El Gobierno del Distrito Federal pretende hacer uso de la fuerza para dar fin al plantón del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente

Difusión Cencos México D.F., 31 de octubre de 2010

Frente Amplio contra la Supervía

El Gobierno del Distrito Federal pretende hacer uso de la fuerza con el fin de dar fin al plantón que sostiene desde hace más de 90 días el Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente en la Colonia “La Malinche” de la Delegación Magdalena Contreras.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos


Antecedentes

El proyecto de construcción de una vía urbana de peaje fue anunciado por el Gobierno del Distrito Federal en diciembre de 2009. A pesar de que se tenía conocimiento de este proyecto desde tiempo atrás, el gobierno local negó su existencia de forma reiterada violentando el derecho a la información de los habitantes de las zonas aledañas quienes desde el año 2008 habían solicitado información al respecto. Aunado a la falta de información, el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido un comportamiento contradictorio con el discurso a favor de los derechos humanos que sostiene con actos como la elaboración e implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México, en la que se dice que se respetará el derecho a la consulta de los habitantes de la ciudad así como una gestión democrática por una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable. De igual forma el Gobierno del Distrito Federal no ha atendido las opiniones de expertos que muestran las inconsistencias del proyecto y en cambio ha firmado un título de concesión que no garantiza la imparcialidad de las autoridades encargadas de vigilar que el proyecto cumpla con los requisitos de ley.

A pesar de que se han reportado diversas violaciones a los derechos humanos, el Gobierno del Distrito Federal ha sostenido una actitud cerrada al diálogo y a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dictó medidas precautorias para a favor de los opositores al proyecto, el día 19 de octubre del año en curso los integrantes del Frente Amplio fueron agredidos por elementos de la empresa concesionaria apoyados por supuestos funcionarios del DF con el pretexto de que iban a realizar trabajos ya autorizados. Ante el requerimiento que se hizo al GDF para que se presentaran los documentos que amparaban los trabajos no ha habido respuesta. A pesar de estos requerimientos sigue imperando la opacidad y fuentes fidedignas han reportado que se prepara un operativo durante el fin de semana o los días festivos del día de muertos.


Por esto

Ante el temor fundado de que las autoridades hayan renunciado al dialogo y pretendan hacer uso de la fuerza es que se emite esta acción urgente exigiendo los siguientes puntos:

1. Que el Gobierno del Distrito Federal desista de acciones violentas en contra de los opositores a la Supervía, atendiendo a las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Derechos Humanos del D.F. desde julio del 2010 y el día de hoy.

2. Que toda la información relacionada con la Supervía sea pública a fin de evitar confrontaciones y opacidad, de igual forma antes de cualquier acción el GDF debe exhibir y hacer públicos los trabajos que pretende realizar, así como los documentos técnicos que los justifican

3. Que en congruencia con el discurso a favor de los derechos humanos, se garanticen acciones concretas para terminar con las violaciones a los derechos humanos denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil e integrantes el frente amplio, estas violaciones incluyen el derecho al acceso a la información, derecho a la participación, derecho al medio ambiente y derecho a la vivienda entre otros.

4. Que se atiendan los legítimos reclamos de los integrantes del Frente instalando mesas de negociación, los cuales deben de propiciar un diálogo verdadero que permita la discusión de alternativas de movilidad sustentable y resuelva la problemática actual.

5. Que se asuma con prudencia política los plazos de los cauces institucionales jurídicos, pues el 17 de noviembre está programada una audiencia constitucional del juicio de amparo que sigue vigente y los plazos que dicta el propio Poder Judicial Federal.

6. Responsabilizamos a Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del D.F., y las empresas OHL y Grupo Copri por la violencia que se ejerza y las provocaciones.


Frente Amplio contra la Supervía, n. 30, 30 de octubre de 2010


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Declaración de Temaca

Aprobada en el Tercero Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados
(Temacapulín, Jalisco, México, octubre 1 a 7, 2010)

Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Nosotros, más de 320 personas de 54 países a lo ancho y largo del mundo, afectados y luchadores contra las represas destructivas y activistas por el uso ecológico del agua, la justa utilización de la energía, la autodeterminación de los pueblos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y climática y el respeto a los derechos humanos, nos hemos encontrado en Temacapulín. Nos hemos reunido en un pueblo que se ve en peligro de ser destruido por la construcción de la represa El Zapotillo. Estamos en solidaridad con nuestros anfitriones generosos en Temaca y apoyamos su exigencia para la cancelación de la presa El Zapotillo. Temaca debe vivir, y su lucha es nuestra lucha.

Asimismo, nos solidarizamos con las luchas del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y con las comunidades, pueblos y ciudades de diversos lugares de México, que en estos momentos se encuentran inundadas o sepultadas por toneladas de lodo a causa de la fractura o el desfogue de represas en el país. La crisis climática desato su furia enfrentándonos a excesivas lluvias, a ríos desbordados y a represas peligrosas que se encuentran a su máxima capacidad. Por lo que denunciamos y rechazamos la política obsoleta y desenfrenada de construcción de presas.

¡Aguas para la vida, no para la muerte! El grito hecho en el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, realizado en Curitiba, Brasil, 1997, se reafirmó en la Segunda Reunión Internacional en 2003 en Rasi Salai, Tailandia, y nuevamente recobró fuerza durante estos intensos días en Jalisco, en la comunidad de Temacapulín.


Nuestros Logros

Desde Rasi Salai, hemos seguido unidos trabajando para enfrentar a la industria de represas, y a los gobiernos e instituciones financieras que promueven y financian sus actividades destructivas. Nuestras luchas han derrotado a proyectos de presas y ayudado a restaurar y proteger los ríos. Hemos alcanzado importantes conquistas en la lucha por el derecho al consentimiento informado sobre los proyectos en nuestras tierras y por dignas reparaciones y condiciones de reasentamiento.

Estamos implementando con éxito, bajo control comunitario, numerosas experiencias con tecnologías y programas justos y ecológicamente responsables para satisfacer nuestras necesidades de energía, agua, saneamiento y protección contra inundaciones destructivas.

Hemos logrado crear y fortalecer diversas redes regionales, frentes y movimientos nacionales de luchas contra las represas y por los derechos de los afectados.

Estamos construyendo un nuevo modelo de producción y uso de energía y de manejo de agua que satisfaga las necesidades de los pueblos, antes que el interés de las corporaciones nacionales y transnacionales.


Nuestros Desafíos

A 10 años de emitidas las importantes recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, en la mayoría de nuestros países, los derechos de las poblaciones continúan siendo violados por la construcción de represas. Los ríos siguen siendo represados y transvasados, las selvas inundadas, los peces y otras especies exterminadas. En abierta violación de acuerdos internacionales y leyes nacionales, pueblos indígenas y tribales, minorías étnicas y comunidades tradicionales son desproporcionadamente saqueadas y afectadas por la salvaje explotación de sus territorios, tierras y recursos. En muchas partes son obligados a luchar para no ser aniquilados física y culturalmente. Comunidades ribereñas, campesinas y urbanas ven las represas destruir sus modos y medios de vida.

Las mujeres sufren de forma aún más dramática las rupturas de la vida comunitaria y familiar resultante de la construcción de represas. En muchas partes, son discriminadas en los procesos de reasentamiento y reparación. Además, la concentración de miles de trabajadores durante la fase de la construcción muchas veces viene acompañada de prostitución, epidemias y deterioro de los servicios de educación y salud que conciernen de manera muy directa e inmediata la vida de las mujeres.

Jóvenes, ancianos y ancianas también son particularmente vulnerables a las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.

La represión de las comunidades y organizaciones que resisten a las presas y la militarización de los territorios, constituye un flagrante atropello a los derechos humanos. Nuestros muertos y perseguidos cuentan una triste historia de la violencia de los constructores de represas, pero también de la resistencia heroica de los pueblos afectados y de su firme decisión de llevar adelante la lucha por un nuevo modo de usar el agua, de producir y utilizar la energía a servicio del pueblo.

Los procesos de privatización impulsados en los años 90 por el FMI y el Banco Mundial transformaron la producción de energía y el agua en un grande negocio. Las corporaciones hacen lucros exorbitantes en la construcción de presas, en el agro-negocio, en el hidro-negocio y en la minería.

Muchos países retornan a una situación semi-colonial para alimentar el capitalismo consumista que domina la sociedad contemporánea.

Grandes represas reducen la capacidad de las sociedades y ecosistemas para adaptarse al calentamiento global. El cambio climático está causando graves daños a las personas y a los ecosistemas, haciendo las represas aún menos seguras, menos viables
económicamente, acelerando la sedimentación de los embalses. Los grandes embalses son una fuente importante de gases de efecto invernadero (GEI).

Nos oponemos al mal llamado “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL) que los gobiernos poderosos y el capital privado promueven para compensar sus emisiones de GEI, incluyendo a las represas como energía limpia y renovable. Nos sumamos a las acciones que desarrollará el movimiento global por la justicia climática, en el marco de la Conferencia de las Partes, que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, México el presente año.

Nos solidarizamos y nos sumamos a las luchas de la Vía Campesina por la soberanía limentaria, que es inseparable de control popular del agua y de la soberanía energética.

Nos solidarizamos y nos sumamos a los que luchan contra la minería y la privatización del agua.


Nuestras Demandas

Las experiencias compartidas y estos cinco días de ricos intercambios nos permiten acordar que:

- Reafirmamos los principios y demandas de las declaraciones de Curitiba y Rasi Salai.

- Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas. Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones afectadas, luego de un genuino proceso debidamente informado y participativo, y que no satisfaga las necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades.

- Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa.

- Los servicios prestados por las represas existentes debe ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado/compensado, antes de la construcción de cualquier nuevo proyecto.

- Demandamos el respecto total al conocimiento y manejo tradicionales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e informado en la planificación y toma de decisiones sobre el agua y la energía.

- Las reparaciones deben ser negociadas y dadas a los millones de personas que han sufrido a causa de las represas, incluyendo la provisión de tierras, viviendas e infraestructura social. Los constructores y promotores de represas, y los que se benefician de las presas, son los que deben pagar los costos de las reparaciones.Deben ser promovidos programas y planes de recuperación y desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas bajo control popular.

- Rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen a las mismas. Rechazamos la militarización de los territorios y el uso de presas y aguas para fines militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respecten y protejan los derechos humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos.

- La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía.

- Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas.

- Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua. Demandamos el control público, efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no pueden seguir siendo tratados como mercancía, pues son un bien público. Como lo ha reconocido la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano fundamental, lo que responsabiliza a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua de buena calidad; así como asegurar la protección de los recursos hídricos de toda contaminación.

- Las políticas de agua y energía deben ser objeto de amplias y democráticas consultas públicas. En algunos países el dialogo sobre la implementación de recomendaciones de la CMR pueden contribuir de manera relevante.

- Los gobiernos deben proteger la seguridad de las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de las represas existentes, incluyendo inversiones suficientes en la seguridad de las represas, un manejo responsable y participativo de las mismas y elaboración de planos participativos de protección ó evacuación en caso de ruptura y descargas de emergencia.

- Los afectados por presas construidas en un país fronterizo tienen el derecho a ser consultados sobre su construcción y operación. Autoridades de cuencas nacionales e internacionales deben ser participativas y transparentes, e incluir representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.

- Los gobiernos deben invertir fuertemente en la investigación y aplicación de tecnologías energéticas y manejo de agua ecológicamente responsables. Los gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar la distribución equitativa de la riqueza.

- Rechazamos los subsidios del Mecanismo de Desarrollo Limpio para proyectos hidroeléctricos destructivos, y nos oponemos a todos los mecanismos de mercado de carbono.

- Hidrovías deben seguir el principio “adaptar el barco al río, no el rio al barco”.


Nos Comprometemos a:

- Intensificar nuestras luchas y campañas contra las represas, por los derechos de las poblaciones amenazadas y afectadas, y por la reparación integral de sus pérdidas y restauración de las cuencas.

- Trabajar para la implementación de métodos de manejo del agua y energía, tales como la cosecha de lluvia y modelos comunitarios de energía renovables.

- Luchar contra el modelo consumista y desarrollar campañas contra el consumo de productos intensivos en energía.

- Seguir discutiendo y construyendo colectivamente los principios y directrices de un modelo energético y del manejo del agua, basado en la responsabilidad ambiental y al servicio de los pueblos.

- Intensificar los intercambios entre activistas y movimientos que trabajan sobre represas, agua, energía, justicia ambiental y climática; incluyendo visitas recíprocas con intercambio de personas afectadas de diferentes países.

- Fortalecer nuestros movimientos uniéndolos con otros que luchan contra el modelo de desarrollo neoliberal, y por una justicia global ecológica y social.

- Celebrar cada año el Día de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida (14 de Marzo).

Nuestra lucha en contra las represas destructivas y el modelo actual de manejo de agua y energía, es también una lucha contra un orden social dominado por el imperativo de maximizar sus ganancias, y es una lucha por una sociedad basada en la equidad y la solidaridad.

¡Otro modelo de manejo de energía y agua es posible!

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Agua y energía no son mercancía!

¡Ríos libres para pueblos libres!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al “Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos”.

En el marco del xv aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), las organizaciones sociales asistentes, confluimos en este espacio para encontrarnos, intercambiar experiencias y formas de luchas con la finalidad de solidarizarnos y articular los procesos organizativos que nos permitan caminar de manera colectiva y hacer realidad nuestros derechos.

Considerando que:

1.- Ante la falta de reconocimiento integral y efectivo de nuestros derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes, en la Constitución y ante las reiteradas violaciones a los estándares internacionales que establecen los derechos de los pueblos originarios.

2.- Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.

3.- Que a pesar de ser los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y nuestra permanente lucha por mejores condiciones de vida, hasta la fecha no se valora ni se toma en cuenta nuestros aportes, soslayando nuestros derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y la libre determinación.

4.- Además de la negativa a reconocer nuestros derechos colectivos, se agrega la sistemática violación a nuestros derechos sociales e individuales establecidos en la constitución. Las leyes y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de los que reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Este gobierno de los multimillonarios ha convertido el derecho a la protesta en un delito, dando un trato de criminales a los luchadores sociales, mientras que los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del estado.

5.- La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado nuestros derechos elementales a la educación, salud, vivienda, producción y alimentación para exentar al estado de su responsabilidad social, lo que representa una flagrante violación a la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales. Los programas sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria.

6.- Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue implementando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios, ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican el despojo y violan flagrantemente los instrumentos jurídicos internacionales.

7.- La cultura patriarcal impuesta en nuestro país en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político, económico y lo social por ser mujer, pobre e indígena. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, incluido los movimientos sociales y los partidos. Dejando en estado de indefensión a las mujeres ante las instituciones gubernamentales y las políticas públicas.

8.- Ante la voracidad de los empresarios con la complicidad del gobierno para adueñarse del espacio radioeléctrico y seguir gozando de los dividendos que genera el negocio de los medios han creado las leyes para su beneficio, dando un trato de criminales a las comunidades que impulsan las radios comunitarias, libres, populares y otros medios alternativos de comunicación en manos del pueblo, lo que impide el pleno ejercicio de libertad de expresión, dejando al pueblo a merced del monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales ejercen el control político.

9.- El Estado – Nación de México se constituyó como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados históricamente. La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador y carece de legitimidad y ha conducido al país a un desastre económico, a una guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Por otra parte ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.

Por lo tanto, con la fuerza y legitimidad que nos dan nuestros derechos ancestrales, proponemos:

Primero: Seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución y seguir ejerciendo nuestra autonomía y libre determinación en la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos construyamos la nueva patria.

Segundo: Fortalecer y reivindicar nuestros propios sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reeducación.

Tercero: Recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y de nuestros héroes que desde tiempos inmemoriales han resistido y se han levantado en contra de las injusticias y el sometimiento pero que la historia oficial los ha borrado; valorando los aportes que para la construcción de esta nación hemos hecho, como en los procesos de lucha por la Independencia, Revolución y las luchas de liberación de los años sesentas del siglo pasado.

Cuarto: Reconocernos todos en cada uno de los movimientos que luchan buscando mejores condiciones de vida, solidarizándonos ante la represión, fortaleciendo los lazos de apoyo mutuo, comprometiéndonos aportar nuestros modestos esfuerzos para construir un camino común.

Quinto: Fortalecer los espacios y proyectos de educación, de salud, vivienda alternativas que nacen y responden a los intereses y necesidades de las comunidades. Nos proponemos decidir lo que sembramos producimos e intercambiamos, recuperar nuestras semillas criollas, dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida. Rescatar nuestras relaciones de intercambio de productos, donde lo más importante sea la sana alimentación antes que el comercio para el enriquecimiento. Defender y utilizar de manera racional nuestros recursos naturales.

Sexto: A no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerrero.

Septimo: Promover la participación plena y el respeto de los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad de género.

Octavo: Generar, fortalecer y ampliar los sistemas de comunicación comunitaria y alternativa en manos del pueblo. Exigimos respeto y cese a la persecución y represión en contra de las comunidades y colectivos que promueven las radios comunitarias, alternativas y populares.

Noveno: Promover, fortalecer ampliar todas las experiencias y formas de participación y organización comunitaria para construir desde el aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda una nueva nación en donde todas y todos, seamos partes integrantes.

Nos pronunciamos por:

- La desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y la libertad de todos presos políticos así como el castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

- Presentación con vida de todos los desaparecidos.

- Exigimos el respeto absoluto al uso de nuestros propios sistemas normativos.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

En San Juan Copala no se ha dicho la última palabra

Encuentro de Jorge Albino, vocero del Municipio Autónomo de San Juan Copala, con el lingüista y activista Noam Chomsky. México. Septiembre de 2010

Continuará la autonomía

“El municipio autónomo de San Juan Copala no está desaparecido ni va a desaparecer porque tiene el respaldo y apoyo de la gente y de varias comunidades triquis” (comunicado de las autoridades de Copala).

Desinformémonos

Fotografía: Heriberto Rodríguez/ SubVersiones Agencia Autónoma de Comunicación Independiente

Aunque la violencia tiene el nombre de los grupos paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Trinqui (MULT), el conflicto que desencadenó la actual destrucción del municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, es complejo y viene de muchos años atrás.

Enrique Gómez Levy, conocedor de la zona triqui y miembro del organismo Enlace Rural, advierte que el triqui que habita en Copala aprendió la violencia desde el siglo XVI, cuando en el lugar jueces, caciques y policías de la Colonia les arrebataban sus mejores tierras, además de que los curas de aquel momento exigían diezmos desproporcionados. Síntoma que parece reflejar no sólo la problemática de Copala, sino una radiografía que explica mucho del México actual, Levy agrega: Los maestros de la región, desde mediados del siglo pasado, fueron convertidos en agentes de partidos, promotores de la subordinación incondicional. Introdujeron la división y la desvaloración de las autoridades tradicionales.

Otra de las razones que Gómez Levy apunta como uno los detonadores de la violencia en esta región se refiere a los recursos naturales con los que cuentan. Algunos cuantos tienen acceso a las ganancias que dejan la venta o producción de los recursos. Levy argumenta dos casos en particular; el primero, el sistema comercial del café, el cual –menciona- es fraudulento, fue corrupto y se llegaba a pagar en especie, con aguardiente o con armas. El otro caso que contextualiza la actualidad de Copala son las reservas de madera y metales, las cuales son codiciadas por los terratenientes de la Costa y del Valle de Putla en la Sierra Sur y de Tlaxiaco.
Enrique Gómez encuentra una causa más a las tantas razones sobre la generación de violencia en esta zona. Cuando surgía –explica- algún líder o militante de la renovación política y productiva de los triquis en Copala, estos eran perseguidos y asesinados, y “nunca se pudo reparar la falta de sus ideales para el bien del pueblo”.

Finalmente, relata Gómez Levy, “la aprobación de un partido político manipulado (del MULT), propició una división a la hora de ejercer el voto y terminó por minar a la izquierda, además de fulminar cualquier esperanza que viniera desde la trinchera de lo político a favor de la gente”.


La actualidad

Segunda quincena de septiembre. Mes de la patria mexicana. Mientras el gobierno festeja el bicentenario del inicio de la guerra de independencia, el pueblo triqui de San Juan Copala, Oaxaca, –declarado autónomo hace tres años- sufre una fuerte embestida paramilitar. Los agredidos lanzan desesperados gritos de alerta a las autoridades y llaman al pueblo a la solidaridad para evitar una masacre.

Algunos sectores sociales responden y también exigen al gobierno brinde solidaridad, pero este brilla por su ausencia. “Ahí no hay paramilitares, ni muertos”, diría el mismo gobernador días después. La omisión gubernamental demostró su alianza con los grupos armados, denunciaría por su parte Jorge Albino, vocero oficial y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Copala.

“No hubo respuesta a las denuncias. Al contrario, apoyaron al grupo armado para exterminar el proyecto de autonomía”, abundó en entrevista en el programa de radio Perspectiva de las Américas, de la FM KPFK, de California, Estados Unidos., que el pasado 20 de septiembre tuvo como tema central San Juan Copala, la lucha y resistencia de un pueblo Triqui. “El grave delito que comete Copala es revelarse autónomo, exigir derechos como indígenas”, continuó. Desde noviembre del año pasado, San Juan Copala, que además es el centro político y ceremonial de la cultura Triqui, está sometido al asedio de grupos paramilitares, que desde ese mes cerraron todos los accesos. A partir de entonces, sus habitantes han padecido hambre y sed y han sufrido varios asesinatos, violación de mujeres y heridos de balas. Una niña incluso ha quedado paralítica para toda su vida por las balas que le destrozaron la columna vertebral. Estas acciones y emboscadas, según los propios afectados, son llevadas a cabo por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) de afiliación priísta y por gente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

El pasado día 13 de septiembre, aprovechando los ruidos de las fiestas oficiales del bicentenario de la independencia, los grupos paramilitares (UBISORT y MULT) tomaron el palacio municipal. Se vivió un momento de suma tensión. Los disparos comenzaron, los atacantes contaban con armas que son propias del ejército, y había toque de queda en el pueblo. “Nos dieron 24 horas para abandonar el proyecto autónomo. Los compañeros resistieron. Este grupo invadió San Juan Copala, agredió a compañeros y compañeras. En estos últimos 25 días hubo 10 muertos y 15 heridos entre los cuales podemos contar a niños y mujeres”, relata Jorge Albino. Los pobladores no pudieron salir de sus casas, pues fueron replegados a tiros por los atacantes. Por parte del gobierno no hubo algún pronunciamiento. “Nos dijeron que éramos autónomos, a ver cómo se las arreglan”, concluye Albino.

Concentrados en los festejos del bicentenario de la independencia en México, los reflectores poco apuntaron hacia el sur del país. Para no dejar aislados a sus compañeros 11 mujeres y 8 niños triquis se declararon en huelga de hambre en la capital del Estado. Exigían el rescate de los compañeros que se encontraban sitiados en San Juan Copala, también de los desaparecidos. Dieron 72 horas para que el gobierno interviniera o tomarían otras medidas. Nadie les hizo caso. Al no haber respuesta por parte del gobierno estatal o federal se levantaron el plantón y se formaron una comisión civil de rescate. En ese contexto, integrantes del MULT entraron y quemaron algunas casas de los pobladores. Los que pudieron salieron y organizaron un plantón como muestra de protesta de lo que acontecía. La zona fue copada ya no solo por grupos paramilitares ya identificados, también participó gente mestiza de la Costa, gente que no es Triqui, según los desplazados.

La similitud de lo acontecido en Copala con lo ocurrido en Acteal es preocupante. El gobierno argumenta que lo acontecido es un problema histórico, intercomunitario, quizás de venganza además de calificar al pueblo triqui como violento. Lo ocurrido en Acteal también fue calificado como problemas entre comunidades. En casos como el que acontece en Copala, el gobierno actúa sólo cuando la problemática tiene una repercusión internacional, ya que recibe presión por parte de muchas organizaciones e incluso naciones por esclarecer lo ocurrido, sin embargo cuando se mantiene en un ámbito local suele no ocurrir ninguna acción.

La entrada de la policía o del ejercito no es una buena solución para el conflicto, opinó Gaspar Rivera, Coordinador General del FIOB (Frente Indígena de Organizaciones Binacionales), una organización que ha estado siguiendo muy de cerca el conflicto Triqui y pronunciándose al respecto: “Ni el ejército ni la policía llegarán con términos pacíficos, llegarán con mucha fuerza y se formará otra fuente de conflicto”. El programa de radio fue transmitido desde la sede del FIOB, en California.

El pasado miércoles 22 de septiembre lograron escapar del cerco los últimos 50 simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) de Copala. Abandonaron la comunidad por la noche en medio de veredas y atajos para no ser descubiertos. Según Reina Martínez Flores, quien es la vocera de las mujeres en huelga de hambre, los últimos simpatizantes del MULTI llegaron a pueblos aledaños y están a salvo. Sin embargo sigue gente desaparecida. Como represalia por la huída la gente del UBISORT y MULT quemaron y derribaron una docena de casas. Raymundo Reynoso, periodista y conductor del programa, hace un alerta: “Es una situación seria, se prevé un atentado como el que ocurrió en Acteal en diciembre de 1997”.

El 28 de septiembre de 2010, en un comunicado, el municipio autónomo de San Juan Copala señaló: “Los paramilitares del MULT y de la UBISORT quemaron y destruyeron nuestras casas, saquearon y robaron nuestros huipiles, enaguas, textiles, collares, ropa, cobijas, camas, sillas, mesas, televisores, grabadoras, refrigeradores, gallinas, guajolotes, entre otras cosas y masacraron a nuestros perros. Se adueñaron de todo nuestro patrimonio que nos ha costado conseguir toda nuestra vida con el sudor de nuestra frente, dejándonos sin nada y obligándonos a desplazar a otras comunidades simpatizantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala y a nuestro plantón de la ciudad de Oaxaca…. A pesar de lo anterior, les informamos que el Municipio Autónomo de San Juan Copala no está desaparecido ni va a desaparecer porque tiene el respaldo y apoyo de la gente y de varias comunidades triquis”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!