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sábado, 8 de diciembre de 2007

Totalmente de acuerdo Sr. Acuña. Solo que debe usted saber que el hostigamiento es contra la oligarquia en el poder, no contra el pueblo.

Boletín Nº331 /07.

México, D. F, a 7 de diciembre de 2007.

NO TIENE NINGUNA RAZÓN VALIDA EL EPR PARA SU CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO CONTRA EL PUEBLO DE MÉXICO: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN


Desde principios de junio, esa organización ha publicado alrededor de 40 comunicados cuyo contenido se reduce a tres aspectos: 1) denunciar la desaparición de dos de sus miembros; 2) exigir su presentación con vida y, 3) amenazar con acciones violentas en contra de los mexicanos si su demanda no es satisfecha.

Analizados en conjunto, el razonamiento de todos ellos es simple: los eperristas se presentan como luchadores sociales, integrantes de una organización "revolucionaria" que serían víctimas de una supuesta guerra sucia del gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo cual justificaría sus acciones violentas de autodefensa. Los comunicados se complementan con dos grupos de datos o afirmaciones que intentan demostrar: a) la existencia de la guerra sucia, la cual los convertiría en víctimas y b) denunciar la política neoliberal del gobierno, y ello les otorgaría la calidad de revolucionarios o luchadores sociales.


¿Guerra sucia?

Para "demostrar" la guerra sucia, citan las desapariciones ocurridas en los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez; y, a falta de otros hechos que hagan sostenible su "argumento", también incluyen actos inconexos y heterogéneos, como robos comunes; secuestros realizados por taxistas; etc. Para que les cuadre el argumento, aseguran que todos esos eventos fueron ordenados por el Presidente Felipe Calderón o realizados mediante una confabulación -nunca demostrada— entre éste y los responsables directos.

Otro hecho utilizado para documentar la supuesta guerra sucia, es la prioridad dada por el gobierno a la seguridad y el consecuente combate al narcotráfico, apoyado por el ejército. De esa voluntad de recuperar el estado de derecho con la participación de una parte de las fuerzas armadas, concluyen, sin más, que el país está militarizado.

Son mencionados también los incidentes en los que algunos miembros del ejército han violado derechos humanos de ciudadanos, los cuales motivaron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Éstas han sido acatadas y los responsables están siendo sometidos a la justicia. Como el mismo Presidente de la CNDH lo afirmó, han sido incidentes aislados y de ninguna manera forman parte de una política deliberada del Gobierno Federal en contra de los derechos ciudadanos.

Por desgracia en México aún no existe una cultura de legalidad más arraigada; una parte de la sociedad minimiza la importancia del estado de derecho. Una vertiente muy socorrida de ese desprecio es la convicción de que las causas sociales y/o políticas justifican no sólo violar las leyes, sino incluso usar la violencia. Algunas organizaciones sociales consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos, además del empleo de violencia. Desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes, es represión.

Sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado "criminaliza" a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia. Esto último es otro de los argumentos de los comunicados en torno a la guerra sucia. Pero en cualquier sociedad democrática, es el Estado quien tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. En la medida que se viola la ley y se ejerce la violencia afectando los derechos de terceros, el Estado tiene la obligación de hacerla valer. No son entonces presos políticos ni de conciencia. De la misma manera, y con mayor rigor, se deben castigar los abusos y excesos reales de los cuerpos policíacos.

En el Gobierno del Presidente Felipe Calderón no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo. No obstante la magnitud de los actos de sabotaje contra PEMEX y las afectaciones a miles de ciudadanos, el Gobierno Federal no desató una cacería de brujas contra activistas; ni las cárceles están llenas de sospechosos y no existe, a la fecha, ninguna denuncia formal de torturados y desaparecidos vinculados con estos eventos. Se demuestra que la guerra sucia del Gobierno Federal es un invento.


Los desaparecidos

Para el EPR la prueba contundente de la guerra sucia es la desaparición de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo pasado, atribuyéndolo al Gobierno Federal. El problema es que esa última afirmación carece de sustento, lo que se deriva de la lectura de sus comunicados. En su comunicado del 5 de junio, responsabilizaron al Presidente Felipe Calderón y a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública; de la PGR y al Gobernador de Oaxaca. Es decir a todos, de manera genérica, sin ninguna prueba. En el texto del 13 de junio además de los anteriores, también culparon al panismo y al "Yunque".

El 20 junio aseveraron que la desaparición era uno más de los delitos de Ulises Ruiz. El 10 de julio, los responsables eran el Procurador de Oaxaca y el Coordinador Regional del la PFP en Oaxaca; el 30 de julio, afirmaron que la desaparición la acordó el Presidente Calderón junto con la "cúpula de generales". El 3 de agosto Ulises Ruiz y Felipe Calderón fueron señalados como autores materiales de la desaparición.

En el comunicado del 30 de agosto, "integrantes de la AFI y de la PFP" llevaron a cabo la detención; además incluyeron a los generales Alfredo Oropeza y Martín Morfín; a Francisco Garduño y una larga lista de funcionarios federales como cómplices. El 18 de octubre, aseguraron que Genaro García Luna los tenía detenidos y debía entregarlos. Para completar el cuadro de confusión, afirmaron por medio de una organización de derechos humanos que los desaparecidos estaban en el campo militar N° 1; empero, con miembros de la CNDH se revisaron sin resultado alguno esas instalaciones militares. También rechazaron categóricamente algunos señalamientos de que pudieron haber sido secuestrados por el crimen organizado.

La conclusión obvia de esta serie de acusaciones es que los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quienes fueron los autores ni materiales ni intelectuales de la presunta desaparición. Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias. No obstante lo anterior, su conclusión por demás nunca sustentada, es que el Gobierno Federal y el Presidente Calderón son los responsables.

La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello implica la vigencia del Estado de Derecho. Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización. La PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el Presidente Felipe Calderón instruyó al CISEN a colaborar decididamente con la Procuraduría en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas. Se está haciendo, con estricto apego a la ley. Se tienen varias hipótesis generales que no descartan ninguna posibilidad, y cada una de ellas tiene un conjunto de líneas de investigación, que se están abordando de manera ordenada, sistemática y con mucho rigor.

La tarea no será fácil, pues la información inicial es escasa debido que los familiares de los presuntos desaparecidos proporcionaron pocos datos, pues aseguran que desde hace 30 años no saben nada de ellos. Cinco meses después se ha logrado perfilar hipótesis y avanzar en ellas. La ley prohíbe hacer públicos los avances de las averiguaciones previas en curso. El Presidente Calderón, además de asegurar que el Gobierno Federal es completamente ajeno a la desaparición, ha manifestado con palabras y obras su voluntad de resolver el problema. Por consecuencia, los eperristas deben saber también que se está trabajando seriamente en el esclarecimiento del caso de sus compañeros.

Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su "campaña de hostigamiento". En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho (que aparezcan sus compañeros) si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo.

El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho. Por eso, al mismo tiempo que está obligado a esclarecer la presunta desaparición de esos dos eperristas, también condena enérgicamente los actos violentos, sin importar la motivación de sus autores, y hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje en contra de los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables. México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del margo de la ley.

--Dirección General de comunicación Social--



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Llamado de legisladores federales a la titular de la SEP y al gobernador de Guerrero

Llamado de legisladores federales a la titular de la SEP y al gobernador de Guerrero

Piden escuchar a normalistas de Ayotzinapa
(Roberto Garduño y Enrique Méndez,, reporteros; Misael Habana y, Sergio Ocampo, corresponsales)

El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, a valorar las demandas de los maestros egresados de la escuela normal de Ayotzinapa y a resolver las peticiones de los estudiantes.

Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) reprochó que el mandatario estatal avalara el uso de la fuerza para disolver las protestas de los alumnos.

El exhorto a la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, fue presentado como punto de acuerdo de urgente resolución, y avalado con las firmas de los ocho integrantes de la Junta de Coordinación Política, a propuesta del sol azteca.

Al sustentar el punto de acuerdo que propuso, el maestro guerrerense Daniel Torres García lamentó que, lejos de escuchar las demandas de los normalistas (75 plazas para egresados, mantener la licenciatura en educación primaria y el sistema de internado) el gobierno del estado los haya reprimido con la fuerza pública.

Recordó que el 14 de noviembre “hubo estudiantes, egresados, padres de familia, periodistas y diputados golpeados. Nos preocupa que se haya desbordado esa situación y que la administración de Torreblanca no privilegie el diálogo”.

El diputado independiente Félix Castellanos deploró que un gobierno “que se dice democrático trate así a lo más hermoso de su sociedad y del país, que son los jóvenes. Nos preocupa que estos hechos lamentables se hayan presentado”.

Dijo que si los normalistas de Ayotzinapa han llevado a cabo “acciones desesperadas”, ello se debe a la falta de del gobernador Torreblanca.

“Han ocupado las instalaciones del poder Legislativo local; han cerrado las oficinas del poder Ejecutivo en el estado; han bloqueado carreteras y casetas, pero ¿quiénes de los que ahora gobiernan Guerrero no lo han hecho?”, preguntó.

Mientras, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, informó que en unas horas los normalistas responderán la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca, consistente en crear 90 plazas de primaria.

“Recibí a una comisión de seis alumnos. Platicamos la propuesta que les hizo el gobernador y nos plantearon que necesitaban dos días para dar una respuesta. Espero que mañana (viernes) ya la tengamos, y si es así estaremos en condiciones de que se reúna (Zeferino Torreblanca) con ellos entre sábado y domingo”, expresó.

En tanto, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos denunció: “La represión a los estudiantes y egresados de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa refleja el poco respeto por la vida humana que tienen los que hoy nos mal gobiernan. Los derechos de los jóvenes y las necesidades educativas les valen lo que a un magistrado de la Suprema Corte las leyes”.

En un comunicado, el grupo armado afirmó que no existen diferencias entre un gobernador de “izquierda” perredista, uno de “centro” priísta y uno de “derecha” panista. “Los principios de los empresarios están determinados por el interés económico”.


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¡Una Victoria mas!, modesta, pero Victoria al fin.

Durango: marcha atrás al descuento de 15% a maestros
Saúl Maldonado (Corresponsal)

Durango, Dgo., 6 de diciembre. Dirigentes de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dieron marcha atrás al descuento de 15 por ciento a los salarios de los maestros para crear un fideicomiso de ahorro para el retiro, con lo que concluyó la protesta que los docentes iniciaron el lunes.

A las 14:30 horas, los profesores entregaron las oficinas de la Secretaría de Educación, que mantenían en su poder desde el miércoles; después hicieron lo mismo con el local sindical, y anunciaron que los 11 mil mentores de la sección 44 del SNTE regresarán a clases este viernes.

En las negociaciones no estuvieron los dirigentes sindicales, quienes prefirieron reunirse primero con las autoridades estatales de educación.

Según la subsecretaria de Educación estatal, Gisella Garza Barboza, los dirigentes sindicales Rosendo Galíndez y Francisco Villa Maciel solicitaron a las autoridades estatales anular el convenio firmado en octubre, por el cual se descontaría 15 por ciento del sueldo a los maestros.

Los profesores se reunieron con Jorge Andrade Cansino, secretario de Educación, quien les informó lo anterior y que en las dos quincenas de diciembre les devolverán el dinero descontado.

Sin embargo, el SNTE no quita el dedo del renglón y acordaron que en enero se volverá a analizar el tema del fideicomiso para el retiro, pero el ahorro sería voluntario.

Los profesores siguen molestos con sus líderes sindicales porque no dieron la cara. Señalaron que este viernes volverán a clases, pero en 2008 les pedirán cuentas y solicitarán la expulsión de Rosendo Galíndez, secretario general interino de la sección 44. “Nosotros no lo elegimos a él, sino a Francisco Villa. Si éste no puede ser dirigente y diputado (local), que renuncie y nos deje escoger a otro”, dijo el maestro Martín Pantoja.


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En Ostuacán, Chiapas, riesgo de derrumbe como el de Juan de Grijalva

Condiciones de terreno y suelo similares: Protección Civil

En Ostuacán, Chiapas, riesgo de derrumbe como el de Juan de Grijalva

Elio Henríquez (Corresponsal)

Ostuacán, Chis., 7 de diciembre. Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil, advirtió que mil 500 habitantes de las comunidades Playa Larga Primera Sección y Rómulo Calzada, del municipio de Ostuacán, enfrentan la posibilidad de un derrumbe similar al ocurrido en Juan de Grijalva.

“La información que tenemos de los geólogos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es que las características y las condiciones del terreno y del suelo en esa zona son similares a las de Juan de Grijalva, informó.

Lo anterior no significa que en los próximos días o meses vaya a ocurrir un derrumbe como el del 4 de noviembre, que provocó la muerte a 25 personas, de las cuales sólo se han rescatado 19 cadáveres.

No obstante, recalcó, “tendremos que platicar con los pobladores para lograr la evacuación y salvaguardar su vida y su patrimonio para evitar otra tragedia”.

García Moreno informó también que 2 mil 180 personas continúan refugiadas en 18 albergues de 13 municipios, principalmente en la zona norte del estado. El miércoles pasado se cerró el de Ciudad de Juárez y el martes el de Berriozábal.

“No es que las personas puedan regresar a sus hogares, sino que están pasando al esquema de familias solidarias y en otros casos hay una vuelta a la normalidad, como en Juárez, donde los afectados sólo tuvieron problema de inundación, ya bajó el agua y recibieron el apoyo y están en condiciones de seguridad”.

Pero en la mayoría de los casos, precisó, no es así y se mantendrán los albergues porque continúa la situación de riesgo que originó el desalojo, y por tanto las personas seguirán en los refugios hasta que el sistema estatal de Protección Civil dictamine que ya están en condiciones de seguridad.

Entrevistado en Ostuacán, afirmó que Protección Civil continúa la búsqueda de seis personas desaparecidas. “Nos informa el personal que ya tienen más o menos nociones de dónde estarían, pero se requiere de tiempo, apoyo y mucha paciencia para hacer una labor de búsqueda en tierra y hacer excavaciones”, aseveró


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Denuncia penal contra Osorio Chong, por la represión en Zimapán

Gustavo Castillo

Habitantes de Zimapán, Hidalgo, y el diputado local mexiquense Germán Rufino Contreras Velázquez presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el gobernador Miguel Osorio Chong y otros funcionarios de esa entidad, por ordenar la represión a 44 dirigentes del movimiento Zimapán Somos Todos, que se oponen a la construcción de un confinamiento de desechos tóxicos.

En compañía de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los denunciantes acudieron ante el Ministerio Público Federal para señalar que el domingo pasado los pobladores vieron afectadas sus garantías individuales, pues mientras unos eran golpeados y encarcelados (el legislador inclusive), algunos menores de edad y mujeres fueron detenidos y abandonados en algunas carreteras cercanas a su comunidad.

Contreras Velásquez informó que en los meses recientes se ha desarrollado una lucha contra la construcción del confinamiento de residuos industriales tóxicos en el ejido Cuauhtémoc, de Zimapán, ya que “esto se convertirá en un problema de orden regional y ya afecta a diversas poblaciones del estado de México, Querétaro e Hidalgo, pues el riesgo es un daño ecológico a los mantos acuíferos y zonas boscosas aledañas, lo que viola las normas en la materia”.

Entrevistado antes de comparecer ante el Ministerio Público, denunció que al igual que él “otras 44 personas fuimos encarcelados ilegalmente y sometidos a ultraje y atropellos por el Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo por el único delito de pretender ejercer derechos constitucionales como es una protesta contra la obra que pretende llevar a cabo la empresa española Sistemas para el Desarrollo Sustentable”.

Según el legislador además de la afectación ecológica también se busca “desplazar a 19 comunidades indígenas asentadas en la zona”.

En cuanto a su participación en el movimiento Zimapán Somos Todos, manifestó que esto se debe, además del hecho de haber nacido en Hidalgo, porque la zona norte del estado de México colinda con la citada entidad, y en algunos municipios, como Apaxco, la industria cementera también genera desechos tóxicos sumamente peligrosos para la población”.


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¿"Violencia en contra de los mexicanos"?: ¡La que realiza el Estado Mexicano!

Advierte la SG que se evitará ofensiva del EPR
Fabiola Martínez

La Secretaría de Gobernación (SG) rechazó las acusaciones del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –en el sentido de que dos de sus integrantes, desaparecidos, están en poder de alguna instancia del gobierno federal– y advirtió que “hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje y para castigar a los responsables” de los mismos.

En un comunicado emitido poco antes de la medianoche de este viernes, Gobernación sostiene que “los eperristas no tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros (Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya) y menos de quiénes fueron los autores ni materiales ni intelectuales” de la presunta desaparición.

“Tampoco poseen ninguna evidencia, sólo especulaciones cambiantes y contradictorias”, señala.

Gobernación afirma que el gobierno calderonista tiene “varias hipótesis” respecto del paradero de los eperristas desaparecidos, pero que la investigación respectiva es ordenada, sistemática y con mucho rigor; de ahí que se reserva los detalles de la averiguación.

“Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su campaña de hostigamiento porque su demanda está siendo atendida (…) Si a pesar de ello deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo”, considera la dependencia.

El boletín –de casi cuatro cuartillas– fue emitido tras el anuncio del grupo armado en el sentido de que retomará lo que denomina campaña de hostigamiento hacia las estructuras gubernamentales.


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Otorgan amparos a 27 acusados por el caso Atenco

Gustavo Castillo García

El juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl, estado de México, concedió “la protección y amparo de la justicia federal”, a 27 de los pobladores de San Salvador Atenco acusados de ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, por considerar que no existieron elementos suficientes de prueba para acreditar su responsabilidad en esos ilícitos durante los hechos violentos registrados en esa comunidad mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, informó el abogado Juan de Dios Hernández Monge.

Pese a que se ganó este recurso judicial, el Ministerio Público aún puede solicitar la revisión de la sentencia dictada por el juez Mauricio Torres Martínez, por lo que un tribunal deberá dictar el fallo definitivo.

El litigante informó que este viernes fue notificada la sentencia que se dictó en primera instancia dentro del juicio de amparo 1094/2007, promovido por 27 de los acusados de ataques a las vías generales de comunicación –derivados del bloqueo que realizaron en la carretera Ecatepec-Texcoco el 3 de mayo, en demanda de la liberación de Ignacio del Valle, líder del Frente Popular en Defensa de la Tierra–, y también por el delito de secuestro, presuntamente cometido en agravio de policías mexiquenses.

Hernández Monge señaló que de los 27 beneficiados por esta sentencia, solamente dos, Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Rufino González Rojas, se encuentran presos, mientras que los otros 25, aunque están sujetos a proceso penal, están en libertad bajo fianza.

En el caso de Rosales Gutiérrez, el juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl la amparó por el delito de secuestro, pero negó el beneficio por el de ataques a las vías de comunicación.

Fuente: La Jornada

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Exige APPO liberacion de los presos politicos

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 7 de diciembre. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) marcharon por esta ciudad para demandar la libertad de los presos políticos y de conciencia y la solución a conflictos postelectorales.

La protesta comenzó después de las 17 horas en la fuente de Las Siete Regiones y terminó en el zócalo, frente al antiguo palacio de gobierno, donde efectuaron un mitin.

El diputado local Zenén Bravo Castellanos, ex consejero de la APPO, exigió la libertad de los detenidos, la cancelación de las órdenes de aprehensión y el cese al hostigamiento y persecución contra miembros del movimiento.

Aclaró que se ha reunido con funcionarios de la administración estatal, entre ellos el secretario de Gobierno, Teófilo Manuel García Corpus, para tratar de encontrar solución a los problemas postelectorales de San Blas Atempa, Tejupan, San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala, por el intento de los “caciques priístas” de imponer a sus incondicionales. “Eso no quiere decir que he claudicado en la lucha porque sigo siendo militante de la APPO”, señaló el legislador de Convergencia.

Patricia Jiménez Alvarado, de la dirección de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) Primero de Agosto, dijo que nadie en el movimiento tiene miedo al gobierno estatal y seguirá en la lucha, a pesar de las detenciones ilegales y levantones de sus integrantes.

Denunció que una de sus compañeras, Nancy Mota Figueroa, fue levantada apenas el domingo por presuntos policías para ser interrogada sobre las actividades de varios consejeros estatales de la APPO.

La propia Mota Figueroa responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de cualquier agresión hacia su familia y a integrantes de la Como.

Arranca encuentro de mujeres

En tanto, el Encuentro de mujeres oaxaqueñas, compartiendo voces de esperanza, convocado por el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y el Colectivo Mujer Nueva, aglutinados en la APPO, con la asistencia de más de 150 representantes de organizaciones y pueblos, comenzó hoy.

Dolores Villalobos Cuamatzi, coordinadora de la Junta Organizadora del CIPO, dijo que las mujeres “amenazamos los intereses de los ricos del mundo que pretenden hacer del estado su negocio en complicidad con los gobiernos de Ulises Ruiz y Felipe Calderón, quienes sólo con sus ejércitos y paramilitares pueden seguir gobernando y exterminarnos a quienes como nosotras nos organizamos para defender el derecho a elegir nuestra propia vida”.

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Por falta de equipamiento, la Armada autoriza la entrada de aviones de EU

El secretario de Marina señala que se respetará la soberanía en la Iniciativa Mérida

Apoya las acciones navales con otros países, pero no las misiones de paz en el exterior

El titular de Marina en un momento de la entrevista con La Jornada

“No es muy frecuente”, pero en acciones de emergencia el gobierno mexicano ha permitido que aviones estadunidenses ingresen al espacio aéreo nacional en auxilio de personas, afirma el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza.

“Ésta es la razón por la que queremos incrementar nuestra capacidad de respuesta, porque en la medida en que tengamos esas posibilidades ocuparemos los espacios que ellos (los estadunidenses) en ocasiones buscan atender, porque no tenemos esos medios”, informa en entrevista con este diario.

Precisamente por la falta de recursos, la Armada pretende que el equipo bélico que adquiera sea “multipropósito”, es decir, que sea usado en diferentes tareas.

En este contexto, destaca que para mejorar el apoyo a la población civil, el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) incluirá en sus “juegos de guerra” aspectos logísticos y escenarios posibles de desastres naturales, para que los marinos tomen las decisiones acertadas.

Saynez Mendoza agrega que la dependencia a su cargo comenzará el año próximo un proyecto de sustitución de buques oceánicos. Se busca renovar 30 por ciento de la flota naval obsoleta, construir en cinco años 60 patrullas interceptoras y cambiar el equipo aéreo para incrementar la capacidad de respuesta ante desafíos como el combate al narcotráfico y la protección de instalaciones estratégicas.

Afirma que la colaboración del gobierno mexicano con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al tráfico de estupefacientes se lleva a cabo con estricto respeto a la soberanía y jurisdicción de cada país, y así continuará, dice, si se aprueba la Iniciativa Mérida.

Proyectos de la Marina

Durante la plática –que se desarrolla en sus oficinas– se muestra partidario de que la Armada participe en maniobras navales con otras naciones para desarrollar la capacidad y el adiestramiento de los marinos mexicanos, pero mantiene su reserva de que México participe en misiones de paz en el extranjero.

“Sería tanto como meterse en un conflicto que no es nuestro”, sostiene, aunque inmediatamente añade que la última palabra en este tema la tiene el Congreso.

Como parte del proyecto de trabajo de la Armada, destaca también la intención de participar en la construcción –en astilleros navales– de buques para Petróleos Mexicanos (Pemex) y barcos pesqueros, para lo cual ya sostiene pláticas con las dependencias relacionadas con el tema.

Saynez destacó que como parte del Programa Sectorial Marina 2007-2012, la dependencia a su cargo, está comprometida con la seguridad. “Ésa es la contribución que nosotros haremos para el desarrollo”, indica.

–¿Cuáles son los objetivos en cuanto a naves interceptoras y buques oceánicos?

–Tenemos la patente de la patrulla interceptora de origen sueco, que nos ha dado muy buen resultado en la intercepción de narcotraficantes en altamar. (Ellos usan) embarcaciones rápidas que vienen desde Sudamérica y nosotros tenemos que tener la capacidad para efectuar esa intercepción. Por su parte, las patrullas oceánicas nos darán posibilidad de cubrir con mucha mayor eficiencia algunas partes que tenemos un poco descubiertas, como el Golfo de California, la parte oeste de la península (de Baja California) y toda la extensión del Pacífico. Ahí el narcotráfico pueden desarrollar nuevas rutas.

–¿En cuánto tiempo se logrará la sustitución idónea de buques?

–Es una sustitución en cierta manera permanente, es decir, el promedio de vida de un barco es de aproximadamente 25 años, aunque tenemos barcos mucho más viejos. Necesitamos sustituir buques de diferentes tipos, requerimos que tengan una autonomía de unos 30 días sin abastecerse, con plataforma para helicóptero y espacio para una patrulla interceptora lanzada por popa.

“También tenemos un programa para renovar la flota aérea. En este momento contamos con siete aviones Casa C-212, a los cuales estamos rehabilitando su sistema de detección con equipo moderno. Buscamos, además, adquirir aviones para habilitarlos como patrullas marítimas, tipo Casa C-235, que son los mismos que utiliza el servicio de guardacostas de Estados Unidos.

–Y en los de transporte, ¿cómo andan?

–Los helicópteros de transporte MI-17 tienen capacidad de carga de cuatro toneladas, transportan 30 elementos de infantería y los hemos utilizado mucho para ayudar a la población en casos de desastre. Estamos adquiriendo cocinas móviles, baños portátiles y plantas potabilizadoras. Lo que buscamos es que este equipo podamos transportarlo oportunamente en esos helicópteros.

“Siempre hemos tenido mucha participación en los planes de desastre, pero no lo hemos hecho con los medios adecuados; lo hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos, con mucha voluntad, con muchas ganas, pero queremos especializarnos más en ese aspecto. Para ello tenemos previsto que el Cesnav realice planes en simulador, en el juego de guerra, para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos.

Campanazos y decomisos

–¿A qué atribuye los campanazos, como el decomiso de 23 toneladas de cocaína en Manzanillo?

–La coordinación que tenemos con la Procuraduría General de la República, Seguridad Pública federal, Ejército, aduanas y Migración reduce la posibilidad de que haya corrupción. Ahora es más difícil que alguna instancia se haga de la vista gorda en algo, porque estamos interactuando cercanamente. A menos de que todo mundo estuviera de acuerdo…

–A partir de que Estados Unidos forma el Comando Norte, de la integración de México a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, por sus siglas en inglés) y recientemente la Iniciativa Mérida hay inquietud por saber hasta dónde puede haber colaboración con ese país.

–Es un celo que todo mexicano tiene por nuestro nacionalismo tan arraigado, que a veces lo equivocamos un poco, pero no es nada malo ni es nada nuevo. La cooperación con Estados Unidos, como con otros países, es una realidad; lo único que cuida uno es que la soberanía no sea vulnerada, que cada quien actúe en el ámbito de su responsabilidad, de su jurisdicción y de su competencia. Por lo demás, es una colaboración muy importante, porque hay amenazas comunes.

“Los buques estadunidenses no ingresan a aguas mexicanas sin el consentimiento del gobierno (...) Lo mismo ocurre con sus aviones. Cuando se presenta alguna emergencia, algún rescate y nosotros no tenemos medios (para responder) se autoriza el ingreso al espacio aéreo mexicano.

“Por eso queremos aumentar nuestra capacidad de respuesta en cuestión de combate al narcotráfico y de rescate, pues en la medida en que tengamos esas capacidades vamos a ocupar los espacios que en ocasiones ellos buscan atender.”


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Trabajan sin prestaciones 44.34 por ciento de mujeres en México: Cereal

Notimex / La Jornada On Line

El 13 por ciento trabaja sin recibir salario alguno, según un informe elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral.

México, D.F. En México, 34 por ciento de la población trabajadora pertenece al sexo femenino y casi la mitad, 44.34 por ciento, trabajan sin prestaciones, mientras que 13 por ciento lo hace sin recibir salario alguno.

En la presentación del Panorama General de las Condiciones Actuales de las Trabajadoras Mexicanas, elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Patricia Juan Pineda, de la Red de Abogados, consideró que esto hace a las mexicanas "las proletarias de las proletarias".

La litigante expuso que conseguir empleo es más complicado para las mujeres porque "les exigen mayores requisitos, son las que menos acceden a la educación e ingresan a los empleos más precarios, como el área de servicios donde los Contratos Colectivos de Protección (CCP) son más agresivos".

Señaló que 75.4 por ciento de las trabajadoras ganan menos de tres salarios mínimos y 63.7 por ciento de los varones recibe un salario similar.


En la mesa de medios realizada por Comunicación e Información de la Mujer y la fundación Friedrich Ebert, Manuel Padrón, integrante del Cereal, abordó el tema de los CCP y dijo que no hay cifras oficiales sobre la inequidad salarial por razones de género.

Sin embargo, varios organismos documentan que las mujeres ganan la mitad que los varones perciben cuando realizan el mismo trabajo en la mayor parte de los puestos que se oferta en el mercado. Es decir, las empresas bajan la oferta salarial si quien requiere el empleo es una mujer, agregó.

Por su parte, la coordinadora del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friederich Ebert, Inés González Nicolás, dijo que al haber ingresado tardíamente al mercado laboral de forma masiva, las mujeres llegan en un momento en que los CCP no protegen el derecho de las madres trabajadoras.

El panorama es desfavorable, pues entre 85 y 90 por ciento de los contratos son de protección, aseguró Patricia Juan, y en el ámbito federal no hay preocupación por actualizar la información sobre el número de contratos y los sindicatos titulares que los
manejan.

En su oportunidad, Manuel Padrón subrayó que sólo 12 por ciento de la población asalariada tiene revisiones contractuales, mientras que en todos los sindicatos locales y federales sólo hay 44 mil 550 revisiones contractuales al año.

Afirmó que existen un millón de contratos colectivos a nivel nacional, mientras que en la ciudad de México hay 105 mil contratos colectivos de los cuales sólo cinco mil son revisados.


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