Macro-complejo en montes azules abuso sobre los campesinos

En de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), la primera de su tipo decretada en México y considerada por las autoridades ambientales “zona prioritarias para la conservación”, está por comenzar la construcción de un macro-complejo hotelero, sin el consenso de los pobladores y sin perseguir un verdadero desarrollo sustentable. Durante 2010 la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y empresarios privados, negociaron con los pobladores del ejido Emiliano Zapata, cuyas tierras colindan con la laguna Miramar (que es vital para la conservación), la concesión de cuatro hectáreas de terreno para la construcción del complejo y el derecho de explotación turística de la laguna por los próximos 30 años.

Varios observadores señalan que las medidas de reubicación y desalojo de poblaciones rurales –sobre todo indígenas– asentadas “irregularmente” en la RIBMA (esto es, instaladas con posterioridad a su decreto, en el año de 1978) buscan expulsar a la población para posteriormente explotar las zonas en términos turísticos o comerciales (como reservorios de diversidad biológica o para la producción de monocultivos).

Lo anterior, particularmente en el caso de las localidades “irregulares” cercanas a las lagunas Suspiro, Ocotal y Ojos Azules (donde se encuentran las comunidades de posible reubicación, Seis de Octubre y Nuevo San Pedro). Y la situación puede extenderse a un puñado de otras localidades “irregulares” (tales como, Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Benito Juárez y Ranchería Corozal).

Así, la construcción del complejo turístico en la laguna Miramar le da la razón a quienes interpretan los procesos que tienen lugar en la selva Lacandona, en términos de privatización y subordinación. Las autoridades ambientales, que han avalado este proyecto no buscan vincular a las poblaciones locales con los beneficios y responsabilidades de la conservación, sino que, con sus acciones de facto, resultan corresponsables de los procesos de apropiación de zonas estratégicas de la Selva Lacandona.

En tal tenor se inscribe el desarrollo de centros de ecoturismo en manos de empresarios, o la reconversión de amplias zonas al monocultivo (de palma africana, o de jatropha para la producción de biocombustibles, entre otras plantaciones).

Los pobladores afectados dan cuenta de cómo se determinó el proyecto del complejo hotelero y de sus antecedentes:

El ejido Emiliano Zapata obtuvo su Resolución Presidencial en 1969. El decreto de la RIBMA, que comprende parte de las tierras del ejido, es posterior. El ejido tiene aptitud para la producción agropecuaria y el ecoturismo: tierras planas, agua abundante y un atractivo turístico inigualable. Suman 850 habitantes del ejido; son hablantes de ch’ol y de tzotzil en proporciones semejantes. Son milperos que producen para su propia alimentación. La ganadería es lo único que mandan al mercado. Son muy pocas las familias que no tienen al menos a uno de sus integrantes emigrado, trabajando fuera de la comunidad, muchos en Estados Unidos.

En 1999-2000, los ejidatarios construyeron seis cabañas rústicas, financiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Pueden albergar a 30 huéspedes y se ubican en la cabecera del ejido, distante a 5.5 kilómetros de la laguna. Para su administración, se constituyó la Sociedad de Ecoturismo de Zapata, Laguna Miramar, la cual cuenta hoy con 125 integrantes, o sea la mayoría de los ejidatarios (salvo un pequeño número de ellos, que renunció a su participación por no resultarles redituable económicamente). No existe otra opción permanente de empleo remunerado en el lugar.

La laguna Miramar es el indiscutible atractivo de la zona. Por ello, en general, los turistas no se hospedan en las cabañas y prefieren acampar o instalar hamacas en la laguna; donde no hay mayor infraestructura para albergarlos. Por ello, en 2002-03 los ejidatarios solicitaron a la CDI y a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la instalación, en las inmediaciones de la laguna, de diez cabañas similares sobre 500 metros cuadrados. También pidieron la construcción de un camino “saca cosechas”; que serviría tanto para acceder a sus parcelas y potreros de la zona, como para mayor facilidad de acceso a los turistas.

Ambas solicitudes fueron denegadas reiteradamente entre 2004 y 2009 por la Semarnat con el argumento de la importancia de la laguna para la conservación ambiental regional.

En 2010 la Sectur informó a los habitantes de Emiliano Zapata que el proyecto de las cabañas sí era viable pero no en la forma modesta que había sido solicitado, sino como un gran complejo hotelero, en un área de 40 mil metros cuadrados (que será concesionada por los ejidatarios) distante de la laguna en poco más de un kilómetro.

El proyecto implicará 22 millones de pesos de inversión pública y privada. Se prevé la construcción de una carretera para acceder al complejo en aras de una mayor comodidad y afluencia de los turistas. Sobre los estudios de impacto ambiental y la autorización de la Semarnat, la Sectur señaló a los ejidatarios que no tenían por qué preocuparse, pues ya aquélla había efectuado los estudios respectivos y signado la autorización del proyecto.

La donación por 30 años de las cuatro hectáreas de terreno y el derecho a explotar turísticamente la laguna tendrían varias etapas: durante los diez primeros años, los empresarios turísticos que efectuarán parte de la inversión no podrán ser removidos de la administración del complejo, pero la directiva de la Sociedad de Ecoturismo de Zapata podrá formar parte de la administración, y recibir diez por ciento de las ganancias. Luego de ese plazo, los ejidatarios tendrán la opción de administrar el complejo, “siempre y cuando” se hayan capacitado (no hay claridad sobre el grado de capacitación que se demandará). De no lograrse la capacitación, la administración continuará en manos de los mismos u otros empresarios en los siguientes diez años. Concluido ese tiempo (ya en el año 2031-2032), nuevamente se abrirá la ambigua posibilidad del cambio de administración, de cara al último periodo de posesión contemplado en el convenio (que concluirá en 2041-2042).

La Sectur ofreció la creación de fuentes de empleo, pavimentar las calles del poblado, construir el camino “saca cosechas” antes demandado, arreglar el drenaje, embellecer las casas para una “mejor presentación” a los turistas, y “con el tiempo”, remodelar la primaria y la secundaria locales. Asimismo, las autoridades de Sectur indicaron a los ejidatarios que los turistas vendrían en grandes grupos y como usuarios de paquetes “todo pagado”.

Luego de que los ejidatarios conocieron la propuesta, efectuaron asambleas para discutirla. Los principales temores expresados fueron: perder el control de sus tierras; el que los empresarios “se sientan los dueños”, mientras ellos se convierten “en sus mozitos” (sus sirvientes), y quedar al margen de las ganancias. Informaron a la Sectur que no aceptaban el proyecto. Sin ocultar su molestia, antes de abordar el helicóptero que siempre la transportaba, la “licenciada Mónica”, encargada de la negociación por parte de la Sectur, increpó a los campesinos: “Está bien, si no quieren ser razonables, el proyecto se hará en la comunidad de Benito Juárez”, localidad considerada “irregular”; los ejidatarios de allí sí aceptarían, según la funcionaria, pues ya antes han solicitado proyectos similares.

Ante esa presión, la asamblea se reunió nuevamente, hubo una fuerte discusión, y el sector de la comunidad proclive al proyecto impulsó y logró por mayoría que se aceptara. A principios de 2011 se firmó el convenio entre las autoridades ejidales, la Sectur y el empresario involucrado.

El proyecto está por comenzar, pero la comunidad está dividida, y no sólo entre quienes están a favor y quienes están en contra, sino: los activos promotores, los que simplemente aceptan la propuesta ante la promesa de los empleos que serán generados; aquellos que la rechazan al considerar que perderán el control de sus tierras y quienes apoyan la idea por buscar una indemnización monetaria. También están los que se oponen mientras no haya un consenso. A decir de algunos, los promotores entusiastas del proyecto son las anteriores autoridades ejidales y representan una franca minoría.

Resulta evidente que la Semarnat usó distintos criterios “ambientales” al evaluar el proyecto y solicitud de los ejidatarios y el de la Sectur e iniciativa privada. ¿Por qué esta discrecionalidad en los criterios?

En un texto publicado por la Semarnat (Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito), se señala que la RIBMA es uno de los casos “exitosos de conservación” a cargo de la dependencia, entre otros factores por la generación de distintos proyectos de desarrollo que vinculan a la población local con la preservación del entorno.

El proyecto de la Sectur no genera mecanismos para que las poblaciones asentadas en regiones estratégicas para la preservación ambiental puedan alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, sino que corresponde a planes de largo plazo que aseguran el control de espacios estratégicos a grupos empresariales. No implica otorgar a sectores empobrecidos fuentes de ingreso “seguras y dignas”, sino la reproducción de un modelo que divide a la sociedad entre quienes administran los bienes y conservan 90 por ciento de las ganancias y quienes hacen trabajos precarios y se reparten el diez por ciento restante.

En la lógica empresarial de la Sectur, avalada por la Semarnat, poco importa que los ejidatarios de Emiliano Zapata realicen permanentemente guardias en la laguna para, entre otros objetivos, impedir la cacería furtiva y posibilitar así la conservación de la zona, o el hecho de que, a pesar de encontrarse en una región estratégica, varias de las familias locales tengan al menos a uno de sus miembros trabajando de modo ilegal en Estados Unidos.

Más bien, las enormes carencias de la población ubicada permiten a estas autoridades presionar a los pobladores para que acepten posiciones secundarias en sus tierras y en los proyectos que ellos mismos han gestionado.

Fuente: La Jornada del Campo. Agosto 20 de 2011.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Xayakalan: A los dos años, dos llamados

x carolina

El 29 de junio, en el segundo aniversario de la fundación del poblado en resistencia Xayakalan gracias a la histórica recuperación de las tierras comunales de la cabecera comunal Santa María Ostula y la formación de la policía comunitaria y su guardia indígena comunal ––todo esto después de un arduo proceso de organización–– un mitin se celebró afuera de la Casa de Gobierno de Michoacán en el Distrito Federal en solidaridad con las actividades de conmemoración planeadas en Xayakalan, Michoacán.

El llamado central de las actividades era un alto a la guerra de represalias contra Ostula, la cual ha resultado en 26 comuneros muertos (16 de ellos en los últimos 6 meses), 4 desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados.

Sin embargo, como si la intensa represión no fuera suficiente, Xayakalan y otros poblados costeros de Ostula sufrieron extensos daños a sus casas, milpas y árboles frutales por el paso del huracán Beatriz en la madrugada del 21 de junio, y por eso el aniversario se ha convertido también en un llamado a apoyar la comunidad con víveres y con la reconstrucción de casas.

En el mitin en el DF se escucharon los siguientes mensajes y estrofas de apoyo, entre otros:

Policía Comunitaria de Guerrero:“Hacemos nuestra esta campaña de apoyo civil que ha costado la vida de 16 compañeros por mantener en manos del pueblo la tierra y sus recursos. Sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo”.

Frente Popular Francisco Villa –UNOPI: El único delito que los compañeros de Ostula cometen es defender su territorio, defender sus costumbres, defender lo que por derecho les corresponde. Si el gobierno no respeta sus derechos, habrá respuesta aquí en la ciudad y en el país”.

Yoali: “Hablan de seguridad. ¿Cuál seguridad? ¿Seguridad o inseguridad? Es la pregunta en cualquier lugar. Y la respuesta es Inseguridad”.

En la guerra actual contra el pueblo de México, la inseguridad, la violencia y la muerte se han vuelto la norma. En Santa María Ostula la inseguridad, la violencia y la muerte se intensifican ––excepto en un poblado: Xayakalan.

En su comunicado del 8 de junio de 201l, la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula dice: “La solución es la AUTODEFENSA y el EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA. En Xayakalan, donde está en pleno funcionamiento nuestra policía comunitaria, no hay violencia ni asesinatos; éstos han ocurrido principalmente en la carretera costera número 200, bajo vigilancia federal, y en poblados fuera de nuestro territorio”.

Entonces ¿por eso les hacen guerra? ¿por crear un espacio de paz, seguridad y vida––un espacio donde sus hijas e hijos tendrán futuro? Por eso. Y más que nada porque quieren las tierras que pertenecen a al pueblo indígena nahua desde hace siglos.

Esto se explica en el Segundo Pronunciamiento de Xayakalan, leído en el acto en el DF:

“En la lucha por recuperar nuestras tierras echamos por los suelos dos grandes proyectos que el gobierno federal y el del estado pensaban aplicar en las tierras del pueblo nahua de la Costa para acelerar el despojo de sus tierras y playas: la construcción de la Súper Carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral en la Costa de Michoacán. Particularmente a través del segundo se buscaba que nuestras playas, INCLUIDA EN PRIMER LUGAR LA DE XAYAKALAN, pasarán a manos de ricos capitalista nacionales y extranjeros”.

“El mal gobierno no se ha dado por vencido y por lo mismo no quiere solucionar un problema agrario que él mismo inventó, pues, no pierde la esperanza de que las tierras recuperadas, junto con las minas y las playas de las comunidades nahuas, pasen a manos privados y por ello alienta una permanente guerra contra Ostula. En dicho sentido ratificamos que la posesión que hemos recuperado, misma que se encuentra amparada por nuestros antiguos títulos primordiales, no la abandonaremos más que a costa de nuestras vidas, pues no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad”.

En el mitin se anunció una campaña nacional e internacional: Alto a la Guerra contra Ostula. Se exige a los gobiernos estatal y federal:

1. Que dejen de ser cómplices de las mafias criminales que actualmente controlan la mayor parte del territorio michoacano.

2. El respeto a la vida y cultura de nuestra comunidad.

3. El reconocimiento de las tierras comunales de Xayakalan.

4. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria.

5. El castigo de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de los comuneros que han luchado por las tierras y la libertad de Ostula.


Para agregar su firma, escribe a altoalaguerracontraostula@gmail.com .

Para apoyar la reconstrucción y el fortalecimiento de Xayakalan después del daño sufrido por el huracán, se puede llevar víveres a el local de Uníos (Carmona y Valle, 32, col. Doctores, México, D.F.) y/o depositar dinero en la cuenta bancaria a nombre del Encargado del Orden en Xayakalan, Bernardino Gómez Mata, Cuenta de Horro Número 2776589065, Banco BBVA Bancomer, Sucursal 1256 en Tecomán, Colima, CLABE 012 097 027765 890652.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA

"...nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia..."

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA, CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, STA. MARÍA OSTULA, 14 DE JUNIO DE 2009).

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
AL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD.
A LA OTRA CAMPAÑA.

Hace dos años nuestra comunidad recuperó más de mil hectáreas de tierras, montes y playas de las que era gradualmente despojada desde hacía más de 40 años en el paraje conocido como Xayakalan; lo anterior fue posible a pesar de los grupos de sicarios pagados por pequeños propietarios de La Placita que agredieron a nuestra comunidad con armas de alto poder, apoyados por el silencio siempre cómplice de todos los niveles de gobierno.

La lucha de Ostula por recuperar sus tierras tuvo éxito debido a que supo unificar y organizar a cada uno de los comuneros y comuneras que habitan sus 23 poblados y a que se atrevió a ejercer su legítimo DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA reorganizando su policía comunitaria tradicional y un cuerpo de guardia comunal que durante días, semanas y meses resguardó a nuestra población mientras fundábamos y edificábamos un nuevo centro de población comunal en las tierras recuperadas: XAYAKALAN.

Junto con la lucha por la tierra nuestra comunidad hizo a un lado a los partidos que durante años la habían dividido y por acuerdo de la asamblea comunal se acordó prohibir la instalación de casillas en todo nuestro territorio comunal durante las elecciones federales del año 2009.

No olvidamos que en ese momento tan difícil fuimos apoyados por las comunidades hermanas de Pómaro y El Coire y que pudimos contar con la valiosa compañía de cientos de pueblos indígenas, organizaciones sociales, casas de estudiantes, intelectuales y periodistas que dieron ánimo y fuerza a nuestra lucha.

En la lucha por recuperar nuestras tierras echamos por los suelos dos grandes proyectos que el gobierno federal y el del estado pensaban aplicar en las tierras del pueblo nahua de la Costa para acelerar el despojo de sus tierras y playas: la construcción de la Súper Carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán. Particularmente a través del segundo se buscaba que nuestras playas, INCLUIDA EN PRIMER LUGAR LA DE XAYAKALAN, pasarán a manos de ricos capitalistas nacionales y extranjeros.

El mal gobierno no se ha dado por vencido y por lo mismo no quiere solucionar un problema agrario que él mismo inventó, pues, no pierde la esperanza de que las tierras recuperadas, junto con las minas y las playas de las comunidades nahuas, pasen a manos privadas y por ello alienta una permanente guerra contra Ostula. En dicho sentido ratificamos que la posesión que hemos recuperado, misma que se encuentra amparada por nuestros antiguos títulos primordiales, no la abandonaremos más que a costa de nuestras vidas, pues no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad.

La guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, 4 desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos, cientos de desplazados. Lo que no podemos poner en números es la desolación, la tristeza y el desamparo de tantas familias. Tampoco podemos poner en números la silenciosa complicidad de la Marina Armada de México y del Gobierno de Michoacán con esta ola de crímenes.

Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la Campaña ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA, exigiendo a los gobiernos Estatal y Federal:

Que dejen de ser cómplices de las mafias criminales que actualmente controlan la mayor parte del territorio michoacano.

El respeto a la vida y cultura de nuestra comunidad.

El reconocimiento de las tierras comunales de Xayakalan.

El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria.

El castigo de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de los comuneros que han luchado por las tierras y la libertad de Ostula.

Las adhesiones, apoyos, actividades y contribuciones a la Campaña ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA pueden darlas a conocer a través de la dirección electrónica altoalaguerracontraostula@gmail.com.

Saludamos la digna lucha de la COMUNIDAD PURÉPECHA DE CHERÁN que ejerciendo también su derecho a la autodefensa hoy defiende sus bosques y a sus habitantes del crimen organizado mediante sus propias formas de organización y con la participación unida de todos sus comuneros y comuneras. ¡Hermanos no están solos!

Igualmente saludamos la desinteresada lucha del MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD en contra de esta criminal guerra que ya arroja más de 40 mil muertos a lo largo del país y nos sumamos a sus justas demandas, pues, se trata de una guerra que no queremos, que nunca pedimos, se trata de una guerra neoliberal para acabar con los pobres de este país, para acabar con nuestros hermanos migrantes, para acabar con las comunidades zapatistas, para ocupar y despojar los territorios de las comunidades indígenas; se trata de una guerra que a unos pocos llena de billetes y a muchos de dolor.

A los pueblos indígenas y a los pueblos del mundo entero volvemos a recordar nuestras exigencias:

1. Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor DIEGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula.

2. Respeto a la posesión que Ostula guarda sobre las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xayakalan.

3. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática agraria en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.

4. La desarticulación de los grupos de narco paramilitares y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE LOS PROTEGEN.

5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra policía comunitaria y su guardia comunal!

¡Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula y de los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino!

¡Castigo a los culpables del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez!

¡Alto al secuestro y asesinato de comuneros de Ostula!

¡Castigo a los culpables de la represión en contra de Santa María Ostula!

XAYAKALAN, COMUNIDAD DE OSTULA, MICHOACAN, A 29 DE JUNIO DE 2011.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Barra de Potosí, pueblo pesquero

Iván Restrepo

Una nueva inconformidad ciudadana surge ahora en Petatlán, municipio ubicado a pocos kilómetros del polo turístico Ixtapa-Zihuatanejo. De Petatlán forma parte el pueblo pesquero de Barra de Potosí, clasificado como de alta marginalidad y habitado por unas 400 personas. El pueblo lo fundaron en 1934 varios cazadores de tiburones y posee una laguna de casi 500 hectáreas y una importante extensión de manglar. Además de la pesca, los lugareños se ocupan en cultivar la palma de coco, una ganadería de poca monta y en servicios diversos. El poblado fue destruido por el ascenso del agua del mar durante el sismo de 1985. Las viviendas eran entonces básicamente de madera y las remplazaron con otras de material “moderno”, todas de igual diseño, que sus ocupantes ampliaron o modificaron a su muy personal gusto. El poblado cuenta con servicio eléctrico, agua bombeada de un pozo y no hay drenaje.

En mil 600 hectáreas pertenecientes a este pequeño poblado el gobierno federal tiene proyectado construir un muelle y sus obras complementarias para el arribo de cruceros turísticos y otras embarcaciones. Sería la punta de lanza para que inversionistas nacionales y extranjeros establezcan en Barra de Potosí un nuevo polo de desarrollo turístico. Este tipo de obras requiere la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque la institución más interesada es el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), de pésima fama por el manejo que ha hecho de algunas áreas costeras en beneficio del gran capital y los bolsillos de algunos funcionarios. Además, se necesita la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que la dará si previamente se presentan los estudios que demuestren que no se afecta negativamente el medio ambiente y los recursos naturales.

El muelle y el nuevo polo turístico alterarían una rica y variada fauna y flora litoral (como los manglares, protegidos ya por una norma oficial) y el flujo natural de agua de la laguna. Una pequeña muestra de la biodiversidad que hay en Barra de Potosí se debe a Alejandro Meléndez Herrada y Marisela Martínez Ruiz, investigadores de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ellos registraron 180 especies de mariposas, 212 de aves, de las cuales 82 son acuáticas y marinas, 23 endémicas y 19 están en riesgo de desaparecer. Allí es posible encontrar lo mismo el zanate, la calandria y el picuyo que el cormorán, la fragata, el garzón, la garza blanca, la congucha, la huilota y el cardenal. Además, sus playas son sitios de anidación y conservación de la tortuga laúd, clasificada en peligro de extinción.

Por su parte los estudios florísticos reportan en la zona 101 familias, 270 géneros y 382 especies colectadas en vegetación halófila, matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosque tropical perennifolio, vegetación acuática y vegetación subacuática. Es importante agregar que en el medio marino que corresponde a Barra de Potosí destacan la ballena jorobada, los delfines pantropical y nariz de botella y diversos peces, como el ídolo moro (Zanclus cornutus), el agujón (Tysolurus crocodilus), la anchoveta, el charal, la carpa, la tilapia, el pez sierra, el vela, la lisa, el marlín y el lenguado.

Cabe señalar que la población de Ixtapa-Zihuatanejo se opuso a que en su bella bahía se construyera un muelle para cruceros. Ahora la inconformidad es de los habitantes de Barra de Potosí y de la cabecera municipal de Petatlán, no consultados en torno a esa obra y el posible polo turístico que, como advierten los especialistas, afectarán negativamente los recursos naturales de la zona.

Y hablando de muelles, tiene problemas el que en Playa del Carmen, Quintana Roo, sirve para comunicar tierra firme con la isla de Cozumel. Las corrientes marinas se llevaron hasta el muelle parte de la arena utilizada para “recuperar” cinco kilómetros de playa en esa parte de la Riviera Maya. La arena impide su funcionamiento normal y, además, está sepultando las formaciones de coral. Mientras la erosión de la franja litoral avanza, no hay todavía la estrategia gubernamental para detenerla y/o aminorar sus efectos.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena Ayotitlán

Congreso Nacional Indígena

Comunidad Indígena Náhuatl de Ayotitlán

CONSIDERANDO: Que la envestida de la calase poderosa representada en los malos gobiernos, empresas trasnacionales y el crimen organizado, han orquestado una envestida integral en contra de las tribus, pueblos y naciones indígenas. Que el congreso nacional indígena, ha decidido no quedarse con los brazos cruzados ejerciendo decididamente todos los mecanismos de defensa respaldados en nuestra autonomía y libre determinación.

RECONOCIENDO que estamos ante una crisis estructural capitalista que debe ser desmoronada desde abajo, para reconstruir así los tejidos fundamentales de nuestros pueblos.

Los pueblos, naciones, tribus y barrios reunidos hoy en esta comunidad Náhuatl de Ayotitlán después de analizar y discutir las distintas formas de despojo a nuestros territorios, nuestras formas de autodefensa y la autonomía en los hechos que día a día construimos y practicamos.

HEMOS CONCLUIDO QUE:

1. Repudiamos el despojo que están sufriendo nuestras comunidades por parte de las empresas mineras que han invadido nuestros territorios, en particular nos solidarizamos con la histórica lucha que ha mantenido la comunidad indígena Náhuatl de Ayotitlán para defender el territorio ejidal de la devastación provocada en los 45 años de operación del consorcio minero Peña Colorada perteneciente a la trasnacional Ternium, y exigimos que de manera inmediata se detengan todas las acciones que provoquen contaminación violencia y desacato a los acuerdos comunitarios y reprobamos categóricamente las distintas formas de explotación que la mina, disfrazadas de supuestos proyectos y programas productivos, no han hecho mas que aumentar el despojo de las fuentes de agua, de las tierras y de la mano de obra de la comunidad y aclaramos que como pueblos indígenas que somos estaremos alertas a lo que pudiera seguir sucediendo en contra de nuestros hermanos y que apoyaremos, desde todas las vías, las acciones que la comunidad de Ayotitlán realice para hacer valer el respeto al territorio.

2. Ratificamos nuestro apoyo incondicional al pueblo Coca para lograr el respeto de su territorio hoy ultrajado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la supuesta “restauración” de las ruinas de la Isla de Mezcala, que el mal gobierno hace en el marco de los ilegítimos festejos del bicentenario de la independencia, con ello destruyendo un origen y una historia de la comunidad e inventando una falsa realidad histórica, apoyándose del fascista gobierno municipal de Poncitlán, quien a través de su policía municipal, el pasado 22 de octubre realizó un vil allanamiento a la Oficina de Bienes Comunales de Mezcala mientras los comuneros celebraban una fiesta religiosa y denunciamos el robo de documentos y del sello de la comunidad que cometieron los uniformados del mal gobierno, responsabilizando al ayuntamiento de Poncitlán de cualquier mal uso que se les dé a estos.

Exigimos que no se repita esta grave ofensa al pueblo Coca pues es esto un atentado contra la dignidad de todos nuestros pueblos, y mantendremos nuestra atención para que no vuelva a suceder ningún nuevo atentado contra la comunidad, por parte de ninguna instancia o nivel de gobierno, así mismo advertimos que respaldaremos todas las decisiones que tome la comunidad para terminar con la invasión territorial que mantiene el cacique Guillermo Moreno Ibarra y para detener las acciones del mal gobierno contra nuestros hermanos y su territorio.

3. Rechazamos enfáticamente las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua en su afán privatizador está otorgando a particulares y ayuntamientos en nuestras comunidades, violando el legal y legítimo derecho que tenemos sobre nuestras tierras, montes y aguas. En particular denunciamos las concesiones otorgadas al ayuntamiento y particulares de la Yesca Nayarit; Bolaños y Mezquitic Jalisco; y El Mezquital, Durango en donde se pretende dar el derecho del uso del agua de los principales manantiales de las comunidades Wixarika de Waut+a San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, Uweni Muyewe Bancos de San Hipólito y declaramos que para las comunidades Wixarika y para todos los que integramos el Congreso Nacional Indígena, estas concesiones son LETRA MUERTA, que las desconocemos y que nuestra agua no se vende.

4. Saludamos con gusto el camino de autonomía de la comunidad Wixarika de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, mediante el inicio de su bachillerato autónomo, el cual reconocemos los pueblos que participamos en el Congreso Nacional Indígena, así como su aprovechamiento autónomo de recursos naturales al margen de la corrupción de prestadores de servicios técnicos y del mal gobierno.

Ratificamos nuestro apoyo a la comunidad para resistir al intento de imposición de la ilegal carretera Amatitán-Bolaños Huejuquilla y advertimos que la decisión de la comunidad de rechazar este megaproyecto estará por encima de la presión de los poderosos por imponerla.

5. Ratificamos nuestro reconocimiento de los bienes comunales que abarcan las 10,720 hectáreas que por su posesión ancestral le pertenecen a la comunidad autónoma Wixarika de Bancos de San Hipólito, y exigimos respeto absoluto a nuestros hermanos Wixaritari como los UNICOS poseedores ancestrales de esas tierras. Es así que saludamos a las nuevas autoridades autónomas tradicionales y agrarias recientemente nombradas por su asamblea.

6. Nuestro Maíz es sagrado, es el corazón de nuestros pueblos, es nuestra madre, de ella vivimos, y la honramos con nuestras prácticas y tradiciones ancestrales. No permitiremos la contaminación transgénica de nuestras semillas ancestrales. Nos duele la liberación para siembras experimentales que el mal gobierno ha autorizado en los territorios de los pueblos indígenas de nuestro país. Hemos aclarado que como pueblos desconocemos en el total de su contenido la “Ley Monsanto” también conocida como Ley de Bioseguridad de Organismo Genéticamente Modificados, por lo tanto repudiamos esas autorizaciones a las multinacionales que no buscan mas que la privatización de nuestras semillas para favorecer a los que pretenden controlar el hambre del mundo, por lo que aclaramos que emprenderemos todas las acciones de resistencia necearías para evitar este profundo atentado.

7. Reconocemos y aplaudimos la histórica recuperación de tierras que pacíficamente realizó la comunidad indígena Nahuatl de Santa María Ostula, responsabilizando al gobierno estatal, federal y a su brazo paramilitar que es el crimen organizado de todas las formas de violencia que se generen en contra de nuestros hermanos del territorio Nahuatl de Ostula, Pómaro y El Coire en la costa de Michoacán.

Rechazamos y prohibimos la implementación del Plan de Desarrollo Turístico Integral de la costa de Michoacán que pretende invadir las playas vírgenes de las comunidades Nahuatl. Aclaramos que resistiremos ante la imposición del proyecto carretero “Playa Azul - Cohuayana” que tiene como objetivo el despojo y explotación del territorio para favorecer intereses trasnacionales turísticos, de transporte portuario y de minas como “Las Encinas” también perteneciente a la trasnacional Ternium.

Exigimos el respeto absoluto de la policía comunitaria de Ostula, Pómaro y El Coire que actualmente brinda una verdadera seguridad a las comunidades y está al servicio de la asambleas y no del poder capitalista que no ha hecho mas que favorecer el robo, la extorsión el saqueo y la destrucción generalizada del territorio.

8. Repudiamos los constantes hostigamientos e invención de cargos penales que el mal gobierno a tomado como estrategia para intentar detener nuestra lucha por la reivindicación de nuestros derechos fundamentales pensando que con estas acciones se van a atemorizar nuestras comunidades, es así que exigimos la inmediata invalidación de los procedimientos legales instaurados en contra de nuestros compañeros: Miguel Cruz Moreno del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón injustamente perseguido por el asesinato del compañero Brad Will, y se castigue al Gobierno de Ulises Ruiz, verdadero responsable del crimen; Exigimos también se invalide inmediatamente la reciente orden de aprensión en contra de nuestro compañero indígena Amuzgo David Valtierra del municipio Autónomo de Xochistlahuaca Guerrero quién es actualmente perseguido por el infundado cargo de “privación ilegal de la libertad” de uno de los principales actores caciquiles ligados al PRI que históricamente han buscado el control de la región a través de los cargos públicos y quienes han sido parte de los ya 10 atentados contra la radio Comunitaria Radio Ñoomnda

9. Exigimos la inmediata liberación de todos nuestros compañeros de lucha que hoy el mal gobierno mantiene dentro de las prisiones para intentar callar su voz. Hoy decimos que su voz no ha callado, que se hizo mas grande su eco y mas grande también la ira de todos y todas nosotros y nosotras.

Exigimos la liberación de nuestros 12 hermanos de San Salvador Atenco aun detenidos desde la cobarde acción policiaca ocurrida en Mayo de 2006, fecha que nos duele y no olvidaremos, así como los presos políticos de la histórica lucha social de los pueblo de Oaxaca. Exigimos también la libertad del hermano Victor Herrera Govea de 21 años, miembro de la Otra Campaña detenido por el gobierno del Distrito Federal el pasado 2 de Octubre en la marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968.

Nos sumamos y aplaudimos el esfuerzo que hacen hermanos y hermanas de la Otra Campaña para realizar el Encuentro de Familiares de Presos Políticos el próximo 5 de diciembre en la Junta de Buen Gobernó de Oventic, Chiápas.

10. Los pueblos indígenas tenemos el pleno derecho a operar y ejercer nuestros propios medios de comunicación. Saludamos todos los diferentes proyectos autónomos que han nacido en nuestros pueblos con el fin de hacer llegar a nuestra gente información verdadera en nuestras diferentes leguas y con base en nuestras diferentes culturas. Con la misma fuerza condenamos todas las formas de represión contra nuestras radios libres indígenas y aclaramos que los intentos del mal gobierno para aniquilar nuestra autodeterminación no nos detendrá, y que asumiremos cada ataque como un ataque a todos nuestros pueblos, y así responderemos para hacer valer el legítimo derecho a nuestros medios de comunicación.

11. Declaramos nuestra profunda indignación por la reciente liberación de los criminales paramilitares responsables de la matanza de nuestros hermanos de la organización indígena Las Abejas cruelmente asesinados en el crimen de Estado de la matanza de Acteal en diciembre de 1997. Condenamos la impunidad con la que actúan los asesinos vinculados al mal gobierno, no haciendo mas que incrementar el dolor de nuestros pueblos.

12. Saludamos con gusto el aniversario de nuestros hermanos del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional, integrantes del Congreso Nacional Indígena, desde aquí un abrazo a su lucha que es la nuestra. Al mismo tiempo nos sumamos a la denuncia de las Juntas de Buen Gobierno sobre los cobardes ataques paramilitares en las comunidades bases de apoyo zapatistas.

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUATL DE AYOTITLÁN

A 8 DE NOVIEMBRE DE 2009,

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Pueblo Nahua de las comunidades de Ayotitlán, Acalpixca, Santa María de Ostula, Tuxpan, Milpa Alta, Xochimilco, Pueblo Coca de Mezcala, Pueblo Purhepecha de Pichataro, Cherán, Nurio, Uruapan, Sevina, Morelia, Pueblo Triqui de Curuchi, Pueblo Wixarika de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, Uweni Muyewe Bancos de San Hipólito, Waut+a, San Sebastián Teponahuaxtlán, Tatei kie, San Andres Cohamiata, pueblo Tseltal de San Juan Cancuc, Pueblo Zoque de Chapultenango, Pueblo Mixteco.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Planean destruir aldea Rarámuri; involucran al senador Manlio Fabio Beltrones

Luis Alonso Fierro
El Diario de Chihuahua

Municipio de Urique— Una aldea Tarahumara y un albergue indígena en el que viven 80 niños serán derrumbados para la construcción de un complejo turístico, cuyo principal inversionista sería -según pobladores- el senador Manlio Fabio Beltrones.

De acuerdo con habitantes de la comunidad indígena de Mogotavo en los últimos meses funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico los han presionado para que abandonen sus casas y dar paso a la edificación de un hotel, restaurantes y viviendas de lujo.

“Quieren hacer un hotel en este punto, y nosotros no queremos, porque nuestros ancestros eran de aquí. Dicen que estos terrenos son de una señora, pero no es cierto”, declaró Miguel Cruz Moreno, gobernador de Mogotavo, poblado que se ubica a unos kilómetros de Huetosachi, comunidad que enfrenta una problemática similar ya que el empresario Federico Elías Madero pretende desalojar a 80 indígenas para edificar un hotel.

Junto con el caserío, los empresarios y funcionarios de Turismo pretenden demoler el albergue y escuela indígena “Rebelión del Tarahumara”, lugar en que el que viven, estudian y se alimentan casi 100 niños de 14 comunidades de la región.

“Misteriosamente” toda la documentación que respalda la propiedad de la tierra del albergue se encuentra desaparecida, ni la Secretaria de Educación Pública, la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, ni alguna otra dependencia los tienen en su poder, lo que deja al lugar sin defensa jurídica en el caso, denunció el director del albergue, Jesús Silva Chávez.

“Se ha buscado en todos los archivos y no hay nada, desaparecieron. Lo extraño es que este lugar fue construido por la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), y esa institución siempre que hace un albergue primero compra el terreno o lo pide en donación, pero ahora resulta que aquí nada más llegó y lo puso sin pedir permiso, como si fuera una invasión”, dijo el docente.

El plan turístico contempla la reubicación del poblado y del albergue en un punto situado a unos 15 kilómetros del sitio actual.

Mogotavo, se encuentra en el corazón de las Barrancas del Cobre, desde ese lugar se tiene, por mucho, una vista más extensa de la zona que desde el Divisadero.

El caserío y escuela se ubican en sendas planicies, en las que hay cultivos, variada vegetación y abundante terreno en el que las casas se separan por unos 200 metros.

Sin embargo, reveló Miguel Cruz, los empresarios pretenden que se vayan a vivir a una zona en la que no hay agua, ni terreno para los sembradios, y sobre todo, dijo, la intensión es que vivan en pequeñas casas de ladrillo que fueron edificadas sin siquiera tomarlos en cuenta.

El profesor Silva consideró como una injusticia mover el albergue, “Hay niños que caminan siete horas para llegar aquí cuando van a visitar a sus familias, el nuevo lugar les representaría caminar otra hora y media”.


‘Contra Beltrones no pueden’

La empresa que desarrolla el complejo turístico se denomina Soluciones Emprendedoras del Norte (SENSA), que es una sociedad financiera de objeto múltiple de reciente creación, especializada en tramitar créditos del Fovissste.

Sin embargo, existen testimonios de que en realidad quien está detrás de la inversión es el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción priísta en la Cámara Alta.

El profesor Silva sostuvo que personal de la Secretaría de Turismo le aconsejó “Que ya no le movieran”, ya que “Contra Beltrones no podrían”.

SENSA tiene su matriz en Chihuahua capital, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y de la Conducef, el presidente del consejo de administración es el ex diputado Omar Bazán Flores.

Ambos mantienen una estrecha relación en el ámbito político, ya que pertenecen a la misma corriente. Bazán es el dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, organismo del PRI, cargo al que llegó mientras Beltrones ocupaba la presidencia nacional.

Fueron diputados en la misma Legislatura (LIX), cuando Bazán ocupó una curul como suplente luego de José Reyes Baeza pidiera licencia para contender por la gobernatura.

Una fuente al interior del PRI confirmó a El Diario que Bazán es sólo el “prestanombres”, y que SENSA es en realidad un proyecto del llamado “hombre fuerte” en el Senado de la República.

Dicha empresa se fundó en febrero 2007 con un capital social de 50 mil pesos, y en abril de 2008 ya tenía 40 millones según consta en una reforma hecha a su acta constitutiva ante el Notario Público Juan Luis Rodríguez Salinas, en Reynosa Tamaulipas.

El Diario buscó de manera personal, telefónica y vía correo electrónico a los directivos de la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, sin embargo no fue posible conocer su versión sobre los informes dados a conocer en esta nota.


El Proyecto

Soluciones Emprendedoras del Norte promueve en su página web el llamado Proyecto Barrancas del Cobre, impulsado por gobierno del estado: “Se contempla la construcción de un hotel tipo chalet con 110 habitaciones y la construcción de cabañas y espacios para casas rodantes”.

Se detalla que se desarrollará infraestructura para la práctica de deportes extremos como simuladores de paracaídas, columpio gigante, “mountain raider”, tirolesa y boungie. Así como un centro ejecutivo y un campo de golf.

Tal proyecto es rechazado por la organización Tierra Nativa A.C., dedicada a la defensa de los derecho indígenas. “La Barranca no necesita teleféricos ni industrialización, eso es una equivocación es una mala interpretación de la razón por la que van los turistas a la sierra. La gente va a disfrutar la naturaleza, el terreno virgen, a conocer la cultura de los tarahumaras”, manifestó Randall Gingrich, miembro de la organización.

Añadió que el concepto que se pretende establecer en esa región fue diseñado por compañías que construyen parques de diversiones en los Estados Unidos, quienes desconocen la cultura rarámuri.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Comercial y Turístico, Héctor Valles, acusó Gingrich y la organización no gubernamentales de orientar a los indígenas para que se opongan al desarrollo, además de buscar provecho personal de la situación.


Dueños centenarios

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia elaboraron por separado peritajes antropológicos que demostraron con diversas pruebas que la etnia se asentó en los terrenos de Mogotavo por lo menos hace un siglo.

Los documentos serán presentados ante la Procuraduría Agraria.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Intentan 400 colonos en Vallarta impedir que los desalojen de sus viviendas

■ Empresario reclama el predio desde 1999

Javier Santos (Corresponsal La Jornada)

Habitantes del ejido Mismaloya, en Puerto Vallarta, Jalisco, sostienen su manifestación a orillas de la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navidad para evitar ser desalojados por el empresario tapatío Fernando Beltrán y Puga, quien reclama la propiedad de 10 hectáreas

Puerto Vallarta, Jal., 26 de diciembre. Decenas de habitantes del ejido de Mismaloya, perteneciente a Puerto Vallarta, se encuentran apostados a orillas de la carre- tera para intentar impedir que la policía los desaloje de sus viviendas.

Desde 1999, el empresario Fernando Beltrán y Puga demandó al ejido por la posesión de 10 hectáreas y exhibió escrituras ante el Tribunal Unitario Agrario, el cual le dio la razón y ahora ha informado a las 400 personas que habitan unas cien viviendas en el predio que en cualquier momento será ejecutado el lanzamiento.

“Aquí nací yo, al igual que mi padre y mi abuela. Tenemos más de 75 años viviendo en este lugar y nada más viene un papel firmado de no sé dónde y dicen que (el predio) ya es de ellos”, dijo Javier López, uno de los manifestantes.

Agregó: “No somos paracaidistas, somos nativos del lugar. Tenemos cinco generaciones aquí”.

Leobardo Curiel Preciado, legislador federal y afectado por la resolución, reconoció que Beltrán y Puga “tiene la razón jurídica, pero la justa no”. Como untegrante de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, el legislador señala que hay muchos ejidatarios que no fueron escuchados por lo que existen elementos para seguir luchando. “Hay mucha gente que no fue vencida legalmente, ni tampoco emplazada”.

Curiel refirió que “todo el pueblo” tiene un sistema de alerta en el que si uno de los afectados, que suman cerca de 30 familias, observa algo raro debe activar la alarma y de esa manera la gente tienen la consigna de acudir al llamado en defensa de sus casas.

Los ejidatarios tramitan un amparo ante el juez de distrito que podría serles otorgado en las próximas horas o días, agregó.

Yolanda Cuevas, subdirectora de Educación estatal, dijo que se mantiene a la expectativa, toda vez que en la zona en conflicto se encuentra el colegio Manuel López Cotilla. “Es prematuro hablar de una presunta demolición de la escuela”, atajó.

Los afectados –a quienes no les importó pasar apremios durante la Nochebuena– han recibido apoyo económico de prestadores de servicios turísticos y de paseantes nacionales y extranjeros que circulan por la zona en esta temporada navideña.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!