Dan de alta del hospital a Norma Andrade no por motivos de salud sino por motivos de “seguridad”

Aparece manta con amenazas a la familia Andrade en la escuela donde labora Norma
Andrade y señalan a más personas en riesgo.

Urgimos la coordinación de los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad de Norma Andrade y su familia y para asegurar su recuperación de salud.

El día 6 de diciembre por la tarde, de manera sorpresiva, el hospital donde era atendida nuestra compañera Norma Andrade decidió darla de alta y solicitarle que se retirara del hospital lo más pronto posible, a pesar de que su estancia se había previsto cuando menos para 2 días más, decidimos atender la petición del hospital y retirar a Norma a otro lugar para continuar con su rehabilitación.

Ante esta “alta repentina”, se indagó en el hospital sobre los motivos de la misma y de manera extraoficial se nos comunicó que ésta se realizó por motivos de seguridad y no por motivos de salud, pues durante el día lunes se habían recibido varias llamadas telefónicas al nosocomio amenazando a médicos y al personal diciendo que si “no daban de alta a la pinche vieja esa de Norma” iban a seguir a los médicos y enfermeras “para que entiendan”, por lo que la directiva del hospital decidió acelerar su alta para salvaguardar la integridad de su personal, exponiendo las condiciones de salud de Norma Andrade.

Mientras estos hechos se daban, en la madrugada del día 7 de diciembre apareció a las afueras de la escuela primaria donde Norma Andrade es maestra, una manta cuyo texto hace referencia al ataque sufrido por la defensora y amenazando de nueva cuenta a Malú Andrade, además de señalar que el atentado sólo se trató de “una advertencia” y mencionando nombres de otras personas que también se encuentran en riesgo. Lamentablemente no hemos podido conocer de manera directa y oficial el contenido de dicha manta, la información que tenemos es por testigos de los hechos, pues minutos después de haber sido colocada la manta, policías municipales de la unidad 520 (según información de los testigos) llegó al lugar y la retiro.

Durante estas últimas horas se han sostenidos reuniones con la Fiscalía del Estado para solicitarle que requiera dicha manta a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sin que se haya obtenido una respuesta favorable, pues los municipales dicen que “esa unidad no existe, sólo existe la unidad 1520, pero tampoco tiene nada que informar”, nos preocupa que el contenido de información de ese mensaje no sea investigado ni integrado a las indagatorias oficiales que se desarrollan por los hechos del pasado viernes y que se pretenda “ocultar” o “desaparecer” obstaculizando dichas indagatorias.

Ante estos incidentes de seguridad graves, y ante el nivel de exposición y riesgo en el que se encuentra la familia Andrade incluyendo a nuestra compañera Malú, exigimos a las autoridades estatales y federales el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados, que se garantice en todo momento la seguridad, integridad y vida de la Norma y toda su familia, que se garantice su atención médica y su recuperación, que se asegure la protección en cualquier traslado o reubicación que se pueda efectuar en los próximos días y que apresure las investigaciones en torno a estos hechos para deslindar responsabilidades y sancionar a los perpetradores lo más pronto posible.

El nivel de riesgo y de amenaza que pende sobre nuestras compañeras Norma y Malú y sobre sus familias nos obliga a hacer públicos estos hechos, utilizando este boletín como un medio para denunciar la situación prevaleciente y como un medio también para que las organizaciones nacionales e internacionales solidarias sumen su voz a nuestras demandas y exijan al Estado Mexicano su intervención diligente y efectiva.

Fuente: Nuestras Hijas de Regreso a Casa.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Norma Andrade analiza exilio ante falta de medidas de seguridad

Se sumaría a la lista de activistas que deciden dejar Chihuahua

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 7 dic 11 (CIMAC).- Tras el atentado en su contra y ante la falta de garantías para su seguridad por parte de las autoridades del estado de Chihuahua, la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, analiza abandonar la entidad de manera definitiva.

La hija de la activista, María Luisa (Malú) García Andrade, dijo en un comunicado que ella y su mamá estudian la posibilidad de salir del estado en cuanto la defensora de los Derechos Humanos de las mujeres recupere su salud.

De esta manera, Norma Andrade se sumaría a la lista de activistas de Ciudad Juárez y Chihuahua, la capital del estado, que han tenido que abandonar la entidad ante la ola de agresiones contra las organizaciones que desde 1993 dan seguimiento y denuncian las desapariciones y asesinatos de mujeres.

Andrade fue víctima de intento de asesinato el pasado 2 de diciembre. Ayer por la tarde salió del hospital.

La vocera de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Adazahira Chávez, confirmó que Norma fue dada de alta y que ahora se encuentra en recuperación. Dijo que es custodiada por policías de la Fiscalía de Justicia Zona Norte, la cual continúa las investigaciones para dar con su agresor.

María Luisa señaló que si bien su mamá fue dada de alta aún cuenta con lesiones. “Nuestra estancia en Juárez se prolonga, ya que estamos pidiendo que en el lugar donde vamos a radicar contemple la terapia, medicamentos y rehabilitación”, abundó.

Malú acusó que el estado en que se encuentra su mamá se debe a la ineficacia de las autoridades estatales, las cuales incumplieron la petición de seguridad que habían solicitado meses atrás.

Hizo un llamado para que las investigaciones en este caso no se estanquen como sucedió con el asesinato de Marisela Escobedo, quien el 16 de diciembre de 2010 fue ultimada a balazos frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando mantenía un plantón en demanda de justicia por el homicidio en 2009 de su hija Rubí Marisol.

Hasta ahora ese crimen sigue impune, por lo que Malú García pidió que sigan las investigaciones luego de que la Fiscalía informó que ya hay un retrato hablado del agresor de Norma Andrade.

“Enhorabuena por la autoridad, ojalá no quede sólo en un retrato hablado como el caso de la señora Marisela Escobedo que, a un año de su asesinato, es con lo que cuenta la autoridad pese a que ofrece medio millón de pesos de recompensa por quien proporcione información”, indicó Malú, también integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

María Luisa ya había abandonado la entidad luego de que el pasado 17 de marzo unos desconocidos incendiaron su casa después de que día antes recibió amenazas contra su familia.

“Lo único que me da fuerzas es ver que mi madre está viva y luchando por levantarse de nuevo y salir adelante pese a todos los obstáculos”, expresó.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre la familia Reyes de Ciudad Juárez

México, Distrito Federal
Sábado 19 de febrero de 2011

* A nombre del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quiero expresar nuestra preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez. En particular, manifestamos nuestro rechazo al hostigamiento y a las amenazas contra la familia Reyes Salazar. Desde aquí nos sumamos a su demanda de que aparezcan vivos, sanos y salvos, sus familiares Malena, Elías y Luisa, secuestrados por un comando armado el 7 de febrero pasado.

También queremos declarar nuestro respaldo a la lucha de esta familia en Juárez, junto con decenas de organismos civiles y sociales de esa ciudad, para exigir que las autoridades investiguen este secuestro, devuelvan con vida a sus familiares y castiguen las agresiones que han sufrido todos los activistas. Es increíble, es ofensivo, que a pesar de sostener una huelga de hambre desde el 8 de febrero, ni el gobernador, ni el procurador y ni siquiera el subprocurador los hayan querido recibir y escuchar.

La familia Reyes Salazar está integrada por luchadores sociales reconocidos del Valle de Juárez que en el último año han sido atacados despiadadamente. Hace un año fue asesinada Josefina Reyes, integrante de nuestro movimiento, y en agosto pasado corrió la misma suerte su hermano Rubén; para ambos exigimos justicia y castigo a los responsables.

Demandamos la aparición con vida de los tres integrantes de la familia Reyes Salazar secuestrados desde principios de mes, solicitamos el castigo a los responsables de la muerte de Josefina y Rúben; y el cese al hostigamiento a los activistas y luchadores sociales en esa ciudad.

Convocamos a todos los ciudadanos y miembros de nuestro movimiento a brindar toda la solidaridad posible y el apoyo incondicional a la familia Reyes Salazar y a quienes luchan a diario por los derechos humanos y por la vida en el estado de Chihuahua.

Atentamente
Andrés Manuel López Obrador

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Incendian maderería del esposo de Marisela Escobedo y asesinan a su cuñado

POR UNA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMINICIDIOS, NI UNA MUERTA MÁS

Asesinan al cuñado de Marisela Escobedo e incendian negocio de su esposo

¡Juicio y castigo a los asesinos de Marisela y su cuñado!

Incendian maderería del esposo de Marisela Escobedo y asesinan a su cuñado mientras familiares y amigos velaban el cuerpo de la compañera. Ella había denunciado que el asesino de su hija pertenecía a Los Zetas.

Diversos medios nacionales e internacionales, han difundido la terrible noticia del incendio de la maderería de la pareja de Marisela Escobedo y el asesinato de su cuñado.

Sucedió la mañana de hoy, 18 de diciembre, mientras la familia velaba el cuerpo de la compañera y activista asesinada el 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El negocio ubicado en Ciudad Juárez, en la colonia La Cuesta, pertenecía a José Monge Marroquín, esposo de Marisela e informan que luego de rociar con gasolina el lugar, un comando armado “levantó” al copropietario y su hermano Arturo Monge Marroquín.

Arturo apareció más tarde baleado en una calle de Ciudad Juárez, lamentablemente murió antes de recibir atención médica.

Un vocero de la fiscalía general del estado, con un cinismo increíble, han declarado que no se puede establecer al momento, que tanto el incendio como el “levantón” tengan relación con la muerte de Marisela.

Sin embargo, la compañera venía denunciando que Sergio Barraza, el asesino de su hija, recibía la protección de Los Zetas. Ahora sus hijos y su nieta también corren riesgo, pues también habían sido amenazados de muerte.


Llamado urgente ante el asesinato de la compañera Marisela Escobedo Ortiz

El caso de Marisela, cada vez turbio entre tanta impunidad y una cadena de crímenes que no paran, nos llena de indignación ante tanta impunidad de los feminicidios ignorados por el gobierno, la persecución a los familiares de las víctimas y el asesinato a los luchadores sociales.

Recientemente salimos a las calles en el DF, junto con 200 compañeras, activistas de diversas organizaciones de mujeres. Llegamos a Gobernación y a pesar del cerco policíaco federal, nos enfrentamos con la policía para poder ingresar. Ahí gritamos furiosas e indignadas, nuestro repudio por este asesinato. Para posteriormente ser reprimidas sobre avenida Reforma cuando íbamos en camino hacia la Procuraduría General.

Redoblemos las protestas y movilizaciones compañeras, es urgente que logremos la protección total de la familia de Marisela, que solo se garantizará en nuestras propias manos y no de los cuerpos policiales estatales y federales, ni del ejército que mata civiles inocentes.

Proponemos a todas las organizaciones de mujeres del país, feministas, activistas y organizaciones de los derechos humanos, también a todos los sindicatos y organizaciones democráticas y de izquierda, una reunión urgente para discutir como implementar una campaña nacional contra los feminicidios y tomar acciones en contra la impunidad.

Nos solidarizamos con Nuestras Hijas, además con todas las activistas, feministas, y luchadoras de Chihuahua. Exigimos cese a la represión y persecución en su contra.
Repudiamos el asesinato a Marisela Escobedo y Arturo Monge Marroquín, exigimos juicio y castigo para los responsables y la detención inmediata y definitiva de Rafael Barraza.

Exigimos que el estado otorgue una pensión permanente para la hija de Rubí Marisol, nieta de Marisela.

Por una comisión independiente integrada por los familiares de las víctimas y personalidades de derechos humanos, que tome en sus manos el caso.
Apertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres.
Basta de feminicidios en todo el país. Basta de impunidad.
Alto a la militarización del país.

Marisela tu lucha es nuestra lucha…


AGRUPACION DE MUJERES PAN Y ROSAS

LIGA DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Organizaciones se pronuncian por el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz

Ante la incapacidad y el desprecio del gobierno federal y el gobierno estatal, Marisela fue asesinada por pedir justicia para su hija Rubí.


“No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija” fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.

Rubí, tenía 16 años cuando fue asesinada por Sergio Rafael en agosto de 2008. Desde que desapareció y su pequeño cuerpo fue encontrado en un terreno junto a huesos de marranos, la madre de Rubí, Marisela, una enfermera jubilada, dedicó su vida a buscar justicia para su hija, convirtiéndose una defensora de derechos humanos.

El mismo día que el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, pedía a la ciudadanía “sacudirse el miedo para combatir a los criminales”, Marisela fue asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta pacífica e indefinida para exigir a las autoridades la detención del asesino de su hija Rubí.

Marisela no sólo se sacudió el miedo, caminó durante días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Ciudad Juárez para exigir sanción para el asesino de su hija. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija Rubí. Un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino, cimbrando el sistema de justicia.

Marisela, luchadora incansable, logró junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que un tribunal de casación (integrado por tres magistrados) rectificara la decisión de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, en el que se le condenaba finalmente a 50 años de prisión.

“Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos” decía Marisela. Efectivamente, mientras las autoridades no lograron encontrar a Sergio Rafael, Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Zacatecas y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua, que alegó que por trámites burocráticos no pudo detenerlo.

La Procuraduría del estado de Chihuahua le informó a la madre, que en coordinación con la Procuraduría General de la República y las de los Estados “se encontraban buscando al asesino de su hija en todo el país”. Nunca lo encontraron.

Durante dos años, recorrió el país. Regresó a Zacatecas, viajó a la Ciudad de México donde solicitando audiencia con el Presiente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez, quienes se negaron a recibirla. Se entrevistó con mandos de la Procuraduría General de la República que le prometieron que buscarían al asesino de su hija. Tampoco lo encontraron.

Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y sacó una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. La solicitud de Marisela hizo enojar al Gobernador, como lo documentaron varios periódicos locales. El gobernador incluso la regañó y despreció. Después, logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua que le prometió que revisaría su caso.

Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) declaró “en estos momentos, no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de estado pues Marisela no iba a parar hasta que detuvieran al asesino de su hija”.

Marisela murió a las puertas del Palacio de Gobierno y frente a la cruz de clavos que colocaron la red de mujeres de negro y madres de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua. Marisela fue asesinada por pedir justicia.

Sr. Presidente Calderón y Sr. Duarte, Gobernador de Chihuahua: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los ciudadanos para hacer justicia y dónde empieza su labor como autoridades?

Ante tal incapacidad, cantidad de omisiones, desprecio y negligencia, el Estado mexicano es responsable y debe responder inmediatamente por el asesinato de Rubí y Marisela.

Ya basta. Ni una más.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres / Mesa de Mujeres/ COSYDDHAC/ Justicia Para Nuestras Hijas / Centro de Derechos Humanos Paso del Norte


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

No es el miedo lo que nos calla, es la impunidad la que nos paraliza

“NO ES EL MIEDO LO QUE NOS CALLA”

ES LA IMPUNIDAD LA QUE NOS PARALIZA


“NO ME VOY MOVER DE AQUÍ HASTA QUE DETENGAN AL ASESINO DE MI HIJA” Esas fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.

Ante la impunidad que afecta gravemente a las víctimas de feminicidio y sus familiares en México, nuevamente el estado de Chihuahua demuestra la inexistencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de violencia y las defensoras de derechos humanos. Este contexto de violencia institucional se confirma con el ASESINATO de la Sra. Marisela Escobedo Ortiz, madre y defensora de los derechos humanos que dedicó su vida a buscar justicia para su hija.

Rubí Marisol, hija de Marisela, tenía 16 años cuando su ex pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, la asesinó el 28 de agosto de 2008; a pesar que el asesino confesó y ubicó el lugar exacto en que arrojó y quemó el cuerpo de su víctima y pidió perdón en la audiencia de juicio oral, los jueces de primera instancia Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid decidieron, en abril de 2010, absolver y liberar al asesino. Frente a esta injustificable decisión judicial, la Sra. Marisela en colaboración con el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, recurrieron ante un tribunal de casación obteniendo una sentencia condenatoria de cincuenta años de prisión, la cual no se ha cumplido ante la fuga del asesino.

La lucha de la Sra. Marisela Escobedo continuó, al tener una sentencia sin detenido, muchas personas presenciamos su exigencia de justicia por el feminicidio de su hija, compartimos con ella su dolor y reconocemos su coraje y valentía en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A pesar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga la coordinación entre instituciones y autoridades federales, estatales y municipales para la prevención, investigación y persecución de los delitos, en el caso de Rubí y el asesinato de la Sra. Marisela, este mecanismo demostró su inoperancia e ineficacia.

Ante la falta de coordinación, incapacidad, omisiones, desprecio, negligencia e impunidad en el feminicidio de Rubí, las autoridades federales y estatales contribuyeron a generar un contexto permisivo para que se privara de la vida a la Sra. Maricela Escobedo.



EXIGIMOS QUE EN UN PLAZO DE 21 DIAS

1. Un pronunciamiento público por parte del gobernador de Chihuahua y el Ejecutivo Federal condenando estos hechos;

2. Se instrumente el Sistema de Seguridad Pública para que realicen todas las acciones conducentes a ejecutar la orden de aprehensión en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Fraire Escobedo;

3. Y se realicen las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de la Sra. Marisela Escobedo Ortiz.



¡¡¡¡¡¡¡¡YA BASTA NI UNA MUJER ASESINADA MAS EN CHIHUAHUA!!!!!!!!

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO (Conformado por 46 organizaciones en 18 estados)



Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 46 organizaciones en 18 estados)



Academia Mexicana de Derechos Humanos; Academia Morelense de Derechos Humanos; Arte contra el Feminicidio; Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C.; Asociación Ecológica Santo Tomás; Asociación Sinaloense de Universitarias; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos "Solidaridad Popular AC; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua; Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo local; Centro Integral Jurídico Pro-Derechos; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; Ciencia Social Alternativa; Ciudadanas por el derecho a decidir; Colectivo Bolivariano, Centro de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Comisión de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité contra los Feminicidios en Morelos; Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM Jalisco; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Defensores Oaxaqueños por los derechos Humanos Isabel A.C.; Diver/ciudad; Diversidades y no Discriminación AC; El Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río; EQUIFONIA, Colectivo por la ciudadanía y Autonomía; Frente Cívico Sinaloense AC; GRUPO DE MUJERES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, A. C; HACERES A.C.; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla; Justicia para nuestras hijas; La Red Nacional de Periodistas; Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca; Mujeres Organizadas Yuubani; Mujeres por México en Chihuahua; MUJERES UNIDAS: OLYMPIA DE GOUGES, AC; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Yauani; Mujeres y hombres socialmente activ@s ; Nosotras Ciudadanas; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; ProDESC (Proyecto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales); Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Red Contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes; Red Democracia y Sexualidad (Demisex); Red de Investigadoras “Por la Vida y la Libertad de las Mujeres” Red de Mujeres del Sur; Red de Mujeres por la Igualdad, Desarrollo, Género, Ciudadanía; Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec; Red feminista sonorense; Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Red Nacional de Periodistas; Red Por sus Derechos Mujeres en Red; Servicio, paz y justicia-México; Unión Urbana Campesina Zapatista del Sur (UCAZS) en Jalisco; Vísión Mundial de México, A.C.



Internacionales

Radio Internacional Feminista- FIRE; “Las Dignas” Asociación Mujeres por la Dignidad y la Vida, El Salvador, Centroamérica.



Personal

Adriana Palacios Luna; Alma Celia San Martin; Ana Lidia Murillo; Ana María Emeterio Martínez; Ana Maria Hernanández Cárdenas; Ana Yeli Pérez Garrido; Anahí Espíndola Pérez; Eduardo Liendro Zingoni; Eduardo Morales Sierra; Fátima Najarro (El Salvador); Gabriela Rivera Díaz; Iliana Galilea Cariño Cepeda; Irazú Gómez Vargas; Isaac Torres Carmona; Juan Gutiérrez Contreras; Laura Jiménez García; Laura Yadira Rodríguez Estrada; Lourdes Pérez Oseguera; Luz María Pérez Cabrera; María de la Luz Estrada Mendoza; Marievna Donaji Vasquez Marcial; Marta Eugenia Solano Arias (Costa Rica); Martha Guadalupe Figueroa Mier; Martha Yuriria Rodríguez Estrada ; Oscar A. Castro Soto; Sergio Luna Cuatlapantzi; Teresa Emeneterio Martinez; Verónica Abreu Rivera; Yesica Sanchez Maya; Zenaida Pérez Gutiérrez.


Responsable de publicación: María de la Luz Estrada


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Asesinan a Marisela Escobedo Ortiz, defensora de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez

Asesinan a Marisela Escobedo Ortiz, defensora de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez, mientras exigía pacíficamente que se cumpliera la sentencia en contra del asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo

Difusión Cencos México D.F., 17 de diciembre de 2010

Pronunciamiento

OSC de DH Nacionales e Internacionales

Ayer, 16 de diciembre de 2010, un grupo de hombres llegó a la plaza principal de la ciudad de Chihuahua, y se acercó a Marisela Escobedo Ortiz, quien desde hacía 8 días se manifestaba pacíficamente, exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Ella corrió buscando refugio al Palacio de Gobierno, a sus puertas, uno de los hombres le disparó a la cabeza y la asesinó.

La causa de este asesinato, es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Durante los últimos 27 meses la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El 28 de agosto de 2008, ante el asesinato de su hija Rubí, Marisela comenzó los trámites correspondientes para su denuncia y para que las autoridades actuaran conforme a derecho, pues se tenía claras sospechas de quien podía haber sido el asesino.

Rubí Marisol, de 19 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza, con quien tenía una hija. Barraza Bocanega ejerció violencia desde el inicio de la relación, misma que incrementó hasta que la asesinó, quemó y tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos. Huyó al estado deZacatecas, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Su crimen no fue investigado, posteriormente fue absuelto por los tribunales y finalmente, ya que se había dado a la fuga, encontrado culpable mediante un juicio de casación.

Ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones ministeriales, Marisela tuvo la tenacidad de buscar, siempre dentro del marco de la ley, las pruebas de los hechos. Sergio Rafael Barraza, personalmente y ante ella, ubicó el lugar exacto donde había depositado a su víctima, confesó su crimen y pidió perdón en la audiencia de juicio oral que se realizó. Sin embargo, el 29 de abril de 2010, las y los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado decidieron absolverlo.

El hecho estremeció a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Las familias de las víctimas y las organizaciones civiles locales, acompañadas por organizaciones e instancias nacionales e internacionales, desde 1993 han documentado el feminicidio, denunciado la negligencia y complicidad de las autoridades y han realizado un trabajo constante de propuestas y acciones para que las instituciones del Estado actúen de acuerdo a sus obligaciones con la ciudadanía. Justo unos meses antes se había tenido un logro importante en ese sentido. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El Estado mexicano había argumentado en el juicio interamericano que el nuevo sistema de justicia en Chihuahua ya no repetía la impunidad de las décadas anteriores. El asesinato de Rubí y la impunidad ante la contundencia de las pruebas, hizo evidente que la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua era peor que en cualquier año anterior.

Durante este año 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en el estado de Chihuahua por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad.

La Corte Interamericana también reconoció que existe un hostigamiento y agresión sistemática contra las familias y defensoras que exigen justicia por estos casos, y condenó a México por no garantizar su protección, dejar los hechos en la impunidad y por no reparar los daños.

Marisela Escobedo Ortiz, exigió justicia siempre de una manera pacífica. Utilizó sus propios recursos, económicos y vitales, para realizar el trabajo que las autoridades no cumplían. Realizó todas las investigaciones para conocer la verdad y dar con el asesino de su hija. Caminó desde Ciudad Juárez a Chihuahua para que el Gobernador del estado, en ese momento José Reyes Baeza, mandatara las acciones necesarias para detener al asesino. Ante la absolución de Sergio Rafael Barraza, realizó el juicio de casación y logró que en dicha sentencia se condenaraal asesino. Sin embargo, como no se dictó arraigo él volvió a huir y desde su fuga comenzó a amenazar a Marisela.

En julio de este año, ella se instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir al Presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que buscaran y detuvieran al asesino. En septiembre acudió al Encuentro Nacional Feminista que se realizó en Zacatecas y ahí pidió que las autoridades que buscaran a Barraza, pues se tenían indicios de que se encontraba en esa entidad. En noviembre de este año presentó testimonio ante la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres.

Ella afirmaba, que mientras no se detuviera al asesino de Rubí y a todos los demás asesinos de mujeres, éstos seguirían cometiendo dichos crímenes. Su conciencia de la necesidad de realizar medidas para que los hechos no se repitieran permitió que en el estado de Chihuahua, se instalara la Comisión Investigadora para el caso Rubí, con el fin de detectar los errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial para que no se repitiera la impunidad. Sin embargo, todo quedó paralizado ante el cambio de gobierno estatal y municipal. Marisela protestaba ayer porque el nuevo gobernador, Cesar Duarte Jáquez, no había realizado ninguna acción respecto de su hija -y demás mujeres desaparecidas y asesinadas- pero sí había movilizado todo el aparato de procuración de justicia para familiares de funcionarios de alto nivel del Estado.

Las organizaciones firmantes continuaremos la voz y demanda de Marisela:

En su memoria decimos que no queremos más simulación por parte de las autoridades.
Exigimos fin al feminicidio y a la impunidad.

Demandamos que se cumplan todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia por dichos hechos.

Siguiendo a la Corte Interamericana, exigimos se garantice la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobar.

Ante el gravísimo incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado, ni a realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad. En ello se incluye a los cuerpos de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal- que desde 2008 tienen ocupada Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, sin que ello se haya traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres.

• Denunciamos que en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ni para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.

Marisela Escobedo Ortiz, fue una defensora de derechos humanos que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas. Su asesinato revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C. (www.mesademujeresjuarez.org // www.campoalgodonero.org.mx) Mujeres por México, Chihuahua A.C. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Observatorio Ciudadano de Derechos de las Mujeres, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de derechos Humanos de la UNAM, Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristobal), Diana Damián (Municipio Autónomo Zapatista, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM- México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (BARCA, Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto Derechos Económicos Sociales y Culturales, DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Alejandra González (Tlachinollan, D.F.), Irma Estrada Martinez (Tribunal Internacional de Conciencia, DF), Aline Castellanos Jurado (México, Consorcio Oaxaca A.C.), Cecilia Espinosa Martínez (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez),

Internacionales:
Adelay Carias (Honduras, Feministas en Resistencia), Alejandra Nuño (Costa Rica, Centro por la Justicia y en Derecho Internacional-CEJIL), Amandine Fulchiron (Guatemala, Actoras del Cambio), Ana Ixmucané Gatica (Guatemala, Comité de Unidad Campesina), Lucía Morán Vásquez (Guatemala, Mujeres Transformando el Mundo), Carmela Curup Chajon (Guatemala, Asociación de abogadas Mayas), Claudia Hernández Cruz (Guatemala, Fundación Sobrevivientes), Claudia Acevedo (Guatemala, LESBIRADAS), Claudia Spellmant Medina (Honduras, Colectivo III/RedLacTrans), Claudia Samayoa (Guatemala, UDEFEGUA), Daysi Flores (Honduras, Jass Mesoamérica/ Petateras/Feministas en Resistencia), Dora Ruano (Guatemala, Frente Nacional de Lucha -FNL), Erika Guevara (USA, Global Fund For Women), Evelyn García (Guatemala, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), Evelyn Morales Pineda (Guatemala, Mujeres Tierra Viva), Gilda Rivera Sierra (Honduras, Centro de Derechos de Mujeres), Gladys Lanza Ochoa (Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”), Inmaculada Barcia (España, AWID), Jacqueline Nolley Echegaray (USA/Peru, Just Associates -JASS), Lisa VeneKlasen (USA, Just Associates -JASS), Luisa Pérez Herrán (Nicaragua, Grupo Venancia), Aleyda Terán (Panamá, Alianza de Mujeres/ Codim/Petateras), Lydia Alpizar (Costa Rica/ México, AWID), Mariana Moisa (El Salvador, Mujeres Solidarias/ Colectiva feminista), Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador, Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer-APDM), Marta María Blandón (Nicaragua, IPAS), Mary Jane Real (Philippines, Women Human Rights Defenders International Coalition), Morena Herrera Argueta (El Salvador, Alianza Feminista Centroamericana /Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Nohelia Nuñez Licona (Honduras, Plataforma de DH de Honduras / E.DEF.), Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik), Patricia Orozco Andrade (Nicaragua, Campaña 28 de Septiembre), Patricia Ardón (Guatemala, Sinergia Nój/ JASS/ Petateras), Patricia Guerrero Acevedo (Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas), Paz Arau Picado (Nicaragua, Grupo Venancia), Ruth Polanco (El Salvador, Las Dignas), Silvia Ivethe Juárez (El Salvador, ORMUSA), Tara Madden (Irlanda, Front Line), Yanira Argueta (El Salvador, Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas), Yanira Tobar Márquez (Guatemala, Mujeres en Superación/Red Trasex).

17 de diciembre de 2010 Ciudad Juárez, Chihuahua, México.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!