Campesinos denuncian despojo

El Universal

Jueves 23 de abril de 2009
Campesinos del Ejido La Joya, municipio de Torreón, iniciaron un “plantón” frente a la comuna para exigir la devolución de sus tierras que, según dicen, les fueron expropiadas ilegalmente. “En forma irregular fuimos despojados de 146 hectáreas con las cuales se favorecieron varias inmobiliarias”, denunciaron. (Enrique Proa)


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado de la Coordinadora Regional de Organizaciones del Sur de Veracruz con relación al acto represivo en Minatitlán.

A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Las organizaciones que conformamos la coordinadora regional de organizaciones del Sur de Veracruz, México, manifestamos nuestra indignación, nuestro coraje y nuestra rabia contra la cruenta represión que el Estado Mexicano a través de sus fuerzas policíacas federales, estatales y municipales desató el día Martes 20 de Enero 2009 de las 9:30 a las 10:30 de la mañana contra los aproximadamente 800 campesinos de las comunidades rurales del municipio de Minatitlán que se manifestaban pacíficamente para exigir el cumplimiento de la promesa del gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltran de pavimentar su carretera.

El terrible saldo de esta salvaje agresión contra campesinos que no llevaban
ni un machete, ni un garrote siquiera en sus manos fue de compañeros
desaparecidos, heridos graves, muchos detenidos y al parecer muertos.

Exigimos de manera inmediata:

1.- La liberación de los detenidos
2.- La aparición con vida de los desaparecidos
3.- La atención medica de calidad a los heridos
4.- El castigo a los responsables de tal brutal represión


¡ BASTA DE QUE EN VERACRUZ LATE CON FUERZA
EL ENGAÑO Y LA REPRESIÓN!

¡ALTO A LA REPRESION CONTRA EL PUEBLO!

En Minatitlàn, Ver. a 20 de Enero de 2009

Coordinadora Regional de Organizaciones del Sur de Veracruz


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Campesinos toman dos ayuntamientos en Guerrero

Campesinos de los municipios de Ahuacuotzingo, en la región de La Montaña y de Leonardo Bravo, en la zona centro de Guerrero, tomaron dos palacios municipales y retuvieron a funcionarios y a trabajadores; en el primer caso exigen la entrega de 600 toneladas del fertilizante y en el segundo la conclusión de obras.

En Ahuacuotzingo, unos 600 campesinos de varias comunidades tomaron desde las 3 de la tarde la alcaldía para exigir al presidente municipal, Antonio Tejeda, el pago de 2 millones de pesos del programa de fertilizantes, pues debido a que los recursos están retenidos, unos 600 campesinos no han recibido el insumo y se pasa la temporada para abonar sus sembradíos.

Otro grupo de campesinos de la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo, también tomó la mañana de este miércoles el palacio municipal, en protesta porque el alcalde, Wilebaldo Valente Pastor, pretende entregarles un centro de salud y la pavimentación de una calle que están inconclusas.


Chilpancingo. Zacarías Cervates . Milenio Diario.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Campesinos guerrerenses denuncian fraude con recursos de fideicomiso

■ Cuatro personas se quedan con maquinaria por $2 millones, dicen

Misael Habana de los Santos (Corresponsal La Jornada)

Acapulco, Gro., 23 de julio. Campesinos de la comunidad afromestiza de Collantes, municipio de Pinotepa Nacional, denunciaron que cuatro integrantes de la sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada La pequeña propiedad, en complicidad con Braulio Muro García, gerente del Fideicomiso de Riesgo Compartido del estado de Oaxaca (Firco), despojaron de maquinaria con valor aproximado de dos millones de pesos a 115 de sus compañeros.

El agente municipal de la comunidad de Collantes, Juan Pérez Vielma, y el comisario ejidal, Facundo Mariche González, afirmaron que en un documento dirigido al ingeniero Braulio Muro García le han pedido su intervención sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta.

Dijeron que solicitaron al gerente del Firco una auditoría en relación con los apoyos otorgados a la organización La pequeña propiedad, los cuales consisten en maquinaria agrícola, recursos para la adquisición de insumos y equipo de oficina.

“La maquinaria agrícola de 119 socios se encuentra en poder de cuatro de ellos: Julián López Torres, quien es secretario y tesorero de la Unión Regional Ganadera; Jorge José Loyola Bacho, Gerardo Tejada Silva y Lucio Bautista Hernández”, indicaron.

“La maquinaria es para el apoyo de la cadena productiva de los productores de maíz del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de los Agronegocios, por lo que en este ciclo agrícola no hemos realizado ninguna labor en el campo para la siembra de maíz de temporal”, señalaron las autoridades municipales y ejidales.

La aportación para la compra de tractores otorgados a los socios de esta comunidad fue de un millón 893 mil 45 pesos, de una inversión de dos millones 704 mil 350 pesos, con los que el 27 de junio el gobierno federal, mediante la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dio el banderazo al Programa de maíz y frijol.

A unos meses de que comenzó el programa esos recursos fueron acaparados por las cuatro personas antes citadas “sin que ningún funcionario intervenga para impedir esos actos de rapiña y corrupción”, por lo que se supone que el fraude fue orquestado con la complicidad de los funcionarios federales, aseguraron.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Ejidatarios chihuahuenses acusan a minera canadiense de violar acuerdos.

■ Minefinders Corporation ocasiona daños ambientales y económicos, afirman labriegos


■ Extiende sus actividades mineras en más de mil 200 hectáreas a pesar de una licencia de sólo 500

Miroslava Breach Velducea (Corresponsal La Jornada)

Chihuahua, Chih., 2 de julio. Campesinos del ejido Huizopa, habitantes del poblado Dolores, en el municipio de Madera, acusaron a la empresa canadiense Minefinders Corporation de violar acuerdos con el núcleo ejidal y extender sus actividades para la apertura del tajo de una mina en más de mil 200 hectáreas, no obstante que la firma sólo tiene licencia de uso de suelo para 500, lo que ha ocasionado daños ambientales y económicos al patrimonio de decenas de familias de la región.

El presidente del comisariado ejidal de Huizopa, Enrique Torres, informó que sus compañeros mantienen un plantón permanente a la entrada de la mina operada por Minefinders, pero no se han interrumpido actividades, y exigieron a las autoridades federales una solución a las constantes violaciones ambientales en las cuales incurre la empresa extranjera.

Explicó que el principal punto de divergencia entre Minefinders y los ejidatarios es que la firma se niega a realizar una medición de la superficie de construcción del tajo de la mina, que incluyó al caserío Dolores y ha sobrepasado en más de 700 hectáreas la licencia de uso de suelo que autoridades federales le concedieron.

De acuerdo con los ejidatarios, Minefinders ya extendió las actividades del tajo de mina sobre mil 200 hectáreas, a pesar de que tiene permiso para 500, pero además incurrió en una serie de prácticas ilegales con la intención de extenderse a más de 3 mil 500 hectáreas de terreno, sin contar con autorización de la asamblea ejidal.

Desde mediados de junio anterior, el ejido Huizopa demandó la intervención del gobierno de Chihuahua para que actúe como mediador, a fin de que se lleven a cabo trabajos de medición de la superficie que ocupa la minera. Sin embargo, los directivos de Minefinders no aceptan someterse a dicho peritaje.

Los ejidatarios asimismo acotaron en un comunicado que Minefinders se instaló en sus tierras en 1994, amparada con títulos de concesiones mineras que le otorgó la Secretaría de Economía sin tomar en cuenta a los labriegos.

Se quejaron de que desde entonces la empresa canadiense “se fue apoderando silenciosamente de cientos de hectáreas”, y en 2006 firmó un contrato de usufructo por mil 200 hectáreas con las autoridades ejidales.

Recordaron que en el contrato se acordó que la empresa pagaría 39 millones de pesos de única exhibición económica por 16 años de explotación minera, aunque anualmente obtiene por sus operaciones en la región ganancias multimillonarias en dólares.

Los campesinos exigieron a la empresa una relación justa y equitativa, pero la minera se niega a cumplir con los acuerdos, por lo que la responsabilizaron de la ruptura del diálogo.

Por su parte, el diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra dijo que, además de la apropiación ilegal de tierras por parte de Minefinders, el principal problema es el daño ambiental que la operación de minas a tajo abierto ocasiona en la Sierra Tarahumara.

Comentó que Minefinders utiliza productos químicos letales para la flora y la fauna como cianuro de potasio, usado en la extracción de oro y plata, además de que detona diariamente decenas de toneladas de explosivos.

(Con información de Matilde Pérez, reportera)


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Política, la detención del líder ejidal que negoció con minera.

Samuel Jiménez Cuenca, dirigente del Comité de Defensa de la Tierras de Xochipala

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal. La Jornada.)

Chilpancingo, Gro., 17 de julio. Samuel Jiménez Cuenca, de 68 años de edad, presidente del Comité de Defensa de las Tierras de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, fue detenido el 5 de julio por abuso de autoridad y negociaciones ilícitas con la empresa canadiense Luismin, propiedad del conglomerado Goldcorp Inc., que en 2007 le entregó un millón de pesos por el daño provocado a 300 hectáreas, cuando fue comisario municipal suplente.

Parte del dinero “se ocupó para la construcción de una escuela y otra para la remodelación de la plaza pública de Xochipala, y quedaron 310 mil pesos. Don Samuel no desvió ningún recurso”, aseguró el diputado local perredista Ramiro Solorio Almazán.

Tras un año de lucha, agregó, Samuel Jiménez logró que Luismin pagara un precio “justo” a cambio de que la empresa explotara por 60 años 450 hectáreas donde se presume que existen yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, aunque la empresa se retiró debido a problemas entre comuneros y campesinos.

Jiménez Cuenca fue denunciado por el presidente de bienes comunales, Ramiro Carreto. El anciano fue llevado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, donde le dictaron formal prisión el sábado pasado.

Leonila Jiménez, hermana del dirigente campesino, y el diputado local Ramiro Solorio coincidieron en que este proceso es una “venganza” del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pues dos días antes de la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, efectuada el 29 de junio, el labriego interceptó una camioneta que llevaba 26 tinacos, con los cuales se pretendía comprar votos.

A principios de mayo de 2007, un grupo encabezado por Samuel Jiménez formó el Comité de Defensa de las Tierras de Xochipala para exigir a Luismin el pago de 13 mil 500 pesos por la renta de cada una de las 450 hectáreas a explotar y que negociara con toda la población, no sólo con los 120 comuneros que dijeron ser dueños de los terrenos.

El 24 de mayo de 2007 el comité impidió que personal de Luismin ingresara a la zona de cerros llamada La Calavera para determinar la factibilidad de explotar una mina.

Ese mismo día, Jiménez Cuenca propuso a directivos de Luismin negociar ante el pueblo, o de lo contrario impedirían los trabajos en la mina El Bermejal. Sin embargo, campesinos, encabezados por el entonces presidente del comisariado de bienes comunales, Francisco Ramírez Castillo, dijeron que el asunto no era de particulares, sino de los comuneros, y que el resto del pueblo debía quedar al margen.

El comité también pidió una indemnización, pues, durante los primeros trabajos de exploración y la abertura de una brecha que uniría la mina El Bermejal con la mina San Pedro, Luismin afectó unas 300 hectáreas pertenecientes a 30 ciudadanos, ya que tiró cercas y dividió tierras.

El 25 de mayo el comité convocó a una reunión a la acudió el gerente general de Luismin, Tomás Iturriaga Hidalgo –quien desconoció los convenios celebrados en enero de 2006 entre la empresa y el comisario de bienes comunales, Ramírez Castillo, para que el corporativo hiciera estudios de exploración–, y nuevamente reclamó 13 mil 500 pesos por hectárea, en vez de los mil 300 pesos que ofrecía la empresa.

El comité y los comuneros pelearon por la renta de tierras. El 27 de mayo Tomás Iturriaga anunció que Luismin dejaría de hacer estudios de prospección geológica y dio por cancelado el convenio firmado con el comisariado de bienes comunales en 2006 para la ocupación de 450 hectáreas, pero pagaría un millón de pesos por afectaciones.

El dinero se depositaría el primero de junio de 2007 a nombre del comisario municipal, Samuel Jiménez.

El 28 de mayo, comuneros de Xochipala encabezados por Francisco Ramírez desconocieron el acuerdo firmado por Samuel Jiménez y ratificaron su negativa a participar en negociaciones con los demás habitantes.

Finalmente, Luismin abandonó el proyecto para buscar oro en Xochipala y Samuel Jiménez duerme en una celda.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Toman oficinas de Sagarpa en Guerrero y Quintana Roo.

Sergio Ocampo Arista y Javier Chávez (Corresponsales. La Jornada)

Unos 800 campesinos del Movimiento Social de Izquierda (MSI), provenientes de municipios de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande de Guerrero, tomaron las instalaciones de las secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Desarrollo Rural estatal, ubicadas en Chilpancingo, en demanda de la entrega de cuatro mil 500 toneladas de fertilizante y de los recursos del Programa del Maíz y Frijol (Promaf).

Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, dirigente del MSI, afirmó que cerca de cinco mil campesinos de Ahuacuotzingo, Chilapa José Joaquín de Herrera, en la zona de la Montaña; Azoyú en la Costa Chica, y Tecpan, en la Costa Grande, están a punto de perder sus cosechas debido a que no han recibido el fertilizante.

Uno de los campesinos aseguró que el producto debió entregarse desde el pasado 20 de junio; “no hemos dado ni siquiera la primera abonada, y ahora nuestras milpas se están poniendo amarillas”.

Hernández Acevedo dijo también que en mayo pasado cientos de campesinos acudieron a la Sagarpa en la ciudad de México, donde acordaron que se entregarían cinco mil 500 pesos a cada productor del programa federal Promaf. “Cada campesino que sembrara al menos cinco hectáreas recibiría por cada una mil 100 pesos.” Sin embargo, esos recursos no han sido entregados.

Los campesinos indígenas permanecieron hasta las cinco de la tarde de este miércoles en la Sagarpa y en la dependencia estatal esperando respuesta a sus demandas; más tarde se retiraron.

En Chetumal, ganaderos del sur de Quintana Roo, cerraron las oficinas del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria dependiente de la Sagarpa, inconformes porque el gobierno del estado protege al ex presidente de dicho comité, el ex diputado priísta Eduardo Reyes Velásquez.

José Luis Rubio Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera de Othón P. Blanco, denunció que Reyes Velásquez no sólo es presunto responsable del desvío de recursos federales cercanos al millón de pesos, sino también dejó de atender programas destinados a la protección del hato ganadero, provocando la muerte de 200 bovinos a causa del ataque de murciélagos que transmiten la fiebre paralítica.

Cerca de 10 líderes ganaderos colocaron candados para impedir el acceso a las oficinas antes citadas, inconformes porque el gobierno del estado decidió incluir a Reyes Velásquez en la nueva directiva del comité, pese a ser rechazado por la mayor parte de los líderes agrarios del estado.

Rubio Rodríguez aseguró que el subdelegado de la Sagarpa, Antonio Rico Lomelí, les informó que ya se solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República para la recuperación de los recursos malversados por Eduardo Reyes Velásquez.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

El gobierno engaña al sector campesino: organizaciones.

■ Un fracaso, reunión del Consejo Mexicano para Desarrollo Rural

■ Utilizará a las agrupaciones para validarse socialmente, señalan

Matilde Pérez U.


Las organizaciones campesinas aseguraron que el gobierno carece de compromiso para afrontar la crisis alimentaria en el país.

El diálogo con el gobierno fracasó por la falta de compromisos para afrontar la crisis alimentaria en el país y no atender las múltiples propuestas de organizaciones agrícolas, asentaron integrantes de El Barzón, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Maíz y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales.

Acusaron al gobierno de “despreciar el diálogo y concertación democráticos; de simulación, autoritarismo y control corporativo ya que reproduce prácticas priístas de dividir y coptar a las organizaciones campesinas”, además de negarse a debatir y concertar la alternativa para reconocer y encarar la crisis alimentaria.

En conferencia de prensa, los representantes de dichas agrupaciones pusieron en tela de juicio el inicio, mañana, de las reuniones del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en las que se empezarán a discutir los lineamientos para la firma del nuevo pacto rural.

“Es una ruta al fracaso, por eso llamamos a las organizaciones campesinas que participaron en la movilización del 31 de enero a no caer en el engaño del gobierno pues habla ante un espejo; los utilizará para validarse socialmente”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Ramírez Cuéllar, quien participó en las reuniones presididas por el secretario del Trabajo, Javier Lozano –designado por el Ejecutivo como el interlocutor gubernamental con el movimiento campesino–, explicó que una de las principales demandas es el establecimiento de una reserva alimentaria, “y lo que hizo el gobierno fue quitarnos el nombre y engañar a la población al afirmar que la disposición de maíz durante los próximos nueve meses, a través de Diconsa, es parte de dicho mecanismo, además de la presunta baja de precios de productos que no son de la canasta básica”.

Los leves cambios a las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura no resuelven la crisis del agro ni atienden el contenido y formato acordado en el Manifiesto Campesino del pasado 31 de enero; por eso es urgente una reunión de todas las organizaciones que participaron para garantizar la reivindicación de ese documento ante el gobierno, insistió.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!