Discurso del Presidente López Obrador en la Asamblea Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, 22 de Marzo de 2009.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

¿Guerra civil en Estados Unidos?

Immanuel Wallerstein

Nos estamos acostumbrando a toda suerte de rompimientos de tabúes. La prensa mundial se llena de discusiones acerca de si sería buena la idea de nacionalizar los bancos. Ni más ni menos que Alan Greenspan, discípulo del profeta superlibertario del capitalismo del mercado puro, Ayn Rand, dijo recientemente que deberíamos nacionalizar los bancos cada cien años, y que éste podría ser el momento. El senador republicano y conservador Lindsay Graham estuvo de acuerdo con él. El keynesiano de izquierda Alan Blinder discutió los pros y los contras de esta idea. Y aunque piensa que los contras son un poco mayores que los pros, fue propenso a gastar energía intelectual pública en escribir acerca de ello en el New York Times.

Bueno, tras escuchar las propuestas de nacionalización por parte de archiconservadores notables, ahora oímos discusiones serias acerca de las posibilidades de una guerra civil en Estados Unidos. Zbigniew Brzezinski, apóstol de la ideología anticomunista y asesor en Seguridad Nacional del presidente Carter, apareció en un programa de televisión matutino de entrevistas, el 17 de febrero, donde le pidieron que discutiera algo que había mencionado previamente: la posibilidad de un conflicto de clase en Estados Unidos como secuela del colapso económico mundial.

Brzezinski dijo que el asunto le preocupaba por la perspectiva de que millones y millones de desempleados enfrentaran serias dificultades, gente que se ha vuelto consciente de que la extraordinaria riqueza transferida a unos cuantos individuos no tiene precedente en Estados Unidos.

Le recordó al público que, cuando ocurrió la crisis bancaria masiva en 1907, el gran financiero J. P. Morgan invitó a un grupo de acaudalados financieros a su casa, los encerró en su biblioteca y no los dejó salir hasta que pusieran dinero para un fondo que estabilizara los bancos. Brzezinski dijo: “¿Dónde está la clase adinerada de hoy? ¿Por qué no están haciendo algo si son la gente que ganó miles de millones?

Si no hacen algo sobre una base voluntaria, dijo Brzezinski, va a ocurrir un conflicto creciente entre las clases y si la gente está desempleada y realmente sufriendo, ¡puede incluso haber motines!

Casi simultáneamente, una agencia europea llamada LEAP-Europe que publica boletines europeos globales confidenciales para sus clientes –políticos, servidores públicos, hombres de negocios e inversionistas– dedicó su número de febrero a la dislocación geopolítica global. El informe no pinta un retrato agradable. Discutió la posibilidad de una guerra civil en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Previó una estampida generalizada que puede conducir a choques, a semiguerras civiles.

Los expertos dan algunos consejos: “Si su país o región es una zona donde hay una disponibilidad masiva de armas, lo mejor que puede usted hacer es… abandonar la región, si eso es posible”. El único de estos países que concuerda con la descripción de disponibilidad masiva de armas es Estados Unidos. El director de LEAP-Europe, Franck Biancheri, apuntó que hay 200 millones de armas en circulación en Estados Unidos, y la violencia social ya es manifiesta a través de las pandillas. Los expertos que escribieron el informe aseguran que ya existe una emigración de estadunidenses hacia Europa, porque es ahí donde el peligro físico se mantendrá marginal.

Si Brzezinski confía en que emerja otro J. P. Morgan en Estados Unidos que haga entrar en razón a la clase adinerada, el informe de LEAP-Europe ve una última oportunidad en la sesión del 2 de abril del G-20 en Londres, siempre y cuando los participantes lleguen con un plan convincente y audaz.

Estos análisis no provienen de intelectuales de izquierda o de movimientos sociales radicales. Son la expresión abierta de los miedos de analistas serios que son parte del establishment existente en Estados Unidos y Europa. Los tabúes verbales se quiebran únicamente cuando tales personas están en verdad atemorizadas. El punto de romper tabúes es intentar una acción rápida que sea significativa –el equivalente a cuando J. P. Morgan encerró a los financieros en su casa, en 1907.

Era más fácil en 1907.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Fuente: La Jornada


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Indecisiones: ¿Temor a qué o a quién? Por: Cuauhtémoc Cárdenas

En el gobierno parece haber temor para tomar decisiones. Desde octubre del año pasado, cuando se dieron a conocer las llamadas medidas contracíclicas que adoptaría la administración para paliar los efectos negativos de la crisis económico-financiera que nos llegaba de los Estados Unidos, se anunció que en este año, 2009, se destinaría una partida de 1200 millones de pesos para iniciar la construcción de una refinería de petróleo. Se esperaba que ayer, 18 de marzo, en las celebraciones oficiales del 71 aniversario de la Expropiación Petrolera, se anunciara con bombo y platillos el sitio en que comenzaría la construcción de esa nueva y anunciada refinería. No sucedió así. La desilusionante sorpresa ha sido que lo que se anunció fue que el gobierno (o la Secretaría de Energía o Pemex o alguien) convocaría a un foro (¿o varios?) para que gobernadores de diferentes Estados presenten sus propuestas para, a partir de ellas, tener elementos para decidir la ubicación de la refinería.

Me parece grave ese anuncio. Ha pasado medio año y ¿ni siquiera los estudios de localización se han podido o querido llevar a cabo? ¿Podría el gobierno informar a la opinión pública qué se ha hecho en relación a la refinería anunciada desde octubre?

Determinar la localización de una instalación industrial no es cuestión de una puja, de una subasta. No es cuestión de quién da más. Un estudio técnico-económico es el que permite determinar una localización conveniente. En un estudio de este tipo no deben considerarse variables como qué gobierno estatal ofrece más, a quien se lo ofrece, qué partido gobierna en el estado o en el municipio o cosas por el estilo.

Sabemos, por la información que se ha hecho pública, que se requiere refinar 600 mil barriles diarios de petróleo crudo para substituir con producciones nacionales la importación actual de combustibles, que la zona del país que debe preferentemente abastecerse con las nuevas instalaciones, por razones eminentemente técnico-económicas, es la central, en la que se ubican entre otras, las regiones metropolitanas de México y Guadalajara.

He tenido a la vista un cuidadoso estudio que valora ventajas y desventajas de varias posibles localizaciones para la nueva refinería. En este estudio se tomaron en cuenta Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo; y Lázaro Cárdenas, Contepec, Copándaro y Ecuandureo, Michoacán.

Tula y Tuxpan ofrecen las ventajas mayores en relación al costo del transporte; Lázaro Cárdenas y Contepec a la disposición de terrenos adecuados; Cadereyta y Tula por la infraestructura ya existente; Cadereyta y Ecuandureo por los menores impactos ambientales de carácter negativo; Cadereyta y Contepec por la disponibilidad laboral y profesional; un mejor ambiente empresarial se encontraría en Cadereyta y Tuxpan. Valorando el conjunto de factores destacan Contepec, Copándaro, Cadereyta, Tula y Salina Cruz. Elementos serios para tomar decisiones existen en este estudio y seguramente en otros ya en manos del gobierno federal, aportados por diferentes gobiernos estatales o realizados por encargo de dependencias federales.

¿Por qué entonces mandar la decisión a lo que se presente en un foro de próxima realización? Se va a perder más tiempo. Se va a gastar más en la importación de combustibles. Se va a dejar de impactar para paliar los efectos de la crisis que ya golpea fuerte: decrecimiento económico anunciado para el 2009 de menos 5% respecto al producto interno, pérdida de 500 mil empleos formales desde que se anunció que se construiría una nueva refinería a la fecha, caída en la industria automotriz, etc., etc.

No tomar una decisión respecto a la otra cuestión a la que en seguida me refiero me parece aun más grave que el que no se haya tomado ya la decisión de donde construir la nueva refinería.

Desde hace semanas se tiene conocimiento que el gobierno de los Estados Unidos participa en el capital accionario de Citigroup, propietario de Banamex. Desde ese preciso instante se está violando la Ley Bancaria (y el gobierno mejor que nadie lo sabe y nada ha hecho al respecto), que en su artículo 13 dice: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales que ejerzan funciones de autoridad”, disposición que se refuerza con lo que establece el Acuerdo de libre comercio de América del Norte, al fijar entre sus reservas que “Las entidades extranjeras que ejerzan funciones de autoridad gubernamental no pueden intervenir, directa o indirectamente, en una institución de crédito (banco comercial)”, que “Los gobiernos extranjeros y las empresas estatales no pueden intervenir directa o indirectamente en sociedades controladoras” y que, en ambos casos, “La eliminación gradual de estas disposiciones es nula”.

Entonces, desde que se violó la ley mexicana al hacerse el gobierno de los Estados Unidos de un paquete accionario y en consecuencia socio de Citigroup, debió considerarse que Citigroup perdía esa propiedad y como bien mostrenco, en concordancia con nuestras leyes y en función de la importancia económica y política de esa institución, esa propiedad pasaba a manos del Estado mexicano para su manejo y control. No responsabilizarse de ese manejo y control es mantener la violación de la ley por Citigroup y por el gobierno mexicano que no la cumple. Banamex es parte integrante del patrimonio de la nación y las instituciones del Estado deben responder de su buena administración. Ninguna solución es o será legalmente válida si Banamex no pasa antes por el absoluto control del Estado mexicano. No cabe continuar con el incumplimiento de la ley. No es cuestión de interpretación. Es cuestión de responsabilidad y decisión.

La crisis norteamericana, circunstancialmente, debe decirse, está abriendo al país la extraordinaria oportunidad para que empiece a reconstruirse y cobre vitalidad una banca comercial realmente mexicana, y es responsabilidad de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se aproveche esta oportunidad, simplemente cumpliendo y haciendo cumplir lo que marca la ley vigente.

¿Por qué las indecisiones? ¿Qué hay detrás? ¿Temor a qué o a quién? Esperamos las respuestas del gobierno federal.


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Furia popular contra ejecutivos y banqueros amenaza la conducción del rescate en EU

Antes se exhibían, pero ahora toman medidas de seguridad personal ante ola de amenazas

Firmas como AIG aconsejan a sus empleados no usar prendas con logos que los identifiquen


David Brooks
Corresponsal La Jornada

Nueva York, 20 de marzo. Antes se pavoneaban por los restaurantes de lujo, mostraban sus mansiones, posaban para portadas de revistas; ahora, los ricos se quieren esconder, se quejan de una cacería de brujas en su contra y toman medidas de seguridad personal.

La furia popular contra los banqueros y ejecutivos financieros provoca intensa preocupación entre algunos de los integrantes de la cúpula económica y política del país, e incluso amenaza la conducción del rescate financiero del gobierno de Barack Obama.

Algunos ejecutivos han contratado guardias privados, ya que se multiplican las amenazas contra quienes hace sólo unos meses eran considerados figuras distinguidas en la alta sociedad de sus comunidades, y ya no se ven en público, en foros o en televisión muchas de las caras de reconocidos representantes del sector financiero que antes no cesaban de ofrecer consejos al resto de los mortales.

El furor se desató al descubrirse que la gigantesca aseguradora AIG, en la cual el gobierno controla 80 por ciento de las acciones, estaba por repartir 165 millones de dólares en bonificaciones a ejecutivos en la unidad de la empresa, cuyas operaciones fueron en parte responsables en detonar y nutrir la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.

El enfoque ha sido los 418 (algunos dicen 463) ejecutivos que recibieron bonificaciones, después de que el gobierno ha invertido 170 mil millones de dólares de fondos federales para sostener a la empresa, con el argumento de que su colapso implicaría un derrumbe de buena parte del sistema financiero dentro y fuera de Estados Unidos.

Muchos políticos sabían de las gratificaciones

Y ahora, no hay un solo político en Washington que no esté furioso por las bonificaciones, aunque muchos de ellos ya sabían, o deberían haber estado enterados, de las operaciones de AIG. De hecho, uno de los arquitectos del rescate de la empresa, el jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, declaró el domingo que el asunto de los bonos me enfureció, y hasta causó que colgara el teléfono más de una vez. Pero meses antes, fue él mismo quien forjó los términos del rescate de AIG.

El caso ya ha quemado a varios políticos, como al influyente senador Christopher Dodd, quien el martes negó haber incluido una cláusula de escape en su legislación, que supuestamente era para imponer controles a la entrega de bonificaciones y otra remuneración a ejecutivos de empresas rescatas con fondos públicos, pero un día después reconoció que fue el autor de la misma, mientras que se señalaba que AIG había sido uno de sus más generosos contribuyentes a sus arcas electorales. Esto ha causado una minicrisis para el veterano político entre sus propias bases electorales.

Todo político ahora declara que no tuvo nada que ver con autorizar o endosar este tipo de pagos no sólo en AIG, sino a otras empresas, como la gigantesca Merrill Lynch, donde se otorgaron unos 2.5 mil millones en bonificaciones a ejecutivos justo durante el periodo en que estaba culminando su propia crisis. Pero cada día los medios revelan que más y más políticos estaban enterados de la situación.

Para intentar defenderse ante la reacción pública, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que impone un impuesto de 90 por ciento a bonificaciones de ejecutivos de cualquier empresa que haya recibido más de 5 mil millones en fondos de rescate del gobierno.
Barney Frank, presidente del Comité de Finanzas de la Cámara, opinó que el gobierno debería ejercer sus derechos como dueño y anular estas bonificaciones. Solicitó los nombres de todos los empleados que las han recibido, pero el ejecutivo en jefe de AIG, Edward Liddy, dijo que le preocupaba divulgarlos. Ofreció ejemplos de múltiples amenazas anónimas que han circulado contra la integridad física de los ejecutivos y sus familias. Frank no aceptó el argumento, y aunque denunció las amenazas, dijo que muchos reciben esos beneficios.

Ayer, el alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg –dueño del medio especializado en el mundo de las finanzas, Bloomberg News, otro que falló en reportar o advertir de las manipulaciones, acciones irresponsables, estafas y más que llevaron a detonar esta crisis–, declaró que se opone a revelar los nombres de ejecutivos que han recibido bonificaciones, ya que eso es asunto del sector privado, no del gobierno. El problema con el argumento es que estas megaempresas y sus ejecutivos tienen un nuevo dueño: el público.

El New York Times reportó hoy que hay guardias de seguridad frente a las casas de varios ejecutivos de AIG en Connecticut y que los empleados en las oficinas de Nueva York fueron aconsejados por la empresa de no salir con identificación visible o prendas con el logo de la empresa. En Merrill Lynch, algunos empleados han preguntado si se les ofrecerá apoyo para pagar servicios de seguridad privada.

“Yo no quiero suprimir el enojo… estoy enojado”, afirmó el presidente Barack Obama esta semana, después de días de enfrentar una ola de ira popular por las bonificaciones multimillonarias otorgadas a ejecutivos de firmas que han sido rescatadas por el gobierno federal. Pero cada vez es mas difícil para Obama argumentar no estoy protegiendo a los bancos, estoy protegiendo al pueblo.

Aunque en términos relativos las bonificaciones representan un monto microscópico frente a los miles de millones de los rescates financieros, se han convertido en un símbolo de la avaricia de los ejecutivos ricos y de la sospecha de que mientras todos los demás sufren las consecuencias, ellos reciben miles, millones, en fondos públicos. Esto ha llegado a tal nivel que empieza a amenazar el apoyo público a las propuestas de Obama para proceder con sus esfuerzos de rescate del sector financiero.

El pueblo estadunidense ya se hartó, advirtió el representante Paul Kanjorski, presidente del subcomité de la cámara baja, donde esta semana se presentó Edward Liddy. Dijo que el pueblo y sus representantes políticos,estarán menos dispuestos a continuar apoyando los rescates si hay más ejemplos de ejecutivos beneficiados con fondos públicos.

Liddy, quien hace seis meses fue instalado por el gobierno en el puesto para administrar el desastre empresarial, reconoció que “nos reunimos aquí en momentos de amplia ira pública. Yo comparto esa ira… He visto la buena cara del capitalismo… Ahora he visto el lado triste”, afirmó el veterano ejecutivo, quien había estado jubilado después de larga carrera frente a otra gigantesca aseguradora.

Mientras tanto, Liddy reconoció que si AIG logra sobrevivir y tener una segunda vida, no lo podrá hacer con el mismo nombre, ya que está muy dañada por esta crisis. El cómico Jon Stewart recomendó un nuevo nombre: Herpes.


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Aseguran deudos de Pasta de Conchos que Grupo México perderá concesión de la mina

Existe un fallo judicial en favor de una de las viudas, y la SE tendrá que acatarlo, dicen

Critican a Germán Larrea por ser el quinto hombre más rico del país y dar ínfimas pensiones


Patricia Muñoz Ríos (La Jornada)

Mientras el dueño de Grupo México, Germán Larrea, es el quinto hombre más rico de México, a las viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos les están entregando pensiones que van de 60 a 88 pesos diarios.

En el contexto de la movilización que realiza el día 19 de cada mes para recordar a sus familiares, la Familia Pasta de Conchos hizo un pronunciamiento público en el que señala además que la Secretaría de Economía (SE) tendrá que acatar una orden judicial para retirar la concesión de esta mina a la empresa, ya que un juez falló en favor de la viuda Elvira Martínez Espinosa (según sentencia 442/2008), que demandó sancionar al consorcio por ser culpable de la negligencia que provocó la muerte de su marido y de 64 mineros más. Esta decisión abre incluso la posibilidad de que se recuperen los restos de los mineros que yacen en el subsuelo, así como de la eventual rehabilitación de la mina.

En el pronunciamiento de los familiares de los mineros muertos se manifiesta que la empresa no quiere reabrir la mina porque se conocerían las verdaderas causas por las que fallecieron los trabajadores, y prefiere tener paralizada y hasta cerrar esta fuente de trabajo antes que aceptar su responsabilidad.
Para la Familia Pasta de Conchos, es mentira de la empresa que no se pueda rehabilitar la mina, e incluso aseguró que es un contrasentido gubernamental que mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señala que quiere comprar minas de carbón en el extranjero para asegurarse el suministro de ese insumo porque requiere importar 6 mil toneladas al año, se permite a un grupo tener paralizada Pasta de Conchos con tal de no hacer el rescate de los mineros muertos.

En cuanto a las pensiones que se otorgan a los familiares de los 65 mineros, señalaron que mientras el dueño de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, es el quinto hombre más rico del país y tiene una fortuna equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto, con más de 2 mil millones de dólares, y recientemente compró Cinemex para fusionarlo con MMCinemas, las viudas de los mineros tendremos que vivir con pensiones ridículas que van de 60 a 88 pesos diarios.

Por último, apremiaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a realizar la audiencia solicitada por varias organizaciones religiosas para tratar el asunto, que ya lleva más de tres años sin resolverse.


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