP. 14210 Mexico D. F.
Conmutador: (01 55) 56 28 00 Est. 10601–10605 Fax: 56 28 06 43
c.secretario@sermanat.gob.mx

Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx

Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx

Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org

Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
Con copia: enlace.limeddh@gmail.com



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Conmociona asesinato del lider agrario chihuahuense Armando Villareal Marta

Su lucha por los derechos de los campesinos del norte impactó a todo el país

Marta Fernández

Sábado, 15 de Marzo de 2008

Casas Grandes, Chihuahua.- Dentro de un marco de lucha por la reivindicación del campo, uno de los máximos luchadores de los derechos de los campesinos de Chihuahua y el País, Armando Villarreal Marta, fue acribillado y muerto ayer alrededor de las 12:35 horas a manos de un grupo armado.

Este atentado “prende un foco rojo que podría traer reacciones”, coincidieron en señalar varios dirigentes agropecuarios, quienes exigen un alto a la violencia en el Estado y el esclarecimiento de los hechos.

El líder arteramente asesinado era dirigente en el país de Agrodinámica Nacional y en conjunto con el comité de la Comarca Lagunera, logró obtener el amparo federal a favor de los productore s en contra de la CFE; asimismo había encabezado recientemente la magna Marcha por la Dignidad del Campo que partió de Ciudad Juárez hasta el Zócalo de México.

El atentado ocurrió en momentos en que en Chihuahua se encontraba reunido el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, integrado por más de 40 organizaciones agropecuarias y Secretarías en pleno, así como los Sistemas Producto.

A dicha reunión llegó la noticia de que a Villarreal Marta lo habían rafagueado cuando estaba llegando a Casas Grandes en compañía de su hijo. Luego de guardarle un minuto de silencio, se recordaron las luchas que encabezó al lado de otros líderes campesinos en el Estado y en el País.

El dirigente de El Barzón, Roberto Cázares Quintana, dijo que el Consejo se pronunciará públicamente el día de hoy en rechazo a la violencia que priva en el Estado y por el atentado que sufrió el compañero; exigirán asimismo se esclarezca el crimen de quien se caracterizó como un luchador tenaz por los derechos de los productores.

Se exige un alto a la violencia en el Estado porque en esta ocasión el atentado contra Villarreal Marta es también un atentado contra el campo. Con su muerte se está perdiendo un activo luchador del sector agropecuario y lo más lamentable es que ocurra en una entidad donde se han dado las más fuertes luchas a favor de los agricultores.

Carlos Durán Flores, actual presidente de la Asociación Civil de Usuarios y dirigente de la Unión de Lecheros en la región, comentó que Villarreal había estado con Joaquín Montaño, líder de Sinaloa, así como con el senador Jefrey Jones, y al llegar a Casas Grandes fue perseguido de pronto por unos sujetos cuando manejaba su vehículo.

“Creemos que no es un ataque ni municipal ni estatal ni federal, pero el tipo de acallar y callar a una persona es la peor estupidez que existe; sabemos de algo, pero no tenemos el preciso conocimiento de lo ocurrido”.

“Tampoco sabemos de dónde viene el ataque, pero prende a nivel estatal y nacional un foco rojo muy fuerte, y que indigna a la gente que anda tratando bajo cualquier convicción de arreglo los problemas del campo mexicano, y que obliga a un pronunciamiento generalizado que rechaza estos hechos y exige justicia”, dijo finalmente Carlos Durán.

Armando Villarreal llegó a ser encarcelado y tenía una serie de órdenes de aprehensión en su contra, como resultado de sus luchas contra la CFE, SHyCP, ley energética, entre otras.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Mandan a Calderón a la Corte Interamericana

Esta es la primera ocasión en que el Gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional como consecuencia de delitos perpetrados por militares

Apro / Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz

Debido a la falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Gobierno será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas.
Se trata del primer caso en que el Gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.

La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte Interamericana, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años de haber sido admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del Gobierno mexicano a sus recomendaciones.

El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al Gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.

El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilatertales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses. La Comisión sólo le concedió 120 días. La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo.

En su respuesta, la delegación encabezada por el subsecretario Gómez Robledo informó que como parte del cumplimiento de esas peticiones “lleva a cabo actualmente amplios esfuerzos institucionales en materia de investigación y reparación respecto de los hechos que configuran el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Sus acciones, dijo, tendrán “resultados contundentes”.

La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el Gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.


Contra el fuero militar

En una sesión realizada el jueves 13 en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del Gobierno mexicano informaron que no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico.

A este militar, que en Guerrero estuvo al frente de la Brigada Blanca, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo consignó el 11de agosto de 2005 por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla.

Sin embargo, el proceso judicial terminó en la jurisdicción militar, lo que fue considerado por la Comisión como violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.

La delegación mexicana refirió también que para localizar a la víctima se procedió, el pasado 2 de febrero, al escaneo del terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Asimismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y que pagaría alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.

Para Sirvent, la determinación de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a la deficiente respuesta del Gobierno de Calderón, “desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.

Desde Washington, Sirvent destaca en entrevista telefónica que fue tan mala la respuesta del Gobierno mexicano, que “ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la “guerra sucia”. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”.

Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos” en aquellos años.

De acuerdo con Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al periodo de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, padre de Tita fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.


Crímenes de Estado

La noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita.

La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”.

Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.

Las secuelas de la represión fueron más allá de la desaparición de Radilla. “Hubo hostigamiento, persecución, militarización del estado, comunidades de la sierra arrasadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La gente aún no puede superar ese trauma”.

Dice que los 122 casos de desaparición forzada entre julio y noviembre de 1974 formarán parte de un expediente que se enviará a la Comisión. “Pensamos que va a tener el mismo trato que el de mi padre, porque en todas esas desapariciones los responsables son los mismos”.

A su vez, María Sirvent asegura que, cuando la Comisión notifique a los familiares de Radilla y sus abogados su decisión de turnar el caso a la Corte “tendremos dos meses para presentar nuestra demanda con pruebas, testigos y peritos”.

El Gobierno de Calderón tiene 60 días para responder. Después de ello, los jueces del organismo jurisdiccional interamericano analizarán el caso para decidir su admisión.

La abogada confía en que el caso sea atraído por la Corte. Optimista, sostiene que una sentencia favorable no sólo beneficiaría a los Radilla, sino a familiares de otras víctimas.

Los familiares de desaparecidos piden la creación de una instancia para conocer la verdad histórica, cambios legislativos como garantía para que no se repitan los hechos; reformas a la Ley de Amparo con el fin de combatir la desaparición forzada; supresión de la jurisdicción militar; así como la aprobación de una ley general de desaparición forzada y otra para la reparación del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Sirvent sostiene que la decisión de la Comisión va a tener un impacto y un costo político muy grande para el Gobierno Federal “porque va a evidenciar que mientras no haya un cambio en estructuras y en legislación, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos”.

En cuanto a la actuación del Ejército mexicano, dice la abogada, será una prueba más de que “no es el competente para hacer labores de seguridad pública, cosa que está pasando actualmente”.

Añade que en las audiencias ante la Corte, la familia Radilla y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ofrecerán los testimonios de especialistas como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor.


Hubo represión

En entrevista con este semanario, Montemayor resalta la importancia del caso, porque es el primero referente a la “guerra sucia” llevado a esa instancia internacional y su ventilación “permitirá que puedan conocer esas atrocidades que ocurrieron en México y que no sabemos si siguen pasando”.

Destaca que su participación consistirá en “una exposición sucinta de la guerra sucia en México, que ha sido negada por las autoridades gubernamentales, quienes han rechazado cualquier imputación de tipo político en las actuaciones policiales y militares, a pesar de que hay suficientes investigaciones como para demostrar que sí hubo una represión sistemática e ilegal que se basó fundamentalmente en el secuestro de personas, en la tortura y en el asesinato”.

Para el autor de “Guerra en el paraíso”, novela que aborda hechos de represión contra pobladores de la sierra guerrerense durante el periodo en que el Ejército combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas, es de esperar que una de las consecuencias del juicio al Estado mexicano en beneficio de las víctimas y sus familiares sea la ubicación de restos, demanda que ha prevalecido durante más de 30 años.

La existencia y ubicación de fosas comunes o clandestinas, apunta, se documentó por el equipo de investigación historiográfica de la Femospp.

Y agrega: “Lo importante es identificar y recuperar los restos de esas víctimas, que es uno de los reclamos de los familiares; después podría pasarse al restañamiento de heridas sociales por parte del Estado mexicano, que van desde la entrega de los restos hasta indemnizaciones diversas, y por supuesto la identificación de los cuadros de oficiales y subordinados que perpetraron esos hechos”.

Más allá de que se difunda a nivel internacional el papel del Estado mexicano durante la “guerra sucia”, sostiene el historiador, lo más importante será que “no desaparezca la presión ciudadana ni la actividad de los organismos de defensa de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en México”.

Lo que se busca es conocer la verdad y conservar “los documentos inconclusos de los historiadores de la Femospp para posteriores investigaciones”.

El Gobierno mexicano tendrá que responder en la Corte a los señalamientos que le hizo la Comisión en agosto de 2007. De acuerdo con el informe 60/07 de la Comisión relativo al caso Radilla, México ha incumplido con distintos ordenamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre derechos y deberes del hombre.

Ese documento establece que pese al trabajo de la Femospp, “no se ha determinado el paradero del señor Radilla Pacheco ni se ha establecido la verdad de los hechos, y el proceso penal ha sido llevado en la justicia militar, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.

Precisa que las actuaciones de la fiscalía, que desapareció desde finales del Gobierno de Vicente Fox, “no dieron resultados concretos” en ese caso, ya que “sólo se ha procesado a una persona (Quirós Hermosillo), la cual fue absuelta”.

Sobre la jurisdicción penal militar a la que fue remitida el caso, la Comisión señala que el gobierno mexicano “no cumplió con los estándares del sistema interamericano respecto de casos que involucran a violaciones a los derechos humanos”.

Explica que en el sistema jurídico interamericano se prohíbe la aplicación del fuero penal militar en investigaciones relacionadas con la violación a derechos humanos.

Precisa que los juicios se deben realizar en la justicia ordinaria, independientemente de que los responsables sean militares.

Como conclusión, establece que el Gobierno mexicano “no proveyó a la víctima Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez de un recurso judicial efectivo y garantías judiciales, tendientes al esclarecimiento de los hechos como a la sanción de los responsables y obtención de una eventual reparación de los daños sufridos”.

En definitiva, agrega: “Pese a las investigaciones que se iniciaron con el fin de esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables, éstas no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables materiales e intelectuales”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Agreden a periodistas de radio Bemba en Sonora

AMARC-ALC está muy preocupada por las agresiones y obstáculos al trabajo informativo de Radiobemba FM que realiza la Policia Municipal de Sonora. Los hechos han ocurrido durante la cobertura periodística de los operativos de desalojo de ciudadanos que se oponen a la construcción de un emprendimiento cultural-empresarial en un amplio parque de la localidad.

El lunes 10 de marzo, el comunicador Tadeo Leyva López relataba en vivo lo sucedido durante las protestas por las labores de remoción y tala de los árboles del parque cuando fue tomado enérgicamente del brazo por miembros de la Policía. Estas acciones fueron supervisadas por un alto mando policial de apellido Amarilla.

El viernes 14 de marzo, la periodista de la emisora Marisol Valenzuela Lara, intentaba realizar una entrevista a Giovanni Torres (activista detenido y trasladado al Hospital General del Estado debido a los golpes y lesiones que presentaba) y los tres efectivos de la Policía que lo custodiaban la despojaron de su teléfono celular, utilizado para la trasmisión de la nota. La acción de los policías fue apoyada por una trabajadora social del mismo hospital. Ninguno de los cuatro involucrados accedió a identificarse.

El mismo día, Arturo Rosas Cabrera, otro periodista de Radiobemba FM, realizaba la guardia de cobertura para las transmisiones de esta radio, pero su trabajo fue entorpecido por los mismos oficiales acompañados, otra vez, del mismo mando de apellido Amarilla. Cabe mencionar que el cuerpo de reporteros locales no tuvo el mismo trato.

Radiobemba FM ha intentado en varias y distintas ocasiones obtener entrevistas o declaraciones de las autoridades estatales y municipales involucradas, pero la respuesta ha sido siempre negativa.

AMARC-ALC denuncia estos hechos, porque atentan contra el derecho a la libertad de expresión e información, tanto de la radio comunitaria Radiobemba FM y sus periodistas, como de las organizaciones sociales que protestan por las acciones estatales y la población de Sonora, que merece obtener toda la información posible y de una diversidad de fuentes, respecto a un asunto de claro interés público.

Reclama, a su vez, a Ernesto Gándara, presidente municipal de Hermosillo y el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, investigar lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para que la emisora pueda cumplir con normalidad su trabajo informativo.


Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Discurso de AMLO. 18 de marzo de 2008.

Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia conmemorativa por el LXX aniversario de la Expropiación Petrolera, realizada hoy en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México



Amigas y amigos:

Agradezco a todos ustedes su participación en esta importante asamblea ciudadana.

Aquí estamos de nuevo, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niñas y niños de todas las clases sociales y de todas las regiones del país.

A partir del fraude electoral nos propusimos la transformación de la vida pública de México. Desde entonces, hemos venido reiterando que los cambios que requiere el país no vendrán de arriba, de los potentados y usurpadores, sino de un movimiento popular, amplio, plural, organizado y capaz de abolir el régimen imperante de opresión, corrupción y privilegios; un movimiento que haga posible instaurar una nueva República, con una nueva economía, una nueva forma de hacer política y una nueva convivencia social más humana y más igualitaria.

En pocas palabras, tenemos la convicción de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, que sólo el pueblo puede salvar a la Nación. Y hoy, con esta idea por delante, estamos enfrentando el más grande de todos los desafíos que nos haya tocado vivir.

Hoy, precisamente, que conmemoramos el 70 aniversario de la expropiación petrolera, como paradoja de la historia, llamamos a defender, con inteligencia, valor y patriotismo, esta gran conquista del pueblo de México.

Ante la amenaza de privatizar la industria petrolera y abrirle la puerta de nuevo a las compañías extranjeras, hemos tomado la decisión, indeclinable, de impedir, con la organización y la movilización del pueblo, la consumación de esta desastrosa felonía.

¿Cuáles son nuestros argumentos para oponernos a la privatización de la industria petrolera? Tenemos razones fundamentales para rechazar la llamada reforma energética, lo explico:

La primera es la defensa de nuestra soberanía nacional. Como sabemos, durante el porfiriato se otorgaron concesiones a compañías extranjeras para explotar el petróleo en nuestro territorio. Estas compañías no sólo dominaban en este ramo de la economía, sino que eran dueñas de grandes extensiones de tierras en donde se imponían de manera absoluta cometiendo graves abusos e injusticias.

Uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana fue que en el artículo 27 de la Constitución se estableció el principio de que a la nación le corresponde “el dominio directo de todos los recursos naturales”. Y tratándose del petróleo se definió que “no se otorgarán concesiones ni contratos… y la nación llevará a cabo la explotación… en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

A pesar de este ordenamiento constitucional, las presiones y amenazas de los gobiernos extranjeros impidieron, por más de veinte años, que se expidiera la ley reglamentaria del artículo 27. No pudo Carranza, no pudo Obregón, no pudo Calles. Incluso, este último presidente, después de haber promulgado, en 1925, la Ley Petrolera que reglamentaba el artículo 27 Constitucional, tuvo que retractarse ante la evidencia de un plan de intervención militar de Estados Unidos para crear la República del Golfo de México.

De modo que no fue nada sencillo hacer valer el dominio de nuestra nación sobre el petróleo. Para lograrlo se entrelazaron tres condiciones inmejorables: tuvimos la fortuna de contar con un presidente popular, con sensibilidad política y, sobre todo, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces no hemos tenido a un hombre público de esas dimensiones.

También fue decisivo que en Estados Unidos gobernaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, uno de los más grandes políticos del mundo, en el siglo XX. Durante su presidencia, aplicó una política de buena vecindad con los países del continente americano. En ese entonces se reconoció la soberanía de Cuba y Panamá, y ordenó la retirada militar estadounidense de Nicaragua y Haití. La autenticidad de su política de buena vecindad tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país.

En los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta el general Cárdenas lo reconoce así: “Mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de la expropiación de las compañías petroleras, viene a afirmar, una vez más, la soberanía de los pueblos de este continente, que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor Presidente Roosevelt”.

Desde luego que también influyó el hecho de que el 12 de marzo de 1938, Hitler invadía con sus tropas Austria, y la Segunda Guerra Mundial había estallado. Esta circunstancia político-militar, hizo entender al gobierno norteamericano que era preferible la vía de la negociación y contar con un gobierno antifascista en su frontera sur, que el uso de la fuerza contra nuestro país.

Así fue como se llevó a cabo la expropiación de 17 compañías extranjeras que se negaban a respetar el laudo a favor de los trabajadores y se hizo valer la soberanía nacional. Con esta histórica decisión política se alejó el riesgo de la subordinación del poder público a empresas particulares extranjeras. Desde entonces, quedó de manifiesto que no se puede permitir que ningún interés económico o entidad superior extranjera esté por encima del Estado mexicano.

Y en esto radica el riesgo actual de volver a abrir la puerta a las compañías extranjeras, las cuales, como sabemos, se llegan a constituir en poderes reales que con la fuerza de sus gobiernos tienden a subordinar los intereses del pueblo y de la nación.

Es cosa de pensar que si perdemos la soberanía, como sueñan los entreguistas, será muy difícil, por razones geopolíticas, recuperar el dominio de la nación sobre nuestros recursos energéticos. ¿Cuánto faltaría entonces para dejar de ser un país y convertirnos en colonia? ¿Acaso queremos que los gobernantes sean una burocracia al servicio de los intereses externos? ¿Cómo representarían, con dignidad, estos empleados al pueblo de México?

La segunda razón por la que no aceptamos la privatización del petróleo es que sería una violación infame a nuestra Constitución Política. Como es sabido, la intención de las cúpulas del PRI y del PAN es llevar a cabo la privatización del petróleo, mediante la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27, para permitir la celebración de los llamados contratos riesgo, contratos de servicios múltiples y la asociación con empresas extranjeras, todo lo cual es rotundamente inconstitucional.

Cuando don Jesús Reyes Heroles fue director de Pemex, y esto lo debería de saber su hijo, actual director de ese organismo público, eliminó los llamados contratos riesgo que, como él mismo decía, “contratos riesgo, para Petróleos Mexicanos, y de seguridad y beneficio para los extranjeros”.

La tercera razón es que detrás de la privatización está el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público. En este caso específico, privatización es corrupción. El 24 de febrero di a conocer cómo, Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación del gobierno usurpador, firmó contratos siendo funcionario público del sector energético, en beneficio de sus empresas familiares. Ante ello, este improvisado funcionario en asuntos de gobierno, que no de negocios, ha confesado que en efecto suscribió los contratos en cuestión, aunque de manera cínica alega que fueron éticos y legales. Lo cierto es que este funcionario armó toda una red de complicidades con personajes que ocupan puestos clave en el interior de Pemex y en otras entidades del gobierno federal.

Pero lo más grave de todo es la identidad de quien propicia este tipo de negocios turbios: el señor Felipe Calderón. Él es el principal promotor de las relaciones con las empresas extranjeras vinculadas al sector energético. Aquí quiero recordar que el primer contrato de servicios múltiples que se otorgó, violando la Constitución, a una empresa extranjera, se suscribió cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. Así, el día 14 de noviembre de 2003, sin que haya participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2 mil 437 millones de dólares, para explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos. Contrato que, por cierto, se encuentra en litigio en los tribunales, por inconstitucionalidad.

Pero no sólo eso. A esta misma empresa, Repsol de España, el gobierno usurpador, el año pasado, le entregó otro contrato, también sin que se presentara otra oferta, para la compra de gas por 15 mil millones de dólares.

No le demos tantas vueltas al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex, está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Así ha sido la historia de la derecha. No olvidemos que durante el porfiriato, funcionarios del régimen eran socios menores y fungían como consejeros de las compañías petroleras extranjeras.

Por ejemplo, Enrique Creel, ministro de Relaciones Exteriores, era consejero de la compañía petrolera El Águila, lo mismo que Porfirio Díaz hijo. En tanto que el suegro y la esposa del dictador eran accionistas de esta misma compañía. Es más: el dueño de El Águila le regaló acciones al presidente Díaz, quien años más tarde las vendería en París, durante su destierro.

En vez de la privatización para seguir haciendo negocios privados en el sector energético, lo que realmente hace falta es combatir la corrupción, empezando por hacer una auditoría, en la cual, entre otras cosas, se aclare con transparencia la relación que existe de Felipe Calderón, Mouriño, César Nava, Elías Ayub y Dionisio Pérez Jácome, hijo, con empresas extranjeras.

Es indignante que cuando en realidad lo que quieren es montarse en el negocio del petróleo, estén tratando de manipular a la opinión pública con campañas publicitarias, llenas de mentiras, como la del famoso “tesoro escondido en las aguas profundas del Golfo de México”.

Las reservas más grandes de petróleo no están en las aguas profundas, sino en tierra y en aguas someras del Golfo de México. Usan el pretexto de las aguas profundas, junto con la vacilada del “efecto popote” para tratar de justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras.

Aquí reitero que es falso que falte el dinero o tecnología para modernizar la industria petrolera. Debe saberse que Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se está vendiendo hoy en 93.55 dólares).

Si realmente quieren fortalecer a Pemex, no hace falta modificar el marco legal, es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, para destinarle más recursos económicos; o cuando menos, entregarle los excedentes que se obtienen por los altos precios del petróleo, que este año serán de 200 mil millones de pesos, lo cual significaría aumentar al doble la inversión actual de este organismo sin endeudamiento de ninguna índole.

En cuanto a la tecnología es mentira que, irremediablemente, tengamos que asociarnos con empresas extranjeras y que no se pueda contratar. Incluso, Pemex ya ha firmado tres contratos para perforar en tirantes de agua de más de 3 mil metros. Además hay trabajadores, técnicos, geólogos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia. Recordemos que, apenas había transcurrido un año de la expropiación, cuando, a pesar de la sentencia de los dueños de las compañías extranjeras de que no podríamos sin su tecnología, los trabajadores mexicanos sacaron a flote a la industria petrolera.

Ya para entonces, el general Cárdenas informaba que “la vinculación sincera de los obreros con el porvenir de la industria llega al punto en que ellos han concedido en postergar la aplicación del laudo, mientras dura el boicot organizado por las compañías e invertir una parte importante de sus ahorros en la misma industria”.

“En la actualidad —decía el general— la industria petrolera no requiere fuertes inversiones; la experiencia ha convencido al gobierno de que a pesar de las dificultades para vender al precio del mercado, los ingresos por ventas realizadas le han permitido llevar adelante un programa de perforaciones, construcción de oleoductos, modernización y ampliación de refinerías, cuyos resultados se advierten en el incremento cada vez más sensible de la producción y permiten asegurar que el programa mencionado puede desenvolverse con los recursos propios del Estado”.

Sólo los políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vendepatrias pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado y extranjero es la única salvación.

Otra razón fundamental para impedir la privatización de la industria petrolera es que nos quedaríamos sin la posibilidad de desarrollar al país en beneficio de la mayoría de los mexicanos.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el petróleo podemos industrializar a México, crear empleos, abaratar los precios del gas, la gasolina y la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población.

Si se privatiza el petróleo o se comparte la renta petrolera con empresas extranjeras, no tendríamos realmente cómo sacar adelante al país. Se cancelaría el futuro para millones de mexicanos, se estaría condenando al pueblo sólo a sobrevivir, a seguir padeciendo por desempleo y continuaría creciendo, cada vez más, la migración a los Estados Unidos.

Y por último, nos oponemos a la privatización porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia.

Que se oiga bien, lo digo con absoluta responsabilidad: si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se estaría cancelando la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica.

El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo.

Recordemos que desde la expropiación hasta nuestros días, el petróleo ha sido un instrumento de paz y de estabilidad política, precisamente porque ha estado en manos de la nación.

Por eso es preferible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar al país. Lo repito: son ellos los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes. Nosotros no queremos la violencia. Nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica. Nosotros vamos a seguir actuando de manera responsable, pero con firmeza y patriotismo.

Amigas y amigos:

Sería gravísimo permitir la privatización del petróleo. Dejaríamos de ser un país libre y soberano; se rompería el orden constitucional; se elevaría a rango supremo la corrupción; nos quedaríamos sin la posibilidad de transitar por un camino propio con un modelo de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar, y el despojo del petróleo sería una fuente constante de fricciones, desacuerdos y conflictos.

El general Lázaro Cárdenas, ese presidente gigantesco, el 5 de febrero de 1939 escribió en sus Apuntes: “La presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país, la serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy cara por su vieja política de ‘facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país’”. Y agregaba que: “ni presión económica, ni el anuncio de la presencia de escuadras extranjeras en aguas mexicanas, haría tanto daño a la vida política de México, como el que se causaría con la devolución pacífica de los yacimientos petroleros a las compañías expropiadas. Retroceder o perder lo ganado sería una traición a la patria”.

Amigas y amigos:

Por todas estas razones, hemos tomado la decisión de llevar a cabo un plan de resistencia civil pacífica, en caso de que las cúpulas del PRI y del PAN decidan cometer esta traición a la patria.

Ya hemos avanzado en la organización. Están presentes los integrantes de los 32 Comités Estatales para la defensa del petróleo. También se han integrado un buen número de brigadas. La movilización comenzará cuando se presente la iniciativa de reforma a las leyes para privatizar el petróleo, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Nuestros legisladores están también organizados, atentos y dispuestos a llevar a cabo acciones en el interior de los recintos del Poder Legislativo.

Todos debemos estar muy alertas para actuar de inmediato. Tenemos la información de que pretenden presentar dicha iniciativa el 25 de marzo, el martes próximo. Por eso les convoco a que ese día celebremos, a las 5 de la tarde, una nueva asamblea informativa, en esta plaza pública.

Sé que no es fácil para ustedes el que volvamos a reunirnos dentro de ocho días, pero vale la pena el sacrificio. Además, tenemos que estar bien organizados, comunicándonos y muchas veces no hay la manera de hacerlo con facilidad. Por eso, ahora que estamos juntos, les pregunto si estamos dispuestos a volvernos a congregar aquí, el martes 25, a las 5 de la tarde, y si estamos decididos a participar en todas las movilizaciones que sean necesarias, hasta conjurar la amenaza de privatización de la industria petrolera.

Invitemos a más gente. Esta lucha va más allá de nosotros, es de todo el pueblo de México. Aunque como decía José Martí, hay hombres y yo agregaría, mujeres, que resumen en sí el decoro de muchos hombres. Esta lucha es de esta generación y por nuestros hijos y las generaciones futuras.

Pongo el énfasis en que todas las acciones en contra de la privatización del petróleo se harán en el marco de la resistencia civil pacífica. Llamo a que nos organicemos bien. Todos debemos ayudar a evitar la provocación y la violencia. Lo que vamos a hacer pacíficamente es noble, responsable y eficaz. Caer en la trampa de la violencia sería ayudar a nuestros adversarios.

Cuidado con los provocadores infiltrados del gobierno usurpador. Ellos van a buscar pretextos para el uso de la fuerza y para su campaña de desprestigio en los medios de comunicación.

Todos los que se apunten para formar parte de una brigada deberán actuar con responsabilidad y disciplina y hacer caso a sus coordinadores.

Los voceros de este movimiento serán los siete integrantes de la Comisión Nacional para la Defensa del Petróleo, los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista y los dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia.

Amigas y amigos:

Estamos viviendo momentos definitorios para la vida pública de México. El partido que nació en 1939, criticando la expropiación petrolera, ahora, en una alianza vergonzosa con las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional, pretende regresarnos al porfiriato y convertirnos en esclavos en nuestra propia tierra.

Ya sabemos que se nos vendrán encima con sus campañas de desprestigio en los medios de comunicación. Nos llamarán alborotadores, violentos, intransigentes, dirán que queremos que le vaya mal al país y volverán a decir que somos un peligro para México.

Pero no debemos preocuparnos por estas vulgares campañas. Actuemos con convicción, guiados por valores más elevados que nuestras propias aspiraciones personales. Incluso, no importa que al final nos desgastemos políticamente, si logramos mantener bajo el dominio de la nación nuestros recursos naturales.

Así estaremos demostrando, una vez más, que no somos políticos tradicionales, sino mujeres y hombres libres, íntegros y congruentes, como lo merece y lo demanda la nación.

¡Viva la Expropiación Petrolera!
¡Viva el general Lázaro Cárdenas!
¡Viva México!



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Boletín de prensa de la Coordinadora de Comunidades Mixtecas y Tríquis.

El día 17 de Marzo de 2008, los compañeros de de COORDINADORA DE COMUNIDADES MIXTECAS Y TRIQUIS emprendimos una acción de protesta para exigir a la presidenta municipal IRAIS FRANCISCO GONZALES MELO (por el PRD) el cumplimiento de dos minutas de trabajo contraídas con las comunidades desde el 4 de enero y la segunda 2 de febrero del presente año que hasta la fecha no se han cumplido ninguno de los puntos contraídos con la autoridad, como son construcción de obras de infraestructura social: Introducción de Agua Potable, apertura de caminos, introducción de redes de electrificación, construcción de auditorios.

Los recursos del pueblo no se están destinando para las obras de las comunidades pero si los malgastan en dietas excesivas que alrededor de 15 millones de recursos que ingresan al municipio de Putla de Guerrero 11 millones son utilizados para las dietas de los trabajadores administrativos.

La presidenta municipal se reparte con la cuchara recibiendo 15 000.00 quincenales el triple de la anterior administración, su esposo como director del DIF, cobra la misma cantidad, los síndicos ganan 12,000.00 quincenales, los directores de otra áreas cobran 8,000.00 quincenales y los regidores de segunda 8,000.00 en total son 105 trabajadores del ayuntamiento que se la pasan paseándose sin atender los problemas de los pueblos y comunidades.

Ante los medios ha trascendido de que teníamos retenida a la presidenta municipal, aclaramos que un grupo de regidores del ayuntamiento son los que encerraron con doble candado a los compañeros y a la presidenta municipal para justificar el desalojo y la represión.

La presidenta municipal ha demostrado ineptitud para cumplir con los pueblos de Putla de Guerrero y como respuesta ha utilizado la provocación como ocurrió el día de ayer a las 11 de la noche que con un grupo armado de piedras, machetes y garrotes lidereado por Ranulfo Flores, Regidor de Transito y Vialidad de San Juan Lagunas junto con la doctora Elsa Villamayor, regidora de salud que en estado de ebriedad amenazaban con desalojar a los compañeros plantonistas.

También se ha dejado correr la información de que la policía municipal y estatal está implementando una medida para desalojarnos por lo que anunciamos desde este momento la presencia de observadores internacionales en Putla de Guerrero que paso a paso, están siguiendo la protesta que han emprendido 30 comunidades de la región.

Apelamos al uso de la inteligencia de la presidenta municipal para resolver los problemas por el dialogo y el cumplimiento a los acuerdos y no de la incompetencia, el autoritarismo, la incapacidad y la soberbia con que ha actuado la funcionaria de Putla de Guerrero.

Toda acción de violencia que intente Ulises Ruiz, su aparato de Estado y la presidenta municipal contra las comunidades ante la lucha que sostenemos, van ser evadidas y no vamos a caer en la más mínima provocación responsabilizándolos de cualquier agresión.

Exigimos el cumplimiento de las minutas de trabajo entre la presidenta municipal con las comunidades de Putla de Guerrero.

POR EL BIEN Y LA MEJORA DE LOS PUEBLOS

COORDINADORA DE COMUNIDADES MIXTECAS Y TRIQUIS (PUTLA DE GRO. OAXACA, MÉXICO)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 18 de Marzo de 2008.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!