TODO EL PODER AL PUEBLO!
No hay Practica Revolucionaria sin Teoria Revolucionaria
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Presentación del Libro “Desaparición forzada en México”. Obra que recopila documentos del caso de los desaparecidos del EPR en Oaxaca en 2007.
Pablo Romo
José Enrique González
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LA COMISION DE MEDIACION
El Partido Democrático Popular Revolucionario y Ejercito Popular Revolucionario (PDPR-EPR) saludamos su perseverancia, labor humanitaria y compromiso social porque nunca más vuelva a suceder una detención-desaparición forzada en el país; por su esfuerzo en la búsqueda de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; y sus gestiones para lograr su presentación con vida y en libertad.
Este 25 de mayo se cumplirán cuatro años de la detención-desaparición de nuestros compañeros, crimen abominable y ausencia forzada que estamos enfrentando compañeros, familiares, amigos y el pueblo que nos apoya con la misma determinación y firmeza que ellos lo harían si cualquiera de nosotros fuéramos víctimas de esta nefasta práctica gubernamental.
Queremos reiterarles una vez más nuestra plena confianza para con ustedes por todo lo que han hecho y decidan emprender a pesar de la negligencia, indolencia y perversidad de este gobierno, expuesto una vez más en su desacato a la misma recomendación de la CNDH. Convirtiendo los crímenes de lesa humanidad en práctica sistemática y política de Estado.
Por lo expuesto solicitamos que sus esfuerzos y gestiones sean emprendidos en la medida de sus posibilidades en las diferentes instancias internacionales, porque hay pruebas fehacientes e irrefutables de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa reconoce tres casos de violación de los derechos humanos en donde está confirmada la responsabilidad del Estado mexicano, entre ellos el de la desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez por lo que les pedimos entregar de manera oficial los documentos correspondientes al caso a los representantes de la delegación de la ONU integrada por Ariel Dulitzki, Alan García, Jazminka Dzumhur, Osmar el Haijé y María Giovanna Bianchi que se encuentran en nuestro país.
Agradecemos la publicación de libro DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO editado por SERAPAZ ya que eso beneficia al pueblo mexicano dadas las circunstancias por las que estamos pasando y sirve como testimonio histórico.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITOPOPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 47.
República mexicana, a 28 de marzo de 2011.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Por experiencia, los mexicanos sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha cumplido con las funciones que dice tener, la supuesta autonomía de que se ha ufanado y la falta de facultades vinculatorias de sus recomendaciones han sido sus grandes debilidades y en lugar de que se dedicara a defender los Derechos Humanos de la sociedad, se dedicó a defender la impunidad de gobernantes y funcionarios que los violaron. Ni duda cabe que ha habido violaciones de todo tipo a los derechos humanos que ellos mismos probaron y comprobaron al igual que los obstáculos que pusieron las autoridades locales de Oaxaca y federales en el caso de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a pesar de los testimonios de personas que los vieron muy golpeados, graves, por las torturas que les infirieron quienes los detuvieron y entregados al ejército para internarlos en el Campo militar número uno donde, insistimos, se encuentran.
¿Qué podemos esperar de la CNDH en esta etapa con su nuevo presidente?
Pues, a pesar de todas las pruebas que se aportaron, a pesar, del destacado papel de la Comisión de mediación que realizó esfuerzos sobrehumanos para que presentaran a los compañeros, el capricho y la venganza del Sr. Felipe Calderón Hinojosa y de la cúpula del ejército fue, hasta la fecha, continuar torturando y además, negando que ellos tienen a nuestros compañeros, cuando todo mundo o las ONG’s saben que los tienen.
La falta de voluntad política para resolver todas las violaciones contra los Derechos humanos que han cometido miembros del ejército ha originado que hoy, el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera, proponga que se realicen manifestaciones ante las embajadas de México del mundo para denunciar las violaciones que el ejército comete día a día, que no son presuntas, porque hay pruebas claras de los desmanes que hace la milicia con cualquier ciudadano.
Milicia que ha declarado, con todo cinismo, que la estrategia que han desarrollado contra el crimen organizado es un ensayo para descubrir los “focos rojos” de descontento social y “ubicar” es decir reprimir a los luchadores sociales y cuando los militares que han torturado, reprimido o asesinado son descubiertos, los cesan sin ser juzgados para luego formar con ellos grupos paramilitares consentidos, sostenidos y dirigidos por las cúpulas del ejército, gubernamentales o empresariales para asesinar selectivamente a estos luchadores sociales. Demos algunos ejemplos: el asesinato de Lenin Ortiz Betancourt, hijo de los profesores Mónica Betancourt y Rigoberto Ortiz dirigentes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano; el estudiante de la BUAP y de la UNAM Fermín Mariano Matías originario de Puebla, asesinado, cuyo cadáver fue abandonado en territorio del estado de Tlaxcala, el asesinato de Mariano Abarca Roblero, luchador social de la Red Mexicana de afectados por la minería (REMA) del movimiento en contra de la entrega de la industria minera en Chiapas, el asesinato de los luchadores sociales de la OCEZ Jordán López Aguilar y Ballardo Hernández de la Cruz cuando se produjo la injusta detención de José Manuel Hernández Martínez, hoy ya en libertad; el asesinato de Miguel Pérez Cazales dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos, el asesinato de la hija y el yerno de una de las madres que pertenecen a la ONG Nuestras hijas de regreso a casa… esto sucede a todo lo largo y ancho del país, aunque algunos reporteros que se creen analistas políticos defiendan a capa y espada al Estado y al ejército diciendo que esos son hechos aislados, cuando que son hechos premeditados dentro de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) y que como declarara el representante de Amnistía Internacional, un sólo hecho de estos no debiera existir en un país que se presume democrático.
Son miles las demandas que llegan a Amnistía Internacional y, cómo se puede probar quiénes fueron si el mismo ejército encubre los hechos y actúa en plena impunidad.
Pero, no solamente son asesinados los luchadores sociales que desarrollan su lucha dentro del marco de la Constitución, además asesinan a los luchadores sociales que en un momento dado toman las vías de la insurgencia armada, como sucedió con el lamentable hecho de la muerte del Comandante Insurgente Ramiro del ERPI. Con este vil y cobarde hecho escalan una vez más los asesinatos selectivos.
Queremos aclarar con todo énfasis que no existe lucha intestina o interna alguna dentro de los diversos grupos revolucionarios existentes en nuestro país y que si algún luchador social que salga de la cárcel fuese asesinado no nos utilicen como pretexto, porque nuestro partido tomó como principio la decisión de resolver todo caso de manera política, quienes saben la historia de los acontecimientos pasados en nuestro partido, saben que a pesar de los delitos cometidos por algunos ex compañeros, tales como el robo, la violación, la delación y la deserción les hemos dado un trato eminentemente político y desde los años 70 hemos rehuido siempre toda lucha fratricida.
Por lo que reafirmamos que no se dará ninguna confrontación fratricida, porque cada quien con sus defectos y virtudes está haciendo algo por cambiar este sistema de opresión.
Ahora bien, consideramos que es necesario continuar insistiendo en la exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y por lo mismo, solicitamos a la Comisión de mediación que retome la función que con tanto acierto y esfuerzo sobrehumano venía desempeñando, para lo que les proponemos que sea con la ayuda de otros esfuerzos de quienes como los que la conforman tienen la autoridad moral para sumarse a ésta.
Insistimos, debido a los dichos del Sr. Calderón, y el Sr. Fernando Gómez Mont de que tienen la voluntad de dialogar con el pueblo y de atender todas sus demandas.
Insistimos, porque nos enfrentamos a la continuidad del delito de lesa humanidad de desaparición forzada y asesinatos de luchadores sociales como política de Estado.
Insistimos para que no siga habiendo impunidad y sean juzgados los elementos que han participado en desapariciones forzadas y asesinatos del presente, tales como el General de división Guillermo Galván Galván, el general Javier Oropeza, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y su procurador general de justicia; Mario Marín de Puebla; que se investigue al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que es el que tenía una “buena” relación con el brillante estudiante de física de la BUAP, Fermín Mariano Matías, así como a los asesinos del pasado como Arturo Acosta Chaparro por mencionar a uno de los más torvos.
Estamos concientes de las múltiples ocupaciones de las personalidades de la Codeme. Sin embargo, volvemos a solicitar e insistir que reconsideren nuevamente el funcionamiento de la misma. Por lo que esperaremos su respuesta con paciencia y la seguridad de su compromiso con la lucha por la justicia.
Es el momento de que todo aquél que se considere un luchador social se pronuncie para que reanude su función la Codeme, si ésta aceptase daríamos a conocer el nombre de las personas que participarían en el desarrollo de esta encomienda.
Nos hemos enterado que la cúpula del ejército podría cambiar a nuestros compañeros y demás detenidos desaparecidos del Campo militar número uno al bunker de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) que tiene ubicado debajo de lo que fueron los juzgados que están a un lado de lo que fue el Penal de Lecumberri de Negro historial, en donde se encuentra actualmente el Archivo General de la Nación.
Alertamos a los obreros y obreras del SME porque si bien Felipe Calderón Hinojosa y el ejército han privilegiado la represión selectiva creyendo que al eliminar a los líderes descabeza las luchas populares podría activar la represión masiva a su máxima expresión, recordemos Guadalajara, Jalisco, cuando era gobernador Francisco Ramírez Acuña.
Hermanas, hermanos, camaradas: un año más está por terminar, motivo por el cual enviamos un fraterno saludo y un abrazo camaraderil y revolucionario de la dirección de nuestro partido y ejército a todos y cada uno de los que nos han ayudado a sobrevivir ante la represión de este estado policiaco militar y a todos los luchadores sociales que de una u otra forma se rebelan y resisten la criminalización de la protesta social y la impunidad gubernamental, deseamos con toda sinceridad que pasen estos días festivos con calma, serenidad y reflexión, sin bajar la guardia, para encontrar los mejores métodos de lucha ante este Estado opresor, para detener la noche de los cuchillos largos.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡VIVAN LOS SINDICATOS INDEPENDIENTES!
¡POR LA LIBERTAD SINDICAL!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL EJERCITOPOPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 45
Oaxaca de Juárez a 13 de diciembre de 2009.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Lamenta comisión mediadora que manden a barandilla de la PGR el tema de los desaparecidos
Busca el Estado preservar etapa de guerra sucia contra movimientos sociales, señala López y Rivas
Fabiola Martínez y Gabriel León (La Jornada)
El gobierno federal no ha mostrado ninguna evidencia de tener voluntad política equivalente a la tregua del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sólo se mantiene en un estado declarativo respecto de la investigación para dar con los eperristas desaparecidos hace dos años, señalaron miembros de la comisión de mediación.
Asimismo, lamentaron que la única estrategia oficial sea enviar el caso a la barandilla de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que ha dilatado por décadas la indagatoria sobre delitos de lesa humanidad de Luis Echeverría, por ejemplo.
“Las declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez (en el sentido de que cualquier asunto relacionado con los eperristas desaparecidos debe ser conducida por la vía jurisdiccional), ponen en evidencia que se busca una salida perversa a la problemática con el EPR”, dijo Enrique González Ruiz, integrante del grupo mediador.
El escritor Carlos Montemayor –quien fungió como vocero de la comisión– confirmó que hasta el momento no ha recibido información de ninguna de las partes –EPR y gobierno federal–, de ahí que deberán esperar para retomar el análisis del tema.
Lamentó que los funcionarios sólo abunden en declaraciones, no sólo para este caso, sino para muchos otros de interés nacional. “La amplitud de las declaraciones, no coincide con la amplitud operativa”, comentó.
Este domingo se cumplen dos años de que los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca. Semanas después, el grupo guerrillero detonó bombas en instalaciones de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno la presentación con vida de sus compañeros, en cuya desaparición aseguran que intervinieron elementos policiales y militares.
Casi un año después, el EPR propuso a un grupo de personajes (Montemayor, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Juan de Dios Hernández) para que fungieran como mediadores con el gobierno federal, con el único fin de hallar a los desaparecidos. Sin embargo, el mes pasado, casi un año después de iniciada su tarea –y sin resultados acerca de la indagatoria de la PGR–, la comisión de mediación dio por concluida su misión ante la “falta de voluntad política de las autoridades”.
El subsecretario Gutiérrez informó (La Jornada, 20 de mayo de 2009) que continúa la investigación tanto para hallar a los eperristas como para dar con los responsables de los atentados en Pemex.
Al respecto, López y Rivas dijo que tales afirmaciones sólo confirman la percepción de que el gobierno federal asume actitudes de “estadolatría” en las que invoca el estado de derecho pero en realidad hay un “Estado represivo, burócrata y cómplice”, con la intención de preservar la etapa de guerra sucia contra los movimientos sociales y de criminalización de las protestas.
Para González Ruiz, “la declaración de Gerónimo Gutiérrez ratifica mi opinión de que no hay voluntad política para hallar a los desaparecidos, porque repite mecánicamente lo que vienen diciendo desde hace dos años. No hay una sola aportación real que sea equivalente a la tregua del EPR. El gobierno sólo busca la vía de presentar huesos y asumir así una salida perversa”.
Doble discurso oficial: ONG
La Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Eclesial señalaron que el gobierno federal no depura los mecanismos “para la identificación de riesgos” que puedan amenazar la seguridad nacional, lo que en realidad hace es mantener un doble discurso para justificar su política de criminalización de la protesta social mediante acciones de hostigamiento a dirigentes y representantes sociales que reivindican y exigen de forma pacífica el respeto a los derechos humanos.
Luego del señalamiento del gobierno federal, por conducto del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, la Red indicó que este supuesto trabajo de depuración y detección de grupos armados “en muchos casos lo que en realidad significa seguimiento y hostigamiento a movimientos sociales”.
Las agrupaciones civiles –afirmó– buscan reivindicar y exigir el respeto a sus derechos humanos y la defensa pacífica de sus causas, “pero en muchos casos se les descalifica y se les niega una solución con acusaciones –a veces más abiertas o veladas– de que pudieran estar implicadas con grupos armados”, afirmó Édgar Cortés, presidente de la organización no gubernamental.
“Un caso muy concreto es el de la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos de la Zona de la Montaña de Guerrero, que son señalados por supuestas relaciones con grupos armados sin que haya evidencia de tal cosa”, dijo.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El 24 de abril del 2008, ya hace más de un año tomamos la decisión de hacer un llamado a un grupo de ilustres personalidades para que tomaran en sus manos el caso de la detención desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez así como de Francisco Paredes Ruiz, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez con el fin de que el gobierno federal y sus instituciones los presentaran vivos y en libertad.
Este llamado fue respondido por los convocados con la presteza y diligencia que ameritaba el caso y constituyeron la Comisión de Mediación que de inmediato se comunicó con la Secretaría de Gobernación con la demanda puntual de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros detenidos desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Como respuesta del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, reconoció a regañadientes a la Comisión de Mediación y con ello declaraciones demagógicas y falsas sin contar el silencio e indiferencia ante el dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos, todas estas actitudes inscritas en la estrategia de guerra que están instrumentando en nuestra contra con el fin de exterminarnos y ningún afán de dar a conocer la verdad y presentar a los autores de este crimen de lesa humanidad. No en vano la Segob ha reiterado, eso sí, con mucha claridad, que “…El Gobierno Federal de ninguna manera hostiga ni criminaliza la protesta social y reitera su determinación de continuar con las investigaciones, tanto de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, como de los responsables de los atentados a ductos de PEMEX.”
Así, una vez más, comprobamos que el Estado está empeñado en querer dar una salida policiaco militar, ya que inmersos en la aplicación de su política neoliberal -ésta sí, fallida- y en su estrategia contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad, intentan enmascararla con la indolencia y la ineptitud combinadas éstas con su falta de oficio político al tratar la demanda de la presentación con vida de nuestros compañeros y la de todos los luchadores sociales desaparecidos en el país, cuya naturaleza es político-social y de carácter histórico, nacional e internacional, con desdén e irresponsabilidad, tratando de minimizarla al otorgarle un carácter aislado.
Sabemos que el Estado mexicano es proclive a “resolver” los problemas sociales y políticos -que por su política e insensibilidad él mismo ha provocado- con la violencia. Que hoy como siempre considera como “enemigo interno” a quienes nos organizamos para luchar por nuestros derechos humanos, civiles o políticos, por transformar el sistema político imperante, sea por la vía pacífica o armada.
Que no hemos estado exentos de la ola de amedrentamiento y acoso que recorre nuestra nación so pretexto de la “guerra” contra el crimen organizado, de la cerrazón permanente ante los reclamos y demandas del pueblo todo, de la represión selectiva y masiva que cada día cobra más y más víctimas. Está en ciernes una escalada de violencia más en contra de los luchadores sociales, de los ciudadanos progresistas y todo aquél que protesta contra este gobierno, que continúa armando expedientes incriminatorios-judiciales para condenarlos como parte del crimen organizado debido a los “delitos equiparados” a unos y a otros como parte de la insurgencia armada.
Consideramos que el único insensato en este caso ha sido el gobierno federal a través de su secretaría de gobernación contando a Fernando Gómez Mont a quien dimos tiempo para que se empapara de la información que poseen; porque han priorizado las funciones de inteligencia y contrainteligencia civil y militar, considerando que si podían infiltrarnos y destruirnos ya no tendrían quienes les exigieran la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Que ofenden la inteligencia de los mexicanos al decir que “…la indagatoria a cargo de la PGR es complicada porque ha pasado mucho tiempo desde la desaparición de nuestros compañeros y que algunas de las pistas se han desvanecido.” porque en manos de su Procuraduría General de Justicia ha estado la información que no han querido dar a conocer para conservar sus vergonzantes alianzas con el PRI y Ulises Ruiz Ortiz.
Así pues, su silencio, su aparente falta de interés, su descortesía hacia la Codeme, la falta de reconocimiento expedito y de respuestas veraces –magistralmente documentado por el maestro Carlos Montemayor en la revista Proceso N°1695 del 26 de abril de 2009- se debe a que no quieren asumir la responsabilidad del Estado de haber cometido una vez más el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, en agravio de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como en agravio de Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y en agravio de más de 500 luchadores sociales en la misma circunstancia.
Es evidente que este gobierno federal del Partido de Acción Nacional no ha querido asumir una responsabilidad social, mucho menos humanitaria al igual que los gobiernos del PRI que lo antecedieron y al no dar respuesta a la Codeme se desenmascara –sin necesidad de ayuda- ante el pueblo de México y el mundo.
Por lo que, consideramos que la consecuente determinación de la Comisión de Mediación de disolverse ante la propositiva indolencia del gobierno mexicano y sus funcionarios es justa y valiente porque una vez más demuestran su dignidad y valor civil al no prestarse a ser parte de la simulación de democracia que vive el país. Que preocupados por la violación de los derechos humanos y la existencia de crímenes de lesa humanidad han puesto todo su empeño y esfuerzo personal y colectivo.
Que respetamos seriamente la determinación de la Codeme y entendemos que bajo las condiciones y trato que el gobierno les dio, a estas alturas, no les quedaba otro camino y una decisión de este tipo también es consecuente al no prestarse ni hacer tratos en lo oscurito con los responsables del delito de lesa humanidad de desaparición forzada.
Tomando en consideración la disposición que la Comisión de Mediación a constituirse nuevamente como tal y su gesto para evitar una conflagración civil, damos a conocer públicamente el resultado de la Consulta a nuestra militancia, combatientes, base social y política de solicitar a cada uno de los integrantes de la Comisión de Mediación que retomen su cometido porque por sobre todas las cosas tenemos el interés de que nuestros compañeros sean presentados vivos y en libertad y la esperanza de que su actuación siente un precedente que permita que el Estado no siga cometiendo más crímenes de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada y que la impunidad con que se han realizado éstos desde los años sesenta deje de existir.
Informamos, que en el transcurso de la Consulta se perfilaron dos posiciones no antagónicas, la primera, que es el resultado por mayoría en el párrafo anterior mencionado y la segunda, la propuesta de reiniciar el hostigamiento político-militar, por lo que el resolutivo fue el de dar todo el respaldo a la Comisión de mediación porque tenemos la plena confianza que no dejarán de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales a su alcance en la búsqueda de la verdad y la justicia.
No podríamos dejar de mencionar que recibimos por varios medios, la solicitud escrita y expresa de personalidades, intelectuales, académicos, ciudadanos, organizaciones políticas y sociales solicitándonos que continuara la Comisión de Mediación con el trabajo que diligentemente están realizando.
Sólo la celeridad con que de solución el gobierno federal a las peticiones de la Comisión de mediación, que son las nuestras, y a la actitud con que responda a que la misma retome su función -lo cual damos por hecho porque conocemos su calidad humana y responsabilidad social- podrá garantizar al pueblo mexicano la paz.
Respecto a la tregua unilateral que hemos mantenido en la demanda de la presentación con vida de nuestros compañeros le comunicamos a la Codeme que la mantendremos hasta que termine su función de mediación. Al mismo tiempo, a las organizaciones revolucionarias que se solidarizaron en esta tregua unilateral que la Codeme demandó, y nosotros seguimos cumpliendo, les agradecemos su solidaridad y los liberamos del compromiso público que adquirieron.
Que sepa nuestro pueblo que hemos tratado de evitar toda violencia. Este pueblo que hoy más que nunca en distintas formas se organiza para transformar la realidad que estamos viviendo de iniquidad, injusticia, impunidad y represión.
Lamentamos que la página de Servicios para la paz (SERAPAZ), haya sufrido una perversa incursión de los organismos de inteligencia del Estado mexicano que extrajo importantes documentos, esa es una muestra más de la aplicación de la GBI que considera “entorno social” a todo aquello que el Estado asocia a las organizaciones revolucionarias y que las convierte en objetivo militar para la represión.
Sabemos que buscaban afanosamente una comprobación inexistente de una vinculación orgánica con nuestro Partido, que jamás encontraron porque no existe comunicación alguna fuera de la públicamente conocida y emitida a través de los medios de comunicación.
Solicitamos a la Comisión de mediación que tramite con las instancias correspondientes la publicación en los medios de comunicación los planteamientos de nuestro partido, la Comisión de mediación y las respuestas del gobierno federal.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A MANTENER LA LUCHA POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 45
República Mexicana, a 8 de junio de 2009.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
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Luego de que la comisión de mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal renunció a su interlocución alegando falta de voluntad política de las autoridades, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos eperristas desaparecidos, respaldó la versión de que “el Estado mexicano fue el que puso, en todo momento, los obstáculos”
Genaro Altamirano Corresponsal
El Universal
Miércoles 22 de abril de 2009
OAXACA, Oax.— Luego de que la comisión de mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal renunció a su interlocución alegando falta de voluntad política de las autoridades, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos eperristas desaparecidos, respaldó la versión de que “el Estado mexicano fue el que puso, en todo momento, los obstáculos”.
Por eso, advirtió que “si el EPR reinicia sus acciones militares contra el Estado mexicano, es responsabilidad del gobierno porque no ha dado muestras de voluntad política para presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007”.
La también representante del Comité de familiares de detenidos-desaparecidos “Hasta encontrarlos” tampoco descartó que el gobierno reanude la persecución política contra los familiares de los militantes del EPR. “Sentimos que nos quedamos desprotegidos y si acciona el EPR, se puede desatar una campaña de hostigamiento contra los familiares que piden su presentación con vida y eso no es delito”.
Nadín consideró que Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados, Carlos Montemayor, Gilberto López, Enrique González Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra y el grupo rebelde siempre demostraron voluntad para atender este caso de desaparición forzada.
Inclusive, agregó, la comisión hizo muchas investigaciones para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación 007/2009 el 13 de febrero y presionó para concretar reuniones con el gobierno, quien no dio muestras de voluntad para resolver el caso.
Por lo anterior, estimó que la decisión de esa comisión fue la pertinente, aunque ahora “estamos en un punto crítico”.
“El EPR cumplió con su promesa de no realizar ninguna acción militar, mientras que el gobierno no dio avances ni muestras de voluntad política para esclarecer el caso”, declaró Nadín.
El 23 de marzo, la comandancia general del EPR amenazó con romper la tregua y accionar militarmente si en un tiempo razonable, Felipe Calderón no daba una respuesta que satisfaga al grupo insurgente, como la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desparecidos el 25 de mayo de 2007.
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El subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, estableció que "no nos tiembla la mano para buscar a los responsables, sean del orden público o sean del orden privado".
Notimex / La Jornada On Line
México. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con la comisión de intermediación entre el EPR y el gobierno federal, a fin de entablar mecanismos y encontrar "la verdad de los hechos" en torno a los dos eperristas "desaparecidos".
El subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, junto con los integrantes de la comisión de intermediación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ofreció una rueda de prensa al término de la reunión realizada en la dependencia, ubicada en Bucareli.
"Estamos en este diálogo para encontrar la verdad de los hechos de los dos desaparecidos -Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez-; en este momento la SG por ningún motivo puede admitir que es una desaparición forzada", precisó el funcionario.
González Uyeda estableció que "no nos tiembla la mano para buscar a los responsables, sean del orden público o sean del orden privado".
Señaló que lo más importante en este diálogo es fortalecer todas las líneas de investigación, tanto jurídicas como políticas que nos permitan dar con la verdad".
"El compromiso de la SG y del propio presidente de la República es que no se van a tolerar y no habrá crímenes de Estado que no reciban la sanción correspondiente", subrayó.
Esta administración respeta y fortalece y fomenta la democracia, "estamos con los valores de la República ante cualquier situación", agregó, y dejó en claro que "por convicción y obligación el gobierno federal estará siempre en la búsqueda de la verdad".
"El gobierno federal no tiene absolutamente nada que ocultar en este caso, estamos plenamente convencidos de que las dependencias del gobierno de la República, actúan con rectitud, apegadas a derecho", afirmó.
Por parte de la comisión, Carlos Montemayor, detalló la importancia de ampliar el diálogo, y adelantó que habrá mesas de trabajo la próxima semana con representantes de la Sedena, Cisen y PGR; en este sentido, hizo votos para que estas reuniones sean ágiles y concretas.
Además, precisó que es la tercera ocasión en que el gobierno mexicano acepta una mediación, por lo que consideró que este encuentro es una oportunidad de diálogo político.
Por su parte, Miguel Angel Granados Chapa consideró que esta reunión es una buena señal, "un ejercicio de honor" para Gómez Mont.
Los integrantes de la Comisión que participaron en esta ocasión son: Carlos Montemayor, Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz García, Miguel Angel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.
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