Cierra instrucción del caso Tláhuac.

En octubre dictarán sentencia a 21 acusados

Alfredo Méndez. La Jornada.

Después de un proceso judicial que duró casi cuatro años, la juez federal Isabel Porras cerró ayer la instrucción de la causa penal abierta por el linchamiento de dos agentes federales y las lesiones graves causadas a un tercer policía en el poblado de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, por lo que a más tardar en octubre dictará la sentencia de primera instancia contra 21 acusados.

Originalmente se procesó a 34 personas, pero en cuatro años de litigio la Procuraduría General de la República no pudo demostrar la presunta responsabilidad de 13 inculpados que ya recuperaron su libertad.

El 23 de noviembre de 2004 fueron descubiertos tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que realizaban labores de investigación por supuestos actos de narcotráfico y guerrilla.

Los agentes Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla murieron luego de que una turba los golpeó y los quemó aún con vida. El agente Édgar Moreno Nolasco fue el único de los tres que pudo ser rescatado con vida.


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Repsol explora en litoral del Golfo de México.

Notimex

Madrid. La compañía española Repsol inició la producción en el campo Neptuno, en el Golfo de México, donde, junto con otras compañías, espera extraer 50 mil barriles diarios de petróleo, dio a conocer el periódico español Expansión. Indicó que el campo Neptuno es operado por el grupo australiano BHP Billiton, que tiene 35 por ciento de participación; el grupo Marathon, con 30 por ciento; Woodside, con 20 por ciento, y Repsol con 15 por ciento. El rotativo especializado en economía apuntó que se espera que la producción del campo sea de 50 mil barriles diarios de petróleo y 1.5 millones de metros cúbicos de gas. Explicó que la explotación se realizará mediante pozos submarinos y una plataforma flotante de producción.

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Denuncian a constructoras en Acapulco

Misael Habana, corresponsal. La Jornada.

Acapulco, Gro., 16 de julio. Presidentes de 32 cooperativas pesqueras de la laguna de Tres Palos, aledaña al aeropuerto, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra empresas inmobiliarias, a las que acusan de destruir 18 hectáreas de manglares en la zona Diamante del puerto.

Sergio Bernal Toscazo, presidente de la Sociedad Por el Bien Común de Guerrero, dijo que las constructoras Marina Diamante, Geo, Ara y Homex han arrasado con 18 hectáreas de manglar en la zona conocida como El Estero. “Marina Diamante y Geo han acaparado terrenos alrededor de la laguna y la están rellenando para construir mil viviendas. Además, Geo, ARA y Homex no tienen plantas tratadoras de agua y se han conectado a la de Miramar, inaugurada por el ex alcalde Alberto López Rosas, la cual nunca funcionó porque al siguiente día fue desmantelada”, señaló Bernal Toscazo.

Los pescadores aseguraron que ya habían presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el relleno de humedales en la laguna de Tres Palos y porque las empresas carecen de permisos y manifestaciones de impacto ambiental, pero no actuaron.



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Anuncian ONG amparo contra regasificadora en Manzanillo

Verónica González Cárdenas (Corresponsal. La Jornada)

Colima, Col., 16 de julio. Las organizaciones ambientalistas Bios Iguana y Greenpeace México promoverán un amparo para demandar que se detenga la construcción de una planta regasificadora en Manzanillo y que se inicie juicio político contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa por su “complicidad y responsabilidad” en delitos ambientales.

En un comunicado de prensa, las organizaciones no gubernamentales señalan que, al firmar el acuerdo de coordinación institucional para la construcción de la regasificadora de gas natural, el 15 de julio, el presidente Felipe Calderón avaló la destrucción de los manglares de la laguna de Cuyutlán.

El martes pasado, Calderón, acompañado por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y de directivos del corporativo asiático KMS, puso en marcha la construcción de la planta, en la cual se invertirán 700 millones de dólares y producirá cada día 500 millones de pies cúbicos de gas natural licuado.

“Con el aval del gobierno federal para construir esa gasificadora en la laguna de Cuyutlán, que afectará 8 mil metros cuadrados de manglar; se retoma la política de juzgar los manglares como si fueran árboles de Navidad. El árbol de mangle se puede plantar, pero una plantación de mangle jamás remplazará la biodiversidad ni las funciones del ecosistema”, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México.

En su discurso del martes pasado, Calderón Hinojosa afirmó: “Otro encargo que le voy a hacer al director de la Comisión Federal de Electricidad (Alfredo Elías Ayub) y a los constructores de la regasificadora es que tengan mucho cuidado, y les encargo, verdaderamente, el medio ambiente. Me alegra mucho que una de las condiciones que mi gobierno puso para esta regasificadora, a través de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), haya sido que por cada mangle que se tuviera que mover a otro lado se plantaran cinco árboles de mangle”.

Alejandro Olivera explicó que plantar mangles no garantiza la preservación ecológica y que la instalación de una regasificadora en la laguna de Cuyutlán, donde hay mil 500 hectáreas de manglar, afectará a especies en riesgo como el cocodrilo, la iguana y aves migratorias de la costa del Pacífico.

Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de Bios Iguana, señaló que la sociedad fue “excluida intencionalmente” del proyecto, y a quienes rechazan la regasificadora se les acusa de oponerse a la inversión privada y a la generación de empleos.

Las autoridades demandadas por Bios Iguana y Greenpeace serán, además de Calderón Hinojosa, el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos; el secretario de Desarrollo Urbano estatal; el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, y algunos de sus colaboradores, así como los alcaldes de Armería y Manzanillo.


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Toman oficinas de Sagarpa en Guerrero y Quintana Roo.

Sergio Ocampo Arista y Javier Chávez (Corresponsales. La Jornada)

Unos 800 campesinos del Movimiento Social de Izquierda (MSI), provenientes de municipios de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande de Guerrero, tomaron las instalaciones de las secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Desarrollo Rural estatal, ubicadas en Chilpancingo, en demanda de la entrega de cuatro mil 500 toneladas de fertilizante y de los recursos del Programa del Maíz y Frijol (Promaf).

Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, dirigente del MSI, afirmó que cerca de cinco mil campesinos de Ahuacuotzingo, Chilapa José Joaquín de Herrera, en la zona de la Montaña; Azoyú en la Costa Chica, y Tecpan, en la Costa Grande, están a punto de perder sus cosechas debido a que no han recibido el fertilizante.

Uno de los campesinos aseguró que el producto debió entregarse desde el pasado 20 de junio; “no hemos dado ni siquiera la primera abonada, y ahora nuestras milpas se están poniendo amarillas”.

Hernández Acevedo dijo también que en mayo pasado cientos de campesinos acudieron a la Sagarpa en la ciudad de México, donde acordaron que se entregarían cinco mil 500 pesos a cada productor del programa federal Promaf. “Cada campesino que sembrara al menos cinco hectáreas recibiría por cada una mil 100 pesos.” Sin embargo, esos recursos no han sido entregados.

Los campesinos indígenas permanecieron hasta las cinco de la tarde de este miércoles en la Sagarpa y en la dependencia estatal esperando respuesta a sus demandas; más tarde se retiraron.

En Chetumal, ganaderos del sur de Quintana Roo, cerraron las oficinas del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria dependiente de la Sagarpa, inconformes porque el gobierno del estado protege al ex presidente de dicho comité, el ex diputado priísta Eduardo Reyes Velásquez.

José Luis Rubio Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera de Othón P. Blanco, denunció que Reyes Velásquez no sólo es presunto responsable del desvío de recursos federales cercanos al millón de pesos, sino también dejó de atender programas destinados a la protección del hato ganadero, provocando la muerte de 200 bovinos a causa del ataque de murciélagos que transmiten la fiebre paralítica.

Cerca de 10 líderes ganaderos colocaron candados para impedir el acceso a las oficinas antes citadas, inconformes porque el gobierno del estado decidió incluir a Reyes Velásquez en la nueva directiva del comité, pese a ser rechazado por la mayor parte de los líderes agrarios del estado.

Rubio Rodríguez aseguró que el subdelegado de la Sagarpa, Antonio Rico Lomelí, les informó que ya se solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República para la recuperación de los recursos malversados por Eduardo Reyes Velásquez.



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Chiapanecos se enfrentan por un centro turístico.

Elio Henríquez (Corresponsal. La Jornada)

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 16 de julio. Dos indígenas lesionados y varios retenidos es el saldo de un enfrentamiento entre dos grupos de indígenas del municipio de Chilón, que se disputan la caseta de cobro de acceso al centro turístico de las Cascadas de Agua Azul, informaron fuentes gubernamentales.

Explicaron que a las 15 horas del miércoles, decenas de ejidatarios de San Sebastián Bachajón, de Chilón, afines a las autoridades municipales priístas, llegaron a Agua Azul para tratar de recuperar la caseta de cobro que desde hace tres semanas está en poder del otro grupo, presuntamente integrado por perredistas y simpatizantes zapatistas.

Versiones refirieron que en el enfrentamiento resultaron lesionados Manuel Gómez Pérez y Jacinto Cruz García, uno de los cuales –no se precisó quién– fue trasladado al hospital de Ocosingo, por la gravedad de las heridas.

El conflicto se agudizó en días pasados cuando se definió la titularidad del comisariado ejidal, el cual fue ganado por partidarios de las autoridades municipales.

El grupo perdedor, afín a las autoridades municipales perredistas que el 31 de diciembre dejaron el poder, “no acepta su derrota y se apoderó de la caseta”.

Una fuente de la alcaldía de Chilón confirmó que la situación era tensa pues presuntamente los dos bandos se están reagrupando.



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Mineras canadienses provocan deterioro irreversible del medio ambiente en America Latina.

■ Sin ética, abusan de campesinos y provocan el éxodo de comunidades, denuncia activista

■ Las irregularidades las cometen con la complacencia de los gobiernos, en especial del mexicano

Emir Olivares Alonso. La Jornada.


Las mineras canadienses son tan perjudiciales para otros países, que la misma comunidad de la nación norteamericana las cuestiona

Las mineras canadienses carecen de sentido ético y responsabilidad social, han emprendido una especie de “nueva colonización” de México y América Latina al explotar suelos, engañar y abusar de campesinos y deteriorar de manera “irreversible” el medio ambiente con la instalación de minas que les dejan “jugosas” ganancias, aseguró Marie Dominik Langlois, coordinadora del Comité de Derechos Humanos en América Latina.

En el marco de una visita de trabajo y análisis a varias localidades del país, la activista de la organización no gubernamental –con presencia en Montreal y Quebec— señaló que las “irregularidades” en las que incurren las empresas “cuentan con la complacencia” de los gobiernos de la región, mientras que las autoridades canadienses “no se responsabilizan” de los “daños” que causan las compañías de su país.

Contrario a los argumentos que dan empresarios y gobiernos, Langlois descartó que la actividad de estas mineras redunde en desarrollo para las comunidades en las que se establecen, porque no generan empleos ni respetan el derecho a la consulta de los pobladores, a fin de que sean ellos los que decidan sobre permisos para que otras empresas funcionen en sus territorios.

Contrario a ello, subrayó que las empresas mineras degradan el medio ambiente, explotan el suelo, reprimen a algunas poblaciones y las obligan a dejar sus lugares de origen, pagan cantidades muy bajas por los derechos de concesión con relación a las ganancias que obtienen y omiten informar a las comunidades sobre los efectos a largo plazo que tendrán sus actividades de explotación en el sitio.

Ante esta perspectiva, indicó que diversos sectores de la comunidad canadiense exigen constantemente al Parlamento de su país poner atención a los “abusos” en los que están incurriendo dichas compañías. Además, exhortó a las comunidades mexicanas y de América Latina afectadas, así como a las ONG nacionales, acercarse a las agrupaciones civiles de Canadá para que mediante presión social conjunta se pueda conseguir que el gobierno de aquel país obligue a sus empresarios a aplicar un “código de ética” con los pueblos latinos y sólo apoye a firmas que respeten los derechos humanos de los ciudadanos de los lugares en los que se establezcan.

“Hace tiempo los canadienses considerábamos que las compañías de nuestro país generaban riqueza en las naciones en desarrollo; sin embargo, al hacer conciencia y conocer su manera de actuar, concluimos que resultan agresivas y violentas para con estas naciones, y también contra su medio ambiente”.

Asimismo, propuso crear la figura de un ombudsman –en Canadá y otros países— que atienda “los graves problemas generados por las mineras”, aunque aceptó que esto no representaría la solución al conflicto.

Dijo que la “destrucción ambiental” que provocan las minas a cielo abierto se hace patente al analizar el caso de la mina de oro Yanacocha, al norte de Perú, la más grande en la región, “pues es uno de los lugares más contaminados del mundo y no ha generado desarrollo para la comunidad en la que se ubica”.

Insistió en que los gobiernos de la región y en particular el mexicano, han carecido de interés por frenar el conflicto a fin de proteger, sobre todo, a la población local.

Resaltó que cuando alguna empresa solicite un permiso de explotación del suelo sería un avance si se le exige: garantizar el derecho de la ciudadanía a tener información “libre” en torno a los proyectos, presentar planes de cuidado ambiental, que las compañías asuman su responsabilidad ética y social, y que se practiquen ejercicios de consulta entre los afectados, a fin de que “de manera democrática” sean las comunidades las que decidan si permiten la instalación de las mineras.

En su visita al país, la activista visitará la minera San Xavier, en San Luis Potosí, y algunos puntos de Oaxaca, entre otros.



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El gobierno engaña al sector campesino: organizaciones.

■ Un fracaso, reunión del Consejo Mexicano para Desarrollo Rural

■ Utilizará a las agrupaciones para validarse socialmente, señalan

Matilde Pérez U.


Las organizaciones campesinas aseguraron que el gobierno carece de compromiso para afrontar la crisis alimentaria en el país.

El diálogo con el gobierno fracasó por la falta de compromisos para afrontar la crisis alimentaria en el país y no atender las múltiples propuestas de organizaciones agrícolas, asentaron integrantes de El Barzón, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Maíz y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales.

Acusaron al gobierno de “despreciar el diálogo y concertación democráticos; de simulación, autoritarismo y control corporativo ya que reproduce prácticas priístas de dividir y coptar a las organizaciones campesinas”, además de negarse a debatir y concertar la alternativa para reconocer y encarar la crisis alimentaria.

En conferencia de prensa, los representantes de dichas agrupaciones pusieron en tela de juicio el inicio, mañana, de las reuniones del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en las que se empezarán a discutir los lineamientos para la firma del nuevo pacto rural.

“Es una ruta al fracaso, por eso llamamos a las organizaciones campesinas que participaron en la movilización del 31 de enero a no caer en el engaño del gobierno pues habla ante un espejo; los utilizará para validarse socialmente”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Ramírez Cuéllar, quien participó en las reuniones presididas por el secretario del Trabajo, Javier Lozano –designado por el Ejecutivo como el interlocutor gubernamental con el movimiento campesino–, explicó que una de las principales demandas es el establecimiento de una reserva alimentaria, “y lo que hizo el gobierno fue quitarnos el nombre y engañar a la población al afirmar que la disposición de maíz durante los próximos nueve meses, a través de Diconsa, es parte de dicho mecanismo, además de la presunta baja de precios de productos que no son de la canasta básica”.

Los leves cambios a las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura no resuelven la crisis del agro ni atienden el contenido y formato acordado en el Manifiesto Campesino del pasado 31 de enero; por eso es urgente una reunión de todas las organizaciones que participaron para garantizar la reivindicación de ese documento ante el gobierno, insistió.


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Movilización de la APPO en Oaxaca. Rememora enfrentamiento de hace un año.

■ Pide castigar a los jefes policiacos responsables

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal. La Jornada)

Oaxaca, Oax., 16 de julio. Decenas de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realizaron una marcha-calenda por las principales calles de esta ciudad, para demandar castigo a los jefes policiacos que ordenaron disolver con gases lacrimógenos una manifestación que intentaba llegar al auditorio del cerro del Fortín para presentar la llamada Guelaguetza Magisterial y Popular el 16 de julio de 2007.

La intervención de agentes de las policías Municipal, Preventiva del Estado, Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial generó un enfrentamiento por más de tres horas, con saldo de 60 detenidos y más de 40 heridos, entre ellos Emeterio Marino Cruz, quien a la postre quedó en coma, por un traumatismo craneoencefálico que sufrió a causa de la golpiza que le propinaron.

“¡Emeterio vive, la lucha sigue!”, “¡Si Emeterio se puso de pie, el pueblo también!” y “¡Hombro con hombro, codo con codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!”, gritaron los inconformes.

Cruz, quien no habla bien y camina con dificultad, encabezó la marcha-calenda, junto con otros simpatizantes que fueron detenidos en esa ocasión y las viudas de seguidores asesinados durante el conflicto político social.

El contingente partió de la carretera internacional Cristóbal Colón, en jurisdicción del municipio de Santa Lucía del Camino, después pasó por las faldas del cerro del Fortín, donde fue agredido Emeterio, y terminó en el zócalo de Oaxaca.

Ahí, jóvenes hicieron pintas en las paredes del antiguo Palacio de Gobierno y destruyeron mamparas con publicidad alusiva a la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal.

En el acto político, Cruz rememoró la golpiza y la tortura de que fue objeto, pero dijo que seguirá en la lucha del pueblo. “No puedo mover un pie y una mano, pero no me voy a rajar, seguiré con el pueblo”, asentó.

Por su parte, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) determinó que los ex jefes policiacos Pedro Ismael Díaz Laredo, Alejandro Barrita Ortiz, Daniel Camarena Flores y Aristeo López Martínez incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales que ameritan sanciones administrativas y penales, por acción u omisión, en los hechos del 16 de julio de 2007.

De acuerdo con la recomendación 11/2008, “se violaron los derechos fundamentales a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la igualdad y al trato digno, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica de los agraviados”.

Además, subrayó, quedaron acreditadas las violaciones a los derechos humanos y a la libertad personal de los agraviados, toda vez que fueron detenidos arbitrariamente por la policía, ya que en los partes informativos rendidos “no se establece la causa inmediata por la que realizaron las citadas detenciones, no se precisa el lugar en que se efectuaron las mismas, tampoco se especifica la conducta delictiva que cada uno de los aquí agraviados se encontraba realizando al momento de su detención”.



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El olfato del Subcomandante.

Eugenia Gutiérrez

¿A qué huele la guerra? ¿Cuánto duele su olor? Ha pasado medio año
desde que cerca de veinte humanistas de varios países se reunieron en
la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Respondían a una convocatoria de la Comisión Sexta del EZLN, la
revista Contrahistorias y el CIDECI y participaban en un coloquio en
memoria de un gran hombre: Andrés Aubry. Cuando el coloquio estaba a
punto de terminar tomó la palabra el Subcomandante Insurgente Marcos
para decir: "Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los
caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de la guerra en
el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor.
Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras"
(16 de diciembre, 2007).

Para entonces, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco
Caracoles zapatistas llevaban meses denunciando un reguero de
agresiones contra comunidades donde viven miles de hombres y mujeres
Bases de Apoyo Zapatistas. Las JBG ya nos habían informado con
claridad que los gobiernos federal, estatal y locales estaban
recrudeciendo la batalla para despojar al zapatismo de los territorios
que recuperó en 1994, durante aquellos días en que tantos murieron
luchando. Las denuncias de las JBG eran continuas, cerca de cuarenta
tan sólo para 2007. Sin embargo, la advertencia hecha desde la paz de
un coloquio resultó estremecedora. No hablaba un intelectual
progresista que advierte, honesto, lo que es la guerra. Hablaba el
guerrero que lo sabe. Su voz no invitaba a contemplar cicatrices. Iba
a lo más hondo y sonaba cruda y profunda, como cuando alguien te
coloca sobre una herida para que la veas tal cual es: abierta y
sangrante.

Durante 2007 se llevaron a cabo tres grandes encuentros de pueblos
zapatistas con pueblos de México y del mundo. Miles de personas de
países diversos pudimos escuchar en los Caracoles la historia del
zapatismo contada por quienes la han escrito. Sabemos desde entonces
que ahora, en la autonomía y a pesar de la constante presión militar,
las comunidades en resistencia de Chiapas tienen proyectos de salud
que priorizan la dignidad humana y que en varios lugares se han
construido clínicas de medicina general y de especialidades,
acondicionadas algunas para realizar cirugías o transportar pacientes
en ambulancias. Sabemos también que la juventud zapatista cuenta con
proyectos de educación autónoma que abarcan desde nivel básico hasta
bachillerato, incluidos los Centros Culturales de Educación
Tecnológica Autónoma Zapatista (CCETAZ), o que las muchachas y los
jóvenes estudiarán ciencias y humanidades cuando echen a andar su
universidad, ésa que ya planean. Sabemos porque nos lo contaron y porque lo vimos que
no está permitido el consumo de alcohol, en respuesta a una exigencia
de las mujeres; que las comunidades zapatistas, sin recibir un centavo
de ningún gobierno, cuentan con medios de transporte, bodegas de
almacenamiento de granos, prácticas de comercio justo, cooperativas de
pan, ganado, bordados y pollos, talleres de herbolaria y medicina
tradicional, sensibilidad que reconoce lo que falta, entusiasmo para
conseguirlo, radios comunitarias, viveros, campañas de vacunación y
prevención de enfermedades, sistemas de impartición de justicia que
buscan ser justos, comedores autónomos, oficinas de comunicación,
bibliotecas. Y sabemos, como quien distingue el agua del fuego, que en
las comunidades zapatistas no se siembra droga.

Hace unos días, cerca de doscientos elementos del ejército federal y
la policía estatal de Chiapas irrumpieron en comunidades del Caracol
de La Garrucha, llamado "Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer". De
acuerdo a la denuncia hecha por la JBG "El Camino del Futuro", el
miércoles 4 de junio de 2008 llegó hasta las puertas del Caracol un
convoy formado por "2 carros grandes de soldado y 3 carros chicos de
soldado y 2 carros de seguridad pública, 2 carros de policía municipal
y una tanqueta y un carro de PGR", al que poquito después se unió otro
convoy proveniente de Patihuitz. Los habitantes del Caracol los
rechazaron. Los militares les tomaron fotografías y video. Decidieron
rodear el Caracol y anduvieron el camino que lleva a las milpas para
dirigirse a la comunidad Hermenegildo Galeana. Según señala la JBG,
los militares llevaban el rostro pintado para combate y los guiaba un
policía municipal de Ocosingo llamado Feliciano
Román Ruiz. A medio camino se toparon con la población civil,
hombres, mujeres y niños que los rechazaron a gritos. Los soldados
respondieron: "Venimos aquí porque sabemos que hay marihuana y vamos a
pasar a huevos". Entonces el pueblo zapatista recurrió a piedras,
resorteras, hondas, machetes y todo lo que encontró para rechazarlos.

Al no poder pasar, los militares respondieron: "esta vez no vamos a
pasar, pero regresamos en 15 días y eso sí a huevos vamos a pasar".
Luego se movieron hasta la comunidad de San Alejandro. En su camino
los soldados "dejaron pisoteado el sembradillo de maíz, que es único
alimento del pueblo para vivir". La comunidad de San Alejandro también
los rechazó con lo que pudo y el convoy optó por retirarse.

En este Caracol se han redactado varias páginas de la Otra Campaña,
pues fue aquí donde se realizó la primera reunión plenaria (septiembre
2005) y donde inició su recorrido la Comisión Sexta (enero 2006).

Además, aquí se llevó a cabo el encuentro "La Comandanta Ramona y las
Zapatistas" (diciembre 2007). Este Caracol vive hoy amenazado de
incursión militar bajo la acusación de que en su tierra se siembra
marihuana. Y no es desconfianza sino memoria: cuando el Aguascalientes
que hospedó a la Convención Nacional Democrática en 1994 se volvió
emblemático, el gobierno optó por destruirlo y establecer sobre sus
restos una enorme base de operaciones militares. La comunidad cercana
de Guadalupe Tepeyac fue severamente castigada y conoció el dolor del
exilio. El ejército federal mexicano sabe aplastar a la población
civil y se especializa en población indígena.

Felipe Calderón Hinojosa, presidente por capricho, parece haber
clavado una chincheta roja sobre el nombre "La Garrucha" en su mapa de
lugares a reprimir, mapa que ya luce muy rojo. Juan Sabines Guerrero,
gobernador perredista de Chiapas, lo anima y le sonríe. Hijo del
responsable de la masacre de doce indígenas en Golonchán (junio de
1980), el Sabines actual ha gobernado un Chiapas donde no sólo
paramilitares sino policías a su cargo no han dejado de lastimar a la
población civil en actos de violencia patéticamente cobardes: niños
torturados al ir por agua al río; padres e hijos encarcelados como
quien caza una presa; campesinos solos golpeados en grupo o baleados a
orillas de una carretera; cortes de agua; mujeres golpeadas,
humilladas; familias que ven arder su milpa; familias que ven arder su
casa; jóvenes perseguidos por veredas o espiados a la puerta de su
hogar para clavarles un machete en el cráneo; cortes de luz; personas
de cualquier edad desplazadas en cualquier momento.
Para saber a qué huele la guerra o imaginar qué tanto duele podríamos
hablar con todos ellos. Podríamos preguntarles a ellas. Quizá
responderían "depende". A veces la guerra huele a la casa que te
incendiaron y su olor duele tanto como los años que viviste o pensabas
vivir en ella. Otras veces huele a sangre en tu rostro golpeado y su
olor te duele igual que las patadas de varias decenas de hombres
contra ti solito. Depende. Tal vez la guerra huele al marido que te
robó la policía y duele tanto como la sentencia que, sin motivo, le ha
impuesto un juez brutal. Habría que hablar con ellos, preguntarles a
ellas. Cada testimonio de la violencia estatal de los dos últimos años
ha sido presentado con detalle por las JBG, documentado por organismos
civiles, videograbado por brigadistas solidarios e incluso recogido en
documentales. Los hechos están allí, al alcance de los sentidos de
quien quiera conocerlos.

Cuando el Subcomandante Marcos subrayó en San Cristóbal de las Casas
que podía olerse la guerra, la comunidad de La Garrucha estaba lista
para recibir a miles de mujeres de decenas de países. Seis meses
después, la comunidad de La Garrucha está lista para recibir al
ejército de Felipe Calderón con toda su violencia. La pareja que tenía
planeado casarse el 20 de junio, pues se casa. Bueno, en realidad
adelanta la fiesta, la comida y el baile porque la boda será después.
Las mujeres que ya echaron a andar la nueva "Clínica Comandanta
Ramona" se reúnen en el piso superior de esta construcción
sobresaliente para seguir tomando su curso de salud sexual y
reproductiva. El comedor autónomo alimenta sin parar a los comensales
citadinos con una cocina de gas donde el fogón es historia. Las niñas
visten los mil colores de siempre y los niños hacen las diabluras de
costumbre. La mujer anciana que vive sola no deja de preparar los
panes de maíz. El auditorio generoso que nos ha alojado no cambia su fisonomía
mientras en una esquina del templete central del pueblo sobresale la
figura de una enorme vigilante que mira hacia la entrada del Caracol,
que aguanta sol y lluvia y que es varias compañeras en una: Emiliana
Digna Ramona, la muñeca regalo entregada al Encuentro de Mujeres en
diciembre de 2007, la que bailaba sin parar.

Todo indica que esta comunidad, como cualquier comunidad zapatista,
espera la ofensiva militar. Y en esa espera, la comunidad sigue
viviendo. Como bien dice la Junta de Buen Gobierno en su comunicado
del 4 de junio: "Somos lo que ya saben hermanos y hermanas de México y
del mundo".

Caracol de La Garrucha, junio 2008.


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Campesinos y zapatistas: la estrategia del caracol

Silvia Ribeiro

Cuando los comuneros zapatistas se despiden de alguien que conocieron
y estiman, le dicen: "que este encuentro no sea el primero ni el
último". Así, efectivamente, fue la reunión entre las comunidades
zapatistas y las organizaciones de Vía Campesina que tuvo lugar
recientemente en Chiapas. Un encuentro que viene desde diversos
tiempos y espacios y que, como arroyos que convergen desde el
subsuelo, las montañas o los bosques, se encuentran para formar
remansos, manantiales, ríos y mares y luego convertidos en lluvia, y
recorren el mundo y vuelven a ser suelo, semillas, bosque, entrañas de
la tierra.

El manantial esta vez surgió en el contexto del segundo Encuentro de
los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, realizado a finales
de julio en los caracoles zapatistas en Chiapas, donde organizaciones
de Vía Campesina de Asia, América y Europa escucharon los testimonios
de mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos de los cinco caracoles
zapatistas sobre las condiciones de extrema explotación en que vivían
antes de su levantamiento en 1994, sobre la resistencia colectiva y
los 13 años de construcción de la autonomía indígena.

Los convocantes abrieron un espacio especial en su programa para que
se presentaran las organizaciones de Vía Campesina. Lo hicieron en el
lenguaje de los anfitriones: compartiendo sus canciones, sueños,
historias y realidades, desde Tailandia, India, Indonesia y Corea del
Sur hasta Brasil, Canadá y otros países, sin olvidar a los
trabajadores rurales migrantes, herida que sangra a México y tantas
naciones más.

Las realidades y los testimonios de los zapatistas y los otros
campesinos se fueron entretejiendo, rompiendo la ilusión de la
fragmentación, mostrando cómo la opresión tiene caras similares y
complementarias por todo el globo. En todas partes asuelan las mismas
trasnacionales -como Monsanto, Cargill, ADM, Coca Cola, Nestlé,
Wal-Mart y otras-, que expulsan campesinos e indígenas, engullendo
tierra, agua y gente, con monocultivos de soya, eucalipto, caña de
azúcar y transgénicos, ahora además con renovados apoyos estatales por
el impulso a las empresas de agrocombustibles.

A estos despojos se suma que los gobiernos, con la coartada de las
grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) "conservacionistas" ,
quieren expulsar a los campesinos e indígenas tanto de Tailandia como
de México o Indonesia, convirtiendo sus territorios en supuestas
"áreas protegidas".

Para esas ONG y las trasnacionales eso es un gran negocio,
desconociendo de paso que son los indígenas y campesinos quienes
tienen no sólo el derecho, sino también el conocimiento y la
experiencia milenaria para cuidar realmente bosques, tierras y agua.
Igual que se quiso hacer en San Salvador Atenco, a miembros de la
Unión de Campesinos de India los expulsaron de su parcela para
construir el aeropuerto de Nueva Delhi. También en Tailandia, como en
Brasil, la construcción de grandes represas y los proyectos mineros
son a costa de la vida de indígenas y campesinos. Las políticas de
"reforma agraria de mercado" impuestas por el Banco Mundial -de las
cuales el Procede es una versión mexicana- son otro recurso mañoso
para despojar a los campesinos de sus tierras en muchas partes.

En Asia como en América Latina, los "programas de apoyo" a los
campesinos son apenas limosnas para mantenerlos controlados y
divididos, así como para introducir agrotóxicos y semillas
industriales; los sistemas educativos desprecian lo campesino e
indígena; los sistemas de salud los discriminan, y cuando requieren
atención, muchas veces son maltratados o ni los asisten y mueren en la
espera, como recientemente sucedió en Huejuquilla a una muchacha
huichola.

Pero también y, sobre todo, se entretejen las historias de la
resistencia. La contundencia de la autonomía zapatista marcó una
huella profunda en los delegados y delegadas de Vía Campesina: desde
las palabras de jóvenes y jóvenas que crecieron en los 13 años de
"otro mundo" -no sólo "posible", sino real- y ahora son las encargadas
de muchas tareas, el tejido de los trabajos colectivos, las
autoridades que realmente "mandan obedeciendo" -porque el pueblo las
puede revocar en cualquier momento-, los sistemas autogestionarios de
salud y educación. También las luchas de Vía Campesina encontraron un
reflejo de empatía y calor en las comunidades zapatistas: "sufrimos
las mismas cosas, tenemos las mismas luchas, es mucho lo que podemos
hacer", expresó un compañero del caracol de Morelia. El movimiento
zapatista ha sido un gran espejo que ha provocado por todo el mundo
que los movimientos entiendan la situación propia al reflejarse en la
lucha de los otros. Ahora los campesinos de Tailandia, India, Brasil le
devuelven la imagen.

Por todo esto, este encuentro no fue el primero: más allá de las
personas y organizaciones concretas, lo que se encuentra a sí mismo en
otras y otros son las formas de vida campesina e indígena, que desde
su complejidad y sencillez, desde su estar en el mundo con la tierra,
las semillas, el agua, la naturaleza, siempre han sido y siguen siendo
la base fundamental de toda la vida humana en el planeta, incluyendo
la bases de toda la alimentación y medicinas que luego las
trasnacionales se apropian, industrializan y vomitan en el mercado.

Además, es un encuentro significativo, porque tanto el zapatismo como
Vía Campesina, en diversas formas que pueden converger, plantean
visiones y acciones que van más allá del discurso casi decorativo de
muchos foros internacionales. Hay mucho camino por andar, pero sin
duda este encuentro, que tampoco será el último, es un viento de
esperanza."

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Peticion de solidaridad y apoyo a VOCAL y al Movimiento Social en Oaxaca.

Quienes formamos parte del espacio Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía
y Libertad (VOCAL) queremos denunciar mediante esta carta el grave clima
de hostigamiento, criminalizació n y persecución que el gobierno de Ulises
Ruiz Ortiz y los medios de comunicación locales han desatado en los
últimas semanas en contra de algunos integrantes de nuestro espacio de
manera directa.

La represión, en particular, comenzó a agudizarse tras lo ocurrido el día
20 de junio del 2008 en Zaachila, municipio donde el pueblo organizado
impidió la presencia de Ulises Ruiz Ortiz en un acto público convocado por
el gobierno del municipio de Zaachila.

Culpan a personas de nuestro espacio como iniciadoras de la violencia,
cuando dicha violencia fue provocada por el presidente municipal priista
de este municipio Noe Perez, y su padre el señor Natalio Pérez, quienes
con pistola en manos, balaceó al pueblo que de manera pacífica protestaba
en legítima defensa por la imposición de la presencia de Ulises Ruiz Ortiz
en sus tierras. La agresión de estas personas consta en la evidencia de
fotografías y vídeos.

Sin embargo, los medios de comunicación locales en consonancia con las
declaraciones de Ulises Ruiz y otros funcionarios del gobierno, han
dispersado por varios días por televisión, prensa escrita y radio la
información de que fueron algunos maestros del pueblo de Zaachila, el
"alebrije" (David Venegas) y los integrantes de VOCAL que provocamos la
violencia en Zaachila, amenazando a través de los mismos medios de
comunicación que se aplicaría todo el peso de la ley en contra de quienes,
según ellos provocaron la violencia, culpando como siempre a la
organización del pueblo que se encuentra viva como movimiento. Ante dicha
resistencia el gobierno responde con claros señalamientos para desvirtuar
la organización del movimiento en Oaxaca, a través de sus sucias
estrategias de siempre: busca lideres para poder cooptar, reprime, bloquea
páginas de información alternativas, detenciones en aumento de compañeros
grafiteros que les golpean y sueltan, así como señalamientos falsos e
intimidación hacia todos los espacios en lucha del movimiento que no están
dispuestos a negociar con la dignidad de la resistencia, la cual se
visibiliza en la reorganizació n que existe como pueblos, desde las bases,
por colonias, barrios, colectivos y espacios al retumbar las calles el
pasado 14 de junio del 2008. A la par de estos hechos incrementa la
presencia policiaca, y piden más fuerza federal.

Nuestro acoso como espacio han sido señalamientos de manera directa en
noticias difundidas en el canal estatal de televisión: canal 9,
fotografías de varios integrantes de VOCAL; Silvia Gabriela Hernández
Salinas, Efraín López, Eduardo, Rubén Valencia y David Venegas Reyes,
asegurando en estos mismos medios que existían ordenes de aprehensión
liberadas en contra de todos estos compañer@s y que la detención se
realizaría en cualquier momento.

Nos acusan de ser provocadores de la violencia en nuestro estado de
Oaxaca, con la clara intención de justificar la represión, la cárcel e
inclusive la desaparición en nuestra contra que hacen gobierno en
complicidad con algunos medios de comunicación a su servicio.

Nuestro caso no es un ejemplo aislado, por el contrario, es un síntoma de
la ola represiva contra el resto de compañeros y compañeras del movimiento
social oaxaqueño que se ven hostigados por la presencia policíaca
permanente.

La presencia policiaca en los domicilios particulares y en los lugares de
reunión de varios de nosotros y nosotras es una constante. El riesgo de
ser detenidos lo consideramos latente y muy probable.
Esta situación nos lleva a hacer pública este clima de represión y
hostigamiento. No vamos a permitir que continúen los acosos, pues
demuestra el clima de represión en contra de quienes participamos en el
movimiento social oaxaqueño por parte de instancias de los gobiernos
estatal y federal. Los motivos verdaderos por los que en este momento la
represión del estado está orientada hacia nosotros y nosotras que formamos
parte de VOCAL, así como en otras ocasiones lo han orquestado con otros
compañer@s del movimiento, es por la consecuencia, por nuestra
participación clara, pública y pacifica del movimiento social en Oaxaca.
Por no cansarnos de luchar con las demandas de nuestro movimiento de
derrocar a Ulises Ruiz Ortiz: castigo a los culpables de los asesinatos,
libertad a todos los presos y presas políticos y por una transformació n
profunda de Oaxaca.

Sabemos que no somos los únicos, ya que también están en lucha diferentes
pueblos, colectivos, organizaciones, maestros de base y colonias que hacen
posible fortalecer el movimiento social en Oaxaca. Nos acusan ahora porque
hemos respondido a los llamados de solidaridad y apoyo que algunos pueblos
han solicitado al movimiento en su conjunto y lo hemos hecho de manera
solidaria y fraterna, lo que para el estado es un grave riesgo en momentos
que pretende terminar por dividir y derrotar al movimiento social que en
Oaxaca, está iniciando el camino para una transformació n radical y
verdadera de nuestra sociedad, profunda, que nace en las raíces de los
pueblos y se alimenta de los saberes ancestrales que nos han truncado
desde hace ya más de 500 años ante tanta imposición e injusticia.. Hoy
Oaxaca dice ¡Basta! y no estamos dispuestos a seguir viviendo como hasta
ahora, hoy después de 2006 nada, ni nadie puede ser igual.

Demandamos pues justicia, libertad y el cese al hostigamiento al
movimiento social en su conjunto así como a nuestros compañeros Silvia
Gabriela Hernández Salinas, Efraín López, Eduardo Zanabría Hernández,
Rubén Valencia Núñez y David Venegas Reyes, pidiendo a los ojos de
nuestros compañeros y compañeros toda la solidaridad para poder difundir
nuestra realidad. Por mucho que traten de callarnos o pararnos, todos y
todas sabemos lo que el gobierno intenta y no lo vamos a permitir y no nos
cansaremos de denunciar la represión.



¡Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca!

¡Libertad a los pres@s políticos de Oaxaca, México y el Mundo!

¡Castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones!

¡Libertad y Justicia de los Pueblos de Oaxaca!


Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, (VOCAL)

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Base magisterial y appistas llaman traidores a los líderes de la sección 22, una parte del movimiento marchara.

Genaro Altamirano Corresponsal

El Universal
Miércoles 16 de julio de 2008

OAXACA, Oax.— Aun con la “traición” de la dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), incluido Ezequiel Rosales Carreño, que “pactaron” con el gobierno de Ulises Ruiz la realización de la Guelaguetza oficial con toda “tranquilidad”, la base magisterial y un sector de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realizarán una marcha el 21 de julio del Llano al Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Así lo anunció Orlando Sosa, integrante de la dirigencia de la APPO, quien dijo que ésta desconoce cualquier interlocución con el gobierno de Ulises Ruiz, a pesar de los intentos de la dirigencia magisterial y de algunas organizaciones de llevar al movimiento a una “entrega definitiva”.

Entre las organizaciones participantes citó al Frente Popular Revolucionario (FPR), Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), Coordinadora de Mujeres y Nueva Izquierda Oaxaqueña, ahora denominada Comuna-Oaxaca, que dirige Flavio Sosa.

El dirigente del FPR, Zenén Bravo Castellanos, dio a conocer una serie de manifestaciones para protestar contra una fiesta de “comerciantes y corruptos”. Y aseguró que no afectarán la ceremonia a realizarse en el Cerro del Fortín, este 18 de julio.

En rueda de prensa, señaló que planearon esto a raíz del consenso de los delegados asistentes a la conferencia estatal. Entre las acciones, planean bloquear las carreteras Costa, en San Gabriel Mixtepec, y Juquila-Puerto Escondido, a la altura del Vidrio, desde las 12 del día, por tiempo indefinido, para exigir la liberación de los presos políticos de esa organización y presentar con vida al dirigente indígena chatino de la costa, Lauro Juárez.

En la protesta de lo que consideran “la Guelaguetza de los ricos”, participarán con delegaciones en la Guelaguetza Popular, que se realizará en las canchas deportivas del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Emiten recomendación

Ayer, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca emitió una recomendación donde señala la probable responsabilidad “administrativa y penal” de los mandos policiacos que estuvieron al frente del Operativo Guelaguetza 2007, que dejó por lo menos 40 detenidos, entre ellos Emeterio Marino Cruz, quienes fueron sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Se manifiestan opositores a empresa minera en San Luis Potosi

San Luis Potosí, 16 Jul (Notimex).- Integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) bloquearon por varias horas la carretera de acceso al municipio de Cerro de San Pedro, en protesta por la visita del directivo de la empresa Minera San Xavier (MSX).

En su protesta, los manifestantes agredieron a la alcaldesa del municipio, Rosalba Loredo.

Los casi 30 integrantes del FAO que se oponen a la operación de la empresa minera de capital canadiense, bloquearon la carretera de acceso al municipio en protesta por la operación de dicha empresa, la cual se dedica a la extracción de oro.

Rosalba Loredo, al intentar cruzar para llegar a la cabecera municipal, fue agredida por los manifestantes, quienes le arrojaron piedras causándole daños a la unidad en la que viajaba y a una patrulla del ayuntamiento, sin que se registraran personas lesionadas.

Entre las personas que encabezaron la movilización de la FAO se encontraban Juan Carlos Ruiz Guadalajara y Ana María Alvarado, quienes se han opuesto a la operación de la empresa por los supuestos daños que podría provocar al medio ambiente.

Asimismo, advierten de daños a los inmuebles del municipio, considerado por ellos como histórico, por ser la cuna del nacimiento del estado.

En tanto, el ayuntamiento de Cerro de San Pedro informó que se presentará una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público por la agresión de la que fue víctima la alcaldesa, emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!