Campesinos toman dos ayuntamientos en Guerrero

Campesinos de los municipios de Ahuacuotzingo, en la región de La Montaña y de Leonardo Bravo, en la zona centro de Guerrero, tomaron dos palacios municipales y retuvieron a funcionarios y a trabajadores; en el primer caso exigen la entrega de 600 toneladas del fertilizante y en el segundo la conclusión de obras.

En Ahuacuotzingo, unos 600 campesinos de varias comunidades tomaron desde las 3 de la tarde la alcaldía para exigir al presidente municipal, Antonio Tejeda, el pago de 2 millones de pesos del programa de fertilizantes, pues debido a que los recursos están retenidos, unos 600 campesinos no han recibido el insumo y se pasa la temporada para abonar sus sembradíos.

Otro grupo de campesinos de la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo, también tomó la mañana de este miércoles el palacio municipal, en protesta porque el alcalde, Wilebaldo Valente Pastor, pretende entregarles un centro de salud y la pavimentación de una calle que están inconclusas.


Chilpancingo. Zacarías Cervates . Milenio Diario.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Lanzan segunda etapa de “Sin Maíz No Hay País”

En el marco de la crisis alimentaria global y en México –que se expresa aquí con un encarecimiento de los alimentos de más de 70 por ciento en 18 meses y una profundización de la dependencia de importaciones–, más de 500 organizaciones campesinas, de productores y civiles, así como intelectuales, artistas, personajes públicos e individuos en general lanzaron la segunda etapa de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, con un nuevo agregado: “Alimentos campesinos para México. ¡El hambre no espera!”.

La Campaña reitera la imperiosa necesidad de reactivar el campo mexicano, por medio de la revalorización e impulso a la agricultura campesina, la cual ha sido despojada de políticas y apoyos públicos en los 25 años recientes, a pesar de que los productores de pequeña y mediana escala poseen 80 por ciento de las tierras donde se encuentran los recursos estratégicos (agua, germoplasma y minerales) y de que son guardianes y responsables de buena parte de la oferta alimentaria, de la biodiversidad, los servicios ambientales y de la preservación de la diversidad étnica y cultural del país.

También la Campaña insiste en la exigencia al Ejecutivo de que renegocie el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así como los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para salvaguardar la soberanía alimentaria,

No a transgénicos, no a los agrocombustibles

Igual que ocurrió en la primera fase de la campaña –que inició hace un año y que cumplió su objetivo de poner al maíz “en boca” de la población–, ahora las organizaciones e individuos promotores convocan a la sociedad civil a impedir la siembra en México de maíz transgénico, para así resguardar la condición de nuestro país como centro de origen del maíz, con 59 razas nativas, y como gran reservorio de variedades adaptadas al cambio climático.

Pero ahora ese llamado –que se hace crítico, pues el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifidados (LBOGM) generado por el Ejecutivo prevé la siembra experimental de maíces transgénicos para fines de este año—se complementa con la demanda de frenar el uso del maíz para su transformación en agrocombustibles.

La utilización de maíz y de otros alimentos para la producción de etanol es un crimen en esta crisis, siendo nuestro país un fuerte productor de petróleo. Los agrocombustibles son responsables de por lo menos 30 por ciento del encarecimiento mundial de los precios de los granos básicos (de 130 por ciento en el trigo, 87 en soya, 74 en arroz y 31 por ciento en maíz, entre marzo de 2007 y marzo de 2008, según la FAO) y además hay evidencias científicas de que no son sustentables ambientalmente, pues utilizan grandes volúmenes de agua y de energía fósil para su elaboración.

En México, con apoyos públicos este año tres plantas de etanol instaladas en Sinaloa estarán consumiendo casi un millón de toneladas de maíz. Ello, a pesar de que México depende hoy de más de 10 millones de toneladas del cereal (casi 30 por ciento de las necesidades domésticas).

Freno a monopolios y alimentos chatarra

La Campaña considera fundamental la participación de la sociedad civil en la defensa del maíz, del impulso a la capacidad productiva campesina y de la defensa del derecho a la alimentación, luego de que el Ejecutivo federal ha mostrado indiferencia y desprecio frente a la crisis alimentaria y a los efectos económicos, sociales y nutricionales de la población, misma que ya hoy suma 20 millones de personas con desnutrición y anemia, 60 millones que viven en condiciones de pobreza y más de 30 millones con problemas de obesidad (ligados a una oferta extensa de alimentos chatarra sin regulación e impulsados por publicidad engañosa).

Asimismo, llama a una lucha contra los monopolios alimentarios, pues la grandes corporaciones están dictando hábitos de consumo perniciosos para la salud y para el bolsillo de la población (por ejemplo con refrescos que en términos reales significan azúcar a 80 pesos el kilo, y que predisponen a la diabetes). La Campaña pretende inducir un consumo responsable de la población y una regulación para la publicidad de las corporaciones, la cual miente o exagera acerca de los valores nutiricionales de sus productos.

La campaña plantea exigencias puntuales, que involucran el compromiso de la sociedad, del Congreso y del propio Ejecutivo. Entre ellas destacan:

A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos, con un programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit comercial sectorial en 2012, y con una concertación del gobierno federal y los estatales con las organizaciones por rama de producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.

Asimismo, una reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural. Y una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras, la aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso. Y la aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables, tales como la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación, y el establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, con fomento a la compra a asociaciones de productores mexicanos.

También, el incremento de cien por ciento al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de la tierra y las remesas.

C) Creación de una Reserva Estratégica Alimentaria, que sería administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por maíz (tres millones de toneladas), trigo (un millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a cuatro meses del consumo nacional.

D) Protección al maíz, por medio de investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas; incentivo a prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura; protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica; medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del grano; establecimiento de un sistemas de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos, y etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental a la información para poder elegir.

Los promotores de la Campaña consideran que todas estas acciones pueden ser fácilmente financiadas con la creación de un Fondo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con los recursos excedentes del petróleo; asimismo, con los ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU; con un recorte de 20 por ciento del gasto corriente de la alta burocracia de los tres Poderes (incluyendo reducción salarial y prestaciones, y con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores), y con 25 por ciento de los decomisos al crimen organizado.


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El gobierno engaña al sector campesino: organizaciones.

■ Un fracaso, reunión del Consejo Mexicano para Desarrollo Rural

■ Utilizará a las agrupaciones para validarse socialmente, señalan

Matilde Pérez U.


Las organizaciones campesinas aseguraron que el gobierno carece de compromiso para afrontar la crisis alimentaria en el país.

El diálogo con el gobierno fracasó por la falta de compromisos para afrontar la crisis alimentaria en el país y no atender las múltiples propuestas de organizaciones agrícolas, asentaron integrantes de El Barzón, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Maíz y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales.

Acusaron al gobierno de “despreciar el diálogo y concertación democráticos; de simulación, autoritarismo y control corporativo ya que reproduce prácticas priístas de dividir y coptar a las organizaciones campesinas”, además de negarse a debatir y concertar la alternativa para reconocer y encarar la crisis alimentaria.

En conferencia de prensa, los representantes de dichas agrupaciones pusieron en tela de juicio el inicio, mañana, de las reuniones del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en las que se empezarán a discutir los lineamientos para la firma del nuevo pacto rural.

“Es una ruta al fracaso, por eso llamamos a las organizaciones campesinas que participaron en la movilización del 31 de enero a no caer en el engaño del gobierno pues habla ante un espejo; los utilizará para validarse socialmente”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Ramírez Cuéllar, quien participó en las reuniones presididas por el secretario del Trabajo, Javier Lozano –designado por el Ejecutivo como el interlocutor gubernamental con el movimiento campesino–, explicó que una de las principales demandas es el establecimiento de una reserva alimentaria, “y lo que hizo el gobierno fue quitarnos el nombre y engañar a la población al afirmar que la disposición de maíz durante los próximos nueve meses, a través de Diconsa, es parte de dicho mecanismo, además de la presunta baja de precios de productos que no son de la canasta básica”.

Los leves cambios a las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura no resuelven la crisis del agro ni atienden el contenido y formato acordado en el Manifiesto Campesino del pasado 31 de enero; por eso es urgente una reunión de todas las organizaciones que participaron para garantizar la reivindicación de ese documento ante el gobierno, insistió.


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Conflicto agrario en San Juan Lalana, Oaxaca.

Culpan de disputa a autoridades de Oaxaca

Matilde Pérez. La Jornada.

Unos 87 pequeños propietarios responsabilizaron a las autoridades agrarias de la disputa entre comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios por mil 850 hectáreas en Santiago Jalagüi, municipio de San Juan Lalana, Oaxaca. Juan Cruz Hernández afirmó que los propietarios poseen el terreno desde 1954, pero las autoridades agrarias confirmaron la entrega de 19 mil 196 hectáreas –incluyendo la superficie de los pequeños propietarios– a la comunidad de Santiago Jalagüi y también reconoció la titularidad de la propiedad al ejido Campo Nuevo. Señaló que la disputa en la región ha dejado un saldo de ocho muertos.


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Presenta SAGARPA estudio deficiente para tomar decisiones respecto al maíz y su cadena productiva

Daniela Rea. Grupo Reforma.

(15 julio 2008).- La información que servirá de base al Gobierno federal para tomar decisiones respecto al maíz y su cadena productiva fue presentada con deficiencias por el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas.

Una de las deficiencias del estudio "Matriz de insumo producto del sistema maíz" -que permitirá cruzar datos sobre precios, demanda, clima y producción- es que se hizo con información de 2005, porque la dependencia no tiene información actualizada.

Además, carece de datos sobre agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, debido a que el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entregaron los datos tarde y no se integraron.

En la presentación, Cárdenas se dijo gustoso de ver el estudio cuyo costo fue de 750 mil pesos, según Efraín García Bello, presidente de la Confederación de Productores Agrícolas de Maíz.



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