Dialoga Gómez Mont con intermediadores del EPR.

El subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, estableció que "no nos tiembla la mano para buscar a los responsables, sean del orden público o sean del orden privado".

Notimex / La Jornada On Line

México. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con la comisión de intermediación entre el EPR y el gobierno federal, a fin de entablar mecanismos y encontrar "la verdad de los hechos" en torno a los dos eperristas "desaparecidos".

El subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, junto con los integrantes de la comisión de intermediación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ofreció una rueda de prensa al término de la reunión realizada en la dependencia, ubicada en Bucareli.

"Estamos en este diálogo para encontrar la verdad de los hechos de los dos desaparecidos -Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez-; en este momento la SG por ningún motivo puede admitir que es una desaparición forzada", precisó el funcionario.

González Uyeda estableció que "no nos tiembla la mano para buscar a los responsables, sean del orden público o sean del orden privado".

Señaló que lo más importante en este diálogo es fortalecer todas las líneas de investigación, tanto jurídicas como políticas que nos permitan dar con la verdad".

"El compromiso de la SG y del propio presidente de la República es que no se van a tolerar y no habrá crímenes de Estado que no reciban la sanción correspondiente", subrayó.

Esta administración respeta y fortalece y fomenta la democracia, "estamos con los valores de la República ante cualquier situación", agregó, y dejó en claro que "por convicción y obligación el gobierno federal estará siempre en la búsqueda de la verdad".

"El gobierno federal no tiene absolutamente nada que ocultar en este caso, estamos plenamente convencidos de que las dependencias del gobierno de la República, actúan con rectitud, apegadas a derecho", afirmó.

Por parte de la comisión, Carlos Montemayor, detalló la importancia de ampliar el diálogo, y adelantó que habrá mesas de trabajo la próxima semana con representantes de la Sedena, Cisen y PGR; en este sentido, hizo votos para que estas reuniones sean ágiles y concretas.

Además, precisó que es la tercera ocasión en que el gobierno mexicano acepta una mediación, por lo que consideró que este encuentro es una oportunidad de diálogo político.

Por su parte, Miguel Angel Granados Chapa consideró que esta reunión es una buena señal, "un ejercicio de honor" para Gómez Mont.

Los integrantes de la Comisión que participaron en esta ocasión son: Carlos Montemayor, Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz García, Miguel Angel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

La intención del gobierno (guerrerense) es desaparecer la agrupación social, señala Máximo Mojica.

Impiden a los acusados de secuestro que se comuniquen desde la cárcel de Tecpan

Claman por la solidaridad de ONG los detenidos de Tierra y Libertad

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (La Jornada Guerrero)

Tecpan, 4 de febrero. Desde la cárcel en la que enfrenta un proceso penal por secuestro y homicidio, Máximo Mojica Delgado, dirigente de la agrupación Tierra y Libertad, llamó a las organizaciones sociales del estado a que protesten por el afán del gobierno estatal por involucrar a las organizaciones y sus líderes con la delincuencia organizada.

Remarcó que es necesario que las organizaciones sociales se unan y protesten contra de casos como el suyo, “yo tengo el temor de que Tierra y Libertad desaparezca, pues esa es la intención del gobierno al hacernos esto, por eso debemos estar unidos y no permitir que callen la voz de la lucha social en Guerrero”.

El acusado y su esposa. María de los Angeles Hernández Flores, asomaron sus rostros por una pequeña ventana con barrotes de acero. Narraron la forma en que después de que los ministeriales que los custodiaban les informaron que serían liberados, fueron trasladados a al penal de esta ciudad.

Relató que les presentaron un oficio, “que más bien parecía la copia de un fax, y nos dijeron que lo leyéramos, que ahí se indicaba que quedaríamos libres, y que nos dejarían en Atoyac; eso fue como a la una de la tarde, por lo que esperamos un buen rato”, y cuando salieron de la casa donde los tenían arraigados “nos estaban esperando con una orden de aprehensión y nos trasladaron aquí, sin pasar por el Ministerio Público”.

Indicó que luego de que los arraigaron ya no sufrieron más torturas físicas, “de ahí para acá ya no”,

Su situación a veces les resulta inexplicable: “¿por qué?, es la pregunta que nos repetimos constantemente, pues no tenemos antecedentes, no cometimos ningún delito y (de) las cosas que nos achacan desconocemos sinceramente el motivo; por los golpes que nos dieron firmamos papeles que dicen cosas que nosotros no hicimos”.

Acusó que “si de algo estamos seguros es que todo esto que se armó en contra nuestra es porque somos parte de una organización de lucha social; esas piedras en el zapato del gobierno molestan mucho, no les gusta que les señalen sus errores, que comúnmente son contra los más pobres”.

A pocos días de ingresar al penal Máximo sonríe y dice que aún están en proceso de adaptación, que han sido tratados bien, sin golpes, sin maltratos –cosas comunes en su detención–, pero interrumpe su esposa y denuncia que “no podemos hablar por teléfono, ya que a pesar de que aquí venden las fichas, cuando nos detuvieron nos quitaron el dinero y no tenemos para compararlas y poder hablar”.

Apenas terminó la frase, un custodio dijo que la visita había terminado.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Guerrero: A Javier Córdoba también lo torturaron para culpar a Mojica, denuncia el CCTI.

Fue arrestado antes que el profesor cetegista y coacusados

CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)

En el caso de los integrantes de la organización Tierra Libertad, Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma, se reveló que hay otro detenido más, Javier Córdoba Ruiz, a quien también torturaron para culparse y señalar a Máximo Mojica como responsable del secuestro de la maestra Adriana de Jesús Arteaga Arzate.

En entrevista, el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz, informó que ayer, cuando acudió al careo que se haría entre Mojica, Hernández y Nazario, se enteraron que días antes de que detuvieran al maestro y a los dos coacusados los ministeriales habían arrestado a Javier Córdoba Ruiz

“A él lo detuvieron primero que a todos y lo arraigaron en Tecpan; la policía dice que lo detuvo en Tecpan, pero él dice que lo detuvieron en Teloloapan. Ete caso es nuevo, nosotros no sabíamos que había otro, pero al llegar allá nos encontramos con que ya había otro preso”, indicó.

Martínez Cruz detalló que a Javier Córdoba también se le acusa del secuestro de la maestra; incluso, en una plática que tuvo con él y los abogados, Javier Córdoba denunció que los ministeriales los torturaron, los golpearon en el cuerpo y cara para que se culpara del secuestro y culpara a los miembros de Tierra y Libertad. Martínez Cruz agregó que el CCTI va a tomar su caso.

“Hay todas las evidencias de que su declaración también fue sacada por tortura; de hecho, el ya tiene auto de formal prisión, (está) indefenso y sin nada de abogados y todo golpeado”. A Córdoba lo carearon “con otro muchacho que soltaron, de nombre Efigenio Gervasio Bello, y en ese careo ambos dijeron no conocerse porque en realidad no se conocen”.

Posponen careo

Por otra parte, Martínez Cruz señaló que este miércoles estaba programado el careo entre Máximo Mojica, María de los Angeles Hernández y Santiago Nazario, pero se reprogramó para mañana porque hacía falta un abogado del CCTI.

“El careo iba a ser entre ellos, pero tenían que estar tres abogados y nada más estaban dos, entonces mañana vamos a regresar con otro abogado, para hacer el careo, de lo contrario, iba a ser contraproducente para el maestro y las otras dos personas”, explicó.

Agregó que hoy a partir de las 10 de la mañana se va a comenzar con la ampliación de la declaración de los acusados, se pedirá que se haga un interrogatorio a la maestra agraviada, además de que se citará a declarar a los ministeriales que detuvieron a Mojica, Hernández y Nazario.

Martínez Cruz destacó que los abogados que asistirán hoy será Delfino Gálvez de Jesús, probablemente la ex diputada local perredista Adela Román Ocampo y él, pues está autorizado para asistir en el caso.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

AMLO recupera terreno político: NYT

Con la crisis económica su mensaje está resonando en amplios sectores, asegura el diario

De la corresponsalía (La Jornada)

Por la crisis que ha contagiado ahora a México, Andrés Manuel López Obrador está recuperando terreno político con su mensaje crítico de la política económica, y la pregunta ahora es si con ello podrá rehacer y ampliar la coalición política que casi lo llevó a conquistar la Presidencia, reportó ayer The New York Times.

Hace sólo dos años, López Obrador era la principal fuerza en la polarizada política de México, pero el año pasado empezó a opacarse su estrella en el ámbito político. Con la recesión económica su mensaje está resonando de nuevo en amplios sectores del público, indica el Times.

El periódico más importante de Estados Unidos detalló la campaña del tabasqueño para reducir precios e impuestos al consumidor y otorgar mayor asistencia a los pobres, y citó a varios mexicanos de a pie que expresaban simpatía con el mensaje.

El rotativo informa que el mitin de la semana pasada en el Zócalo capitalino fue “significativamente más grande” que los anteriores en los meses recientes.

“No es tan importante si López Obrador es o no el presidente. Lo importante es que cambien las cosas”, afirmó Víctor Baltazar, quien viajó a ese mitin desde Guadalajara y fue entrevistado por el Times.

El diario señaló que las relaciones de López Obrador con el PRD son conflictivas, e informa de la disputa por la dirección del partido. A la vez, señala que analistas políticos en México consideran que el tabasqueño necesita de la estructura y recursos de un partido grande, pero a la vez el sol azteca no puede descartar a su “político más carismático”.

“Ninguno de los líderes actuales del partido tiene una estatura comparable a la suya… como un potencial contendiente presidencial”, reporta el Times.

La corresponsal Elizabeth Malkin comenta que las ambiciones de López Obrador aún no son claras. “Él llama movimiento social a su nueva campaña, y claramente su intención es ser una fuerza con que se tendrá que tratar”.

“Andrés Manuel López Obrador aún no está muerto”, afirma la corresponsal.


He aquí el texto original:

Economic Decline Lifts the Prospects of a Vocal Populist
By ELISABETH MALKIN
Published: February 3, 2009


Andrés Manuel López Obrador, a former presidential candidate, attracted thousands of supporters to a Mexico City rally Jan. 25.

MEXICO CITY — As the year began, the dominant political figure of Mexico’s left appeared to be heading swiftly toward irrelevance.

But Andrés Manuel López Obrador is not dead yet.

Only two years ago, Amlo, as he is known, was the driving force in Mexico’s polarized politics. After he narrowly lost the presidency and led months of street protests charging that it had been stolen from him, politics boiled down to one issue: who was for him and who was against.

Last year, his hold on public attention began to falter. The public, the news media and many of his supporters had simply moved on, letting the turmoil of the 2006 election fade into history.

But there are signs that the efforts of Mr. López Obrador, a former Mexico City mayor, to revive his political career may be gaining traction, as a deepening recession creates opportunities for his brand of economic populism. The question now is whether he can capitalize on that momentum to remake and expand the coalition that brought him to within a hair’s breadth of the presidency.

At a rally last week in Mexico City’s immense central square, the Zócalo, Mr. López Obrador, 55, drew tens of thousands of supporters. Though the crowd paled beside the hundreds of thousands who attended his rallies at the peak of the 2006 presidential campaign, it was significantly larger than that at any of his rallies in the previous year.

Unlike his campaign events, it was conducted without the benefit of his party’s machinery, which used to truck in supporters from around the country, demonstrating a substantial base of hard-core support.

Saying that the economy will only get worse, Mr. López Obrador announced a campaign to press the government to cut wasteful spending, lower consumer prices and taxes, and do more for the poor.

“Our movement must continue demanding a change in economic policy, which has demonstrated its failure,” he said. “The model must be changed. You cannot put new wine in old bottles.”

The words clearly resonated with his poor and working-class base.

“We think he really can change things, so that people have the right to decide,” said Aide Florentino, 27, a member of a small garment cooperative in the rural southern part of Mexico City.

“It’s not important if López Obrador is the president,” said Víctor Baltasar, 49, who traveled to the rally from Guadalajara, where he is a supervisor for the city’s train system. “What’s important is that things change.”

But rising anxiety over the economy may be broadening his appeal. Despite government measures aimed at stimulating the economy and buffering households against the worst effects of the crisis, there is a widespread clamor to do more, from constituencies as varied as business groups and poor peasants and fishermen. That demand could alter the political calculus.

“Mexico is fundamentally a conservative country,” said Federico Estévez, a political analyst at the Autonomous Technological Institute of Mexico. “But in 2009, the cards are different.”
Referring to the left, he said, “I think they’re holding a wild card or a couple of aces.”

With the next presidential election three years off, Mr. López Obrador’s precise ambitions are unclear. He calls his new campaign a social movement and clearly aims to be a force to be reckoned with.

But his relationship with his own party remains fraught. Last year he lost a battle with a rival faction over the presidency of the party, the Party of the Democratic Revolution, or P.R.D., and he no longer holds any official position in the party or in government.

The low point came last fall, when most of the senators from his party broke with him to approve an important energy bill, as his supporters scuffled with police officers in an attempt to block the vote.

To many who had backed his presidential bid, Mr. López Obrador’s street-brawling political style had become a liability.

His campaign to overturn the results of the 2006 election, which he lost by only six-tenths of 1 percent of the total vote to Felipe Calderón, consisted of mass rallies and a tent city that shut major avenues in the capital for weeks. Refusing to concede, even after the country’s highest electoral court ruled in favor of Mr. Calderón, he held a grand public ceremony in which he had himself sworn in as the “legitimate president” of Mexico, a title he continues to claim.

Such antics have damaged the party’s reputation, officials say. Jesús Ortega, the party president, who defeated Mr. López Obrador’s choice for the post, said the party’s polling showed that two-thirds of Mexicans identified the P.R.D. as disruptive.

Moreover, the polls put the party in third place for midterm elections in July, when voters will elect all 500 members of Mexico’s lower house, the Chamber of Deputies. The party is currently projected to win 18 percent of the vote, half its showing in 2006.

While Mr. López Obrador’s popularity catapulted it in 2006 from the third largest to the second largest party in Congress, the party now stands to lose many of the seats it picked up then.

Mr. Ortega, while shying away from blaming Mr. López Obrador for the decline of the party, made it clear that he wanted to remake its image into that of a party closer to social democratic governing parties in Chile and Brazil, and that street blockades were not in the plans.

“Protests against injustice should not affect citizens’ rights,” Mr. Ortega said. “We have to learn to fight within the limits of the law.”

The party has begun running gauzy television spots asking voters for their forgiveness and declaring its willingness to work with other parties, a pointed contrast with Mr. López Obrador’s campaign of permanent harassment.

Publicly at least, Mr. López Obrador and his party say they have worked through their differences. Analysts say neither one can afford a split. “If the left as a whole doesn’t recoup before the elections on the basis of economic issues alone,” Mr. Estévez said, “then they really have no chance of ever ruling.”

Mr. López Obrador needs the structure and resources a large party provides, analysts said. And the party cannot jettison its most charismatic politician.

“The P.R.D. realizes they can’t give him up,” said Daniel M. Lund, a pollster who has done work for Mr. López Obrador, but not since 2004. “If the P.R.D. breaks with López Obrador, they will go to single digits.”

Where that leaves Mr. López Obrador’s movement is uncertain. Although 2012 is a long way off, none of the party’s current leaders have anywhere near his larger-than-life stature as a potential presidential contender.

What is evident is that while talk of a comeback may be premature, so was writing him off.

“He’s a charismatic, intuitive politician,” said Joy Langston, an analyst with the CIDE, a Mexico City research institution. “He not only knows how to win over the masses but also to govern in a way that continues his popularity. Amlo will never be completely finished.”


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En el caso Atenco la Corte debe precisar que hubo tortura y violación sexual: ONG.

Reconocen que dictamen de ministro ponente es un avance, pero falta señalar responsables

Víctor Ballinas (La Jornada)

El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Todos los Derechos para Todos consideraron que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño “es un avance para hacer justicia en el caso Atenco”, pero es necesario que en el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quede claro y preciso que hubo “tortura y violaciones sexuales de mujeres”.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que el reconocimiento de que hubo violaciones graves a los derechos humanos debe ser motivo suficiente para que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, lleven a cabo las investigaciones que hasta hoy, después de dos años de ocurridos los hechos, se han negado a realizar.

Por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad en México, Javier Enríquez destacó que es necesario que en el dictamen que se discuta sobre las graves violaciones a los derechos humanos registradas en Atenco se precise y quede estipulado que “hubo tortura, incluso sexual y sicológica, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y no sólo abuso de autoridad”.

Por el Centro Pro, su director, Luis Arriaga, resaltó que aunque el dictamen del ministro Gudiño Pelayo habla de “abusos, tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la fuerza, violaciones y tortura, se requiere que en el debate y en el dictamen final se establezca que como violación grave ocurrió tortura contra las mujeres y violaciones sexuales”.

El Centro Pro resaltó en un documento publicado ayer que “con los datos que fueron entregados a la Corte en 2008, se puede establecer con precisión qué integrantes y mandos policiales torturaron física y moralmente a las personas detenidas, incumpliendo con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.

“Producto de tales abusos, en los hechos hubo violaciones graves de garantías, y entre los funcionarios públicos que ejecutaron funciones operativas y de mando, y que están relacionados con los hechos, en los documentos que se entregaron a la Corte se señala a Eduardo Medina Mora, actual titular de la PGR; Miguel Ángel Yunes, actual director del ISSSTE; el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; Wilfrido Robledo, y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, del gobierno municipal de Texcoco y elementos de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno”.

Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura, organización que junto con el Centro Pro lleva la defensa de 11 de las 26 mujeres violadas, y cuyos casos los ha llevado a la jurisdicción internacional, destaca que “en ese dictamen que se discutirá es necesario que se precise la responsabilidad del ex presidente Vicente Fox, y para que haya justicia, que es la demanda central de las mujeres violadas y todos los afectados en Atenco, se requiere subrayar como elemento fundamental que hubo tortura”.

Coinciden las organizaciones no gubernamentales en que el dictamen es un buen inicio, un punto de partida, pero insisten también en que es necesario que se complemente y que en el debate se detalle no sólo los abusos y violaciones graves, sino que se establezcan las responsabilidades o los probables responsables, para que las instituciones de procuración y administración de justicia puedan investigar, lo que hasta ahora no han hecho.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Informe a la SCJN asegura que no cuentan con facultad para definir responsabilidades

Remarca que hacen falta protocolos para el uso de la fuerza pública

Jesús Aranda (La Jornada)

La carencia de un marco normativo (leyes, reglamentos y protocolos) “produce consecuencias negativas en la seguridad pública”, porque entorpece el avance hacia una cultura policial a la altura de una democracia y propicia “un estado de vulnerabilidad de los derechos de las personas que son objeto de acciones de policía y fuerza”, sostiene el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en su informe sobre Atenco.

En el documento acredita la violación grave de garantías individuales ocurrida en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, y añade que para considerar que una intervención de fuerza policiaca sea justificable, “debe estar precedida por acciones o medidas específicas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de sus fines”.

La fuerza es necesaria, subraya, cuando las alternativas que la excluyen no dieron resultados.

En el documento, Gudiño menciona también que el 3 de mayo por la noche se reunieron el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y sus principales colaboradores, así como el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y Miguel Ángel Yunes, quien encabezaba el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para delinear el operativo en Atenco.

Al respecto, precisa que la Corte no está facultada para establecer la responsabilidad personal de funcionarios involucrados en la violación de garantías, aunque sí plantea que la resolución que adopte el máximo tribunal sea enviada a los ejecutivos federal y mexiquense, así como a los congresos de la Unión y del estado de México para que tomen nota en cuanto a la necesidad de reglamentar el uso de la fuerza pública.

En otra parte del informe, Gudiño cuestiona al gobierno de Peña Nieto y a Medina Mora por no haber investigado ni sancionado a los responsables de violar los derechos de los manifestantes, que fueron golpeados, vejados y, en algunos casos, agredidos sexualmente.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en Atenco justifica “aún más” la aplicación de protocolos de actuación en los que se establezca que los actos de autoridad están acotados por el marco legal, “máxime que se trata de actos que en muchos de los casos, por sí mismos, restringen, así sea que la restricción sea legítima, libertades humanas”, apunta el documento.

La autoridad, se agrega en el texto, debe prevenir situaciones violentas o restrictivas de derechos que, a su vez, generan más actos violentos.

El dictamen subraya que el uso de la fuerza exige diferenciar distintos momentos para su uso:

El uso de la fuerza no puede ser igual para ejecutar una detención contra manifestaciones sociales pacíficas, contra manifestaciones políticas violentas o contra el crimen organizado. Se trata de diferencias sustanciales que impiden un tratamiento normativo y valorativo homogéneo, subraya.

Los actos de fuerza deben graduarse en función de los hechos, tal como lo han establecido diversos ordenamientos jurídicos internacionales en la materia, que son “válidamente orientadores” acerca de cómo en nuestro régimen jurídico puede, y debe, ejercerse la fuerza pública.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Dictamen de la Corte ratifica las graves violaciones a la ley cometidas en Atenco

Concluye que el uso de la fuerza pública fue desproporcionado, ineficiente e irresponsable

Jesús Aranda (La Jornada)

En San Salvador Atenco, estado de México, fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia, indica el dictamen elaborado por el ministro instructor de la corte José de Jesús Gudiño Pelayo.

Al darse a conocer ayer la versión abierta –sin datos personales o confidenciales de las víctimas, autoridades y policías que estuvieron involucrados en los hechos violentos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006–, el documento sostiene que el uso de la fuerza pública por parte de la policía del estado de México y de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue ejecutada “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, y que, por tanto, el Estado utilizó a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria.

El documento de 924 cuartillas que incluye fotografías y gráficas de los hechos, cuestiona la actuación del gobierno del estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, y de la PFP, cuyo titular era el actual procurador Eduardo Medina Mora, por no haber cumplido con su obligación de investigar las agresiones y violencia sexual en contra de los detenidos y por no haber actuado penalmente en contra de los responsables.

La actuación de las autoridades, añade, resulta negativa “pues infunde desconfianza en el Estado y temor en los cuerpos de seguridad pública”. “Desconfianza y miedo que, a su vez, es terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad, porque quien no cree en sus policías, en sus instituciones de seguridad pública, no denunciará ilícitos y, menos aún, colaborará con la autoridad para evitarlos o esclarecerlos”.

Lo cual, enfatiza, se traduce en impunidad e inseguridad que a todos nos afecta, además de que “inhibe la expresión de protesta, totalmente válida –cuando se ejerce sin violencia, en el marco de la ley– en un país que se precia de ser democrático y respetuoso de las libertades del hombre, entre ellas, la libertad de expresión”.

Gudiño señala que las agresiones perpetradas “resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país, y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en un futuro próximo”.

Los hechos, subraya, dan motivo a que se reafirme un sentir colectivo que rechaza y reprueba en términos absolutos el uso de la fuerza, “cuando lejos de ello, es no sólo una facultad que le asiste, sino a veces incluso un deber hacerlo”.

El documento destaca que si bien era justificado el uso de la fuerza para desalojar la carretera Texcoco-Lechería, la falta de protocolos en el uso de ésta y las omisiones en que incurrió la autoridad al no vigilar la actuación de los uniformados, derivaron en la violación de los derechos de las víctimas. Por ello, convocó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a reglamentar el uso de la fuerza pública para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Asimismo, advierte que “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados, en este caso por agentes del Estado, amén de que no haya sido por orden institucional, las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”, porque no se toman las medidas necesarias para que los responsables sean identificados y reprimidos.

El ministro, cuyo dictamen será discutido en sesión pública el próximo 9 de febrero, se desmarca en dos aspectos únicamente de la recomendación que emitió en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a la violación de garantías de los menores de edad que fueron trasladados a un penal para adultos y del joven que murió a consecuencia de un disparo. Gudiño señala que en cuanto a los jóvenes, éstos fueron enviados al Consejo para Menores en un tiempo razonable y que no existen, por otra parte, elementos que demuestren que el disparo provenía del arma de un policía.

Por lo demás, el dictamen concluye que en este asunto se complementaron las atribuciones que tiene la CNDH y la propia Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 3 de febrero frente a las oficinas de la SHCP.

Amigas y amigos.

Me da mucho gusto estar de nuevo en esta asamblea, encontrarnos otra vez, de acuerdo a lo que se decidió en la anterior asamblea en el Zócalo.

Muchas gracias por su asistencia, por su participación.

Tenemos que recordar siempre que nuestro movimiento tiene dos objetivos: Defender al pueblo y defender el patrimonio nacional y, al mismo tiempo, trabajar en la organización para la transformación de nuestro país.

Yo le informo que en este segundo objetivo de ir trabajando en la organización del pueblo, para renovar la vida pública, desde hace dos años, desde enero del 2007, estoy recorriendo todos los municipios del país. Trabajo en la ciudad de lunes a miércoles y de jueves a domingo los dedico a recorrer los municipios del país.

Les informo que ya llevo más de mil 900 municipios visitados, ya nada más nos faltan 110 municipios de régimen de partidos. Vamos a terminar de recorrer los dos mil 38 municipios del país de régimen de partidos a principios de marzo.

Nos van a quedar pendientes, y los vamos a recorrer este año, los más de 400 municipios indígenas, de usos y costumbres, del estado de Oaxaca, los vamos a recorrer todos.

En cada municipio se hacen asambleas informativas y podemos ir hasta el municipio más apartado, como ahora que fuimos a la sierra de Sonora, limítrofe con Chihuahua y allá hay ciudadanos, mujeres y hombres, informados e interesados, conscientes y dispuestos a participar en el movimiento de transformación.

En esas asambleas se le convoca a los que participan a que se apunten como representantes del Gobierno Legítimo de México. Ya hay dos millones 200 mil representantes del Gobierno Legítimo de México.

Tenemos una representación territorial en todos los municipios del país. Este es el trabajo que se ha venido haciendo de organización, que es fundamental. No se puede, como lo hemos dicho en otras ocasiones, enfrentar a una mafia que detenta el poder, si el pueblo no está organizado.

Por eso, tenemos que seguir adelante, en las dos vertientes. En el movimiento para la defensa del pueblo y del patrimonio nacional y la organización para la transformación del país.

Porque si hacemos una sola cosa, si nos dedicamos a cumplir solo un objetivo, si nada más nos dedicamos, como lo hacemos, a defender al pueblo y a defender le patrimonio nacional y no trabajamos en la organización para transformar la vida pública del país, pues no vamos a lograr la renovación que se necesita, porque no olvidemos que hemos escogido para transformar a México la vía pacífica, la vía electoral y eso requiere de mucha organización.

Lo mismo, si nos dedicamos nada más a organizar para la transformación y dejamos sin protección al pueblo y no defendemos el patrimonio nacional, cuando se den los cambios que se tienen que dar, porque más temprano que tarde va a triunfar este movimiento, cuando haya un verdadero gobierno del pueblo, ya no vamos a tener de qué echar mano, porque éstos son muy voraces y están decididos a seguirse quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, aunque arruinen a nuestro país.

Por eso es muy importante tener claro hacia dónde vamos, entre todos fijamos éstos objetivos, yo les diría que vamos bien, logrando poco a poco que se vaya consolidando nuestro movimiento.

El día de hoy, ustedes escucharon a los compañeros que tuvieron la responsabilidad, el encargo, de hablar sobre los asuntos fundamentales de esta asamblea.

La verdad que los tres que tomaron la palabra, Mario, el compañero Almazán y el licenciado Muñoz Ledo, lo hicieron de manera excelente, con mucha claridad.

Esto me ayuda a mí, porque ya no tengo que profundizar en cosas que los tres compañeros han dejado en claro.

Yo sólo les informo que hoy envié una carta a los congresistas, a los legisladores, tanto a diputados federales, como a senadores. Una carta que les quiero leer y luego les quiero hacer una propuesta.

La carta dice así:

Señoras y señores legisladores:

Desde hace tiempo, hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica.

Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para frenar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y la violencia.

Ustedes también ignoraron la propuesta que les hicimos el 28 de septiembre de 2008, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país para llevar a cabo un plan anticrisis.

Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.

Por esta razón y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.

En primer término, les recordamos que en las últimas dos administraciones (de 2001 a 2008), el gasto público corriente ha crecido en términos reales, 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía (20.9 %), y del crecimiento del gasto total (64 %).

Tan sólo entre 2006 y 2008, el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos, al pasar de un billón 321 mil millones a un billón 758 mil millones. Dicho de otra manera: si durante este periodo, el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habrían 233 mil millones de pesos disponibles.

Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.

Hay quienes ganan, en términos reales, hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios, se derrocha y se va por el caño de la corrupción.

Por eso, insistimos en nuestro planteamiento de reducir, de inmediato, el gasto corriente y destinar estos fondos aminorar los efectos de la crisis económica que nos afecta desde el año pasado.

De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida de ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.

De manera específica, el ahorro de 200 mil millones de pesos que proponemos, se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones, también a la mitad, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimir las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelar las pensiones millonarias a los expresidentes de México; eliminar la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras partidas.

Todo ello, acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana y ahorrando en una primera etapa 200 mil millones de pesos, se pueden tomar las siguientes medidas:

1. Apoyos al campo para la producción de alimentos

En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos, además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos, como semillas y fertilizantes, por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa.

Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos.

Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio.

Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores y la exigencia de que el gobierno espurio libere los recursos con prontitud.

2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa

Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo con el objeto de garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana.

De ahí la necesidad de tener una partida destinada a las empresas medianas y pequeñas.

3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel en beneficio de consumidores y empresas

Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos.

Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, se requieren 35 mil millones de pesos.

Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos. Uno es el aumento real en el ingreso de la gente y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello costos de crédito para el consumidor y para toda la economía.

4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados

Es urgente destinar recursos para adultos mayores, más recursos para adultos mayores, para madres solteras, para personas con discapacidad, para comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos ahora, hay dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la alimentación y el derecho a la salud y es obligación del Estados garantizarlos.

5. Derogar el IETU

No hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, al no permitirles la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por la deuda.

Para los trabajadores ha representado un aumento de la carga fiscal que les es retenida y que golpea sobre todo a la clase media. Esta acción tendría un costo de 50 mil millones de pesos, según las estimaciones de recaudación de la Secretaría de Hacienda. El año pasado recaudaron por este impuesto 46 mil millones de pesos.

En suma, el costo estimado de los programas de emergencia económica y social, que proponemos, en una primera etapa, para enfrentar la crisis es el siguiente:

PROGRAMA MONTO (mdp)

Apoyo a productores de alimentos 20,000
Crédito a empresas pequeñas y medianas 40,000
Reducción de electricidad, gasolina, gas y diesel 45,000
Bienestar social 45,000
Derogación del IETU 50,000
TOTAL 200,000
Esta cantidad sale del ahorro al reducir el gasto corriente del gobierno.

Adicionalmente, es urgente que el Congreso tome la decisión de proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, cuya pérdida asciende a 60 mil millones de pesos, mientras las administradoras financieras privadas han obtenido utilidades de 11 mil millones de pesos.

Esto es lo que estamos proponiendo.

Termina la carta así:

Señoras y señores legisladores:

Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país.

También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica.

Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo.

Tiene que renunciar Carstens porque no tiene capacidad, aprendió en la corriente, en la escuela neoliberal, algunas fórmulas, formas, para justificar el pillaje en beneficio de unos cuantos, a costa del sufrimiento de la gente.

Y todo esto ya fracasó, está demostrado que ese modelo no funciona y él no sabe de otra cosa y, como aquí lo explico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

Tiene que mandarse un mensaje claro a toda la sociedad, al pueblo, inclusive tiene que haber un mensaje de confianza a inversionistas.

La economía tiene dos principios básicos: Una ley, que es la de la oferta y la demanda, y un principio fundamental, que tiene que ver con la confianza.

¿Ustedes creen que como está la situación del país, no todo el pueblo, porque nosotros, la mayoría, ya sabemos que estos son empleados de los potentados y no les tenemos ninguna confianza, pero inclusive los propios inversionistas creen que les pueden tener confianza en el manejo de la economía, a Carstens?

Lo estamos viendo. Si no pueden detener la devaluación del peso. Hoy llegó a estar en 14.70 el peso con relación al dólar y no parece detenerse esta devaluación, si no hay un mensaje claro de confianza a los inversionistas, no vamos a lograr que haya estabilidad económica y financiera en el país.

Se van a terminar las reservas, porque diariamente le tienen que estar inyectando recursos, para supuestamente estabilizar la paridad peso-dólar y no lo han conseguido y no lo van a lograr, porque no se trata nada más de un asunto económico o financiero.

Se trata de un asunto de confianza y, como no hay un mensaje claro del gobierno usurpador, pues predomina la especulación en el mercado y en todo el país.

Por eso es indispensable la renuncia de Carstens, por el bien del país.

No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad, ya no se puede estar aplicando la política que una y otra vez ha fracasado, los llamados paradigmas de la economía, del modelo neoliberal, se hicieron añicos y se requieren planteamientos nuevos, distintos, formular nuevas políticas.

Esta es una nueva realidad y se necesita, repito, una nueva política económica y una visión diferente para enfrentar la crisis. Es decir, repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

De modo que así terminamos este escrito:

Señoras y señores legisladores.

Tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares.

Estamos viviendo momentos decisivos y el Congreso está llamado a jugar un papel fundamental, porque como aquí se dijo, no hay capacidad en el que está usurpando la Presidencia de la República, no existe capacidad, no sólo no tiene autoridad moral, sino que se ha revelado como todo un inepto y, por encima de su incapacidad e ineptitud, nosotros tenemos que cuidar el interés general, tenemos que cuidar a México, tenemos que cuidar a nuestro país.

No queremos que se desmorone nuestra Patria, queremos salvar a México. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento.

Por eso, el Congreso tiene que entrar al quite en estos momentos difíciles para la Nación y de ahí la propuesta que les quiero hacer.

Tenemos que reunirnos, como lo acordamos en el Zócalo, el próximo martes 17 de febrero, para protestar por cobros excesivos de luz. Va a haber una jornada nacional, ¿qué les parece si en el caso –y esta es la propuesta—del Distrito Federal, ese acto que tiene que ver con las tarifas altas de luz y cobros excesivos, lo hacemos para buscar la respuesta a este escrito, frente al Congreso?

Que en los estados se haga frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad o las oficinas de Luz y Fuerza y nosotros lo hacemos frente al Congreso, para ir por la respuesta a este escrito y, desde luego, también ahí vamos a tratar el tema de los cobros excesivos de luz y vamos a seguir insistiendo en la disminución de las gasolinas, del diesel, del gas y en nuestros planteamientos.

¿Cómo ven?

Yo estoy seguro que si ahora, miren cuántos somos. Somos muchos, yo estoy seguro que el día 17 va a llegar mucha más gente, van a participar más ciudadanos.

Primero, sería a la misma hora, a las cinco de la tarde. ¿Les parece?

El martes a las cinco de la tarde. Vamos a estar a esta hora, porque muchos compañeros trabajan y para que puedan acompañarnos.

¿Les parece así? ¿Nos ayudan a invitar y a decirle a la gente que ahora lo vamos a hacer frente al Congreso, porque así lo ameritan las circunstancias?

¿Estamos de acuerdo? Levantemos la mano.

Nos vamos a encontrar de nuevo el martes 17, a las cinco de la tarde, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a estar.

Voy a entregar este documento a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista, para que mañana nos ayuden a distribuirlo entre otros legisladores, aunque ya formalmente enviamos este documento a los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de diputados y de senadores y les pedimos, de manera respetuosa, hagan llegar esta carta a todos los legisladores.

De todas formas, vamos a entregar esta carta a los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que ellos entreguen este documento a todos los legisladores, diputados y senadores, porque ante el vacío de poder que hay actualmente en el país, el Congreso está llamado a jugar un papel fundamental, para enfrentar la crisis y detener este proceso de decadencia, que nos está afectando a todos y que puede agravarse, si no se actúa de inmediato.

Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Nos sentimos muy fortalecidos, todos.

¿Verdad que nos sentimos muy bien? Porque va muy bien nuestro movimiento.

Y, como decía el presidente Juárez: Vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda.

Muchas gracias.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!