Aristegui: Ley de Seguridad Interior

Entrevista a integrante del Colectivo Seguridad sin Guerra y diputada priísta. Transmitida por CNN en español el 18 de diciembre de 2017

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Aristegui en CNN: Ley de Seguridad Interior

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Tertulia MX Seguridad Nacional ¿Militares en la calle?

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado de la CRAC-PC

A las organizaciones sociales.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de Guerrero y de México en general.

Nuestra compañera Nestora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria de Olinala, se ha declarado en Huelga de Hambre desde el pasado 5 de mayo del año en curso. Ella se encuentra recluida injustamente desde agosto de 2013, en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada falsamente de secuestro y otros delitos fabricados por la Fiscalía del Estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. La causa de su encarcelamiento fue organizar a su pueblo para darse seguridad y justicia, integrándose a la CRAC PC. Ella no es delincuente, es una luchadora social. Las afectaciones a la salud y a la propia vida de nuestra compañera, son responsabilidad directa del gobernador del estado y de Peña Nieto quienes han decidido mantenerla en prisión.

Al igual que Nestora, están presos nuestros compañeros Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González en el penal de máxima seguridad del Altiplano; Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García y Benito Morales, presos en el CERESO de Acapulco, y Samuel Ramírez Gálvez, en el CERESO de Chilpancingo. De igual manera, Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP, en el CERESO de La Unión. Todos ellos, acusados de delitos falsos, por motivaciones políticas más que jurídicas.

Como CRAC PC hemos esperado del Gobierno Estatal una intervención más eficiente ante el gobierno federal para lograr la libertad de nuestros compañeros, y sin embargo no vemos ninguna señal clara de que se esté avanzando para lograr su libertad. Nos hemos cansado de escuchar promesas falsas de los poderosos que por pura indolencia y desidia, por pura injusticia y negligencia, mantienen presos a nuestros compañeros.

Ante la decisión tomada por nuestra compañera Nestora de arriesgar su salud y su vida, exigiendo que se haga justicia y se otorgue su libertad inmediata, nuestra CRAC PC ha decidido retomar la vía de las movilizaciones hasta lograr la libertad de todos nuestros compañeros.

Los verdaderos delincuentes hoy se promueven en campañas políticas desde todos los partidos, para seguir pegados a la ubre del erario público, mientras los luchadores sociales se mueren día a día en las prisiones. Mientras nuestros compañeros siguen presos por luchar por una sociedad con justicia y seguridad, los políticos de todos los partidos hacen circo para tratar de engañar al pueblo con una falsa democracia que solo es negocio para ellos.

Denunciamos también la creciente militarización de nuestro territorio comunitario. Tal parece que el gobierno federal y su Ejército, están más preocupados por la creciente organización del pueblo, que por la delincuencia. Están preocupados tratando de que se instalen las mineras en nuestros territorios. Están preocupados tratando de que se lleven a cabo las elecciones a como dé lugar.

¡Libertad inmediata de nuestros compañeros Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García, Benito Morales, Samuel Ramírez y Marco Antonio Suastegui!

¡Desmilitarización del territorio comunitario!

¡Cancelación de las concesiones para la exploración y explotación minera en territorio comunitario!

¡Justicia por el asesinato y desaparición de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables!

Atentamente

¡Solo el pueblo apoya y defiende al pueblo!

“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”

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Aristegui: Denuncia contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional

Entrevista de Carmen Aristegui a Epigmenio Ibarra y John Ackerman con relación a la Denuncia contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional en virtud de su “Guerra contra el narcotráfico”.
Transmitida por CNN en español.




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Comunicado de la Célula Revolucionaria Carlos Montemayor

México Tenochtitlán 3 de noviembre 2011

Al pueblo de abajo, oprimido y explotado,
De México y del mundo.

Al Partido Democrático Popular Revolucionario
Y a las organizaciones revolucionarias que se preparan
Para las tareas históricas.


Actualmente, el capitalismo como forma de organizar a la sociedad, ha entrado en una profunda crisis irresoluble dentro de los marcos de la apropiación privada del producto del trabajo social. Esto ha llevado a que las oligarquías de todo el mundo se vean en la necesidad de expoliar aún más a las clases trabajadoras y a despojar y privatizar los bienes comunes del pueblo.

Este proceso se ha expresado en la región de Latinoamérica, y en concreto en México, a través de una “succión” del trabajo excedente y de los bienes comunes: la depredación de la naturaleza, el despojo de las tierras indígenas y campesinas, la pauperización y la precarización del trabajo, etc. En una palabra: una miseria abrumante en cada esfera de la vida.

Nosotros entendemos que este proceso no es inevitable, sino que depende de la acción conciente de las clases revolucionarias que se detenga a la barbarie o no. Esto lo entienden también las oligarquías, por lo que han decidido desatar una guerra de contrainsurgencia preventiva a través de la ocupación militar y paramilitar del territorio en el que el saqueo y la explotación pueden tener dificultades de reproducirse establemente.

Esta guerra sucia “preventiva” tiene sus pilares en la intervención imperialista en México y en América Latina y por lo tanto, la actuación cada vez más frecuente y decisiva de los policías, soldados y espías yanquis en la lucha de clases en México, no es sino la consecuencia lógica de la estrategia contrainsurgente.

Hoy las organizaciones del pueblo se encuentran aisladas, debilitadas, resistiendo heroicamente los duros golpes que no pueden frenar por sí solas. Nosotros entendemos que en estas condiciones no podemos librar las luchas que la historia impone. El mundo se sacude en un ascenso revolucionario que hacia décadas que no se veía y México no será la excepción. De no prepararnos y organizarnos para la construcción de una dirección revolucionaria no estaremos a la altura para las históricas tareas de la emancipación proletaria.

En este sentido saludamos y suscribimos el llamado a la unidad que hace el Partido Democrático Popular Revolucionario en aras de construir una herramienta de lucha para el pueblo. Nosotros esperamos poder establecer un diálogo que vaya encaminado a esa unidad. Esperamos que sea bien recibida nuestra propuesta y nos sumamos a la exigencia:

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!


Célula Revolucionaria Carlos Montemayor
CRCM


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Intervención del Taller de Desarrollo Comunitario en reunion con la SEDENA

GENERAL DE BRIGADA D.E.M. RAYMUNDO BALBOA AGUIRRE.
JEFE DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA

AIDA MARINA ARVIZU RIVAS.
COORDINADORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA

Acudimos a esta invitación esperando que nuestra palabra no se pierdan en el viento ni generen hostilidad. Somos un organismo civil al servicio de los grupos y organizaciones sociales que aspiran a que a través del desarrollo comunitario se cumplan los derechos humanos y se logre una vida digna para todos los mexicanos y que a raíz de la desaparición de nuestro compañero el arquitecto Jorge Gabriel Cerón Silva el 14 de marzo del año 2007, nos hemos involucrado en la lucha contra la violencia, por la justicia y el derecho a la verdad.

Por ello ahora formamos parte del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, que en su nombre lo dice todo. En principio reclamamos la presentación con vida y el castigo a los culpables de los asesinatos de ciudadanos comunes, que no tienen por ahora una relación probada con la delincuencia y aunque así se demostrara como resultado de las investigaciones judiciales, creemos que deberían ser presentados, juzgados y aclarados los hechos, pues nadie tiene derecho a segar la vida ni a coartar la libertad de ningún ciudadano mexicano, según lo establece nuestra Constitución.

Entendemos que la situación de violencia e inseguridad que viven nuestra entidad y el país entero, es resultado de la llamada guerra contra el narcotráfico que se ha convertido en política de Estado, que protege los intereses de los ricos y grandes empresarios, entre ellos los de los mismos narcotraficantes; la falta de políticas públicas coherentes y efectivas en esta materia no es resultado solo de la ineficacia e incapacidad de los órganos gubernamentales, sino de que la misma delincuencia está siendo organizada desde las altas esferas del Estado, por eso reafirmamos que el gobierno del Estado de Guerrero, junto con los gobiernos municipales y el Gobierno Federal incluyendo a las instituciones militares, son los responsables de toda ésta situación por acción, omisión o contubernio. Ustedes mejor que nosotros conocen los casos de militares de alto rango que han sido encontrados culpables de asociación y protección de narcotraficantes.

Somos parte de esa gran cantidad de mexicanos que estamos en desacuerdo en que se pretenda militarizar la seguridad pública en nuestro país, ustedes como nosotros saben que los ejércitos se preparan para la guerra y no para la paz, que es lo que nosotros anhelamos; que su razón de ser como militares es defender a los mexicanos de las amenazas extranjeras y ayudar en casos de desastre y en tal caso quisiéramos que también defendieran a nuestro país de aquellos países y grupos extranjeros que siguen apropiándose de nuestro territorio y recursos naturales a través de las concesiones a empresas extranjeras, de aquellos que nos imponen acuerdos y tratados que nos obligan a dejar de producir alimentos y materias primas para nuestras propias industrias y nos arrebatan nuestra soberanía alimentaria convirtiéndonos en consumidores de toda su basura, de quienes nos imponen modelos educativos ajenos a nuestra idiosincrasia, de quienes se llevan a nuestros hermanos a trabajar en el extranjero como esclavos y los denigran explotándolos y tratando peor que animales, de quienes han implementado el Plan Mérida, de quienes hacen leyes como la de Seguridad Nacional que está próxima a aprobarse, de quienes sostienen por encima de los derechos humanos y el Estado de Derecho el fuero militar, de quienes han creado el mercado internacional de la droga para envenenar a la humanidad y alientan desde afuera la delincuencia en nuestro país y hacen jugosos negocios con la venta de armas tanto al gobierno como a los cárteles de la droga.

Nosotros aspiramos a contar con ejércitos que velando por los derechos humanos, en lugar de incrementar cada vez más sus presupuestos y sangrar la economía nacional, tiendan a desaparecer como agentes de la muerte. Añoramos los ejércitos del Generalísimo José María Morelos, de nuestro prócer Vicente Guerrero y del General Emiliano Zapata, que lucharon por nuestra independencia, por nuestra libertad, por nuestros derechos y tenemos aversión por quienes ahora se pasean por nuestros pueblos y ciudades encubiertos, apuntándonos y amenazándonos con sus armas mientras los delincuentes extorsionan impunemente y se confrontan hasta despedazarse o inundan nuestros pueblos, barrios y colonias de droga.

Tenemos temor a los carros de soldados que provocan fuegos cruzados donde mueren muchos inocentes, que violan a nuestras mujeres como a Inés Fernández y Valentina Rosendo, que protegen a narco caciques como Rogaciano Alba Alvarez, que preparan y protegen a paramilitares, que persiguen a campesinos ecologistas y protegen a talamontes mientras pueblos enteros se desplazan y abandonan sus tierras y patrimonio sin ninguna protección.

Ustedes nos podrán reclamar que ahora que nos invitaron a dialogar y a concertar una sólida relación cívico-militar en la región estamos rejegos. Nosotros les decimos que reconocemos su intención, ya quisiéramos que las autoridades civiles tomaran la misma actitud y nos llamaran a diálogos como éste. Por si no lo saben, se lo solicitamos en su momento a Zeferino Torreblanca y nunca respondió, lo hemos pedido a Angel Aguirre y tampoco. Pero desgraciadamente no es con ustedes con quienes reclamamos interlocución, nuestra Constitución establece que este es un tema de la sociedad civil, del pueblo con el Gobierno Civil.

Pues señores, ésta es nuestra percepción sobre el actuar del personal militar que ustedes nos solicitan, les reiteramos que no aceptamos como legal ni necesaria lo que ustedes llaman las acciones de coadyuvancia en seguridad pública ni en esta zona militar ni en nuestro país y les reiteramos que eso lo decimos en estricto apego a nuestra Constitución.

Consideramos que efectivamente el gobierno mexicano debería fortalecer sus programas de derechos humanos, perspectiva de género y cultura de paz, pero para ello debería primeramente atender y obedecer al pueblo que reclama pan, trabajo, justicia, democracia y libertad, atender con medidas estructurales, eficaces y comprometidas con la mayoría de los mexicanos, la raíz del grave problema de criminalidad e inseguridad que vive nuestro Estado y el país, que se encuentra en la pobreza, la desigualdad y el enorme rezago social, como ustedes lo han constatado en sus frecuentes y atemorizantes recorridos.

Nos van a disculpar, pero no tenemos para ustedes ninguna propuesta de acciones conjuntas en torno a lo que llaman una sólida relación cívico-militar en la región. Tendríamos que proponerles que nos apoyen a evitar que se imponga la construcción de la Presa La Parota, que nos ayuden a que el gobierno federal se desista del otorgamiento de concesiones a las empresas mineras y portuarias, a que se vuelva a enseñar la historia de México desde nuestros orígenes, a que no se distorsione ni escondan las conquistas de nuestro pueblo, que se respete la cultura de nuestros pueblos originarios, a que la educación sea laica, gratuita y popular, a que haya alimento, salud y vivienda digna en los pueblos, barrios y colonias, a que bajen los costos de la gasolina, de la luz y de los productos de primera necesidad, a que los trabajadores tengan salarios justos y los campesinos buenos precios a sus productos, a que se democraticen los medios de comunicación y se acabe con los monopolios, a que se diga la verdad de lo que pasó en Guerrero durante el movimiento de 1960, con los copreros en 1966, con la guerra sucia, con el Profesor Rosendo Radilla, con las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, con nuestras hermanas Inés Fernández y Valentina Rosendo, con el Sr. Bonfilio Rubio Villegas asesinado en un retén militar entre Huamuxtitlán y Tlapa, con nuestros muertos y desaparecidos, especialmente con Francis Alejandro García Orozco, Zósimo Tadeo Chacón Jiménez, Andrés Antonio Orduña Vázquez, Sergio Menes Landa, Lenin Vladimir Pita Barrera y Olimpo Hernández Villa, que en marzo del 2010, compañeros de ustedes se llevaron en Iguala; que liberen al Sr. Agustín Barrera Cosme, vecino de Pajarito Grande, anexo de Pueblo Hidalgo, Municipio de San Luis Acatlán, detenido el día de ayer a la 1 de la tarde, acción que interpretamos como una amenaza a la Policía Comunitaria de la Costa Chica Montaña y que desistan de la acción discrecional ante los cárteles del narco en todo Guerrero.

Dirán ustedes que entonces para que venimos. Al respecto les decimos que ha sido un acto de cortesía que esperamos que no tomen a mal. Solo venimos a contradecir.

Además queremos pedirles en correspondencia que le lleven el siguiente mensaje a sus jefes para que se lo hagan extensivo al Señor Felipe Calderón y al Gobernador Aguirre Rivero: que nos venimos a desahogar con ustedes porque a nuestros reclamos de justicia, ellos como autoridades civiles, han respondido con indolencia, incriminación, opacidad y cómplice silencio.

Que estamos esperando a que atiendan las demandas de nuestros hermanos del Movimiento Nacional por la Paz con justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia y que acá en Guerrero seguimos esperando que se dé respuesta a nuestra propuesta de implementar un Plan de Búsqueda concertado con nuestro Comité, que permita dar con el paradero de nuestros desaparecidos, con los responsables de los asesinatos, hacer justicia y conocer la verdad de éstos crímenes de lesa humanidad. Que no queremos que nos den atolito con el dedo como decimos por acá, que ya no queremos elefantes blancos como aquellas comisiones dizque de la verdad que no resuelven nada, que no queremos foros, ni fiscalías ni procuradurías que solo han servido para exonerar a los culpables de tanto delito.

Díganles por favor que resolver los problemas de la gente es garantizar el Estado de derecho y no hay orden ni paz sin derechos. Que los derechos humanos, la paz con justicia y dignidad y el alto a la guerra, seguirán formando parte de la agenda política de los guerrerenses y mexicanos del presente hasta en tanto no se garanticen verdaderamente la paz, la justicia, la democracia, la libertad y que todos los derechos sean los derechos de todos. Díganles que la militarización no es la solución.

A ustedes les reiteramos nuestro reconocimiento por invitarnos y por escucharnos.
Independientemente de nuestras vestimentas y funciones en esta sociedad y antes que nada, somos personas, seres humanos y solo por ese hecho tenemos los mismos derechos y somos iguales. Podrá parecerles un contrasentido pero les proponemos que desmilitaricemos nuestras conciencias, nuestras instituciones y nuestra sociedad: construyamos cultura de paz y una Patria Nueva.

Muchas gracias



¡Por La Vida, La Libertad, La Justicia y Los Derechos Ciudadanos!

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero

Taller de Desarrollo Comunitario A.C.

Acapulco, Gro., a 26 de octubre del 2011.


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El gobierno sólo finge que le interesa el caso Radilla: Afadem

Recuerdan al activista guerrerense, a 37 años de su desaparición

Confía que las próximas excavaciones en Atoyac de Álvarez den resultado

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 26 de agosto de 2011, p. 22

A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano sigue sin mostrar voluntad política para buscar los restos del luchador social Rosendo Radilla, y únicamente está preocupado por fingir que el tema le preocupa para lavar su imagen en el extranjero, señalaron defensores de garantías individuales.

En el contexto del 37 aniversario de la desaparición del activista guerrerense –ocurrida a manos del Ejército el 25 de agosto de 1974–, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, señaló que aunque se ha logrado demostrar la ausencia de justicia en el país, ello no ha sido suficiente para que se encuentren los restos de Radilla.

“Logramos sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados e hicimos que se conociera la verdad, pero al mismo tiempo tenemos un saldo negativo, porque el gobierno sigue siendo cómplice de la impunidad y no se ha citado a declarar a quienes saben dónde están los desaparecidos”, lamentó.

A pesar de ello, Mata consideró que las nuevas excavaciones en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero –que se iniciarán en octubre o noviembre bajo la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia–, pueden dar buenos resultados. “Tenemos esperanza y vamos a ubicar su paradero aunque tengamos que levantar piedra por piedra el cuartel”.

De su lado, Sergio Méndez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que un análisis de la propia CIDH, del pasado 19 de mayo, advirtió que el gobierno del país ha incumplido todos los puntos de la sentencia sobre Rosendo Radilla, particularmente los que se refieren a las demandas más importantes: el conocimiento de la verdad histórica, el hallazgo de los restos y la sanción a los responsables del crimen.

Además, las autoridades militares siguen resistiéndose a declinar su competencia sobre casos de abusos contra civiles cometidos por soldados, salvo en los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por efectivos del Ejército en 2002.

Por todo ello, dijo, habrá que estar pendientes del informe que el gobierno de México presentará este lunes 29 de agosto, en el que seguramente tratará de hacer creer que ya cumplió con la sentencia de la CIDH. “Les urge iniciar las próximas excavaciones para presentar algún resultado más o menos aceptable, cuando el resto de las demandas sigue sin cumplirse”.

Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que las autoridades del país han hecho caso omiso de la sentencia de la CIDH, a un año de que fue emitida, pese a que se trata de un mandato inatacable.

“Uno de los puntos más importantes es que haya justicia, verdad y reparación del daño, pero esto no se ha dado porque el gobierno sigue protegiendo a los responsables de la violencia. Podemos contar con la buena fe del INAH, pero sigue habiendo oposición de los militares a que se excave donde lo han solicitado los familiares de Rosendo”, deploró.


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12.511 Caso Rosendo Radilla: Herida Abierta de la Guerra Sucia en México

El 25 de agosto de 1974, en un retén militar cerca de Acapulco, fue detenido y desaparecido Rosendo Radilla, estimado líder comunitario, sin que a la fecha se sepa su paradero.

Durante treinta años la familia se ha enfrentado a la ineficacia de la justicia mexicana. Es por esto que, actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia de nuestro continente.

La desaparición forzada de Rosendo Radilla, es una de las 1200 contabilizadas a nivel nacional durante la época. Casi la mitad ocurrieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero, de donde es originario el señor Radilla.

Este caso es ejemplo de lo sucedido durante los años 60s y 70s, donde el Estado mexicano utilizó una estrategia para acabar con los movimientos sociales y políticos que exigían justicia social. Esta política de Estado ocasionó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que hasta el momento permanecen impunes.

Mientras no haya justicia para estos crímenes y no se realicen modificaciones legales que impidan que estos hechos se reproduzcan, estaremos en riesgo de que la historia se repita.




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Video de Al Jazzera sobre incursiones militares en la Sierra de Guerrero

El documental está en inglés con los testimonios en castellano

Agradecemos la colaboración del compañero Enrique Victoria




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Reprocha Fodeg insensibilidad de Víctor Aguirre con pobladores de La Laguna, Guerrero

Su postura legitima la militarización, critica Bertoldo Martínez

FERNANDO HERNÁNDEZ ( Corresponsal La Jornada Guerrero)

Iguala, 6 de julio. El vocero del Frente de Organizaciones Democrática del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, calificó como insensibles y sin argumentos las declaraciones del subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, en las que hizo referencias a que los habitantes de la comunidad de La Laguna, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, viven de la siembra, trasiego y comercialización de enervantes.

Antes de una reunión con miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) indicó que las familias que decidieron quedarse en La Lagua porque “los niños aún no concluyen el ciclo escolar 2010-2011”.

“Si esa va a ser la postura del la Secretaría General de Gobierno y de la administración de Ángel Aguirre Rivero entonces se estaría legitimando todo lo que conlleva la militarización como la matanza de El Charco”, puntualizó.

El dirigente social abundó que Aguirre Alcaide ignora la crisis de inseguridad que se vive en la serranía de Coyuca de Catalán, además observó que su postura al respecto: “es insensible y sin argumentos”.

Martínez Cruz aseguró que en la última visita que se realizó a La Laguna se observó que los habitantes “son básicamente niños y mujeres, cuyo único delito es dedicarse a sobrevivir en medio de un cerco militar”.


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Bajo asedio, el forense que dictaminó sobre el caso de Ernestina Ascensio

Juan Pablo Mendizábal podría ser separado en definitiva de su cargo

Reitera su dictamen original sobre la causa de muerte de la indígena nahua

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 8

En las próximas semanas, el doctor Juan Pablo Mendizábal podría ser separado definitivamente de su cargo como forense en la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), como “represalia” por haber sostenido un fallo que el propio presidente Felipe Calderón trató de desmentir: la indígena nahua Ernestina Ascencio fue violada y asesinada, y no murió por una supuesta gastritis mal atendida.

En entrevista telefónica con La Jornada, el médico detalló los actos de intimidación e intentos de soborno que ha tenido que soportar desde hace más de cuatro años por defender su dictamen, lo que podría desembocar en la pérdida de su trabajo, asunto que un juzgado de distrito de Boca del Río está por resolver próximamente.

Como se informó en su momento, la anciana indígena Ernestina Rosario Ascencio, de 73 años de edad, fue encontrada moribunda el 26 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalcingo de Soledad, en la sierra de Zongolica, pero antes de fallecer responsabilizó de su muerte a elementos del Ejército mexicano, a quienes también acusó de haberla atacado sexualmente.

“Se nos solicitó como médicos forenses que realizáramos la autopsia, en donde determinamos que efectivamente las causas de la muerte fueron violentas. Se comprobó que había un traumatismo cráneo-encefálico y que había sido violada”, explicó el doctor.

Su labor, subrayó, fue únicamente determinar las causas del deceso, pero no identificar a los culpables. “Nosotros no fuimos testigos del hecho. Hacer la investigación de quién fue el responsable le corresponde al Ministerio Público, eso lo quiero dejar bien claro”.

Al darse a conocer su dictamen, las amenazas comenzaron de inmediato. “Como me sostuve, me quisieron sobornar, pero me mantuve en la raya diciendo que la señora había sido violada y asesinada. Estuvieron a punto de correrme el año antepasado, lo que no ocurrió gracias a la presión de los medios”, dijo.

A final de cuentas, las autoridades veracruzanas y el gobierno federal lograron desacreditar la resolución del forense y “decretaron” oficialmente que la muerte de la indígena se había debido a una gastritis mal atendida, lamentó Mendizábal, quien tiene 25 años de antigüedad en la PGJV, y cursó una maestría en ciencias penales.

“Por esta situación también he sufrido represalias como médico del ayuntamiento de Orizaba, porque el alcalde Juan Manuel Díez me suspendió de mi puesto. He tenido que luchar contra viento y marea para defenderme y ahora el último recurso que me queda, por despido injustificado, se está discutiendo en un juzgado de distrito de Boca del Río, que pronto va a emitir su sentencia, a más tardar en septiembre”, detalló.

Cuando ocurrió la muerte de Ernestina Ascencio, recordó el médico, todavía no era tan común que se acusara al Ejército de cometer abusos contra civiles, “pero ahora a cada rato vemos en las noticias de violaciones a los derechos humanos”.

Las presiones que encara hasta la fecha son “el pago a la rectitud de hacer las cosas bien, de forma imparcial y apegada a derecho. Hubieran querido que dijera ‘murió de gastritis”, pero no fue así. Quiero que quede bien claro que jamás dudé de mi dictamen: mi forma de actuar fue la correcta, aunque ahora sufra un despido injustificado”, aseveró.


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Declaración de la RvsR sobre el Movimiento de Víctimas de la Guerra de Calderón

La Red vs la Represión y la Solidaridad reunida en la Ciudad de México, el 25 de junio, con la representación de los estados de Puebla, Colima , Chihuahua, Morelos, estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca (regiones centro, triqui, loxicha y chinanteca) manifiesta su apoyo al movimiento de las víctimas de la guerra de Calderón y se suma al dolor y la rabia generada por la masacre contra el pueblo.

En esta guerra que ya ha dejado 40 mil muertos y 18 mil desaparecidos, y que cada día cobra nuevas víctimas, la mayoría de los crímenes son cometidos por cuerpos militares, policiacos y paramilitares profesionales, o realizados con su apoyo y complicidad. Estas fuerzas profesionales, en particular las policías y el ejército, han tenido cerca de 700 bajas, mientras son miles los muertos y desaparecidos del pueblo, que como muestran los testimonios que recogiera la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, son muchachos y muchachas, bebes y niños, campesinos, indígenas, trabajadores y desempleados, habitantes de colonias, comunidades y ciudades, que se ven perseguidos y hostigados, criminalizados y finalmente aniquilados. Son civiles, ciudadanos y ciudadanas, gente de abajo, humilde y sencilla. Esta guerra es un verdadero genocidio.

Es necesario parar esta guerra y el primer paso es la desmilitarización, que el ejército regrese a sus cuarteles, que las policías y los militares cesen sus patrullajes, hostigamiento y amenazas contra la población civil, los asesinatos, desapariciones, tortura y criminalización de la lucha social.

Desde la Red vs la Represión y la Solidaridad no confiamos en el que arriba comete crímenes de lesa humanidad., consideramos que la otra campana puede contribuir a parar esta guerra genocida, nombrando a las víctimas en todas las plazas, fortaleciendo la organización de los familiares y del movimiento que los apoya, así como el desarrollo de las autonomías y los procesos organizativos abajo y a la izquierda.

Por la desmilitarización del país

ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN

Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)


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¿DE VERDAD ESTAMOS TAN SOLOS? Efraín Bartolomé

ÉSTE NO ES UN EJERCICIO LITERARIO. ES LA DESPIADADA REALIDAD QUE VIVIMOS EN MÉXICO

Son las 4:43 de la mañana del día 11 de agosto de 2011.
Hace aproximadamente dos horas un grupo de hombres armados irrumpieron en mi casa ubicada en Conkal 266 (esq. Becal), Col. Torres de Padierna, 14200, México, D. F.
Comenzamos a escuchar golpes violentos como contra una puerta metálica y me extrañó porque se escuchaba demasiado cerca y no hay ninguna puerta así en la casa.
Prendí la luz.
Los golpes arreciaban ahora como contra nuestras puertas de madera.
Quité la tranca que protege la puerta de nuestra recámara y me asomé al pasillo: hacia el comedor veía luces (¿verdosas? ¿azulosas? ¿intermitentes?) acompañando los golpes violentos contra el cristal que da al sur.
Mi mujer me gritó que me metiera.
Así lo hice apresuradamente y alcancé a poner la tranca de nuevo.
Oí cristales rompiéndose y pasos violentos hacia nuestra recámara: rápidos y fuertes.
“¡Abran la puerta!” era el grito que se repetía antes de que empezaran a golpear con violencia mayor nuestra puerta con tranca.
Nos encerramos en el baño y busqué a tientas un silbato que cuelga de un muro sin repellar: comencé a soplarlo con desesperación, unas diez veces, quizá.
Mi mujer está llamando a la policía.
Les dice que están entrando a la casa, que vengan pronto por favor, que nos auxilien.
Yo sigo soplando el silbato con desesperación.
En la oscuridad, mi mujer se ubicó tras de mí mientras oíamos que la tranca de la puerta se quebraba y los hombres entraban.
¿Tres, cuatro, cinco?
Quise cerrar la puerta del baño pero ya no alcancé a hacerlo.
Empujé unas cajas hacia dicha puerta y en algo estorbó los empujones.
“¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, hijos de la chingada...!” gritaban mientras empujaban y metían sus rifles negros hacia el interior.
Quise detener la puerta con mis manos pero no tenía sentido: vencieron mi mínima resistencia y entraron.
Policías vestidos de negro, con pasamontañas y lo que supongo que serían “rifles de alto poder”.
“¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hijos de la chingada! ¡Al suelo y no se muevan!”
Uno de los hombres me da un manazo en la cabeza y me tira los lentes.
Alcanzo a pescarlos antes de que toquen el suelo.
Me quita el silbato.
−¡No golpee a mi esposo! –grita mi mujer.
−¡El teléfono! ¡Déme el teléfono! –le responde y pregunta si no tenemos otro teléfono o un celular.
Ella y yo nos arrodillamos primero y después nos medio sentamos en el suelo de cemento de este baño sin terminar.
Policías jorobados y nocturnos, como en el romance de García Lorca.
Quién lo diría: aquí, en nuestra amada casa donde cultivamos y enseñamos la armonía.
Aquí...
Justo aquí estos hombres de negro, con pasamontañas, con guantes, con rifles de asalto, con chalecos o chamaras que tienen inscritas las siglas blancas PFP, nos apuntan con sus armas a la cabeza.
Uno de ellos, siempre amenazante, nos interroga.
Dos más permanecen en la puerta.
− ¡Las armas! ¡Dónde están las armas!
− Aquí no hay armas, señor, somos gente de trabajo.
− ¡A qué se dedica!”
−Soy psicoterapeuta y escribo libros.
−¿Desde cuándo vive aquí?
− Desde hace treinta años...
−Cómo se llama.
−Efraín Bartolomé.
−Cuántos años tiene.
−60.
−A qué se dedica.
−Ya se lo dije, señor, soy psicólogo y escribo libros.
−Usted cómo se llama... –se dirige a mi mujer.
−Guadalupe Belmontes de Bartolomé.
−A qué se dedica.
−Soy arqueóloga y ama de casa.
−Cuántos años tiene.
−54.
−Tranquilos. Respiren profundo... Voy a verificar los datos.
El hombre sale.
Oigo ruidos en toda la casa.
Están vaciando cajones, abriendo puertas, pisando fuerte sobre la duela de madera.
Oigo ruidos afuera, en el cuarto de huéspedes, en la torre, en el estudio de abajo.
Nos cambiamos de posición.
Mi mujer pone algo sobre el frío piso de cemento.
Cinco o siete minutos después regresa el hombre y repite su interrogatorio.
Si recibimos gente en la casa, con qué frecuencia, cada cuánto salimos de viaje, quién cuida entonces.
Respondemos a todo brevemente.
Dice nuevamente que va a verificar los datos y que volverá a decirnos porqué están aquí.
El tiempo pasa.
Oímos que abren nuestro carro en el garage.
Voces ininteligibles en el patio del norte.
Más tiempo.
Varios minutos después se oyen motores que se prenden y carros que arrancan.
Mi mujer y yo seguimos en la oscuridad.
Comenzamos a movernos.
Sólo silencio.
Nos incorporamos con cierto temor.
Salimos del baño hacia la recámara iluminada.
Desorden.
Cajones abiertos.
Cosas volcadas en el buró.
La chapa de la puerta en el suelo.
Restos de la tranca destrozada.
La puerta de tambor machacada y rota, pandeada en su parte media.
Salimos al pasillo: un cuadro en el suelo y abiertas las puertas de lo que fueron las recámaras de mis hijos.
Desorden en el interior: maletas y cajas abiertas, cajones vaciados.
Vamos hacia el comedor: uno de los vidrios roto en su ángulo inferior izquierdo, muchos cristales en el piso.
La puerta de la sala está rota de la misma forma en que rompieron la de nuestra recámara: la chapa en el suelo y fragmentos de duela en el piso.
Está abierta la puerta de la torre y prendidas las luces del cuarto de huéspedes.
Salimos por la puerta de la sala y nos asomamos con cierto temor.
Nada.
Mi mujer llama por segunda vez a la policía.
Es en vano: piden los datos una vez más.
Dicen que ya enviaron una unidad.
Llego a la barda y me asomo: no hay carros.
El portón del garage está intacto.
Bajamos las escaleras hasta la puerta de acceso: rota igual que las de adentro.
El estudio de abajo está con las luces prendidas.
De por sí desordenado, ahora lo está más.
Vamos hacia la torre y entramos al cuarto de huéspedes: cajones volcados, revistas en el suelo, cosas sobre la mesa, puertas del clóset colgando, zafadas de su riel inferior.
Subo al tercer piso: una esculturita de alambre volcada pero no se nota demasiado desorden.
Subo a los pisos superiores: no hay daño en la salita de arte.
En el último piso dejaron abierta la puerta a la terraza.
Volvemos al interior: queremos tomar fotos pero no está la cámara de mi mujer que estaba sobre el buró.
“¡Tampoco está la memoria de mi computadora!”, grita.
También se la llevaron
Quiero ver la hora y voy al buró por mi reloj: ha desaparecido mi querido Omega Speedmaster Professional que me acompañó por casi cuarenta años.
Tiene mi nombre grabado en la parte posterior: Efraín Bartolomé.
Oímos que un auto se estaciona y nos asomamos.
Mi mujer llama una vez más a la policía: lo mismo.
Ya tienen los datos pero nunca enviaron apoyo.
Indefensión.
Del auto blanco baja un joven y avanza hacia la esquina.
Se asoma y regresa.
Lo saludo y responde.
Le preguntamos qué pasa y responde que viene en atención a una llamada de su amiga que vive a la vuelta y a cuya casa también se metieron.
Mi mujer pregunta de qué familia se trata, cómo se apellida.
Magaña, responde el joven.
¡Es Paty!, dice mi mujer.
Salimos a la calle y voy hacia allá.
Encontramos a Patricia Magaña, bióloga, investigadora universitaria, acompañada de su papá, en la calle.
Entraron a ambas casas la de ella y la de sus padres, con la misma violencia que a la nuestra.
Patricia y su hija estaban solas.
Sus padres octogenarios también estaban solos.
Volvemos a nuestra casa vejada y con la puerta rota.
Atranco la destruida puerta de la calle.
Con todo, mantenemos una sorprendente calma.
“Pudieron habernos matado”, dice mi mujer.
Yo imagino por unos segundos nuestros cuerpos ensangrentados en el baño en desorden.
¿Sabe el presidente Calderón esto que pasa en las casas de la ciudad?
¿Lo sabe Marcelo Ebrard?
¿Lo sabe el procurador Mancera?
¿Ordenan Maricela Morales o Genaro García Luna estos operativos?
¿Sabrán quién fue el encargado de este acto en contra de inocentes?
Antenoche volvimos a casa levitando, en la felicidad más plena, tras la amorosa y conmovedora recepción del público ante nuestro libro presentado en Bellas Artes.
Un día después, en la atroz madrugada, la PFP irrumpe violentamente en nuestra casa, quiebra nuestras puertas, destruye los cristales, hurga sin respeto en nuestra más íntima propiedad, nos amenaza con armas poderosas a mi bella mujer y a mí, a la edad que tenemos...
Y pensar que también son humanos los que hacen esto contra su prójimo.
Subo al estudio a escribir esto.
Allá, abajo, la ciudad parece embellecida por la calma.
Arriba la impasible Luna de agosto, casi llena.
Son ya las 6:35 de la mañana.
La luz de oriente comienza a colorear y a inflamar el horizonte.
La policía nunca llegó.
¿De verdad estamos tan solos?


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Programa “Reporte 13” de Ricardo Rocha en TV Azteca con el tema de los ecologistas Cabrera y Montiel reprimidos en Petatlán, Guerrero

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Castigo a militares, exigen en Gobernación los campesinos ecologistas Cabrera y Montiel

En acto “de compromiso” para acatar fallo de la CIDH, piden salida del Ejército de áreas rurales


Víctor Ballinas y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23

“Justicia y castigo a los militares que nos torturaron”, exigieron en la Secretaría de Gobernación los campesinos ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera –presente en el acto para manifestar el compromiso oficial de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, y Rodolfo Montiel –vía telefónica–, ante los subsecretarios de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la dependencia, Felipe Zamora, y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Exigimos el retiro de militares de las comunidades rurales de Guerrero porque se emborrachan y disparan contra todos. Justicia y castigo para el juez y los ministerios públicos que aceptaron como válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura”.

Desde el podio, Teodoro Cabrera destacó: “Me siento nervioso; sólo contento por verlos a todos. Les pido que hagan justicia contra el Ejército por las torturas (que sufrimos); ya llevo dos operaciones y no ando bien de mi cuerpo; que sientan lo que sentimos nosotros en la cárcel.

“Los militares quieren quedarse con las manos limpias y nos echan la culpa; querían que firmáramos y nos torturaron. La familia sufrió mucho; llegaron disparando; quieren que quedemos debajo de sus zapatos. Los caciques les dieron dinero, los compraron, y fueron a detenernos. Ellos (los soldados) van a las comunidades y matan, torturan, detienen. “No quieren que hablemos, el dinero se lo echan en el bolsillo, se van enriqueciendo”.

En tanto, Rodolfo Montiel, quien se encuentra asilado en Estados Unidos, vía telefónica pidió que se guardara un minuto de silencio por “los compañeros caídos: Aniceto Martínez, Elena Borja, Salomé Sánchez, Digna Ochoa y Plácido. Creo que ya la justicia está regresando; se nos había ausentado, se había ido a Costa Rica, espero que se cumpla toda la recomendación”.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los abogados Mario Patrón y Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes tomaron su caso; a Édgar Cortez, quien en esas fechas era director de dicho centro, y a otros personajes como la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y a las legisladoras Nancy Pelón e Hilda Solís, que apoyaron su causa.

Montiel preguntó al subsecretario Zamora: “¿Cuándo puedo volver a México? Quiero que nos brinde seguridad para nosotros, para las familias, para todos”.

El subsecretario Castro le respondió: “Le informó que esta es una ceremonia para manifestar el compromiso del Estados mexicano de cumplir en todos sus términos la sentencia de la CIDH. Usted podrá regresar o permanecer en el lugar que decida; nosotros respetaremos su libertad y sus decisiones”.

Presente en el acto, Ubalda Cortés, esposa de Rodolfo Montiel, dijo a los funcionarios: “Quiero pedir al gobierno que cumpla con todo lo comprometido, que ya no sigan las torturas. Yo me siento mal, estoy lejos de la familia, y ahorita que mi mamá está enferma no puedo estar con ella, y quiero pedirle que los militares ya no vayan a las comunidades”.

El subsecretario Gómez Robledo aseveró: “Este es un acto de justicia. Hay que recordar que fueron detenidos por militares, después entregados al Ministerio Público, un juez los halló culpables, y por razones humanitarias el presidente Vicente Fox los dejó en libertad, sin hacer justicia. La CIDH nos ordenó reparación del daño y que se investiguen en la justicia civil las torturas. El gobierno reafirma dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones de la CIDH”.

En tanto, Zamora Castro dijo que se acatará la sentencia dictada por el organismo internacional en favor de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel: “Se asume el deber de cumplir en tiempo y forma”.

Refirió que en octubre de 2010 el Ejecutivo envió al Congreso la reforma al Código de Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos, por lo que exhortó al Senado a discutir esa reforma.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Los soldados se quedan: Felipe Zamora

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de junio de 2011, p. 23

Minutos después de que los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (encarcelados y torturados por elementos del Ejército en 1999) pidieran el retiro de los militares de las zonas rurales, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe Zamora, advirtió que los elementos castrenses no saldrán y que el comportamiento de unos cuantos no es suficiente para empañar toda una institución.

–Los señores Cabrera y Montiel han pedido el retiro de militares de zonas rurales, ¿qué les responden?

–En este momento la participación de las fuerzas armadas es indispensable para regresar la seguridad a los mexicanos; lo que nos corresponde a todos es vigilar que esa participación se haga en pleno apego a los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el respaldo que nos están dando en el combate a la delincuencia es invaluable.

–Dicen que los militares se emborrachan y disparan a diestra y siniestra…

–Quienes incumplan con sus normas deben ser sometidos a procesos y sancionados, pero la conducta de unos no es suficiente para empañar la presencia de toda una institución. Los que sean culpables que asuman su responsabilidad, pero el Ejército Mexicano es ampliamente respaldado y apoyado por los mexicanos.

En entrevista al término de la ceremonia en que el gobierno federal ratifica su compromiso de cumplir la sentencia de la CIDH en el caso de los campesinos, dijo que “los casos concretos deben estudiarse y sancionarse”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Procurador: gobierno de Guerrero acatará recomendación de la CIDH

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 18 de junio de 2011, p. 19

Chilpancingo, Gro.,17 de junio. El procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, anunció que representará al gobierno estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia programada para el próximo 28 de junio en Costa Rica, por el caso de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pahaá, quienes fueron violadas por efectivos del Ejército Mexicano en 2002.

La CIDH condenó en octubre pasado al Estado mexicano por que las indígenas fueron abusadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de Los Libres, en la región Costa-Montaña del estado de Guerrero.

López Rosas adelantó que la postura del gobernador Ángel Aguirre Rivero “es que vamos a acatar la recomendación y de inmediato se otorgarán las medidas cautelares a las afectadas; (la) resolución viene bien sustentada en favor de quienes han argumentado violación a sus derechos”, comentó.

“Vamos a contribuir al resarcimiento, al cumplimiento de resoluciones de carácter internacional en materia de derechos humanos, a corregir lo que se tenga que hacer. Obviamente, a analizar en nuestro esquema jurídico que todo esté aplicándose adecuadamente. La intención del gobernador es mantener el respeto a los derechos humanos.”

No obstante, aclaró que junto con la Federación definirán criterios. Admitió que si bien el gobierno federal es el que mantiene la personalidad y representación jurídica de México, “nosotros iríamos a fijar la postura del gobierno de Guerrero. Mi participación sería señalar que en el ámbito territorial donde se cometieron las acciones delictuosas el gobierno del estado mantiene su disposición al respaldar al Estado mexicano para el cumplimiento de esa resolución”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

CMDPDH comenta sobre la Ley de Seguridad Nacional

Silvano Cantú, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), trata el tema de la Ley de Seguridad Nacional en entrevista con Carlos Puig en su programa "En 15" de Milenio Televisión el 7 de junio de 2011.




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Conmemoración X aniversario (2008) de la masacre en El Charco, Ayutla de los libres, Guerrero.

“… las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".

Se agradece el apoyo técnico de Espacec.





La Masacre de El Charco,
Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ocurrida el 07 de junio de 1998.

Informe de seguimiento a un año
Elaborado por la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos



En El Charco, un amanecer de sangre y balas
fue la repuesta a un pueblo hambriento.
Tiros certeros disparados al corazon de los famelicos
cuerpos enflaquecidos por discursos y promesas incumplidas.
Un Charco de sangre indigena mezclada con las lagrimas de las viudas
debe convertirse en lucha contra la impunidad.
¿EL EJERCITO MEXICANO SE HA CUBIERTO DE GLORIA
EN LA DEFENSA DE LA PATRIA?.

Mexico, D.F., a 7 de junio de 1999.




BREVE CRONOLOGIA


En la comunidad de El Charco1, municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria "Caritino Maldonado", en la cual se encontraban dormidos varios indigenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Segun los sobrevivientes el Ejercito Federal rodeo el lugar e irrumpio, disparando y lanzando dos granadas de fragmentacion, lo que provoco 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos dias. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permanecio en el hospital naval durante un mes.

Al lugar de los hechos se impidio la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de derechos humanos hasta despues de 2 dias; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos.

Las personas detenidas fueron
Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio ALONSO TRINIDAD, Martin MACARIO SALAZAR, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, Alfonso Olivar MORALES, Javier ANGEL SEVERIANO, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Alonso MARTINEZ, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATARINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Miguel Angel GARCIA CRISTIANO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION o Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Juan GARCIA DE LOS SANTOS, Anastasio RAMIREZ SIMONA, Esteban LEONARDO EPITACIO, Efren CORTES CHAVEZ, Erika ZAMORA PARDO, ademas de los menores de edadFrancisco Cristino CRESCENCIO, Adrian PATRIARCA ANGUSTINO, Bernabe GARCIA DE JESUS, Pedro ESTEBAN AVILA y Meliton CASTRO MORALES.

Tomaron la declaracion preparatoria los agentes del Ministerio Publico Federal coordinados por el subdelegado de averiguaciones previas de la PGR, Miguel Angel ZARAGOZA REYES.

El 11 de junio, fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la PGR en Guerrero, Javier LOMELI, no encontro elementos para procesarlos.

Ellos fueron Alfonso OLIVAR MORALES, Ivan GARCIA ANGUSTIANO, Pedro BARRERA DANIEL, Albino SANTOS CONCEPCION, Lazaro PELAEZ CASTRO, Vicente VAZQUEZ DIAZ, Aurelio PORFIRIO CATALINO, Serafin MORALES LOPEZ, Julian RAMIREZ CRESCENCIO, Adolfo FILIBERTO CONCEPCION, Arnulfo SANTIAGO HERNANDEZ, Anastacio RAMIREZ SIMONA y Esteban LEOBARDO EPITACIO, Javier ANGEL SEVERIANO, Miguel Angel GARCIA CRISTINO y Martin MACARIO SALAZAR. Cabe señalar que Javier LOMELI, posteriormente fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordeno la liberacion de las 20 personas, incluyendo a 4 menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel HERNANDEZ ALBA, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares, solicito nuevamente 17 ordenes de reaprehension, mismas que giro la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl GUIDO GUZMAN.

Se abrio una nueva causa penal 17/98, por los delitos de motin, sedicion e invitacion a la rebelion, sumandoseles al proceso penal 109/A-1/98 que se le sigue a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ.

El 23 de junio fueron arrestados Bernardino GARCIA FRANCISCO, Eugenio TRINIDAD AMBROSIO, Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO y Juan Carlos GARCIA DE LOS SANTOS, quienes dos dias mas tarde fueron trasladados del Hospital General de Acapulco al Cereso de Acapulco, despues de que se les girara nueva orden de aprehension por los delitos de rebelion y conspiracion. Tal diligencia se realizo en privado en el area de enfermeria del penal de Acapulco, en contradiccion con la Constitucion Politica Mexicana, que establece que debe ser publica.

El 27 de junio la juez Xochilt GUIDO GUZMAN dicto auto de formal prision a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelion, conspiracion e incitacion a la rebelion. Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo SAAVEDRA, ante Maximiliano TORAL PEREZ, juez cuarto de distrito de Acapulco, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelion, terrorismo, acopio de armas, portacion de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.

Resalta la declaracion Ministerial de Erika ZAMORA PARDO quien señalo "mi declaracion ante el MPF fue obtenida bajo presion de los agentes de Gobernacion, quienes me obligaron a declarar y a involucrar a personas. Esta declaracion fue firmada bajo tortura, ya que me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques electricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esta declaracion fue filmada y grabada en la zona Militar...el Ejercito fue el primero en disparar, que la gente estaba desarmada y que a pesar de que se rindieron y pidieron perdon los mataron,
a algunos heridos les dieron el tiro de gracia". Es importante señalar que en dicha declaracion tambien se le obligo a vincular a dirigentes sociales como Rocio MESINO, dirigente de la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, es diputado local y exiliado en Francia.

El 13 -14 de junio fueron reconocidos 11 cadaveres y entregados a sus familiares, los que corresponden a Honorio GARCIA LORENZO, Mauro GONZALEZ CASTRO, originarios de Agua Cachagüe; Mario CHAVEZ GARCIA, Ricardo VICENTE, Fidencio MORALES CASTRO de 21 años, Jose FERNANDO NICASIO, Fernando FELIX GUADALUPE de 25 años de edad, de la comunidad de Ocote Amarillo; Daniel CRISOFORO del Coyul; Ricardo ZAVALA TAPIA de 24 años, del Distrito Federal, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO o Francisco PRISCILIANO de 41años de la comunidad El Potrero, Apolonio JIMENEZ GARCIA de 40 años, y Juan GARCIA DE LOS SANTOS de 23 años (al parecer, existe una contradiccion en dicho nombre, ya que en el expediente juridico aparece como asesinado, pero despues se reporta que se le dio libertad) de El Charco.

El 15 de junio el juez Maximiliano TORAL PEREZ, dicto auto de libertad a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, ya que su defensor de oficio, Hector HERNANDEZ, asento que los hechos no coinciden en la tipificacion de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, el juez les dicto auto de formal prision como responsables de portacion de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito. Pese a lo anterior tres dias despues a Efren CORTES CHAVEZ se le nego el derecho a la libertad bajo fianza, con el argumento de que liberarlo constituiria un peligro para la sociedad, ya que lo señala como presunto miembro del grupo armado. El defensor de oficio, interpuso el recurso de apelacion ante el tribunal unitario del vigesimo primer circuito, con sede en Chilpancingo.

El 22 de junio los menores que se encuentran en el Tutelar de Menores dieron sus testimonios al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Adrian PATRIARCA AGUSTINO, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, refirio que fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol. Despues lo trasladaron en helicoptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligandolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal.

Bernabe GARCIA DE JESUS, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que "cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladandome en helicoptero a Cruz Grande y luego a Acapulco". Meliton CASTRO MORALES de 15 años, originario de la comunidad El Coyul y Pedro ESTEBAN de 16 años de Ocote Amarillo, refirieron testimonios parecidos.


VERSIONES OFICIALES

19 al 22 de junio Jose Luis RAMOS RIVERA, subprocurador general de la Republica, dio a conocer la postura oficial de lo ocurrido "No hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturo a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI", ademas de que dio a conocer la existencia de un video. Indico que se realizo la prueba de absorción atomica a cada uno de los fallecidos y en todos los casos se comprobo que accionaron armas de fuego, y se les practico la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos, la cual resulto negativa. Se pronuncio en defensa del Ejercito Mexicano, diciendo que lo de El Charco fue un enfrentamiento, los militares hacian un recorrido en aplicacion de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, y descubrieron a unos hombres armados y al pedirles las armas estos comenzaron a disparar iniciando asi el enfrentamiento, el cual duro de las 450 de la madrugada a las 1100 de la mañana aproximadamente.


VERSIONES CONTRASTANTES

La ex alcaldesa de Atoyac, Maria de la Luz NUÑEZ RAMOS, envio al Presidente Ernesto Zedillo una carta en la que señalaba que no es creible la version del "enfrentamiento casual", cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo OROPEZA GARNICA, jefe de la 27 zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km. Recuerda que el general fue victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanabano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.

De acuerdo a la version del comisario municipal, Panfilo SANTIAGO HERNANDEZ y Julio Leocadio "los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela, los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos por los detenidos y heridos, son personas inocentes, pacificas, de la comunidad, que no tienen vinculos con el EPR".

Version del ERPI dada a conocer en medios de comunicacion. No fue un encuentro casual como lo planteo ya que primero se envio una unidad de fuerzas especiales al mando de kaibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infanteria, ademas de otros soldados, sumando alrededor de un millar de efectivos militares al mando del General OROPEZA GARNICA. Dejando sus vehiculos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta El Charco. Despues ocurrio la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos, asesinaron a cinco en la escuela y dos en la cancha.



HOSTIGAMIENTO

Despues de la masacre, los vecinos de la comunidad El Charco, se desplazaron por el temor, ante el incremento de la militarizacion, con gran panico en las comunidades; quienes solicitaron el retiro del Ejercito.

11 de junio alrededor de las 0200 horas, un grupo de 20 personas, a bordo de una Suburban, irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia de Erika ZAMORA PARDO, ubicado en la comunidad de El Rosario, Municipio de Francisco I. Madero, estado de Hidalgo. En donde los amenazaron y robaron documentacion personal. Motivo por el cual su familia tuvo que huir de esa comunidad rumbo a la Ciudad de Mexico. La familia de Efren fue vigilada en Ayutla y Cruz Grande.

Se promovieron dos juicios de amparo contra actos de la justicia federal a favor de 14 campesinos, numero 648/98 promovido ante al juez tercero de distrito, Lucitania GARCIA ORTIZ, y el 649/98 contra actos de las autoridades federales.

30 de junio Ricardo MARTINEZ MARTINEZ, integrante del Bloque Universitario y estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM, informo que luego de la detencion de su compañera Erika ZAMORA PARDO y de la muerte de Ricardo ZAVALA TAPIA, se inicio una ola de intimidacion en contra de jovenes de la UNAM y de la UAM, ya que agentes de Gobernacion y militares, pretendian vincularlos con actos subversivos.

04 de julio El defensor de oficio Andres GARCIA BUSTAMANTE, promovio ante el juez segundo de distrito, Xochil GUIDO GUZMAN, testimoniales de los comisarios municipales de Ayutla de los Libres y de El Charco, a favor de 6 detenidos. Sin embargo solo Juan Garcia de los Santos y Eugenio Trinidad AMBROSIO, salieron de inmediato despues de las declaraciones hechas por los comisarios.

08 julio Efrain ZUÑIGA GALEANA, coordinador de los diputados federales priistas guerrerenses, declaro "que el EPR es el sector guerrillero del PRD, los dirigentes del PRD estan al servicio del EPR, son quienes los estan subsidiando".

15 de agosto. Ampliacion de declaracion con efectivos del Ejercito mexicano, con el mayor de infanteria del 78 Batallon de Infanteria, Jose GARNICA MARQUEZ y el soldado raso Jose Monico quienes coincidieron en señalar que el general Juan Alfredo OROPEZA GARNICA estaba al filo de las 700 horas frente a la escuela del El Charco.

20 de agosto fueron detenidos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, indigenas mixtecos, cuando se presentaron a declarar a favor de Efren CORTES CHAVEZ y Erika ZAMORA PARDO. En el Juzgado Tercero de Distrito se habia autorizado el amparo contra la orden de aprehension, pero al no depositarse la garantia se anulo y procedieron las ordenes de aprehension. Se encuentran acusados de rebelion y conspiracion, segun el expediente 1798, causa 49/98, en el Segundo Juzgado de Distrito con sede en Acapulco. El 26 de agosto se les dicto auto de formal prision.

INDEFENSION JURIDICA.

25 de agosto Fue detenido el abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, Asesor Juridico de la OCSS, quien atendia el caso de los presos a consecuencia de los hechos en El Charco. Se le acusa de despojo, robo y daños, a raiz de una toma de tierras que realizo un grupo de colonos en los Mogotes, Municipio de Coyuca de Benitez, en enero de 1997. Cabe señalar que el Juez Sexto Penal del Distrito Judicial de Galeana, Adolfo VAN METEER ROQUE, quien le dicto el auto de formal prision por los delitos de despojo, robo y daños, sin derecho a fianza, es el mismo que anteriormente, el 4 de diciembre de 1995, en la causa penal numero 145-1/994, ventilada ante el mismo juzgado sexto de lo penal, ya habia sentenciado en contra del señor Ranulfo SAMANO BARBOSA por el delito de despojo del mismo bien inmueble objeto del proceso penal. Destacamos que dicha persona es quien se presento como quejoso en contra del Lic. Jose SANCHEZ SANCHEZ.


NEGLIGENCIA MEDICA.

16 de agosto fue visitado el menor Francisco CRISTINO CRESENCIO, detenido en el Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo por el doctor Rafael Gomar Yabra, especialista en traumatologia, miembro de la Oficina de Socorro Internacional en Mexico e integrante de la Caravana Vicente Guerrero; alerto que el niño corre el peligro de perder la movilidad del brazo de por vida, debido a la negligencia de las autoridades al negarle la atencion medica adecuada y oportuna. El medico señaloel 16 de agosto observe, que a pesar de la gravedad de las lesiones, probablemente una fractura supracondilia, solo tenia una ferula posterior de yeso rota e inservible, fijada con una venda elastica deshilachada que le retire porque le estaba molestando. El niño presenta severas secuelas neurologicas con gran deterioro funcional del brazo y atrofia muscular avanzada. Por lo tanto no se le ha prestado atencion medica ni psicologica para la recuperacion emocional de un pequeño que solo habla mixteco, y que fue arrancado de su en torno familiar y social en un escenario de violencia militar gubernamental. No hay fundamento para su detencion ya que sus 4 compañeros detenidos por los mismos delitos ya fueron liberados. El 5 de septiembre, Pedro Julio VALDEZ VILCHIS, director general de Comunicación Social del gobierno del estado, nego los hechos. Sin embargo, el menor presentaba limitacion del movimiento de la articulacion del codo izquierdo y semiparalisis de la muñeca y mano izquierda, ya que no puede realizar los movimientos de extension de dicha mano, tambien presentaba hemiatrofia muscular (hipotrofia) de antebrazo y mano izquierda.

Testimonio de Francisco CRISTINO CRECENCIO. Internado en el Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.

Soy indigena mixteco, que a los 13 años de edad, fui herido de bala en el brazo izquierdo el 07 de junio de 1998 en El Charco Ayutla de los Libres. Ahora ya cuento con 14 años. Ese dia estaba yo en uno de los salones de la escuela "Caritino Maldonado", junto con otras personas de diferentes comunidades, lugar en donde nos citaron para escuchar platicas sobre problemas comunitarios comouso de fertilizantes, realizacion de proyectos productivos, etc. Ya estabamos dormidos cuando en la madrugada llegaron los militares, rodearon la escuela ay nos gritaron, pero yo no entendia ya que no hablo bien el español, solo el mixteco, no entendia lo que ellos decian y nos dispararon despues dejaron de disparar y mas tarde continuaron disparando.

Rompiendo las ventanas de los salones con, los disparos y una bala entro fue la que me hirio, en ese momento, con un rozon en el pecho - yo no tenia ninguna arma- , y comence a sangrar y a tener fuerte dolor en la herida; sintiendome muy debil, al grado que estuve tirado en el piso del salon sin poder levantarme.

Horas despues comenzaron a salir con los brazos en alto las personas que estaban conmigo en el salon, yo al no poder salir con los demas entraron los soldados a sacarme y fue cuando vi a varios heridos en el suelo de la cancha de Basquetbol, Despues me llevaron en un helicoptero militar al Hospital Naval Militar de Acapulco donde estuve 7 dias con mucha vigilancia de marinos y solo me lavaban la herida por fuera. No me operaron. De ahi me trasladaron al Hospital General de Acapulco "civil"; donde me tuvieron un mes y 5 dias, me operaron en 3 ocasiones y me pusieron una ferula de yeso. Despues me trasladaron al Albergue Tutelar para MENORES Infractores, estando aqui me han sacado al Hospital Manuel G-A" en la Ciudad de Medico, donde me hicieron un transplante de "nervios", que me quitaron de los pies. Pero ya fue tarde esta operacion ya que quede semiparalizado de la mano y muñeca izquierda, aun con los ejercicios de rehabilitacion que me realizaron en el DIF, de Chilpancingo.

Inicialmente Francisco se encontro incomunicado. Presento su declaracion preparatoria ante el Ministerio Publico Militar. Su familia solo pudo visitarlo pocas veces por falta de recursos. Se le dicto sentencia de 9 meses. Fue liberado el 26 de mayo de 1999.


SEGUIMIENTO DURANTE 1999

Enero aparecio en un diario de Acapulco, una resolucion apocrifa de la CNDH; donde se señala que los hechos ocurridos fueron un enfrentamiento del Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) contra el Ejercito Mexicano. Tambien se desmintio que el Ejercito haya usado granadas de fragmentacion. Que las pruebas hechas a los detenidos salieron positivas, y que en el examen de orina realizado a Erika ZAMORA PARDO y a Efren CORTES CHAVEZ, aparecen residuos de cocaina. Mas tarde, la CNDH desmintio esa Resolucion diciendo que el documento publicado es apocrifo.

10 de marzo La juez segundo de distrito, Xochitl GUIDO GUZMAN, sentencio a 5 años de prision a Erika ZAMORA PARDO y Efren CORTES CHAVEZ, por los delitos de conspiracion e invitacion a la rebelion. A Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, indigenas mixtecos se les sentencio a un año de prision y multa de 9 mil 506 pesos 25 centavos, por los delitos de portacion de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada y el Ejercito (cabe señalar que al considerar el beneficio de la pena de 38 dias de trabajo, se debio otorgar su libertad condicional, hecho que ocurrio hasta el 12 de mayo, cuando fueron liberados mediante el pago de una fianza de $ 1000.00 mil pesos cada uno, por resolucion del Tribunal unitario con sede en Chilpancingo). Una semana despues se les dicto otra sentencia a Erika ZAMORA de 3 años y medio a Efren CORTES de 1 año y medio por portacion de arma. Acumulandoseles asi, 8 años y medio a Erika ZAMORA y 6 años y medio a Efren CORTES.

Por la sentencia dictada contra Efren CORTES y Erika ZAMORA, se interpuso apelacion, lo que trajo como consecuencia que se determinara una nueva revision al caso, razon por la cual se giraron ordenes de reaprehension contra los indigenas mixtecos Bernardino GARCIA FRANCISCO y Porfirio HERNADEZ FRANCISCO, recien liberados.

A un año de la masacre del Charco continuan en prision los 4 indigenas mixtecos Sabino ADELAIDO GARCIA, Alfonso OLIVIA MORALES, Esteban LEOBARDO EPITACIO, Anastacio RAMIREZ SIMONA, la estudiante Erika ZAMORA PARDO y el dirigente del PRD, Efren CORTES CHAVEZ, en el Cereso de Acapulco.

OTRAS REPERCUSIONES

Las familias de los detenidos que quedan en indefension economica

Bernardino GARCIA FRANCISCO, 38 años, Comunidad El Paraiso, medico tradicional, integrante de la Organizacion Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT).
Esposa, Maria Claudia PAULA GARCIA (37 años); hijos Florencio (20 años), Eudocio (18), Teresa Felipa (17), Rodrigo (14), Angel (11), Eudes (9), Octavio (4) y Florentino (1)

Porfirio HERNANDEZ FRANCISCO, 43 años, Comunidad El Paraiso.
Esposa, Teresa Margarita Carmen (38); hijosJaime (10), Hermelinda (8), Bonifacio (6), Floriberto (4), Gabriel (3) y Alejandro (1año 9 meses).

Sabino ADELAIDO GARCIA, 30 años, Comunidad El Potrero.
Esposa, Benicia Castro de los Santos (26); hijosLuis (5) y Adelaida (1 año 9 meses ).

Esteban EDUARDO EPITACIO, 43 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Maria Rosa Catarina; (40 años), hijosCristina (28), Valeria (20), Florencia (10), Leobardo (8), Arnulfo (5) y Fulgencio (4).

Alfonso OLIVIA MORALES, 22 años, Comunidad El Platanar.
Esposa, Elena Victoria Sabina (21); hijosNabor (11 meses).

Anastacio RAMIREZ SIMONA, 26 años, Comunidad La Concordia.
Esposa, Victoria Angel Verenciana (24); hijosAgripino (12), Leonilda (7), Carolina (3) y Norberto (1año 6 meses).

Numero de personas afectadas por la detencion arbitraria de los 6 indigenas12 adultos y 27 niños.

LAS VIUDAS DE EL CHARCO.

Catorce mujeres, indigenas mixtecas, se vieron obligadas a trabajar en casa, en el campo, y ahora tambien debieron darse a la tarea de exigir justicia.

Catalina LEOBARDO AURELIA, de 24 años y madre de 6 niños, vecina de Ocote Amarillo, quien perdio a su esposo, Fernando FELIX GUADALUPE, de 25 años, dice "ahora mi trabajo es 4 veces mas que antes y con menos dinero que antes". Ella camina 5 horas desde su comunidad hasta la cabecera de Ayutla, para pedir la indemnizacion por la muerte de su esposo, la que no le quieren dar, diciendole que su esposo murio en enfrentamiento ya que ellos atacaron a las tropas del Ejercito Mexicano. La situacion de las 8 viudas es igual, piden apoyo para mantener a sus hijos y el Gobierno se lo niega. Ahora empiezan a hablar; dicen que la necesidad las obliga a ponerse al frente.

Quienes mas sufren las consecuencias son las mujeres y los niños, cuando ven llegar a los "guachos" como llaman a los soldados, en mixteco se dice "Uaxira kanira mio o, nos vienen a matar a nosotros".



CONCLUSIONES.

Los hechos que se presentaron en la Masacre de El Charco señalan que, dificilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento puesto que no se presento ningun herido por parte del Ejercito Federal, lo que sugiere fuertemente que

1. Los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosia y ventaja y no ponderaron las medidas de rendicion como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta resultando 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 de ellas heridas.

2. Llama poderosamente la atencion que el numero de muertos sea mayor al de los heridos, y que ningun militar resultara lesionado. Normalmente es de esperar que el numero de heridos sea mayor al de los muertos y, que cuando se trata de un enfrentamiento haya lesionados de ambos lados.

3. El Lugar de los hechos fue modificado inmediatamente por el Ejercito Mexicano impidiendo la preservacion de las evidencias, violando disposiciones en materia de procedimientos penales.

4. Las necropsias realizadas no consiñan todos los elementos que establecen los protocolos, son insuficientes para determinar las relaciones victima-victimario y el tipo de proyectiles utilizados.

5. Los detenidos fueron puestos a disposicion del Ministerio Publico Militar quien tomo declaraciones a los detenidos, violando la legislación penal y la constitucion.

6. Queda comprobado que los detenidos se mantuvieron en un lugar distinto al destinado ex profeso, lo que refuerza la version de los detenidos de que sufrieron coaccion para su declaracion, y apunta la validacion de los testimonios de tortura fisica y psicologica a la que aluden los detenidos (considerada por la jurisprudencia nacional en la materia), no obstante que los certificados medicos no se hayan consiñado lesiones visibles o externas.

7. Las acciones de la CNDH y las de la Coddehum han sido insuficientes y los derechos de los detenidos han quedado limitados ante la ausencia de un trabajo de campo mas acucioso.

8. Preocupa la detencion del abogado Jose SANCHEZ SANCHEZ, quien habia asumido la defensa de los detenidos de El Charco, bajo un proceso penal fuertemente cuestionado por sus irregularidades, lo que hablaria de una politica sistematica de aislamiento y represion.

9. los ataques y calumnias en contra de las ONG que han atendido el caso, señalandolas como parte de los grupos armados evidencia y refuerza dicha politica de aislamiento.

Finalmente, la Limeddh-FIDH recuerda que el caso de la Masacre de El Charco ha sido mencionada en el mas reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir; a quien hemos solicitado que en su proxima visita a Mexico, ha realizarse probablemente en julio de 1999, lo incluya en su agenda de trabajo al igual que la Masacre de Aguas Blancas, de Las Palancas, Cualac, en Guerrero, y Acteal y otras mas en Chiapas, Oaxaca y el resto del pais.




RECOMENDACIONES

1. Debe investigarse con profundidad la denuncia de ejecucion sumaria con tiro de gracia a Mario CHAVEZ GARCIA, Daniel CRISOFORO JIMENEZ, Manuel FRANCISCO PRISCILIANO y Fernando FELIX GUADALUPE, todos ellos sometidos en la cancha de basquetbol; y a Honorio GARCIA LORENZO quien fue el primero que al salir de la escuela se hinco, levanto las manos en señal de rendicion y dijo "Perdonenme, nosotros no tenemos armas, no tiren" y los militares dispararon contra el. Los estudios de necropsia establecen que algunos de los cuerpos presentan una sola herida de proyectil de arma de fuego, mientras que la mayoria de los cadaveres presentan heridas multiples. Por lo que se requeriria la renecropsia para establecer si hubo tiro de gracia, como lo refieren algunos testimonios, cuando menos, en los cadaveres señalados.

2. Debe investigarse a profundidad los hechos puesto que, según declaraciones militares, ellos estaban en la zona aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la campaña permanente contra enervantes, al mando del General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA; sin embargo, operativos de este tipo no requieren el uso de armamento altamente sofisticado. Ademas de que los testimonios de los testigos afirman que participaron 30 tanques, algunos vehiculos Hummers y contaban con enorme armamento. Los militares que participaron en el operativo llegaron rodeando la zona, con horas de antelacion. Por otro lado, participo en este el General Juan Alfredo OROPEZA GARNICA, Jefe de la 27 Zona Militar, cuyo cuartel esta a mas de 100 km, por lo que no le corresponderia la zona para llevar a cabo un operativo.

3. Deben investigarse las denuncias coincidentes en las que se mencionan que a los detenidos se les traslado a la Zona Militar donde se les torturo y amenazo con desaparecer a sus familiares, obligandoles a firmar declaraciones fabricadas, en las que se declaraban miembros del ERPI e involucraban a dirigentes sociales como a Rocio MESINO de la OCSS, y al ex diputado Ranferi HERNANDEZ ACEVEDO, exiliado en Francia.

4. Deben investigarse las actuaciones del Ministerio Publico Militar, quien no tiene facultades para tomar declaraciones de civiles.

5. Debe de garantizarse el derecho al debido proceso y la valoracion de todos los elementos para que los jueces actuen con plena independencia como lo establecen las normas nacionales e internacionales.

6. De los resultados de la investigacion del caso, se debera sancionar a los responsables y proceder a la indemnizacion de las victimas y sus familiares.

7. A la CNDH solicitamos que agilice la investigacion, ya que a un año de los hechos, no ha emitido ninguna Recomendacion al respecto.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!