Hostigamiento a Asamblea Comunitaria en Tlalmanalco, Estado de Mexico

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En el municipio de Tlalmanalco, en el oriente del Estado de México, por segunda vez en lo que va de la semana, la mañana de hoy (23 de enero) más de 500 elementos de las policías federal, estatal y municipal armados con escudos, toletes y armas largas, vigilaron de cerca la asamblea convocada por la comunidad por el conflicto generado por la obra del gobierno estatal denominada “rehabilitación de redes”, misma que pretende entubar un caudal de agua proveniente del deshielo del volcán Iztaccihuatl para canalizar el recurso al oriente del municipio donde se pretende la construcción de una unidad habitacional…
El problema con la mencionada obra es que se pretende ampliar la red de agua potable y canalizarla a nuevos asentamientos cuando las comunidades originarias carecen del recurso hidráulico…
El jueves 17 de enero de 2008 la comunidad convocó a una asamblea en un paraje conocido como Santa Cruz, ubicado a orillas de la carretera federal Tlalmanalco–San Rafael y se tomó la decisión de cerrar la carretera como acción para que las autoridades hicieran acto de presencia en el lugar, y es que desde marzo del año pasado, cuando comenzó a rehabilitarse el sistema, el presidente municipal de extracción perredista, Raúl Fernando Sánchez Reyes, se ha negado a recibir a los inconformes.
Ante el bloqueo se apersono en el lugar el director de gobernación del gobierno del Estado de México, Gerardo Dorantes, quien se comprometió a mediar en el asunto y a suspender la obra.
El viernes siguiente, tres compañeros del movimiento, uno de ellos adherente a la SDSL, recibieron en su domicilio citatorios para que se presentaran en la Procuraduría Estatal de Amecameca, mismos que no fueron recibidos por no encontrarse las personas en sus domicilios o por no ir dirigidos a su nombre.
El lunes 21 de enero el funcionario de la secretaría de gobernación estatal, Gerardo Dorantes, nuevamente se presentó en el lugar, sin embargo en esta ocasión acompañado de más de 500 elementos policíacos de las tres instancias de gobierno. En aquella reunión se acordó con él que gestionaría ante las instancias correspondientes la cancelación definitiva de la obra y la suspensión de la averiguación previa por la que se encuentran citados los miembros del movimiento.
Finalmente el día de hoy 23 de enero, el funcionario se presentó, nuevamente con la fuerza pública, con una propuesta que no satisfizo las demandas de los pobladores porque no responde al compromiso asumido.
También en la reunión de hoy se llegó al acuerdo de acudir a la Procuraduría Estatal de Amecameca para conocer el nombre de la parte acusadora, el de todos los indiciados y los cargos que se les imputan. En la reunión en la que también estuvo presente el subprocurador estatal, no se pudo conocer ni el nombre de la parte acusadora ni el de los indiciados. Lo que sí se dejó entrever fueron los cargos que se les imputan a los miembros de la comunidad: Ataques a las vías de comunicación, daños a la obra pública, sedición, motín y privación de la libertad.



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