“En México no hay justicia”: Integrante del FPDT al término del tercer día de sesiones en la SCJN

Al término del tercer día de sesiones en la SCJN referentes al dictamen sobre violaciones a los derechos humanos en Atenco los días 4 y 5 de mayo de 2006, algunos de los integrantes del FPDT integrantes de la comisión que entró a la sesión de ese día, manifiestan su opinión respecto a la misma.

Por otro lado, Trinidad Ramírez nos da un rápido comentario acerca de ese día, la abogada que maneja el caso de Héctor Galindo nos informa al respecto y el abogado Damián del FPDT nos hace un comentario en relación a este tercer día de sesiones.

Comisión


Solidaridad con el FPDT


Trinidad


Abogada de Héctor Galindo


Damián, abogado del FPDT



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Motín en el penal Molino de Flores

En estos momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute
el proyecto de dictamen sobre lo que han denominado "el caso Atenco", y en
que varios militantes del FPDT permanecen a las afueras del edificio de
sesiones junto con compañeros de organizaciones independientes que exijen
justicia y libertad para nuestros presos políticos, nos llega el informe de
que está ocurriendo un motín en el penal del molino de las flores, donde
están injustificadamente privados de su libertad diez de nuestros
Compañeros, y de que hay un muerto cuya identidad se ignora.

Ante estos hechos que bien pudieran ser un montaje mas de provocación del
gobierno estatal y federal para incriminar a nuestros compañeros y
retenerlos más tiempo en prisión, ahora que se va haciendo evidente que
quien ha mentido son precisamente quienes los tienen en virtual calidad de
rehenes, responsabilizamos a Felipe Calderón Hinojosa, a Enrique Peña Nieto
y a las autoridades del penal mencionado de la integridad física y
psicológica, así como de la vida de nuestros hermanos allí recluidos.


¡Presos políticos de México Libertad!
¡Libertad para los trece compañeros de Atenco!
¡Alto a la persecusión política contra militantes del FPDT!
¡Contra la represión la movilización!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Golpean soldados a campesino de Coahuayutla.

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal La Jornada Guerrero)

Zihuatanejo, 10 de Febrero. Efectivos del Ejército Mexicano golpearon a un campesino de la comunidad de Antón Simón en Coahuayutla durante un operativo de revisión de armas efectuado el lunes pasado; Atilano Ruiz Cruz resultó con heridas en el antebrazo derecho, golpes en la espalda y lesiones en el abdomen por eso acudirá ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a interponer la denuncia por abuso de autoridad y lesiones.

El agraviado denunció el hecho en la Secretaría General de Coahuayutla donde detalló que a las 6 de la madrugada de ayer un grupo de soldados perteneciente de la 27 zona militar destacamentados en Zacatula llegaron a su domicilio a bordo de la unidad 8004274 y lo sacaron de su domicilio para agredirlo.

En entrevista, Ruiz Cruz detalló que a esa hora arribó el convoy a la comunidad para revisar armas de propiedad del Ejército por lo que acudieron a su domicilio a revisarle su rifle calibre 22 tipo remington que utiliza para casería.

A pesar de que comprobó que cuenta con un permiso autorizado para portarla los militares lo sacaron y lo llevaron a la parte de atrás de su casa para cuestionarlo sobre otras armas y sobre sembradíos de enervantes en la zona.

Al no obtener la respuesta que querían, los militares comenzaron a golpearlo con sus armas de cargo tipo G3 y después huyeron del lugar.

Debido a esto y para tener antecedentes, el campesino acudió a revisión ante un médico para conocer el grado de las lesiones.

También fue ante el ayuntamiento para que exista antecedente y que los militares no regresen a intimidarlo por denunciarlos.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Se resiste Torreblanca; hidroeléctrica La Parota aún “mueve la colita”, sostiene.

Gómez Mont y Elías Ayub tienen una versión distinta a la del Cemda, afirma

FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal)

Petatlan, 10 de Febrero. El proyecto hidroeléctrico La Parota aún “se le mueve la colita”, aseguró el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo con respecto a la información emitida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en torno a que está prácticamente cancelado, por lo que llamó a conjuntar esfuerzos para su contrucción, pues insistió en que será detonador en el desarrollo.

Entrevistado en este municipio durante una gira de trabajo donde inauguró diversas obras, el gobernador aseveró tener otra información con respecto a la evolución de la hidroeléctrica por pláticas que ha sostenido con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y con el director de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta.

No obstante que no reveló la información que tiene, aseguró que “se le mueve la colita” en referencia de que aún da señales de vida.

Dijo que la postura del gobierno es continuar con la suma de esfuerzos para concretar la presa, pues no será un proyecto de Acapulco ni de Guerrero sinodel sur de país siempre y cuando no se trastoquen los intereses de los pobladores y sin avasallarlos ni excluirlos.

“Estoy absolutamente convencido que es un proyecto detonador del desarrollo respetando los intereses de los pobladores de ese lugar”, sostuvo.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

“Graves abusos” se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte

No está probado que policías hayan segado dos vidas; fantasía digna de Costa Gavras: Aguirre

Jesús Aranda (La Jornada)

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones –una matutina y otra vespertina–, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue “un acto de venganza” en que intervinieron “mandos superiores” que aplicaron “técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias”, como las instauradas en los años 70 en “Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo”.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la “brutalidad excesiva” de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.

Añadió que tanto en las agresiones sexuales a las detenidas como en el resto de las vejaciones hubo un patrón de conducta para no dejar evidencia incriminatoria.

En referencia a la presunta responsabilidad de funcionarios de primer nivel, como serían el gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y de Miguel Ángel Yunes, entonces secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Góngora señaló:

“No es difícil concluir, que los superiores no son responsables sólo por omisiones, sino que se trata más bien de una acción pensada; me atrevería a decir que estamos ante autores intelectuales”, ya que las acciones siguieron un modus operandi en las golpizas, violencia en las detenciones, las agresiones sexuales, etcétera.

Infructuosamente trató de agregar al catálogo de derechos violados previstos en el dictamen –derecho a la libertad, a la libertad sexual, al debido proceso, a la justicia– el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio.

El derecho a la vida, explicó, en razón de que la muerte de Alexis Benumea Hernández, por el uso ilegítimo de armas lanza gases lacrimógenos, y de Javier Cortés Santiago.

“No vamos a revivir a Javier, ni a Alexis; tampoco vamos a regresar la dignidad a las mujeres abusadas ni a sanar los golpes físicos, morales, infligidos a la población, lo que sí podemos es mandar un mensaje de que ello no debió haber ocurrido ni puede volver a ocurrir”, apuntó.

Mientras, Aguirre Anguiano se mantuvo en que en Atenco no hubo violación grave a las garantías individuales.

De entrada, celebró que “individuos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hubieran sido puestos a disposición de las autoridades. Con sorna, añadió que “a lo mejor la afectación fue enormemente positiva” para los atenquenses.

Ante media docena de representantes del FPDT que asistieron a la sesión, Aguirre rechazó que se hubiera violado el derecho a la vida en la muerte de Alexis Benumea y Javier Cortés, como planteó Góngora. “Se segaron dos vidas, pero, ¿que se violó el derecho a la vida por parte de los policías?, eso no está probado…, fantasía pura digna de Costa Gavras.”

Tampoco aceptó que se hubiera violado el derecho a la libertad sexual, al afirmar que no existen dictámenes médicos que prueben las denuncias de las detenidas. En cuanto al exceso de fuerza pública, dijo convencido que las lesiones que presentaban los detenidos podrían ser producto de los enfrentamientos con policías, más que por tortura.

Este miércoles continúa la sesión en la que se oficializarán las opiniones de ministros vertidas ayer, y se iniciará la discusión sobre el posible fincamiento de responsabilidades “morales”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Responsabiliza Góngora a Peña Nieto y Medina Mora por abusos en Atenco.

No supervisaron a sus subordinados, omitieron dar seguimiento a los hechos e investigar denuncias, dijo. Los ministros Valls, Azuela y Aguirre se pronunciaron en contra del señalamiento.

Jesús Aranda y La Jornada On Line

México, DF. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República) junto con mandos superiores de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, son responsables de la violación grave de garantías individuales en los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, aseguró este miércoles, el ministro Genaro Góngora Pimentel.

Al iniciar este miércoles la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si procede señalar los nombres y cargos de quienes violaron los derechos humanos en esa población mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006, Góngora Pimentel señaló que los mandos superiores que planearon, organizaron y ejecutaron el desalojo y detención de los manifestantes son responsables directos e indirectos por no haber supervisado el actuar de sus subordinados, no dar seguimiento a los hechos violatorios de garantías cometidos por los policías federales y estatales en los operativos y por su omisión en investigar de manera diligente las denuncias presentadas por las víctimas por actos de tortura, violencia desmedida y agresiones sexuales, en el caso de 31 mujeres.

Góngora se pronunció así en contra del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo quien se refiere de manera genérica a los funcionarios involucrados en los operativos, pero que no finca responsabilidad alguna.

Después de él, los ministros Sergio Valls, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos señalaron que no procede que la Corte responsabilice a funcionarios involucrados. Esta última precisó que en principio de cuentas no hay indicio ni testimonio en el que quede manifiesto que fueron las autoridades superiores quienes ordenaron abusar de la fuerza pública.

Asimismo, dejo en claro que en el particular no se está -hasta este momento- en posibilidad de establecer responsabilidades de ningún tipo, ya que no están en un procedimiento de carácter jurisdiccional. Solamente sería posible que hubiera alguna recomendación para que la SCJN continuara el caso por la vía penal.

En tanto José Ramón Cossío dijo que sí debía debía señalarse a quienes estaban a cargo directo de los operativos. En su turno, Fernado Franco González manifestó que dejar en la impunidad a quienes cometieron violaciones graves a las garantías individuales es tan grave como fincar responsabilidades "de manera universal e indiscriminada" a personas inocentes.

Para el caso de Atento, el ministro consideró pertinente valorar los hechos tomando en cuenta el contexto en el que se suscitaron y en su caso imputar responsablemente de los mismos. En este sentido mencionó que dada la estructura de las corporaciones con diferentes competencias habría que identificar cuáles son las funciones de cada autoridad que participó en el ataque para así identificar si hay o no responsabilidad.

Tras la apertura de la sesión por parte de Genáro Góngora Pimentel, el ministro Sergio Valls dijo que no se puede imputar a quienes dieron las órdenes desde el más alto mando, porque las responsabilidades se van delegando en una cadena, por lo que, dijo, las violaciones no se derivaron de una estrategia estatal ni de las órdenes de los altos mandos de gobierno, sino de la conducta inadecuada de algunos elementos en el terreno.

Por su parte, Sergio Aguirre Anguiano, quien la víspera negó que haya habido violaciones graves en los hechos ocurridos en 2006, dijo este miércoles que los ministros no son francotiradores de funcionarios y burócratas y se le hace imcomprensible y hasta un exceso darle una responsabilidad directa a algunos mandos.

Mañana jueves, el pleno de la Suprema Corte continuará el análisis del caso. Antes de concluir la sesión vespertina, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia destacó que la discusión estará centrada, luego de determinarse que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales durante esos operativos, en determinar qué autoridades o agentes de la autoridad produjeron tales hechos y quiénes, pudiendo evitarlo por razones de competencia, de ejercicio de mando y de presencia en el momento y lugar adecuados, pudieron evitarlos y no lo hicieron.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!