La nota Perdida de la Limeddh”.Operativo Guerrero Seguro. ¿Estamos Seguros?

Sr. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Sr. Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, nadie nos oponemos a que se investiguen los delitos y que sean detenidos los responsables, pero ¿por qué hacerlo violando derechos humanos?

Moisés Gilberto, hermano de la secretaria general del PRD en Acapulco, Rosario Merlín García, fue detenido y retenido injustamente, su casa allanada sin orden judicial, su perro recibió un disparo, y su esposa e hija, amenazadas y encerradas en un cuarto desde donde escuchaban los ruidos del allanamiento y además les robaron sus pertenencias. Los tres, padre, esposa e hija, presentan secuelas evidentes de la tortura. Afortunadamente, Moisés fue liberado y ahora hay una investigación por esos hechos.

Moisés Gilberto, adolorido en todo su cuerpo y sobre todo en la espalda, relata con gran dolor y valentía, “y ahora como le explico a mi hija, ella me dice, ‘papá, ya no van a venir los malos, los policías son malos’. Y a pesar de lo que le pasó, él dice, yo quiero tener confianza en la policía y que mi hija no los vea así, que ella se sienta segura”.

Sin embargo, un día después de la denuncia pública del hecho, tres operativos más de la Policía Federal en Acapulco, y varias personas torturadas, robadas, detenidas injustamente. Los testigos presenciales de esos abusos, tienen miedo de denunciar. Gente sencilla que de repente su vida les ha cambiado.

Y para colmo, los detenidos al llegar a prisión, son amenazados por los grupos de un lado y otro, que al no reconocerles como pertenecientes a ninguno de ellos, les amenazan y extorsionan. Todo esto queda así simple y llanamente en el Operativo Guerrero seguro.

Ponemos en duda la eficacia de los operativos, si con todo el poder y la confianza que se les otorga las fuerzas policiacas y militares, además de que tienen fe ministerial y dicen que estos golpes fueron certeros gracias a llamadas anónimas y labor de “inteligencia”, se dan resultados tan contundentes.

Cómo creer en las instituciones si incluso hoy sabemos que Estados Unidos y México han colaborado para armar y colaborar con el lavado de dinero de los grupos que dicen combatir.

Respetar los derechos humanos de cualquier persona es fundamental, evitar los abusos y castigarlos podría contribuir a devolver la confianza de la población y la hija de Moisés Gilberto, dejaría de pensar que en cualquier momento, los malos pueden llegar, y lo peor es que ella piensa y siente, que los malos son policías.

Adrián Ramírez López
Presidente Limeddh


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

AMENAZA Y HOSTIGAMIENTO POLÍTICO AL FNADEZ SAN LUIS POTOSÍ

¡¡¡ ALTO AL ACOSO E INTIMIDACIÓN AL FNADEZ- SAN LUIS POTOSÍ...!!!
¡¡ RESPETO TOTAL A LA NACIÓN INDÍGENA XI-IUY...!!!!


COMPAÑER@S:


DESPUÉS DE SER EL ÚNICO GRUPO QUE HA MANTENIDO SU TRABAJO POLÍTICO-SOCIAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS, HUMANOS Y CIUDADANOS EN LA ENTIDAD, EL GOBIERNO HA REANUDADO SU OFENSIVA HACIA LOS GRUPOS INDÍGENAS XI-IUY (PAMES OCCIDENTALES) ASENTADOS EN LA PALMA Y LA NUEVA PALMA, MUNICIPIOS DE RAYÓN Y TAMASOPO, SAN LUIS POTOSÍ, INTEGRANTES DEL FRENTE NACIONAL PARA EL DESARROLLO "EMILIANO ZAPATA" ( FNADEZ).

LOS DELITOS DE DICHOS COMPAÑEROS SON:

- DEFENDER SU TERRITORIO DE MANERA LEGAL, DIGNA Y ORGANIZADA.

- DENUNCIAR EL DESPOJO DEL QUE SON OBJETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL AL CONSTRUIR EN SUS TERRITORIOS ANCESTRALES UNA SUPERCARRETERA, SIN SOLICITAR PERMISO Y SIN SIQUIERA INFORMARLES DE ELLO, POR EL CONTRARIO NEGANDO LA EXISTENCIA DE DICHA OBRA Y OCULTANDO INFORMACIÓN DEL PROYECTO, SU IMPACTO Y LOS VERDADEROS BENEFICIARIOS ECONÓMICOS DEL MISMO.

- LUCHAR POR LA DEFENSA DE SU CULTURA, SUS TRADICIONES Y LIBRE DETERMINACIÓN.

- DECLARARSE NACIÓN INDÍGENA SOCIALISTA.


EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HAN SIDO DETENIDOS Y TRATADOS DE INCULPAR O DE QUE INCULPEN A SUS LÍDERES Y GOBIERNO TRADICIONAL, VARIOS INDÍGENAS DE ESTE GRUPO, HASTA EL MOMENTO SIN LOGRAR SU COMETIDO.

ROMPAMOS EL CERCO INFORMATIVO Y DENUNCIEMOS EN TODO MEDIO INFORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL ESTA NUEVA OFENSIVA EN CONTRA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LOS GRUPOS Y NACIONES INDÍGENAS.

DIFUNDE ESTE CORREO A TODOS TUS CONTACTOS Y AYÚDANOS A DETENER LOS ACTOS DE ACOSO QUE EL ESTADO ESTA REALIZANDO EN CONTRA DE NUESTROS COMPAÑEROS.

ZAPATA VIVE...!!!!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Presentación del Informe Saldos de la Represión en México 2009-2010: una guerra contra el Pueblo. Comité Cerezo.

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Informe

Por medio de este informe, no sólo pretendemos arrojar cifras que por ellas mismas resultan estremecedoras, sino mostrar que existe una estrategia de violación a los derechos humanos a la que la población mexicana en general se enfrenta cada día, además de que estas violaciones se presentan aún con mayor sistematicidad en contra de los defensores de derechos humanos. El estudio y conocimiento de estas tendencias intenta hacer evidente no sólo la existencia de presos que han sido juzgados por motivos políticos como una forma de represión, sino la implementación y el uso de grupos paramilitares y militares en contra de defensores de derechos humanos.




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Saldos de la represión política en México

Miguel Concha

El 13 de agosto de 2001 fueron detenidos ilegalmente y torturados en la ciudad de México Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, estudiantes de la UNAM, junto con Pablo Alvarado Flores, indígena vendedor en mercados ambulantes. Esas violaciones a los derechos humanos, y el posterior encarcelamiento de los detenidos en penales de máxima seguridad, fueron el origen de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

En un inicio su objetivo central fue demostrar jurídicamente la inocencia de los detenidos, acusados, entre otros delitos, de terrorismo y delincuencia organizada, y obtener su libertad. Fue en ese proceso de lucha por el cumplimiento a cabalidad de la ley como los integrantes del comité aprendieron la importancia de los derechos humanos y del marco jurídico nacional e internacional que los protege, así como que éstos, con la documentación responsable de los casos de sus violaciones, eran los instrumentos necesarios e indispensables para defender los derechos de las personas injusta e ilegalmente presas.

Lo que comenzó entonces como una lucha por cuatro presos, pronto se convirtió en la lucha por obtener la libertad de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Para ello el Comité Cerezo participó, con otras organizaciones, en los años 2002 y 2003, en la Coordinación Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, y hasta finales de 2006 en la comisión de derechos humanos de la Promotora por la Unidad contra el Neoliberalismo, que ese año impulsó la lucha por una ley federal de amnistía. En octubre de 2007 se incorporó también al Frente Nacional Contra la Represión.

Fueron éstos años difíciles, pues a las limitaciones materiales se fueron sumando las amenazas de muerte a sus integrantes (la primera en diciembre de 2001, hasta llegar a 13) y la estigmatización como terroristas o “fachada” de grupos subversivos de los presos y de quienes luchaban por su libertad. Sin embargo la perseverancia tuvo buenos resultados: en marzo de 2005 Alejandro Cerezo Contreras obtuvo su liberación y salió de un penal de máxima seguridad, exonerado de todo delito. En agosto de 2006 Pablo Alvarado Flores fue también liberado y, por último, en febrero de 2009 Antonio y Héctor Cerezo Contreras salieron libres después de siete años y medio de permanecer presos en tres diferentes cárceles del país.

Este mes el Comité Cerezo celebra 10 años de actividades, y la lucha por la libertad de todos los presos por motivos políticos sigue siendo un eje fundamental de su trabajo. Por ello participaron en el Comité Libertad y Justicia para Atenco y colaboraron en la elaboración del informe sobre ese caso, realizando el Informe sobre las condiciones penitenciarias en los penales del Altiplano y de Molino de las Flores (2010). Hicieron también este año el Resumen del caso de Miguel Márquez Ríos, preso de conciencia del SME. Sin embargo, al eje de la lucha por los presos por motivos políticos se han agregado otros: la formación de defensores de derechos humanos, capaces de identificar sus violaciones, de documentarlas y de acompañar a las víctimas en su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral de daños y la memoria.

Con ese objetivo, tan sólo en un año el Comité Cerezo ha impartido 22 talleres a diferentes personas y organizaciones, y de abril a julio del presente año llevó a cabo la Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la cual se graduaron 23 personas. Otro eje de su trabajo es fortalecer la cultura de la seguridad entre las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, para lo cual el comité ha impartido 26 talleres de agosto de 2010 a agosto de 2011, e impulsado también a través de la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos otros mecanismos de protección para ellos.

Otro eje de trabajo son los informes: en 2010 el Comité Cerezo presentó el informe La cárcel: una forma de criminalización de la protesta social en México (2002-2008).
Su objetivo era demostrar con datos duros que la cárcel por motivos políticos existía en el país. Sin embargo, en ese informe ya se planteaba someramente que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada eran una forma de agresión a defensores que tendía a subir, y es este precisamente el tema que toca de manera central el nuevo informe, Saldos de la represión en México 2009-2010: una guerra contra el pueblo, que el Comité Cerezo presentó el pasado 24 de agosto en el Centro Universitario Cultural.

En dicho informe se plantea la tesis de que vivimos un proceso de conformación de un Estado terrorista, aunque no exento de contradicciones, avances y retrocesos debidos a las resistencias que le opone la sociedad organizada, el que ha relegado casi por completo su función de promover y garantizar los derechos humanos, y de investigar y sancionar las violaciones a los mismos. Se puede o no estar de acuerdo con dicha tesis, pero en el informe podemos encontrar datos duros que la sustentan: de 40 defensores agredidos entre 2009 y 2010, 18 (45 por ciento) fueron encarcelados, 15 (38 por ciento) fueron ejecutados extrajudicialmente y siete (17 por ciento) fueron detenidos y desaparecidos. Podemos identificar además que el número de presos y ejecutados es casi el mismo, lo cual es grave. El informe es un intento por explicar por qué fenómenos como la militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social crecen y se arraigan lamentablemente en la vida cotidiana de nuestra sociedad, en vez de disminuir. Sin embargo hay esperanzas. Las que nacen de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.


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Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el ‘Día Internacional de los Desaparecidos’

El presente informe de este Centro de Derechos Humanos recoge una síntesis de lo sucedido en Chiapas en materia de derechos humanos de abril de 2010 a marzo de 2011.


Hoy México se encuentra bajo la zozobra de una violencia generalizada impulsada por los distintos poderes que gobiernan el país. A pesar de que esta situación conduce a una violación sistemática de los derechos humanos, las culturas originarias sobreviven, se reproducen y continúan generando alternativas de vida.

Uno de los objetivos de este informe consiste en dar cuenta de la situación de los derechos humanos y de los procesos de defensa y ejercicio de derechos en cuatro ámbitos, que conforman los cuatro capítulos centrales del presente documento: el derecho a la tierra-territorio, donde se abordan las reivindicaciones de las mujeres para la exigencia de sus derechos y la defensa de la Madre Tierra; las luchas y dificultades enfrentadas por los procesos autonómicos en su largo camino de conciencia; la defensa de los derechos humanos, labor que consideramos de alto riesgo; y las acciones de no olvido y de recuperación de la memoria histórica, un trabajo sigiloso desde la resistencia, donde se construyen senderos de esperanza.

Capítulo I
Mujeres en defensa de la Madre Tierra

Las mujeres organizadas han expresado la necesidad de elevar su conciencia para fortalecer procesos organizativos donde puedan ejercer nuevas estrategias de defensa. Como mujeres encabezan varias acciones sociales de defensa y su palabra debe ser considerada en la comunidad para contribuir a definir los caminos de lucha por la defensa del territorio. Las mujeres han sido y continúan siendo las productoras primarias de la economía familiar y comunitaria ya que son las principales proveedoras de alimentos, las que cuidan la salud y las que desempeñan el papel más relevante en el mantenimiento de la cultura desde la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Capítulo II
Los caminos de la conciencia en la construcción de la autonomía

Resistencias y el ejercicio de los derechos

El Frayba ha sido testigo de diversos esfuerzos realizados por las comunidades indígenas de Chiapas para la construcción de su autonomía y para hacer realidad una nueva manera de administrar su propio territorio.

En este sentido, los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón (SSB) adherentes a La Otra Campaña (LOC) han emprendido acciones de ejercicio de impartición de justicia, como la resolución del conflicto que enfrentan en su territorio y la detención de asaltantes en la carretera que conduce de Ocosingo a Palenque.

De manera similar, en las cañadas de Ocosingo los pueblos indígenas de la región construyen alternativas como la formación de la Sociedad Cooperativa de Transportes Maya Stonil Naj, que se constituyó por acuerdo de las comunidades de la zona para contar con un servicio de transporte propio con el que se comunican entre las diferentes zonas de su territorio.

Capítulo III
La defensa de los derechos humanos, labor de alto riesgo en México

Según la CIDH, más de un tercio de las medidas cautelares otorgadas o ampliadas durante el año 2010 han estado dirigidas a proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras de la región cuya vida e integridad personal se encuentran en riesgo como consecuencia de su labor. 25 Sin embargo, las medidas cautelares otorgadas han sido insuficientes para proteger el trabajo de las y los defensores, tal y como han manifestado ante la CIDH varias organizaciones de la sociedad civil de las Américas. Estas medidas no resultan efectivas, por lo que el organismo urgió a los países a adoptar acciones urgentes para proporcionar una seguridad real a las y los beneficiarios de estas medidas, deplorando las situaciones que se presentaron durante el 2010 en las cuales personas que acudieron a audiencias de la CIDH han sido víctimas de acciones de descrédito, persecuciones y hostigamientos en sus países, en ocasiones por parte de autoridades de gobierno.

Capítulo IV
En el silencio de la resistencia hablan los pueblos entre-tejidos de memoria

Verdad y justicia para el no olvido y la no repetición Los procesos de lucha de los pueblos para recuperar la memoria de su historia se basan en el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, ambos derechos fundamentales de las personas.

El derecho a la justicia se entiende como el derecho de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares a que, en un tiempo razonable, se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables.

El derecho a la verdad se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Para garantizar el resarcimiento de los daños y el goce de derechos en el futuro, la sociedad debe conocer y aprender de los abusos cometidos en el pasado, y por lo tanto el derecho a la verdad se trata tanto de un derecho individual de las víctimas y sus familiares como de un derecho de la sociedad en general.


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Informe



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy y Abel Barrera

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy, Presidenta del "Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy" y Abel Barrera, Director del "Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan". Transmitido por CNN en Español el 5 de Agosto de 2011




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comité Cerezo México: 10 años de luchar desde los DH por la Verdad, la Justicia y la Memoria.

México DF a 13 de agosto de 2011

El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.

Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.

En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces.
La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.

Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.

Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.

Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento.

Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única.

Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la educación popular y otras más.

Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población.

Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual.

Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar.

A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos.


¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!

¡Presos hoy, libres siempre!

¡Alto a la guerra contra el pueblo!


Comité Cerezo México

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Conforme avanza la instrumentación de las políticas neoliberales en nuestro país, los derechos humanos se deterioran y se pierden cada vez más y más ya que al crecer el grado de despojo de las riquezas naturales del suelo y subsuelo de nuestro territorio crece también la indignación, el descontento, la protesta y la organización del pueblo de México para salvaguardar nuestra soberanía, nuestro futuro como nación.

Por lo que el Estado mexicano continúa adoptando medidas y compromisos con Estados Unidos para participar en su estrategia globalizada de seguridad al desarrollar y profundizar en México su doctrina de Defensa y Desarrollo Interno (DDI) que impone so pretexto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada la militarización del país, el reforzamiento y la generalización de los grupos paramilitares y por ende la instauración del terrorismo de Estado con el objetivo de eliminar toda resistencia popular.

El incremento de la violencia de las fuerzas militares, paramilitares y policiacas obedece a la perversa política del Estado mexicano que en nombre de la “seguridad y defensa” de la sociedad dirige sus fuerzas represivas contra el inerme pueblo y sobre todo contra sus críticos ya sea periodistas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos o sus seres queridos, sean hijos, padres o hermanos sin importar profesión, edad o sexo. No podríamos enumerar todas las víctimas en este corto espacio sólo nombraremos el caso de la Familia Reyes Salazar en Cd. Juárez, Chihuahua y el de Juan Francisco, hijo de Javier Sicilia a quien enviamos nuestras condolencias y solidaridad como en su momento lo hemos hecho con otras familias víctimas del terrorismo de Estado mexicano.

Desde que surgió la propiedad privada, la división en clases sociales, la expoliación y la explotación del hombre por el hombre, los derechos humanos de las clases subordinadas en cada modo de producción han sido infringidos por las clases que sucesivamente han poseído la propiedad privada de los medios de producción, el poder político y el monopolio de la violencia a través de sus ejércitos, fuerzas de seguridad e investigación o inteligencia.

Esta violencia no es nueva, ha sido de siempre, razón por la cual desde que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Francia, base de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos sustentada por la ONU surgieron de manera reconocida las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) Defensoras de los Derechos Humanos.

En estos momentos de neoliberalismo globalizador nos corresponde a nosotros también globalizar la solidaridad para enfrentar el terrorismo del estado mexicano auspiciado por el imperialismo internacional, y desenmascarar los eufemismos que ha utilizado en su afán de disfrazar delitos que su ejército federal, grupos paramilitares, de seguridad y policiacas han cometido; como lo ha sido el delito de lesa humanidad de desaparición forzada que han llamado “levantones”, “secuestros sin exigencia de rescate” o “extraviados”, en el intento ese sí fallido de continuar cometiéndolos con la impunidad de siempre.

Por esta razón, nos permitimos:

Hacer un llamado a las Organizaciones No Gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales para que continúen visibilizando el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, que comete el Estado mexicano y les solicitamos de la manera más atenta y respetuosa tomen en sus manos el caso de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca y así como hemos logrado hacer que los presos políticos del país sean de todos también los detenidos desaparecidos ya sean luchadores sociales, periodistas, trabajadores, sacerdotes, gente de nuestro pueblo o defensores de derechos humanos sean todos de todos, los de ayer, los de hoy y los de mañana porque desgraciadamente si no nos pronunciamos para que esto no siga sucediendo, seguirá aumentando el número de víctimas del terror de Estado que de fallido no tiene nada ya que su política represiva es propositiva.


¡PORQUE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS SON DE TODOS!
¡TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY SON DE TODOS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 47.
República mexicana, a 12 de abril de 2011.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Respaldan OSC nacionales e internacionales la labor del CDHM Tlachinollan durante la reapertura en Ayutla

Difusión Cencos México D.F., 17 de junio de 2011

Relatores de la libertad de expresión de la ONU y la OEA manifiestan su beneplácito

Organizaciones estatales, nacionales e internacionales estarán atentas y vigilantes de las condiciones de seguridad para las y los defensores en Ayutla


Durante el acto protocolario de Re-apertura de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Ayutla de los Libres Guerrero diversas organizaciones del Estado de Guerrero, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como representantes de diversas embajadas, manifestaron todo su apoyo y respaldo al trabajo de defensa y promoción de derechos humanos que el CDHM Tlachinollan seguirá realizando en la región de la Costa Chica de Guerrero.

A pesar de que la situación de riesgo no ha sido superada y que no se ha garantizado plenamente la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, ante la necesidad de seguir acompañando a las comunidades y personas de esta región que buscan hacer efectivos sus derechos el CDHM Tlachinollan decidió reabrir su oficina para continuar defendiendo y promoviendo los derechos humanos en la región.

Ante el conocimiento de la Re-apertura de la oficina diversos actores sociales se manifestaron al respecto: Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas a través de una carta dirigida al Antropólogo Abel Barrera y al CDHM Tlachinollan manifestó su beneplácito por la Re-apertura y mencionó que ésta “demuestra, una vez más, que la tenacidad de organizaciones como la suya terminan por sobreponerse a la adversidad”. Así mismo resaltó en la misiva que la fuerza y el temperamento han hecho del CDHM Tlachinollan "un baluarte en la brega por una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad de expresión y opinión”. Añadió también que la satisfacción que manifiesta en la comunicación “no podrá compararse al de las personas y pueblos indígenas que de nueva cuenta contarán con el apoyo incondicional y altamente competente de su noble organización”.

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió también una escrito dirigida a Abel Barrera en el que saluda con satisfacción la reapertura de la oficina: “Tomando en consideración el trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en búsqueda de caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Relatoría ha recibido con beneplácito la noticia de la reapertura de la oficina en Ayutla de los Libres. Estamos convencidos que este avance facilitará que su organización continúe cumpliendo la importante misión de promover el pleno respecto de los derechos humanos en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero”.

En el evento estuvieron presentes la Sra. Margarita de las Nieves y Sra. Guadalupe Castro, viudas de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Vice-presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados. Estuvieron presentes integrantes de diversas organizaciones estatales: Manuel Olivares de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Raúl Hernández Abundio defensor de los derechos humanos del Pueblo Indígena Me’phaa; Crisóforo Manzanares Lorenzo, Comisario del Camalote; Álvaro Ramírez Concepción de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM); Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Prócoro Valente Gil del Consejo de los cinco pueblos Tecoanapa; Pablo Guzmán Hernández y Maximino Tranquilino Santiago de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) entre otros.

También estuvieron presentes representantes de organizaciones nacionales como Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Ricardo González de Artículo XIX; Dolores González Saravia de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Verónica Rodríguez de Amnistía Internacional; Fernando Santillán del Centro Nacional de Comunicación Social; José Rosario Marroquín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH).

Acudieron también representantes de organizaciones internacionales como Salvador Sarmiento del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy; Ben Leather de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) así como representantes de distintas embajadas en México: Cristina Zametzr, Primera Secretaria de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Alemania; Christoph Meyenburg, Consejero de la Embajada de Austria; Francis Sobry, Segundo Secretario de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Bélgica; Karim Amégan, Consejero de la Embajada de Canadá; Leticia Pico de Coaña, Primera Secretaria de la Embajada de España; Vanesa Acker, Consejera de la Embajada de Estados Unidos; Katy Reid, Segunda Secretaria de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Reino Unido; Delphine Malard, Consejera de Asuntos Políticos, prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea, entre otros.

Como invitados de honor estuvieron presentes: Javier Hernández Valencia, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Lic. Juan Alarcón, Presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Dr. Hipólito Lugo, Visitador de la de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Sra. Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Sr. Julio Mata, integrante de la AFADEM; Eliana García, Asesora en Derechos Humanos en el Senado de la República; Aída Hernández, Perito en antropología en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.



Carta de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para CDHM Tlachinollan

RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006 – Tel: (202) 458-6014 – Fax: (202) 458-
6215


15 de junio de 2011

Abel Barrera Hernández
Director, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Mina N.- 77 Col. Centro C.P. 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero


Estimado Señor Barrera,

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda con satisfacción la reapertura de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Durante su visita oficial a México realizada en agosto de 2010, esta Relatoría tuvo la oportunidad de observar el compromiso de la organización a su cargo con los derechos humanos de los habitantes del Estado de Guerrero. En compañía de las y los integrantes de su organización, conocimos en Ayutla a algunas de las personas directamente beneficiadas por su trabajo, incluyendo el defensor de derechos humanos Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, y a otros notables defensores/as y líderes sociales.

Tomando en consideración el trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en búsqueda de caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Relatoría ha recibido con beneplácito la noticia de la reapertura de la oficina en Ayutla de los Libres.

Estamos convencidos que este avance facilitará que su organización continúe cumpliendo la importante misión de promover el pleno respecto de los derechos humanos en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente y desearle éxitos en su importante trabajo,

Catalina Botero Marino
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos



Carta de Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU

16 de junio de 2011


Abel Barrera Hernández
Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan"


Estimado Señor Barrera,

La Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas desea manifestarle a Usted y a su valeroso equipo su más profunda satisfacción por la reapertura de la oficina del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" en la ciudad de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.

Durante mi visita oficial a México, realizada en agosto de 2010, tuve el privilegio de entrevistarme con Usted y visitar la población de Ayutla de los Libres. En dicha oportunidad pude constatar directamente el trabajo comprometido y profesional del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" en el Estado de Guerrero, particularmente en la región de la Costa Chica, la Costa Grande, la Montaña y el Centro.

Recuerdo con pesar que en aquél momento sus oficinas permanecían cerradas por la ausencia de condiciones para desarrollar su invaluable labor en favor de los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas de la región. Además, tuve el honor de conocer al defensor de los derechos humanos Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, quien permanecía injustamente preso durante los días de mi misión oficial a México y a quien el Centro que Usted dirige defendió con convicción, entereza y sobrada eficacia.

Hoy me entero con satisfacción que el Centro que Usted encabeza ha decidido reiniciar sus actividades en Ayutla de los Libres. La reapertura de sus oficinas demuestra, una vez más, que la tenacidad de organizaciones como la suya terminan por sobreponerse a la adversidad.

La fuerza y el temperamento de su liderazgo han hecho del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" un baluarte en la brega por una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad de expresión y opinión. Por ello, estoy seguro que la satisfacción que le manifiesto en la presente comunicación no podrá compararse al de las personas y pueblos indígenas que de nueva cuenta contarán con el apoyo incondicional y altamente competente de su noble organización.

Por último, aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con el deseo de tener la ocasión de poder hacerlo personalmente en un futuro próximo.

Le ruego de la manera más atenta se sirva hacer extensiva el contenido de la presente misiva al resto de las personas que laboran en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", a quienes con afecto les envío a través de su hospitalario conducto el más amplio de mis reconocimientos.


Frank La Rue
Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

REPRESIÓN: Detienen a Nataniel Hernández, director del CDH Digna Ochoa y otros compañeros

Costa de Chiapas, 15 de Marzo de 2011.

A la sociedad civil en México y en el mundo.

Al digno pueblo de Chiapas.

A nuestras hermanas y hermanos zapatistas.

A nuestr@s compañer@s de La Otra Campaña y de la Zezta Internazional.

A tod@s l@s que luchan por un mundo otro.

A los Organismos de Derechos Humanos No gubernamentales Estatal y Nacional.

A las organizaciones sociales, políticas, redes nacionales e Internacionales.

Al Grupo de Apoyo a la Zona Costa GAZC-Barcelona.


El día de hoy 15 de Marzo, el compañero Nataniel Hernández Núñez, se encontraba en la ciudad de Tapachula, Chiapas, ejerciendo como siempre sus labores de defensa y observación de los derechos humanos como director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en este caso acompañaba a compañeros de una comunidad. Según la información que se ha reunido a lo largo del día, fueron detenidos 4 compañeros desde aproximadamente las 2 de la tarde, el compañero permaneció en la ciudad averiguando la situación de los compañeros detenidos. Es a las 8 de la noche, que al parecer fue liberada la orden de aprehensión federal por ataque a las vías de comunicación que mantenían en suspenso desde el 2010, orden que fue ejecutada con la rapidez que sólo tiene el gobierno cuando de luchadores sociales o defensores de derechos humanos se trata.

El compañero tiene un amparo vigente, el compañero estaba defendiendo a compañeros de las comunidades, el compañero ya había sido detenido junto con 18 compañeros más por el gobierno de Chiapas durante 8 días el pasado 22 de Febrero, fueron liberados por la movilización y solidaridad de mucha gente alrededor del mundo.

Se sabia que el compañero estaba en la mira, se sabia que lo querían detener en su trabajo, se sabia que luchar por los derechos humanos es un crimen, que luchar por una vida digna en este país y el estado de Chiapas es un delito contra los grandes intereses económicos y políticos. Estamos en pie de lucha, estamos en ALERTA, no lograran detener nuestro trabajo.

Es ahora el gobierno federal quien insiste en detener al compañero, no dejaremos de luchar por la libertad del compañero. Pedimos a tod@s los compañer@s que nos han ayudado, permanecer a la espera de más información y la convocatoria a acciones por la libertad del compañero Nataniel Hernández Núñez y los otros compañeros detenidos.
Por ahora, estamos preparándonos para el día de mañana movilizarnos hacia Tapachula, si el gobierno Federal mantiene la estupidez de retener a los compañeros.

Nuestras movilizaciones y trabajos son por una tarifa justa de Luz eléctrica, la libre determinación de los pueblos y la Autonomía, la liberación de los presos políticos en el Estado de Chiapas. El respeto y cese de las agresiones en contra de los adherentes a la Otra Campaña y a las comunidades zapatistas.


¡¡¡¡Libertad inmediata a todos los presos políticos en Chiapas.¡¡¡¡¡

¡¡¡¡Cese a la represión del gobierno de Chiapas en contra de los Defensores de
Derechos Humanos¡¡¡¡¡

¡¡¡Respeto a las comunidades zapatistas!!!

¡¡¡¡Juicio a los Paramilitares de Mitzitón¡¡¡

¡¡¡¡ Respeto al pueblo de Bachajón¡¡¡¡

¡¡¡Respeto a la libre determinación de los pueblos y a la Autonomía¡¡¡¡¡


CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS.

PRESOS POLITICOS, L I B E R T A D ! ! !


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Organizaciones Civiles denuncian la falta de compromiso del Jefe de Gobierno con los derechos humanos en el caso de la Supervía Poniente

El pasado 11 de febrero el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó la respuesta a la recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno al proyecto de la Supervía Poniente. Una vez conocido su contenido las organizaciones civiles rechazamos enérgicamente la postura del gobierno de la ciudad.

La recomendación acreditó que este megaproyecto genera múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes habitamos la Ciudad de México. Esta recomendación deriva del mandato constitucional que faculta a la CDHDF a investigar violaciones a derechos humanos y, en su caso, hacer cualquier recomendación que estime pertinente para lograr una reparación integral de los daños.

En este sentido, el documento de respuesta signado por el jefe de gobierno cuestiona las premisas de investigación y las conclusiones del ombudsman capitalino. Sin estar facultado legalmente para ello, su respuesta pretende argumentar que no hay violaciones a los derechos humanos. Esencialmente se desconoce la labor institucional de la CDHDF, se rechazan las violaciones a los derechos humanos y se pretende formular una “aceptación parcial” que lleva implícito el rechazo al sentido de la recomendación y manifiesta la no aceptación del punto recomendatorio central.

Al respecto queremos señalar que la recomendación emitida por la CDHDF fue realizada en el marco de su competencia y estuvo precedida de una investigación amplia y exhaustiva que le permitió acreditar fehacientemente y de manera incuestionable las violaciones de derechos humanos. El documento de respuesta se caracteriza por expresar una serie de vaguedades e inconsistencias argumentativas y de justificaciones legales que supuestamente demuestran que no hubo violaciones a los derechos humanos.

La contestación del jefe de gobierno representa una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos en la ciudad y una vulneración del estado democrático y de derecho. El hecho de no reconocer la investigación y pretender aceptar algunos puntos recomendatorios hace patente una actitud del gobierno de la ciudad por la que, desconociendo las violaciones probadas, simularía aceptar las recomendaciones. En suma, pretende hacer pasar como una concesión y como gestos de buena voluntad lo que es una obligación política y legal.

Con lo anterior se pretende confundir a la opinión pública presentando una imagen garante de los derechos humanos y de la democracia en la ciudad cuando lo cierto es que el rechazo a la suspensión de la obra representa una vulneración del derecho a la participación y la consulta pública. En materia de protección ambiental el mecanismo de consulta pública se basa en un esquema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y pretende brindar elementos de valoración a las autoridades para el otorgamiento de las autorizaciones. En este sentido, toda consulta debe ser realizada de manera amplia, plural e informada previamente a cualquier autorización e inicio de proyecto.

Realizar la consulta de manera posterior a una autorización y con una obra iniciada deviene ineficaz. En este caso, realizar la consulta sin aceptar la suspensión de la obra representa una simulación y un acto que pretende legitimar una acción gubernamental ya decidida y caracterizada por su ilegalidad y extremo autoritarismo.
Esgrimir que existen actos jurídicos consumados y obligaciones contraídas para no suspender la obra y al mismo tiempo anunciar la realización de la consulta, resulta un contrasentido, pues si el resultado es desfavorable a los intereses gubernamentales se volverá a aducir la existencia de compromisos previamente contraídos con las empresas. El argumento de afectación a la seguridad jurídica es falaz ya que la vulneración no deriva de la recomendación sino del actuar ilegal del gobierno de la ciudad que generó actos jurídicos con vicios de origen y por tanto anulables.

La respuesta contradice el discurso democrático del gobierno de la ciudad y los compromisos adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.


Organizaciones y colectivos firmantes

Alarbo
Alconsumidor
Alternativas y Capacidades
Bicitekas
CEMDA
Central Unitaria de Trabajadores
Centro de Estudios Ecuménicos
Centro de Orientación y Asesoría Pueblos Indígenas
Colectivo Casa Sin Puertas
Congreso Popular, Social y Ciudadano del DF
Congreso Social hacia un nuevo Constituyente-DF.
Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares
El Poder del Consumidor
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos
Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular
Greenpeace México
INCIDE Social
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
Nodo de Derechos Humanos
Organización Social Patria Nueva
Servicios y Asesoría para la Paz
Union de Colonias Populares
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"Todos los derechos para todas y todos"
Conformada por 70 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana:
Centro Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Indígenas, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Reflexión y Acción Laboral, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Intercongregacional Justicia Paz y Vida, Comité de Derechos Humanos Ajusco, Comité Cerezo, Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Taller Universitario de Derechos Humanos, Promoción y Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Comisión de Derechos Humanos La voz de los sin voz, Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo, Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Asociación Jaliscience de Apoyo a los Grupos Indígenas, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro de Reflexión y Acción Laboral - Guadalajara, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, Centro de Derechos Humanos Don Sergio, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Servicio Paz y Justicia – México, Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Centro de Apoyo al Trabajador, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Comisión Parroquial de Derechos Humanos Martín de Tours, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Respuesta Alternativa, Frente Cívico Sinaloense, Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, Servicio Paz y Justicia de Tabasco, Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Centro Juvenil Generando Dignidad, Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Indignación, KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, Centro de los Derechos del Migrante


Personas firmantes

Lizy Peralta Mercado
Mariana González
Miguel Rábago Dorbecker


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Marchan en Morelia el 10 de Diciembre en el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

A los medios de comunicación
A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
Al pueblo en general

En el 62 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, los familiares de los detenidos desaparecidos de Michoacán, acompañados de por organizaciones populares, sociales y de derechos humanos realizaremos una marcha por la presentación con vida de nuestros desaparecidos, exigiendo que el gobierno municipal, estatal y federal rindan cuentas del paradero de su paradero, a si como su pronta presentación con vida y asuman su responsabilidad, la aclaración de los hechos y una justicia pronta.

La desaparición forzada es un crimen aberrante e inhumano que viola todos los derechos elementales de una persona que son imperdonables para quienes los cometen:

1.- el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

2.- el derecho a la libertad

3.- el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o Degradantes

4.- el derecho a la vida, en caso muerte de la persona desaparecida

5.-el derecho a una identidad

6.- el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales

7.- el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización

8.- el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición

Como familiares de los detenidos desaparecidos pedimos el apoyo solidario de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que envíen cartas y recomendaciones al gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, a si como al presidente de la república Felipe calderón Hinojosa haciéndolos responsables de nuestra integridad física y psicológica, así como la de nuestros familiares, organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos solidarias que participaremos en las actividades del 10 de diciembre del presente año, ya que con motivo del supuesto “Combate al Narcotráfico y crimen organizado” existe un ambiente de inseguridad en donde se violentan todos los derechos humanos de la población justificando con esto la presencia de el ejercito y policías federales en las calles limitando la libertad de los michoacanos e imponiéndonos toque de queda después de las 7 de la noche.

Es alarmante que a un día de la declaración universal de los derechos humanos se nos prive de nuestro derecho a una tranquilidad como ciudadanos y de nuestra garantía de expresarnos libremente por las calles, amenazándonos con intentos de bombas. Es por esto y muchas cosas mas que este día 10 de Diciembre como ciudadanos tenemos la responsabilidad de no callar ante estos actos violatorios de nuestras garantías y derechos constitucionales.

Hacemos la invitación a todas las organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles, de derechos humanos y ciudadanos a que rompamos el cerco del terror de estado que nos quieren imponer, salgamos y levantemos la voz.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos nos Pronunciamos enérgicamente este Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la presentación con vida de el defensor de Derechos humanos: Francisco Paredes Ruiz (luchador social y defensor de los derechos humanos) detenido-desaparecido el 26 de septiembre del 2007en Morelia, Michoacán.

Así, como de todos los detenidos desaparecidos de Michoacán:

J. Jesús Guzmán J. desaparecido el 20 de julio de 1974 en Tarejero Michoacán.

Armando Guzmán Cruz desaparecido el 19 de julio de 1974 en Trejero Michoacán

Amafer Guzmán Cruz desaparecido el 17 de julio de 1974 en Tarejero Michoacán

Solón Guzmán Cruz desaparecido el 22 de julio de 1974 en Tarejero Michoacán

Venustiano guzmán cruz desaparecido el 2 de febrero de 1976 en tarejero Michoacán.

José Antonio García Apac (periodista) desaparecido el 20 de noviembre del 2006 Tepalcatepec Michoacán.

Mauricio Estrada Zamora (periodista) desaparecido en el año 2008 en Michoacán

María Esther Aguilar (periodista) desaparecida en 2009 en Michoacán

José Trinidad Martínez (indígena) desaparecido el 23 de febrero del 2009 de la comunidad la Zarzamora Michoacán.

Javier Martínez Robles (regidor indígena y profesor) desaparecido en 2010 en Michoacán.

Gerardo vera desaparecido en 2010 en el estado de Michoacán

Ramón Ángeles Salpa (periodista) desaparecido en 2010 en el estado de Michoacán.

Francisco de asís Manuel (campesino presidente de bienes comunales de la comunidad de ostula) desaparecido el 21 de abril del 2010 en Michoacán.

Adán Flores Arreola detenido desaparecido el 9 de Septiembre del 2010

Ernesto Pérez Acosta detenido desaparecido el 9 de Septiembre del 2010

Francisco Farfán Calderón detenido desaparecido el 9 de Septiembre del 2010

Alejandro Manríquez López detenido desaparecido el 14 de septiembre del 2010

Heriberto Bernal Maldonado detenido desaparecido el 14 de septiembre del 2010

Prisca María Jaimes detenida desaparecida el 14 de septiembre del 2010

Julio Alberto Zambrano Sánchez detenido desaparecido el 14 de septiembre del 2010

Jorge Alberto Utrera Gamboa detenido desaparecido el 14 de septiembre del 2010

Así como los 29 casos de Pajacuaran Michoacán



¡Exigimos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país!

¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!

¡Justicia y Verdad!

¡No olvidamos, No callamos, No perdonamos!

Fundación Diego Lucero, FDL

“Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos”

Familiares de los Michoacanos Detenidos Desaparecidos en Veracruz, Morelia y Pajacuaran


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Fallece Pepe Álvarez Icaza, uno de los fundadores del movimiento de derechos humanos en México

Luchador incansable que marcó camino cuando en México no había espacios para hacer resistencia de forma pacífica.

México D.F., 26 de novembre de 2010 (Cencos).- El Centro Nacional de Comunicación Social extiende sus más sentidas condolencias a la familia y amistades de don José Álvarez Icaza Manero que, junto con su compañera y esposa Luz Longoria y Gama, fundó hace 46 años esta organización de la sociedad civil.

El equipo de trabajo de Cencos se suma a la pena por el sensible fallecimiento de Don Pepe, fundador del movimiento de derechos humanos mexicano y reconocido como uno de los líderes sociales más importantes de México.

El camino de José Álvarez Icaza en el compromiso social y los derechos humanos se inició cuando él y Luzma se unieron al Movimiento Familiar Cristiano, y desde ahí propiciaron la creación del Centro Nacional de Comunicación Social. En el contexto de 1968, la organización se separó de la jerarquía católica ante su silencio por la represión y para apoyar al movimiento social. Así “Desde la independencia Pepe, Luzma y Cencos establecieron las pautas que luego adoptaría el movimiento de derechos humanos”, explica Sergio Aguayo. Desde entonces, inició su lucha por la defensa y protección de los derechos humanos en México y América Latina. Entre los reconocimientos a don Pepe destacan, el Premio Sergio Mendez Arceo (1996) y el Premio Compartir (2001) en el que le reconocían su liderazgo social.

Desde Cencos, continuaremos como espacio al servicio de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Don Pepe creó en Cencos un espacio con visión a largo plazo con eje en la comunicación y los derechos humanos, el cual seguirá vigente.
Su cuerpo será velado a petición suya, en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social, a partir de las 10:00 de la mañana y hasta la tarde de mañana sábado. Durante la jornada de hoy viernes habrá misas a las 12:00, 18:00 y 24:00 horas.

Equipo del Centro Nacional de Comunciación Social, Cencos


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Digna Ochoa, hito en la defensa de derechos humanos

Hace ocho años, el fatídico 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa y Plácido fue asesinada. Las causas: su incansable labor por la defensa de los derechos humanos que la llevó a enfrentar al Ejército mexicano. Las consecuencias: el hostigamiento, las amenazas, la tortura y el asesinato.

Los argumentos inadmisibles para apoyar la hipótesis del “suicidio simulado” pretendieron sustentarse en la primitiva práctica de descalificar a l@s defensor@s de derechos humanos. A la fecha, después de titánica labor –en especial de su hermano Jesús Ochoa–, se ha demostrado el innegable crimen cometido, con base en la exhumación y pruebas periciales.

Digna Ochoa es un hito en la protección de los derechos humanos, ¡19 de octubre, tampoco se olvida!

Red de Defensores 19 de octubre, Comité Cerezo México, Lilia M. Partida Flores, Julia Marichal y Martínez, Marina Sánchez, Irina Alonso Bolaños, Jose Antonio López Íñiguez, José Antonio Ávila, Viviana Pineda, Carlos Corral V. Edith Espinoza, y 40 firmas más



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

3er. Foro por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO

3er. Foro por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos

1.- Se realizará en el auditorio de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Ciudad Universitaria al sur de la ciudad de Chilpancingo, Gro., el viernes 4 de septiembre del 2009 a las 10 a.m., estando abierta la mesa de registro desde las 9 a.m.

2.- Su objeto es fortalecer las demandas de presentación con vida de los desaparecidos y secuestrados, castigo a los culpables de los asesinatos y libertad a los presos políticos, denunciando la corrupción, la impunidad y el contubernio que tienen las autoridades gubernamentales con los responsables de todos estos delitos.

En base a ello, interesa hacer una caracterización de éste nuevo fenómeno, como parte de la estrategia de control social que implementa el Estado Mexicano y que se relaciona y complementa con el supuesto combate a la delincuencia organizada y la contrainsurgencia.

3.- Esta dirigido a los familiares de las más de 1 400 víctimas de la violencia que tiene identificadas el Comité en los últimos 4 años 4 meses, que corresponden al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, a las organizaciones sociales y organismos civiles sensibles y solidarios con esta lucha y a la ciudadanía en general que está interesada y atenta a este problema de inseguridad, injusticia e impunidad.

4.- Se está convocando a los ciudadanos interesados, afectados y solidarios con el problema de las desapariciones forzadas, secuestros y asesinato de ciudadanos, a las organizaciones sociales y organismos civiles solidarios y especialmente a los familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero. No se está convocando a los partidos políticos, a las instancias y dependencias gubernamentales ni a los representantes de ninguno de los niveles de gobierno ni de los poderes del Estado, considerando que ellos son los pilares del sistema donde se encuentra la raíz del problema que se señala y que por comisión, omisión o contubernio, son los responsables de los delitos de los cuales se reclama justicia.

5.- Durante el Foro, el Comité presentará su segundo informe de trabajo, que se ampliará con el informe de la situación de los presos políticos en la entidad. Posteriormente se dará paso al panel de analistas invitados, quienes abordarán desde su perspectiva los informes presentados, los analizarán, comentarán y de ser posible, presentarán conclusiones y propuestas. Acto seguido se abrirá una ronda de intervención de los asistentes en base a un reglamento mínimo para regular los tiempos y sentido de las participaciones, donde se recibirán opiniones, denuncias y propuestas en su caso.

En un siguiente momento se abrirá un espacio de información, denuncia y solidaridad, donde las organizaciones ahí representadas, informen de sus luchas y movimientos y soliciten los apoyos correspondientes. Finalmente se pondrá a consideración un proyecto de declaración política que de ser aprobado en lo general, firmarán voluntariamente los asistentes al Foro que así lo consideren.

6.- Programa

No. Actividad Horario
1 Registro de asistentes 09:00 a 10:00
2 Presentación de asistentes 10:00 a 10:10
3 Inauguración del Foro por el Lic. José Enrique González Ruiz 10:10 a 10:15
4 Informe del Comité 10:15 a 10:45
5 Panel de análisis y comentarios 10:45 a 12:30
6 Foro abierto a los asistentes 12:30 a 13:30
7 Información y solidaridad con las luchas y movimientos sociales 13:30 a 14:45
8 Lectura y aprobación del proyecto de declaración política 14:45 a 15:00
9 Clausura del Foro por Alejandro Varas* 15:00

7.- Para mayor información, acude a la oficina del Taller de Desarrollo Comunitario A.C., sita en la calle Pinos 22 Col. Jardines del Sur, en Chilpancingo Gro., o al Módulo de Información, Cultura y Denuncia ubicado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en el centro de la ciudad de Chilpancingo, al tel (01747) 47-2-22-77, a los cel. 7471127209, 7471154067 y 7475174207 y al correo comitedesaparecidos@hotmail.com

8.- Tu puedes colaborar en la difusión distribuyendo volantes, pegando carteles y haciendo invitación directas y personales a familiares de víctimas y ciudadanos. También puedes apoyar en la organización y realización del Foro como apoyo técnico y logístico o como edecán. También puedes integarte a las demás actividades de la 3ª. Jornada por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos.

¡ASISTE, DENUNCIA, PARTICIPA!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

“En México no hay justicia”: Integrante del FPDT al término del tercer día de sesiones en la SCJN

Al término del tercer día de sesiones en la SCJN referentes al dictamen sobre violaciones a los derechos humanos en Atenco los días 4 y 5 de mayo de 2006, algunos de los integrantes del FPDT integrantes de la comisión que entró a la sesión de ese día, manifiestan su opinión respecto a la misma.

Por otro lado, Trinidad Ramírez nos da un rápido comentario acerca de ese día, la abogada que maneja el caso de Héctor Galindo nos informa al respecto y el abogado Damián del FPDT nos hace un comentario en relación a este tercer día de sesiones.

Comisión


Solidaridad con el FPDT


Trinidad


Abogada de Héctor Galindo


Damián, abogado del FPDT



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

“Graves abusos” se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte

No está probado que policías hayan segado dos vidas; fantasía digna de Costa Gavras: Aguirre

Jesús Aranda (La Jornada)

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones –una matutina y otra vespertina–, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue “un acto de venganza” en que intervinieron “mandos superiores” que aplicaron “técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias”, como las instauradas en los años 70 en “Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo”.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la “brutalidad excesiva” de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.

Añadió que tanto en las agresiones sexuales a las detenidas como en el resto de las vejaciones hubo un patrón de conducta para no dejar evidencia incriminatoria.

En referencia a la presunta responsabilidad de funcionarios de primer nivel, como serían el gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y de Miguel Ángel Yunes, entonces secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Góngora señaló:

“No es difícil concluir, que los superiores no son responsables sólo por omisiones, sino que se trata más bien de una acción pensada; me atrevería a decir que estamos ante autores intelectuales”, ya que las acciones siguieron un modus operandi en las golpizas, violencia en las detenciones, las agresiones sexuales, etcétera.

Infructuosamente trató de agregar al catálogo de derechos violados previstos en el dictamen –derecho a la libertad, a la libertad sexual, al debido proceso, a la justicia– el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio.

El derecho a la vida, explicó, en razón de que la muerte de Alexis Benumea Hernández, por el uso ilegítimo de armas lanza gases lacrimógenos, y de Javier Cortés Santiago.

“No vamos a revivir a Javier, ni a Alexis; tampoco vamos a regresar la dignidad a las mujeres abusadas ni a sanar los golpes físicos, morales, infligidos a la población, lo que sí podemos es mandar un mensaje de que ello no debió haber ocurrido ni puede volver a ocurrir”, apuntó.

Mientras, Aguirre Anguiano se mantuvo en que en Atenco no hubo violación grave a las garantías individuales.

De entrada, celebró que “individuos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hubieran sido puestos a disposición de las autoridades. Con sorna, añadió que “a lo mejor la afectación fue enormemente positiva” para los atenquenses.

Ante media docena de representantes del FPDT que asistieron a la sesión, Aguirre rechazó que se hubiera violado el derecho a la vida en la muerte de Alexis Benumea y Javier Cortés, como planteó Góngora. “Se segaron dos vidas, pero, ¿que se violó el derecho a la vida por parte de los policías?, eso no está probado…, fantasía pura digna de Costa Gavras.”

Tampoco aceptó que se hubiera violado el derecho a la libertad sexual, al afirmar que no existen dictámenes médicos que prueben las denuncias de las detenidas. En cuanto al exceso de fuerza pública, dijo convencido que las lesiones que presentaban los detenidos podrían ser producto de los enfrentamientos con policías, más que por tortura.

Este miércoles continúa la sesión en la que se oficializarán las opiniones de ministros vertidas ayer, y se iniciará la discusión sobre el posible fincamiento de responsabilidades “morales”.


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Responsabiliza Góngora a Peña Nieto y Medina Mora por abusos en Atenco.

No supervisaron a sus subordinados, omitieron dar seguimiento a los hechos e investigar denuncias, dijo. Los ministros Valls, Azuela y Aguirre se pronunciaron en contra del señalamiento.

Jesús Aranda y La Jornada On Line

México, DF. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República) junto con mandos superiores de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, son responsables de la violación grave de garantías individuales en los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, aseguró este miércoles, el ministro Genaro Góngora Pimentel.

Al iniciar este miércoles la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si procede señalar los nombres y cargos de quienes violaron los derechos humanos en esa población mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, Góngora Pimentel señaló que los mandos superiores que planearon, organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes son responsables directos e indirectos por no haber supervisado el actuar de sus subordinados, no dar seguimiento a los hechos violatorios de garantías cometidos por los policías federales y estatales en los operativos y por su omisión en investigar de manera diligente las denuncias presentadas por las víctimas por actos de tortura, violencia desmedida y agresiones sexuales, en el caso de 31 mujeres.

Góngora se pronunció así en contra del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo quien se refiere de manera genérica a los funcionarios involucrados en los operativos, pero que no finca responsabilidad alguna.

Después de él, los ministros Sergio Valls, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos señalaron que no procede que la Corte responsabilice a funcionarios involucrados. Esta última precisó que en principio de cuentas no hay indicio ni testimonio en el que quede manifiesto que fueron las autoridades superiores quienes ordenaron abusar de la fuerza pública.

Asimismo, dejo en claro que en el particular no se está -hasta este momento- en posibilidad de establecer responsabilidades de ningún tipo, ya que no están en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Solamente sería posible que hubiera alguna recomendación para que la SCJN continuara el caso por la vía penal.

En tanto José Ramón Cossío dijo que sí debía debía señalarse a quienes estaban a cargo directo de los operativos. En su turno, Fernado Franco González manifestó que dejar en la impunidad a quienes cometieron violaciones graves a las garantías individuales es tan grave como fincar responsabilidades "de manera universal e indiscriminada" a personas inocentes.

Para el caso de Atento, el ministro consideró pertinente valorar los hechos tomando en cuenta el contexto en el que se suscitaron y en su caso imputar responsablemente de los mismos. En este sentido mencionó que dada la estructura de las corporaciones con diferentes competencias habría que identificar cuáles son las funciones de cada autoridad que participó en el ataque para así identificar si hay o no responsabilidad.

Tras la apertura de la sesión por parte de Genáro Góngora Pimentel, el ministro Sergio Valls dijo que no se puede imputar a quienes dieron las órdenes desde el más alto mando, porque las responsabilidades se van delegando en una cadena, por lo que, dijo, las violaciones no se derivaron de una estrategia estatal ni de las órdenes de los altos mandos de gobierno, sino de la conducta inadecuada de algunos elementos en el terreno.

Por su parte, Sergio Aguirre Anguiano, quien la víspera negó que haya habido violaciones graves en los hechos ocurridos en 2006, dijo este miércoles que los ministros no son francotiradores de funcionarios y burócratas y se le hace imcomprensible y hasta un exceso darle una responsabilidad directa a algunos mandos.

Mañana jueves, el pleno de la Suprema Corte continuará el análisis del caso. Antes de concluir la sesión vespertina, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia destacó que la discusión estará centrada, luego de determinarse que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales durante esos operativos, en determinar qué autoridades o agentes de la autoridad produjeron tales hechos y quiénes, pudiendo evitarlo por razones de competencia, de ejercicio de mando y de presencia en el momento y lugar adecuados, pudieron evitarlos y no lo hicieron.



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Entrevistas a integrantes del FPDT al término de la sesión de la SCJN

Al término de la sesión vespertina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se analizaba la violación a los Derechos Humanos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un breve mitin afuera del edificio sede de esta Institución, he aquí la parte final de este.

Así mismo, Trinidad y Damián, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el segundo, además, miembro del equipo jurídico de la misma organización nos concedieron interesantes entrevistas.

Mitin


Entrevista Trinidad


Entrevista Damián



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Secciona Corte su discusión de violaciones en Atenco.

Determinó concluida la indagatoria y analizará el dictamen en partes para fijar qué ocurrió cada uno de los dos días, como la responsabilidad separada de las policías local y federal.

Jesús Aranda y La Jornada On Line

México, DF. Por votación económica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró suficiente la investigación para acreditar los hechos cometidos durante los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, no así los criterios sobre cómo habrá de determinarse si hubo violaciones graves a las garantías individuales en el caso se mantuvieron divididos y el pleno continuará su discusión y análisis mañana martes.

A piedra y lodo, este lunes los ministros iniciaron así la discusión sobre el caso. En la sesión matutina el ministro Genaro David Góngora Pimentel manifestó que en el referido caso hubo una indebida investigación de los hechos. Se sospecha, dijo, que hubo tratos inhumanos, allanamiento de morada, incomunicación; asimismo hay indicios de violación sexual y retención ilegal.

Góngora Pimentel señaló con respecto al proyecto del ministro ponente que si bien hay referencias a los terribles acontecimientos de aquel año, faltan por documentarse más toda vez que, hubo autoridades que negaron los hechos a pesar de las evidencias.

A este respecto, agregó el ministro "debemos poner límites y decir que en México existe Estado de derecho, que existen leyes racionales y no la ley de la selva. En méxico ya no se toleran estas situaciónes, son otros tiempos. Los derechos humanos no son algo que se puedan menospreciar".

Previamente, en el salón de plenos colmado de secretarios y funcionarios del máximo tribunal y con acceso restringido a los medios de comunicación, los ministros escucharon el informe del ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo sobre los acontecimientos.

La discusión continuó en la sesión vespertina en la que varios de los ministros expusieron la importancia de determinar en qué momento se desfasó la aplicación de un operativo de seguridad pública que concluyó con las agresiones no sólo a derechos humanos, sino a los ataques mortales.

Asimismo, consideraron pertinente establecer la responsabilidad específica de cada cuerpos policiaco en las dos fechas en las que se sucedieron los acontecimientos, es decir, en qué momento fue la autoridad federal o la municipal la que incurrió en tales abusos.

En su turno, el ministro José Ramón Cossío Díaz expuso que si bien se habla de una violación a los derechos fundamentales es importante precisar a través de qué actos y de cuáles autoridades se dieron. Y es que, abundó, la gravedad de las agresiones pueden definirse a partir del ejercicio de atribuciones que le corresponde al Estado, es decir, cuando la autoridad desvirtúa los fines de su acción.

Por ello, para el ministro Cossío sí hubo violaciones impartentes de las autoridades involucradas tanto el 3 y 4 de mayo de 2006, e incluso días subsecuentes a los mismos.

Dada la diversidad de criterios sobre cómo habrán de determinar si hubo o no violaciones en este caso, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia determinó dar por concluida la sesión y citó para mañana martes con la intención de que cada uno de los once ministros presente a manera de "ejercicio previo" un posicionamiento "personal" en torno al proyecto.

Esta postura que no será ninguna precisión de responsabilidades, dijo, habrá de estar enfocada en lo relativo en lo que pasó tanto el 3 como el 4 de mayo, si hubo abusos policiales, agresiones sexuales y qué motivó los sucesos. Asimismo cuáles son los principos que rigen el uso la fuerza pública.

En tanto, agregó, el tema de responsabilidad ameritará una discusión específica.

Afuera, por la mañana un grupo de manifestantes, algunos de ellos con machete en mano, exigieron que la Corte cumpla con su obligación de no ocultar el “crimen de Estado” que ocurrió en San Salvador Atenco y así como el castigo de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad.



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