Comunicado del TADECO sobre Comisión de la Verdad en Guerrero

COMISION DE LA VERDAD EN GUERRERO:
COMPROMISO ELECTORAL Y PLATAFORMA DE PODER POLITICO, NO CON LA VERDAD Y LA JUSTICIA ANTE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE AYER Y HOY

El día de mañana 2 de diciembre del 2011, el Congreso Local iniciará la discusión para su aprobación de la llamada “Comisión de la Verdad” en el Estado de Guerrero que fue un compromiso de campaña del actual gobernador. La iniciativa contempla solo el período de la denominada “Guerra Sucia” y no abarca los casos de represión de los años subsecuentes, en especial las masacres de Aguas Blancas y El Charco y las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de los años recientes.

Como TADECO no podemos dejar de expresarnos ante la opinión pública, pues como es sabido, nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva se encuentra desaparecido desde hace ya casi 5 años y como él, hay por lo menos 300 detenidos desaparecidos más y casi 3 mil asesinados extrajudicialmente en la entidad, en el lapso de los últimos seis años.

A través del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, mediante el cual reclamamos la presentación con vida de 31 detenidos desaparecidos y el castigo a los culpables de 11 ciudadanos asesinados extrajudicialmente desde hace mas de 4 años, hemos exigido justicia y ante la indolencia de las autoridades, hemos planteado la urgencia de que se instrumenten mecanismos ágiles y efectivos de búsqueda con la coadyuvancia de los familiares y de nuestro comité, pues nuestros desaparecidos en particular, pueden estar vivos y no descartamos la posibilidad de que se reintegren a sus familias. Sin embargo, la indiferencia, el silencio y la inmovilidad siguen haciendo cómplices a las autoridades y abonando a la impunidad.

El nuevo gobierno perredista, como el anterior, sigue sin hacer nada por atender nuestro reclamo de justicia y también lo ignora. Por ello nos preocupa la demagogia con que se plantea la comisión de la verdad, ya que solo se refiere a los casos de las víctimas del pasado, de la llamada guerra sucia y no se incluyen los casos recientes, dejando de lado los casos de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales de carácter social, como ahora les llama la ONU, que son los casos que nosotros reclamamos, los casos de los ciudadanos comunes pues.

Nos preocupa también la manera en que se plantean los objetivos para la presunta Comisión de la Verdad, porque una comisión de este tipo no persigue, no sanciona solo busca la verdad, una verdad que serviría sobre todo para dar con el paradero de nuestros seres queridos detenidos desaparecidos y para que la instancia que le corresponde pueda utilizar esa información con ese fin, además de castigar a los culpables. Aquí el otro problema es ese: ¿Existen las instancias y el marco jurídico apropiados para ello, es decir para castigar a los verdaderos culpables, aún así sean agentes estatales? ¿Están la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia del Estado en condiciones de asumir ésta tarea? ¿La Constitución del Estado, El Código Penal y la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, constituyen el marco jurídico apropiado? Nosotros decimos que no.

Nos preocupa también la premura con la que se está creando este organismo, que nos da idea más de la necesidad oficial por cumplir un compromiso político formal que buscar la verdad para que se haga justicia. Vemos que se avecina la integración de otro aparato del Estado más, que mediatizará la lucha por la verdad y la justicia, que no agregará información verdadera sobre delitos cometidos por agentes estatales, ni conseguirá enjuiciar, ni sancionar a alguno y no nos extrañaría que terminara siendo solo una fuente de empleo para algunos dirigentes sociales y políticos que podrán utilizarla para sus fines particulares. Ya se sabe que el protagonismo y el chambismo enferman a muchos activistas cuando se transforman en funcionarios públicos.

Son muchas las comisiones que han existido en diversas partes del mundo y cada una tuvo diferentes objetivos y por lo tanto diferentes características; durante conflictos armados o al final de ellos; pero vemos que la mayoría de ellas solo han servido para plantear leyes de punto final, reconciliación, auto amnistía y otras figuras que perpetúan la impunidad y que dañan profundamente a quienes esperan cada día por la verdad y por la justicia.

Por ello es necesario ubicar desde el contexto estatal y la problemática específica cuales son las características que se necesitan para que una Comisión de éste tipo cumpla sus objetivos. Son muchos los temas a analizar y muchas las aristas a tocar. La Comisión de la Verdad, no es cosa fácil, es una empresa compleja y difícil que requiere la participación de toda la sociedad, principalmente de los familiares de las víctimas, para hacer acuerdos, buscar consensos para la mayor credibilidad y menor descalificación, pero principalmente para la mayor eficiencia y eficacia, pues los detenidos desaparecidos del pasado, al igual que los asesinados siguen esperando justicia y los detenidos desaparecidos de ahora, insistimos, pueden incluso estar vivos.

No somos escépticos a ultranza, solo que no vemos la voluntad política real del estado para que se puedan realizar todas las acciones necesarias para que la verdad pueda ser conocida, además de que como se sabe, en el aparato del Estado se encuentran todavía muchos de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, lo que de inicio es un gran obstáculo para el esclarecimiento, castigo y localización de las víctimas.

Para nosotros ahora lo prioritario es la implementación de un Plan de Búsqueda, que se reabran los expedientes de los casos que reclamamos y de todos aquellos que están archivados desde los años 60’s, como el de Epifanio Avilés Lino, que se investigue realmente incluso con la coadyuvancia de los familiares en los casos que sea posible y necesario y que se conozca la verdad, considerando que nuestros desaparecidos pueden estar aun vivos y pueden ser rescatados y reintegrados a sus espacios y familias o en su caso, hacer valer el derecho a la verdad para que los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y la sociedad en su conjunto, conozcan de los hechos, el destino de las víctimas y en su caso donde se encuentran sus restos, contemplando también el derecho de los familiares a enterrarlos y cerrar esta etapa de sus vidas, así como a reclamar el castigo a los culpables.

Por lo visto, la presunta comisión de la verdad no será un instrumento adecuado para ello. Como sea, nosotros seguiremos luchando por la presentación de todos los desaparecidos y por los casos que reclamamos en nuestro Comité, porque se investigue ¡ya!, porque se esclarezcan éstos hechos y los asesinatos extrajudiciales y principalmente por el derecho a la verdad y porque se haga justicia.

¡INVESTIGACIÓN Y VERDAD YA!
¡NO A LA SIMULACIÓN E IMPUNIDAD!
¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!

Chilpancingo, Gro. a 1 de diciembre del 2011


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Estado mexicano pierde oportunidad histórica de reconocer a las víctimas de la "guerra sucia"

México D.F., 16 de noviembre de 2011

Realizará acto de reconocimiento de responsabilidad por desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, sin acuerdo ni presencia de los familiares


El día de hoy, la Secretaría de Gobernación comunicó a Tita Radilla, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) así como a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), que la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llevaría a cabo el día de mañana 17 de noviembre a las 11:00 hrs. en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con la presencia de altos funcionarios gubernamentales.

Lamentamos que en razón de la premura y la manera unilateral con la que el gobierno pretende llevar a cabo la el acto, la familia Radilla Pacheco no pueda estar presente. En este sentido, Tita Radilla "el Estado pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la "guerra sucia", reconstruir el tejido social en Guerrero donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez en su totalidad, donde se han documentado más de 630 casos de desaparición forzada"

Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la CMDPDH consideró que "este tipo de eventos poseen un carácter fundamental para dignificar a las víctimas y sus familias, y un efecto de reparación que en este caso se nulifica al no contar con la presencia de las víctimas. La imposición del acto revictimiza a las familias que tienen más de 37 años esperando que el Estado reconozca lo sucedido durante los años 70. Ante la situación que viven actualmente las víctimas en el país, es lamentable que el gobierno tome este tipo de decisiones sin tomar en cuenta que se impide elaborar el duelo e impide la reconciliación, asimismo, no conduce a la paz en un momento en el que el país necesita llegar a acuerdos para alcanzar la reconciliación histórica."

El gobierno acordó con la familia, a través de la Secretaría de Gobernación, que se determinaría una nueva fecha de realización del acto. Muestra de ello es que el secretario de Gobernación en funciones convocó a los familiares a una reunión para planificar dicho acto el próximo viernes 18 de noviembre.

Cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha puesto énfasis en la relevancia de este tipo de actos recalcando que "lo importante es que las víctimas sientan que se ha hecho justicia. Los pedidos de perdón deben contar con la participación en las ceremonias, de altas autoridades del Estado, la presencia de las víctimas y la difusión pública."


Familia Radilla Martínez

Asociación de Familiares de Detenidos –Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los DerechosHumanos en México, A.C. (AFADEM)

Julio Mata Montiel

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción delos Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Los tímidos pasos de la PGR en el caso Radilla

Rosendo Radilla, al centro, en una manifestación en Guerrero a principio de los años setenta.


El pasado 29 de agosto México debió informar a la COIDH sobre los avances en la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla, caso paradigmático de violación a los derechos humanos en nuestro país.


Milenio semanal


Crear un banco nacional de ADN para desaparecidos en la “guerra sucia”; indagar entre los muertos desconocidos de los cementerios locales de Atoyac, Guerrero; expandir las áreas de búsqueda con georadares a otras zonas del ex cuartel militar de esa localidad, y abstenerse o limitar el uso de maquinaria pesada en estas indagatorias, son las recomendaciones e ideas para dar con los restos de Rosendo Radilla. Sin embargo, las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) son limitadas. Ha pasado un año y medio y sólo se ha buscado, dos veces, en el mismo lugar.

El pasado 29 de agosto México debió informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia dictaminada en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, en la cual esa Corte declaró al Estado mexicano autor del delito de desaparición forzada en el contexto de la “guerra sucia” de los años setenta. Así, cuando pasen las lluvias de esta temporada, se realizará una tercera búsqueda de los restos de Radilla en el ex cuartel militar de Atoyac. Las nuevas excavaciones programadas fueron dadas a conocer de forma discreta. Un boletín institucional de la PGR anunció esta búsqueda en el ex cuartel militar de Atoyac, Guerrero.

Por primera vez un grupo de peritos especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asesorará a la PGR en la búsqueda de posibles cementerios clandestinos y restos óseos. En el grupo de expertos estarán Mario Ramírez Cardona y José Antonio Zamora Téllez, peritos en materia de geología del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Al frente del área de arqueología estará Osvaldo José Sterpone, de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH. Participarán también Jorge Arturo Talavera e Israel Dávila Lara Borges, también de esta institución.

“Los peritos actualmente utilizan dos aparatos que, nos dicen, son muy caros: el resistivímetro y el georadar”. Esos aparatos envían electricidad al subsuelo, con lo que obtienen una lectura de las irregularidades del terreno, explica en entrevista con M Semanal Sergio Méndez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña a los familiares de Radilla en el caso. La información obtenida es procesada y se puede hacer un mapa en tercera dimensión del terreno. “El perito nos explicó que hay 18 irregularidades divididas en cuatro o cinco zonas del mismo campo de tiro”. Pero se podría tratar de madrigueras de animales, troncos, piedras, etcétera; la segunda parte de estas indagaciones es excavar y ver de qué se trata.


LC: Hay versiones de que existen otras zonas en el ex cuartel donde también podría haber restos óseos y que allí no se está buscando.
SM: Obviamente el terreno es muy limitado, porque hay otras zonas en las que también podrían estar buscando.

LC: ¿Cuáles son estos otros espacios donde podría haber fosas clandestinas?
SM: Es posible que se encuentren restos enterrados debajo de la cancha de basquetbol. Otros dicen que pueden encontrarse restos debajo de la (actual) casa del presidente municipal. Hay distintas versiones, pero ahorita la PGR se ha circunscrito al campo de tiro. Inicialmente el campo de tiro se dividió en cuatro zonas, y posteriormente se agregó una “zona ampliada”, a solicitud de Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla.

Los peritos del INAH nos hicieron una presentación muy buena. Nosotros solicitamos esta información pero, al igual que el resto de la averiguación previa, sólo la podemos consultar in situ. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo para que los familiares de Radilla Pacheco y sus coadyuvantes puedan sacar copias del expediente.


TRASCABOS EN EL EX CUARTEL

Las primeras excavaciones se hicieron con maquinaria pesada, con trascabos, y se detectaron irregularidades. Pero esto podría ser contraproducente en las indagatorias: “Lo que nos explicaron los peritos del INAH es que no se tiene que excavar ni con palas, menos con maquinaria pesada. Se tiene que hacer con herramientas muy finas. Tienen que quitar con mucho cuidado la tierra. Es más, no puede haber más de dos personas, porque (incluso) el perito puede contaminar el resto óseo con una lágrima, con un cabello o con saliva. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con los restos óseos, porque como ya llevan mucho tiempo (en el subsuelo), es posible que se echen a perder y no se pueda analizar el ADN”, explica Sergio Méndez. El abogado reitera: los restos, de ser hallados, pueden estar en muy malas condiciones. “Nos dijeron que pueden parecer como mazapán, o pueden estar llenos de hongos, pueden estar fracturados o pueden estar dañados. Por esta razón, es indispensable que la excavación se haga por secciones, con herramientas muy delicadas”.


EL CAMPO DE TIRO

Leonel Paiz es perito de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y acompaña el caso de Rosendo Radilla a petición de la CMDPDH. De acuerdo a Paiz, el uso de trascabos no fue inadecuado en una etapa inicial, por el tipo de terreno y el gran espacio en donde había que buscar. Incluso ejemplificó con el caso de los restos en el genocidio de Bosnia, donde se trabajó inicialmente con maquinaria pesada, pero siempre bajo la observación expertos, lo que no fue el caso aquí. En su informe Paiz recomendó que la búsqueda de restos se extendiera a otras zonas del ex cuartel militar y sus alrededores, y no sólo se circunscribiera al campo de tiro; la determinación de indagar en el campo de tiro se hizo a partir de los testimonios varias personas. Sin embargo, como ha denunciado la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), las autoridades militares no han aportado información interna sobre el paradero de Rosendo Radilla y otros desaparecidos.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, advierte en entrevista que “todo el caso es producto del trabajo de los familiares. Para nosotros no hay investigación real sobre los desaparecidos”. Todo el trabajo está basado en testigos aportados por los familiares y los peritajes de los antropólogos forenses, porque “la PGR se ha negado a citar a los responsables de las desapariciones forzadas”. Concluye: “Están buscando en lugares donde hay pocas probabilidades de encontrar algo”.

Leonel Paiz añade: se recomendó la expansión de la búsqueda “de acuerdo a nuestra experiencia, y de acuerdo también a los propios testimonios de las personas que vivían en el sector”. El guatemalteco advirtió que en docenas de casos similares se pueden hallar cementerios de este tipo no sólo al interior de un cuartel, sino en los alrededores de éste; es necesario poner atención en aquellos terrenos donde se presentaba vigilancia constante en los años en que se presentaron las desapariciones (en este caso, en la década de los setenta). Pero algunas de las zonas que tanto los testigos como los expertos guatemaltecos han sugerido para excavar ya tienen construcciones nuevas.



LC: De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve el avance de las indagatorias?
LP: Caminan un poco lento. Aunque a veces es así, un poco lento. Aquí en Guatemala llevamos desde 1992 (trabajando el tema de) cementerios clandestinos. Ya con el tiempo se han hecho manuales que agilizan el proceso, pero en general nosotros creemos que acá lo hemos hecho en muchísimo menos tiempo de lo que han sido los trámites para autorizar estas nuevas áreas (en México).

LC: ¿Cómo encuentra el proceso mexicano?
LP: Técnicamente van muy bien en el caso de Rosendo Radilla. Las personas que yo conocí, las vi con muy buena voluntad. En eso no creo que haya ningún problema. Pero me parece que se deberían agilizar las investigaciones, y no dejar pasar demasiado tiempo.

Otra recomendación del grupo guatemalteco en el caso de Rosendo Radilla es buscar en los cementerios legales a aquellos hombres y mujeres muertos no identificados de la época, “a los NN”. Esto no se realiza en México. Finalmente, recomendaron hacer un muestreo genético a nivel nacional, no sólo de Radilla Pacheco, sino de los cientos de desaparecidos de la época.

LC: ¿Cuánto costaría el muestreo?
LP: No te podría dar exactamente cuánto es el costo. Pero sí hay que hacerlo. Son cosas que aquí (en Guatemala) también se están haciendo y han funcionado.

El 19 de mayo de este año la Coidh emitió una primera resolución tras cumplirse el primer año de su sentencia en el caso Radilla. En ese informe la Corte determinó que el Estado había incumplido con todas las recomendaciones en el caso Radilla Pacheco, excepto con publicar extractos de la sentencia del caso en un diario de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. El Estado mexicano presentó un informe el 29 de agosto que detalla cómo va el cumplimiento del resto de los puntos —el pago de las indemnizaciones, la investigación—; pero el punto más importante, abatir la impunidad en delitos de lesa humanidad, sigue pendiente. “No han hecho una sola diligencia encaminada a castigar a los responsables de la ‘guerra sucia’”, señaló Sergio Méndez.


Caso paradigmático

El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar. Fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Radilla fue compositor y un líder social de ese municipio. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló culpable al Estado mexicano de diversas violaciones de derechos humanos en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, caso ya paradigmático de la guerra sucia en México. La corte determinó que México violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida de Radilla, además de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus hijos Tita, Andrea y Rosendo.


La sentencia y su cumplimiento

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) determinó en 2009 que México debía localizar el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su defecto, entregar sus restos mortales a los familiares. Esto sigue pendiente, así como su determinación de que un representante del Estado mexicano debía ofrecer disculpas públicas por los hechos de desaparición forzada y develar una placa conmemorativa en Atoyac de Álvarez.

Asimismo, la Coidh ordenó que se entregue un monto de dinero a los familiares de Radilla Pacheco como una medida de reparación del daño. La PGR anunció en días recientes que este monto ya se encontraba en un tribunal, listo para ser entregado.

El Estado mexicano debía presentar el 29 de agosto un informe a la Coidh sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. Hasta el 31 de agosto, los familiares no habían sido notificados si dicho informe fue presentado. Pero esto no necesariamente quiere decir que México fue omiso, ya que puede deberse a que la notificación a los familiares se ha retrasado o que se solicitó una prórroga.

Sin embargo, en México siguen ocurriendo desapariciones. El pasado 30 de agosto, en el marco del Primer Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, frente a lo que calificó como una urgencia en nuestro país debido al alto número de casos en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano publicar la Ley General de Desaparición Forzada. Cabe recordar que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor el 23 de Diciembre de 2010.


(Lydiette Carrión)


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“Es absurda” la Comisión de la Verdad: Julio Mata

Archivos de la guerra sucia, en la PGR

LUCIANO TAPIA (Corresponsal La jornada Guerrero)

Ciudad de México, 31 de agosto. El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos en México, Julio Mata Montiel, expresó su desacuerdo con la integración de la Comisión de la Verdad que prometió en campaña político electoral el ahora gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Sostuvo que una Comisión de la Verdad estatal no está facultada para citar a los militares ni a los actores federales, “es absurda una comisión de la verdad”.

Mata Montiel señaló que los desaparecidos durante la guerra sucia en el estado son más de 600, y ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los reconoce.

“Pero allí están las familias”, que mantienen la lucha por la presentación de todos los detenidos y desaparecidos, la investigación de todos los casos y el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales.

“Creemos que hay mucho material para llevar a juicio, expedientes abiertos en lo que fue la fiscalía especial para crímenes del pasado, hay muchos expedientes acumulados en la PGR, hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido, no necesitamos una comisión de la verdad”, afirmó.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

El gobierno sólo finge que le interesa el caso Radilla: Afadem

Recuerdan al activista guerrerense, a 37 años de su desaparición

Confía que las próximas excavaciones en Atoyac de Álvarez den resultado

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 26 de agosto de 2011, p. 22

A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano sigue sin mostrar voluntad política para buscar los restos del luchador social Rosendo Radilla, y únicamente está preocupado por fingir que el tema le preocupa para lavar su imagen en el extranjero, señalaron defensores de garantías individuales.

En el contexto del 37 aniversario de la desaparición del activista guerrerense –ocurrida a manos del Ejército el 25 de agosto de 1974–, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, señaló que aunque se ha logrado demostrar la ausencia de justicia en el país, ello no ha sido suficiente para que se encuentren los restos de Radilla.

“Logramos sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados e hicimos que se conociera la verdad, pero al mismo tiempo tenemos un saldo negativo, porque el gobierno sigue siendo cómplice de la impunidad y no se ha citado a declarar a quienes saben dónde están los desaparecidos”, lamentó.

A pesar de ello, Mata consideró que las nuevas excavaciones en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero –que se iniciarán en octubre o noviembre bajo la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia–, pueden dar buenos resultados. “Tenemos esperanza y vamos a ubicar su paradero aunque tengamos que levantar piedra por piedra el cuartel”.

De su lado, Sergio Méndez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que un análisis de la propia CIDH, del pasado 19 de mayo, advirtió que el gobierno del país ha incumplido todos los puntos de la sentencia sobre Rosendo Radilla, particularmente los que se refieren a las demandas más importantes: el conocimiento de la verdad histórica, el hallazgo de los restos y la sanción a los responsables del crimen.

Además, las autoridades militares siguen resistiéndose a declinar su competencia sobre casos de abusos contra civiles cometidos por soldados, salvo en los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por efectivos del Ejército en 2002.

Por todo ello, dijo, habrá que estar pendientes del informe que el gobierno de México presentará este lunes 29 de agosto, en el que seguramente tratará de hacer creer que ya cumplió con la sentencia de la CIDH. “Les urge iniciar las próximas excavaciones para presentar algún resultado más o menos aceptable, cuando el resto de las demandas sigue sin cumplirse”.

Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que las autoridades del país han hecho caso omiso de la sentencia de la CIDH, a un año de que fue emitida, pese a que se trata de un mandato inatacable.

“Uno de los puntos más importantes es que haya justicia, verdad y reparación del daño, pero esto no se ha dado porque el gobierno sigue protegiendo a los responsables de la violencia. Podemos contar con la buena fe del INAH, pero sigue habiendo oposición de los militares a que se excave donde lo han solicitado los familiares de Rosendo”, deploró.


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12.511 Caso Rosendo Radilla: Herida Abierta de la Guerra Sucia en México

El 25 de agosto de 1974, en un retén militar cerca de Acapulco, fue detenido y desaparecido Rosendo Radilla, estimado líder comunitario, sin que a la fecha se sepa su paradero.

Durante treinta años la familia se ha enfrentado a la ineficacia de la justicia mexicana. Es por esto que, actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en la materia de nuestro continente.

La desaparición forzada de Rosendo Radilla, es una de las 1200 contabilizadas a nivel nacional durante la época. Casi la mitad ocurrieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero, de donde es originario el señor Radilla.

Este caso es ejemplo de lo sucedido durante los años 60s y 70s, donde el Estado mexicano utilizó una estrategia para acabar con los movimientos sociales y políticos que exigían justicia social. Esta política de Estado ocasionó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que hasta el momento permanecen impunes.

Mientras no haya justicia para estos crímenes y no se realicen modificaciones legales que impidan que estos hechos se reproduzcan, estaremos en riesgo de que la historia se repita.




¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

A 37 años de la Desaparicion Forzada de Rosendo Radilla

Hoy se cumplen treinta y siete (37) años de la Desaparición Forzada de don Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano en ese periodo de “Terror de Estado” aplicado contra los disidentes del estado de Guerrero.

Rosendo Radilla, es uno de los más de 450 detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez y más de 650 en todo el territorio de Guerrero.

En todo el país se llevaron -la Brigada Blanca y el ejército federal mexicano- a más de 810 ciudadanos, campesinos la mayoría de Guerrero y otros, muchos de ellos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del país, que vieron cerradas las opciones democráticas para lograr cambios estructurales.

Rosendo, fue presidente municipal en Atoyac, promotor de centrales campesinas y de cafeticultores, fue ganadero y muy sensible ante las injusticias. La población de Atoyac le estimaba y respetaba por su gran solidaridad. Cuentan los cronistas del lugar que “fue el único presidente municipal que salió más pobre de como entro”. Promovió el primer hospital, el primer camión de basura, el primer edificio de la primera escuela primaria del lugar y otras obras sociales.
Pero también componía corridos y los cantaba.

Le cantaba a las condiciones de pobreza y miseria, a los movimientos sociales, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas.

Cuando el ejército lo bajo del autobús, donde iba acompañado de uno de sus hijos, Rosendo pregunto, “por que me detienen?” solo le dijeron que “por componer corridos” y el pregunto que si eso era delito, nuevamente le contestaron “pus no, pero mientras, ya te chingaste”.

AFADEM, después de veinte años de promover por todos los medios políticos y jurídicos la búsqueda de Rosendo y todos los desaparecidos del país, junto con la familia Radilla Martínez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, promovieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y esta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH por no haber acceso a la justicia en México.

En meses próximos, octubre-noviembre la PGR, realizara por tercera vez excavaciones en la zona del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Rosendo y donde fueron desaparecidos más de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos de Atoyac por el ejército mexicano.

La búsqueda de Rosendo es, la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos de Atoyac; a Rosendo y a todos los desaparecidos, se les llevaron vendados de los ojos y amarrados de pies y manos al interior del cuartel militar y ahí pueden estar, en algún lugar que solo los militares saben con certeza.

Las próximas excavaciones dan muestra de la nula voluntad política del ejecutivo federal de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, conocer la verdad y llevar a juicio a los responsables, como lo ordena la sentencia, pues el Ministerio Publico de la Federación, la Procuraduría General de la Republica, PGR no ha citado a declarar a nadie de los involucrados en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas, protegiendo a los criminales, manteniéndose en la impunidad. Los puntos de excavación son a partir de testimonios de víctimas de desaparición forzada temporal, que narran por donde los llevaron maniatados y vendados de los ojos.

El Estado mexicano, aparenta que cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, pero en la práctica no hay verdadera investigación del paradero de Rosendo y los más de cuatrocientos cincuenta (450) Detenidos Desaparecidos de Atoyac.

El actual gobierno de Felipe Calderón, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por los gobiernos anteriores.

Rosendo Radilla Pacheco, ha logrado, aun detenido desaparecido, cambios muy importantes en las leyes mexicanas.

Rosendo Radilla Pacheco y los más de 810 detenidos desaparecidos son los constructores de la democracia insípida que hoy disfrutamos millones de mexicanos y que poco a poco nos van intentando quitar.

Rosendo Radilla Pacheco, vive en los ideales democráticos de todo el pueblo de México.

Sin más por el momento

FRATERNALMENTE

JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de comunicaciones de FEDEFAM


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Participará el INAH en la tercera ronda de búsqueda de los restos de Rosendo Radilla

Encuentran expertos 18 “anomalías”; propuesta de la PGR ante presión de la CIDH

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 17

La búsqueda de los restos del activista Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido en 1974– en lo que fuera el cuartel militar 27 de Atoyac de Álvarez, Guerrero, se ampliará, ya que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hallaron “diversas anomalías” en los resultados de la reciente diligencia de prospección en la zona.

La PGR dio a conocer en un comunicado que estas anomalías no necesariamente revelan que en el subsuelo del lugar haya osamentas, sino que pudieran ser fallas geológicas, rocas, madrigueras de roedores, cimientos, manpostería enterrada, acumulación de raíces u otros depósitos.

Esta situación se presenta días antes de que el gobierno mexicano rinda un nuevo informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Radilla, en el cual el organismo internacional encontró responsable al Estado mexicano de vulnerar los derechos del activista y sus familiares y decretó que en el periodo de la guerra sucia existieron desapariciones forzosas sistemáticas en las que participaron elementos del Ejército Mexicano.

Ante las 18 “anomalías” encontradas, la dependencia federal propuso a los deudos de la víctima y a sus representantes legales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) iniciar una tercera etapa de excavación en las tres zonas donde se ha buscado, con métodos de excavación minuciosos e instrumental de alta precisión con el propósito de confirmar o desechar la presencia de restos óseos en la región. Estas diligencias se realizarían entre octubre y noviembre próximos.

Al respecto, Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la CMDPDH, indicó en entrevista que pese a la reciente exploración del subsuelo donde presuntamente pueden hallarse los restos de Radilla Pacheco y otras personas de este municipio, en el que más desapariciones forzadas se presentaron durante la llamada guerra sucia, no se pudo definir la posibilidad de que cuerpos estén enterrados en ese lugar.

Aseveró que ésta será la primera vez que el gobierno mexicano, con el apoyo del INAH, realice una excavación con herramientas de alta precisión a fin de que, en caso de encontrarse, las osamentas se analicen científicamente para conocer su identidad.

“Esto demuestra la importancia de que exista una ley de víctimas que, entre otras cosas, establezca la existencia de un equipo de expertos mexicanos en tecnología forense que realice este tipo de búsquedas con estándares internacionales”, refirió el abogado.

Subrayó que si bien se trata de un avance en el proceso para encontrar los restos de Radilla, la PGR da a conocer esta noticia ante la inminencia de que la CIDH exiga a México que rinda un segundo informe, a finales de este mes, sobre el caso. Pues con el primero, que se presentó en mayo, la Corte advirtió que el gobierno federal no había cumplido totalmente con su sentencia, salvo en la publicación de la misma en medios de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. “Creo que a la administración federal le urge presentar algo más o menos aceptable”. Y agregó que las investigaciones para sancionar a los responsables militares y civiles –incluido el ex presidente Luis Echeverría– continúan siendo deficientes.

Esperan el fin de las lluvias

En su comunicado, la PGR señaló que Jorge Arturo Talavera González, experto en antropología forense del INAH, expuso la necesidad de realizar una nueva excavación. Debido a que en el terreno se localizó un manto freático que eleva su nivel en época de lluvias, “los expertos en antropología física destacaron la importancia de que las excavaciones deban ser practicadas en época de seca para obtener resultados óptimos, certeros y objetivos de acuerdo con los estándares internacionales previstos en el protocolo modelo para la búsqueda de personas desaparecidas por muertes sospechosas, por graves violaciones a los derechos humanos”, señaló la dependencia.

La PGR informó que estas acciones se realizan en cumplimiento a la sentencia de la CIDH por el caso Radilla.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Ejecución de las señoras Isabel y Reyna Ayala Nava en Xaltianguis, Guerrero y amenazas de muerte a Micaela Cabañas, hija de Isabel

Ejecución de las señoras Isabel y Reyna Ayala Nava en Xaltianguis, Guerrero y amenazas de muerte a Micaela Cabañas, hija de Isabel y miembro de Nacidos en la Tempestad.

Hechos:

El pasado domingo 3 de julio, aproximadamente a las 13:00 pm, las señoras Isabel y Reyna Ayala Nava, de 54 y 58 años de edad respectivamente, fueron ejecutadas cuando salían de un templo en la avenida 20 de noviembre, colonia Las Flores, del poblado de Xaltianguis, perteneciente al municipio de Acapulco, Guerrero. Dos sujetos que viajaban en un automóvil azul dispararon desde el vehículo en movimiento y después uno de ellos descendió del auto, se aproximó a las víctimas y robó sus celulares.

Aproximadamente a las 5:00 PM, Micaela Cabañas Ayala, miembro de Nacidos en la Tempestad e hija de Isabel Ayala Nava, recibió una amenaza contra su integridad proveniente del número celular de su madre.


Antecedentes

La señora Isabel Ayala Nava perteneció al Partido de los Pobres (PdlP), organización insurgente mexicana a principios de la década de los setenta y estuvo detenida-desaparecida en el Campo Militar No. 1 entre 1974 y 1976, periodo en que fue sujeta a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes junto con su hija recién nacida, Micaela Cabañas Ayala, ahora miembro de Nacidos en la Tempestad AC y otros familiares.

Debido al hostigamiento del que ella y su familia fueron objeto, se vio forzada a abandonar el país durante varios años. En 2008 Isabel Ayala Nava regresó a vivir en Xaltianguis, Guerrero.

En los últimos tres años participó en actividades organizadas por las agrupaciones Izquierdas Unidas del Sur y Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero. La señora Isabel Ayala Nava respaldó las actividades de su hija Micaela Cabañas Ayala dentro de la Asociación Civil Nacidos en la Tempestad y se pronunció a favor de reorganizar la lucha por la presentación de los detenidos-desaparecidos de la guerra sucia en Guerrero.

En los primeros meses del 2011 fueron asesinados dos hermanos de las señoras Isabel y Reyna Ayala Nava. A partir de que la familia Ayala Nava exigió el esclarecimiento de los crímenes, comenzaron a recibir amenazas anónimas.

Consideramos que estos antecedentes sugieren la responsabilidad del Estado por acción u omisión, debido a que las autoridades nunca investigaron ni sancionaron los hechos relativos a la desaparición forzada de la señora Isabel Ayala Nava en el pasado, ni cesaron el hostigamiento contra su familia durante años, hechos que colocaron a la familia Ayala Nava en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por lo anterior exigimos:

Al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación.

Al Estado Mexicano que resguarden la integridad física y psicológica de Micaela Cabañas Ayala, así como familiares y amigos y;

De manera general conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales al respecto ratificados por México.

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

Atentamente por las organizaciones:
Diego Lucero Estrada
Presidente de la Asociación Civil Nacidos en la Tempestad.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Aparición de erpistas en la sierra del estado de Guerrero, justificada, determina PRD

Con venia de Torreblanca, Calderón “viola de manera flagrante” garantías de pobladores

Presentará comitiva del sol azteca “postura oficial” ante pobladores de Las Ollas y Las Palancas

YAMILET VILLA ARREOLA (La Jornada Guerrero)

CHILPANCINGO, 21 DE JUNIO. El Comité Político Estatal (CPE) del PRD denunció que con la venia del mandatario estatal Zeferino Torreblanca Galindo, el gobierno de Felipe Calderón “viola de manera flagrante” las garantías, el derecho al trabajo, alimentación y seguridad, además de tratar como delincuentes a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, situación que da argumentos a los grupos guerrilleros para justificar sus acciones de autodefensa armada, porque viven en forma similar a la guerra sucia de los años 70.

Exigió al gobierno estatal y federal resolver las condiciones de marginación y extrema pobreza. Llamó al Congreso local y a Torreblanca Galindo a conformar la Comisión de la Verdad sobre hechos del pasado y que pueda dárseles facultades para la negociación unilateral con los grupos insurgentes, así como la urgencia de aprobar que la sierra sea la octava región del estado y poner a consulta de las comunidades serranas un Plan de Desarrollo Integral.

En documento preliminar del CPE sobre la postura que como PRD fijarán el próximo martes frente a los pobladores de Puerto de las Ollas y Las Palancas de la incursión del Ejército Mexicano, el sol azteca llama a Calderón a que retire las tropas del Ejército de esa zona y se reparen lo más pronto posible los daños causados; a Torreblanca Galindo a que en uso de sus facultades defienda la soberanía del Estado y se pronuncie por la defensa de esos pueblos.

Acusa al gobernador de respaldar que con el pretexto de buscar al comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un contingente de soldados del Ejército sitiara cuatro días esas comunidades.

“La guerra sucia de los 70s en las zonas serranas ya no son simples recuerdos, ahora la viven, con mayor intensidad, porque se encuentran a dos fuegos: el del acoso militar con el Ejército y el paramilitar con los sicarios de los cárteles de las drogas, que según dicen los mismos campesinos, comanda Rogaciano Alba, ex presidente municipal por el PRI de Petatlán”, manifiesta.

El escrito señala que “el gobierno federal con la venia de Torreblanca Galindo, viola de manera flagrante las garantías individuales consagradas por la Constitución al poner en riesgo la vida de esos pobladores, al allanar sus domicilios sin orden judicial alguna”.

Agrega que la Federación no toma en cuenta que la mayoría de los serranos se han organizado para defender sus recursos, lo que ha impedido que los caciques, como Rogaciano Alba, exploten los bosques, “lesionando intereses que van más allá de cualquier disputa doméstica o conflicto comunitario”.

Considera que al tratar como delincuentes a los habitantes dan argumentos a los guerrilleros para justificar sus acciones de autodefensa armada, con lo que agudizan las contradicciones sociales. “Es como echar fuego a la hoguera en vez de sofocarla con el diálogo y la negociación, tal como se deben resolver los conflictos en un país civilizado, donde se supone existe un Estado de Derecho”.

El CPE propone un plan de desarrollo integral para la sierra, empezando por convertir a los 13 municipios de ese territorio en la octava región.

“Es inconcebible que con tanta riqueza natural y humana, como agua, bosques, oxígeno y minerales, los serranos vivan en condiciones de extrema pobreza al igual que los de La Montaña. En estas condiciones de marginación el crimen organizado encuentra las condiciones para su implantación y desarrollo, convirtiendo a la economía informal como la actividad fundamental para la subsistencia de la gente, que se encuentra es riesgo de perder la vida, si se va de mojado a Estados Unidos, o bien sembrando enervantes o contratándose como sicario”.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del ERPI

COMUNICADO ESTATAL # 17

Al Pueblo de México:
A las organizaciones sociales y políticas que luchan contra la impunidad:
A los medios de comunicación:


Presagios

El alba está lejana.
No sé que busca el pájaro
entre la noche densa.

Habla, murmura, insiste.
Se acerca a la ventana.

Dice que el sol no ha muerto
Y existe otro mañana.

José Emilio Pacheco. Poema en La Arena Errante



Volvemos a alzar la voz que nos presta el pueblo organizado e insurgente cuando en el estado de Guerrero, el poder de los opresores intenta acallar la palabra de los pueblos, comunidades y organizaciones sociales, de los pobres que resisten activamente a la miseria, la violencia, el fraude y la impunidad. Hace una semana, al entrar violentamente en las comunidades campesinas de Puerto Las Ollas y Las Palancas en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, los miembros del ejército federal gritaron “¡Viva Rogaciano!”, para aterrorizar a la población, y demostrando con cinismo cómo está coludido el poder político y las fuerzas gubernamentales con el conocido cacique regional, Rogaciano Alba, amigo del Gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca, Rogaciano el ganadero señalado por organismos de derechos humanos como uno de los responsables de asesinatos a luchadores sociales, de despojos de comuneros y conocido por la opinión pública como un muy destacado socio de los cárteles de la droga, quien jefatura grupos de paramilitares y sicarios contra campesinos en lucha y defensoras de derechos humanos como la abogada Digna Ochoa. Nosotros convertimos ese murmullo del pueblo pobre de esa región y de tantas otras de Guerrero y de México, que cómo el ave de los presagios nos anuncia que hay otro mañana, como dice el poema de José Emilio Pacheco, en un ¡Viva el poder del pueblo que se construye desde abajo y hasta las últimas consecuencias! ¡Muera la impunidad de los poderosos que actúan como crimen organizado por el Estado!

Hoy se encuentran 3 soldados muertos y un herido por defender esos intereses, fueron enviados a reprimir a sus hermanos del pueblo, fueron a acallar las voces de la sierra guerrerense y para empezar, ahí están los resultados. Nuestra estructura esta en alerta y dispuesta a combatir en otras zonas del estado, los enfrentamientos pueden continuar y sabemos el riesgo que esto conlleva pues la lucha por la libertad del pueblo mexicano es así matar o morir, asumimos los costos.

Gracias a la misión de las organizaciones defensoras de derechos humanos y a periodistas honestas que actúan en el estado de Guerrero, también víctimas del terror de estado, tenemos en la prensa y en las redes alternativas de comunicación la palabra viva de las comunidades de Las Palancas, las Ollas (como antes de estos hechos en La Morena) que vivieron durante cinco días, una vez más en los últimos años, la ocupación militar y policíaca que tiene militarizado a Guerrero, como también sucede en otros estados de la República. Su pretexto era buscar a las fuerzas que comanda nuestro compañero Ramiro en esa región, quien dicen en una entrevista realizada por los medios guerrerenses, donde señaló con sencillez y claridad la complicidad de los gobiernos estatal, federal y municipales con el negocio del narco y marcó sin duda el papel de jefe del paramilitarismo en la zona al ganadero Rogaciano Alba. Con más de 500 efectivos armados con morteros, y con 3 helicópteros artillados, los soldados se posesionaron de la plaza de esa comunidad, allanaron y catearon viviendas, golpearon a jóvenes, acosaron a niñas y niños, presionaron con interrogatorios violentos a mujeres y ancianos y robaron y destruyeron casas y terrenos de siembra en esa comunidad. Además balearon las casas y a personas inermes y cuando intentaron buscar a la guerrilla fueron contenidos y burlados por las fuerzas insurgentes de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en la región (¿no les recuerdan estas escenas a las campañas militares contra el pueblo queriendo exterminar al Partido de los Pobres?. Como es una norma, nuestras columnas no se esconden en las comunidades, ni arriesgan a la población, se mantiene una movilidad guerrillera y una táctica precisa para romper los cercos de la contrainsurgencia federal, y para golpearlos en movimiento a pesar de sus asesores estadounidenses. El compañero Ramiro ha reportado que no han tenido bajas guerrilleras, ni de milicianos y en cambio han causado tres muertos y un herido entre los soldados en el ultimo de 3 combates librados contra los agresores de las comunidades.

El acoso del poder a las comunidades en Guerrero de parte del ejército federal, la policía ministerial, la policía federal, y los grupos de paramilitares y de sicarios se han extendido e intensificado en los últimos 10 años. Es la verdadera cara del mal gobierno. Su presencia castiga la valiente defensa que organizan campesinos, indígenas, maestros, normalistas, universitarios, periodistas, colonos, en el siempre movilizado pueblo guerrerense.

En Las Palancas como en muchas comunidades guerrerenses de Costa Grande y Tierra Calientes, prácticamente los hombres se retiran al monte y ahí subsisten cuando las fuerzas represivas se acercan, pues saben que les espera la violencia, la cárcel, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro. Eso mismo ocurrió a los dirigentes Nu Savi de la Organización Por el Futuro del Pueblo Mixteco, en Ayutla, en la región de la Costa Chica, asesinados por narcoparamilitares de los llamados “pelones” en acuerdo con el comandante militar de la plaza de Cruz Grande, Gro., abriendo con ello un segundo frente de combate de nuestra organización contra el narcoestado mexicano y sus instrumentos asesinos que aplican la guerra sucia y descarnada. Ya se esta aplicando castigo a toda esa estructura paramilitar pues no son solo los asesinos materiales e intelectuales los objetivos a castigar. Los compañeros mártires Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron asesinados por luchar por sus derechos, por defender los derechos económicos, sociales y territoriales, y seguramente por ser también sobrevivientes de la masacre del Charco hace ya once años, en esa región se mantiene a la vez una ofensiva persistente contra los pueblos Me’ phaas, sus mujeres y niños han dado fiel testimonio de esta larga situación de asedio militar y paramilitar en la zona, que ya documentan los organismos regionales, nacionales e internaciones de derechos humanos.

El territorio guerrerense, pobre en las comunidades y opulento en las zonas turísticas y en los fraccionamientos con casas de banqueros, políticos y narcos, se ha convertido en un territorio violentado por los poderosos, sus negocios, sus intereses, sus redes de vicio y sus pugnas. Pero ninguna de las contiendas intestinas de las familias capitalistas, arrastra tanta sangre y sufrimiento como la de las muertes, persecuciones, violaciones a mujeres indígenas, enganche de jornaleros migrantes y de jóvenes, así como el peso la militarización en la vida cotidiana en lugares donde el pueblo sufre porque no se ha organizado y defendido como es su legítimo derecho. Porque donde el pueblo se defiende por su cuenta, ser víctimas de la violencia y la impunidad es apenas una parte de su identidad, la otra es su respuesta creativa, auténtica con la que se evaden las provocaciones del poder, se niega el crecimiento de la droga y se combate educativamente a las adicciones, se imparte justicia y se vigila la defensa de recursos y de vidas.

Donde el pueblo se organiza y lucha se sabe acudir a los medios o tomar los propios y se denuncia a tiempo y se anuncia el nuevo día desde los proyectos autónomos de producción, de salud, cultura.

Esto no le gusta a los poderosos, porque les crea dificultades a su acaparamiento de poder y saqueo de recursos. Les mancha la imagen de sirvientes del turismo y de los banqueros con la imagen de esos pobres que subsisten con la frente en alto, manifestando sus protestas y exponiendo sus proyectos y defendiéndolos.

Por eso se hizo necesario cumplir por nosotros la palabra prestada por el pueblo organizado a hombres y mujeres organizados como ejército insurgente. Así el ERPI habló por medio de la voz de Ramiro, miembro de la dirección estatal guerrerense, pues era hora de explicar cómo en Tierra Caliente y la Costa Grande, tal como con otras formas también ha sucedido en la Montaña y en la Costa Chica, el terror de Estado sigue impune. Ramiro describió al gobernador Zeferino Torreblanca, con su larga historia de oscuras maniobras como comerciante favorable al lavado de dinero, protege a caciques como Rogaciano, encubre la existencia de sus cuerpos paramilitares, negocia con algunos de los grupos de narcos y de otros se hace desentendido, lanza a sus policías contra los manifestantes y persigue a luchadores sociales y a sus familias. Festeja la militarización del Estado en acuerdo con el usurpador Felipe Calderón, comparte los beneficios de la inversión lícita e ilícita que depreda el territorio, las costas y el mar. Además de alentar la impunidad de las privatizaciones, los especuladores de terrenos y los que quieren arrebatar sus tierras a los campesinos como aún intenta, a pesar de la resistencia ejemplar en la Parota.

Pero Zeferino Torreblanca ese gobernador que el PRD ostenta gracias a algunos como Félix Salgado Macedonio, Armando Chavarría y por supuesto Los Chuchos comparten la responsabilidad por haberle dado su apoyo y llevarlo a la gubernatura, que ahora quieran deslindarse pues es demasiado tarde; su gabinete de traidores al movimiento social que los llevo a cargos de gobierno y por momentos con la complicidad de la mayoría de las corrientes del PRD nacional y estatal, incluso con sus colaboradores tan dos caras como Armando Chavarría, son todos un brote de la pus y los tumores que infestan con abuso, violencia y expoliación al estado de Guerrero. La otra gran parte del reino de la impunidad proviene del conjunto del capitalismo y su sistema político de partidos de Estado, el mismo que en México desemplea, elimina derechos sociales, laborales y agrarios, extorsiona a los migrantes, mantiene la impunidad de las familias priístas, panistas y perredistas que se roban los presupuestos públicos, que se enriquecen con las subrogaciones, con los fondos de pensión y jubilación de los trabajadores y que anulan las garantías individuales y colectivas en una vergonzosa estrategia de espionaje y control ideada desde los órganos de seguridad nacional del los Estados Unidos de América.

Sabemos que en las elecciones en puerta el pueblo seguirá luchando más allá de las casillas de votación. Sabe cada vez más cuando se organiza e informa que su lucha y sus reclamos no se responden desde el gobierno más que con migajas cada vez más raquíticas, con clientelismos y dependencias, con engaños y con burlas. Que los políticos que se columpian de un puesto al otro de todos los partidos no tienen ni el interés, ni la ética mínima como para responder por su voluntad a los que el pueblo quiere y manda. Habrá como siempre muchos que no vayan a las urnas y en Guerrero sabemos que eso no es por apatía, habrá quienes sigan los llamados a anular el voto con consignas de protesta, quizás algunos guerrerense aún busquen y les deseamos suerte de que encuentren perdidos entre la maraña de oportunistas y convenencieros a candidatos por los cuales votar. Sólo les pedimos a todos que reflexionen y se organicen por su cuenta, sin depender de esos políticos y partidos y que vean que el camino de las elecciones de este régimen no es el camino del pueblo honesto, menos sirve para que los jóvenes cambien su futuro, si se quedan esperando a que desde arriba se les den oportunidades de empleo, de educación, salud y convivencia sana y creativa. El régimen capitalista se comió las esperanzas de los abuelos que en creyeron en algún momento que otro partido u otro líder cambiaría las cosas, el sistema se opone y combate a nuestros padres y hermanos porque gritan ¡ya basta!; llegó la hora para que las y los jóvenes pasen a construir otro modo de hacer realidad sus sueños: sin explotación corrupción y maltratos.

Por eso tratan de acallar a las comunidades y a las organizaciones en resistencia. Por eso difunden increíbles leyendas sobre los motivos de guerrilleros que como nosotros señalamos con precisión los compromisos del poder como lo hace Ramiro, quien sí aparece sin cubrirse suficientemente, es porque se le conoce públicamente por su escape de la cárcel de Acapulco y su militancia social y política, quien luego asumió su puesto de lucha en una de las fuerzas político militares de nuestro ERPI.

Advertimos a los poderes oficiales y fácticos que violentan y saquean al pueblo guerrerense que reconozcan, que con el mayor de los cinismos han aceptado su vínculo oficial con caciques como Rogaciano Alba; que desde el gobierno federal y estatal se promueven, preparan y encubren a los paramilitares, que quieren dividir y amordazar a las comunidades, infiltrar a las organizaciones sociales y seguir censurando las voces comunitarias y de los medios que muestran cómo en Guerrero el poder del capital quiere confundir y enmudecer al pueblo que lucha y se defiende de sus abusos. Nos reservamos las formas de acción que emprenderemos y cuándo, después de consultar a las comunidades organizadas, siempre a su lado pues ellas nos orientan. Sí hemos actuado, pero nos reservamos la reivindicación de esos hechos, porque nuestro método de construcción es en el silencio. No daremos pié a que los gobiernos escalen la represión contra comunidades y organizaciones, buscando culpar a nuestra fuerza de su violencia. De lo que no tenemos duda es que el pueblo organizado sigue aprendiendo a defenderse por su cuenta y nos enseña cual es el camino.

Y también ahora resulta que criminales figueroistas como Héctor Vicario Castrejon se avienta la puntada de hablar de un dialogo y fustiga a un Zeferino por insensible y no sabemos cuantas cosas mas. Sr. Vicario recuerde que usted tiene al igual que su patrón Rubén Figueroa cuentas pendientes con el pueblo y no olviden que ustedes hicieron de poder político a Rogaciano Alba por lo tanto también son cómplices de ello y ya les agregamos ese cargo a sus culpas a usted y su patrón. Déjense usted y los perredistas de querer utilizar la presencia de la insurgencia como pretexto electorero para querer mejorar su imagen y querer buscar votos.

En el Guerrero de estos días electoreros hay otras imágenes en nuestra mente diferentes a las de los politiqueros: Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y la gente que vive persecución a los me’phaa en Ayutla, como ahora los afectados en la sierra de Petatlán. Ellas y ellos merecen que sus pueblos y organizaciones se preparen y sigan defendiendo lo suyo, merecen la solidaridad activa del pueblo guerrerense y mexicano. Sus muertos, sus presos y presas, sus desaparecidos, sus perseguidos son un ejemplo para fortalecer la resistencia comunitaria y social.

Aunque seguimos creciendo, organizando y preparando nuestras fuerzas en el silencio, en este comunicado, como en las entrevistas o declaraciones que han dado algunos de nuestros dirigentes o milicianos, la voz se levanta, pues en medio de la noche de tinieblas de la violencia de los ricos y de su mal gobierno, las aves del pueblo, murmuran, insisten, avisan que la hora del amanecer se acerca y estamos construyendo el poder del pueblo para que nos encontremos dispuestos y disponibles para la lucha por los derechos del pueblo pobre que construya su destino con la luz del día.


¡CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!


ATENTAMENTE.

COMITÉ ESTATALDE GUERRERO DE EL EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE ERPI.

A 18 de junio de 2009

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado de la Misión Civil de Observación que acudió a las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, Guerrero, el día 13 de junio del 2009

Puerto de Las Ollas, Guerrero a 13 de Junio del 2009

ANTECEDENTES :

Con los antecedentes de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas(Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario TADECO, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, Red Manglar Internacional Sección México RMIM, Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña TLACHINOLLAN, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHUM, y la Unión Campesina Democrática UCD; también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos , 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto de las Ollas y las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del ejército, 1 tipo Dodge ram doble rodada y otro Dodge ram charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto de las Ollas se encontraron 11 vehículos Tipo Humvee del ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados . En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto de las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad(en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto de Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados.

En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda , con lujo de violencia, y dejando perdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda

Una habitante reportó que a su hijo Omar García de 14 años de edad, fue torturado el día Martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del ejército.

Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.

LAS PALANCAS:

En esta comunidad un hombre de 30 años de edad la cual sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones).

Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.

Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del ejército.

En base a las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palanca y Puerto de Ollas, consideramos que el ejército incurrió en actos anticonstitucionale s y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Conforme a lo anterior comprobamos que con esta acción anticonstitucional del ejercito mexicano fueron suspendidas ilegalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos y en particular)

No se respetaron las siguientes Garantías:

Garantía de libertad personal,

Garantía de inviolabilidad del domicilio, propiedad y persona,

Garantía de libre transito.

Se cometieron actos de tortura: amenazas-. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar. Humillaciones: ofensas y discriminació n a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades. Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Y ante lo anterior descrito :

-Consideramos que es grave la presencia del Ejército en comunidades campesinas de la Sierra de Guerrero, en lugar de ser garante de la seguridad y de los derechos fundamentales de la población, se transforma en un factor armado que atenta contra la vida y la seguridad de la población rural y sobre todo generar terror entre mujeres y niños. Se trata de una estrategia de guerra preventiva donde al Ejército se la ha permitido suspender garantías de facto , destruir el tejido comunitario y desterrar a la población para apropiarse de sus territorios.

-Como organismos civiles de Derechos humanos no podemos permitir que el gobierno mexicano defienda el fuero militar ante la ONU como sucedió en el Examen Periódico Universal realizado en Ginebra y no intervenga en casos graves de violaciones a los derechos humanos para proteger a la población más vulnerable del país como es el caso que nos ocupa.


Ante los hechos exigimos:

-Salida inmediata del Ejército de las comunidades de Las Palancas y Puerto de las Ollas y la zona.

-Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas .

-Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo

-Pleno respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.

-Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que dieron las órdenes para dichas acciones.

-Respeto irrestricto a la integridad de las comunidades y sus habitantes de la sierra de Guerrero. Exigimos que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero.

- Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales

-Investigació n inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas

-Seguimiento por parte de la CODDEHUM de manera oficiosa, a las denuncias de los habitantes de dichas comunidades.

-Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.

-Respeto al Derecho Internacional Humanitario y protección a la población civil.

-Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.

MISION CIVIL DE OBSERVACION 13 de Junio de 2009

Responsables de la publicación

Taller de Desarrollo Comunitario A.C- Javier Monroy

Comité Contra la Tortura y la Impunidad A.C – Raymundo Díaz Taboada

Red Manglar Internacional Sección México-Hercilia Castro Balderas

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C – Abel Barrera

Unión Campesina Democrática -Bernardo Solís Radilla


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

“Graves abusos” se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte

No está probado que policías hayan segado dos vidas; fantasía digna de Costa Gavras: Aguirre

Jesús Aranda (La Jornada)

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones –una matutina y otra vespertina–, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue “un acto de venganza” en que intervinieron “mandos superiores” que aplicaron “técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias”, como las instauradas en los años 70 en “Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo”.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la “brutalidad excesiva” de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.

Añadió que tanto en las agresiones sexuales a las detenidas como en el resto de las vejaciones hubo un patrón de conducta para no dejar evidencia incriminatoria.

En referencia a la presunta responsabilidad de funcionarios de primer nivel, como serían el gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y de Miguel Ángel Yunes, entonces secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Góngora señaló:

“No es difícil concluir, que los superiores no son responsables sólo por omisiones, sino que se trata más bien de una acción pensada; me atrevería a decir que estamos ante autores intelectuales”, ya que las acciones siguieron un modus operandi en las golpizas, violencia en las detenciones, las agresiones sexuales, etcétera.

Infructuosamente trató de agregar al catálogo de derechos violados previstos en el dictamen –derecho a la libertad, a la libertad sexual, al debido proceso, a la justicia– el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio.

El derecho a la vida, explicó, en razón de que la muerte de Alexis Benumea Hernández, por el uso ilegítimo de armas lanza gases lacrimógenos, y de Javier Cortés Santiago.

“No vamos a revivir a Javier, ni a Alexis; tampoco vamos a regresar la dignidad a las mujeres abusadas ni a sanar los golpes físicos, morales, infligidos a la población, lo que sí podemos es mandar un mensaje de que ello no debió haber ocurrido ni puede volver a ocurrir”, apuntó.

Mientras, Aguirre Anguiano se mantuvo en que en Atenco no hubo violación grave a las garantías individuales.

De entrada, celebró que “individuos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hubieran sido puestos a disposición de las autoridades. Con sorna, añadió que “a lo mejor la afectación fue enormemente positiva” para los atenquenses.

Ante media docena de representantes del FPDT que asistieron a la sesión, Aguirre rechazó que se hubiera violado el derecho a la vida en la muerte de Alexis Benumea y Javier Cortés, como planteó Góngora. “Se segaron dos vidas, pero, ¿que se violó el derecho a la vida por parte de los policías?, eso no está probado…, fantasía pura digna de Costa Gavras.”

Tampoco aceptó que se hubiera violado el derecho a la libertad sexual, al afirmar que no existen dictámenes médicos que prueben las denuncias de las detenidas. En cuanto al exceso de fuerza pública, dijo convencido que las lesiones que presentaban los detenidos podrían ser producto de los enfrentamientos con policías, más que por tortura.

Este miércoles continúa la sesión en la que se oficializarán las opiniones de ministros vertidas ayer, y se iniciará la discusión sobre el posible fincamiento de responsabilidades “morales”.


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Tres recomendaciones de Ambulante.

En 1974, el líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco -que luchó por mejorar la salud y la educación en Atoyac, Guerrero- desapareció en un retén militar. Este caso no resuelto es un ejemplo paradigmático de las acciones gubernamentales de la guerra sucia, periodo de los años sesenta y setenta en el que los regímenes autoritarios utilizaron la fuerza militar para sofocar a la oposición. Actualmente, México enfrenta cargos ante las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad. 12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco: una herida abierta de la guerra sucia en México entrelaza historias de varios personajes -entre ellos Tita, la hija de Radilla- que perseveran en la lucha por la justicia y el esclarecimiento de los sucesos del pasado.


Aleida Gallangos conoció su verdadera identidad hace apenas cinco años. Sus padres "desaparecieron" en 1975, durante la llamada guerra sucia en México. Ella y su hermano mayor fueron adoptados por familias distintas y perdieron contacto durante casi tres décadas. Desde que descubrió la verdad sobre su pasado, Aleida se ha dedicado a reconstruir su historia familiar y a indagar el destino de su hermano y sus padres biológicos. Trazando Aleida documenta el proceso de búsqueda y reencuentro, e intenta darle rostro, nombre y voz a uno de los numerosos casos de desaparecidos en los setenta.


La polémica salida de Carmen Aristegui de W Radio dejó al descubierto un hecho inquietante: la alternancia política en México no significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios. El documental explora la manera en que los principales consorcios televisivos y radiofónicos han cedido a la tentación de imitar cierta vena autoritaria priísta. La alarmante persecución de periodistas independientes y la aprobación de reformas que perpetúan el monopolio de los medios sobre la información indican que aún existe un desequilibrio de poderes entre lo político y lo mediático. Voces silenciadas comienza a hilarse a partir de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la historia de los movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión. A la vez, su premisa es darle voz a aquellos que pelean para que los medios sean un espacio democrático de verdad.

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“Cementerio de Papel”: ¡A romper la taquilla!

Estimados amigos, luego de diversos contratiempos al fin se estrena la película basada en mi novela "cementerio de papel", la cual lleva el mismo nombre, el próximo viernes 6 de febrero en 30 salas de cine del Distrito Federal, como ustedes bien saben, el cine mexicano es el patito feo de la distribución cinematográfica y en este caso se añade que el tema de la película de pronto provoca cierta alergia y entonces si no rompemos la taquilla para este fin de semana lo más seguro es que saquen de cartelera la película, por lo tanto les invito a que apoyen esta propuesta cinematográfica invitando a todos sus amigos, conocidos, familiares, chismosos, incluso hasta los enemigos para romper la taquilla y que la película se mantenga y logre una buena exhibición, como es obvio les solicito que reenvíen esta información entre quienes más puedan, muchas gracias por todo y estamos en contacto.

Fritz Glockner



Reseña:

Tres jóvenes investigan el asesinato de una trabajadora del Archivo General de la Nación. Los jóvenes descubren que se han robado documentación que incrimina a un ex presidente y a un alto ex comandante policíaco involucrados en los crímenes de la Guerra Sucia en México en los años 70. Basada en la novela de FRITZ GLOCKNER.


Promocional:



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37 ANIVERSARIO DE LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE DIEGO LUCERO MARTÍNEZ

El 16 de enero de 1972, en la ciudad de Chihuahua, fue ejecutado extrajudicialmente Diego Lucero Martínez, quien había sido detenido un día antes por integrantes de la policía judicial estatal y luego interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Recordamos que hace 37 años cayeron en combate Avelina y Oscar siendo detenidos, torturados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente Ramiro, Gaspar y Diego Lucero Martínez, a quienes hoy rendimos homenaje y en cuya memoria reivindicamos el compromiso de continuar en la lucha por la verdad y por la justicia.

La ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, como las de decenas de hombres y mujeres que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema anti democrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, es uno de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.

Se considera como ejecución extrajudicial, a la privación de forma arbitraria de la vida, llevada a cabo sin que la persona haya sido previamente juzgada por los tribunales establecidos y conforme a las leyes o normas, sistemas normativos vigentes y legítimamente reconocidos por la sociedad.

Diego Lucero Martínez, joven y maduro dirigente revolucionario, fue detenido después de un triple asalto bancario realizado en la ciudad de Chihuahua, existen testigos de que se encontraba con vida en manos de las fuerzas policíacas y que enfrentó con valentía los interrogatorios.

Nuestra organización, que tomó su nombre de un compañero revolucionario que es patrimonio del pueblo trabajador en su conjunto, lucha por la Verdad, la Justicia y contra la Impunidad como una forma de contribuir a que el movimiento social enfrente en mejores condiciones la represión que, desgraciadamente, el Estado sigue aplicando en su contra y que en esta etapa de agudización de la crisis económica, política y social que padece México tiende a agudizarse.

¡Presentación con vida y respeto a la integridad física y psicológica del compañero Francisco Paredes Ruiz!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a los presos políticos!

¡No a la impunidad! Verdad y Justicia

Blanca Hernández

México, D.F. a 15 de enero de 2009


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Conmemoran en Atoyac el Día del Desaparecido; exigen familiares crear la comisión de la verdad.

Francisco Magaña (El Sur de Acapulco)

Con una marcha en las instalaciones de la Ciudad de los Servicios, municipio de Atoyac, que sirvió de cuartel militar en los años setentas y hoy son oficinas del Ayuntamiento, más de medio centenar de familiares de desaparecidos en la llamada guerra sucia conmemoraron el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Los familiares caminaron portando moños rojos, los que fueron atando en diversos puntos del inmueble y en la zona aledaña al ex cuartel militar, como símbolo de que sus parientes fueron sepultados de manera clandestina en ese lugar.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Victimas de las Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, manifestó plena seguridad de que sus familiares están sepultados en esa zona del ex cuartel militar y sus alrededores.

Abundó que en el marco de esta fecha se proyectó el video de afectación psicosocial donde se dan testimonios de las prácticas de desaparición forzada que aún se practican en países con dictaduras militares y de apariencias democráticas como México.

Ahí la defensora de derechos humanos, Mariclaire Acosta planteó que se debe conformar la Comisión de la Verdad, porque no se ha citado a declarar a los responsables de la guerra sucia, para que respondan por los más de mil 500 desaparecidos, de los cuales más de 400 son de Atoyac.

Mata Montiel lamentó que en el extranjero aún vean al país en una transición a la democracia, cuando no es verdad, “nosotros vemos que no hay tal transición solamente ocurrió una alternancia de dos sistemas, del PRI y del PAN con los que siguen las
desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, es decir, sólo fue un cambio cosmético”, insistió.

Los familiares depositaron velas en el área donde fue el comedor, mismo que sirvió de escenario para la proyección del video en donde uno a uno mencionó el nombre de su familiar desaparecido, luego de reseñar cómo se lo llevaron los militares.

El secretario ejecutivo dijo que entre los familiares existe cierta seguridad que sus desaparecidos fueron enterrados ahí, “pero no se ha citado a declarar a los criminales para que confiesen, sólo se están basando en testimonios de la gente que dicen que ahí los enterraron; no es culpa de la gente sino de las autoridades que no han llevado a juicio a los responsables”.

Y alentó a los ahí presentes al decir que tienen que dar con el paradero de los desaparecidos, además que el gobierno reconozca que hubo crímenes contra la población y se haga justicia.

Finalmente señaló que la Afadem participará en Toluca, Xochimilco y la cámara de diputados, en actos del día internacional del desaparecido, junto con otros organismos defensores de derechos humanos.


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Sin éxito, la búsqueda de restos en Atoyac.

■ Advierte la Afadem que no cesará hasta encontrar a víctimas de la guerra sucia

Misael Habana de los Santos (Corresponsal)

Acapulco, Gro., 23 julio. A pocas horas de que concluya la búsqueda en el supuesto panteón clandestino ubicado donde estuvo el cuartel militar de Atoyac, los expertos forenses de la Procuraduría General de la República (PGR) no han encontrado restos de los cadáveres que, a decir de la Asociación de Familiares y Desparecidos de México (Afadem), fueron sepultados en ese lugar.

No obstante, la presidenta del organismo civil, Tita Radilla, aseguró que sólo se ha concluido una diligencia y que la investigación sobre los desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70 debe continuar.

Tras excavar en 19 puntos de lo que ahora se llama la ciudad de los servicios, que alberga las oficinas del ayuntamiento de Atoyac –región de la Costa Grande y en donde el combate a la guerrilla de Lucio Cabañas dejó en esta población cerca de 500 desaparecidos– este miércoles cerca de 30 personas, todos ellos a cargo de la PGR, con pico y pala escarbaban el último punto sin haber encontrado ningún cuerpo desde que se inició la búsqueda, hace dos semanas.

Tita Radilla insistió en que deben continuar las investigaciones para hacer excavaciones en otros lugares, utilizando maquinaria pesada. A pesar de no haber encontrado los restos, manifiestó que no desistirá en la búsqueda de los más de 500 desaparecidos que reclama su organización.

Aseguró que este día ya se realizaba la parte final de esta diligencia, y aunque los trabajos van muy lentos, se cree que mañana se excavará el último punto y se taparán las zanjas que se abrieron a los largo de estas dos semanas de trabajo.

Los 30 hombres cavaron hoy el área conocida como el sanjón, y este jueves buscarían en el último punto de lo que fue un cuartel del Ejército en donde, según testimonios, se torturó y asesinó a decenas de disidentes.

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Reporte de la busqueda de victimas de la Guerra Sucia en Atoyac.

• El avance de los trabajos ha sido lento en virtud de que se realizan con pico y pala. Son notorias las muestras de cansancio entre los trabajadores. Además, pesa mucho el factor de las intensas lluvias.

• La perito independiente Claudia Bisso, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mostró in situ a los familiares y peticionarios las zonas excavadas, aquellas que faltan todavía, y explicó la metodología que se ha estado empleando.


ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO.- El pasado sábado 12 del presente mes, alrededor de las 9 de la mañana, se reanudaron los trabajos de excavación en las antiguas instalaciones del cuartel militar de Atoyac de Álvarez, mismos que se concluyeron en lo correspondiente a la zona del pozo, que se encuentra justamente al lado de un pozo de agua.

En la última trinchera adjunta al campo de tiro se volvió a encontrar ropa y basura.

Posteriormente, se empezó a excavar el área de los chiqueros que, conforme al escaneo con georradar, presenta anomalías menores. En esta zona se planea cavar tanto dentro como fuera de ellos, así como en la parte denominada triángulo.

En la primera trinchera de los chiqueros, con una longitud de aproximadamente 40 metros, nuevamente se encontró basura, principalmente botellas de vidrio de distintos tamaños y corcholatas. Se planea excavar 5 trincheras más en esta zona.

Cuando se desmontó el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, se construyeron paredes intermedias en esta parte. Por tal motivo, las trincheras no podrán excavarse de manera continua.

Más tarde, se empezó a excavar la zona aledaña al pozo. Cuando concluya este trabajo, se continuarán las excavaciones en la barraca.

Alrededor de las 4 de la tarde, una intensa lluvia impidió continuar con las actividades. La precipitación pluvial generó una gran cantidad de lodo en las trincheras abiertas y los trabajos tuvieron que suspenderse hasta el día lunes, pues el domingo fue concedido como día de descanso para los excavadores.

El avance de los trabajos ha sido lento en virtud de que se realizan con pico y pala. Son notorias las muestras de cansancio entre los trabajadores. Además, pesa mucho el factor de las intensas lluvias.

Cuando la lluvia del sábado cesó, se permitió la entrada a la zona de excavaciones a los familiares y peticionarios que continuaban en el lugar. Ahí, la perito independiente Claudia Bisso, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que acude como testigo por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., mostró a los familiares y peticionarios las zonas excavadas, aquellas que faltan todavía, y explicó la metodología que se ha estado empleando.

El lunes pasado se terminó de cavar la parte faltante aledaña al pozo y se continuó con otra parte de los chiqueros.

En general, las trincheras miden en promedio metro y medio de ancho. En total se han excavado 235 metros cúbicos hasta el momento. Aún faltan 12 puntos por excavar.

En su momento, Julio Mata Montiel, Secretario de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), nuestra contraparte en Atoyac de Álvarez y peticionaria conjunta en la demanda por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunció un trato arbitrario por parte de las autoridades, las cuales pretenden dejar la carga de la prueba a los familiares.

Abundó en la necesidad de que se cite a declarar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia de los setenta y en la urgencia de contar con la maquinaria necesaria para agilizar los trabajos y abarcar una superficie mayor de terreno, demandas a las que se suma la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Del mismo modo, exigimos conjuntamente garantías de que, concluida esta diligencia pericial, se continuará el proceso de escaneo en otras zonas del predio que ocupaba el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. No obstante, esperamos contar esta vez con una investigación preliminar, que incluya fotografías áreas de la zona y se base en los mapas de la antigua instalación castrense, así como en criterios antropológicos, para establecer nuevos puntos con mayores probabilidades de encontrar fosas clandestinas.

Cabe señalar que ha sido excesiva la presencia de efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la zona. Consideramos que este despliege y el del armamento que portan es una forma de intimidación hacia los familiares y peticionarios. De esta manera, se criminaliza su participación, como si ellos fueran a cometer algún delito.

La señora Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y vicepresidenta de AFADEM, ha estado todo el tiempo pendiente de las excavaciones, en compañía de algunas de sus hermanas. Ella ofrecerá una conferencia de prensa al término de la diligencia pericial en donde fijará la postura de AFADEM.

Por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se encuentran actualmente presentes en Atoyac, la abogada Mayra López Pineda y el subdirector de Comunicación, Juan José Vázquez Méndez. De igual forma, permanece la antropóloga forense Claudia Bisso, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, quien participa como parte de la coadyuvancia de la CMDPDH



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Denuncia Afadem exclusión de familiares de desaparecidos

RODOLFO VALADEZ LUVIANO La Jornada Guerrero

Atoyac, 20 de julio. “Siguen las acciones que relegan a los familiares de los desaparecidos en el ex cuartel militar; no es posible que sean los únicos con el paso restringido a la zona de excavaciones y otros que no tienen nada que ver con los trabajos gozan de toda libertad”, reclamó Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).

Sobre el ambiente hostil que viven los familiares, la dirigente dijo que esta situación ya ha sido denunciada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que por lo menos, si no pueden estar ellos presentes en el lugar de las excavaciones, tampoco estén personas que no tengan nada que ver en relación con los trabajos.

Consultada vía telefónica, Radilla Martínez informó que seguramente mañana lunes terminarán las excavaciones en “el caserón y los baños, sin resultados hasta ahora, “no los que nosotros deseamos”.

Luego se excavará en el área llamada el zanjón, donde los fotógrafos y camarógrafos podrán tomar fotografías e imágenes, pues es una zona fuera de las acordonadas en el otro extremo del ex cuartel militar.

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