Admite Sagarpa primer caso de daño por maíz transgénico en Chihuahua.

■ Carece el gobierno de medidas de bioseguridad, alerta Greenpeace

De la redacción (La Jornada)

Casi 12 meses después de que Greenpeace denunció que cultivos de maíz en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, estaban contaminados por organismos genéticamente modificados, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), reconoció los señalamientos de la organización ecologista.

Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, afirmó que de esta forma se puso en evidencia que el gobierno federal carece de medidas de bioseguridad y que actúa lentamente para impedir que aumen- te el riesgo de contaminación para el campo mexicano y la producción nacional del grano más importante en nuestro país.

Exigió la moratoria total a la liberación de maíz transgénico al ambiente en México, en tanto no se esclarezca la fuente de contaminación de las semi- llas nativas en el estado de Chihuahua, así como la empresa responsable de esa variedad de maíz transgénico y se determine la extensión de la posible contaminación de variedades nativas y convencionales de maíz en otros estados.

También demandó que se repare el daño causado a los productores por la contaminación de sus cultivos y se establezcan medidas de seguridad en las vías de comercialización de las semillas en el territorio nacional.

Recordó que el 25 de diciembre de 2007, Greenpeace exigió a las autoridades de Chihuahua y a las federales imponer un sistema de inspección y vigilancia en la frontera norte para evitar el tráfico ilegal de semillas transgénicas, en especial de maíz, así como un sistema de monitoreo en todo el territorio nacional.

“Tardar diez meses en reconocer que hay contaminación en Chihuahua, pone en evidencia que la Sagarpa no tiene una estrategia de protección de nuestras variedades de maíz nativo y nos habla de un riesgo real y no ficticio que afectará a los productores del grano en Chihuahua y en otras entidades del país, que subsisten de su siembra y cosecha”, abundó en un comunicado.

Chihuahua es el primer caso que reconocen las autoridades agropecuarias, pero en 2001 se presentaron evidencias de contaminación de variedades nativas de maíz por granos transgénicos en Oaxaca; en 2005, en Veracruz, en 2006, en Michoacán y Sinaloa; y el año pasado en Tamaulipas y en las delegaciones de Milpa Alta y Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.

“Ante este alarmante caso de contaminación, el gobierno federal no puede seguir eludiendo su responsabilidad de salvaguardar la soberanía alimentaria de nuestro país. Es preciso prohibir la liberación del maíz transgénico al medio ambiente. De no hacerlo, se sentará un pésimo precedente al respaldar los intereses de las grandes empresas semilleras como Monsanto, que se caracteriza por su estrategia de contaminar para lograr que se aprueben sus variedades transgénicas y cobrar regalías a cuanto agricultor tenga productos genéticamente modificados en sus campos”, asentó.



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Hubo amenazas en Michoacán, desde el primero de septiembre.

■ Instancias estatales lo informaron a Cisen, Sedena, PGR y PFP

■ Fueron recibidas al menos cuatro en los servicios locales 080 y 066

La Jornada Michoacán,

Morelia, Mich., 21 de septiembre. Al menos desde el primero de septiembre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron enterados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán que se recibieron amenazas de atentados con granadas de fragmentación para sabotear “la noche del Grito o el desfile cívico militar” en tres ciudades michoacanas.

De acuerdo con la relación de denuncias y/o amenazas recibidas por los servicios telefónicos públicos 089 y 066 del Centro de Comunicación, Control y Comando (C-4) del gobierno estatal, se recibieron al menos cuatro llamadas que alertaron sobre un probable ataque con granadas en varios municipios, durante la celebración del Grito o el día del desfile. Incluso, el día de los atentados y el martes 16, se recibieron otras dos llamadas que advirtieron sobre nuevos ataques.

En uno de los telefonemas, recibido el 8 de septiembre y que fue reportado inmediatamente a Cisen, Sedena, PGR y PFP, se informó que “un denunciante alertó sobre un ataque que sería realizado por integrantes de la asociación delictiva La Familia, que van a estar ubicados en varios puntos del desfile; se van a lanzar granadas contra el Ejército”.

Tímida presencia federal la noche del Grito

Seguridad Pública y la procuraduría estatales fueron las únicas dependencias que desplegaron efectivos el 15, pese a que en días previos ambos organismos informaron a instancias federales que se recibieron llamadas con advertencias. Las fuerzas federales mantuvieron una tímida presencia en los sitios atacados. El Ejército efectuó patrullajes desde el sábado previo al 15 de septiembre, y una decena de efectivos de la PFP se encontraban desde las 16 horas en la plaza Melchor Ocampo.

La SSP envió desde días antes los protocolos de seguridad a Sedena, PGR y Cisen para el operativo de esa fecha, y el propio director de la Policía Estatal, Mario Bautista, sostuvo dos reuniones con personal de la 21 Zona Militar y de la Secretaría de Gobernación para coordinar la logística del 15 y 16 de septiembre.

El primero de septiembre, a través del número 089 del C4 de Morelia, se recibió una llamada a las 14:10, donde se advirtió sobre un atentado para el 16 de septiembre: “Van a sabotear el desfile y atentarán contra los militares; se van a aventar granadas”. De inmediato, la SSP dio parte a la 21 Zona Militar, PGR, PFP, SSP federal, procuraduría del estado, Cisen, y a las secretarías de Gobierno estatal y de Gobernación, así como a Protección Civil estatal y municipal.

La segunda llamada está fechada el 8 de septiembre a las 18 horas, también a través del 089: “Según el denunciante, el ataque será realizado por integrantes de La Familia, que van a estar ubicados en varios puntos del desfile; van a lanzar granadas contra el Ejército”. De igual manera, se dio parte a todas las autoridades.

La tercera advertencia se recibió a las 11:37 del 12 de septiembre, en el 066 del C-4 de Lázaro Cárdenas: “El lunes 15 estén atentos, porque va haber un desastre el día del Grito”. De este reporte tuvieron conocimiento la secretaria de Seguridad estatal, Citlali Fernández; el secretario de Gobierno, Fidel Calderón; el procurador Miguel García Hurtado; el alcalde de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega; el general de brigada Jesús Alonso, de la 10 Zona Naval; la agente del Ministerio Público federal, Marisela Godoy; el Cisen, y el 82 Batallón de Infantería.

Otra advertencia la recibió el alcalde de Huetamo, Roberto García, el 12 de septiembre, sobre violencia en el Grito y/o el desfile, y también las reportó a autoridades federales y estatales.

La última amenaza se recibió el mismo 15 de septiembre a las 12:26 a través del 066 de Uruapan, donde se anunció que en Tancítaro habría atentados la noche del Grito o el 16, y de la misma manera se enviaron los reportes correspondientes.

El 15 de septiembre, la SSP estatal desplegó en el primer cuadro de Morelia un total de 347 elementos, y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán envió al menos 150 efectivos, varios apostados en la parte alta del Palacio de Gobierno, y en las inmediaciones de la catedral.

Ese día, desde las 11 de la mañana fueron asignados 68 policías vestidos de civil, 104 preventivos uniformados, 33 del Grupo de Operaciones Especiales de civil y 119 uniformados, así como 15 policías preventivos del grupo Alfil, cuatro inspectores y cuatro peritos, un total de 367 elementos, 180 más de los que utilizaron en los festejos de 2007, cuando fueron requeridos 187. Por eso puede observarse en las imágenes a personas vestidas de civil atendiendo a los heridos, cuando todos eran policías.

Asimismo, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos desplegaron el 15 de septiembre varias unidades con personal y equipo. Además, la unidad de Comando y Control C-4 tuvo un centro operando al interior del Palacio de Gobierno.

En tanto, a seis días de las explosiones permanecen hospitalizadas 25 de las 132 personas lesionadas, dos aún se encuentran en estado de gravedad.

Finalmente, de acuerdo con el C-4, la noche del pasado sábado 20 de septiembre aparecieron cinco mantas en Morelia y dos en Zamora, en las que integrantes de La Familia reiteraron que Los Zetas fueron los responsables de los atentados y “pagarán por los crímenes ocurridos”.

(Con información de Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal)



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Falta de recursos, obstáculo para que emisoras de radio públicas pasen a FM

■ Urgen modificaciones que permitan obtener dinero propio: dirigente de estaciones del Estado

Alonso Urrutia (La Jornada)

El acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para favorecer el tránsito de emisoras de AM a FM, al menos permitirá a las estaciones permisionadas que dependen de los gobiernos estatales o de las universidades públicas, analizar la posibilidad de lograr esta modificación tecnológica.

Sin embargo, advirtió la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Públicas y Culturales, Elia Sánchez, el problema fundamental de los medios públicos es contar con los recursos para concretar esta conversión.

Entrevistada sobre los alcances del acuerdo, Sánchez destacó que a diferencia de la iniciativa de reformas que un grupo de senadores priístas preparaba para lograr la conversión sólo de emisoras concesionadas, el acuerdo incorpora la posibilidad de que las estaciones permisionadas se beneficien de dicho convenio. En ese sentido, destacó, es un esquema que parece más equitativo, pero el problema para estas estaciones será negociar con las instancias de las que dependen, la canalización de recursos.

A diferencia de los concesionarios de radio, donde la inversión en equipo es posible recuperarla a corto plazo con la comercialización de sus nuevos espacios, las condiciones legales con las que operan los permisionarios les impiden allegarse de recursos provenientes de la venta de publicidad.

“En nuestro caso –dijo–, la inversión que se realice para la adquisición del equipo simplemente se queda en eso, una inyección de recursos no recuperable, por la imposibilidad que tienen los permisionarios de vender espacios publicitarios.

“Lo que sería conveniente es que a estas alturas los legisladores se dieran cuenta de que las estaciones permisionarias deberían tener la posibilidad de vender espacios y hacerse llegar recursos más allá de los que les son canalizados del erario”, añadió.

Los grandes beneficiarios

Sánchez reconoció que por estas condicionantes, los más beneficiados con el citado acuerdo pueden ser los concesionarios, que, precisó, cumplen así una añeja petición de que se les confiera la posibilidad de acceder a FM.

En este contexto, la presidenta de la red señaló que lo deseable hubiera sido que el acuerdo se expidiera en el contexto de una reforma legal integral que modificara las condiciones en que operan los medios públicos y que les permitiera operar con la posibilidad de obtener recursos propios. Es preciso que los legisladores se den cuenta de que las emisoras públicas requieren otro marco legal que les permita tener otras fuentes de financiamiento además del erario.

Sin embargo, al referirse al contexto en que surge el acuerdo de la SCT, Sánchez indicó que se da en un periodo favorable para las estaciones concesionadas, pues les permitirá negociar la asignación de recursos para realizar las inversiones requeridas en 2009. Es un periodo en el cual cada una de las estaciones puede negociar, ya sea con el gobierno estatal o la universidad pública de la que dependen, la asignación de una partida para poder aprovechar la posibilidad de acceder a FM.

A pregunta expresa sobre las implicaciones que el acuerdo tendrá en la definición del estándar de digitalización que deberá adoptar el país –ya que apunta a que México adoptará el modelo estadunidense–, Elia Sánchez comentó que ese es un punto que aún falta por discutir. Sin embargo, recordó que en algunas estaciones fronterizas se les ha emitido la recomendación de incorporarse al sistema IBOC, que se utiliza en el país del norte, para evitar interferencias.

No ocultó su sorpresa por el hecho de que el acuerdo se haya publicado el pasado 15 de septiembre, justo a la mitad de un puente vacacional. Más allá de las formas como se emitió, desde la perspectiva de las permisionadas, el acuerdo es mucho más equitativo que la iniciativa priísta en el Senado, porque al menos toma en cuenta la posibilidad de que los permisionarios sean parte de él.

–¿Habrá recursos para esta conversión?

–No puedo aventurarme a decir qué tenemos. Nadie lo puede decir, porque se está a expensas de otras instancias.


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Combaten en Jalisco tráfico... de tortillas.

Prohíbe el municipio de Tala producción artesanal y compraventa

Mauricio Ferrer (La Jornada Jalisco)

Mujeres que hacen a mano tortillas de maíz en el municipio de Tala, Jalisco, tienen que vender su producto en forma clandestina, debido a un reglamento que prohíbe esta actividad

Guadalajara, Jal., 21 de septiembre. San Isidro Mazatepec, comunidad de 4 mil habitantes ubicada en el municipio de Tala, Jalisco, es el único lugar del mundo donde elaborar, comprar o vender tortillas hechas a mano es un delito. Así, la policía aplica operativos para combatir lo que podría denominarse tortimenudeo.

Los perseguidos relataron que la madrugada del 23 de abril policías e inspectores municipales realizaron una operación en San Isidro. El comando era encabezado por María del Pilar López Jáuregui, quien, identificación en mano, preguntó a Betzabé Figueroa Acosta, dueña del lugar: “¿Dónde están las tortillas?”

–¡Investígalo tú! ¡Yo estoy dada de alta en Hacienda! –respondió Figueroa Acosta.

Un grupo de colonos formó una valla para proteger a sus vecinos. La abogada Guadalupe Valle habló con los agentes, que huyeron en cuanto vieron a algunas personas acercarse con cámaras fotográficas. Aún así, el ayuntamiento clausuró el local y apenas el 22 de agosto realizó otro operativo.

El 25 de julio de 2007 el gobierno municipal que encabeza el perredista Cipriano Aguayo Durán aprobó el reglamento para el funcionamiento de tortillerías y molinos de nixtamal en el municipio de Tala, Jalisco, elaborado por iniciativa de 52 propietarios de tortillerías ante la “competencia desleal” de los habitantes de San Isidro. La regidora perredista Martha Lomelí, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del ayuntamiento, llevó la propuesta ante el cabildo.

El artículo 4 del reglamento prohíbe “la elaboración y venta de tortillas de maíz en cualquier lugar que no sea el utilizado por licencia municipal como tortillería y/o molino de nixtamal”. El 31 declara ilícita “la venta de tortilla caliente en tiendas de abarrotes, mercados, supermercados o en cualquier otro domicilio público o particular que no cuente con la licencia respectiva, así como la venta de tortilla caliente en forma ambulante”. Ambas disposiciones prevén multas, decomiso de producto y clausura de establecimientos.

El reglamento se basa en la norma oficial mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002 sobre elaboración de masa, tortilla, tostadas y harinas preparadas. “No se puede vender tortillas a mano porque incumplen la norma”, aseguró en abril Aguayo Durán.

–¿Puede detallar la norma? –se le pidió.

–¡Ah, caray! Es un legajo como de unas 100 hojas.

–Un punto.

–Tiene que ser fabricada con conservadores para que la tortilla aguante, y ellos (los tortilleros informales) no lo cumplen: al día siguiente ya no sirve la tortilla.

“La norma no hace diferencia entre tortillas”, afirmó a su vez Elsa Ortega Pérez, verificadora de servicios de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ).

–¿Corresponde a los ayuntamientos inspeccionar que se cumpla la NOM?

–No. Antes tendría que haber un convenio con la SSJ –explicó Pérez.

Mientras, las autoridades de Tala hostigan a quien vende tortillas hechas a mano, que llegan desde San Isidro Mazatepec “dentro de cajas de huevo o en bolsas negras”, dijo Brenda Figueroa.

A veces la policía detecta el trasiego. Fátima Cortés Bautista, de 10 años, fue capturada hace cinco meses cuando entregaba un pedido en una tienda de abarrotes. La presunta tortimenudista dejaba el paquete a un lado de la tienda y después volvía para cobrar. Esa vez no tuvo suerte. La descubrieron y le decomisaron la mercancía.

La tortillería clandestina de la madre de Fátima cerró en abril. Su marido debió irse a Los Ángeles, a trabajar de mesero.

La lucha por la plaza

Cipriano Aguayo ganó la alcaldía de Tala en 2006. Hoy da a escoger a los tortilleros artesanales: “Haz la tortilla con gas o salte de la ciudad”.

–¿Por qué?

–Los tortilleros empiezan a trabajar a las cuatro de la madrugada, y en tiempo de frío el humo se queda abajo.

–¿Cuántos vecinos se han quejado?

–Huy... muchos.

–¿No es un asunto de la Secretaría de Salud?

–A lo mejor.

–¿Ha comprado tortillas de San Isidro?

–No.

–¿Las ha probado?

–No. Bueno, me regalaron unas, pero se me olvidaron en la camioneta y las tuve que tirar y mandé lavar la camioneta.

Diez vecinos de tortillerías artesanales se quejaron del humo. Otros 160 enviaron al ayuntamiento un documento para manifestar su “más enérgico rechazo y total indignación ante la política seguida por el presidente municipal” contra las tortilleras.

Las reinas de la masa

“Somos madres solteras, divorciadas o viudas, o tenemos que mantener a nuestros maridos”, afirmó María Elena Vega. A sus 55 años, es una de las 18 mujeres que, a cambio de 800 pesos semanales, trabajan en la tortillería de Benjamín Castro, que tiene 20 años en el negocio. A las 10 de la noche la leña se prende y calienta tres comales. En cada uno trabajan seis mujeres hasta las cuatro de la madrugada.

A las siete, entre 800 y 900 paquetes de medio kilo cada uno son llevados a Guadalajara y Zapopan y se venden a 12 pesos el kilogramo. En San Isidro Mazatepec las tortillas han sido una fuente de trabajo desde hace un siglo.

En 1910, la familia de Elena Acosta fue pionera en la elaboración de tortillas. Ella asegura que el procedimiento no ha cambiado desde la época revolucionaria: el maíz se mete en una cazuela, se le pone agua y cal, se magulla para ver si está nixtamalizado, se deja enfriar, se lleva al molino, se amasa, y queda listo para empezar a hacer tortillas. La diferencia es que hoy la venta del producto es clandestina.

La tortilla apareció unos 500 años antes de nuestra era en la cultura olmeca. Hoy México produce unos 22 millones de toneladas de tortilla al año, según la Secretaría de Agricultura Ganadería, Dersarrollo Rural, pesca y Alimentación (Sagarpa).

“Si dejamos de consumir tortilla, que es el plato, el tenedor, la cuchara y la servilleta para comer, estaríamos negándonos”, afirmó Christian Desentis, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Pero las autoridades de Tala no lo entienden así. El 11 de abril la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco emitió el oficio CGCE/28/08, en el que pidió al alcalde que “se apoye a esta organización de productores para que no dejen de laborar y comercializar, pues es la única fuente de ingreso familiar que poseen”.

Desde entonces, los tortilleros de Tala han recurrido a varias instancias: poseen documentos expedidos por la SSJ para la elaboración de productos alimenticios; están inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes; tienen licencias de administraciones pasadas... Sólo les falta el aval del alcalde.



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Alistan disidentes sindicato petrolero alterno

■ A principios de octubre se espera que acudan a la STPS; el nombre está por definirse

Patricia Muñoz Ríos (La Jornada)

Trabajadores petroleros opositores a la dirigencia de Carlos Romero Deschamps constituirán un sindicato petrolero alterno. Tienen casi lista la documentación oficial requerida para presentar a finales de septiembre o principios de octubre la solicitud formal de esta organización ante la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Según adelantaron a La Jornada, están por terminar los estatutos de la organización, los cuales serán presentados ante las autoridades laborales.

Sobre el nombre de la organización explicaron que tienen hasta el momento tres propuestas, sin embargo, esto se discutirá con las autoridades laborales, a fin de determinar la nominación legal del nuevo sindicato.

El proyecto inició desde el pasado 11 de mayo, cuando en una asamblea de trabajadores en Veracuz, afiliados activos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STRM) acordaron iniciar un nuevo sindicato, en respuesta a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que ahora las disputas por titularidad de los gremios se podrá llevar a cabo mediante elecciones con “voto secreto” y no a mano alzada.

Según indicaron integrantes de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, organización que impulsa este proyecto, en esa asamblea asistieron delegados de todas las secciones petroleras del país y ahí acordaron tomar las riendas para instaurar una organización paralela a la que encabeza Romero Deschamps.

Esto es porque “está claro que hay tanto blindaje y apoyo gubernamental para Romero Deschamps que aun cuando ha llevado al sindicato a su peor época de corrupción, antidemocracia y represión de trabajadores, esta administración lo seguirá apoyando, por lo que los trabajadores ya no están dispuestos a tolerar más esta situación y se creará el sindicato alterno”, explicaron miembros de la coalición.

Agregaron que la solicitud de registro la prepara el abogado Carlos De Buen, y que tienen el respaldo de 36 delegados de todas las secciones sindicales del gremio. Incluso cuentan con el borrador de los estatutos y consideran que en las próximas semanas se estará presentando la solicitud ante la oficina del Registro de Asociaciones.

Además del respaldo de los delegados, dicha solicitud se presentará con la firma de 500 petroleros activos, aun cuando el requisito legal es que se sólo se tiene que llevar la firma de 20 trabajadores, se quiere presentar de esta forma para demostrar que realmente hay apoyo para esta organización. Se determinó que los 500 trabajadores fueran de todo el país y que no correspondieran sólo a una sección sindical, explicaron.



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Auguran conflictos sociales en el noreste por los recursos naturales.

El desmedido crecimiento turístico provoca deficiencia de servicios

■ En una región donde llueve una semana al año se construyen complejos con campos de golf

Angélica Enciso L. (La Jornada)

El Cemda asegura que los desarrollos turísticos han destruido manglares en Baja California Sur

El Baja California Sur, donde hay una situación de estrés hídrico y llueve una semana al año, el auge de planes turísticos sobre todo en La Paz y Los Cabos ha provocado incremento poblacional, mayor demanda de agua y que los recursos naturales estén en riesgo: el modelo de turismo que se presenta en todo el noroeste mexicano no cumple con los criterios de desarrollo sustentable de la Organización Mundial de Turismo.

De acuerdo con expertos, en Baja California Sur pese a ser la entidad menos poblada del país, ha dado un alto crecimiento turístico, aumenta el número de estadunidenses que llegan a residir en forma definitiva y hay deficiencia de servicios. También se da una gran polarización entre los sectores de altos ingresos y los residentes locales, explica María Luisa Cabral, investigadora de la Universidad de Baja California Sur.

La especialista indica que en 2003, Los Cabos fue visitada por un millón 300 mil personas, mientras que un año antes fueron un millón 100 mil personas, contra una población local de alrededor de 164 mil residentes. En todo el estado se estima en alrededor de 502 mil los pobladores; en La Paz se encuentra la mayoría, cerca de 230 mil personas.

Tan sólo entre Los Cabos y Puerto Peñasco, Sonora, se presenta el crecimiento poblacional más alto del país con 9 por ciento al año, señala en un estudio la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (Alcosta). La alta tasa de migración y la competencia por los recursos naturales entre distintos sectores sociales son el augurio de graves conflictos en las comunidades costeras del Golfo de California, advierte.

Desarrollo turístico

En un estudio que realizó en 26 localidades de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, la organización detectó que en siete de ellas hay “un potencial alto de conflicto social”, debido a los problemas entre el desarrollo turístico y pesquero. Advierte que el acceso, la disponibilidad y el uso de agua dulce es por lo que se presentan los roces más fuertes en la región, que es predominantemente desértica. Refiere que 54 por ciento de las comunidades tienen abasto insuficiente de agua potable y 94 por ciento carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales.

El estudio señala que el modelo de desarrollo turístico costero en el noroeste mexicano no cumple los criterios de sustentabilidad de la Organización Mundial de Turismo, de los que México es signatario, ya que esta “aislado de la realidad local sin plantear mecanismos claros de beneficio a la población”.

El Golfo de California es una región rica en biodiversidad: es conocida como el acuario del mundo. Ahí reside, entre otras especies, la vaquita marina que es endémica de México y está en riesgo de extinción. También se localizan áreas naturales protegidas como el parque nacional Bahía de Loreto, las islas del Golfo de California y el parque nacional Cabo Pulmo.

La inversión turística prevista en Baja California Sur es millonaria. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en 11 proyectos turísticos en puerta se invertirán 13 mil 800 millones de dólares. Se trata de Loreto Paraíso, en 2 mil 700 hectáreas y con 7 mil cuartos de hotel; en La Paz están planeados Costa Baja, que en mil hectáreas tendrá 700 casas, hotel, marina y campo de golf; Azul Cortés, también con campo de golf, y Paraíso del Mar con mil cuartos de hotel, villas y campo de golf. Otros planes en la región son Cabo Cortés, Cabo Pacífica, La Ribera, Puerto Los Cabos, Vista Serena, Chileno Bay y Hacienda.

Los complejos deben establecer plantas desaladoras –las cuales carecen de regulación y generan desechos tóxicos como la salmuera que termina en el mar– y de tratamiento de aguas residuales. En una zona donde hay tan poca agua, cada desarrollo construye su campo de golf, el cual utiliza al año el líquido equivalente al consumo de 12 mil habitantes en el mismo periodo. En todo el noroeste hay 21 campos de golf y actualmente se tiene considerado construir 24 campos más.

La migración, otro problema

“El crecimiento de los desarrollos turísticos trae como consecuencia muchos problemas sociales, migración y asentamiento de migrantes en colonias marginales que aparecen con una rapidez impresionante y que alcanzan a tener en un periodo de tres meses hasta 3 mil habitantes en casas improvisadas, sin ningún tipo de servicios y que de inmediato empiezan a solicitar agua, luz, escuelas”, indica María Luisa Cabral, en el texto La migración estadunidense en Baja California Sur.

Refiere que en 2000, el municipio de Los Cabos tenía una población de 105 mil personas con una tasa promedio de crecimiento anual de 9.2 por ciento, mientras que en ese periodo La Paz creció en 2.1 por ciento, pero en 2005 el número de habitantes era ya de 164 mil. La situación social es tan contrastante que en Los Cabos están algunos de los hoteles más lujosos del mundo y las colonias más pobres, sin servicios básicos.

Precisa que gran parte del crecimiento poblacional se debe a la presencia de estadunidenses, que residen ahí de manera temporal o permanente, así como por la migración intraestatal y la proveniente de otras entidades que llegan “al sur de la península atraídos por el crecimiento económico propiciado por los desarrollos turísticos”.

En La Paz, Paraíso del Mar es el desarrollo más controvertido por ubicarse en una barra arenosa, el Mogote, frente al malecón de la ciudad. En esa área se encuentran desde delfines hasta el tiburón ballena, especie que no fue considerada en la manifestación de impacto ambiental, indica Pablo Uribe, del Cemda.

Además los desarrolladores compraron al gobierno estatal el metro cuadrado en 10 pesos para construir casas que venden en alrededor de 400 mil dólares.

Los edificios son ahora la vista que tienen los paceños cuando buscan ver el mar infinito. Las obras llevan un avance del 70 por ciento y se construyen mil 50 cuartos de hotel y un campo de golf, además de que se comercializan mil lotes. La inversión de la empresa Desarrollos Punta La Paz es de 733 mil dólares.

El Cemda y otras organizaciones han presentado acciones legales en contra del proyecto debido a que violó la legislación ambiental al haber destruido una hectárea de manglar en el Mogote, el cual es hábitat de 14 aves migratorias, aseguró Uribe. La autorización de impacto ambiental del proyecto contravino la norma técnica 022 de manglares, ya que el plan fue autorizado un mes antes de que en 2003 esa regulación fuera modificada. La norma original prohibía la destrucción del manglar.



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Ulises Ruiz socava movimiento magisterial.

En Oaxaca buscan aislar a los maestros llamados radicales, dice fundador de UTE

Alberto López Corresponsal

El Universal

Lunes 22 de septiembre de 2008

JUCHITÁN, Oax.— La alianza de facto que sostiene el gobierno de Ulises Ruiz con líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “busca aislar a los considerados radicales del movimiento magisterial y popular”, denunció el fundador de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Rogelio Vargas Garfias.

Sin embargo, añadió, “para fortuna del movimiento democrático del magisterio, la mayoría de los delegados y prospectos a ocupar un cargo en el nuevo Comité Ejecutivo de la sección 22 del SNTE son compañeros comprometidos con la lucha, además están de todos los sabores y colores, lo que refleja la pluralidad”.

Esa alianza entre el gobierno estatal con los líderes de la sección 22 “también pretende debilitar a la sección 59 del SNTE”, consideró el líder de la corriente Primero de Mayo, Miguel Silva Selva.

Mientras se aproxima la celebración del 20 congreso para el relevo en el magisterio oaxaqueño, el 25 y 26 de septiembre, más se aleja aquel estribillo que se escuchaba en las grandes concentraciones populares de Oaxaca: “¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!”.

Después del largo conflicto de 2006, que registró más de mil barricadas, veintitantos muertos, cientos de detenidos y la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP), curiosamente un año después, 173 maestros fueron electos presidentes municipales y 565 regidores en un total de 570 municipios con que cuenta Oaxaca.

“Las alcaldías no fueron producto de ninguna concesión gubernamental, sino resultado de nuestro trabajo político”, señaló el asesor del alcalde de Tehuantepec, Alberto Toledo Ruiz, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la región del Istmo.

El alcalde de Tehuantepec, Diego Santos, quien ganó con el registro del Partido Convergencia, se desempeñaba como auxiliar de la Secretaría de Conflictos del nivel de escuelas primarias de la sección 22 antes de ganar la elección.

“Con el gobierno de Ulises Ruiz no hay sometimiento, sino una relación institucional y de respeto y vamos a invitarlo para que realice una gira de trabajo por Tehuantepec”, dijo el asesor del alcalde.

Sin embargo, para el dirigente de la UTE, otros maestros que fueron electos alcaldes “sólo recibieron el pago por sus traiciones, como el edil de Xoxocotlán, Argeo Aquino, quien deambuló por el PRI, PRD, PT, PAN y ahora está de regreso en el PRI”.

A lo largo de 28 años de movilizaciones, el magisterio de Oaxaca ha recibido jugosas ganancias de los gobiernos estatales. Una de las más importantes fue en la administración de Heladio Ramírez López, en 1992, cuando tomaron el control de los cargos administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que los convirtió en patrón y empleados a la vez.

Una segunda concesión la recibieron en 2005, con Ulises Ruiz, quien destituyó al director del IEEPO, Froylán Cruz Toledo, a quien acusaron de haber filtrado documentos que probaban la corrupción del ex secretario general de la sección 22, Enrique Rueda. Antes, con José Murat, recibieron hoteles y un nuevo edificio sindical que aún no ocupan.

Sin embargo, para la maestra Gloria Zafra, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), al margen de que si hay o no una alianza de facto entre el gobierno de Oaxaca y los líderes magisteriales, el tema educativo está en el abandono.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del PDPR - EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


Por enésima ocasión insistimos en que la violencia incontenible que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica que por sexenios se ha venido impulsando de manera dogmática, cuya aplicación a pesar de los criminales costos contra la población es exigencia de los poderes transnacionales, aplicada de manera solícita por los gobiernos priistas y panistas. Violencia que también refleja el alto grado de descomposición que vive la sociedad, entre ella está la de las instituciones que están podridas por la corrupción e impunidad que se alimenta por la falta de legitimidad del gobierno calderonista.

Los responsables de la violencia desbordada han sido siempre los gobernantes en turno y los políticos que con sus actos convalidan las políticas que ahondan la iniquidad social, haciendo cada vez más ancha la brecha entre los que amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable. Los priistas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social.

La creciente ola de asesinatos en el país presentados como "ajustes" de cuentas entre presuntos delincuentes y el acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán contra la población inequívocamente son responsabilidad de quien ilegítimamente se asume como presidente, desde el momento que da continuidad con mayor autoritarismo a la política de sacar a las calles al ejército y a sus policías con poderes extrajudiciales a semejanza de una dictadura dirigida por un civil, generalizando la militarización del país so pretexto de combatir a la delincuencia organizada. "Su guerra" ha ensangrentado al país y los costos los tenemos a la vista con los miles de muertos, la anulación de facto de los derechos constitucionales y la permanente violación de los derechos humanos, ¿A esto se le puede llamar democracia?

Lo de Morelia sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes. Una respuesta a la marcha de protesta del 29 de agosto que realizaron diferentes organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos y ciudadanos contra la militarización, la represión y la impunidad gubernamental. También es, una represalia y provocación al gobierno del maestro Godoy, por solidarizarse junto con intelectuales, personalidades y organizaciones sociales y políticas, Ong•s defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, en la exigencia al gobierno federal de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes.

Previo a la masacre del 15 de septiembre, en Morelia, el gobierno federal fue creando un escenario artificial para justificar la militarización para que el Sr. Calderón siga jugando a la guerra, mediante sospechosos hechos donde aparecieron vehículos abandonados con armas, tiros y uniformes de corporaciones policíacas en diferentes puntos de la ciudad y en lugares cercanos al domicilio de Francisco Paredes Ruiz y de una organización de derechos humanos que está siendo hostigada; también lo fue el "descubrimiento" de casas abandonadas en donde se encontraban "arsenales" y nuevamente uniformes de corporaciones policíacas limpios, bien doblados y planchados. Los asesinatos se incrementaron y en ese "río revuelto" se desapareció a luchadores sociales y se ejerció represión contra quienes exigen justicia social.

Los cateos sin orden judicial de un juez realizados por militares presentando una supuesta orden firmada por el comandante de la XXI zona militar se realizaron en toda la ciudad, poniendo énfasis en las colonias populares y en los domicilios de los luchadores sociales bajo el ardid de que el "detector de moléculas" registraba la existencia de armas y drogas. Muchos fueron los desmanes, la violación a los derechos humanos y anulación de los derechos constitucionales fueron el pan de cada día, una pesadilla que vivieron miles de michoacanos por la esquizofrenia presidencial. El saqueo de las pocas pertenencias y objetos de valor fue el botín de guerra de militares y las policías que de mil maneras incriminaban a los ciudadanos que caían en sus operativos "anticrimen" en su famosa fase IV, que no es un invento nuestro, sino una categoría militar del plan gubernamental.

¿Por qué, en las zonas más pobres del país, las policías y el ejército se ensañan contra la población, criminalizando la miseria y la lucha con dignidad por salir de ella? La única explicación es que esto obedece a un plan contrainsurgente que pone énfasis en las zonas más pobres del país, como lo demuestra el estudio de SEDESOL que se llama "Producción, tráfico de estupefacientes y microregiones prioritarias" hecho en 2003 en donde señala regiones de las más miserables de nuestro país, pero las más dignas como son: Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; la Mixteca y Los Chimalapas en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva en Chiapas; La Huasteca y Zongolica en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua y Las Quebradas, entre Sinaloa y Durango.

Queda claro que las policías, el ejército y las instituciones son grandes productoras de delincuentes orgánicos con el Estado, ridículo resulta sostener que los delincuentes han infiltrado a las policías y a las instituciones del Estado, ¡qué hipócritas! El fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país es generado por y para beneficio del Estado y los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía para garantizar sus intereses. Para muestra un botón, por segunda vez es decomisada una fuerte suma millonaria en dólares que significa oxígeno puro para el gobierno federal.

El paramilitarismo es la otra cara de la moneda que empieza a mostrarse, muchos de los asesinatos son realizados por grupos de paramilitares conformados por militares, exmilitares, ex kaibiles, policías, expolicías de toda laya con el propósito de implantar a través de estas acciones sucias el terror en la población y "ablandar" el terreno para la aceptación de un Estado policíaco-militar. Los asesinatos de La Marquesa, estado de México, están en este contexto, el secuestro de ciudadanos de diferentes estados que aparecerán con el tiro de gracia y serán presentados como un "ajuste de cuentas".

La realidad ha demostrado que todo individuo entrenado en cualquier país como antiterrorista, se pasa a las filas de la delincuencia y utiliza todos los conocimientos que asimila para delinquir y usar una guerra psicológica contra el pueblo para intentar aterrorizarlo y generar una paranoia colectiva. México no es la excepción.

Los medios de comunicación afines al régimen, a través de comentaristas y analistas, han jugado un papel activo en la justificación de las medidas fascistas, manipulando mezquinamente los sentimientos de una parte de la población a la vez que van armando expedientes incriminatorios contra luchadores sociales que serán usados como expediente judicial para condenarlos a prisión por décadas. Tendencia criminalizadora que hoy lanzan contra AMLO y quienes nos oponemos a la privatización de PEMEX.

La esquizofrenia gubernamental se hace presente una vez más cuando se llama a la "unidad de todos los mexicanos sin excepción" tratando de ocultar una verdad conocida por todos los mexicanos: el país está dividido desde hace mucho entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos, aunque a unos y a otros hoy se les nombre con postmodernismos que aterciopelan la división de la sociedad en clases sociales que engendra la lucha de clases.

El Estado mexicano, las instituciones que lo componen sólo son el instrumento de la oligarquía para oprimir y garantizar la explotación a favor de un puñado de familias oligarcas que se apropian de la riqueza social del país.

No puede haber unidad entre la burguesía y los millones de pobres que existen en el país, la única unidad por la que debemos preocuparnos es por la unidad del pueblo trabajador, de los pobres del país contra los responsables de su miseria y la represión que se ejerce contra los pobres y los luchadores sociales. Hablar de unidad en defensa del gobierno ilegítimo y sus instituciones es demagogia.

El beneficiario, por el momento, de esta crisis que vive el país es el PRI aliado con el yunque y representantes del PAN ultrarradicales, para atacar a la población civil, intentar meterle miedo en contra de la privatización de PEMEX para que no sigan llenando el zócalo de manera conciente y voluntaria.

El PRI, que a través de sus personeros dice que cuando gobernaba no había tanta violencia. ¿Cómo iba a haber violencia desbordada, si la delincuencia organizada se encontraba en santa comunión con los gobiernos y priístas personificados en la actualidad por Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes Linares, Emilio Chuayffet, los Hank Rhon, Enrique Yakson que por cierto ¿Ya estará en una clínica de desintoxicación?, beneficiarios son también los grandes monopolios capitalistas.

A los priístas les beneficia la violencia incontrolable a cambio de que el PAN les de protección a los gobiernos represivos y antipopulares que desaparecen luchadores sociales o torturan periodistas como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla, ¿Será acaso que la larga mano de un sector de paramilitares que ensayaron y se ensañaron en la represión de hace casi dos años en la ciudad de Oaxaca fueron nuevamente utilizados para realizar este incalificable acto en Morelia?, ¿Será acaso el punto de partida para presionar a gobiernos no panistas ni priístas para que se vean en la necesidad de pedir cobijo a Felipe Calderón y éste mandar "justificadamente" a los militares y sus policías contra la población inerme? Quienes actúan bajo estos parámetros son grupos paramilitares que se mueven de diferentes maneras pero que en los sótanos del periodismo y del gobierno saben quiénes son y quiénes los dirigen.

Es de agradecer a la mayoría de analistas políticos, medios electrónicos y escritos que no dudaron en deslindar inmediatamente a nuestro PDPR-EPR o cualquier fuerza insurgente. Pero, consideramos que hace falta que retomen los motivos por los cuales nos vimos en la necesidad de accionar militarmente en julio y septiembre del año pasado, como autodefensa: la desaparición forzada por un año y cuatro meses ya, de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El gobierno federal debe expresar claramente y sin más dilación su respuesta a los planteamientos y requerimientos de la Comisión de Mediación, porque esa dilación la están utilizando en continuar con el hostigamiento a luchadores sociales que consideran vinculados con nuestro partido dentro de su lógica de Guerra de Baja Intensidad, en nuestra búsqueda, por un lado; por otro lado, continúan poniendo obstáculos a la Comisión de Mediación para que no prospere su papel y sus gestiones que inevitablemente conducirían al esclarecimiento de la desaparición de nuestros compañeros y al término de la impunidad, en este caso.

De nuestra parte seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con nuestro pueblo y la Comisión de Mediación, porque conocemos la dignidad y el decoro.

No tenemos palabras para expresar nuestros sentimientos y pesadumbre que unimos al dolor de las familias de los muertos y los heridos de la brutal agresión y repudiable acto del que fueron objeto el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Reciban nuestras sinceras condolencias.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
República Mexicana, a 22 de septiembre de 2008.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Entrevista al Prof. Luis Muñoz, Coordinador General de CETEG

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