Posicionamiento de las organizaciones del Frente de Masas Populares de Guerrero sobre el informe dado a conocer de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE ORGANIZACIONES DEL FRENTE DE MASAS POPULARES DE GUERRERO HACIA LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO AGRUPAMIENTO POPULAR INDEPENDIENTE EN LA ENTIDAD


POSICIONAMIENTO SOBRE EL INFORME DE LA CNDH SOBRE EL CASO AYOTZINAPA

Se ha dado a conocer ya el Informe Final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa y como era de esperarse se ha exonerado al principal responsable de estos hechos, el gobernador Angel Aguirre Rivero. La exigencia de juicio político que el movimiento popular independiente y los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa exigimos para él, ahora la CNDH la revierte al Congreso Local en contra del ex procurador y el ex Secretario de Seguridad Pública que en aquel momento se encontraban en funciones.

Nuevamente la impunidad protege a los malos gobernantes, tal y como sucedió en 1960 con el entonces gobernador Caballero Aburto, durante el movimiento estudiantil popular que exigía la autonomía de la Universidad, que aunque renunció a su cargo, nunca fue enjuiciado legalmente. Lo mismo que sucedió con la matanza de copreros en 1967, cuando el entonces gobernador Raymundo Abarca Alarcón también fue eximido de toda responsabilidad judicial. Más adelante, en la década de los 70s, Rubén Figueroa fue deslindado y protegido de toda responsabilidad por la brutal represión a cientos de comunidades campesinas de la Sierra que motivó la desaparición de más de 800 personas y la muerte de un número aún indeterminado de personas durante el combate oficial del gobierno mexicano a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.

Más recientemente, las masacres de Aguas Blancas y El Charco quedaron también impunes y nunca fueron castigados ni el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el primer caso, ni el actual gobernador durante su interinato priista por el segundo caso. En todos esos casos, lo mismo que cuando sucedió la matanza de Tlatelolco en 1968 y el halconazo del 10 de junio de 1971, es claro que los gobernantes tuvieron responsabilidad, como en todo lo que pasa en sus periodos y el argumento de que ellos no ordenaron ni cometieron los actos represivos, con el cual se les exime, resulta insultante para la inteligencia y los derechos del pueblo. Lo mismo quiere hacerse ahora con la represión y asesinato de los 2 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Para nosotros no basta con aceptar que el Informe emitido por la CNDH reconoce la legitimidad de la protesta realizada por los normalistas, la existencia de las violaciones graves a derechos humanos a 52 personas atribuibles a autoridades federales y estatales como la criminalización de la protesta social, el uso irracional de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego, la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; la tortura de otro estudiante, en contra de quien se intentó realizar una falsa imputación, las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres estudiantes, los tratos crueles y detenciones arbitrarias que se cometieron en contra de otros normalistas y personas ajenas al conflicto, la inadecuada atención a las víctimas y que la muerte del señor Gonzalo Rivas no habría ocurrido si las corporaciones policiales hubiesen actuado respetando los protocolos relativos al uso de la fuerza pública en entornos de conflictividad social. Todo ello era lo menos que se podía esperar de éste informe y obviamente que tiene que ser castigado, reparado y motivo de correctivos en materia de políticas públicas, de protocolos de seguridad y de derechos humanos, así como de procedimientos administrativos y judiciales.

Aunque no dejan de ser importantes las 30 recomendaciones del Informe Final de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, ni el señalamiento de evidente responsabilidad contra 184 servidores públicos federales y de Guerrero: 61 policías federales, 73 policías ministeriales y 34 de la policía estatal que participaron directamente en el operativo, así como de 16 funcionarios de la cadena de mando, que violaron derechos fundamentales, el Informe esconde lo más importante: la responsabilidad del gobernador por acciones y omisiones que derivaron en violaciones graves a las garantías en el fallido operativo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol.

Por ello para nosotros Angel Aguirre no ha sido una víctima más en éste conflicto y es falso a todas luces que “no estuvo debidamente informado de manera adecuada acerca del operativo”; él como Gobernador ha tomado y toma decisiones políticas sobre los principales asuntos de su gobierno, por eso no aceptamos que sea exculpado responsabilizando a otros. El designó a sus funcionarios ahora acusados en los despachos de seguridad y justicia y si se equivocó o lo fallaron, es su responsabilidad, incluso otros funcionarios como su Secretaria de Educación y el de Gobierno, mucho intervinieron y tuvieron que ver en “calentar” el conflicto, que el mismo alentó con su indolencia ante la demanda de audiencia y negativa de solución a las demandas de nuestros compañeros normalistas y esto no puede quedar impune. No es suficiente el juicio político a dos de sus funcionarios. Los poderes fácticos, la clase política y la CNDH podrán exhonerarlo, pero la historia no borrará de la conciencia popular su responsabilidad en éstos hechos sangrientos y la impunidad no se consumará con un punto final en el Informe Oficial de ésta represión, así como no se ha borrado de la memoria histórica de nuestro pueblo, el triste papel de los asesinos del 60, 67, 68, 71, la guerra sucia, Aguas Blancas, El Charco, Acteal, entre otros.

Angel Aguirre y sus lacayos han quedado satisfechos por ahora, pero sus verdaderos intereses y compromisos con los grupos de poder económico y político a los que sirven, su indolencia ante la demanda popular, su criminalización a la protesta social y su ambición desmedida de poder, no cambiarán en nada su forma de gobernar.

Por ello, la demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero debe mantenerse no solo por la represión que su gobierno ejerció contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en diciembre pasado y ante la cual se mantiene impune, sino también por su indolencia y negativa ante las demandas populares de poner punto final a la presa La Parota, de cancelar las concesiones mineras y costeras, así como de explotaciones de recursos naturales en la entidad, de cancelar en Guerrero el Acuerdo por la Calidad Educativa, de resolver la huelga minera en Taxco, de parar el avance de las transnacionales y sus paquetes tecnológicos de muerte en el campo, de hacer justicia a las víctimas de la violencia social, de liberar a los presos políticos y de conciencia y de enfrentar la represión y “cacería de brujas” que con seguridad desatara el estado contra el movimiento independiente en la entidad.

Hoy no son tiempos aún de justicia para el pueblo de Guerrero. La fuerza social necesaria sigue incubándose y tarde o temprano se cumplirá aquella máxima de que “el valiente dura hasta que el cobarde quiere”


¡VENCEREMOS!

¡JUICIO POLÍTICO A ÁNGEL AGUIRRE RIVERO!


Chilpancingo, Guerrero a 01 de abril del 2012


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista al Presidente de la CNDH sobre el caso de los Normalistas de Ayotzinapa.

Carlos Puig entrevista al Presidente de la CNDH sobre el caso de los Normalistas de Ayotzinapa en su programa “En 15” transmitido por Milenio Televisión el 3 de Enero.
La Policia Federal no ha proporcionado la información solicitada por la CNDH




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Del PDPR-EPR a Raúl Plascencia Villanueva

AL PUEBLO DE MEXICO

RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA
PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario y Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) nos dirigimos a usted en calidad de Ombudsman nacional para exponer lo siguiente:

La detención-desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Práctica sistemática de este gobierno que encabeza Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Lamentablemente los crímenes de lesa humanidad son política de Estado que ya ha alcanzado a miles de ciudadanos, casos documentados por la institución que usted preside y los diferentes Organismos Defensores de los Derechos Humanos No Gubernamentales de carácter nacional e internacional, en cuyas listas se encuentran luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y ciudadanos.

Como defensor de los derechos del pueblo, por ética y compromiso social, consideramos que le corresponde hacer valer su autonomía ante los poderes de la nación y sobre todo ante este gobierno así como su autoridad moral y legal para que atienda la recomendación emitida en el caso de nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos el 25 de mayo de 2007. Por lo que le solicitamos:

Hacer público el expediente del caso de nuestros compañeros para nuestro pueblo y los Organismos Defensores de los Derechos Humanos tengan acceso a él.

De manera específica, le haga entrega del expediente íntegro del caso a la Comisión de Mediación.

No teniendo más que agregar por el momento, nos despedimos de usted esperando que le de la atención que el caso amerita, porque ningún crimen de lesa humanidad debe quedar impune.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITOPOPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 47.
República mexicana, a 28 de marzo del 2011.




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comité Hasta Encontrarlos emite respuesta al Gobierno Federal sobre la Recomendación 07/2009 de la CNDH

Comité Hasta Encontrarlos emite respuesta al Gobierno Federal sobre la Recomendación 07/2009, referente a la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

México D,F a 22 de febrero del 2011

Los familiares de los detenidos-desaparecidos Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, constituidos en el Comité de Familiares de detenidos –desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, queremos expresar nuestra inconformidad ante las recientes declaraciones hechas por la Secretaría de Gobernación en las que solicita a la CNDH dar por cumplida la recomendación 07/2009, referida a la detención desaparición de nuestros familiares.

El 25 de mayo del 2007 Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos y posteriormente desaparecidos en la ciudad de Oaxaca. Después de casi dos años de largas presiones se logró obtener la recomendación 07/2009, en la que se determina la responsabilidad del gobierno tanto federal como estatal en la comisión del delito de desaparición forzada en contra de nuestros familiares.

Hoy después de dos años de haberse emitido dicha recomendación y mediante un boletín de cuatro párrafos, el gobierno federal plantea estar avanzando sustancialmente en el cumplimiento de las solicitudes planteadas por la CNDH y por lo tanto pide dar por cumplida dicha recomendación.

En este sentido como familiares planteamos, que el documento emitido por la CNDH contiene recomendaciones fundamentales que el gobierno debe acatar antes de decir que ha dado cumplimiento a la recomendación.

La primera y fundamental de todas las recomendaciones hechas por la CNDH a los tres niveles de Gobierno es, la presentación inmediata y con vida de nuestros familiares.

Y una segunda, en virtud de la gravedad y de la naturaleza de los hechos de violaciones graves a los derechos humanos que se han cometido en contra de nuestros familiares, que el gobierno asuma la responsabilidad correspondiente, juzgue y sancione a los responsables y realice la reparación integral del daño.

Es evidente, que sí la primera recomendación que es la más importante de todo el documento no ha sido resuelta, no se puede admitir en lo más mínimo el argumento del Gobierno. Esta respuesta solo cumple desde nuestra visión, con la formalidad de dar respuesta a una solicitud hecha por parte de la CNDH, y salir del problema, pero que no muestra el más mínimo de voluntad política para resolver de fondo la situación, y dar con el paradero de nuestros familiares.

Durante este proceso de casi ya cuatro años de exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares, si algo ha quedado demostrado, ha sido la falta de voluntad política por parte del Gobierno Federal, una evidencia de ello han sido las negativas para poner en la mesa de diálogo con la COMED aspectos claves, como la participación del ejército en la detención desaparición de nuestros familiares. En este sentido se nos hace una total muestra de hipocresía por parte de la Secretaría de Gobernación el solicitar a la COMED a través de este boletín, intensificar el diálogo, cuando han sido ellos los responsables de que el proceso de dialogo este suspendido.

El fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país es evidente, y el caso de nuestros familiares es uno de muchos otros casos, que prueba que esta política sistemática y represiva sigue vigente y continuará si no exigimos al Estado Mexicano, el cabal cumplimiento de recomendaciones como la emitida por la CDNH y sobre todo el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales que ha firmado y ratificado nuestro país en materia de desaparición forzada.

Como familiares tenemos todo el derecho a exigir el cabal cumplimiento a esta recomendación.

Por lo que solicitamos a la CNDH:

- No dé por cumplida la Recomendación, como lo solicita la SEGOB.

- Exigir a los tres niveles el cumplimiento Integral de la recomendación y lo más importante la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

- Se dé a conocer a los familiares dicho balance que la Secretaria de Gobernación entrego a esa instancia, en donde se informa de las acciones realizadas para atender la recomendación.

¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país!
¡Juicio y castigo a los culpables!

Comité de Familiares de detenidos- Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Sedena acepta errores. PGR niega acceso a expedientes, uno de ellos relativo a los desaparecidos reclamados por el EPR.

Atalo Mata y Lilian Hernández. Excelsior.

Acusa el ombudsman nacional a la PGR de haberle negado dos expedientes para su revisiónLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el abuso y homicidios cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado.

La dependencia militar informó, en un comunicado, que el Ministerio Público federal ya integró las averiguaciones previas.

Añadió que se ha ejercido acción penal en contra de presuntos responsables, aunque no aclaró a cuáles de las ocho quejas sobre “lamentables incidentes” (como los describió la Sedena) denunciados por la CNDH se refirió.

La Defensa Nacional indicó que estos presuntos responsables fueron sometidos a proceso penal, entre ellos dos oficiales y diez elementos de tropa, luego de que se les comprobó su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Secretaría dio a conocer que se realizaron ya los pagos económicos correspondientes para la reparación del daño a las víctimas.

El Ejército aseguró que, en contraste, efectúa programas de promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas y la realización de diplomados, conferencias y talleres impartidos por la CNDH y organismos públicos de protección y respeto a las garantías individuales. Cerca de 300 jefes y oficiales han egresado de esta especialidad.

Pese a tener una relación respetuosa con el resto del Ejecutivo federal, José Luis Soberanes, titular de la CNDH, declaró que el vínculo con la Procuraduría General de la República cada vez es peor y, de seguir así, está a punto de deteriorarse.

“La situación va de mal en peor. Nos están negando acceso a dos expedientes. Hay uno importante, que es el asunto de los desastres en las plataformas de Pemex el año pasado y en esto la PGR nos ha negado acceso a la información”, reveló el ombudsman nacional. El otro expediente es la desaparición en Oaxaca de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Soberanes afirmó que negar la información equivale a ocultarla, lo que es muy grave, porque la PGR tiene la obligación legal de proporcionarla.

Durante la presentación de las ocho recomendaciones dirigidas a la Sedena, también denunció que agentes del Ministerio Público los han amenazado judicialmente sin que la autoridad los haya detenido, pese a tener conocimiento de esto.

“No sé si la autoridad dé su consentimiento, pero es una situación que nos pone en un predicamento y, de seguir, así con la PGR se va a deteriorar nuestra relación”, aseveró el presidente de la CNDH.

Respecto de las ocho recomendaciones emitidas contra militares, el ombudsman insistió en que el gobierno debe establecer una fecha para que los militares se retiren paulatinamente de las funciones de seguridad pública, porque eso “sería lo más sano”.

También reiteró que con base en las investigaciones de la Comisión, “es urgente capacitar a los militares, porque mientras continúen en operaciones de seguridad pública, necesitan estar capacitados”.

Insistió en que el actuar de los militares investigados fue producto de la ignorancia, y si el crimen actúa de esa manera y bajo la ilegalidad, el Ejército no puede hacerlo igual.

Se informó que hasta el 10 de julio, la entidad con más quejas es Chihuahua, con 199, le siguen Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y el Distrito Federal.
Acusa el ombudsman nacional a la PGR de haberle negado dos expedientes para su revisiónLa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el abuso y homicidios cometidos por militares durante los operativos contra el crimen organizado.

La dependencia militar informó, en un comunicado, que el Ministerio Público federal ya integró las averiguaciones previas.

Añadió que se ha ejercido acción penal en contra de presuntos responsables, aunque no aclaró a cuáles de las ocho quejas sobre “lamentables incidentes” (como los describió la Sedena) denunciados por la CNDH se refirió.

La Defensa Nacional indicó que estos presuntos responsables fueron sometidos a proceso penal, entre ellos dos oficiales y diez elementos de tropa, luego de que se les comprobó su participación en violaciones a los derechos humanos.

La Secretaría dio a conocer que se realizaron ya los pagos económicos correspondientes para la reparación del daño a las víctimas.

El Ejército aseguró que, en contraste, efectúa programas de promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas y la realización de diplomados, conferencias y talleres impartidos por la CNDH y organismos públicos de protección y respeto a las garantías individuales. Cerca de 300 jefes y oficiales han egresado de esta especialidad.

Pese a tener una relación respetuosa con el resto del Ejecutivo federal, José Luis Soberanes, titular de la CNDH, declaró que el vínculo con la Procuraduría General de la República cada vez es peor y, de seguir así, está a punto de deteriorarse.

“La situación va de mal en peor. Nos están negando acceso a dos expedientes. Hay uno importante, que es el asunto de los desastres en las plataformas de Pemex el año pasado y en esto la PGR nos ha negado acceso a la información”, reveló el ombudsman nacional. El otro expediente es la desaparición en Oaxaca de los dos militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Soberanes afirmó que negar la información equivale a ocultarla, lo que es muy grave, porque la PGR tiene la obligación legal de proporcionarla.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!