Comunicado de TDR - EP

Al pueblo de México.
A los medios de comunicación escritos y electrónicos.

Ante la denuncia que el empresario Eduardo García Valseca ha venido realizando en diversos medios de comunicación, respecto del secuestro y tortura de que fue objeto, y los alcances de tal denuncia, consideramos necesario hacer las siguientes precisiones.

Nuestra organización no tuvo ni tiene nada que ver con el secuestro del Sr. García Valseca, como él lo ha venido reiterando, al parecer, engañado y fuertemente convencido. Es más, al señor no lo conocíamos e ignorábamos de su existencia hasta que apareció en los medios responsabilizándonos de su secuestro y de las agresiones que le fueron infligidas.

Con base en una ética de convicciones y responsabilidades, y a fin de deslindar nuestro accionar de la actividad delincuencial generalmente apadrinada por los cuerpos policiacos, desde el 2004 nuestra organización decidió asumir la responsabilidad de practicar, como un medio de financiamiento legítimo, la captura, retención y cobro de impuestos - jamás la tortura - a quienes en nuestro país hayan hecho su fortuna valiéndose del uso corrompido del poder y pretendan gozar de total impunidad.

Así lo hemos reconocido públicamente, en el marco de la contienda política, ideológica y militar cada vez más abierta y frontal, que se está desarrollando en nuestro país entre quienes detentan el poder y algunos sectores del pueblo organizados y en lucha. Pero eso es una cosa y otra que, a partir de dicho reconocimiento y con fines claramente contrainsurgentes, diversas autoridades federales (Genaro García Luna, Facundo Rosas, Benito Roa, Armando Espinoza y otros) hayan maquinado convencer al Sr. García Valseca de que nuestra organización fue la responsable de su secuestro, sin más prueba que su dicho y el reporte de un supuesto modus operandi similar al que desplegamos.

Esta maniobra tiene el propósito de enderezar baterías en contra nuestra y proteger a los efectivos responsables del evento en cuestión, a juzgar por los datos duros surgidos en la narración del propio Sr. García Valseca y por la actitud evasiva que frente a su caso han asumido los jefes policiacos mencionados (escudándose en argumentos de supuesta seguridad nacional), cobijados en el discurso antiterrorista y de supuesta lucha contra el narcotráfico.

Sonados casos, como el de Florence Cassez y otros como los que costaron la vida al joven Fernando Martí y a la hija del Sr. Nelson Vargas, prueban el involucramiento de los cuerpos policiacos en la actividad que debieran combatir y, especialmente, la descomposición existente en sus mandos, los que contra toda lógica, evidencia y denuncia ciudadana siguen protegidos, ni más ni menos, por el ejecutivo federal.

Ya en el Manifiesto No. 8, de fecha 23 de septiembre del 2008, firmado por varias organizaciones revolucionarias armadas, destacamos “la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles, y al interior de los cuerpos policiacos y militares”, señalando que “parte de estas mafias han resultando ser antiguos miembros de los escuadrones de la muerte que los gobiernos priistas entrenaron, en la década de los 60 y 70, para combatir a la guerrilla y a los movimientos populares; como lo prueba la identidad del ex miembro de la extinta, y tristemente célebre, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) - Sergio Humberto Ortiz Juárez (alias “el Apá”) - implicado en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, junto con elementos en activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal (PF) y de otros cuerpos policiacos”, como “la Lore”, protegida de Genaro García Luna. “Mafias que - decíamos - enardecidas por el ansia de poder y de dinero, se vuelven rabiosas contra la ciudadanía; principalmente, contra las familias de los medianos y pequeños empresarios y, en menor medida, contra sus propios amos: las familias millonarias; secuestrando, mutilando y asesinando -sin escrúpulo alguno- a sus víctimas. De ahí el reproche de la clase empresarial contra sus empleados panistas en el gobierno: ¡Si no pueden, renuncien!, al constatar -con temor, enojo y desencanto- su incapacidad para atajar la ola de inseguridad y de violencia.”

El propio Sr. García Valseca se ha encargado de evidenciar, con la denuncia de su caso, la incapacidad y actitud displicente de los jefes policiacos e incluso la complicidad de éstos con los efectivos responsables de su secuestro; pero seguramente con los datos duros que él tiene, no con los que le sembraron para incriminarnos, y el seguimiento a las líneas de investigación que aquellos abran, podrá desentrañar el origen del suplicio al que fue sometido, si es que ese es realmente su propósito.

Respecto del abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, consideramos necesario señalar la pretensión que éste tiene de utilizar lo sucedido al Sr. García Valseca en función de la “santa cruzada antiterrorista” en la que aquel participa desde hace muchos años; cruzada en la que ha quedado de manifiesto su ideología y práctica políticas. Baste un ejemplo que lo retrata de cuerpo entero: en la “Cumbre San Cristobal: Humanismo Eficaz” realizada el 8 de noviembre de 2008 en el Centro Fox, San Francisco del Rincón, Guanajuato, este abogado le dirigió las siguientes palabras al entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, tras la Masacre de Sucumbíos: “Pues yo le entrego esto, presidente… aquí está la carta, aquí está la denuncia que presentamos en la procuraduría… la ampliación… y una carta solicitándole más elementos para poder ir convenciendo a la opinión pública mexicana de que usted al bombardear Sucumbíos tenía la razón. Y que la fuerza de la policía y del ejército colombianas se impusieron en contra de esos bandidos”… refiriéndose a los estudiantes mexicanos y a los miembros de las FARC que ahí se encontraban y que fueron, la mayoría de ellos, asesinados; ‘cumbre’ en la que Álvaro Uribe - despidiéndose - expresó a los presentes, entre mutuas bendiciones, “Ustedes son mis socios, ¡mis socios antiterrorismo!”

Sin nada más que agregar, reiteramos nuestra disposición a asumir, sin dobleces ni mentiras, la responsabilidad que se derive de nuestros actos.

¡Contra el neoliberalismo, el poder popular!

¡Por el socialismo: vivir, luchar, vencer!

¡Ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo!


Tendencia Democrática Revolucionaria – Ejército del Pueblo
TDR-EP


República Mexicana, febrero 16 de 2011.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En presencia de funcionarios estatales Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adherentes de La Otra Campaña en Mitzitón

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A 23 de febrero de 2011
Boletín No. 05

En presencia de funcionarios y policía del estado, grupo de no cooperantes, liderados por el Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adherentes de La Otra Campaña en Mitzitón

Este Centro de Derechos Humanos considera inaceptable la violencia ejercida por el grupo conocido como “no cooperantes” liderados por el “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, en contra de los adherentes a La Otra Campaña (LOC) de la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de Las Casas (SCLC), Chiapas; en presencia de funcionarios estatales, que dejó como resultado dos heridos graves.

Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos (Frayba), el hecho inicial que derivó en la agresión con armas de fuego, fue una discusión que ocurrió el 13 de febrero del 2011, en Mitzitón entre el Sr. Jesús Heredia de la Cruz –Presidente del Consejo de Vigilancia de Mitzitón, adherente a LOC y su hermano el Sr. Miguel Heredia de la Cruz (en adelante Miguel), integrante del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”. Como mediador de esta discusión se encontraba el Sr. Andrés Heredia (en adelante Andrés) adherente a LOC. La discusión en apariencia concluyó con la amonestación verbal a Miguel, para que tuviera cuidado al conducir su vehículo por zonas en donde transitan niños y demás personas de la comunidad.

Según información con la que cuenta el Frayba, Miguel, al sentirse ofendido por la amonestación que le había hecho la autoridad comunitaria, reunió a un grupo de personas “no cooperantes” junto con líderes del “Ejército de Dios”, “Alas de Aguila”, entre los que se encontraban, Carmen Gómez Gómez, José Hernández Gómez, Miguel Díaz Gómez, Alfredo Díaz Gómez, Juan Gómez Díaz entre otros, quienes regresaron a la casa del Sr. Jesús Heredia, con la intención de detenerlo, pero sus familiares lo impidieron.

Debido a los hechos, los testigos relatan que aproximadamente a las 17:40 hrs., Andrés quiso mediar en la situación indicándoles que trataran de calmarse y buscar una solución pacífica, pero el grupo de personas “no cooperantes” liderados por integrantes del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, sujetaron a Andrés y lo subieron al vehículo de Miguel, trasladándolo a una cárcel no oficial que se encuentra dentro de la propiedad de los Sres. Francisco y Gregorio Gómez, padre e hijo, también integrantes y líderes de este grupo de “no cooperantes”. En ese lugar, Andrés fue desnudado, pateado, golpeado con garrotes y polines y ya en semiinconsciencia fue orinado por sus agresores. Debido a ello, horas después tuvo que ser ingresado a un hospital en la ciudad de SCLC.

Según narran las autoridades de la comunidad de Mitzitón adherentes a LOC, “… al ver un carro donde viajaban Julio Jiménez González, propietario del vehículo y quien conducía, Miguel Jiménez Glez (su hermano mayor), Julio Jiménez Jiménez (hijo) y Sergio Jiménez Heredia, quienes se dirigían a la casa de Francisco y Gregorio Gómez, la gente tapó el paso, deteniendo a las personas que viajaban en el carro,(…) los invitamos a que nos acompañaran, debido a que sus compañeros tenían retenido y torturado a nuestro compañero Andrés, hablamos con don Julio Jiménez porque él ya es una persona de edad mayor, le pedimos que interviniera mediando, que hablara con su gente, no cooperantes del Ejército de Dios, porque ya son muchas agresiones. Así fue como don Julio fue cuatro veces a platicar con su grupo a la casa de Francisco y Gregorio, para que liberaran a Andrés, para que no lo siguieran golpeando, pero su grupo no hizo caso.”

Por los acontecimientos, desde las 18:30 hrs. este Centro de Derechos Humanos, solicitó la intervención del Subdirector de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez. También se tuvo conocimiento que ya se encontraban en la comunidad un operador político de la región Altos y más tarde, hacia las 22:40 hrs., integrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Los pobladores de Mitzitón adherentes a LOC, quienes se encontraban en la iglesia de la comunidad pidiendo a los funcionarios de gobierno que hicieran la valoración médica al agredido, estaban muy molestos por la agresión y actos humillantes de que fue objeto Andrés.

En ese momento aproximadamente a las 23:05 hrs., mientras los funcionarios del estado se encontraban ahí, se registraron disparos de arma de fuego, resultando herido en el abdomen el Sr. Carmen Jiménez Heredia, adherente a LOC, quien fue hospitalizado en la ciudad de SCLC. Inmediatamente integrantes de este Centro de Derechos Humanos se comunicaron con el funcionario de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, quien confirmó la agresión con armas de fuego. Es importante mencionar que elementos de la Policía Estatal Preventiva, se encontraban en la comunidad cuando ocurrieron los disparos.

Alrededor de las 02:00 hrs. del 14 de febrero, fueron detenidas 23 personas del grupo de “no cooperantes” y siete de ellas consignadas ante la autoridad judicial al ser probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, homicidio en grado de tentativa y atentados contra la paz por los hechos ocurridos en la comunidad de Mitzitón. No obstante, debido a la detención de estas personas, hay un clima de tensión en la comunidad, que pone en vulnerabilidad a la población del lugar, ya que se pueden detonar otros actos de violencia que pongan en riesgo la vida, así como la integridad y seguridad de las personas. Cabe mencionar que el grupo de no cooperantes han realizado bloqueos nocturnos sobre la carretera y los caminos de terracería en la comunidad.

Por esta situación, los adherentes a LOC, se encuentran viviendo concentrados en las oficinas de la Comisaría Ejidal y de la iglesia comunitaria, sin poder ir a trabajar a sus parcelas, además los niños se encuentran sin poder asistir a clases y los servicios en la comunidad están suspendidos.

Ante lo anteriormente narrado el Frayba considera inaceptable estos hechos de violencia y lamenta que los funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a resolver este conflicto, a pesar de los compromisos contraídos con anterioridad con la comunidad. Por lo tanto, exige al gobierno del estado de Chiapas.

Se investiguen los hechos de manera seria, imparcial, pronta y exhaustiva para fincar las responsabilidades correspondientes por las agresiones físicas y con arma de fuego en contra de los Sres. Andrés Heredia y Carmen Jiménez adherentes a LOC.

Se investiguen los actos de omisión de los funcionarios públicos que estando en el lugar de los hechos no actuaron para dar garantías a la integridad y seguridad personal de los integrantes a LOC y demás pobladores de la comunidad de Mitzitón.

Se realicen las acciones suficientes y necesarias que ayuden a resolver el conflicto en la comunidad, inhibiendo cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y seguridad personal de las autoridades comunitarias, de los adherentes a LOC y de la población general de la comunidad.


Antecedentes:

Desde febrero del 2009 la comunidad de Mitzitón ha mantenido una lucha por la defensa de su territorio, ante la información y evidencias acerca la intención del gobierno mexicano de construir la autopista SCLC–Palenque y la ampliación de la carretera SCLC-Comitán de Domínguez. El gobierno del Estado en varias ocasiones ha negado que exista tal proyecto, sin embargo, la propuesta de la reubicación de la comunidad manifestada por algunos funcionarios del gobierno del Estado, evidencia que sí existe un interés de despojar al Pueblo Tsotsil de su territorio.


Comunicación Social
Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En riesgo la vida de presos en huelga de hambre en una cárcel en Motozintla, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

23 febrero de 2011.
Boletín de Prensa No. 04

Presos solidarios con La Voz del Amate,se encuentran en huelga de hambre en una cárcel en Motozintla, Chiapas


Este Centro de Derechos Humanos, cuenta con información que los Sres. Juan Collazo Jiménez, indígena tsotsil y Ramón de Jesús Ruíz Rodas, solidarios con “La Voz del Amate”, que se encuentran detenidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 6 (CERSS No. 6) en el Municipio de Motozintla, Chiapas, están en huelga de hambre indefinida, desde el pasado 2 de febrero del año en curso, como acción de protesta para demandar su libertad personal. Según información recabada, los Sres. Juan Collazo y Ramón de Jesús Ruíz, se encuentran en malas condiciones de salud debido al tiempo que llevan en huelga de hambre, por lo que consideramos que sus vidas se encuentran en grave e inminente riesgo.

Las dos personas en huelga de hambre demandan su inmediata libertad, argumentando que tienen acusaciones injustas y fabricadas, así también indican que hubo violaciones a los derechos humanos en el momento de su detención y que no se les siguió un juicio justo. Los presos indican que han recurrido a esta medida como mecanismo de denuncia pública y señalamiento hacia los funcionarios del gobierno de Chiapas, por las violaciones a los derechos humanos que ha traído como consecuencia la pérdida de su libertad personal y de sus expectativas futuras de vida por los años que han estado bajo detención. De acuerdo a lo directamente manifestado por los indígenas presos la huelga de hambre es indefinida hasta que las autoridades, según su dicho, restituyan sus derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violentados mediante la falta de garantías judiciales y protección judicial dentro de sus procesos jurídicos.

Debido al deterioro físico de los Sres. Juan Collazo y Ramón de Jesús Ruíz, este Centro de Derechos Humanos solicita a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas atiendan las demandas de las personas presas, garantizándoles en todo momento el respeto a los derechos humanos, como lo indican los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Organización de los Estados Americanos.

A la Magistrada María de Lourdes Hernández Bonilla, Presidenta de la Mesa de Reconciliación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas para la Atención y Revisión de Expedientes de Presos Inconformes, revisen y analicen los expedientes penales de los dos presos en huelga de hambre, y en caso de ser posible se les otorgue algún beneficio de ley.


Antecedentes.

El día 7 de octubre 2010, los Sres. Juan Collazo y Ramón de Jesús Ruíz, fueron trasladados del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, al CERSS No. 6 en Motozintla, según su testimonio, argumentando un traslado de castigo por defender los derechos de las personas detenidas y la libertad de las personas que se encuentran injustamente encarceladas.


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¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

CONTINUA EL PLANTÓN DE LOS COMPAÑEROS DE LA CORDINADORA AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ZONA COSTA ADEHERENTE A LA OTRA CAMPAÑA EN TONALÀ CHIAPAS

16.30h Tras haber declarado los abogados defensores de DDHH de Digna Ochoa,
Lic. Nataniel Hernandez, Lic. Jose Maria Martinez Cruz y Lic. Eduardo Alonso
Martinez Silva, se les imputa de los siguientes cargos:

1. Ataque a las vías de comunicación

2. Asociación delictuosa

3. Líderes de organización ilegal


ALTO A LA CRIMINALIZACIÒN DE LA PROTESTA SOCIAL!

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del TADECO

COMUNICADO SOBRE LA PRETENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE DESALOJAR NUESTRO MODULO DE INFORMACION, CULTURA Y DENUNCIA EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC.

El día martes 22 de los corrientes, personal del ayuntamiento acudió al Módulo de Información, Cultura y Denuncia que tenemos ubicado en la Plaza Cívica de Chilpancingo, a entregarnos un documento, en donde nos emplaza a "presentar" en un lapso de tres días, el permiso de venta de materiales o en su caso a desalojar el espacio. Obviamente que esto fue acompañado de un desplante de prepotencia e intimidación que debió enfrentar nuestra compañera Miriam Altamirano.

Como es de conocimiento público, este lugar lo hemos ocupado pacíficamente para mantener la denuncia de la desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales de ciudadanos y dirigentes sociales que reclama el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, del que forma parte nuestra asociación, así como la exigencia de libertad y juicios justos a los presos políticos.

Además, como una forma de acopiar recursos para esta lucha, estamos promoviendo información crítica y cultura alternativa en materiales de audio, videos e impresos, así como productos elaborados por nuestros presos políticos, entre otras cosas, lo cual tiene un costo de recuperación que se utiliza en el mantenimiento del módulo y reproducción del material, con lo cual también estamos ejerciendo y promoviendo el derecho a la información y a la cultura.

Es evidente que nuestra lucha es política, ya que ninguna autoridad se ha hecho responsable de respondernos qué están haciendo para encontrar a nuestros familiares y amigos desaparecidos y cuál es el compromiso del gobierno para hacer justicia en los casos que denunciamos. Hasta ahora no ha aparecido ni se ha hecho justicia a ningún afectado y se dejado en el abandono y hecho víctimas del menosprecio a sus familiares. Pero ante la incapacidad y desinterés de las autoridades municipales y estatales para darnos respuestas, nuevamente nos señalan y criminalizan con el argumento de que nuestro Módulo es un espacio comercial, evadiendo su responsabilidad sobre las demandas de justicia que reclamamos.

Por ello, no estamos dispuestos a ceder este espacio por lo que ya representa no solo para nosotros como Tadeco y para el Comité de Familiares, pues también ha estado al servicio de los movimientos populares y se ha convertido ya en un lugar de encuentros, coordinación y denuncia de compañeros de comunidades, colectivos y organizaciones prácticamente de toda la entidad. No abandonaremos un espacio que en principio es del pueblo y que lo hemos mantenido a su servicio, pues tampoco aceptamos la política de privatización del Centro Histórico de Chilpancingo que implementa el gobierno municipal, que excluye y discrimina al pueblo de Chilpancingo, pero privilegia a los ricos empresarios que cada vez se apropian más del mismo.

A pesar de la campaña que ha emprendido el ayuntamiento de Chilpancingo para descalificarnos y justificar un posible desalojo, nos mantendremos hasta donde nos sea posible pues nos asisten los derechos de expresión, de manifestación, de información y cultura entre otros, además de que estamos reivindicando en especial nuestro derecho a la ciudad, que es también un derecho humano ya reconocido. Los argumentos legales que ahora mañosamente nos exponen, no pueden estar por encima de los derechos del pueblo y de nosotros mismos.

Como ustedes saben, esta no es la primera vez que nos amenazan, incluso en el 2008 nos desalojaron en tres ocasiones y con el apoyo de compañeros y organizaciones nos reinstalamos. En aquella ocasión recabamos más de tres mil firmas de apoyo que tenemos en reserva, actividad que hemos reactivado para demostrar el respaldo con que contamos en el seno del pueblo, además de las manifestaciones de solidaridad que hemos recibido y seguramente seguiremos recibiendo de organizaciones hermanas del estado, del país y de otros países del mundo.

Como hemos dicho, nuestro Comité no debería existir si las autoridades de este municipio, del Estado y del país, estuvieran cumpliendo con su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, respetaran los derechos humanos, si impartieran justicia y no estuvieran coludidos directa o indirectamente con la llamada delincuencia organizada. Si no estuvieran llevando a cabo esta absurda guerra de la cual ellos mismos son parte beligerante comprometida con los bandos en pugna. Si esto fuera así, tampoco sería necesario este Módulo y nosotros continuaríamos prestando servicios y realizando nuestro proyecto de desarrollo comunitario autogestivo y democrático en nuestros propios espacios.

Al propio presidente municipal Héctor Astudillo, le hicimos saber al inicio de su gestión, que levantaríamos nuestro Módulo sólo si él se comprometía a hacer lo necesario para que se cumplieran nuestras demandas de presentación con vida de nuestros desaparecidos y se hiciera justicia a nuestros asesinados. Por lo menos de palabra, lo aceptó y así lo asumió en aquella ocasión; ahora se come sus propias palabras y nos amenaza con desalojarnos. Además de amenazarnos ¿Qué ha hecho para hacerle justicia a los ciudadanos que presumiblemente representa?

Por ello, hemos decidido presentarnos hoy "a comparecer" conforme nos lo han solicitado, pero no para enredarnos en los argumentos legaloides con los que se nos ha emplazado, sino para hacer valer los argumentos de la lucha política que sostenemos y que al propio presidente municipal expresamos al inicio de su gestión y para exigir el respeto a nuestra protesta y solución a las demandas de justicia.
Responsabilizamos al gobierno de Héctor Astudillo de nuestra integridad física y moral, tanto de los miembros del Taller de Desarrollo Comunitario, como de los familiares del Comité, así como de los daños que pueda sufrir nuestro patrimonio ante un eventual desalojo de nuestro Módulo.

Héctor Astudillo no puede evadir su responsabilidad ante el pueblo de Guerrero y en particular ante el pueblo de Chilpancingo, al cual en reiteradas ocasiones ha acudido incluso para pedir su voto, haciendo caso omiso de la exigencia de justicia en los casos que demandamos y evitar nuestra presencia crítica, por más que trate de ignorarnos y ahora desalojarnos. Le reiteramos que mientras no se haga justicia a nuestros desaparecidos, asesinados y presos, ni su gobierno, ni los demás gobiernos municipales de donde son originarios los ciudadanos que reclamamos, ni los gobierno estatal y federal, tendrán paz. No importa donde estemos y porque después de nosotros vendrán otros hasta que se extirpen del planeta a esta sociedad capitalista con todo y sus delitos de lesa humanidad.

PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, ¡VIVOS LOS QUEREMOS!

¡DESAPARECIDOS PRESENTACION!

PRESOS POLITICOS LIBERTAD

¡QUE DESAPAREZCA EL CAPITALISMO, NO LAS PERSONAS!

LUCHANDO POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS,

¡NO NOS MOVERAN!


El equipo del TADECO.

Chilpancingo, Gro. a 24 de febrero del 2011


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Hostigamiento de la Policía Federal en el DF a compañero de Ciudad Juárez de La Otra Campaña

Ciudad Juárez, Chih., 22 de febrero de 2011.

Compañer@s tod@s, escribo para denunciar: que después de participar como representante de la Otra Juárez en el Encuentro de Familiares, Colectivos, Amigos Y Organizaciones de Desaparecid@s de la Otra Campaña, en el aeropuerto del Distrito Federal, antes de tomar el vuelo de regreso a mi ciudad fui víctima del hostigamiento por parte de la Policía Federal. Sucede que entre mi equipaje traía conmigo un paquete con 30 ejemplares de la revista Rebeldía cargando en mano; dos agentes de la policía federal me preguntan por ellas: que cómo se llama la revista, que de qué trata, que para qué las quería. Me piden identificación, que adónde me dirijo. Luego de responderles e identificarme me piden que deje revisar todo mi equipaje, hay que decir que a estas alturas ya había pasado el filtro, o sea ya había sido revisado, me dirigía a la sala ya sólo para esperar el abordaje. Accedo, pero la revisión es lo que ellos llamaron su “oficina”, que es un cuarto aislado a unos metros de otro filtro o punto de revisión dentro del aeropuerto. Ahí abren mis mochilas y encuentran propaganda y material del encuentro (discos, volantes, etc.), algunos números de la revista Palabras Pendientes, el libro de México Armado, entre otros. Me preguntan sobre qué relación tengo con el EZLN, que a qué me dedico, que si soy activista, que si he oído de Atenco, entre otras preguntas, todo esto en tono hostil. Durante todo el tiempo que estuve retenido, que fue alrededor de media hora, ellos tuvieron en su poder mi credencial de elector, mi licencia de conducir y mi credencial de la escuela. Ahí anotaron mis datos: nombre, dirección, CURP, RFC, carrera, escuela, destino. Por lo que hago responsables a la Policía Federal de cualquier atentado a mi seguridad, integridad física o a mi vida, como a la de mis compañer@s de lucha y/o la de mi familia.


¡No a la militarización del país!

¡No a la criminalización de la lucha social!

¡Libertad a Pres@s Políticos!

¡Regreso con vida de nuestr@s desaparecid@s!

Fraternalmente,
Jaziel


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Organizaciones Civiles denuncian la falta de compromiso del Jefe de Gobierno con los derechos humanos en el caso de la Supervía Poniente

El pasado 11 de febrero el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó la respuesta a la recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno al proyecto de la Supervía Poniente. Una vez conocido su contenido las organizaciones civiles rechazamos enérgicamente la postura del gobierno de la ciudad.

La recomendación acreditó que este megaproyecto genera múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes habitamos la Ciudad de México. Esta recomendación deriva del mandato constitucional que faculta a la CDHDF a investigar violaciones a derechos humanos y, en su caso, hacer cualquier recomendación que estime pertinente para lograr una reparación integral de los daños.

En este sentido, el documento de respuesta signado por el jefe de gobierno cuestiona las premisas de investigación y las conclusiones del ombudsman capitalino. Sin estar facultado legalmente para ello, su respuesta pretende argumentar que no hay violaciones a los derechos humanos. Esencialmente se desconoce la labor institucional de la CDHDF, se rechazan las violaciones a los derechos humanos y se pretende formular una “aceptación parcial” que lleva implícito el rechazo al sentido de la recomendación y manifiesta la no aceptación del punto recomendatorio central.

Al respecto queremos señalar que la recomendación emitida por la CDHDF fue realizada en el marco de su competencia y estuvo precedida de una investigación amplia y exhaustiva que le permitió acreditar fehacientemente y de manera incuestionable las violaciones de derechos humanos. El documento de respuesta se caracteriza por expresar una serie de vaguedades e inconsistencias argumentativas y de justificaciones legales que supuestamente demuestran que no hubo violaciones a los derechos humanos.

La contestación del jefe de gobierno representa una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos en la ciudad y una vulneración del estado democrático y de derecho. El hecho de no reconocer la investigación y pretender aceptar algunos puntos recomendatorios hace patente una actitud del gobierno de la ciudad por la que, desconociendo las violaciones probadas, simularía aceptar las recomendaciones. En suma, pretende hacer pasar como una concesión y como gestos de buena voluntad lo que es una obligación política y legal.

Con lo anterior se pretende confundir a la opinión pública presentando una imagen garante de los derechos humanos y de la democracia en la ciudad cuando lo cierto es que el rechazo a la suspensión de la obra representa una vulneración del derecho a la participación y la consulta pública. En materia de protección ambiental el mecanismo de consulta pública se basa en un esquema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y pretende brindar elementos de valoración a las autoridades para el otorgamiento de las autorizaciones. En este sentido, toda consulta debe ser realizada de manera amplia, plural e informada previamente a cualquier autorización e inicio de proyecto.

Realizar la consulta de manera posterior a una autorización y con una obra iniciada deviene ineficaz. En este caso, realizar la consulta sin aceptar la suspensión de la obra representa una simulación y un acto que pretende legitimar una acción gubernamental ya decidida y caracterizada por su ilegalidad y extremo autoritarismo.
Esgrimir que existen actos jurídicos consumados y obligaciones contraídas para no suspender la obra y al mismo tiempo anunciar la realización de la consulta, resulta un contrasentido, pues si el resultado es desfavorable a los intereses gubernamentales se volverá a aducir la existencia de compromisos previamente contraídos con las empresas. El argumento de afectación a la seguridad jurídica es falaz ya que la vulneración no deriva de la recomendación sino del actuar ilegal del gobierno de la ciudad que generó actos jurídicos con vicios de origen y por tanto anulables.

La respuesta contradice el discurso democrático del gobierno de la ciudad y los compromisos adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.


Organizaciones y colectivos firmantes

Alarbo
Alconsumidor
Alternativas y Capacidades
Bicitekas
CEMDA
Central Unitaria de Trabajadores
Centro de Estudios Ecuménicos
Centro de Orientación y Asesoría Pueblos Indígenas
Colectivo Casa Sin Puertas
Congreso Popular, Social y Ciudadano del DF
Congreso Social hacia un nuevo Constituyente-DF.
Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares
El Poder del Consumidor
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular
Greenpeace México
INCIDE Social
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
Nodo de Derechos Humanos
Organización Social Patria Nueva
Servicios y Asesoría para la Paz
Union de Colonias Populares
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"Todos los derechos para todas y todos"
Conformada por 70 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana:
Centro Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Indígenas, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Reflexión y Acción Laboral, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Intercongregacional Justicia Paz y Vida, Comité de Derechos Humanos Ajusco, Comité Cerezo, Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Taller Universitario de Derechos Humanos, Promoción y Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Comisión de Derechos Humanos La voz de los sin voz, Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo, Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Asociación Jaliscience de Apoyo a los Grupos Indígenas, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro de Reflexión y Acción Laboral - Guadalajara, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, Centro de Derechos Humanos Don Sergio, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Servicio Paz y Justicia – México, Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Centro de Apoyo al Trabajador, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Comisión Parroquial de Derechos Humanos Martín de Tours, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Respuesta Alternativa, Frente Cívico Sinaloense, Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, Servicio Paz y Justicia de Tabasco, Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Centro Juvenil Generando Dignidad, Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Indignación, KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, Centro de los Derechos del Migrante


Personas firmantes

Lizy Peralta Mercado
Mariana González
Miguel Rábago Dorbecker


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre la familia Reyes de Ciudad Juárez

México, Distrito Federal
Sábado 19 de febrero de 2011

* A nombre del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quiero expresar nuestra preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez. En particular, manifestamos nuestro rechazo al hostigamiento y a las amenazas contra la familia Reyes Salazar. Desde aquí nos sumamos a su demanda de que aparezcan vivos, sanos y salvos, sus familiares Malena, Elías y Luisa, secuestrados por un comando armado el 7 de febrero pasado.

También queremos declarar nuestro respaldo a la lucha de esta familia en Juárez, junto con decenas de organismos civiles y sociales de esa ciudad, para exigir que las autoridades investiguen este secuestro, devuelvan con vida a sus familiares y castiguen las agresiones que han sufrido todos los activistas. Es increíble, es ofensivo, que a pesar de sostener una huelga de hambre desde el 8 de febrero, ni el gobernador, ni el procurador y ni siquiera el subprocurador los hayan querido recibir y escuchar.

La familia Reyes Salazar está integrada por luchadores sociales reconocidos del Valle de Juárez que en el último año han sido atacados despiadadamente. Hace un año fue asesinada Josefina Reyes, integrante de nuestro movimiento, y en agosto pasado corrió la misma suerte su hermano Rubén; para ambos exigimos justicia y castigo a los responsables.

Demandamos la aparición con vida de los tres integrantes de la familia Reyes Salazar secuestrados desde principios de mes, solicitamos el castigo a los responsables de la muerte de Josefina y Rúben; y el cese al hostigamiento a los activistas y luchadores sociales en esa ciudad.

Convocamos a todos los ciudadanos y miembros de nuestro movimiento a brindar toda la solidaridad posible y el apoyo incondicional a la familia Reyes Salazar y a quienes luchan a diario por los derechos humanos y por la vida en el estado de Chihuahua.

Atentamente
Andrés Manuel López Obrador

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!