Comisión pro liberación de detenidos durante la marcha del 2 de Octubre de 2009 en la Ciudad de México

Durante la marcha conmemorativa del 41 aniversario de la masacre del 2 de Octubre, realizada en la Ciudad de México, fueron detenidas varias personas imputándoseles delitos y faltas administrativas diversas.

Durante el mítin se conformó una Comisión con el fin de lograr la liberación de todas ellas.

Desde el término del mítin y hasta cerca de la medianoche varias personas permanecieron fuera de las oficinas del Gobierno del Distrito Federal en espera del resultado de la gestión de la Comisión, apoyando con consignas e informando a la gente que pasaba por el lugar.

Finalmente, faltando pocos minutos para la medianoche, la Comisión rindió su informe.

Al parecer el Gobierno del Distrito Federal no cumplió.

He aquí las imágenes de esa lucha:




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Discursos finales en el mítin del 2 de Octubre en la Ciudad de México

Diálogo Nacional (Imprescindible)


Chapingo


UAM


Bachilleres



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

OSC sonorenses acusan a altos funcionarios de omitir peligros por confinamiento en Zimapán

Mediante este escrito, denunciamos a las siguientes autoridades: Rafael Elvira Quesada Secretario de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, Ing. José Luis Luege Tamargo ex Secretario de la misma dependencia, Martín Bermúdez M delegado de SEMARNAT en el Estado de Hidalgo, su antecessor y quienes resulten responsables.

Patricio Patrón Laviada Procurador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y los ex procuradores José Luis Luege Tamargo así como Eugenio Bravo Q. de la delegación de la PROFEPA en el Estado de Hidalgo, y quienes resulten responsables.

Secretario de Salud José Angel Córdova V, Jorge Felipe Islas F. Srio. De Salud del Estado de Hidalgo y quienes resulten responsables.

Al Secretario de Transportes Juan Francisco Molinar H. y a quienes resulten responsables.

De todas y cada una de ellos estamos denunciando, la omisión en el caso del confinamiento tóxico de Zimapán, Hgo., ocasionando con ello daños a la salud y medio ambiente.

De la SEMARNAT por no cumplir con su misión de conservar el medio ambiente, por no detener ni revertir la pérdida de capital natural, así como la contaminación del agua, aire y suelos afectados por este confinamiento.

De PROFEPA por no vigilar ni evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas para prevenir los daños que provocará este confinamiento tóxico.

Por no salvaguardar los intereses de la población, protegiendo en este caso los intereses de la empresa como sucedió desde que se iniciaron las denuncias populares.

Por no tener una sincera preocupación y actuación por conservar nuestro medio ambiente, como lo han demostrado en este caso anteponiendo los intereses económicos de la empresa a la conservación de nuestro medio ambiente.

Por no detener ni revertir la pérdida de capital natural así como la contaminación del agua, aire y suelo que se verán afectados por este confinamiento.

Por no procurar ni fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos naturales mediante inspecciones y vigilancia, todo lo contrario, por pretender junto a SEMARNAT, Gob. del Estado y la conformación de un supuesto consejo ciudadano para armar una burda simulación de estudios para determinar si realmente befesa representa un peligro para nuestra población, cuando se está solicitando su clausura precisamente por representar un peligro para nuestro medio ambiente.

Por no proporcionar a nuestro pueblo una justicia pronta y expedita.

De la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, por no contribuir a un desarrollo humano sostenible, no garantizando la protección a la salud de la población de Zimapán, (sin olvidar que la contaminación no tiene fronteras), que está siendo afectada por befesa, no conforme con ello se han limitado a decir que no se puede vincular a esta empresa como uno de los factores que contribuirán en la alta incidencia de enfermedades crónico degenerativas que afectan a la población de Zimapán.

Por no actuar con profesionalismo, equidad y sentido humano al ignorar a los vecinos de Zimapán, Hgo en sus denuncias, minimizando y descalificando a las personas que le han externado y sustentado sus temores.

Fundamos nuestras denuncias en los siguientes hechos:

Primero.- El pueblo de Zimapán, Hgo., mediante, juicios, protestas y argumentos inapelables logró que no se otorgara legalmente el permiso de uso de suelo a la empresa Confinamiento y tratamiento de residuos BEFESA, dedicada al confinamiento de residuos tóxicos. Después de comprobarse una serie de violaciones a nuestras leyes se logró él objetivo y con ello la cancelación de la licencia de funcionamiento de Befesa, empresa que tiene entre sus proyectos el abrir varias macro celdas más dentro de los terrenos que mañosamente rentan.

Segundo.- Posteriormente se amenaza con una serie de demandas a nuestro país por parte de la empresa que pretenden en el pago de una indemnización multimillonaria de parte de México a la empresa española contaminadora, en el marco del tratado económico México-España.

Tercero.- Con todas estas argucias pretenden cobrar desvergonzadamente al pueblo de México, una indemnización que va de 40 millones de dólares hasta 800 millones de dólares, si bien nos va.

Cuarto.-No obstante los antecedentes en material de gestión de residuos tóxicos y que esto está considerado como uno de los focos rojos en materia de contaminación en México, las autoridades siguen cometiendo los mismos errores, otorgando licencias de funcionamiento a empresas que están violando nuestras leyes y derechos humanos, provocando con ello la inconformidad de los pobladores de diferentes regiones de nuestro Estado y de la República , que se oponen a que conviertan su tierra en un basurero tóxico internacional, estas prácticas se ha convertido en un modus operandi, se otorgan los permisos, la población se inconforma , la empresa demanda y nuestro país paga millones de dólares a estas empresas contaminadoras, desviando recursos que deben de ir a educación, salud, aplicación de la justicia.

Quinto.- La incidencia de cáncer en Zimapán, se ha incrementado terriblemente, sin que se tengan los recursos económicos suficientes para detener este tipo de enfermedades y cualquier enfermedad crónico degenerativa, las autoridades de salud han negado sistemáticamente que el Nuevo confinamiento, en un afán de proteger a la empresa y a las autoridades involucradas, pueda incrementar estos padecimientos, cuando la historia de cualquier lugar donde se encuentran este tipo de “negocios” así lo ha demostrado, son cancerígenos.

Sexto.- El daño al agua, al suelo y al aire es invaluable, lo estamos resintiendo cada vez más con familiares y amigos atacados por las enfermedades producidas por estos y otro tipo de tóxicos que existen en nuestra comunidad como lo han demostrado investigadores de diferentes universidades del país e internacionales, altos niveles de plomo, cadmio, vanadio, arsénico y mercurio, inhalamos, tragamos, absorbemos diariamente, sin que haya monitores especiales que nos permitan llevar un control de la contaminación atmosférica, aunque las autoridades declaren lo contrario, no conformes con esto pretenden traer mas contaminación.

Décimo.-Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos se investigue, la actuación de las autoridades involucradas en este caso de corrupción, omisión, y reincidencia, según los Artículos 46 y 47de la Ley Federal de Responsabilidades del Servidor Público.

Queda ampliamente de manifiesto que las autoridades tanto de SEMARNAT, José Luis Luege Tamargo, y Rafael Elvira Quesada, y el delegados de Hidalgo Martín Bermúdez M., los de PROFEPA José Luis Luege Tamargo, Ignacio Loyola Vera, y Patricio Patrón Laviada, así como el delegado de Hidalgo Eugenio Bravo Q., y no han cumplido con su obligación, han sido omisos en el cumplimiento de su deber al no actuar conforme lo que ordena dicha Ley, así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ordena cuidar y proteger al medio ambiente.

De igual manera las autoridades de salud, en este caso el Secretario de Salud, José Ángel Córdova V, así como el Secretario de Salud del Estado de Hidalgo Jorge Felipe Islas F., y todos aquellos que resulten responsables, por no hacer lo que corresponde a sus obligaciones, ni siquiera han intentado tener un marco de referencia para ver en que condiciones se encuentra actualmente la salud de la población de Zimapán, no existe el mínimo interés que como autoridades sanitarias y deberían de mostrar.

De igual forma queremos denunciar públicamente el contubernio que ha existido entre la Secretaría de Transportes y las empresas transportistas, las empresas generadoras de residuos tóxicos así como las empresas dedicadas al negocio de la basura tóxica; de igual forma a los gobernadores de los estados así como a las autoridades competentes por permitir de manera totalmente irregular y violando todas las normas de protección a la salud y medio ambiente, que por sus territorios transiten impunemente las cargas de tóxicos, no solo nacionales sino los que ingresan de contrabando “legal” a nuestro territorio, habrá que investigar aduanas y las policías de caminos.

La historia de los tóxicos en nuestro país, así como de todos los países subdesarrollados está íntimamente ligado a una historia de corrupción donde todos fingen ignorar la verdad, desde las autoridades de menor nivel, hasta los organismos internacionales que se supone deben cuidar que los tratados internacionales de lleven a cabo dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y leyes de los países que los signan.

¿Y el calentamiento global, La desertificación, la contaminación del agua, y todos aquellos con que se les llena la boca en los discursos a los gobernantes del mundo?, ¿donde terminan estos cuestionamientos?

Obviamente donde se afectan los intereses empresariales.

Por todo lo anteriormente expuesto exigimos a las autoridades coludidas así como a la Presidencia de Felipe Calderón H., al Srío. de Gobernación Fernando Gómez Mont. Que actúen en consecuencia, ya que su discurso lo basan en el cumplimiento de la ley, para que este discurso se cumpla, tienen que dejar de defender al empresariado y velar realmente por el bienestar del pueblo de México.

De igual forma exigimos a los organismos internacionales que cumplan con el espíritu que les dió vida, y dejen de justificar su presencia solo con reuniones, verdaderas fiestas internacionales que cuestan mucho, mucho más que dinero a la comunidad mundial que los mantiene, y dejen de permitir estos verdaderos fraudes empresariales y gubernamentales que tato afectan a los pueblos pobres.

Rosa María O´Leary F.
Lilly Baldenegro D.
Ciudadanos por el Cambio Democrático.
ONGs. No Alineadas del Estado de Sonora.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Fustiga CILAS intromisión de Lozano en el SME

Inadmisible intervención del secretario Lozano en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, señala el Centro de Información Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), el cual llama a la unidad y consolidación del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

Mientras en todo el mundo se celebra este 7 de octubre el Día Internacional de Trabajo Decente, en México la administración calderonista refuerza su política económica de defensa patronal haciendo pagar a las y los trabajadores los costos de la crisis, a través de reducción en salarios, prestaciones y derechos laborales, e incrementa el desempleo de manera dramática, lo que agudiza la miseria de millones. De manera particular atenta contra la libertad sindical, como lo hace ahora con el Sindicatos Mexicanos de Electricistas. En esta materia, el gobierno federal está reprobado.

A pesar del discurso oficial, cada vez más cínico y prepotente, en México no existe el trabajo decente. Una reciente evaluación realizada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que el índice de respeto al trabajo decente es de apenas 0.32 (1.0 sería el nivel máximo), lo cual evidencia que los derechos de las y los trabajadores son lo que menos importa a las autoridades federales.

De acuerdo con el concepto definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y adoptado internacionalmente, el trabajo decente es un trabajo productivo para hombres y mujeres en condición de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Implica oportunidades de trabajo con un ingreso justo, proporciona seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las y los trabajadores y sus familias.

Ofrece, además, perspectivas para el desarrollo personal y favorece la integración social; da a las personas libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones que inciden en sus vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para todas y todos.

Evidentemente, en México esas premisas no son cumplidas, primero porque no se garantiza el empleo: en el último año no solamente no se crearon los empleos necesarios sino que más de un millón de personas perdieron su trabajo. La tasa de empleo creció 50 por ciento y se ubica en 7.35 por ciento. Además, el gobierno mexicano ha promovido sólo empleos precarios. No se trata solamente de hacerle pensar a la opinión pública que se cumple creando miles de empleos sino de generar empleos dignos, con todos los derechos que les otorga la Constitución y no con la modalidad cada vez más extendida de la tercerización, que genera trabajadores semi esclavos, sin prestaciones y con contratos que van de una semana a los tres meses solamente.

Si tenemos en cuenta que el universo de trabajadores tercerizados o subcontratados se encuentra por debajo de las condiciones laborales de quienes son contratados directamente, la situación se agrava dada la progresión exponencial de este tipo de contratación ¬—más de 40 por ciento de los nuevos puestos en los últimos 15 años—, puesto que con este fenómeno se promueve una marginalización galopante de los trabajadores mexicanos.

En el caso de México es flagrante la violación a la libertad sindical establecida tanto en al Constitución Política como en el Convenio 87 de la OIT. La “sindicalización” forzada, la represión, la existencia de bandas de golpeadores y pistoleros “sindicales”, la vulneración de la autonomía de los sindicatos auténticos por la intromisión abierta del estado, la arbitrariedad de las autoridades laborales para el registro de sindicatos o reconocimiento de sus direcciones electas, la expansión de sindicatos y contratos de protección patronal, la expansión abusiva del outsourcing vulneran sistemáticamente los derechos laborales y sindicales de millones de trabajadores mexicanos, quienes deben atravesar un verdadero viacrucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen.

A las viejas prácticas se ha sumado en los últimos tiempos algo todavía más perverso: los sindicatos y contratos de protección patronal. Se trata de un negocio entre verdaderas mafias y empresas, incluyendo trasnacionales, que pactan “contratos” con “sindicatos” fantasmas con el desconocimiento absoluto de los trabajadores sobre su existencia y de sus supuestos dirigentes.

Es risible que México sea parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT cuando es evidente su política de intromisión en la vida de las organizaciones. Un ejemplo de ello es la negativa de la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a quien se le ha atacado sistemáticamente para desaparecerlo. En su doble moral, el secretario Javier Lozano otorga este trámite por adelantado a sindicatos corporativos aliados, como el de petroleros y a los democráticos se les niega arbitrariamente.

El SME se ha distinguido durante décadas como una organización democrática y combativa; defensora irrestricta de los derechos de sus afiliados, pese a las campañas gubernamentales y patronales que los quieren hacer aparecer como “privilegiados”, sólo para provocar animadversión entre la opinión pública y poder destruir su sindicato.

Es vergonzoso que el secretario Javier Lozano, quien constitucionalmente es el funcionario obligado a defender los derechos de los trabajadores, sea el primero en atacarlos y declarar con desvergüenza que “le tiene sin cuidado el juicio político”, a que se le quiere someter por sus arbitrariedades. No es novedad que este siniestro personaje se comporte así, su labor ha sido la de golpear cotidianamente al sindicalismo.

Para enfrentar la impunidad de los patrones y autoridades laborales, más de 30 organizaciones y sindicatos mexicanos y del extranjero han decidido organizar el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, una instancia civil de peso internacional y de indiscutible calidad moral que juzgue y resuelva sobre este grave problema y que tendrá una primera sesión del 26 al 28 de octubre de 2009 en la Ciudad de México (en la Antigua Escuela de Jurisprudencia) y una sesión resolutiva a fines de abril de 2010.

La jornada mundial en favor del trabajo decente debe convertirse en un llamado de unidad y lucha para los trabajadores mexicanos y sus organizaciones; de reflexión en estrategias que conduzcan a enfrentar la ofensiva patronal contenida en la llamada “Reforma Lozano”, que pretende legalizar el trabajo precario, el robo de derechos a los trabajadores; instamos a frenar las políticas de la derecha en el gobierno que seguirá buscando inversión extranjera y competitividad a costa del sacrificio del nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

Hacemos también un llamado a todos los sindicatos y organizaciones auténticas y democráticas a solidarizarse activamente con el Sindicato Mexicano de Electricistas ante el criminal embate del gobierno federal para avasallarlo.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Palabras del Embajador de Cuba en México Manuel Aguilera de la Paz durante el acto de Presentación del Informe de Cuba contra el Bloqueo.

Por decimoctava ocasión consecutiva, el miércoles 28 de octubre de 2009, el gobierno cubano presentará a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

Como se recordará, el pasado año 185 Estados miembros votaron a favor de esta resolución, lo que constituye una muestra casi unánime del rechazo de la comunidad internacional a la política genocida del gobierno norteamericano contra Cuba y a la aplicación de leyes extraterritoriales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.

La ofensiva mediática y diplomática desplegada por el gobierno de Estados Unidos, podría inducir erróneamente a la creencia de que ha comenzado a desmontarse el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad.

A pesar de las expectativas de la comunidad internacional, la llegada al poder de una nueva Administración norteamericana no ha significado un cambio en la aplicación del bloqueo, que hasta diciembre de 2008 había causado un daño económico directo al pueblo cubano, calculado de modo muy conservador, superior a los 96 mil millones de dólares, que ascendería a 236 mil 221 millones de dólares, si el cálculo fuera realizado a los precios actuales del dólar norteamericano.

Las regulaciones publicadas el pasado 3 de septiembre están estrictamente ceñidas a cumplir algunas de las promesas de campaña realizadas por el Presidente norteamericano, y no a modificar el marco jurídico sobre el cual se asienta la política de bloqueo y su continuada aplicación. Según lo anunciado, el gobierno norteamericano eliminará las restricciones impuestas por el régimen de Bush a las
visitas y remesas de los cubanos residentes en los Estados Unidos a sus familiares en Cuba. Asimismo, se autorizará a empresas estadounidenses a realizar determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba, lo cual sigue sujeto a que se modifiquen
otros lineamientos restrictivos que impiden su real aplicación. Aunque dichas medidas constituyen un paso positivo, son extremadamente insuficientes y limitadas.
Continúa en pie y en plena aplicación el complejo entramado de leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales de la política del bloqueo, las que están dirigidas a la destrucción de la economía cubana, y no existen razones para pensar que la Administración tiene la voluntad de flexibilizarlo.

Un ejemplo claro de ello es la decisión adoptada por el Presidente Obama, el 14 de septiembre pasado, de prorrogar la aplicación contra Cuba de la Ley de Comercio con el Enemigo, aplicable sólo en casos de guerra o emergencia nacional, y sobre la cual se basan las primeras regulaciones del bloqueo contra Cuba de 1962.

El informe presentado este año por Cuba al Secretario General sobre el cumplimiento de la resolución 63/7 de la Asamblea General de la ONU (puede leerse en el sitio web
www.cubavsbloqueo.cu/Informe2009/index.html), revela numerosas acciones realizadas en el último año por autoridades de EE.UU. para multar, confiscar y entorpecer transacciones cubanas y de terceros países hacia Cuba, aportando suficientes argumentos y ejemplos que demuestran cómo el bloqueo continúa aplicándose con todo rigor y sigue siendo el principal obstáculo al desarrollo económico y social de
nuestro país, así como para su recuperación tras el paso de los devastadores huracanes que lo azotaron en el 2008.

El Presidente de los Estados Unidos, pese a la existencia de leyes como la Helms-Burton, conserva amplias facultades ejecutivas, como las licencias, mediante las cuales podría modificar la aplicación del bloqueo, si tuviera una verdadera voluntad de cambio. Por ejemplo, podría autorizar la exportación de bienes y servicios cubanos a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Cuba; podría permitir a Cuba
adquirir en cualquier parte del mundo productos que contengan más de un 10% de componentes o tecnología de los Estados Unidos, con independencia de su marca u origen; podría abstenerse de perseguir, congelar y confiscar las transferencias de terceros países en dólares estadounidenses y otras monedas, dirigidas a entidades y nacionales cubanos; podría suspender la prohibición a embarcaciones de terceros países de atracar en puertos de los Estados Unidos hasta 180 días después de haber tocado un puerto cubano; podría también suspender la persecución a las empresas y entidades financieras que comercian y operan con Cuba; y podría permitir a los ciudadanos estadounidenses, mediante licencias, viajar a Cuba, único país del mundo que se les prohíbe visitar.

La permanencia de esta política continúa siendo una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Viola también el Derecho Internacional, porque es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a las normas del sistema internacional de comercio y la libertad de
navegación. En su esencia y sus propósitos, continúa siendo un acto de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un estado soberano.

Considerando hechos precedentes, no podría descartarse que, en vísperas de la votación sobre el bloqueo contra Cuba, el gobierno norteamericano anuncie medidas adicionales que, sin desmontar ningún elemento esencial del bloqueo, persigan el fin de confundir a los Estados miembros y a la opinión pública internacional.

El hecho cierto e indiscutible es que la administración Obama permanece sin atender el reclamo abrumador de la comunidad internacional, expresado en la Asamblea General de Naciones Unidas año tras año, para que se ponga fin al bloqueo contra Cuba y este
permanece intacto. Por ello, la solidaridad continúa siendo imprescindible en esta lucha contra la agresión económica, que se mantiene ya por más de cinco décadas.

Pese a todo, la Revolución cubana celebra victoriosa y segura su 50 aniversario.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Desplegado SME

A las organizaciones sindicales y sociales,

A la opinión pública,

Al pueblo de México:

Después de conocer la determinación absurda e inconstitucional de Javier Lozano Alarcón Secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y frente a esta brutal intromisión del gobierno federal en los asuntos internos de nuestra Organización Sindical.

1.- La Comisión de Trabajo, organismo representativo del Sindicato Mexicano de Electricistas hace del conocimiento del conjunto de la sociedad, su rechazo enérgico y categórico, a la decisión arbitraria de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de negar la Constancia de la Toma de Nota de nuestro Medio Comité Central legítimamente electo, encabezado por nuestro Secretario General el C. Martín Esparza Flores.

2.- La Comisión de Trabajo, en el marco del respeto y ejercicio de nuestra norma estatutaria, sostiene los Acuerdos de la Asambleas del 3 y 6 de julio del presente año, así como la validez de la Asamblea General de Toma de Posesión del 14 del mismo mes, donde asumió el cargo de Secretario General el C. Martín Esparza Flores para el periodo 2009-2011, por lo que él es, nuestro legitimo Secretario General.

3.- La negativa a otorgar la Constancia de la Toma de Nota por parte de de la STyPS, es un acto plenamente autoritario, despótico y represivo que vulnera nuestra Autonomía Sindical y pretende dejar en la indefensión jurídica y económica a nuestra Organización. El fin último de Lozano Alarcón es acabar con 94 años de lucha proletaria.

4.- El Sindicato Mexicano de Electricistas hará uso de todos los recursos legales a su alcance para detener este gravísimo atentado en contra nuestra, y de la clase trabajadora mexicana, y así dejar sin efecto, esta medida anti obrera de Lozano Alarcón. En tal sentido, recurriremos al Amparo ante los tribunales correspondientes, para derrotar a la mano belicosa que emitió esta resolución contraria a los intereses del SME.

5.- Asimismo acordamos, en pleno uso de nuestras Libertades Constitucionales,
movilizarnos en repudio a estos intentos de destrucción de nuestra legendaria Organización Sindical. Por lo tanto, a partir de este momento, nuestro Sindicato se declara en estado de emergencia y entra un una nueva etapa de resistencia fin de garantizar la existencia de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, de nuestro Sindicato y de nuestra empresa pública Luz y Fuerza del Centro, Propiedad Social y Colectiva de todos los mexicanos.

En tal sentido, acordamos:

Realización de mítines informativos en todos nuestros centros de trabajo.

Colocación de mantas y pancartas de rechazo a esta resolución anti obrera.

Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de hoy, 6 de octubre.

Realización de una Marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos a partir de las 17 horas del jueves 8 de octubre.

Iniciar una intensa campaña de información, a través de brigadeos y campamentos.

Convocar a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas, a la conformación de un gran Frente Popular de Resistencia y Alternativa al Neoliberalismo, que unifique en una sola, a todas las luchas de los trabajadores y el pueblo, contra sus enemigos de clase.

¡¡¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!!!

¡¡¡No pasaran!!!

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 5 de octubre de 2009

COMITÉ CENTRAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS

SUBCOMITÉS DIVISIONALES Y COMISIÓN DE TRABAJO


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!