Exigen castigo penal contra los funcionarios que no ejerzan los fondos para el campo.

■ Denuncian que Sagarpa tiene un subejercicio presupuestal de 90 por ciento


Matilde Pérez U. La Jornada.

La Confederación Nacional Campesina, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas exigieron a los legisladores que actúen jurídicamente en contra de los funcionarios que no ejerzan los 204 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el campo.

Dicho presupuesto no se limita al aspecto productivo y comercial: incluye programas sociales, educativos y de salud, y debe ser ejercido correctamente, sobre todo ante la crisis alimentaria mundial y atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) dar prioridad a la agricultura, asentaron.

César Duarte, coordinador de los legisladores de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Cámara de Diputados, alertó en torno al subejercicio presupuestal de 90 por ciento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), ya que de 64 mil millones de pesos sólo ha aplicado 7 por ciento, “lo que pone en riesgo la alimentación de todos los mexicanos”.

Al participar en el consejo político de la CNC que se llevó a cabo en el salón Emiliano Zapata, Duarte Jáquez manifestó que debe castigarse con prisión a quienes evitan que los recursos aprobados por el Congreso de la Unión fluyan al agro, porque van en contra de los objetivos de alcanzar la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país.

Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se perdieron cerca de 5 millones de empleos en el medio rural y las compras de alimentos desde el extranjero rebasaron 70 mil millones de dólares, “lo que demuestra que las administraciones panistas, sobre todo con Felipe Calderón Hinojosa, se apuesta siempre al extranjero”, dijo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)-El Barzón, observó que los presupuestos crecientes para el campo no se reflejan en incrementos de la producción, empleos rurales ni en el PIB agropecuario. “Hay un declive preocupante y los niveles de vida de la gente han empeorado.”

Ante esa situación, la estrategia propuesta por la ANPAP-El Barzón es luchar no sólo por incrementos al presupuesto, sino por definir metas y estrategias que tengan como eje lograr la creación de la reserva estratégica y el bono alimentario.

“Nuestros estudios indican que incrementar la productividad del maíz en 10 millones de toneladas adicionales en los próximos tres años tiene un costo de 30 mil millones de pesos, ya que no sólo se trata de elevar los rendimientos por hectárea; también implica construir bodegas, cumplir con incorporar 500 mil hectáreas más al sistema de riego; establecer metas específicas en materia de tecnificación, mejoramiento de semillas y producción de fertilizantes”, abundó.

Todas las organizaciones tienen un papel fundamental en estas estrategias, incluyendo a la CNC, porque se trata del beneficio de los campesinos y de sus familias. “En este momento no tenemos una cifra para el presupuesto del agro para 2009, pero sí hay una exigencia de que se apliquen los recursos actuales porque tememos que habrá un subejercicio mayor al de años anteriores, ya que el gobierno está haciendo su cochinito para las elecciones del próximo año.”

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), dijo que hay “negligencia y lentitud” en la distribución del presupuesto para el campo. “Las reglas de operación impuestas por Sagarpa hicieron más difícil el acceso a los recursos, al parecer se quiere acabar con las organizaciones sociales del campo.”

Agregó que el gobierno privilegia sólo a algunas regiones del país, al sector comercial del agro y a algunas organizaciones rurales, pero hay un atraso muy significativo en la entrega de los recursos económicos, ya que hay 22 estados que no lo han recibido porque Sagarpa no ha aprobado los anexos técnicos correspondientes.



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Temen carpetazo a otra agresión en Zongolica

■ Autoridades descalifican testimonios, dicen

Andrés T. Morales (Corresponsal La Jornada)

Zongolica, Ver., 20 de julio. Dos días después de la exhumación de los restos de la indígena Susana Xocua Tezoco para someterlos a una autopsia, vecinos de San José Independencia advirtieron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “prepara un Ernestinazo”, pues intentará sosostener la hipótesis de muerte natural, como ocurrió en el caso de Ernestina Ascención Rosario, quien falleció en febrero de 2007.

La advertencia fue apoyada por el secretario de Asuntos Indígenas del PRD y ex regidor de Zongolica, Juan Carlos Mexhua, quien acompaña a los deudos en su demanda de justicia, y responsabilizó al procurador Salvador Mikel Rivera de preparar el cierre del expediente, luego de las descalificaciones de funcionarios a testimonios de los lugareños.

Mexhua Campos se refirió a las declaraciones que el subprocurador de Asuntos Indígenas de la PGJE, Darío Mendiola Solana, sobre las evidencias localizadas junto al cadáver y los testimonios de más de 50 lugareños que vieron el cuerpo de Susana Xocua, muerta el 25 de mayo pasado.

“El señor afirma que la señora estaba semidesnuda porque las indígenas no acostumbran usar ropa interior; que el sombrero de un hombre que estaba junto al cadáver era de un espantapájaros, y sostienen la teoría de que murió por tener vejiga caída. Todo apunta a que ya se tomó la decisión de no atender las investigaciones”, expuso.

Sostuvo que la mujer, de 58 años, gozaba de buena salud, como lo corrobora el seguimiento de médicos del programa Oportunidades, del cual era beneficiaria, y no reportaron ningún mal crónico o mortal. Además, acusó que “el Ministerio Público tuvo fallas, como el no revisar los genitales de la agraviada, lo que practicó dos meses después, con la exhumación del pasado viernes”.

Dijo que por la posición de la PGJE se sospecha que se prepara el cierre de la investigación, como en el caso de la anciana Ernestina Ascensión, del municipio de Soledad Atzompa. “Se prepara un Ernestinazo”, sostuvo.

En este contexto, familiares de Susana Xocua aseguraron que el ayuntamiento de Zongolica, que encabeza el priísta Luis Flores Trujillo, los presiona para desistirse de su demanda de justicia, por conducto del subagente municipal en San José Independencia, Cayetano Apale Salvado.

Además el secretario de la agencia ministerial en Zongolica, Javier Tepole, amenazó a los deudos para que ya no pidan una investigación sobre el caso. “Nos dijo ‘ya no vengan en bola, pues se están metiendo en lo profundo y a ustedes los podrían meter a la cárcel”, afirmó Felipa Panzo Temoxtle, nuera de la víctima.



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Rechazan hotel en San Miguel de Allende.

■ El proyecto, de 1,200 hectáreas, dañará flora, fauna y pinturas rupestres: ejidatarios


■ Les ofrecen sólo $20 por m2; el propietario de la mayor parte de los terrenos ya aceptó vender

Carlos García (Corresponsal La Jornada)

San Miguel de Allende, Gto., 20 de julio. La empresa Cordell Funding Mexicana pretende construir un hotel de cinco estrellas y un campo de golf en mil 200 hectáreas del ejido Don Juan Xido-Cabras y en los alrededores, pero el proyecto atentaría contra el equilibrio ecológico de la zona, rica en flora y fauna, donde también se han encontrado pinturas rupestres.

Con apoyo del alcalde de San Miguel de Allende, el panista Jesús Correa Ramírez, el consorcio comenzó a adquirir los terrenos, de los cuales 200 hectáreas pertenecen al ejido Xido-Cabras.

El presidente municipal visitó a los ejidatarios para proponerles que vendieran sus tierras a 20 pesos el metro cuadrado.

De los 32 ejidatarios, sólo siete están en contra de la venta, informaron la representante de la comunidad de Cabras, Adela Monzón Cázares, y el delegado, Aquiles Salazar Olvera, respectivamente.

Los 700 habitantes de Cabras y vecinos de otros ocho poblados están en contra de la construcción del hotel de cinco estrellas y del campo de golf de ocho hoyos porque están convencidos de que el proyecto dañará la naturaleza y las pinturas rupestres.

De acuerdo con Adela Monzón y Aquiles Salazar, en la zona hay especies vegetales como huizache, nopal, mezquite y el arbusto conocido como hueledenoche, mientras en las partes más altas la vegetación es más frondosa e incluye encinos.

Señalaron que también hay coyotes, zorrillos, conejos, zorros, venados y ardillas, entre otros animales silvestres.

Para llegar adonde se encuentran las pinturas rupestres hay que caminar unos 30 minutos y pasar un cañón, cerca del cual se observa una cascada. Los halcones suelen volar sobre el valle.

Desde el lugar donde se encuentran las pinturas rupestres se ve la cabecera municipal de San Miguel de Allende, ciudad recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad.

Para aprovechar los grandes atractivos naturales del municipio, el ayuntamiento 1994-1997 impulsó un proyecto de ecoturismo: se construyeron paradores, un mirador y un camino de roca para que los turistas tuvieran acceso a las pinturas rupestres y a la cascada, pero no se le dio seguimiento y los proyectos quedaron en el olvido.

Ante la inminente construcción del hotel y el campo de golf, los vecinos solicitaron la intervención de la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, Guillermina Gutiérrez Lara, para evitar que se destruyan las pinturas rupestres, recordó Adela Monzón.

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron informadas sobre el posible dañó ecológico, según la representante de la comunidad de Cabras. “Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias” para impedir el proyecto, indicó.

Por lo pronto, pobladores de la región organizan una marcha al palacio de gobierno en la capital de Guanajuato para pedir la intervención del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, anunció Monzón Cázares.

Hay proyecto, pero no trámites

El gobierno de San Miguel de Allende “no puede dejar ir una inversión tan cuantiosa, que generará empleos en el municipio”, señaló el secretario del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Christopher Thomas Finkelstein Franyuti.

El funcionario confirmó que se necesitan mil 200 hectáreas para construir el hotel de cinco estrellas y el campo de golf, y el dueño de mil hectáreas sí quiere vender. Sólo hay conflicto con las 200 del ejido Xido-Cabras.

El presidente municipal Jesús visitó a los ejidatarios para invitarlos a que vendan sus predios “porque una de sus funciones es que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida” a través de la generación de empleos, argumentó Finkelstein Franyuti.

“Si en su momento se detona esto no hay que jalarnos los pelos”, porque los empresarios tendrán que cumplir con la normatividad, con estudios de impacto ambiental y la factibilidad (del suministro) de agua”, dijo.

“El objetivo del alcalde es traer inversiones a San Miguel de Allende, y si bien todavía no hay absolutamente nada, estamos luchando para que ese capital se quede”, aunque aún no se sabe cuántos millones de dólares se invertirán en el proyecto, concluyó Finkelstein.




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El 68 mexicano: del autoritarismo a la impunidad

A 40 años

■ La represión propició un cambio histórico en México

Gustavo Castillo García

En 1968, en la capital del país se desarrolló un gran movimiento estudiantil, el más importante de la historia de México, el cual estalló ante la intransigencia y la represión gubernamentales, y –mucho se ha argumentado al respecto– fue un parteaguas que transformó la historia nacional. La movilización creció a niveles insospechados. Para contener el creciente descontento, el gobierno sacó las tropas a la calle. El Ejército tomó Ciudad Universitaria e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el ámbito político había una soterrada disputa entre el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), Alfonso Corona del Rosal, por la candidatura del PRI a Presidencia de la República. Desde 1956 despachaba en la embajada de Estados Unidos –según analistas y varios ex agentes, ésta era la segunda en importancia en el mundo, después de la que operaba en la ex Unión Soviética, debido a la posición geoestratégica de México– un jefe de estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), que era partidario de las dictaduras militares. Altos funcionarios gubernamentales se habían convertido en informantes de esa organización del espionaje estadunidense, entre ellos Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Fernando Gutiérrez Barrios y el propio Echeverría, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos.

El conflicto se inició en julio; de agosto a octubre el gobierno de México fue sacudido por las exigencias de jóvenes universitarios que clamaban por diálogo público, libertad para los pesos políticos y una reforma legislativa que derogara los artículos en que se sustentaba el delito de disolución social, entre otras demandas democráticas.

El 2 de octubre la represión alcanzó su punto máximo, cuando militares y francotiradores abrieron fuego contra miles de personas congregadas en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Esto se daba en el contexto de la guerra fría. Movimientos similares por mayores libertades habían ocurrido en París, Berlín, Roma, Turín, Chicago, Londres, Barcelona y Berkeley, cuyos protagonistas también eran estudiantes.

Otra parte de ese contexto tenía que ver con que el gobierno mexicano preparaba los Juegos Olímpicos, los primeros que se celebraban en un país de América Latina.

Al cumplirse 40 años del inicio de esa irrupción estudiantil en la vida nacional, en un movimiento sin el cual no puede entenderse el desarrollo político, social y cultural de México en los años recientes, La Jornada ofrece a sus lectores, a partir de hoy, una serie en la cual contaremos la historia de lo sucedido entre el 22 de julio y el 2 de octubre de aquel año. La novedad del material que publicaremos es que mucha de la información proviene de documentos oficiales resguardados por el Archivo General de la Nación y que fueron obtenidos de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante una solicitud de información pública.

El inicio: falta de libertades

En julio de ese año se conjuntaron intereses políticos, económicos, diplomáticos y militares para enfrentar lo que en el discurso oficial se definió como una “conjura comunista que buscaba desestabilizar al gobierno y entorpecer la justa olímpica”.

Los documentos oficiales evidencian que la movilización del 68 se inició y creció, además de por la cerrazón gubernamental y la falta de libertades democráticas que caracterizaban al régimen autoritario priísta de esos años, por las incesantes provocaciones y la represión policiaca en contra de los estudiantes, fundamentalmente universitarios y politécnicos, que se dio a partir del 23 de julio.

El Libro Blanco del 68, elaborado en aquellos años por la PGR, que contiene la versión oficial de lo sucedido, asegura que “el detonador” del conflicto fue que “algunos grupos de estudiantes y otras personas celebraban en la ciudad de México los aniversarios del 26 de julio de 1953, fecha de ataque al cuartel Moncada de La Habana, y que dio su nombre al movimiento revolucionario cubano”.

Según la autoridad, “esas conmemoraciones fueron precedidas, muy frecuentemente, por determinados disturbios o actos tumultuarios de protesta que evaden (sic) el marco de la simple celebración”.

El documento refiere que “en julio de 1966 y en julio de 1967 grupos estudiantiles y algunos miembros de organizaciones políticas de extrema izquierda, simpatizadores de la Revolución Cubana, aprovecharon la fecha para suspender temporalmente las clases en varios planteles de educación superior, capturando autobuses urbanos, provocando diversos desórdenes públicos y motivando así encuentros con la policía de la ciudad, aunque sin lograr mayores consecuencias”.

De acuerdo con dichos informes oficiales, en ese contexto ocurrieron los enfrentamientos del 22 y 23 de julio entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN contra los alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en ellos tuvieron lugar actos de provocación perpetrados por las pandillas Los Ciudadelos y Los Araños, liderados por los porros Mario Ramírez, El Fish, y Santiago Alfonso Torres Saavedra, El Johnny, así como por la misteriosa intervención de un grupo de jóvenes ataviados con uniformes desecundaria, que más tarde se sabría que formaban parte del grupo que posteriormente se conoció como los halcones.

El 23 de julio los granaderos provocaron durante varias horas a los alumnos del Politécnico. Los uniformados lanzaron bombas de gas lacrimógeno y golpearon a estudiantes, profesores y empleados de las vocacionales. Los informes gubernamentales niegan que hayan ocurrido dichas agresiones policiacas.

Al día siguiente del enfrentamiento, el diario Excélsior publicó una nota que llamó la atención, en la cual se informaba que, mediante un boletín de prensa, la UNAM advirtió que “una revista extranjera, un periodista local y rumores de grupos con intereses manifiestos” iniciaron un “campaña contra la autonomía universitaria”, señalando, entre otras cosas, que “las universidades en Iberoamérica son como campos de entrenamiento de agentes subversivos”.

El 26 de julio, los estudiantes politécnicos agrupados en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) realizaron una marcha para protestar por la represión de los días anteriores contra alumnos de las vocacionales 2 y 5. Ese mismo día, integrantes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) y de la Juventud Comunista convocaron a una marcha y un mitin para conmemorar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, que dio inicio a la revolución cubana.

Según la PGR, luego de lo sucedido en la Ciudadela, “en la mañana del 26 de julio, líderes de la Juventud Comunista y de la CNED determinaron (…) enviar grupos de choque a la manifestación del Politécnico para provocar desórdenes, a fin de que tuviera que intervenir la policía y en esta forma se agravara el problema existente entre ésta y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional”.

La movilización de la FNET concluyó sin incidentes, pero algunos de sus integrantes se sumaron al acto de la CNED y exhortaron a éstos a marchar hacia el Zócalo, enfilando por las calles de Madero y 5 de Mayo. Al hacerlo estaban avanzando hacia una trampa, pues los granaderos le cerraron el paso a la vanguardia en la calle de Palma y a la retaguardia en la avenida San Juan de Letrán (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas), mientras otros grupos de policías se lanzaban contra ellos desde calles perpendiculares a la ruta de la movilización.

En el centro de la ciudad se dieron múltiples choques entre policías y estudiantes, especialmente en los alrededores de las preparatorias 1 y 3, donde se habían refugiado algunos estudiantes que participaron en la marcha de la FNET.

Durante la noche, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto allanaron las instalaciones del comité central del Partido Comunista. Detuvieron a varios de sus dirigentes y en otros puntos de la ciudad a una estadunidense, un puertorriqueño y un peruano. El gobierno diría más tarde que los comunistas recibían adoctrinamiento del extranjero para desestabilizar al régimen.

El Libro Blanco del 68 añade que el presidente Díaz Ordaz ordenó al Ejército, después de varios días de enfrentamientos entre estudiantes y policías, contener los “desórdenes” el 30 de julio, a solicitud de Luis Echeverría Álvarez y Alfonso Corona del Rosal, entonces titulares de Gobernación y del DDF, respectivamente.

La participación militar fue, según la versión oficial, “en auxilio de la Policía Preventiva” y en atención a “la agresividad de los estudiantes y la incapacidad de los granaderos” para controlar “los desmanes”.

Así, los mandos de las fuerzas del Estado que se involucraron en el conflicto eran mayoritariamente militares con grado de general y, aunque con distintos matices, todos eran anticomunistas:

El DDF era dirigido por el general Corona del Rosal; la policía estaba a cargo de Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero; el coronel Manuel Díaz Escobar encabezaba la Subdirección de Servicios Generales del DDF, en la cual creó un “grupo especial de vigilancia para instalaciones estratégicas como el Metro”, que luego se convertiría en los Halcones; Luis Gutiérrez Oropeza estaba al frente del Estado Mayor Presidencial (EMP) y formó el llamado Batallón Olimpia, grupo integrado por militares y policías que, vestidos de civil, al final del movimiento se encargarían de detener a estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco; Marcelino García Barragán se desempeñaba como secretario de la Defensa Nacional y Mario Ballesteros Prieto e la jefatura del estado mayor de esa dependencia; este último era uno de los encargados de las operaciones castrenses en la capital del país.

En ese entonces la radio comercial transmitía música de los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Bob Dylan, Joan Báez, Simon y Garfunkel, pero también de Rocío Durcal, Angélica María, Los Teen Tops, Los Rebeldes del Rock, Los Camisas Negras y Roberto Jordán.

En las artes plásticas se consolidaba la llamada Generación de la Ruptura, integrada, entre otros, por José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Manuel Felguérez, Pedro Coronel y Remedios Varo, quienes desde 1957 impulsaban un cambio en el arte del país para romper con la Escuela Mexicana de Pintura, corriente artística en la que participaban, principalmente, los muralistas.

Ataque en San Ildefonso

La madrugada del 30 de julio, soldados de la primera Zona Militar penetraron en las preparatorias 1, 2, 3 y 5 de la UNAM y en la vocacional 5 del IPN. En un hecho desmedido y sin precedente, los militares dispararon una bazuka contra el portón de San Idelfonso.

Al día siguiente se realizó un mitin frente a la rectoría de la UNAM, en el cual Javier Barros Sierra –cabeza de la institución– leyó un documento en el que condenaba la violación de la autonomía universitaria. El primero de agosto, el rector encabezó una manifestación de Ciudad Universitaria a Félix Cuevas, a la cual se sumaron estudiantes de Chapingo, del IPN y de la Normal de Maestros.

El 4 de agosto los estudiantes dieron a conocer su pliego petitorio de seis puntos, en el que exigían libertad de los presos políticos; destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea; desaparición del cuerpo de granaderos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, relacionados con el delito de disolución social; indemnización para los familiares de los muertos y heridos, víctimas de la agresión del 26 de julio en adelante, y el “deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades por conducto de la policía, granaderos y Ejército”.

El 5 de agosto los estudiantes politécnicos desconocieron a la FNET como su representante y constituyeron el comité de huelga del IPN. Tres días después se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), con 210 representantes, tres por cada escuela del IPN, la UNAM, Chapingo y la Nacional de Maestros. Se decidió que esa organización sería “el único interlocutor legítimo ante el Estado”.

La violencia fue en aumento, los estudiantes eran reprimidos por policías en cuanto los sorprendían realizando mítines relámpago, haciendo pintas o boteando, es decir, pidiendo ayuda económica de la población para sostener el movimiento. No obstante la pluralidad de corrientes que participaban en el CNH, se pudieron organizar movilizaciones multitudinarias a partir del 13 de agosto y se logró, además, que el Consejo Universitario apoyara sus demandas; lo mismo hicieron intelectuales, maestros y padres de familia.

El 27 de agosto las negociaciones con las autoridades no avanzaban y se realizó una manifestación que llegó al Zócalo. Los estudiantes tocaron las campanas de Catedral e izaron una bandera rojinegra en el asta bandera, frente a Palacio Nacional. Centenares de jóvenes decidieron permanecer en el Zócalo en demanda de diálogo público con el presidente Díaz Ordaz, pero la madrugada del día 28 fueron desalojados por policías y un contingente de infantería a bordo de tanquetas. Un total de 300 personas fueron detenidas. Al día siguiente, en un presunto acto de desagravio a la bandera, se dio una curiosa e inesperada rebelión de burócratas, que habían sido acarreados al Zócalo, quienes gritaban: “Somos borregos, beee, beee”.

El primero de septiembre, durante su cuarto Informe de gobierno, Díaz Ordaz advirtió que utilizaría “mano dura” contra el movimiento. El día 13 los estudiantes organizaron la que se conoció como la Marcha del Silencio, del Museo de Antropología al Zócalo, en la cual se calcula que participaron 300 mil personas, número insólito para una movilización en esos tiempos.

Cinco días después, el Ejército tomó Ciudad Universitaria y para el día 24 los militares se apoderan de los principales planteles del IPN ubicados en el casco de Santo Tomás y Zacatenco. El Libro Blanco del 68 de la PGR agrega que si el IPN hubiera sido “ocupado por sorpresa, como aconteció en Ciudad Universitaria, no hubieran tenido que lamentarse muertos y heridos”.

El gobierno consideró que esa acción había sido “justa, y que permitir que las escuelas se convirtieran en arsenales y reductos de motineros sólo daba ocasión a que aquéllos se sintieran fuertes y prolongaran el conflicto”.

El 22 de septiembre el rector Barros Sierra presentó su renuncia ante el Consejo Universitario debido a la ocupación militar de Ciudad Universitaria y de otras escuelas de la UNAM. El 27, la retiró y tres días después el Ejército entregó Ciudad Universitaria.

Una vez reabierta la máxima casa de estudios, el CNH ofreció una conferencia de prensa en la cual reiteró que el movimiento nunca se había propuesto boicotear los Juegos Olímpicos y que continuaría la huelga estudiantil hasta ver cumplido su pliego petitorio.

El primero de octubre se acordó realizar un mitin al día siguiente en Tlatelolco y luego marchar hacia el casco de Santo Tomás con la intención de pedir la salida del Ejército de las instalaciones del IPN.

A las cinco de la tarde del 2 de octubre se inició el mitin. Se calcula que había más de 8 mil personas en la Plaza de las Tres Culturas. Entre las 18:10 y las 18:15 horas, “dos helicópteros sobrevuelan el lugar y son disparadas dos luces de bengala. Casi al mismo tiempo, desde el edificio Chihuahua un francotirador dispara una ráfaga de arma semiautomática”. Comenzó la matanza. Aún hoy no se conoce con precisión el número de muertos. Centenares de estudiantes fueron llevados, entre otros lugares de detención, al Campo Militar número uno y luego consignados por diversos delitos.

En 1969, Díaz Ordaz se responsabilizó de lo sucedido, durante la lectura de su quinto Informe de gobierno. Luis Echeverría lo sucedería en el cargo.

Ya durante el gobierno de Vicente Fox, en 2000, se creó la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El 4 de enero de 2002 se iniciaron las investigaciones encaminadas a esclarecer, entre otros asuntos, los sucesos del 68.

A la fecha únicamente se encuentra sujeto a proceso penal por el delito de genocidio el ex presidente Luis Echeverría. Sin embargo, está en trámite una petición de amparo contra esa determinación judicial.


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