CNDVP: Libertad incondicional a todos los presos políticos en Sinaloa
Tal como lo habíamos previsto; el gobierno de Sinaloa encabezado por Mario López (Malova), pretende acabar con la dirección del movimiento de los comuneros de Picachos; así, después de la represión, accede en dejar en libertad, bajo fianza, a 41 comuneros y privar a los dirigentes de la libertad, entre ellos están Octavio Atilano Román Tirado, Oscar René Osuna Díaz, José Isabel Osuna Lizárraga, y la señora Hortensia Gutiérrez Zamora.
Un gobierno que viene de una coalición y que levanto expectativas en la población hoy enseña su verdadero rostro; la clase política mexicana no solo esta degradada sino que está llegando al límite de la intolerancia; muy poco margen le están dando al pueblo como para volver a creer en estas personas que lo mismo están en un partido u otro; la llamada transición política no es otra cosa que la transición de partido a partido que hacen los políticos de profesión; si alguien cree que los partidos alternan el poder estamos plenamente equivocados; los que alternan de partido son lo políticos de siempre, son los mismos.
Es posible que Malova no tenga los cálculos correctos para ver las repercusiones que tendrá su política represiva y las organizaciones populares del estado de Sinaloa deben tener los ojos muy abiertos para ejercer los métodos de lucha; es decir estamos de regreso a la política del garrote.
En Sinaloa las organizaciones populares deben reunirse y discutir seriamente para analizar la política malovista y buscar las formas de articulación ya que el acto represivo contra los comuneros de Picachos es un mensaje muy claro de intolerancia; los comuneros no pedían mucho, solo que los indemnizaran conforme a la ley y como el gobierno de estado se negó atenderlos fueron radicalizando sus posiciones y es ahí donde se da el conflicto; el gobierno malovistas no tiende puentes, no hay caminos de negociación, opto por el garrote: Hay que tener mucho cuidado.
La Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP) se ha pronunciado porque el Secretaria de Agricultura, Pesca y Ganadería, Juan Nicasio Guerra Ochoa, ponga la renuncia en el escritorio en solidaridad con los comuneros de Picachos; esta renuncia sería un golpe contra la tentación represiva del gobernador; Juan Guerra tiene un largo historial de puestos de representación popular que abnegadamente los militantes de base han reconocido; sería muy simbólico un acto reciproco de su parte.
Las organizaciones populares deben convocar inmediatamente a una asamblea estatal para articularnos, solo así podremos detener el giro represivo de este “gobierno del cambio”. La CNDVP está lista para impulsar todas las acciones que permitan articular al movimiento y dar una respuesta que logre la libertad incondicional de todos los presos políticos.
Todos los presos deben ser liberados y el gobierno del estado puede estar seguro que los comuneros no están solos.
Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP)
Culiacán, Sinaloa, miércoles, 4 de abril del 2012
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
miércoles, 4 de abril de 2012
CNDVP: Libertad incondicional a todos los presos políticos en Sinaloa
Alto a la represión en Sinaloa: libertad a los presos políticos
Alto a la represión en Sinaloa: libertad a los presos políticos
Sin duda la represión contra los afectados de la presa Picachos no se podría dar sin la anuencia de Mario López (Malova) gobernador de Sinaloa; y se hizo con todos los ingredientes de la alevosía y ventaja; un día inhábil y en tiempos donde la respuesta se dificulta por ser las vacaciones de semana santa; de cualquier formo desnuda a un gobierno con su rostro represivo.
Para nadie es un secreto que Malova llega a la gubernatura impulsado por una coalición, y viene a ser una muestra más que los gobiernos alternos o “progresistas” nada tiene que ver con las aspiraciones del pueblo; así Gabino Cuen reprimió a los compañeros de la CODEP, el gobierno “izquierdista” de Ángel Aguirre queda marcado con asesinos de jóvenes normalistas; la “alternativa política” esta a un paso a que el pueblo busque nuevas opciones para lograr y defender sus derechos; hoy más que nunca se comprueba que la degradación política nos llevara a otra etapa de movimiento popular.
La represión del gobernador Sinaloa es un hecho más que reprobable muy preocupante, las organizaciones populares del país, deben seguir de cerca este acto represivo y mandar un mensaje muy claro al gobierno del estado: su política represiva debe ser ampliamente denunciada y buscar los mecanismos para que el movimiento de una respuesta.
Juan Nicanor Guerra Ochoa, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Estado es una personaje que si bien sus orígenes está en la izquierda y que paulatinamente llego a la socialdemocracia, debe asumir una posición política pública sobre el acto represivo y no solo por su pasado militante sino porque llego a ese puesto como resultado de una coalición que genero expectativas en el pueblo, en ese contexto Juan Guerra debe poner la renuncia en el escritorio de ejecutivo.
La Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP) hace un llamado a su militancia y a las fuerzas progresistas del país a estar atentos en los siguientes días y en particular poner mucha atención sobre el dirigente Atilano Román y responsabilizar al gobierno de Mario López y de Felipe calderón de cualquier situación que se presente; no sale de más recordar que el gobierno espurio fue el que jurídicamente proceso la represión ya que los compañeros son acusados de obstruir la vías de comunicación y se tipifica como delito federal.
Estamos a tiempo de detener la escalada represiva del gobierno de Sinaloa y del gobierno espurio de Felipe calderón.
Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP)
Responsable de la publicación: Alicia Arreola, Cesar del Pardo, Camilo Cereceros, Efraín Rincón, Antonio Vega, Jaime Sarmiento.
México, D.F lunes 2 de abril del 2012.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Afectados por presa Picachos inician plantón; exigen liberar a 46 detenidos.
Comuneros detenidos el domingo pasado por policías municiales y estatales de Sinaloa, cuando bloqueaban la Maxipista y la carretera México-Nogales. Foto Irene Sánchez
Policías desalojaron y detuvieron a 110 comuneros en dos operativos carreteros el domingo.
Los manifestantes exigen al gobierno estatal indemnizaciones y devolución de sus vehículos.
Se han destinado unos $835 millones para atender a los quejosos, asegura subsecretario general.
Comuneros detenidos el domingo pasado por policías municiales y estatales de Sinaloa, cuando bloqueaban la Maxipista y la carretera México-NogalesFoto Irene Sánchez
Javier Valdez e Irene Sánchez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2012, p. 27
Culiacán, Sin., 2 de abril. Unos 200 afectados por la construcción de la presa Picachos iniciaron un plantón en las instalaciones de la Unidad Administrativa, sede del gobierno estatal, para exigir indemnizaciones y la liberación de los 46 campesinos que continúan detenidos, así como la devolución de sus vehículos.
Una de las inconformes en el plantón expresó: nos corrieron de la parte techada del palacio de gobierno, nos obligaron a salir y dormir a la intemperie. Si ellos no quieren que estemos adentro permaneceremos aquí, en la explanada, hasta que nos devuelvan a todos nuestros familiares y nuestros carros, pues aparte de que se llevaron a los compañeros nos quitaron los vehículos.
Señalaron que los agentes ministeriales privaron de la libertad a alrededor de 20 comuneros más que no aparecen en la lista formal de detenidos, sino que se encuentran desaparecidos.
El pasado viernes, al menos 600 pobladores de seis comunidades de la zona serrana de los municipios de Mazatlán y Concordia –donde fue construida la presa–, emprendieron una marcha simultánea de Mazatlán a la capital sinaloense, por las carreteras México-Nogales 15 y la Maxipista.
La tarde del domingo, en dos operativos simultáneos, 200 policías ministeriales –cien por cada tramo– participaron para retirar a los manifestantes de las vialidades.
El gobierno del estado emitió un comunicado donde informó que tras los operativos 110 personas fueron remitidas al Ministerio Público y ante la delegación de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Culiacán, acusadas de obstrucción de las vías generales de comunicación. Estas instancias determinarán su situación legal y la probable ejecución de órdenes de aprehensión.
Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que, luego de liberar a algunos campesinos, 46 aún rinden declaración, 20 de ellos bajo el resguardo de la autoridad local, pues fueron los que bloquearon la Maxipista, que es estatal, y el resto fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, por bloquear vías de comunicación, en este caso la carretera México-Nogales.
Jesús Santiago Marcial Liparoli, subsecretario general de Gobierno, informó en conferencia de prensa que la actual administración ha destinado recursos para atender a los quejosos. Dijo quese han invertido alrededor de 835 millones de pesos, tanto en indemnizaciones como en mejoras en viviendas, servicios públicos y otros rubos.
Campesinos abandonan diálogo
Aseguró que únicamente se adeudan pagos en cinco o siete casos y negó que haya comuneros desaparecidos. En conferencia de prensa, el funcionario estatal afirmó, insistente, que los campesinos abandonaron la mesa de negociación y optaron por la protesta, ante lo cual tuvo que actuar el gobierno y desalojarlos, porque estaban afectando a terceros.
Durante una gira de trabajo por el municipio de Mocorito, el gobernador Mario López Valdez calificó de sospechoso que los manifestantes de la presa Picachos hayan bloqueado esta carretera durante el operativo que realizan las autoridades estatales para resguardar a los paseantes.
Consideró difícil la determinación de enviar a policías ministeriales a retirar a los campesinos que marchaban por las carreteras, pero fue necesario aplicar la ley y evitar que Sinaloa sea rehén de grupos y exista la impunidad.
El mandatario estatal adelantó que se creará una mesa de diálogo para determinar el monto de recursos que han destinado las autoridades estatales y cuánto se ha entregado a cada uno de los campesinos.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
