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jueves, 21 de diciembre de 2017
Foro “El periodismo en Guerrero bajo la violencia”
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Etiquetas: Guerrero, periodistas
miércoles, 20 de diciembre de 2017
MENSAJE AL PERIODISTA ZACARIAS CERVANTES CON MOTIVO DEL ACTO DE INTIMIDACION QUE SUFRIO EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
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Etiquetas: Guerrero, periodistas, Represion, TADECO
martes, 20 de septiembre de 2016
Foro “Periodismo y Desaparición Forzada”
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Etiquetas: Desaparecidos, periodistas
domingo, 13 de mayo de 2012
Veladoras por los periodistas asesinados en México.
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Etiquetas: periodistas, Represion, Terrorismo político de Estado
Enérgico Comunicado del Club de Periodistas del Estado de Guerrero
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Etiquetas: Club de Periodistas del Estado de Guerrero, Desaparecidos, Guerrero, periodistas, Represion, Terrorismo político de Estado, Veracruz
Declaración de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, A.C. (CROISZ) en relación con el crimen de la hermana periodista Regina Martínez Pérez
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martes, 8 de mayo de 2012
Aristegui: Violencia contra periodistas
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miércoles, 28 de diciembre de 2011
Protestan por agresión a fotógrafo de La Jornada
El pasado 23 de diciembre, cerca de las 20 horas, en una de las calles más céntricas y concurridas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el fotógrafo de La Jornada Moysés Zúñiga Santiago fue agredido por policías municipales mientras realizaba su trabajo. Los hechos ocurrieron en la primera cuadra del Andador Turístico Guadalupano, cuando un grupo de agentes rodeaba a una muchacha con su novio, con la intención de detenerlos. Nuestro compañero se aproximó a la pareja para preguntar si necesitaban algo, se identificó como periodista con los policías e informó que tomaría algunas imágenes.
Ante el temor de que los detenidos sufrieran maltrato e incluso agresiones sexuales en el camino a la comandancia, como ocurre con frecuencia en estas tierras, el fotógrafo pretendía dar fe del estado físico de los detenidos antes del traslado. Uno de los policías lo golpeó con fuerza en el ojo y la cámara, y luego le causó daño en el hombro derecho y el cuello. Al arribo de una patrulla municipal, los “detenidos” fueron liberados.
Queremos externar nuestra protesta, señalando la responsabilidad de la alcaldesa Cecilia Flores en la actuación de sus subordinados. Exigimos la reparación de los daños físicos y materiales a Moysés Zúñiga y el respeto a nuestras tareas periodísticas.
Elio Henríquez Tobar y Hermann Bellinghausen, reporteros
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lunes, 12 de diciembre de 2011
Informan los estudiantes de Ayotzinapa que aún siguen persiguiéndolos las fuerzas policíacas.
Al momento en que los policías accionaron sus armas los manifestantes se desperdigaron en los cerros aledaños y ahorita cerca de cinco horas después de la agresión los policías siguen buscando a los estudiantes. De igual forma los estudiantes de la Normal argumentan que la policía del estado se encuentra en las inmediaciones de las instalaciones de su escuela a manera de intimidación.
Otra información relacionada:
Aznnoticias. Liberan, golpeadísimo al reportero Erick Escobedo. Detenido por parecer normalista de Ayotzinapa, le dijo la policía.
El periodista Erick Escobedo, premio nacional de periodismo, se encontraba cubriendo la manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa, fue detenido por la policía.
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martes, 6 de septiembre de 2011
Luto en Contralínea
Oficio de Papel
Columna semanal del periodista Miguel Badillo
Lunes 05 de septiembre de 2011
Luto en Contralínea
Asesinan periodistas
Silencio de Calderón
Con todo mi cariño para Fer y Chuchín
Miguel Badillo
Estamos de luto en Contralínea. Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, dos mujeres, dos periodistas, una de ellas madre, queridas amigas y compañeras de trabajo, perdieron la vida la madrugada del 1 de septiembre –día del informe presidencial–, a manos de cobardes asesinos. En la redacción de la revista hay dolor, indignación, frustración, ira, impotencia. De un escritorio a otro se respira el miedo, con justa razón. Las desgracias no han cesado, una a otra nos persiguen en los escasos 10 años de vida de nuestra publicación. Todo por neciar en mantener una línea editorial independiente y crítica hacia los hombres y mujeres del poder político y económico en México, quienes se niegan a entender que el periodismo es dé y para la sociedad.
¿Qué sentido tendría llamarnos reporteros si no investigamos ni denunciamos lo que está mal en este país y le ponemos nombre y apellido a los responables? Hemos decidido continuar, no detenernos, no parar a pesar de las desgracias y los malos augurios. La sociedad nos necesita y a ella nos debemos.
Es sólo el trabajo periodístico que hacemos lo que nos ha convertido en indeseables, en blanco fácil para quien controla y maneja a su antojo este país. Apenas el año pasado, el 27 de abril de 2010, dos de nuestros reporteros, Érika Ramírez y David Cilia, que investigaban los asesinatos de indígenas triquis en las apartadas montañas de Oaxaca, fueron agredidos con armas de grueso calibre cuando viajaban con una caravana de paz rumbo al pueblo de San Juan Copala. Hubo muertos y heridos, entre estos últimos nuestro fotógrafo David Cilia.
Desde que inició el gobierno de Felipe Calderón, han sido varias las acciones de hostigamiento emprendidas en contra del equipo de trabajadores que hacemos el semanario de investigación. Una que nos mantiene ocupados hasta ahora, es el cúmulo de demandas por supuestos daño moral y daño al honor de empresarios y compañías que mantienen negocios con Petróleos Mexicanos, tales como Grupo Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Empresas que, en complicidad con el gobierno de Calderón, buscan presionar y asfixiar económicamente a la revista para que deje de denunciar los contratos irregulares que se hacen con la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Han habido en contra nuestra detenciones arbitrarias ordenadas por jueces corruptos y manipuladas por empresarios impunes, procesos judiciales amañados pagados por personas sin escrúpulos, amenazas de muerte para amedrentar, allanamientos ilegales a nuestras oficinas encabezados por secretarios de juzgados, robos de computadoras y sustracción de expedientes de reporteros. A éstos nos enfrentamos en Contralínea, sin descartar intervenciones telefónicas y seguimientos de personas extrañas a nuestros periodistas que investigan corrupción pública y privada, fraudes financieros, lavado de dinero, seguridad nacional, pobreza y marginación. Estamos acostumbrados a trabajar en este clima de persecución.
También desde que Calderón asumió el gobierno, la revista dejó de recibir publicidad del dinero público que maneja su administración. Fue una orden, nos dijeron de adentro del régimen, por la línea editorial que critica al gobierno. Nada qué hacer en contra de eso. No importa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya documentado puntualmente la discriminación que hace el régimen de Calderón en contra de Contralínea y que por ello emitió una recomendación a favor nuestra. Con cinismo, el gobierno rechazó el dictamen de la CNDH.
La última demanda por daño moral llegó hace apenas unos días a la redacción de Contralínea. Esta vez es contra la reportera Ana Lilia Pérez por su libro Camisas azules, manos negras, en el que hace un recuento de la corrupción que envuelve a los hombres del Partido Acción Nacional que se benefician con dinero público. El acusador es un senador de la República, Juan Bueno Torio, destacado integrante del partido en el poder y quien recibe un salario del dinero público. Además, como legislador, cuenta con fuero para que ninguna autoridad judicial lo pueda tocar o molestar por lo que hace, no importa que muchas cosas se relacionen con negocios en Pemex. Este caso, como muchos otros, ya se atiende en tribunales, en donde jueces, magistrados y ministros tendrán que resolver si siguen protegiendo la impunidad, la corrupción y la desvergüenza de políticos y empresarios o, como es su obligación, se inclinan por defender la libertad de pensar, de expresar, de informar, de criticar, de investigar y de denunciar que tenemos los periodistas y toda la sociedad sobre los hombres y mujeres del poder.
Respecto del asesinato de las dos periodistas Calderón no se ha pronunciado, quizá porque este crimen no representa un triunfo de su administración. No es una victoria deportiva por la cual invita a los ganadores a Los Pinos para tomarse la foto y decir que no todo está mal en México. Es mejor para él alejarse lo más posible de estos crímenes sucios y cobardes en contra de periodistas que empañan más su régimen arbitrario y corrupto. En este gobierno, miles de mexicanos son masacrados por todo el país. Es mejor así, Calderón: de lejos, porque esta casa editorial no es tu casa, como la mía –y la de millones de mexicanos– tampoco es Los Pinos.
Los hechos
Dos cuerpos desnudos de mujeres amordazadas, atadas de pies y manos, con una soga al cuello y dos tiros de bala cada una, fueron levantados la mañana 1 de septiembre por la policía y el Ministerio Público del parque El Mirador, en la delegación Iztapalapa, al Oriente de la ciudad de México. En la delegación policial aparecían en calidad de “desconocidas”.
De la sala de juntas de la redacción de Contralínea, Marcela Yarce se retiró poco antes de las nueve de la noche del miércoles 31 de agosto. Comentó que iba a su casa, en donde la esperaban, como todos los días, sus dos hijos adolescentes, Fernanda y Jesús. Antes de ir a su hogar, Marcela se encontró en algún punto desconocido con su amiga y colega Rocío González Trápaga.
La siguiente noticia que tuvimos de ambas fue 12 horas después: no habían llegado a sus hogares. Desde las ocho de la mañana del jueves se movilizó la redacción de Contralínea en centros de salud, delegaciones policiales, centros de atención a víctimas y desaparecidos. Los que conocemos a Marcela sabemos que por nada del mundo faltaba a su casa, siempre preocupada por sus pequeños hijos.
Así, hasta que llegamos a la Procuraduría capitalina, en donde nos reportaron a las 12 del día haber encontrado dos cuerpos de mujeres sin vida que habían sido botadas en un parque público, con huellas de tortura y apenas cubiertas por unas lonas de plástico.
Acudimos a identificar los cuerpos y nos encontramos con la terrible noticia que se trataba de nuestras colegas Marcela y Rocío. La información empezó a circular por las redacciones de los medios y de inmediato la indignación y el reclamo se hicieron públicos. Los asesinos de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga ejercieron sobre ellas, las víctimas, violencia extrema.
Las autoridades del Distrito Federal se han comprometido a agotar todas las líneas de investigación y señalan –sin descartar otros móviles– que por las circunstancias del crimen se trata de un feminicidio con posible motivación de robo.
Al momento de escribir estas líneas han pasado 72 horas de este lamentable hecho violento. Desde el primer día el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, llamó consternado por los crímenes para dar el pésame y comprometerse a seguir personalmente el caso y saber quiénes son los responsables. El procurador Miguel Mancera ha mantenido el contacto estos tres días para informar el avance de las indagaciones.
Hasta ahora lo que sabemos es que Rocío González Trápaga habría recogido la noche del miércoles 31 una cantidad de dinero de la casa de cambio de la cual es socia y se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso una de las líneas de investigación más sólidas hasta el momento es el robo. Pero Mancera ha aclarado una y otra vez que todas las líneas siguen abiertas, incluída la de alguna represalía por la línea editorial de la revista. Aunque se cuenta con más información, por la secrecía del proceso judicial y para no entorpecer las investigaciones, es necesario esperar hasta que se descubra quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen.
Minuto de silencio en la Cámara
Mientras el Ejecutivo guarda un cínico silencio ante este crimen de dos periodistas, en la inauguración del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre, el legislador Gerardo Fernández Noroña convocó al pleno a guardar un minuto de silencio, luego de que informara del asesinato de las comunicadoras. El diputado Agustín Guerrero, secretario de la Comisión Especial para Atender las Agresiones a Periodistas, propuso que se emitiera un pronunciamiento al respecto. El presidente de la Mesa Directiva, el priísta Emilio Chuayfet, dijo que en la próxima sesión la asamblea analizará las propuestas por escrito.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente este asesinato que atenta directamente contra la libertad de expresión y la convivencia social en el Distrito Federal”, además de enviar personal para proponer medidas cautelares a la revista y sus trabajadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también envió a un representante para salvaguardar los derechos de los periodistas y vigilar el proceso judicial.
A través del boletín 326/2011, el presidente de la CDHDF, Luis Armando González Placencia, “exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva, hasta agotar todas las líneas del caso, para dar con los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen que enlutece al periodismo mexicano”. Expresó además “sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las y los familiares de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, quienes fueron asesinadas”.
Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió con los familiares de las periodistas a esclarecer las circunstancias del crimen y detener lo antes posible a los responsables del doble asesinato. La Fiscalía de Feminicidios de la Procuraduría capitalina atrajo las investigaciones.
Reporteros, periodistas y amigos de todo el país han dado muestras de solidaridad y apoyo. También exigen el esclarecimiento de estos crímenes y que se frene la ola de violencia en contra del gremio.
Hasta ahora he sido fuerte ante cámaras, micrófonos, libretas y plumas de mis compañeros reporteros que hacen su trabajo de indagar, preguntar e informar. Pero en esta soledad de escribir, un nudo en la garganta me impide respirar y mis ojos me traicionan. Es hora de terminar esta columna, cerrar la computadora y seguir viviendo. Algo que Marcela y Rocío ya no podrán hacer. Descansen en paz.
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viernes, 2 de septiembre de 2011
Comunicado de Contralínea
Contralínea. Periodismo de investigación comunica con profundo pesar el fallecimiento de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras fueron asesinadas entre la noche del 31 de agosto y la mañana de este 1 de septiembre de 2011. Sus cuerpos fueron hallados en un parque de la demarcación Iztapalapa de la ciudad de México.
Marcela Yarce Viveros, fundadora y reportera de Contralínea, se encontraba al frente del área de Relaciones Públicas de la revista semanal. Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa y amiga de esta casa editorial, actualmente ejercía el periodismo de manera independiente.
Quienes integramos el equipo de periodistas de este medio de comunicación, con profunda tristeza pero también con indignación, exigimos a las autoridades el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos de las dos periodistas y reclamamos justicia.
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miércoles, 29 de junio de 2011
Decreto poblano contra periodistas
Álvaro Cepeda Neri
Se fue el Góber Precioso, Mario Marín. Nadando en la corrupción y el abuso del poder, entre otras cosas, pisoteó con toda impunidad los derechos humanos de la mayoría de los residentes poblanos. Misógino y cómplice de los oligarcas, canceló las libertades de prensa y persiguió y torturó a la luchadora social Lydia Cacho, quien sufrió inquisiciones administrativas y judiciales de ese troglodita. Marín pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) más cavernícola.
Pero ha llegado el protegido de la nefasta Elba Esther Gordillo y quien ya pinta como un desgobernador más de esa entidad, ahora con herraje del Partido Acción Nacional (PAN) y millonario junior: Rafael Moreno Valle-Rosas, quien va que corre a igualar e incluso superar a su antecesor y ganarse a pulso el título de Góber.
Moreno Valle-Rosas, cambiando las cosas de tal manera que todo permanezca igual (…o peor –certera frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en su única pero clásica novela El gatopardo–), ha publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla, con su nombre y firma (secundado por su secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y el procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget), un decreto con reformas y adiciones a la legislación de defensa social y en materia civil, para que los periodistas que sean sentenciados por el delito (aún de corte y tufo penal con disfraz civil) de daño moral –por ejercer las libertades de prensa para informar, analizar, opinar y criticar a servidores públicos y ciudadanos o cualquier persona de las actividades privadas que inciden en lo público– sean obligados a la “reparación del daño mediante una indemnización en dinero”, que fijará el juez que conozca del caso.
Con el Góber Precioso se encarcelaba a los periodistas. Con el nuevo Góber se les quitará el patrimonio. Esto quiere decir que los periodistas poblanos, de por sí en la pobreza, serán despojados de sus escasos bienes muebles, inmuebles y su dinero para “reparar el daño”. Moreno Valle-Rosas, como todos los desgobernadores, controla al Poder Judicial de Puebla (como lo hace, verbigracia, Marcelo Ebrard con Edgar Elías, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en maniobra para imponer draconianas sanciones contra las libertades de prensa), y con ese decreto, le da la vuelta a las medidas penales de Marín, llegando a peores fines con sus contrarreformas civiles.
Lo que busca Moreno Valle-Rosas es, primero, amenazar de antemano a los periodistas. Segundo, radicalizar las sanciones para impedir que la información sobre él y sus funcionarios vaya al fondo de las investigaciones ante el temor de que ponga en marcha su máquina nazi para despojar y encarcelar a quienes publiquen y/o difundan en los medios de comunicación. Así se desprende de las modificaciones al Código de Defensa Social de Puebla.
Moreno Valle-Rosas ha hecho de las materias civil y penal, con enmascaramiento de “defensa social”, una pinza temible contra las libertades en general de los poblanos y de quienes se atrevan a transitar por la entidad. Y su decreto lleva un mensaje intimidatorio contra los periodistas. Así que queriéndose lucir con que no habrá “sanción privativa de las libertades a los periodistas” (pues se les impondrá “una reparación económica proporcional al hecho”), está en vigencia en la entidad una nueva inquisición administrativa, tan grave o peor que el encarcelamiento, al despojar de sus bienes a los periodistas para cubrir el daño moral.
Así que como los sancionados en el circo romano, a Moreno Valle-Rosas hay que decirle: los que van a morir te saludan… pero antes denunciamos ante la opinión pública y los organismos internacionales los actos y la conducta troglodita, nazi y fascista del nuevo Góber de Puebla.
*Periodista
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sábado, 25 de junio de 2011
Falla la SCJN en contra de Alfredo Rivera
Alfredo Rivera Flores. Foto: periodistascontraelcrimen.blogspot.com
Esta decisión deja entrever “la incompetencia de los jueces o bien, que pudieron haber sido sensibles a una medida de presión política, a un juego de intimidación por parte de abogados”, dijo Alfredo Rivera Flores, autor de “La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, al puntualizar que su obra muestra ” la realidad de dos décadas de violencia extrema, de porros que se apoderaron de la UAEH”.
por Susana Ruano
Pachuca, Hidalgo (Vía libre).- Indignación y molestia por este atentado contra la libertad de expresión, es la respuesta del escritor Alfredo Rivera Flores, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitido ayer, que le niega el amparo sobre la demanda que interpuso en su contra Gerardo Sosa Castelán, desde el 2004, por escribir el libro “La Sosa Nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo”.
Tras un largo juicio de seis años nueve meses, y luego de ser condenado en primera y segunda instancia, Alfredo Rivera recurre a la SCJN, interponiendo un recurso de revisión para que por lo menos fuera juzgado con la ley vigente, que tiene parámetros claros respecto al pago pecuniario, pero le fue negado y será juzgado según el artículo 1916 del Código Civil, que dejó de ser vigente desde el 2006.
La Suprema Corte deja, de este modo, a discreción del juez que lo condenó en primera instancia, para que fije una sanción económica cuantiosa, monto que se definirá en unos meses, además de una publicación en un diario nacional, donde se retracte o disculpe por el hecho.
Esta decisión, dijo Rivera Flores, entrevistado vía telefónica, deja entrever “la incompetencia de los jueces o bien, que pudieron haber sido sensibles a una medida de presión política, a un juego de intimidación por parte de abogados”, dando como resultado una flagrante injusticia, porque está documentado que todo lo relatado en el libro fueron hechos reales, que les consta a muchos hidalguenses, plasmados además en la prensa local de la época.
Ser condenado por ello, dijo, es una circunstancia grave, porque refleja el poder político al que recurren los funcionarios, vía juicios largos y costosos, que se constituyen en una persecución judicial contra la libertad de prensa y en una forma de inhibir a los escritores jóvenes.
Me alarma en ese sentido social colectivo, agregó, pero en lo personal, “estaba consciente de los riesgos y yo asumo que quiero seguir siendo una persona actuante, crítica, que no se suma a las voluntades aborregadas. No estoy temeroso y no permitiré que nadie coarte mi libertad de expresión”.
Más aún, “corroboro que hice lo correcto, cuando veo el incondicional apoyo de todos los medios”, concluyó.
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