Desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal y violación sexual contra integrantes del ejido Busiljá, adherente a La Otra.

Chiapas a 26 de diciembre de 2011

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.

Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de violaciones a los derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de
Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15
integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.

Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: "Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen
esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda".

Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: "En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando "¿dónde está tu papá?", me sacaron y no di declaración".

Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de
"los precisos" que mantienen un estado de "control" al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.

Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011, fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente. Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de "cosas" y le cerraban el camino.

En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes durante la agresión Manuel le decía, "no llores porque te lo mereces, eres mujer", y Benjamín "háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela".

El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.

Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales
Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.

El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso "invitando" a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija "mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización".

En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.

En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco
elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.

Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:

Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.

Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.

Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.

De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y
seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso; así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.


Antecedentes

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y
Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el ‘Día Internacional de los Desaparecidos’

El presente informe de este Centro de Derechos Humanos recoge una síntesis de lo sucedido en Chiapas en materia de derechos humanos de abril de 2010 a marzo de 2011.


Hoy México se encuentra bajo la zozobra de una violencia generalizada impulsada por los distintos poderes que gobiernan el país. A pesar de que esta situación conduce a una violación sistemática de los derechos humanos, las culturas originarias sobreviven, se reproducen y continúan generando alternativas de vida.

Uno de los objetivos de este informe consiste en dar cuenta de la situación de los derechos humanos y de los procesos de defensa y ejercicio de derechos en cuatro ámbitos, que conforman los cuatro capítulos centrales del presente documento: el derecho a la tierra-territorio, donde se abordan las reivindicaciones de las mujeres para la exigencia de sus derechos y la defensa de la Madre Tierra; las luchas y dificultades enfrentadas por los procesos autonómicos en su largo camino de conciencia; la defensa de los derechos humanos, labor que consideramos de alto riesgo; y las acciones de no olvido y de recuperación de la memoria histórica, un trabajo sigiloso desde la resistencia, donde se construyen senderos de esperanza.

Capítulo I
Mujeres en defensa de la Madre Tierra

Las mujeres organizadas han expresado la necesidad de elevar su conciencia para fortalecer procesos organizativos donde puedan ejercer nuevas estrategias de defensa. Como mujeres encabezan varias acciones sociales de defensa y su palabra debe ser considerada en la comunidad para contribuir a definir los caminos de lucha por la defensa del territorio. Las mujeres han sido y continúan siendo las productoras primarias de la economía familiar y comunitaria ya que son las principales proveedoras de alimentos, las que cuidan la salud y las que desempeñan el papel más relevante en el mantenimiento de la cultura desde la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Capítulo II
Los caminos de la conciencia en la construcción de la autonomía

Resistencias y el ejercicio de los derechos

El Frayba ha sido testigo de diversos esfuerzos realizados por las comunidades indígenas de Chiapas para la construcción de su autonomía y para hacer realidad una nueva manera de administrar su propio territorio.

En este sentido, los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón (SSB) adherentes a La Otra Campaña (LOC) han emprendido acciones de ejercicio de impartición de justicia, como la resolución del conflicto que enfrentan en su territorio y la detención de asaltantes en la carretera que conduce de Ocosingo a Palenque.

De manera similar, en las cañadas de Ocosingo los pueblos indígenas de la región construyen alternativas como la formación de la Sociedad Cooperativa de Transportes Maya Stonil Naj, que se constituyó por acuerdo de las comunidades de la zona para contar con un servicio de transporte propio con el que se comunican entre las diferentes zonas de su territorio.

Capítulo III
La defensa de los derechos humanos, labor de alto riesgo en México

Según la CIDH, más de un tercio de las medidas cautelares otorgadas o ampliadas durante el año 2010 han estado dirigidas a proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras de la región cuya vida e integridad personal se encuentran en riesgo como consecuencia de su labor. 25 Sin embargo, las medidas cautelares otorgadas han sido insuficientes para proteger el trabajo de las y los defensores, tal y como han manifestado ante la CIDH varias organizaciones de la sociedad civil de las Américas. Estas medidas no resultan efectivas, por lo que el organismo urgió a los países a adoptar acciones urgentes para proporcionar una seguridad real a las y los beneficiarios de estas medidas, deplorando las situaciones que se presentaron durante el 2010 en las cuales personas que acudieron a audiencias de la CIDH han sido víctimas de acciones de descrédito, persecuciones y hostigamientos en sus países, en ocasiones por parte de autoridades de gobierno.

Capítulo IV
En el silencio de la resistencia hablan los pueblos entre-tejidos de memoria

Verdad y justicia para el no olvido y la no repetición Los procesos de lucha de los pueblos para recuperar la memoria de su historia se basan en el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, ambos derechos fundamentales de las personas.

El derecho a la justicia se entiende como el derecho de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares a que, en un tiempo razonable, se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables.

El derecho a la verdad se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Para garantizar el resarcimiento de los daños y el goce de derechos en el futuro, la sociedad debe conocer y aprender de los abusos cometidos en el pasado, y por lo tanto el derecho a la verdad se trata tanto de un derecho individual de las víctimas y sus familiares como de un derecho de la sociedad en general.


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Informe



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Ataque armado de la OPDDIC a integrante del Frayba

San Cristóbal de las Casas, Chiapas
18 de septiembre de 2009

Boletín de prensa No 30

La organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) de corte-paramilitares, bajo cobertura del Gobierno del Estado, emboscan y agreden a miembro del Frayba y hieren de bala a ejidatario de San Sebastián Bachajón.

El día de hoy aproximadamente a las 12 del día, Ricardo Lagunes Gasca, integrante de este Centro de Derechos Humanos, fue atacado por un grupo de personas armadas, integrantes de la OPDDIC, mientras se dirigía a la zona baja de Tila. Los hechos ocurrieron cuando Ricardo se detuvo en el Ejido Jotolá, Municipio de Chilón, para informar sobre el proceso jurídico que realiza como abogado del Centro en la defensa de los ejidatarios presos de San Sebastian Bachajón, ya que estos últimos sostenían ahí una reunión de trabajo con los ejidatarios de Jotolá, ambos adherentes a La Otra Campaña.

Al terminar de informar la situación de los presos, Ricardo intentó salir del Ejido a bordo de la camioneta de este Centro, sin embargo aproximadamente 40 metros adelante le cerraron el camino con piedras y un tronco que le impedía transitar, obligado a detenerse fue emboscado y golpeado por un grupo de aproximadamente 60 personas que se encontraban armadas con palos, piedras, machetes y armas de fuego, todos ellos integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) quienes entre golpes lo bajaron del vehículo del cual le quitaron las llaves, para intentar llevárselo con rumbo desconocido.

Sin embargo y pese a los intentos de Ricardo por dialogar con los integrantes de la OPDDIC, las agresiones continuaron poniendo en riesgo la vida e integridad física de nuestro compañero, por ese motivo un grupo de ejidatarios de La Otra Campaña intervinieron en su rescate, momento en que los integrantes de la OPDDIC se distrajeron, lo cuál fue aprovechado por Ricardo para liberarse de sus captores, dejando abandonadas todas sus pertenencias dentro del vehículo detenido.

Tras la intervención de los ejidatarios de la Otra Campaña, los integrantes de la OPDDIC reaccionaron disparando armas de fuego por lo que resultó herido de bala en el muslo de la pierna izquierda el Señor Carmen Aguilar Gómez 2°, habitante del Ejido de San Sebastián Bachajón. Tras esta agresión con arma de fuego, los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña se dispersaron para evitar la confrontación con la gente de la OPDDIC, sin embargo estos últimos rodearon las casas de los ejidatarios amenazándolos con entrar a sacarlos y tomar la casa ejidal por la fuerza.

Hasta las 4 de la tarde de este viernes, integrantes de este Centro recibieron información de los ejidatarios que permanecían resguardados en sus casas en el Ejido de Jotolá, quienes manifestaron ser testigos de que aproximadamente 20 personas de la OPDDIC realizaban rondines portando armas de distintos calibres, además de haber tomado posesión de la casa ejidal.


Antecedentes:

Previo a la agresión, antes del medio día, los ejidatarios de Jotolá fueron testigos de que elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se habían entrevistado con integrantes de la OPDDIC; ahí, según varios testimonios, pudieron escuchar que los ejidatarios aseguraban que iban a entrar a la casa ejidal para destruir el letrero y agredir a los adherentes de la Otra Campaña. Momentos después, cuando Ricardo abordó el vehículo, hombres y mujeres de la OPDDIC bloquearon el paso pese a que nuestro compañero se identificó como integrante de este Centro de Derechos Humanos.

Por la mañana, mientras los ejidatarios de Jotolá y Bachajón se reunían en la casa ejidal, los miembros de la OPDDIC se reunieron 40 metros debajo de la casa ejidal donde hizo presencia la patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y los elementos policiacos mantuvieron un diálogo con los integrantes de la OPDICC. Los hechos sucedieron después de haber sido colocado un letrero en la casa ejidal de Jotolá, mismo que la semana pasada había sido robado por los miembros de la OPDDIC.

El pasado 20 de agosto ejidatarios de Jotolá y Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, denunciaron públicamente mediante conferencia de prensa el clima de hostigamiento y amenazas por parte de miembros de la OPDDIC pertenecientes a ese ejido, en ese entonces se dio a conocer que estas personas anteriormente habían sido expulsados de la comunidad de Monte Líbano y que contaban con ordenes de aprehensión por los delitos de homicidio y violación.

En esa ocasión además denunciaron al Subsecretario General de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, por el engaño al no acudir el día anterior a una reunión con los ejidatarios que se llevaría a cabo en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en donde se fijaría plazo en que el gobierno del estado debería poner en libertad a dos, de los ocho indígenas tseltales quienes permanecen privados de su libertad en el CERSS No. 14 "El Amate" acusados de asociación delictuosa y robo con violencia, hechos falsos que han sido descubiertos por este Centro.

Ese día por la noche se recibió la llamada de los ejidatarios de Jotolá para denunciar que estaban siendo hostigados por elementos de la PEP y que habían rondines cerca de la casa de los pobladores y en particular cerca de la casa del comisariado ejidal, Pascual Sánchez Pérez; desde entonces los elementos de la PEP han mantenido patrullajes permanentes.

A inicios de este mes una fuente oficial nos hizo saber que lo denunciado en la conferencia de prensa, del pasado 20 de agosto, incomodó al Subsecretario General de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, por lo que ordenó enviar a elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal Preventiva al Ejido Jotolá para detener al Comisariado Ejidal de Jotolá, Pascual Sánchez Pérez, y a quien fue el vocero de Jotolá, profesor Ricardo Sánchez, durante la conferencia de prensa.

Este Centro de Derechos Humanos repudia esta agresión, que se da en un contexto de hostilidad y señalamiento por parte de diversos actores y medios de comunicación a la labor de defensa de derechos humanos, y señala la promoción que el gobierno del estado ha hecho, incluido el gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, en contra del trabajo de defensa y acompañamiento que realiza este Centro.

Lista de agresores de la OPDDIC que fueron identificados en Jotolá:
1. Agustín Hernández Santis ? (portaba y disparó una escopeta).
2. Guadalupe Cruz Méndez ? (portaba rifle calibre 22 y pistola, disparó e hirió a Carmen Aguilar).
3. Medardo Cruz Méndez ? (portaba rifle calibre 22).
4. Miguel Gómez Hernández ? (portaba rifle calibre 22 de 16 tiros semi-automática).
5. Manuel Moreno Pérez ? (portaba machete y palo).
6. Daniel Moreno Pérez ? (portaba pistola).
7. Rogelio Cruz Méndez ? (portaba escopeta).
8. Eva Guzmán Hernández.
9. Ernestina Guzmán Hernández.
10. Margarita Miranda Pérez.
11. María Sánchez Sánchez.
12. Ofelia Cruz Jiménez.
13. María Hernández López.
14. María Elena Gómez López.
15. Ema María Sánchez Gómez.
16. Juana Sánchez Gómez.
17. Juan Cruz Méndez ? (portaba pistola).
18. Leandro Méndez Hernández.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!