Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.
La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.
El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.
¿Dónde están las condenas a los asesinos en Oaxaca durante la represión contra la APPO? ¿Dónde la condena a quienes mataron en Atenco mismo o contra los violadores de las presas que después tuvieron que ser dejadas en libertad por la misma “justicia” que mantiene en rehenes del Estado a un puñado de hombres seleccionados con criterio político? ¿Cómo hacer creer a los ciudadanos mexicanos en la independencia y majestad de la justicia, en la defensa de un estado de derecho, en la igualdad ante la ley? Se está empujando a la población, como en el porfiriato, a buscar soluciones fuera de la ley que no es tal y con prescindencia de las instituciones prostituidas a los ojos de la ciudadanía. Los que siembran vientos recogen tempestades. ¿No hay ninguno en la clase gobernante que, por mero instinto de conservación, intente aprender algo de la historia y frene a los ciegos incendiarios que gobiernan el estado de México? ¿O la voracidad capitalista, el deseo de lucrar haciendo finalmente su aeropuerto en Atenco, incluso sobre la sangre y los huesos de los ejidatarios y campesinos, lleva a todos a ignorar que el fallo que condena a los de Atenco no se sustenta en nada más que el deseo de aterrorizar a los que se rebelaron y escarmentar a los que resisten?
Ante este fallo provocativo y de clase no es posible permanecer inactivos. La libertad de los presos políticos –los de Atenco lo son– depende de sus hermanos de clase y de quienes quieren defender los espacios democráticos en este país y frenar la violencia hasta ahora impune de los sátrapas priístas. Los sindicatos democráticos que luchan contra esa otra violencia colectiva que se quiere ejercer contra los trabajadores (con la reforma del ISSSTE, con las amenazas a Pemex y a la electricidad, con los intentos de acabar con las garantías legales para los trabajadores) deben también tomar en sus manos la anulación de la sentencia contra los presos políticos por los hechos de Atenco.
El PRD, nacional y del estado de México, no puede callar como si fuese cómplice de Peña, ni tampoco limitarse a una protesta verbal, sino que, junto con los sindicatos y para salvar su responsabilidad política, además de protestar en el Congreso y exigir justicia, debe organizar una gran manifestación en Atenco mismo. ¡Que el pueblo de Atenco y de Texcoco sienta que no está solo! La exigencia de la libertad de sus presos debe ser una bandera para la defensa de la democracia y la anulación de las condenas la piedra de toque que permita saber si la legalidad tiene alguna esperanza en este México cada vez más violento y más represivo, donde la ilegalidad de las clases dominantes y de los gobernantes impulsa y alimenta todos los demás tipos de delincuencia.
¿Quién en su sano juicio puede creer que los comicios legislativos o presidenciales futuros podrán ser limpios cuando se ve la descarada utilización de los poderes represivos del Estado, comenzando por los de la llamada justicia, para imponer un retroceso de muchas décadas en las conquistas políticas y sociales y en los derechos democráticos? ¿Quién puede pensar que el agravamiento de la crisis actual en Estados Unidos y en el mundo, con la reducción de esa válvula que hasta ahora ha sido la emigración y también de la fuente de ingresos proveniente de las remesas, no va a dar como resultado el aumento de la ofensiva, por todos los medios, legales e ilegales, de una oligarquía que sabe perfectamente que no podría mantenerse en el poder en un estado de derecho y que tiene que reducir los espacios democráticos?
Fraudes, ISSSTE, Pemex, condenas a los de Atenco: ¡es demasiado! La respuesta social debe ser contundente. Quizás así, entre otras cosas, los tribunales superiores se vean obligados a declarar nulos los fallos aberrantes.
(Articulo publicado en La Jornada)
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
lunes, 25 de agosto de 2008
Atenco: ¡libertad a los rehenes de clase! Por Guillermo Almeyra
Iniciativas inconstitucionales
José Antonio Almazán González. (Articulo publicado en La Jornada)
Empecinados en no dar marcha atrás, pese a la derrota que sufrieron en el Senado el 20 y 22 de mayo, y promoviendo anticipadamente la venta de Petróleos Mexicanos (Pemex), los “argumentos” de Calderón y de quienes pretenden entregar el patrimonio nacional petrolero al capital extranjero se centran fundamentalmente en mutilar, ignorando deliberadamente el proceso histórico-jurídico constitucional que le dio origen, el alcance del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en materia de petróleo: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Los émulos de Santa Anna dicen que la explotación del petróleo y sus productos por la nación se reduce a su extracción y que al entregar al capital extranjero la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y el gas no violan la Constitución. ¿No? Veamos los antecedentes jurídicos constitucionales.
1. El decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938, en su artículo 1º, estableció con meridiana claridad: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, SA, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera”.
2. Por supuesto que dentro de los bienes muebles e inmuebles expropiados se encontraban las concesiones petroleras otorgadas a estas empresas extranjeras, como puede leerse en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 22 de julio de 1943, en rechazo al amparo de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.
3. Estas concesiones petroleras, conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, de diciembre de 1925, abarcaban toda la cadena productiva de la explotación del petróleo y sus productos, como puede leerse en sus artículos 4, 7, 8, 9, 10, y reconociendo en su artículo 3 que la industria petrolera comprende toda la cadena productiva desde “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo”.
A este Decreto de Expropiación y a la ley del petróleo de 1925 se remite la amplia exposición de motivos de la iniciativa de ley con la que el presidente Lázaro Cárdenas elevó a rango constitucional la expropiación del petróleo, en cuyos párrafos 11 y 14 precisó:
“La situación apuntada, antes de la expropiación acordada el 18 de marzo último, hubiera sin duda podido corregirse mediante una simple modificación de la Ley del Petróleo que alterara el régimen de las concesiones ordinarias fijado en 1925. Después de la expropiación el problema notoriamente es distinto. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte, las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llagaran a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía.
“Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde, se le da una mayor fijeza y autoridad.”
A estos antecedentes históricos y jurídicos se remitió la reforma constitucional de enero de 1960, cuando al párrafo sexto del artículo 27 constitucional se adiciona, después de “no se otorgarán concesiones”, el complemento de “ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.
Queda claro entonces que al prohibirse tajantemente el régimen de concesiones y de contratos, la nación asume la explotación directa del petróleo y sus productos, de toda la industria petrolera, en lo que hace a toda la cadena productiva, desde la exploración, extracción, oleoducción, almacenamiento, refinación-petroquímica y distribución del petróleo y gas. En esto consiste la inconstitucionalidad de las iniciativas de Calderón: en violar flagrantemente uno de los principios políticos fundamentales de nuestra Constitución, al pretender legalizar lo ilegal, abriendo las puertas al capital extranjero en la explotación del petróleo, que está reservada de forma exclusiva a la nación mexicana.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Sentencia a Del Valle, cuestión política.
Jueves 21 de agosto de 2008. Dos hechos: el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la nueva sentencia por otros 45 años de cárcel a Ignacio del Valle.
Sobresale la denuncia del abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Juan de Dios Hernández Monje, al afirmar que “el propio juez (primero penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez) ha indicado a uno de los familiares que la sentencia no la dictó él, sino que se la mandaron del Tribunal Superior de Justicia del estado de México (TSJEM), lo que demuestra que se trata de una cuestión eminentemente política y no jurídica”.
Precisamente contra esto habló Alejandro Martí ante quienes se dicen servidores públicos en el primer nivel de autoridad: “¿Quién es más culpable, el que deja hacer o el que hace?....Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones.... Hagan conciencia, hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los Ministerios Públicos y los jueces son gentes honradas y de honor, y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado”.
Podríamos preguntarle al juez Alberto Cervantes Juárez: ¿qué le pasó?
¿Por qué permitió ser manipulado por el TSJEM y dictar una sentencia bajo consigna, totalmente ajena a su jurisdicción? ¿Por qué no tuvo el valor de declararse incompetente ante esta aberración jurídica? ¿No pasaría lo mismo en la primera sentencia de 67 años de cárcel contra Ignacio del Valle, como de todos los presos de Atenco, sentenciados bajo consigna?
La respuesta a estas preguntas no sólo del juez, sino principalmente del Consejo de la Judicatura Federal, pondrá a prueba si es o no una carta de buenas intenciones el acuerdo nacional pactado, toda vez que la seguridad jurídica es la garantía primaria de los ciudadanos en un verdadero estado de derecho. Corre tiempo. Si no pueden, váyanse.
Fernando Gómez Cruz
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Inicia cuenta regresiva para abrir el confinamiento de residuos toxicos en Zimapan
Ernesto Méndez (Excelsior)
La Semarnat dio a conocer que los propietarios del centro de residuos peligrosos en Zimapán cumplieron todos los requisitosLa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió desde hace 15 días la notificación de apertura del Centro de Tratamiento y Confinamiento de Residuos Peligrosos de Zimapán, Hidalgo.
De esta forma, Sistemas de Desarrollo Sustentable filial de la empresa española Befesa cumplió con el último requisito que le faltaba para iniciar operaciones.
En entrevista con Excélsior, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, dio a conocer que los dueños de la planta pueden poner a funcionar la misma en el momento que consideren oportuno.
“La Licencia Ambiental Única establece que simplemente con un aviso, que no requiere respuesta de nuestra parte, pueden comenzar a trabajar en cuanto así lo decidan”, señaló el funcionario.
Subrayó que el confinamiento cumple con todas las normas y tiene una constante supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
“La Profepa ha estado al pendiente de que las obras se hicieran bien, hasta ahora nos han notificado que todo está apegado a la normatividad”, comentó Mauricio Limón.
Indicó que la planta en Zimapán debe generar confianza, porque permitirá al país contar con un lugar de disposición adecuada de los residuos peligrosos, pues en caso contrario serían abandonados en ríos, cañadas, arroyos y barrancas.
“Con este confinamiento lo único que vamos a tener es un México más limpio, de mayor competitividad; un país que no va a generar problemas de salud, ni problemas de contaminación al medio ambiente”, destacó.
Sobre la movilización del miércoles pasado, por integrantes del Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán y el Barzón Metropolitano en el Distrito Federal, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat reiteró que los canales de diálogo se mantienen abiertos para atender cualquier duda e inquietud de la población.
Mauricio Limón agregó que es mentira que este sitio de disposición final sea exclusivamente para desechos industriales, pues recordó que todos, en mayor o en menor medida, generamos residuos peligrosos.
La Semarnat dio a conocer que los propietarios del centro de residuos peligrosos en Zimapán cumplieron todos los requisitosLa Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió desde hace 15 días la notificación de apertura del Centro de Tratamiento y Confinamiento de Residuos Peligrosos de Zimapán, Hidalgo.
De esta forma, Sistemas de Desarrollo Sustentable filial de la empresa española Befesa cumplió con el último requisito que le faltaba para iniciar operaciones.
En entrevista con Excélsior, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, dio a conocer que los dueños de la planta pueden poner a funcionar la misma en el momento que consideren oportuno.
“La Licencia Ambiental Única establece que simplemente con un aviso, que no requiere respuesta de nuestra parte, pueden comenzar a trabajar en cuanto así lo decidan”, señaló el funcionario.
Subrayó que el confinamiento cumple con todas las normas y tiene una constante supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
“La Profepa ha estado al pendiente de que las obras se hicieran bien, hasta ahora nos han notificado que todo está apegado a la normatividad”, comentó Mauricio Limón.
Indicó que la planta en Zimapán debe generar confianza, porque permitirá al país contar con un lugar de disposición adecuada de los residuos peligrosos, pues en caso contrario serían abandonados en ríos, cañadas, arroyos y barrancas.
“Con este confinamiento lo único que vamos a tener es un México más limpio, de mayor competitividad; un país que no va a generar problemas de salud, ni problemas de contaminación al medio ambiente”, destacó.
Sobre la movilización del miércoles pasado, por integrantes del Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán y el Barzón Metropolitano en el Distrito Federal, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat reiteró que los canales de diálogo se mantienen abiertos para atender cualquier duda e inquietud de la población.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 23 de Agosto de 2008.
LA CORRUPCION…
CAUSA PRINCIPAL DE LA INSEGURIDAD EN MEXICO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LA OPINION PÚBLICA.
La llamada Cumbre de Seguridad Pública encabezada por Felipe Calderón, los gobernadores y diputados, no es más que LA CUMBRE DE LA SIMULACION.
El sólo hecho de que Felipe Calderón sea un presidente ilegitimo y espurio, producto del crimen organizado de las mafias internacionales del imperialismo, llámese FMI o Banco Mundial, y de las mafias del narcotráfico de la oligarquía mexicana enquistadas en las estructuras del aparato de Estado, dice mucho del grado de inseguridad que priva en el territorio nacional.
LA CUMBRE DE LA SIMULACION nada tiene que ver con la inseguridad, ya que los atropellos y violación a los derechos humanos vienen directamente de los gobiernos federal y estatales. Con su otra simulación llamada “Guerra Contra el Narcotráfico”, Calderón lleva en sus espaldas más de cinco mil asesinatos (lo que implica más de cinco mil viudas y miles de huérfanos); aunados a los más de 600 desaparecidos, 90 de ellos luchadores sociales en lo que va de su régimen espurio.
Para la opinión pública está claro que en la guerra ficticia contra el narco, en ambos bandos se encuentran policías y militares defendiendo a sus patrones incrustados en los diferentes cuerpos policíacos, militares y las estructuras del gobierno. Por otro lado el ejército federal se dedica a entrenar con recursos públicos, a miles de desertores como los llamados “zetas” que de inmediato pasan a engrosar las filas de sicarios de los grandes capos de la droga; es decir, que con dinero de la Nación se adiestra a los grupos armados al servicio del narcotráfico.
Desde el sexenio foxista se ha desatado “su guerra contra el narcomenudeo”, pero nunca y menos en esas llamadas “cumbres”, hablan del narcomayoreo; porque son precisamente ellos (la oligarquía y los grupos de poder en el gobierno) quienes encabezan ésa parte del narcotráfico (el narcomayoreo) y lavan el dinero correspondiente invirtiéndolo en centros comerciales, líneas aéreas, bancos, industrias y hasta en la proliferación de escuelas privadas.
Entonces, ¿en manos de quién esta la seguridad de los ciudadanos? ¿Si los que nos gobiernan son grandes mafiosos, al igual que los gangsters que gobiernan Estados Unidos, como Bush, Clinton, Jhon Makein, etc.?
PUEBLO EN GENERAL:
Es tiempo que reflexionemos y veamos que tanto el PRI como el PAN son los representantes de las grandes mafias, además de ser los grandes asesinos del pueblo; y ver que no solamente nos matan con las balas de sus cuerpos represivos policíacos y militares, sino también nos llevan al matadero por hambre al incrementar los precios de la canasta básica en más del 100% mientras que el salario lo mantienen en niveles de miseria.
Organicémonos para exigir condiciones de vida digna, pues como pueblo somos los que hacemos producir las riquezas de las fábricas, las tierras y el comercio, mientras que nuestra vida es infrahumana. Vivimos en los cinturones de miseria de las ciudades, sin servicios sociales ni médicos.
¡¡PRESENTACION DE LOS LUCHADORES DESAPARECIDOS POR FECAL!!
¡¡PRESENTACIÓN DE GABRIEL CRUZ SÁNCHEZ, EDMUNDO REYES AMAYA,
FRANCISCO PAREDES RUIZ Y DECENAS MÁS DE LUCHADORES SOCIALES
DESAPARECIDOS EN EL RÉGIMEN PANISTA DE FELIPE CALDERÓN!!
¡¡ALTO A LA REPRESIÓN !!
¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDIGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Informe de la Comision de Mediacion entre el gobierno federal y el EPR y respuesta de este ultimo.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Demanda un comunero al candidato de Convergencia que no envíe policías si Zeferino quiere imponer La Parota.
Antonio Bailón Valente, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pidió al candidato a la alcaldía, Luis Walton Aburto, que no se olvide de esa área que quieren saquear líderes como Eduardo Valente Navidad y Evencio Romero y pidió que no envíe policías si lo ordena el gobernador, Zeferino Torreblanca, para imponer La Parota.
“Voltee sus ojos al área rural” pidió Bailón Valente a Walton, al tiempo que llamó a todos a defender el río Papagayo que es el que proporciona agua a Acapulco.
“Hay que defenderse de esos buitres porque van a querer saquear”, dijo luego que expresó que su apoyo al candidato de Convergencia- PT no es condicionado.
Luego se quejó que durante una asamblea para decidir si se hacía la presa La Parota, enviaron a policías del Ayuntamiento cuando estaba López Rosas, para cuidar e impedir que pasaran todos los que estaban en contra, aunque no precisó a cuál se refería, si a la de El Campanario o la de San Marcos.
Comentó que en la asamblea hubo mucha represión porque el gobierno estatal “puso sus mañas en esa asamblea, hubo policías alrededor, no vaya a hacer lo mismo Zeferino”.
Walton afirmó que espera que los comuneros resuelvan el problema de la tierra para que decidan si quieren o no la presa y que después platicará con ellos; “ustedes van a decidir”.
De la petición de no enviar policías, el candidato dijo que no fue el Ayuntamiento quien mandó a los policías, sino el gobierno
estatal.
(Magdalena Cisneros, El Sur de Acapulco)
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
El candidato del PAS en Acapulco se manifiesta en favor de La Parota para el abasto de agua
Xavier Rosado (El Sur de Acapulco)
Al comenzar ayer su campaña proselitista, el candidato a la presidencia municipal de Acapulco por el Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), Carlos Ochoa Jiménez, se manifestó a favor de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota como
alternativa de solución al problema del desabasto de agua en el municipio, “siempre y cuando se busque el acuerdo político y la negociación adecuada con los habitantes de la zona”.
En conferencia de prensa para dar a conocer las propuestas que implementará si llega a la alcaldía de Acapulco, Carlos Ochoa dijo que uno de sus principales objetivos es abatir la corrupción y reintegrar a este puerto el esplendor que lo convirtió en el
centro turístico más importante del mundo.
A la conferencia, en el hotel Las Hamacas, asistieron también el candidato a síndico Luis Felipe Sandoval Suárez y a diputados:
Oscar Aparicio López por el distrito13; Darío Cisneros Chegue por el 18; Saúl Quiñones Cortés por el 28; Rafael Guillermo Córdova González por el 5; Luis Daniel Domínguez rojas por el 16 y Virgilio Sandoval Rodríguez por el distrito 17.
Ante unos 100 simpatizantes del PAS, Carlos Ochoa propuso un plan de ocho puntos que adquirió como compromisos en caso de llegar a la presidencia municipal: combate a la corrupción; abastecimiento de agua; seguridad; desarrollo urbano; limpieza y
buenos servicios; fomento a la inversión; empleo e impulso al turismo.
Hizo énfasis en este último punto, debido a que consideró, la principal palanca económica del municipio: el turismo, ha decaído “notablemente” en los últimos años.
“Basta ya de que en las embajadas y oficinas de turismo de varios países, prevengan a sus ciudadanos de no viajar a México y de no visitar Acapulco porque nos consideran destinos “peligrosos””, señaló.
Dijo que la alternativa de solución es dotar de servicios al puerto, dar certidumbre a la propiedad privada, limpiar las calles, sanear la bahía; atraer inversión y generar fuentes de empleo. “Si hacemos esto Acapulco renacerá, y con él, la industria turística”.
Otro de los puntos que destacó en la exposición de su programa de trabajo es el combate a la corrupción mediante el conocimiento. “Si capacitamos a los agentes de tránsito, serán un verdadero apoyo para el ciudadano y el turista y no personas
que generan desconfianza”.
Dijo que se aplicarían programas de vigilancia a funcionarios de direcciones como la de Mercados, Vía Pública, Reglamentos y Espectáculos, Salubridad y Parquímetros como ejemplo para aplicar la ley y sancionar severamente a quienes incurran en estos
delitos.
Habló también de combatir la impunidad en el sector del transporte público y lograr que dejen de ser “centros de distribución de drogas, discotecas ambulantes con menores de edad manejando y hacer que cumplan con el reglamento de tránsito.
Sobre La Parota destacó: “Ante el problema de falta de agua, es necesario que a la brevedad se retome el proyecto de La Parota, que además de garantizar el abasto de agua en la región, será una gran derrama de inversión pública y privada que dará como resultado fuentes de empleo y mayor desarrollo en obras y servicios”.
Dijo que lo anterior debe lograrse mediante acuerdos políticos y una negociación adecuada con los habitantes de la zona, “quienes por supuesto tienen derecho a gozar de los beneficios que esta obra pueda generar y no querer usarlos como escudo
político y engañarlos con un pago mínimo por sus tierras”.
Entre otras de sus propuestas prometió que buscará, en caso de ser alcalde, que se detengan las invasiones de terrenos y que exista un plan de desarrollo urbano adecuado, con la debida inversión en ese rubro a mediano y largo plazo.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
Convergencia de Dos Torrentes: Comuneros de Guerrero y Oaxaca en contra de la construccion de Hidroelectricas.
Unen fuerzas comuneros de Guerrero y Oaxaca contra la construcción de presas.
CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)
La lucha que por cinco años que ha mantenido el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) contra los gobiernos federal, estatal y la CFE para evitar que se construya la presa “es un ejemplo mundial de resistencia” que han retomado ejidatarios y comuneros de Oaxaca, quienes han pedido asesoría para detener la edificación de la hidroeléctrica de usos múltiples Paso de la Reina en esa entidad.
Por ello, ambas luchas se aliaron para emprender acciones conjuntas. Reunidos en el plantón que mantienen los comuneros en Dos Arroyos, habitantes de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec y Tataltepec de Valdés, comunidades de Oaxaca, escucharon los testimonios de las mujeres opositoras a La Parota, sobre cómo han resistido los embates del gobierno estatal que ha enviado policías antimotines para agredirlos. “Somos nosotras quienes salimos en defensa de nuestras tierras, nos los hemos chingado”, dijo orgullosa doña Chana, quien advirtió que “nada más que le busque tantito ese Zeferino y hasta donde está, en su escritorio, vamos a llegar todas las mujeres y lo vamos a desgreñar”.
Al lugar acudieron el comisariado de los bienes comunales de Santiago Ixtayutla, Juan Alavez Feria, y el de Tataltepec, Saúl Hernández Cruz; el regidor de Santiago Ixtayutla, Silvestre garría Medina, así como representantes de las organizaciones de derechos humanos Educa y Tierra del Sol.
La representante de Educa, Ana María García Arreola, explicó que el proyecto de Paso de la Reina comenzó desde hace dos años con la etapa de levantar los estudios socioeconómicos y de impactos ambientales. Abundó que afectará de manera directa a cinco municipios de Oaxaca y a más de 40 mil habitantes, además de la reserva ecológica El parque nacional Lagunas de Chacahua, donde se devastarán manglares y lagunas así como especies en peligro de extensión.
El Cecop recomendó a los comuneros de Oaxaca que instalen los plantones y eviten que las maquinarias de la CFE entren a hacer trabajos; de igual forma los alertaron de los proyectos productivos que comenzarán a ofrecer el gobierno estatal y la CFE en conjunto: “No les crean, todas esas son mentiras”.
Piden comuneros de Oaxaca consejos al Cecop para enfrentar a la CFE
Octavio Hernández (El Sur de Acapulco)
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y una delegación de comuneros de Oaxaca agrupados en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) se reunieron en el poblado de Dos Arroyos para intercambiar experiencias en torno a una lucha común que mantienen en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que pretende construir presas en sus tierras.
Durante dos días, 22 ejidatarios de comunidades mixtecas de Oaxaca se entrevistaron con miembros del Cecop y visitaron las comunidades de Garrapatas, Aguacaliente, Tasajeras y Amatillo para que les platiquen sobre los métodos y estrategias que han
seguido durante cinco años de lucha en contra de la CFE, para impedir que se construya el proyecto de La Parota.
Ayer, durante la reunión en Dos Arroyos, los habitantes opositores al proyecto alentaron a los miembros del Copudever para que luchen en contra de la presa Paso de la Reina que la CFE pretende construir y que afectaría cinco municipios de la costa de Oaxaca y que ocasionaría un desequilibrio ecológico irreversible.
Saúl Hernández, el comisario de Tataltepec de Valdés, municipio afectado por la construcción de la hidroeléctrica, pidió a los del Cecop que les platiquen cómo le hicieron para lograr la suspensión de La Parota, porque ellos no saben qué hacer ante los ofrecimientos de la CFE de que va a pagar bien por sus tierras.
Una de las mujeres integrantes del Cecop, Isidora Manríquez, dijo que durante cinco años de lucha han enfrentado cara a cara a los funcionarios de la CFE y del gobierno estatal, mantenido plantones en los pueblos y acudido a tribunales agrarios.
En el plantón, ubicado en la orilla de la carretera de la entrada a la comunidad de Dos Arroyos, los más de cien comuneros platicaron sobre sus experiencias en la lucha en contra de los megaproyectos que la CFE quiere construir.
El comisario de los bienes comunales de Santiago Ixtayutla de Oaxaca, Juan Alavez Feria, dijo que la presa Paso de la Reina afectará a más de 30 comunidades que se ubican alrededor del río Verde.
“Estamos preocupados, no queremos vender nuestras tierras ni ser desplazados”, comentó.
La integrante de la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa, Educa A.C. de Oaxaca, con más de diez años trabajando en la zona de la presa, Ana María García Arreola, dijo que es la primera vez que tienen una experiencia de base con
comuneros de otro estado pues habían escuchado hablar de La Parota sólo por los medios.
Dijo que en Oaxaca la CFE ha entrado a las comunidades de manera ilegal para hacer estudios de impacto ambiental, sin el permiso de los comisarios y ocupando la entrada a los pueblos.
Señaló que las comunidades se oponen al proyecto porque el impacto ambiental afectaría toda la parte de la reserva ecológica del parque nacional Lagunas de Chacagua, además al tapar el río Verde que alimenta este sistema lagunar, por lo que se morirían los manglares, especies protegidas y las zonas donde hay cultivo de cacao así como daños a la actividad pesquera.
Mencionó los cinco municipios que afecta la presa son Jamiltepec, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zezontepec y Santiago Ixtayutla.
Como en el caso de La Parota, dijo que también allá la CFE ha ofrecido construir carreteras, hospitales, escuelas, viviendas y el mejoramiento de toda la infraestructura operativa y sobretodo que los comuneros van a poder trabajar en la presa.
Forman frente contra megaproyectos de la paraestatal el Cecop y el Copudever oaxaqueño
Octavio Hernández
Los integrantes del Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositoras al proyecto de La Parota (Cecop) y el Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del Río Verde (Copudever) firmaron una declaración conjunta donde manifiestan su rechazo a los
megaproyectos de la CFE y a los gobiernos que han impuesto la construcción de presas, minas, carreteras y la privatización del agua.
La declaración, leída en la asamblea de Dos Arroyos por el integrante del Copudever, Guadalupe Ramírez, exige un alto total a las constantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos mixtecos, nahuas y amuzgos por parte de la CFE y del gobierno
federal.
También exigen que se detenga “la manipulación de la información y el condicionamiento de programas y obras con recursos públicos a cambio de la autorización de La Parota y Paso de la Reina, alto a la intimidación y agresión a las comunidades que se oponen a estos proyectos”.
Alegan que los pueblos han enfrentado años de pobreza y explotación de los malos gobiernos, por oponerse a los proyectos de La Parota y Paso de la Reina.
La declaración dice además que “somos los legítimos dueños de las tierras, guardianes del agua, plantas, animales y tenemos el derecho a la tierra y agua, y a que nuestros hijos crezcan sanamente”. Definieron que “Estamos hermanando dos luchas, la defensa del agua, tierra y territorio, esta alianza nos dará fuerza”.
¡TODO EL PODER AL PUEBLO!
