Extranjeros capacitarán a policías mexicanos: SSP

La dependencia precisa que no se está contratando a ex agentes de la FBI

Serán los nuevos mandos dedicados a realizar tareas de inteligencia

Gustavo Castillo García (La Jornada)

Policías de países como Estados Unidos, Francia, Colombia e Israel, entre otros, capacitarán a 300 elementos mexicanos a fin de que se conviertan en los mandos de los nuevos agentes dedicados a realizar tareas de inteligencia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal precisó que no se está contratando a ex agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) para que adiestren a los policías mexicanos, sino que únicamente se está pidiendo el apoyo de gobiernos como el de España, para que sus instructores y especialistas dirijan la capacitación.

De acuerdo con la información obtenida, 300 agentes –desde oficiales hasta mandos de la policía federal– pasarán, antes de ser entrenados, por una serie de exámenes de confianza para evitar posibles vínculos con el crimen organizado.

Hasta el momento, según la versión de la SSP federal, una vez que sean seleccionados los 300 agentes a entrenar, los policías estadunidenses, españoles, franceses, colombianos, israelíes y de otras naciones, los capacitarán para convertirlos en los mandos o jefes de los 9 mil universitarios que pretende contratar la Secretaría de Seguridad Pública como agentes en áreas de inteligencia e investigación policial.

Este miércoles, en el diario USA Today apareció una información en la que se menciona que los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos negociaban la posible contratación de 300 ex agentes de la FBI para que capacitaran a 9 mil policías mexicanos, y que entre las tareas primordiales estaría el combate al tráfico de estupefacientes y armas, así como el lavado de dinero.

A ese respecto, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal indicó que es una versión equivocada y que el objetivo es que instructores de diversas naciones apoyen en la capacitación de 300 policías mexicanos para que éstos, una vez adiestrados, se conviertan en los jefes de los nuevos elementos y difundan entre ellos los conocimientos adquiridos.


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Exigen liberar a dos militantes de la CNPA

Javier Salinas, corresponsal La Jornada

Ecatepec, Méx. Estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo se manifestaron para exigir la liberación de Wilfrido Hernández Jarquín y Erick Bautista Gómez, egresados de esa casa de estudios e integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), presos en Chiapas por el homicidio de Martha Gómez, cometido el pasado 11 de noviembre en una riña. Juan Jiménez López y José Luis González, estudiantes de Chapingo, consideraron que la detención de sus compañeros es un acto de represión porque, aseguraron, Wilfrido y Erick no se encontraban en el lugar donde se cometió el asesinato.



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Exigen entregar a jóvenes levantados por una patrulla en Cuernavaca

Un jefe policiaco de Morelos está implicado, admiten autoridades

Un agente asegura haber visto a los desaparecidos en la camioneta del comandante, quien los habría acusado de robo e intento de homicidio


La Procuraduría General de Justicia de Morelos distribuyó un volante con las fotografías de Samuel Terroba Rodríguez, Pablo Domínguez Montiel, Daniel Rueda Becerril y José Alfredo Arroyo Juárez, a quienes se vio por última vez la madrugada del 18 de abril a bordo de la patrulla del comandante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Familiares de los jóvenes y un organismo de derechos humanos exigieron que sean presentados con vidaFoto La Jornada

Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal

Cuernavaca, Mor., 22 de abril. La madrugada del sábado 18 de abril, Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Alfredo Arroyo Juárez, de 23; Samuel Terroba Rodríguez, de 19, y Pablo Domínguez Montiel, de 22 años, estaban frente a la unidad habitacional Morelos, en la colonia Flores Magón de esta capital. Según testigos, policías ministeriales los subieron a la patrulla 01112 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y desde entonces se ignora su paradero.

Los padres de los cuatro jóvenes se manifestaron este miércoles ante las oficinas del procurador Francisco Coronato Rodríguez para exigir al gobierno federal que intervenga y dé con su paradero. Testigos nos dijeron que se los llevaron en la patrulla 01112 de la Policía Ministerial de la procuraduría, y aquí (en la PGJE) dicen que no los tienen detenidos. Queremos que nos los entreguen, y si cometieron una irregularidad, que los procesen. Tenemos cinco días sin saber en dónde están, dijo María del Carmen Becerril, madre de Daniel Rueda.

El martes pasado padres de familia y amigos de los jóvenes protestaron en la unidad habitacional Morelos. En respuesta, el titular de la Subprocuraduría Contra la Delicuencia Organizada de la PGJE, Jorge Arturo García Pedroza, y el coordinador de la Policía Ministerial, Guillermo Vargas Rodríguez, reconocieron en conferencia de prensa la desaparición de los cuatro jóvenes y aseguraron que ya se iniciaron las pesquisas.

También aceptaron que la patrulla en la que supuestamente se llevaron a los cuatro jóvenes es de la Policía Ministerial de Morelos, y que esa unidad está a cargo del comandante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Elesban Miguel Alamilla Cabañas. Añadieron que la noche del lunes el jefe policiaco ya no se presentó a la PGJE.
El procurador Coronato Rodríguez informó que se libró una orden de aprehensión contra Alamilla Cabañas por presunta privación ilegal de la libertad, luego que un policía de esta capital –cuyo nombre omitió– declaró que el comandante ministerial participó en la detención de los cuatro jóvenes, a quienes acusó de robo e intento de homicidio.

Indicó que un comandante de la policía metropolitana señaló que la madrugada del 18 de abril recibió dos llamadas de auxilio en la colonia mencionada. La primera fue a las 2:26 horas por disparo de arma de fuego, pero no encontró indicio alguno.

A las 3:10, el agente fue informado por radio sobre una riña en el mismo lugar. Al llegar se encontró con un policía ministerial, quien se identificó como Elesban Miguel Alamilla Cabañas y estaba acompañado de una persona no identificada. El policía vio que en la batea de la patrulla había cuatro personas.

Según el policía, Alamilla Cabañas dijo que presentaría a los jóvenes ante el Ministerio Público por robo e intento de homicidio, y le mostró una pistola tipo escuadra calibre 22, que supuestamente había decomisado a los detenidos, indicó el procurador.

Añadió que uno de los desaparecidos, Pablo Domínguez, es oriundo de Morelia, Michoacán, y rentaba un departamento en el edificio de la colonia Flores Magón donde ocurrieron los hechos.

Según Coronato Rodríguez, Elesban Miguel Alamilla estaba franco la madrugada del sábado, y no realizaba ninguna actividad oficial.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado exigió a la PGJE presentar vivos a los jóvenes, y recordó que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad.


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Obreros instalan “plantón” en Juárez

Luis Carlos Cano Corresponsal
El Universal

Jueves 23 de abril de 2009
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Un grupo de 250 obreros se instalaron ayer afuera de la empresa maquiladora ECS, que se encuentra en paro técnico, para evitar que los directivos salgan de la ciudad sin pagar las indemnizaciones de ley, pues temen que se vaya la compañía porque ha bajado la producción y han sacado equipo.
Por otro lado, otras dos empresas del mismo sector anunciaron el cierre de sus plantas en la región, lo que generará el despido de mil 377 trabajadores.

Los obreros de la maquiladora de origen norteamericano ECS formaron un frente de defensa y desde ayer por la mañana se colocaron en el exterior de la planta, debido a que se dieron cuenta que el fin de semana los directivos y personal de confianza comenzaron a sacar maquinaria y parte de la producción que había en bodegas, por lo que sospechan que pretendían cerrar sin cumplir con la ley.

Los empleados solicitaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que intervenga para que no se convierta en empresa golondrina, para en caso de que cierre, los indemnicen de acuerdo con la ley, además de denunciar que sólo se les está cubriendo la mitad de sus salarios.

Informaron que esta empresa cuenta con 250 obreros y que no van a permitir que abandonen el país sin antes pagarles la indemnización.






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Campesinos denuncian despojo

El Universal

Jueves 23 de abril de 2009
Campesinos del Ejido La Joya, municipio de Torreón, iniciaron un “plantón” frente a la comuna para exigir la devolución de sus tierras que, según dicen, les fueron expropiadas ilegalmente. “En forma irregular fuimos despojados de 146 hectáreas con las cuales se favorecieron varias inmobiliarias”, denunciaron. (Enrique Proa)


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Los reprimen por defender la Tierra

ONG denuncia abuso policiaco, amenazas y asesinatos

Liliana Alcántara
El Universal

Miércoles 22 de abril de 2009
En México las acciones para evitar el deterioro de los recursos naturales, conservar la biodiversidad y proteger la Tierra implican un riesgo en el que sus principales promotores pueden perder hasta la vida.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos” documentó en los últimos dos años al menos 41 casos en los que hubo represión policíaca, detenciones arbitrarias, enfrentamientos intercomunitarios, amenazas, hostigamiento y asesinatos contra los defensores de la ecología en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán.

En 31 del total de esos casos el motivo del conflicto es la obtención y control por el agua. El resto obedecen a la defensa de la tierra, los recursos forestales, minerales y a la biodiversidad.

Algunos de los proyectos que han ocasionado esos conflictos son el plan turístico de la Sierra Tarahumara; la construcción de las presas El Tigre y La Cabeza, así como el Centro Industrial para el Manejo de los Residuos Industriales y Disposición Final en Coahuila; la construcción de la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero; el confinamiento de desechos tóxicos en Zimapan, Hidalgo y la construcción de plantas de etanol en Oaxaca y Veracruz.

Edgar Cortez, secretario técnico de dicha red, explicó que el trabajo de los defensores de los recursos naturales en el país es cada vez más arriesgado en la medida que sus acciones afectan intereses económicos de gobiernos, caciques y empresas transnacionales.

“Hemos visto cómo en los últimos años se han desarrollado proyectos de infraestructura que implican enormes depredaciones y por eso las comunidades han tenido que protestar y oponerse porque además se agudiza la escasez de agua en muchas regiones”, señaló Cortez.

Dijo que quienes encabezan esas movilizaciones son víctimas de hostigamiento y amenazas, pero también son criminalizados porque detienen a los activistas de manera arbitraria y los acusan de delitos que no cometieron. En casos extremos sus actividades de protección al medio ambiente les ha costado la vida.

Ese es el caso, dijo, del ecologista Aldo Zamora, quien el 15 de mayo del 2007 fue emboscado en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, por un grupo armado que, según los testigos, fue integrado por talamontes de la región. Aldo Zamora formaba parte de los defensores del bosque de San Juan Atzingo y nadie hasta la fecha ha sido consignado y sentenciado por su asesinato.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, coincidió en que la defensa de los recursos naturales en México es una actividad que implica diversos riesgos porque su aprovechamiento resulta estratégico para las empresas transnacionales, los gobiernos y los caciques de la región.

“La importancia del aprovechamiento de los recursos naturales es tal que incluso el plan anticrisis del gobierno de Felipe Calderón incluye la construcción de grandes obras de infraestructura que afectarán de alguna manera a los ecosistemas”, dijo.

Afirmó que a nivel local, en las zonas rurales, los campesinos ecologistas enfrentan las amenazas y el hostigamiento de los caciques como es el caso del Ejido de los Corrales, donde dos habitantes han sido detenidos por oponerse a la tala indiscriminada que realizan grupos respaldados por el Ejército.

Explicó que hay otro conflicto similar en las comunidades que rodean a Tecuanapa, en la sierra de Guerrero, donde los habitantes de cinco comunidades luchan porque se les distribuya agua potable y sobre quienes pesan una decena de averiguaciones previas tras las protestas que han realizado en contra de las autoridades municipales.

Los activistas Edgar Cortez y Vidulfo Rosales destacaron que todos los casos de asesinatos y agresiones contra los defensores de los recursos naturales están impunes sin que los gobiernos federal, estatal y municipales castiguen a los responsables ni garanticen el derecho de las comunidades a proteger el medio ambiente.




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Temen se recrudezca cacería de eperristas

Luego de que la comisión de mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal renunció a su interlocución alegando falta de voluntad política de las autoridades, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos eperristas desaparecidos, respaldó la versión de que “el Estado mexicano fue el que puso, en todo momento, los obstáculos”

Genaro Altamirano Corresponsal
El Universal

Miércoles 22 de abril de 2009
OAXACA, Oax.— Luego de que la comisión de mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal renunció a su interlocución alegando falta de voluntad política de las autoridades, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos eperristas desaparecidos, respaldó la versión de que “el Estado mexicano fue el que puso, en todo momento, los obstáculos”.
Por eso, advirtió que “si el EPR reinicia sus acciones militares contra el Estado mexicano, es responsabilidad del gobierno porque no ha dado muestras de voluntad política para presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007”.

La también representante del Comité de familiares de detenidos-desaparecidos “Hasta encontrarlos” tampoco descartó que el gobierno reanude la persecución política contra los familiares de los militantes del EPR. “Sentimos que nos quedamos desprotegidos y si acciona el EPR, se puede desatar una campaña de hostigamiento contra los familiares que piden su presentación con vida y eso no es delito”.

Nadín consideró que Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados, Carlos Montemayor, Gilberto López, Enrique González Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra y el grupo rebelde siempre demostraron voluntad para atender este caso de desaparición forzada.

Inclusive, agregó, la comisión hizo muchas investigaciones para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación 007/2009 el 13 de febrero y presionó para concretar reuniones con el gobierno, quien no dio muestras de voluntad para resolver el caso.

Por lo anterior, estimó que la decisión de esa comisión fue la pertinente, aunque ahora “estamos en un punto crítico”.

“El EPR cumplió con su promesa de no realizar ninguna acción militar, mientras que el gobierno no dio avances ni muestras de voluntad política para esclarecer el caso”, declaró Nadín.

El 23 de marzo, la comandancia general del EPR amenazó con romper la tregua y accionar militarmente si en un tiempo razonable, Felipe Calderón no daba una respuesta que satisfaga al grupo insurgente, como la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desparecidos el 25 de mayo de 2007.




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Inicia embestida de Sabines contra las bases de apoyo del EZLN: CDH Frayba

El pasado 17 de abril, este Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento de la implementación de un operativo de desalojo del bloqueo carretero en el crucero de Agua Azul, dentro de territorio del Ejido San Sebastián Bachajón, Chilón realizado por los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña en demanda de la liberación de sus 6 presos políticos, detenidos de manera ilegal y torturados el pasado 13 de abril por elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal de Caminos. Siendo trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Contra de la Delincuencia Organizada por los delitos fabricados de Robo con Violencia, Delincuencia Organizada y lo que resulte en agravio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En este operativo de desalojo participaron alrededor de 800 policías de nivel federal y estatal, quienes provenían principalmente de Ocosingo, Palenque y Yajalón.
Miembros de este Centro de Derechos Humanos, arribaron al lugar donde se llevaría a cabo el operativo pudiendo comprobar de manera presencial que el bloqueo carretero había sido levantado con anterioridad a la llegada de los efectivos federales y estatales. Sin embargo, las fuerzas de seguridad pública se mantuvieron apostados en el crucero de Agua Azul.

Por lo que una comisión de este Centro de Derechos Humanos se dirigió a dialogar con el Subdirector de la Delegación de la PGR en Chiapas y el Ministerio Público Federal adscrito en Ocosingo quienes eran los responsables de dicho operativo. Ante la pregunta de miembros de este Centro a los encargados sobre la justificación legal del operativo los funcionarios federales señalaron que se debía a una denuncia penal por el delito de ataques a las Vías Generales de Comunicación en contra de quien resulte responsable, por el bloqueo carretero tratándose de una vía federal. Sin embargo se le señaló a dicho funcionario que el bloqueo como él mismo se habrá dado cuenta ya no existía por lo que no había justificación legal para que ellos permanecieran más tiempo en la zona. Al poco tiempo miembros de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón informaron que Policías Estatales Preventivos se encontraban destruyendo la caseta de cobro de Agua Azul instalada con los propios recursos de los ejidatarios y donde obtenían recursos de manera legal y legítima para sostener las actividades de vigilancia de la carretera Ocosingo-Palenque ante la ineficacia y corrupción de los elementos de seguridad pública para cumplir con sus funciones. De acuerdo a los testimonios proporcionados por los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña que se encontraban en la caseta cobro al momento de la destrucción de la misma por los efectivos policíacos, fueron golpeados a patadas mientras robaban sus documentos, boletines informativos de la organización, pertenencias, comida y dinero ahorrado ($115,000 ciento quince mil pesos).

Esta destrucción de la caseta es una violación grave a los derechos humanos de los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña, puesto que muestra claramente la intención del gobierno federal y estatal, de acabar con su organización y resistencia en la defensa de su territorio como pueblos indígenas y en contra de los proyectos neoliberales que pretenden despojarlos de su territorio.


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