Comunidades de la Costa de Oaxaca se pronuncian contra la construcción de la Presa "Paso de la Reina".

El día 23 de noviembre en la comunidad de Paso de la Reina, Jamiltepec se realizó la asamblea regional donde participaron los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés, San Pedro Tututepec, cada uno con sus respectivos ejidos y comunidades agrarias, que serían afectados por la Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina.

Esta asamblea fue convocada por el Agente Municipal, el Comisariado Ejidal y la comunidad de Paso de la Reina con el objetivo de escuchar las distintas voces de las propias comunidades y llegar a una posición unificada para enfrentar la intención de realizar dicho megaproyecto.

Las comunidades expresaron que la Comisión Federal de electricidad desde hace más de un año ha realizado en algunas comunidades visitas para promocionar los beneficios que según ellos traerá la presa, sin embargo han incurrido en violaciones muy graves en cuanto al derecho a la información previa libre e informada, manipulando la información y presionando a autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia para que el proyecto se ejecute. La CFE ha manejado como argumentos que las comunidades al aceptar la presa tendrán carreteras, caminos, hospitales, empleos, restaurantes, hoteles y que si no aceptan el gobierno no les dará estas obras.

Por otra parte las comunidades expresaron que este tipo de megaproyectos traen enormes afectaciones, como inundaciones a comunidades en la zona baja debido a la construcción del embalse y cortina de la presa, así también el enorme impacto ecológico en la región al obstruir el cause natural del Río Verde, como la desaparición de variedades de peces, desaparición de plantas nativas, la afectación al ciclo de la lluvia, la disminución de la humedad a las tierras para siembra, el secado de manantiales, ojos de agua y ríos secundarios. También al inundarse comunidades la población estaría obligada a desplazarse a otros lugares, golpeando la cultura y procesos comunitarios de los pueblos. Mencionaron que la región vive de la agricultura, la ganadería, de la pesca, por lo que a la llegada de la presa todo esto se vería afectado, pasando de ser los dueños de la tierra a ser desplazados o los que tengan suerte ser contratados como peones para la obra por un corto tiempo.

Algunas autoridades argumentaron que les asiste todo el derecho según las diversas leyes nacionales e internacionales, sobre todo la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la recién aprobada declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También denunciaron que los diputados Joaquín de los Santos del PRD y Antonio Iglesias del PRI, han presionado para que se realice el proyecto, argumentando que va a traer desarrollo y trabajo para la región.

Finalmente Autoridades Agrarias, Autoridades Municipales, Autoridades Comunitarias y Ciudadanos/as de los diferentes municipios y comunidades que participaron en la asamblea tomaron la decisión de NO ACEPTAR EL PROYECTO HIDROELECTRICO PASO DE LA REINA y todo lo que destruya las culturas indígenas y el medio que los rodea. También emprenderán las acciones necesarias para defender su tierra y su territorio al igual que la vida.


Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA.
La Ventana A.C
Centro de Derechos Humanos “Nu uJi kandí” A.C


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Proyecto de circuito vial enfrenta a dos comunidades de Michoacán.

Copándaro acusa a Zirahuén de “detener el progreso”; ésta exige estudios de impacto ambiental

■ Defenderemos lo que está cada día más cerca de ser botín de la especulación inmobiliaria, inversionistas turísticos trasnacionales y latifundistas del ramo aguacatero, dice comisariado

El líder comunero Marcos Paz Calvillo, derecha, quien desde hace más de 30 años ha defendido al lago Zirahuén, en Michoacán, ha sido víctima de amenazas.

Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, Mich., 22 de noviembre. El proyecto de construcción de un circuito vial que rodee el lago Zirahuén –el más conservado del estado– tiene enfrentados a los comuneros de Copándaro y Zirahuén debido a que aquéllos acusan a los segundos de “detener el progreso” y éstos demandan al gobierno del estado presentar un estudio de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo, pues, argumentan, en los hechos sólo beneficiará a los empresarios que son dueños de complejos turísticos en la zona.

Los primeros días de noviembre comenzaron a arribar camiones que trasportaban grava para los trabajos de asfaltado, sin tener el consentimiento de la comunidad –como estipulan los convenios de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución– pero los comuneros les cerraron el paso y desde entonces tienen bloqueada la brecha.

El nivel de conflicto es tal que la subsecretaria de Gobierno, Susana Esquivel, y el director de Gobernación, Pável Hernández, se trasladaron hasta aquí para tratar de tranquilizar los ánimos, sobre todo de los comuneros de Copándaro, quienes han amenazado a los de Zirahuén, específicamente a Marcos Paz Calvillo, quien desde hace más de 30 años ha defendido al lago.

Los habitantes de Zirahuén y Copándaro, entre otras comunidades, fueron convocados ayer viernes por Pável Hernández para tratar de conciliar con el cabildo de Salvador Escalante, cuyo edil, el panista Arturo Ramírez Pureco, es el principal promotor del circuito y quien lo impulsó ante diputados federales michoacanos.

La obra, proyectada en dos etapas, se prevé que sea licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; está planeada para rodear el lago y tendría una inversión de más de 40 millones de pesos, de los cuales 14 se pretende ejercer este año para construir el primer tramo de cuatro kilómetros que llegaría a Copándaro, recursos que están en riesgo de “perderse” si no se inicia la obra, señala Ramírez Pureco.

Bulmaro Cuiriz Hurtado, presidente del comisariado de bienes ejidales de Zirahuén, enfatizó que la comunidad indígena no se opone a la construcción, sino busca que la obra sea operada por las comunidades que rodean al lago para su beneficio, pues el proyecto sólo contempla mejoras para los accesos a los complejos turísticos que ostenta el empresario Guillermo Arreola Estrada.

Para los comuneros, Arreola Estrada es prestanombres de la Organización Ramírez –principales empresarios de salas de cine en el país–, la cual habría adquirido tierras comunales sin autorización de los habitantes.

“Existen sospechas –dicen–, de que también representa a inversionistas de Francia, Japón, Canadá y Estados Unidos, que estarían financiando el proyecto y que zopilotean desde hace años para apoderarse del lago”.

Cuiriz Hurtado dijo que el proyecto que presentó la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno del estado para convencer a los comuneros hablaba de “crear miles de empleos, pero nunca de preservar y conservar al lago”, por lo que demandó un estudio de impacto ambiental más profundo.

Se trata, entonces, de defender lo que está cada día más cerca de convertirse en botín de la especulación inmobiliaria, los inversionistas turísticos de capital trasnacional y los latifundistas del ramo aguacatero.

Inclusive, señaló, la carretera se encuentra contemplada en los convenios de coordinación y reasignación de recursos para consolidar la ruta Don Vasco.

Talan pinos para campo de golf

Un estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo destaca que Arreola Estrada trata de talar 26 hectáreas de pino para establecer un campo de golf, una pista para avionetas o una huerta.

El alcalde panista impulsa además una norma local para aprobar el cambio de uso de suelo para incrementar el valor de la tierra, pues por ésta se paga más si tiene sembrados árboles frutales que si tiene pinos. Pero el análisis destaca que por cada pino que se tale el lago deja de recibir mil litros cúbicos de agua.

Ayer, en una reunión a puerta cerrada celebrada en la escuela secundaria del lugar donde participaron los dos grupos, representantes del gobierno del estado y de la Unión Campesina Emiliano Zapata, a la que pertenece la comunidad indígena poseedora de los bienes comunales, la postura de éstos fue detener la obra hasta que se realice un proyecto sustentable adecuado, en tanto que el ejido y el gobierno municipal insistieron en que la vialidad se realice a la brevedad.

Habitado ancestralmente por purépechas, el lago Zirahuén y sus tierras circundantes pertenecen a la comunidad indígena. Han sido codiciadas por particulares desde los años 70, y si algo los ha salvado de la destrucción es la decisión de los comuneros.

Por impedir la venta de 40 hectáreas, a menos de 10 mil pesos cada una, a Paz Calvillo y Cuiriz Hurtado –participantes del Congreso Nacional Indígena y de la otra campaña– se les ha abierto en el juzgado único penal el proceso 33/2007 por el supuesto despojo de inmueble, el cual estaba siendo edificado por la empresa Desarrolladora y Comercializadora SA de CV, perteneciente a la Organización Ramírez, en una tierra comunal a orillas del lago Zirahuén.

Visto bueno del gobierno

Desde Morelia, y sin haber visitado estas tierras para dar cuenta del trasfondo del problema, la titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Catalina Rosas Monge, indicó que ya se realizó el estudio de impacto ambiental para conocer los posibles daños y el dictamen fue sin afectaciones mayúsculas, pues se trata de la rehabilitación de infraestructura ya construida.

“No habrá derribo de árboles ni contaminación en el lago. A los pobladores les preocupaba que hubiera acarreo de los materiales que se van a requerir para rehabilitar el camino”, comentó.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Demanda un comunero al candidato de Convergencia que no envíe policías si Zeferino quiere imponer La Parota.

Antonio Bailón Valente, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pidió al candidato a la alcaldía, Luis Walton Aburto, que no se olvide de esa área que quieren saquear líderes como Eduardo Valente Navidad y Evencio Romero y pidió que no envíe policías si lo ordena el gobernador, Zeferino Torreblanca, para imponer La Parota.

“Voltee sus ojos al área rural” pidió Bailón Valente a Walton, al tiempo que llamó a todos a defender el río Papagayo que es el que proporciona agua a Acapulco.

“Hay que defenderse de esos buitres porque van a querer saquear”, dijo luego que expresó que su apoyo al candidato de Convergencia- PT no es condicionado.

Luego se quejó que durante una asamblea para decidir si se hacía la presa La Parota, enviaron a policías del Ayuntamiento cuando estaba López Rosas, para cuidar e impedir que pasaran todos los que estaban en contra, aunque no precisó a cuál se refería, si a la de El Campanario o la de San Marcos.

Comentó que en la asamblea hubo mucha represión porque el gobierno estatal “puso sus mañas en esa asamblea, hubo policías alrededor, no vaya a hacer lo mismo Zeferino”.
Walton afirmó que espera que los comuneros resuelvan el problema de la tierra para que decidan si quieren o no la presa y que después platicará con ellos; “ustedes van a decidir”.

De la petición de no enviar policías, el candidato dijo que no fue el Ayuntamiento quien mandó a los policías, sino el gobierno
estatal.

(Magdalena Cisneros, El Sur de Acapulco)


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Convergencia de Dos Torrentes: Comuneros de Guerrero y Oaxaca en contra de la construccion de Hidroelectricas.

Unen fuerzas comuneros de Guerrero y Oaxaca contra la construcción de presas.

CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)

La lucha que por cinco años que ha mantenido el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) contra los gobiernos federal, estatal y la CFE para evitar que se construya la presa “es un ejemplo mundial de resistencia” que han retomado ejidatarios y comuneros de Oaxaca, quienes han pedido asesoría para detener la edificación de la hidroeléctrica de usos múltiples Paso de la Reina en esa entidad.

Por ello, ambas luchas se aliaron para emprender acciones conjuntas. Reunidos en el plantón que mantienen los comuneros en Dos Arroyos, habitantes de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec y Tataltepec de Valdés, comunidades de Oaxaca, escucharon los testimonios de las mujeres opositoras a La Parota, sobre cómo han resistido los embates del gobierno estatal que ha enviado policías antimotines para agredirlos. “Somos nosotras quienes salimos en defensa de nuestras tierras, nos los hemos chingado”, dijo orgullosa doña Chana, quien advirtió que “nada más que le busque tantito ese Zeferino y hasta donde está, en su escritorio, vamos a llegar todas las mujeres y lo vamos a desgreñar”.

Al lugar acudieron el comisariado de los bienes comunales de Santiago Ixtayutla, Juan Alavez Feria, y el de Tataltepec, Saúl Hernández Cruz; el regidor de Santiago Ixtayutla, Silvestre garría Medina, así como representantes de las organizaciones de derechos humanos Educa y Tierra del Sol.

La representante de Educa, Ana María García Arreola, explicó que el proyecto de Paso de la Reina comenzó desde hace dos años con la etapa de levantar los estudios socioeconómicos y de impactos ambientales. Abundó que afectará de manera directa a cinco municipios de Oaxaca y a más de 40 mil habitantes, además de la reserva ecológica El parque nacional Lagunas de Chacahua, donde se devastarán manglares y lagunas así como especies en peligro de extensión.

El Cecop recomendó a los comuneros de Oaxaca que instalen los plantones y eviten que las maquinarias de la CFE entren a hacer trabajos; de igual forma los alertaron de los proyectos productivos que comenzarán a ofrecer el gobierno estatal y la CFE en conjunto: “No les crean, todas esas son mentiras”.




Piden comuneros de Oaxaca consejos al Cecop para enfrentar a la CFE

Octavio Hernández (El Sur de Acapulco)

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y una delegación de comuneros de Oaxaca agrupados en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) se reunieron en el poblado de Dos Arroyos para intercambiar experiencias en torno a una lucha común que mantienen en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que pretende construir presas en sus tierras.

Durante dos días, 22 ejidatarios de comunidades mixtecas de Oaxaca se entrevistaron con miembros del Cecop y visitaron las comunidades de Garrapatas, Aguacaliente, Tasajeras y Amatillo para que les platiquen sobre los métodos y estrategias que han
seguido durante cinco años de lucha en contra de la CFE, para impedir que se construya el proyecto de La Parota.

Ayer, durante la reunión en Dos Arroyos, los habitantes opositores al proyecto alentaron a los miembros del Copudever para que luchen en contra de la presa Paso de la Reina que la CFE pretende construir y que afectaría cinco municipios de la costa de Oaxaca y que ocasionaría un desequilibrio ecológico irreversible.

Saúl Hernández, el comisario de Tataltepec de Valdés, municipio afectado por la construcción de la hidroeléctrica, pidió a los del Cecop que les platiquen cómo le hicieron para lograr la suspensión de La Parota, porque ellos no saben qué hacer ante los ofrecimientos de la CFE de que va a pagar bien por sus tierras.

Una de las mujeres integrantes del Cecop, Isidora Manríquez, dijo que durante cinco años de lucha han enfrentado cara a cara a los funcionarios de la CFE y del gobierno estatal, mantenido plantones en los pueblos y acudido a tribunales agrarios.

En el plantón, ubicado en la orilla de la carretera de la entrada a la comunidad de Dos Arroyos, los más de cien comuneros platicaron sobre sus experiencias en la lucha en contra de los megaproyectos que la CFE quiere construir.

El comisario de los bienes comunales de Santiago Ixtayutla de Oaxaca, Juan Alavez Feria, dijo que la presa Paso de la Reina afectará a más de 30 comunidades que se ubican alrededor del río Verde.

“Estamos preocupados, no queremos vender nuestras tierras ni ser desplazados”, comentó.

La integrante de la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa, Educa A.C. de Oaxaca, con más de diez años trabajando en la zona de la presa, Ana María García Arreola, dijo que es la primera vez que tienen una experiencia de base con
comuneros de otro estado pues habían escuchado hablar de La Parota sólo por los medios.

Dijo que en Oaxaca la CFE ha entrado a las comunidades de manera ilegal para hacer estudios de impacto ambiental, sin el permiso de los comisarios y ocupando la entrada a los pueblos.

Señaló que las comunidades se oponen al proyecto porque el impacto ambiental afectaría toda la parte de la reserva ecológica del parque nacional Lagunas de Chacagua, además al tapar el río Verde que alimenta este sistema lagunar, por lo que se morirían los manglares, especies protegidas y las zonas donde hay cultivo de cacao así como daños a la actividad pesquera.

Mencionó los cinco municipios que afecta la presa son Jamiltepec, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zezontepec y Santiago Ixtayutla.

Como en el caso de La Parota, dijo que también allá la CFE ha ofrecido construir carreteras, hospitales, escuelas, viviendas y el mejoramiento de toda la infraestructura operativa y sobretodo que los comuneros van a poder trabajar en la presa.




Forman frente contra megaproyectos de la paraestatal el Cecop y el Copudever oaxaqueño

Octavio Hernández


Los integrantes del Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositoras al proyecto de La Parota (Cecop) y el Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del Río Verde (Copudever) firmaron una declaración conjunta donde manifiestan su rechazo a los
megaproyectos de la CFE y a los gobiernos que han impuesto la construcción de presas, minas, carreteras y la privatización del agua.

La declaración, leída en la asamblea de Dos Arroyos por el integrante del Copudever, Guadalupe Ramírez, exige un alto total a las constantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos mixtecos, nahuas y amuzgos por parte de la CFE y del gobierno
federal.

También exigen que se detenga “la manipulación de la información y el condicionamiento de programas y obras con recursos públicos a cambio de la autorización de La Parota y Paso de la Reina, alto a la intimidación y agresión a las comunidades que se oponen a estos proyectos”.

Alegan que los pueblos han enfrentado años de pobreza y explotación de los malos gobiernos, por oponerse a los proyectos de La Parota y Paso de la Reina.

La declaración dice además que “somos los legítimos dueños de las tierras, guardianes del agua, plantas, animales y tenemos el derecho a la tierra y agua, y a que nuestros hijos crezcan sanamente”. Definieron que “Estamos hermanando dos luchas, la defensa del agua, tierra y territorio, esta alianza nos dará fuerza”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Secuestran y torturan a otro comunero en Michoacán; se opone a despojo de tierras.

■ Es el tercero en menos de un mes, denuncian ONG; responsabilizan a policías estatales

Matilde Pérez U. La Jornada

Por encabezar la lucha contra el despojo de 97 hectáreas de la comunidad Tabiquera de la Loma en Urapilla, tenencia de Santiago Undameo, Morelia, Avenicio Reyna de la Cruz fue tortura- do por presuntos policías de Michoacán, acompañados por Guadalupe Guía Carrión, abogado del ejido Santiago Undameo, y otra persona que se identificó como personal del tribunal agrario número 36, denunciaron las organizaciones campesinas indígenas Ricardo Flores Magón y Zapata Vive.

Informaron que Reyna de la Cruz fue secuestrado la mañana del pasado sábado en la casa del comunero Moisés Molina Rodríguez y tras 17 horas de estar “detenido-desaparecido” fue “arrojado por sus captores” en el kilómetro 13 de la vieja carretera Morelia-Pátzcuaro; de inmediato fue hospitalizado pues tenía seis costillas rotas, hemorragias internas que afectaron los pulmones y otros daños físicos.

Por más de 30 años los comuneros han sostenido una disputa de sus tierras con los ejidatarios de Santiago Undameo, quienes – según el comunicado– han recurrido a la fuerza pública para quitarles las tierras que pretenden convertir en desarrollo urbano.

Testigos del “secuestro” narraron que la mañana del pasado sábado una camioneta Suburban blanca se acercó a la casa de Moisés Molina, en la que iban el abogado de los ejidatarios y otra persona que se identificó como del tribunal agrario, y elementos uniformados que portaban armas largas y cortas.

“Entraron a la casa de Moisés Molina donde estaban Avenicio Reyna y Reynaldo Reyes Aguilar, presidente de la mesa directiva de la comunidad, y les dijeron que “ya no había nada qué hacer, el desalojo ya está”. Avenicio exigió explicaciones y uno de los abogados respondió: “a ti te vamos a llevar”. Lo subieron a la camioneta, lo empezaron a golpear y amenazaron de muerte. “Tratamos de impedir que se lo llevaran pero nos amenazaron con las armas y dijeron: les vamos a dar para que se los cargue su puta madre”.

En un comunicado, las organizaciones campesinas indígenas refirieron que esta es la tercera ocasión en que secuestran a comuneros que se oponen al despojo; el pasado 18 de junio, también presuntos elementos de la policía detuvieron a José Reyes Aguilar, quien opuso resistencia y fue herido en la pierna izquierda, y Moisés Molina estuvo desaparecido durante 15 días, durante los cuales fue golpeado y torturado.

“Parece que hay un plan premeditado para despojar de sus tierras a los comuneros, con métodos policiacos de terror y represión. En las mesas de negociación el abogado de los ejidatarios de Santiago Undameo ha dicho que puede haber más detenidos, heridos y muertos por la presa de Cointzio, al referirse a las denuncias de detenciones y agresiones contra los comuneros y además que todo lo vamos a relacionar con la responsabilidad de los de Santiago”, apuntaron las organizaciones.

A las agrupaciones anteriores se sumaron las de la Mujer Campesina y Popular Digna Ochoa, Campesina y Popular Siervo de la Nación, y de las colonias populares Lázaro Cárdenas y Río Volga de Uruapan, las cuales responsabilizaron de la integridad física de los comuneros e integrantes de la organización Ricardo Flores Magón y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán, al procurador agrario, Rosendo González Patiño, y a Héctor Gómez Trujillo, delegado de la citada institución en Michoacán.

Exigieron investigar al abogado Guía Carrión y al del Tribunal Unitario Agrario, así como a las autoridades del ejido Santiago Undameo. Advirtieron que no venderán la tierra y la defenderán “a pesar de los costos”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Los gobiernos panistas de Morelos criminalizan las luchas ambientales.

■ Se movilizan los habitantes ante la voracidad de inmobiliarias y el mal manejo de desechos

■ Padecen persecución oficial desde líderes comunales hasta científicos

■ Repartir volantes o desplegar una manta de protesta son causas de detención, además de que se califica de ecoterrorismo

Angélica Enciso L. /I (Enviada La Jornada)

Cuernavaca, Mor., 6 de julio. En Morelos, donde comunidades indígenas y habitantes han emprendido la defensa de sus recursos naturales ante el crecimiento de unidades habitacionales que acaparan el agua, los daños a la salud ocasionados por el tiradero a cielo abierto en Tetlama y por el proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía sobre un acuífero, la respuesta de los gobiernos panistas ha sido la criminalización de las luchas, la persecución policiaca y la represión.

Testimonios dados a La Jornada por dirigentes comunales y sociales, defensores de derechos humanos y científicos dan cuenta del clima represivo que se vive en la entidad, donde el simple hecho de repartir volantes o colocar una manta de protesta es causa de detención. A los luchadores ambientales la policía los arresta arbitrariamente, el gobierno estatal los liga con grupos radicales, descalifica el motivo de sus protestas y de manera anónima se corren versiones de que se trata de “ecoterroristas”.

“El gobierno hace una criminalización de los movimientos sociales, encajona al máximo las movilizaciones en el marco jurídico, y los somete a toda clase de agresiones, juicios, órdenes de aprehensión y encarcelamiento; crece el número de detenidos y también las agresiones físicas”, señala José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Recuento de violencia

Los casos violentos más recientes están relacionados con el relleno sanitario proyectado en Loma de Mejía, en el ejido San Antón. El agente municipal de este lugar, Cristóbal Martínez, recibió el 11 de junio una golpiza que casi le hace perder un brazo y días después policías presuntamente asesinaron a un campesino de la comunidad El Cebadal y detuvieron a dos familiares de éste, quienes, a pesar de que no participan en ningún movimiento, sufrieron las consecuencias de la enorme presencia de uniformados en la zona a causa de la construcción del relleno, señala Martínez Cruz.

El pasado 17 de junio, 295 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enviaron una carta al gobernador, Marco Antonio Adame, en la que expresan su preocupación por “el carácter que han tomado las discusiones en torno a Loma de Mejía y a la existencia de acusaciones injustificadas e irresponsables, como son la de ecoterrorismo o vinculación con grupos armados, tememos por la integridad física y moral de los investigadores y colaboradores que han participado en la elaboración y difusión del arbitraje del proyecto”.

Desastre ambiental

Aquí “hay una crisis socioambiental muy fuerte que se agudizó después del cierre del tiradero de Tetlama, lo cual ocasionó la acumulación de la basura en la ciudad por varias semanas. El movimiento creció; ya que Alpuyeca también fue afectada por la proliferación de contaminantes y hubo denuncias de un aumento notable de casos de cáncer”, indica el defensor de derechos humanos.

A partir del cierre del tiradero y de los problemas para su disposición –actualmente los desechos se envían al estado de México– la lucha creció. Ya no era sólo la basura, sino la defensa del agua y la tierra ante el riesgo de contaminación por la proliferación de gasolinerías, debido a que durante el último año de gobierno de Sergio Estrada Cajigal se dieron cientos de permisos para esas instalaciones, aun en áreas donde hay manantiales. Al tiempo que esto ocurrió, también lo hizo la persecución a los movimientos sociales, explica.

Se han hecho campañas de desprestigio, como un volante anónimo que apareció en las calles de esta ciudad en el que se señalaba a varios de los opositores al relleno sanitario de Loma de Mejía como “ecoterroristas”, entre ellos, además de Martínez Cruz, se mencionó a Raúl García, investigador de la UNAM; Cristóbal Martínez, el agente municipal agredido, el presidente municipal de Temixco, Javier Orihuela, y José Montes, del PRD municipal.

Los 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra protegen el manantial Chihuahuita, que abastece a varias comunidades, entre ellas Xoxocotla, y con este recurso el gobierno prevé dar servicio a casi 50 mil nuevas viviendas construidas por las grandes inmobiliarias. Esto pone en riesgo la existencia del agua, porque sobre la cuenca que da vida a esa fuente, se planean construcciones que llevarán a su destrucción, indica Saúl Roque, vocero de este movimiento.

En mayo de 2007, integrantes de los 13 pueblos –Xoxocotla, Tetecalitla, Tepetzingo, Tlaltizapán, San Miguel 30, Santa Rosa 30, Tetelpa, Benito Juárez, El Mirador, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Temimilcingo y Huatecalco, de los municipios Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Zacatepec y Tlaltizapán– realizaban una marcha por la autopista y a la altura de Alpuyeca fueron detenidos por policías que golpearon a mujeres y niños, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron incluso a gente ajena a la protesta.

Asamblea comunal

Saúl Roque dice que “no ha habido cancelación de los proyectos y vemos el avance de esas obras en el entorno de nuestros manantiales”. Piden que se designe Área Natural Protegida los manantiales y su zona de amortiguamiento. Ya suman, dice, 60 comunidades en defensa de los recursos naturales y las decisiones se toman en la asamblea comunal.

“El gobierno, cada vez que se le complica la situación por las movilizaciones, dice que estamos conectados con grupos políticos, partidos políticos, el EPR, la APPO, San Salvador Atenco, no se qué más inventan para desprestigiarnos. Este movimiento surgió por una necesidad propia de las comunidades, nos regimos por las asambleas comunales”, explica con voz pausada y firme.

El recuento de daños ambientales que reportan los expertos es grande: los ríos Apatlaco, Cuautla, Yautepec, Amacuzac están contaminados; los manantiales de las Fuentes y Chihuahuita, entre otros, han disminuido su caudal; hay askareles, desechos tóxicos a cielo abierto en un predio del Alpuyeca; crece la urbanización en el Bosque de Agua, donde también se planea la carretera Lerma-Tres Marías, que afectará el área protegida Corredor Biológico Chichinautzin, y también está el libramiento Norponiente. Además, en el centro de Jiutepec, en zona forestal, el único pulmón del lugar, se pretendía construir un conjunto habitacional de 250 viviendas de la empresa Ara, detalla Mónica Romero, vocera de ese movimiento.

La resistencia en esta entidad tiene una característica distinta a otros lugares: hay una vinculación estrecha entre las comunidades que defienden los recursos naturales, los científicos que hacen las argumentaciones y los abogados que se encargan de la parte legal, precisa por su parte Raúl García, experto de la UNAM.


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Política, la detención del líder ejidal que negoció con minera.

Samuel Jiménez Cuenca, dirigente del Comité de Defensa de la Tierras de Xochipala

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal. La Jornada.)

Chilpancingo, Gro., 17 de julio. Samuel Jiménez Cuenca, de 68 años de edad, presidente del Comité de Defensa de las Tierras de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, fue detenido el 5 de julio por abuso de autoridad y negociaciones ilícitas con la empresa canadiense Luismin, propiedad del conglomerado Goldcorp Inc., que en 2007 le entregó un millón de pesos por el daño provocado a 300 hectáreas, cuando fue comisario municipal suplente.

Parte del dinero “se ocupó para la construcción de una escuela y otra para la remodelación de la plaza pública de Xochipala, y quedaron 310 mil pesos. Don Samuel no desvió ningún recurso”, aseguró el diputado local perredista Ramiro Solorio Almazán.

Tras un año de lucha, agregó, Samuel Jiménez logró que Luismin pagara un precio “justo” a cambio de que la empresa explotara por 60 años 450 hectáreas donde se presume que existen yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, aunque la empresa se retiró debido a problemas entre comuneros y campesinos.

Jiménez Cuenca fue denunciado por el presidente de bienes comunales, Ramiro Carreto. El anciano fue llevado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, donde le dictaron formal prisión el sábado pasado.

Leonila Jiménez, hermana del dirigente campesino, y el diputado local Ramiro Solorio coincidieron en que este proceso es una “venganza” del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pues dos días antes de la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, efectuada el 29 de junio, el labriego interceptó una camioneta que llevaba 26 tinacos, con los cuales se pretendía comprar votos.

A principios de mayo de 2007, un grupo encabezado por Samuel Jiménez formó el Comité de Defensa de las Tierras de Xochipala para exigir a Luismin el pago de 13 mil 500 pesos por la renta de cada una de las 450 hectáreas a explotar y que negociara con toda la población, no sólo con los 120 comuneros que dijeron ser dueños de los terrenos.

El 24 de mayo de 2007 el comité impidió que personal de Luismin ingresara a la zona de cerros llamada La Calavera para determinar la factibilidad de explotar una mina.

Ese mismo día, Jiménez Cuenca propuso a directivos de Luismin negociar ante el pueblo, o de lo contrario impedirían los trabajos en la mina El Bermejal. Sin embargo, campesinos, encabezados por el entonces presidente del comisariado de bienes comunales, Francisco Ramírez Castillo, dijeron que el asunto no era de particulares, sino de los comuneros, y que el resto del pueblo debía quedar al margen.

El comité también pidió una indemnización, pues, durante los primeros trabajos de exploración y la abertura de una brecha que uniría la mina El Bermejal con la mina San Pedro, Luismin afectó unas 300 hectáreas pertenecientes a 30 ciudadanos, ya que tiró cercas y dividió tierras.

El 25 de mayo el comité convocó a una reunión a la acudió el gerente general de Luismin, Tomás Iturriaga Hidalgo –quien desconoció los convenios celebrados en enero de 2006 entre la empresa y el comisario de bienes comunales, Ramírez Castillo, para que el corporativo hiciera estudios de exploración–, y nuevamente reclamó 13 mil 500 pesos por hectárea, en vez de los mil 300 pesos que ofrecía la empresa.

El comité y los comuneros pelearon por la renta de tierras. El 27 de mayo Tomás Iturriaga anunció que Luismin dejaría de hacer estudios de prospección geológica y dio por cancelado el convenio firmado con el comisariado de bienes comunales en 2006 para la ocupación de 450 hectáreas, pero pagaría un millón de pesos por afectaciones.

El dinero se depositaría el primero de junio de 2007 a nombre del comisario municipal, Samuel Jiménez.

El 28 de mayo, comuneros de Xochipala encabezados por Francisco Ramírez desconocieron el acuerdo firmado por Samuel Jiménez y ratificaron su negativa a participar en negociaciones con los demás habitantes.

Finalmente, Luismin abandonó el proyecto para buscar oro en Xochipala y Samuel Jiménez duerme en una celda.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Campesinos y zapatistas: la estrategia del caracol

Silvia Ribeiro

Cuando los comuneros zapatistas se despiden de alguien que conocieron
y estiman, le dicen: "que este encuentro no sea el primero ni el
último". Así, efectivamente, fue la reunión entre las comunidades
zapatistas y las organizaciones de Vía Campesina que tuvo lugar
recientemente en Chiapas. Un encuentro que viene desde diversos
tiempos y espacios y que, como arroyos que convergen desde el
subsuelo, las montañas o los bosques, se encuentran para formar
remansos, manantiales, ríos y mares y luego convertidos en lluvia, y
recorren el mundo y vuelven a ser suelo, semillas, bosque, entrañas de
la tierra.

El manantial esta vez surgió en el contexto del segundo Encuentro de
los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, realizado a finales
de julio en los caracoles zapatistas en Chiapas, donde organizaciones
de Vía Campesina de Asia, América y Europa escucharon los testimonios
de mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos de los cinco caracoles
zapatistas sobre las condiciones de extrema explotación en que vivían
antes de su levantamiento en 1994, sobre la resistencia colectiva y
los 13 años de construcción de la autonomía indígena.

Los convocantes abrieron un espacio especial en su programa para que
se presentaran las organizaciones de Vía Campesina. Lo hicieron en el
lenguaje de los anfitriones: compartiendo sus canciones, sueños,
historias y realidades, desde Tailandia, India, Indonesia y Corea del
Sur hasta Brasil, Canadá y otros países, sin olvidar a los
trabajadores rurales migrantes, herida que sangra a México y tantas
naciones más.

Las realidades y los testimonios de los zapatistas y los otros
campesinos se fueron entretejiendo, rompiendo la ilusión de la
fragmentación, mostrando cómo la opresión tiene caras similares y
complementarias por todo el globo. En todas partes asuelan las mismas
trasnacionales -como Monsanto, Cargill, ADM, Coca Cola, Nestlé,
Wal-Mart y otras-, que expulsan campesinos e indígenas, engullendo
tierra, agua y gente, con monocultivos de soya, eucalipto, caña de
azúcar y transgénicos, ahora además con renovados apoyos estatales por
el impulso a las empresas de agrocombustibles.

A estos despojos se suma que los gobiernos, con la coartada de las
grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) "conservacionistas" ,
quieren expulsar a los campesinos e indígenas tanto de Tailandia como
de México o Indonesia, convirtiendo sus territorios en supuestas
"áreas protegidas".

Para esas ONG y las trasnacionales eso es un gran negocio,
desconociendo de paso que son los indígenas y campesinos quienes
tienen no sólo el derecho, sino también el conocimiento y la
experiencia milenaria para cuidar realmente bosques, tierras y agua.
Igual que se quiso hacer en San Salvador Atenco, a miembros de la
Unión de Campesinos de India los expulsaron de su parcela para
construir el aeropuerto de Nueva Delhi. También en Tailandia, como en
Brasil, la construcción de grandes represas y los proyectos mineros
son a costa de la vida de indígenas y campesinos. Las políticas de
"reforma agraria de mercado" impuestas por el Banco Mundial -de las
cuales el Procede es una versión mexicana- son otro recurso mañoso
para despojar a los campesinos de sus tierras en muchas partes.

En Asia como en América Latina, los "programas de apoyo" a los
campesinos son apenas limosnas para mantenerlos controlados y
divididos, así como para introducir agrotóxicos y semillas
industriales; los sistemas educativos desprecian lo campesino e
indígena; los sistemas de salud los discriminan, y cuando requieren
atención, muchas veces son maltratados o ni los asisten y mueren en la
espera, como recientemente sucedió en Huejuquilla a una muchacha
huichola.

Pero también y, sobre todo, se entretejen las historias de la
resistencia. La contundencia de la autonomía zapatista marcó una
huella profunda en los delegados y delegadas de Vía Campesina: desde
las palabras de jóvenes y jóvenas que crecieron en los 13 años de
"otro mundo" -no sólo "posible", sino real- y ahora son las encargadas
de muchas tareas, el tejido de los trabajos colectivos, las
autoridades que realmente "mandan obedeciendo" -porque el pueblo las
puede revocar en cualquier momento-, los sistemas autogestionarios de
salud y educación. También las luchas de Vía Campesina encontraron un
reflejo de empatía y calor en las comunidades zapatistas: "sufrimos
las mismas cosas, tenemos las mismas luchas, es mucho lo que podemos
hacer", expresó un compañero del caracol de Morelia. El movimiento
zapatista ha sido un gran espejo que ha provocado por todo el mundo
que los movimientos entiendan la situación propia al reflejarse en la
lucha de los otros. Ahora los campesinos de Tailandia, India, Brasil le
devuelven la imagen.

Por todo esto, este encuentro no fue el primero: más allá de las
personas y organizaciones concretas, lo que se encuentra a sí mismo en
otras y otros son las formas de vida campesina e indígena, que desde
su complejidad y sencillez, desde su estar en el mundo con la tierra,
las semillas, el agua, la naturaleza, siempre han sido y siguen siendo
la base fundamental de toda la vida humana en el planeta, incluyendo
la bases de toda la alimentación y medicinas que luego las
trasnacionales se apropian, industrializan y vomitan en el mercado.

Además, es un encuentro significativo, porque tanto el zapatismo como
Vía Campesina, en diversas formas que pueden converger, plantean
visiones y acciones que van más allá del discurso casi decorativo de
muchos foros internacionales. Hay mucho camino por andar, pero sin
duda este encuentro, que tampoco será el último, es un viento de
esperanza."

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Bloquean indígenas accesos a Cheran, Michoacán.

Se puede salir o entrar a Cherán sólo con la anuencia de los pobladores que ayer se enfrentaron con simpatizantes del alcalde.

La Jornada On Line

Morelia, Mich. Habitantes de la comunidad indígena de Cherán permanecen incomunicados porque opositores al alcalde Roberto Bautista Chapina bloquearon con árboles y piedras los accesos a la cabecera municipal, luego del enfrentamiento que ayer dejó tres heridos, dos por arma de fuego.

Ayer se reavivó el conflicto en el poblado entre seguidores del profesor Leopoldo Juárez Urbina –quien fue secuestrado el 8 de mayo pasado y apareció asesinado un día después– y del presidente municipal, el priísta Roberto Bautista Chapina, cuando comenzaron a insultarse y lanzarse objetos.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que resguardan desde hace dos meses la localidad purépecha lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los grupos.

El saldo del enfrentamiento fue de dos agentes del GOE heridos con arma de fuego y Pedro Juárez Urbina, hermano del profesor asesinado y miembro del Movimiento Civil Pacífico, fue golpeado con un cilindro de gas lacrimógeno, aunque al parecer también recibió un balazo.

Después de la refriega, los indígenas derribaron árboles que atravesaron en la cinta asfáltica. De esta forma, hoy nadie puede salir ni entrar de la cabecera municipal a menos de que cuente con la aprobación de los manifestantes.

Es de recordar que detractores del edil Roberto Bautista mantienen ocupada la presidencia municipal desde hace dos meses para demandar la desaparición de poderes en la localidad.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Enfrentamiento en Cherán, Michoacan, deja tres lesionados.

Ernesto Martínez Elorriaga y Antonio Aguilera (Corresponsal y La Jornada Michoacán)

Morelia, Mich., 15 de julio. Esta tarde se reavivó el conflicto en la comunidad indígena de Cherán, cuando dos agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) fueron heridos con arma de fuego y Pedro Juárez Urbina, integrante del Movimiento Civil Pacífico, fue golpeado por un cilindro de gas lacrimógeno, aunque también se dijo que recibió un balazo.

Fuentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán informaron que por la mañana los seguidores del profesor Leopoldo Juárez Urbina –quien fue secuestrado el 8 de mayo y apareció asesinado un día después– y los del presidente municipal, Roberto Bautista Chapina, comenzaron a insultarse y a lanzarse objetos.

Los policías que resguardan desde mayo este poblado purépecha lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los grupos, pero uno de los cilindros golpeó a Pedro Juárez Urbina, hermano del profesor asesinado, lo que enardeció a los inconformes, algunos de los cuales comenzaron a disparar e hirieron a dos policías.

El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, informó en conferencia de prensa que a las 11 horas unos 150 inconformes comenzaron a causar destrozos en las inmediaciones del palacio municipal, por lo que el alcalde, quien estaba fuera de la comunidad, solicitó apoyo al gobierno estatal porque miembros del Movimiento Civil, que exigen la renuncia del edil, intentaron desarmar a los antomotines, quienes prácticamente fueron sacados del pueblo.

Los ataques a los policías continuaron a pesar de que llegaron 83 agentes más. De pronto se escucharon unos disparos y resultaron heridos los agentes Ricardo Inocencio García y José Carlos Díaz Rodríguez. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos.

Los antimotines detuvieron a tres de los presuntos agresores: Lorenzo Mondragón, Salvador Sánchez Teandón y Salvador López Lanís, quienes, según el secretario de Gobierno, se encontraban ebrios.

Pedro Juárez Urbina fue trasladado al hospital civil de Uruapan, pero sus familiares decidieron llevarlo a Morelia, después de que lo estabilizaron en una clínica de Cherán.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Conflicto agrario en San Juan Lalana, Oaxaca.

Culpan de disputa a autoridades de Oaxaca

Matilde Pérez. La Jornada.

Unos 87 pequeños propietarios responsabilizaron a las autoridades agrarias de la disputa entre comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios por mil 850 hectáreas en Santiago Jalagüi, municipio de San Juan Lalana, Oaxaca. Juan Cruz Hernández afirmó que los propietarios poseen el terreno desde 1954, pero las autoridades agrarias confirmaron la entrega de 19 mil 196 hectáreas –incluyendo la superficie de los pequeños propietarios– a la comunidad de Santiago Jalagüi y también reconoció la titularidad de la propiedad al ejido Campo Nuevo. Señaló que la disputa en la región ha dejado un saldo de ocho muertos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Represion en Uruapilla, municipio de Morelia, Michoacan

Índice AI: AMR 41/031/2008
11 de julio de 2008

AU 200/08 Temor por la seguridad

MÉXICO Moisés Molina Rodríguez, de 55 años de edad
José Reyes Aguilar
Adenicio Reyna Cruz, de 50 años de edad
Otros miembros de la comunidad de Uruapilla y de la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM)

Los miembros de la comunidad de Uruapilla y del grupo político Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), en el municipio de Morelia, capital del estado de Michoacán, han sido objeto de intimidación, secuestros y ataques para obligarlos a abandonar una parcela de tierra en disputa. Otros miembros de la comunidad y de la OCIP-RFM pueden correr peligro de nuevos ataques.

La parcela de tierra, conocida como “Tabiquera La Loma”, es utilizada por los habitantes de Uruapilla como lugar donde fabricar ladrillos. Según activistas locales, el 12 de junio unos hombres armados irrumpieron en la casa de Moisés Molina Rodríguez, la única persona que vive en esa parcela. Lo golpearon, lo obligaron a quitarse toda la ropa salvo la interior, le vendaron los ojos y lo obligaron a caminar varias horas hasta un nuevo lugar, que podría ser una bodega, y allí lo encadenaron y lo golpearon repetidamente. No le dieron comida durante ocho días. Moisés Molina Rodríguez cree que en aquel mismo lugar había al menos otros tres hombres prisioneros. Los hombres armados no identificados que lo retenían lo interrogaron repetidamente sobre su pertenencia a la OCIP-RFM, una organización política que ha estado respaldando la reclamación de la tierra por parte de la comunidad.

Moisés Molina Rodríguez quedó en libertad el 26 de junio. Estaba cubierto de hematomas y ha tenido que ser atendido por fractura de costillas. Durante su secuestro le dijeron que abandonara su reclamación sobre la tierra o él y su familia serían asesinados. Cuando su familia contó a un funcionario local a cargo de la seguridad lo que había sucedido, éste no llamó a la policía, e insistió en que la comunidad debía abandonar su reclamación de la tierra en disputa.

El 18 de junio, unos hombres armados llegaron a la casa de José Reyes Aguilar, también miembro de la comunidad de Uruapilla y de la OCIP-RFM. Lo atacaron y, en la refriega que siguió, José Reyes Aguilar recibió un disparo en la pierna. Todavía está recibiendo tratamiento hospitalario por las graves heridas que sufrió en la pierna.

El 4 de julio, otro miembro de la comunidad y de la OCIP-RFM, Adenicio Reyna Cruz, fue secuestrado. Según su testimonio y el de testigos presenciales, se lo llevó un grupo de hombres armados que conducían dos vehículos 4X4 sin placas de matrícula. Lo dejaron libre al día siguiente. Había sido golpeado y necesitó tratamiento hospitalario por la fractura de varias costillas y la perforación de un pulmón.

Se han recibido informes que indican que, desde los incidentes, se ha visto en la zona a los mismos vehículos utilizados en el secuestro de Adenicio Reyna Cruz y el ataque contra José Reyes Aguilar. Los habitantes de Uruapilla creen que tras los ataques se esconde personal militar. En el estado de Michoacán hay una fuerte presencia militar, a consecuencia de las operaciones emprendidas por las autoridades contra las redes de narcotráfico.

Los miembros de la OCIP-RFM han denunciado los ataques ante la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, y han pedido protección, pero las autoridades todavía no se la han proporcionado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los habitantes de Uruapilla afirman haber heredado el derecho a utilizar la tierra en disputa conocida como “Tabiquera La Loma”. Durante varios años han sufrido los desafíos y la intimidación de otro grupo comunitario que reclama esa misma tierra. Aquellos que han reafirmado su derecho a utilizar la tierra han sido intimidados en varias ocasiones y sometidos a procedimientos judiciales basados en cargos falsos. En 2007, un tribunal agrario, que decide sobre las disputas de tierras, falló en contra de la reclamación de la comunidad de Uruapilla, pero no se ha dictado orden de desalojo oficial.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que protejan de inmediato a los habitantes de la comunidad de Uruapilla y los miembros de la OCIP-RFM, utilizando las medidas que los propios amenazados consideren adecuadas;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación sobre los abusos cometidos contra los miembros de la OCIP-RFM y la comunidad de Uruapilla en junio y julio;

- pidiendo a las autoridades que investiguen la presencia de grupos de hombres armados no identificados y que determinen si tienen vínculos con las fuerzas de seguridad o si actúan con su connivencia.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario

Mtro. Leonel Godoy Rangel
Gobernador del Estado de Michoacán
Palacio de Gobierno, 1er. Patio planta alta, Av. Madero Poniente No. 63, Morelia, Mich., C.P. 58000, MÉXICO
Fax: +52 443 322 9000 ext. 5573
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Miguel García Hurtado
Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán
Periférico Independencia # 5000
Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Mich., C.P. 58170, MÉXICO
Fax: +52 443 299 6460
Correo-e.: contacto.pgje@michoacan.gob.mx
Tratamiento: Señor Fiscal Especial

COPIA A:

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Calle Tehuiztitla 1era cerrada, No 44, Col. los Reyes, Del. Coyoacán, CP 04330 México Distrito Federal, MÉXICO

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de agosto de 2008.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

SOLIDARIDAD CON LOS COMUNEROS DE PUEBLA.

Desde el 10 de abril de 2007, comuneros pertenecientes a la comunidad Huaxcaleca, Municipio de Chichiquila, Puebla, se instalaron en plantón frente a la casa de la representación del gobierno de Puebla en la ciudad de México, para exigir la solución al problema que enfrentan con el presidente municipal, por haberles despojado del sistema múltiple de Agua Potable. Ante la protesta que han emprendido para defender el vital recurso “el Agua” han sido hostigados y les han decretado órdenes de aprensión contra los representantes de la agrupación UNIDAD NACIONAL ANAHUAC, por parte del presidente municipal de Huaxcaleca.

Ha 10 meses de plantón, el día martes 18 de febrero se presento una comisión de la Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal, que responde a nombre de Pedro Bello, intimidando a los manifestantes empezó a tomar fotos y filmaciones a los campamentos emplazándolos, con toda la prepotencia que lo caracteriza con gritos les dijo: “si no levantan el plantón aténganse a las consecuencias, van a detener a todos los varones, a las mujeres las van a secuestrar y los niños serán entregados a un albergue”.

Estas acciones intimidatorias no muestran otra cosa que la intolerancia con que actúan los funcionarios de bajo nivel del Distrito Federal, que si no contribuyen como una instancia para tender puentes de solución favorables para los comuneros de Puebla, tampoco debe tomar partida para reprimirlos.

Nos pronunciamos por la solución inmediata al problema que enfrentan los comuneros de la comunidad de Huaxcaleca, Chichiquila, Puebla.

¡Por el alto a la persecución y represión política!
¡Contra la política represiva de Mario Marín!

JUICIO POPULAR NACIONAL

Responsable de la publicación: Alejandra López

México, D. F. a 20 de febrero de 2008.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

A LA OPINION PUBLICA DE MEXICO Y SAN LUIS POTOSI

Como de todos es sabido el Gobierno del Estado realizo un desalojo en tierras ubicadas en el Predio la Ladrillera , superficie titulada a la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San miguelito. El operativo implico el uso de una fuerza de los tres niveles de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal.

El gobierno de Marcelo de los Santos no perdona que Margarito Jasso, Librado Perez Almendarez y Jose Luis Garcia Granja ganaran la representacion comunal al grupo caciquil de los Juanes Perreros en Julio del 2006 y con esto detuvieran el proyecto privatizador del Estado.

Por eso la saña en la Ladrillera.

Tenemos conocimiento que se intentara en las próximas horas desalojar el Plantón de los compañeros que sufrieron la agresión gubernamental. De que se giraron instrucciones a las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que ejecutaran supuestos actos en contra del Bando de Policía y Buen Gobierno. El AFI y la PFP rodean este medio día el plantón y esperamos lo peor.

El Gobierno establece que dicho predio es pequeña propiedad y que la asamblea comunal determinó la exclusión del mismo. Al respecto es de establecerse que esta cuestión jamás ha sido parte de un litigio jurídico definitivo y que además en las asambleas realizadas en el periodo 1999 al 2007 jamás se autorizo el desalojo de dichas tierras y siempre se garantizo el respeto de la posesión de los habitantes de dicha superficie.

Pero este gobierno realmente busca iniciar un plan integral de intimidación y despojo.

Tenemos conocimiento de su proyecto de tercer anillo del periférico que partiría en tres la sierra de San Miguelito, vinculando dicho anillo con diversas carreteras nacionales y desarrollando en un área de once mil hectáreas, zonas residenciales, campo de Golf, zona hípica, criaderos de animales para cacería, panteones, aeropuertos privados y zonas ecológicas-residenciales, acciones todas de impacto ambiental a una zona de recarga de la biosfera y el manto acuífero.

Además existen cerca de 20 averiguaciones penales contra mas de ciento cincuenta integrantes de esta Comunidad y los asesores de la misma por todo tipo de delito que van desde la delincuencia organizada, pasando por despojo, daños, lesiones, secuestro amenazas y todo el catalogo de los códigos penales. Al respecto destacan las averiguaciones 97/XI/2006 y la 94/XI/2006 ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

Las tierras de esta Comunidad son las mas cotizadas la ciudad. Están rodeadas de los complejos inmobiliarios La Loma Club de Golf, Lomas del Tecnológico y Desarrollo del Pedregal, desarrollados por grupos de poder con una fuerte influencia sobre los gobiernos estatal y municipal.

No nos extraña la ilegal actitud parcial del Gobierno pues es una estrategia conjunta que busca en un agónico gobierno dar los últimos zarpazos para fortalecer su poder económico y así influir en la sucesión política.



CARLOS COVARRUBIAS RENDON
REGIDOR

Y

MESA DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SAN JUAN DE GUADALUPE Y SUS ANEXOS TIERRA BLANCA Y SAN MIGUELITO.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!