La demanda de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes contra el pueblo es legítima, exigencia que desde hace décadas enarbolan las víctimas de la violencia de Estado y el pueblo organizado.
Hoy, la actual junta administrativa manipula y mutila esta demanda para dotarse de legitimidad con la simulación de una consulta que garantiza impunidad a los personeros del régimen y mantiene intactas las estructuras del Estado mexicano.
La “consulta popular” del primero de agosto, promovida desde el Ejecutivo federal no tiene el objetivo de “juzgar a los expresidentes” ni otorgar justicia para el pueblo explotado y oprimido, se devela como un mecanismo para mediatizar una histórica demanda popular y conducir el descontento hacia el fortalecimiento de la democracia burguesa.
Persigue continuar y fortalecer la aparente legitimidad de la administración morenista a nombre de una cuarta transformación, por lo que permite a la junta administrativa y al interés oligarca oxigenar las contradicciones producto de la crisis económica y política que se vive en el país.
Ante la realidad lacerante que vive el pueblo mexicano, que se confronta con el discurso presidencial y la permanencia de un Estado que responde a los intereses de una minoría explotadora, para la política burguesa se hace necesario aplicar mecanismos que soporten la careta de la junta administrativa con supuesta democracia participativa.
Sin embargo, al no modificarse el origen de la explotación y la opresión, al edificar un proyecto de nación sobre los mismos principios capitalistas y reproducir las formas burguesas de hacer política, el bono electoral producto de la manipulación del descontento popular hacía una “transformación pacífica” se agota en la medida que no se resuelven ni se toman medidas concretas para la solución de las demandas populares, fundamentalmente en los temas de verdad, justicia y alto a la violencia de Estado.
Las voces de juicio y castigo que desde hace años se levantan denunciando la violencia de Estado hoy como antes, se les ignora, criminaliza, reprime y ejecuta. Los familiares y organizaciones que claman justicia por las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, represión, quieren ahogarlas en las grietas del voto y en mecanismos administrativos económicos que no resuelven sus demandas.
La necesidad política para el Estado burgués es reforzar los mecanismos de dominación de la dictadura del capital, que en estos momentos tiene como principal figura la democracia burguesa. Este aparato se fortalece en la medida que simula ser efectivo para resolver las demandas populares y se hace pasar por representante del interés del pueblo, aunque en los hechos esté alejada del interés popular y fortalezca a las instituciones burguesas y políticos de oficio. La “consulta” sirve a los personeros del régimen para mantenerse en la pugna por el poder burgués, medrando y a costa de las necesidades y demandas populares.
En este escenario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace gala, institución que no ha emitido fallos por los múltiples casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ampliamente documentados, al que se suma la negativa a emitir un fallo sobre el caso de desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Avala la “consulta” y establece una pregunta ambigua que no busca juzgar a los responsables de los crímenes contra el pueblo, determinación que demuestra los intereses burgueses que representa y la nula intención de cuestionar a los altos mandos del Estado mexicano.
A pesar de las contradicciones internas con el Instituto Nacional Electoral (INE), éste asume la tarea de organizar la “consulta popular” con un presupuesto de 522 millones de pesos. Es evidente que la contradicción con el Ejecutivo federal no es de carácter antagónica, pues ambos sirven a los intereses oligárquicos para mantener doblegada la voluntad popular de combatir.
Si la intención de la junta administrativa es generar los mecanismos para enjuiciar a los expresidentes, se debe aplicar y ejercer la justicia contra los criminales de Estado, no conducir al pueblo al laberinto de la institucionalidad burguesa para lavarse las manos ante su “ineficacia” y argumentar: “se intentó, pero no nos dejaron”.
La demanda popular que exige juicio y castigo a los personeros
del Estado por los crímenes cometidos contra el pueblo es legítima, justa y
necesaria. Demanda política que no puede reducirse al ámbito individual, vulgarizarla
en la personificación de intereses “malvados y perversos”. Es necesario
enjuiciar a los politicastros y la cadena de mando de las fuerzas policíaco militares
que tienen responsabilidad en el cometido de crímenes contra el pueblo.
Es el mismo Estado burgués mexicano, sus politicastros y personeros, los que ejecutan la violencia reaccionaria contra el pueblo, el mismo ente represivo que ahora, con aires de renovación, se remoza en su papel de verdugo del capital.
La consulta del primero de agosto, que se reduceal inicio o no de un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, más que el juicio a los expresidentes, es un mecanismo administrativo y burocrático para ahogar la exigencia de juicio y castigo a los responsables de la violencia de Estado y diluirlo en los mecanismos del estado de derecho oligárquico.
Representa una maniobra del Estado mexicano para evadir su responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad y darle vuelta a la hoja para continuar con la ejecución de la violencia contra la clase trabajadora, desechando piezas y remozando otras se busca eliminar el fenómeno político: la violencia contra el pueblo tiene origen y promoción en el Estado burgués mexicano, independientemente de la junta administrativa que lo ostente, es un mecanismo para ejercer la opresión contra las masas populares, es el pilar que sostiene el poder burgués.
Si la violencia y los agravios contra el pueblo vienen de diversas estructuras de Estado, no se reduce con llevar a juicio a los que representaron la junta administrativa burguesa, sino al cúmulo de políticos de oficio y mandos de las fuerzas policíaco militares responsables de organizar, dirigir y accionar la voluntad oligárquica, personeros que aún continúan en la nómina y ejercen funciones en las administraciones burguesas.
La “consulta” se perfila como un laberinto leguleyo donde se busca garantizar impunidad a los criminales de Estado, que mediatiza el descontento popular al llevar las demandas políticas a los terrenos de la democracia burguesa. Donde el accionar del pueblo nuevamente queda reducido en el estado de derecho oligárquico.
Confiar en la justicia burguesa es crear falsas esperanzas en el pueblo y condenarlo a mayor opresión de manos de los personeros del capital.
La lucha contra la violencia de Estado debe mantenerse alejada de las manos corporativizantes de la junta administrativa, continuar exigiendo castigo a los responsables intelectuales y materiales de la violencia contra el pueblo, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos, alto a la militarización, con la claridad de que el responsable es el Estado mexicano como ente capitalista.
Es el Estado mexicano el que debe ser juzgado, como responsable de las cientos de miles de víctimas de la violencia de clase, por las políticas antipopulares a favor de los grupos oligárquicos, por la sumisión y dependencia hacia el imperialismo, por reproducir y mantener este régimen oprobioso. Dentro de esto los politicastros y funcionarios de acuerdo a su grado de responsabilidad, por lo que si existe el interés de aplicar justicia se debe enjuiciar a los responsables y poner un alto a la violencia reaccionaria.
Objetivo que en las manos de las instituciones burguesas se utiliza como mediatizador y paliativo del descontento, no llegará a término bajo las leyes e instituciones capitalistas. Por lo que se nos presentan objetivos concretos para su desarrollo, desenmascarar el carácter de las juntas administrativas con el combate político a la vez que se crean los espacios de poder político que respondan al interés de las masas trabajadoras, expresados en su germen: organismos de combate popular que construyan conciencia proletaria y relaciones alejadas de los principios político-morales burgueses.
La voluntad popular de combatir debe derivar en la construcción del poder político del pueblo, donde la justicia sea efectiva y se haga valer con la autodefensa armada de las masas.
PDPR-EPR
