Recuento de agravios contra mujeres Triquis.

El 5 de julio se cumplio un año de la desaparición de las hermanas Virginia Ortiz Ramírez, maestra bilingüe de 20 años de edad, y Daniela, estudiante de secundaria de 14 años, jóvenes de la etnia Triqui.

Su madre, Antonia Ramírez Cruz, no sólo ha contado estos mas de 365 días. Su dolor y angustia se ha convertido en una férrea y emblemática lucha, ya que se atrevió a denunciar los hechos y ha tocado todas las puertas posibles en busca de justicia.

Antonia, junto con su sobrina Emelia Ortiz, han denunciado incontables veces los hechos ante las autoridades y se han reunido con el Procurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien ha prometido desde agosto que ya van a investigar, pero nada se ha resulto del caso.

Para la madre de Virginia y Daniela, estos 365 días se han convertido en interminable espera, en la esperanza de que aparezcan otra vez sus dos hijas, quienes “desaparecieron” en el trayecto entre Rastrojo, su comunidad, y San Marcos Xinicuesta.

Este hecho, como muchos otros de violencia contra mujeres que ocurren entre el grupo étnico Triqui, se atribuyen a un añejo conflicto de intereses entre grupos políticos que se disputan el poder, como son el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y MULT-Independiente (MULT-I), lo que ha sido pretexto de las autoridades para no investigar los hechos, como denunció Emelia Ortiz.

La falta de políticas para encontrar puntos de acuerdo entre los pueblos enfrentados ha originado que los enfrentamientos se sigan presentando entre las comunidades, lo que ha dado origen a más violaciones de mujeres –unas 10— estima Emelia Ortiz, muchas de las cuales no se han denunciado porque las mujeres dicen “para que nos exponemos si a nadie castigan”, despojos de propiedades, emigraciones forzadas y asesinatos, como el ocurrido a las locutoras de Radio Copala, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, este último ocurrido en marzo pasado.


AGRAVIOS CONTRA MUJERES TRIQUIS

De acuerdo con Emelia Ortiz, tía de Virginia y Daniela, son muchos los agravios cometidos contra las mujeres triquis desde hace muchos años. Así lo documentó junto con la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca, cuando señalan que en 1979 varios hombres denunciaron ante el gobernador interino de Oaxaca, el general Eliseo Jiménez Ruiz, la violación de 14 mujeres por parte de elementos del Ejército Mexicano, cuya partida militar había sido instalada un año antes en San Juan Copala.

Por supuesto, como ahora, no hubo ninguna clase de respuesta. No hubo un solo detenido, a nadie se le castigó por ese aberrante episodio que siguió repitiéndose una y otra vez. Las mujeres se habían convertido desde entonces en botín de una lucha interna.

En 1980, en Santa Cruz Tilapa, Santa Cruz Chiquita y El Rastrojo de nueva cuenta elementos del Ejército mexicano violaron mujeres. Los hechos también fueron denunciados ante el Procurador en turno Fernando Castillo Castillo.

Las mujeres triquis apuntan que no hubo ningún militar detenido por aquellos hechos, muchos de los cuales les contaron sus madres y de otros ellas fueron testigos cuando eran niñas.

Según el documento presentado la Limeddh-Oaxaca, otro de los problemas para las triquis es que los usos y costumbres permiten “corregir el agravio” si el agresor se une en matrimonio con la agraviada y además se ofrece dinero o indemnización a la familia.

Durante los años que siguieron hubo más denuncias de violencia sexual hacia las mujeres, utilizadas como “botín de guerra”, como sucede en Sudán, en Colombia, Perú, en los países centroamericanos, en Irak, en Rwanda, en Croacia y Bosnia.

Como pasó en Argentina, Chile, Bolivia y Brasil durante las dictaduras militares (Cimacnoticias 29/mayo/2006). También en México se ha repetido la historia y las triquis no fueron la excepción para que sus cuerpos femeninos sean premio para el vencedor y castigo para el derrotado, como lo cuenta Homero en la Ilíada y la Odisea.

La antropóloga y feminista Marcela Lagarde define la violencia erótica como una expresión de poder, de ahí que sea ejercida por quienes tienen poder sobre quienes no lo tienen. Esa es la situación de las triquis, expuestas de manera permanente a la violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años hace dos años, cuando fue violada de manera tumultuaria en la comunidad de Yosoyuxi un 7 de julio 2006, es decir hace dos años.

La niña, quien denunció los hechos entonces, señaló los nombres de sus agresores: Timoteo Alejandro Ramírez, Francisco Martínez Bautista, Guadalupe Alejandro Ramírez y Marcos Flores, todos integrantes del MULT Independiente, la más reciente escisión del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y que en enero de 2006 se unieron a la conformación del municipio autónomo de San Juan Copala.

Pese al señalamiento no hubo ningún detenido, como tampoco hay ningún avance de las autoridades en la búsqueda de las hermanas Ortiz Ramírez, como en reiteradas ocasiones ha señalado su madre Antonia.


HACE UN AÑO

Virginia salió de su casa el 5 de julio de 2007, acompañada de su hermana Daniela para recoger sus cosas de la comunidad de San Marcos Xinicuesta, pues había conseguido que la asignaran a otra escuela cerca de Rastrojo.

Su madre cuenta que todavía las vio tomar un taxi que las llevaría hasta Putla, donde tendrían que transbordar para llegar hasta Xinicuesta. Fue en Putla donde las vieron por última vez. Tres días después de no saber de sus hijas, marcó al número celular de Virginia y le contestó un hombre. Volvió a llamar y le contestó una mujer quien les dijo que no conocía a Virginia. En entrevista a Cimacnoticias, Antonia explicó entonces que se escuchaba música como de una fiesta. Su corazón le decía que algo había pasado.

La familia denunció los hechos y el procurador de Justicia, Martínez Ramírez se comprometió a investigar los hechos. Después declaró que el conflicto político le impedía “exponer a sus hombres”.

Antonia viaja permanentemente entre Oaxaca y Rastrojo. En alguna ocasión recibió una llamada anónima, era una mujer quien le informó que Daniela y Virginia habían sido asesinadas. Ella nunca aceptó ese hecho y sigue aferrada a la idea que las va a encontrar con vida, explicó su sobrina Emelia Ortiz, quien se ha llevado todas las diligencias y ha acompañado otras denuncias de mujeres triquis violadas.

A la desaparición de Virginia y Daniela le han seguido la violación de unas 10 mujeres en los últimos dos años, asesinatos, despojos y emboscadas, así como emigraciones forzadas de muchas mujeres que prefieren irse lejos de la comunidad debido al acoso del que son objeto por pertenecer a uno u otro grupo político.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

UN CUADERNO PARA CHIAPAS

JUSTIFICACIÒN:

Construir organización es difícil, construirla con autonomía, es todavía más difícil.

Construir futuro no es misión fácil, antes bien está llena de obstáculos y en el panorama en el que se construye, se ennoblece la acción.

Y es precisamente lo que están haciendo los zapatistas. Construyendo futuro.

La memoria no es olvido, es experiencia, es camino.

Los niños aprendiendo a ser zapatistas, aprenden de dónde vienen y dónde van.

A la construcción de un mundo con Justicia, Democracia y Libertad.

A la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos.

PROPUESTA

Año con año la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura (CMATC), apoyan a las comunidades zapatistas con material de papelería. En esta ocasión se pretende apoyar con material nuevo.

Recolectar 1000 cuadernos para los municipios autónomos de las bases de apoyo del EZLN.

Las aportaciones pueden hacerlas en especie, es decir, con cuadernos o

En dinero (cada cuaderno tiene un costo de $ 7.00 al mayoreo).

El lugar de recepción será el local de la Escuela de Cultura Popular “Mártires del 68” (5 de febrero # 257 y Juan Lucas de Lassaga local “D”, col. Obrera, cerca metro San Antonio Abad).

La recepción se hará a partir de la publicación de la presente y hasta el 31 de julio del 2008.

En las aportaciones de dinero se extenderá un recibo y a la compra de los cuadernos , se les entregará la nota respectiva que compruebe cabalmente la operación de compra.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por la CMATC.

A los 25 días de mayo del 2008, en México D.F


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Mitos actuales

(…) El mito, por ejemplo, de que el orden opresor es un orden de libertad. De que todos son libres para trabajar donde quieran. Si no les agrada el patrón, pueden dejarlo y buscar otro empleo. El mito de que este “orden” respeta los derechos de la persona humana y que, por lo tanto, es digno de todo aprecio. El mito de que todos pueden llegar a ser empresarios siempre que no sean perezosos y, más aún, el mito de que el hombre que vende por las calles, gritando: “dulce de banana y guayaba” es un empresario tanto cuanto lo es el dueño de una gran fábrica. El mito del derecho de todos a la educación cuando, en Latinoamérica, existe un contraste irrisorio entre la totalidad de los alumnos que se matriculan en las escuelas primarias de cada país y aquellos que logran el acceso a las universidades. El mito de la igualdad de clases cuando el “¿sabe usted con quién está hablando?” es aún una pregunta de nuestros días. El mito del heroísmo de las clases opresoras, como guardianas del orden que encarna la “civilización occidental y cristiana”, a la cual defienden de la “barbarie materialista”. El mito de su caridad, de su generosidad, cuando lo que hacen, en cuanto clase, es un mero asistencialismo, que se desdobla en el mito de la falsa ayuda (…)

El mito de que las elites dominadoras, “en el reconocimiento de sus deberes”, son las promotoras del pueblo, debiendo éste, en un gesto de gratitud, aceptar su palabra y conformarse con ella. El mito de que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de Dios. El mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de la persona humana, en cuanto se considere como personas humanas sólo a los opresores. El mito de la dinamicidad de los opresores y el de la pereza y falta de honradez de los oprimidos. El mito de la inferioridad “ontológica” de éstos y el de la superioridad de aquellos.

Todos estos mitos, y otros que el lector seguramente conoce y cuya introyección por parte de las masa oprimidas es un elemento básico para lograr su conquista, les son entregados a través de una propaganda bien organizada, o por lemas, cuyos vehículos son siempre denominados “medios de comunicación de masas”, entendiendo como comunicación el depósito de este contenido enajenante en ellas.

-Paulo Freire-

Pedagogía del Oprimido (1970)



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Los negocios sucios en la Secretaria de Atencion a los Pueblos Indigenas en Chiapas.

“La idea es desboronar el apoyo de los indígenas a Juan Sabines” Por siglos, los indígenas han sido víctimas de atropellos y vejaciones; éstas se recrudecieron durante el sexenio pasado, cuando desde las entrañas de la dictadura pablista se impuso en la dependencia de atención a éstos a personajes sin escrúpulos para el arte de la corrupción y que, para desgracia de miles de indígenas, muchos de éstos se quedaron ahí, no para atender las urgentes necesidades de la gente sino para hacer negocios turbios que revelan la red de complicidades manejadas todavía, desde los rescoldos de la dictadura, a costa del dolor, pobreza, marginación y atraso de los que deberían ser beneficiados. De ser un ente creado para satisfacer las exigencias primordiales de los más necesitados de Chiapas, la Secretaría de Atención para los Pueblos Indígenas pasó a ser monopolio de intereses económicos de una pandilla de rufianes que se rotan en los puestos cuando así conviene a sus chuecas movidas. Desde Fernando López Hernández, titular de esa dependencia, hasta Juan González Esponda, Subsecretario de Gobierno para la zona Altos, las triquiñuelas son habituales, siendo los principales afectados los indígenas para quienes en realidad ningún beneficio les es alcanzado.

Una investigación a fondo, con testimoniales de líderes sociales de los pueblos indios e incluso personal de la SEAPI, reveló que los principales manipuladores de la dependencia, de manera dolosa, ignoran los usos y costumbres de las comunidades y más aún desechan sus obligaciones para con algunos alcaldes indígenas, obligándoles en muchas ocasiones a aceptar supuestos beneficios colectivos, en la mayoría de los casos sin haber consultado con éstas y mucho menos con las comunidades. Esto, obviamente, ha generado inconformidad que poco a poco se va acumulando y que podría estallar en cualquier momento. Aún bajo las órdenes de María de los Ángeles Cruz Hernández, Fernando López Hernández y Juan González Esponda han creado una perniciosa red de tráfico de influencias y favoritismo con lo que, según ellos, podrán fortalecer la imagen y presencia del senador perredista Rubén Velázquez en la región de Los Altos; de ahí que la mayoría de apoyos institucionales es cuidadosamente redirigida a grupos y organizaciones afines a la pasada dictadura, con lo cual, evidentemente, incurren en graves violaciones a las leyes electoral, penal y de administració n pública. Una fuente de esa misma Secretaría reveló que entre las menores afectaciones dentro del cúmulo de barbaries administrativas al interior de la institución está el “robo hormiga” de vales de gasolina, los cobros por favoritismo en las licitaciones (la mayoría de éstas redactadas de modo que sólo la empresa beneficiada pueda concursar) y la contratación de personal eventual para programas desfasados por los que, en materia de salarios, pagan a los empleados una cantidad mucho menor de la estipulada en la etiquetación de recursos.

Por otro lado, se descubrió que los puestos clave dentro del cerrado círculo cercano a Cruz Hernández, González Esponda y López Hernández, son constantemente rotados, en consonancia con la arbitrariedad que hayan determinado llevar a cabo; así, las dos asesorías, la secretaría particular y la secretaría privada, se han convertido en las ejecutoras incluso de programas institucionales que deberían ser puestos en marcha por las alcaldías u otras instituciones de gobierno. Por si fuera poco, el maltrato que recibe el personal ajeno al círculo de poder y los miles de indígenas que acuden a esa dependencia es por demás déspota e insultante. Emilio Osorio, que durante la dictadura pablista ocupó diversos cargos administrativos, es el encargado de presionar, intimidar y amenazar a todo aquel que se oponga a las disposiciones de los seguidores de Rubén Velázquez. Éste y Patricia González -quien se hace pasar por indígena sin serlo- son quienes usurpan las funciones del casi inexistente Comité de Adquisiciones, llegando a solicitar a los proveedores el famoso “diezmo” pese a que se ha detectado que la mayor parte de veces adquieren material de pésima calidad. En esto, el negocio más redituable que han encontrado es el de las ollas para captación de agua para lo cual ignoran a los alcaldes, lo que lógicamente está creando serios conflictos sociales en muchas comunidades. “La idea es desboronar el apoyo de los indígenas a Juan Sabines”, cuenta una fuente que oyó decir a la propia María de los Ángeles Cruz, tras recibir de Fernando López un informe de cómo en las comunidades se gesta la inconformidad. Cabe añadir que las ollas de captación de agua son de pésima calidad. Y por último señalar la extrañeza que ha causado que el Director de Planeación de la SEAPI, de ser un desempleado antes del año 2000, hoy es un próspero propietario de cientos de hectáreas de tierra y productor de sandía en Tonalá. ¿Ahí van a parar los recursos para los indígenas? Sería bueno investigar.


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En 16 años se quintuplicó la cifra de aspirantes rechazados en la UNAM.

Existen más de 16 millones de jóvenes, entre 16 y 24 años, que no están inscritos en instituciones de educación media y superior; en ese contexto, especialistas en la materia denunciaron que este año se registró una marca histórica en el número de “rechazados” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hace 16 años quedaron fuera 33 mil 900 aspirantes, ahora la cifra ascendió a 152 mil 991.

En ese sentido, afirmaron que existe un “operativo deliberado” del Estado, a partir de la administración zedillista, que continúa el gobierno actual, para excluir a la gran mayoría de los estudiantes del sistema y facilitar su proyecto de fortalecer la enseñanza tecnológica, en aras de capacitar a los jóvenes para tener “mano de obra barata”.

Ante este panorama, Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en la materia, señaló que el gobierno condena a los adolescentes a “inscribirse en las llamadas escuelas privadas patito o esperar un año o más para presentar el examen, mientras que un segmento se va al comercio informal y otro se decide por el camino de las bandas. La educación y la marginalidad de los jóvenes ya son un problema de seguridad nacional”.

Durante la asamblea convocada por el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM) y el Comité de Aspirantes a la Educación Superior, frente a la Torre de Rectoría, el investigador mostró –con base en las cifras publicadas en los pasados 16 años sobre el número de rechazados a la UNAM en nivel licenciatura– que este año se quedó sin lugar el mayor número de jóvenes.

Esto, en un contexto en el que México, el próximo año, tendrá un bono poblacional de 36 millones de personas entre 12 y 29 años, el mayor número de jóvenes en su historia, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ).

Aboites refirió que en el ciclo 1996-1997 no lograron acceder 103 mil 400 aspirantes, cifra pico en relación con los años precedentes y posteriores. En el ciclo 2005-2006 no obtuvieron espacio 100 mil 100 jóvenes y, para el ciclo que está por comenzar en agosto próximo, 152 mil 991 (91.2 por ciento) se quedaron sin un sitio.

Por otro lado, indicó que mientras en 1982 había 8 millones de jóvenes entre 16 y 24 años no inscritos en la educación media y superior, actualmente existen más de 16 millones en esa condición.

Escuelas tecnológicas, como hongos

Estamos, añadió, “ante un operativo organizado” para restringir el acceso a las universidades que ofrecen una educación amplia y “obligar a los jóvenes a inscribirse en opciones tecnológicas que surgen como hongos. Ése ha sido el plan desde el gobierno de Zedillo hasta el actual, de Felipe Calderón, quien lo lleva a cabo con una crudeza inusitada”.

En tanto, Adrián Santillán, del CEM, destacó que el problema es que la educación “no está pensada para respaldar un proyecto independiente, ni para apoyar a las universidades públicas. El gobierno prefiere buscar salidas inmediatistas que soluciones de fondo”.

Alfredo Páez, uno de los miles de rechazados, afirmó: “Somos excluidos de la escuela, del trabajo, pero no lo aceptamos y lucharemos hasta el final por el derecho a seguir estudiando”.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Carta del Frente Nacional Contra la Represion a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

México D.F., 23 de julio de 2008

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

P R E S E N T E,

Es una particularidad de los estados represores contar entre sus tácticas la difamación de los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, y todos los que por su trabajo político y social puedan resultar incómodos a los gobernantes en turno. Es en este contexto que hemos venido integrando este Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

Recientemente, a partir del 10 de abril, fue publicada en el periódico Excelcior una nota de Jorge Fernández Menéndez, en la cual dice tener documentos “provenientes de instituciones de inteligencia de Colombia” encontradas en la computadora de Raúl Reyes, y señala haber un “centro de operaciones” de las FARC en México, añadiendo a ello una lista de personas, vinculándolas de manera directa con esa organización insurgente. Posteriormente este mismo tema fue trasmitido en el programa México Confidencial por Cadena Tres, y días después algo muy similar en el canal cuatro de Televisa. Este tipo de “noticias” han sido reiterativas, y siempre van acompañadas de comentarios que confirman el carácter doloso con que son trasmitidas.

Además de mostrar a los movimientos sociales, armados y pacíficos, como organizaciones con objetivos terroristas y desestabilizadores, curiosamente casi todos los mexicanos que en un primer momento han tratado de vincular a las FARC, son integrantes muy activos, o que por lo menos han suscrito el manifiesto que refundó el Frente Nacional Contra la Represión el 2 de octubre de 2007.

Junto con la calumnia pública, esta campaña de terrorismo mediático tiene por objetivo preparar condiciones para que el Estado tome represalias cuando así lo considere necesario, reconociendo que el FNCR en su conjunto, y cada una de las organizaciones y personas que lo integramos, hemos mostrado un compromiso con la lucha por los derechos humanos en México, especialmente en los temas que se relacionan con el abuso del Estado a través de las instituciones judiciales y las fuerzas represoras.

Retomando esas acusaciones y señalamientos infundados, el señor José Antonio Ortega Sánchez y el señor Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, A.C., presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, basada en información periodística y filtraciones de “organismos de inteligencia”, pero sobre todo basada, en sus prejuicios y reducida visión de la realidad social e histórica. En esa denuncia se formulan acusaciones mendaces, ridículas y carentes de sentido común: terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada y apología del delito.

Además de denunciar y dar a conocer esta situación, nos dirigimos a Ustedes buscando su solidaridad e intervención para que se garantice la integridad física y moral de las personas involucradas, y en caso de que lo consideren conveniente poder analizar conjuntamente la situación, pues la situación es preocupante.

Asamblea Permanente del Frente Nacional Contra la Represión

Responsable: Inti Martínez Gaytán


Anexo I

Posicionamiento del FNCR ante las publicaciones difamatorias

Anteriormente, a este respecto hemos expresado públicamente lo siguiente:

1. En el FNCR respetamos a todos los movimientos insurgentes que buscan cambios sociales favorables para el pueblo. En el caso de las FARC le corresponde al pueblo colombiano hacer su juicio. Sin embargo, exigimos que se reconozca a esa organización como una fuerza beligerante e insurgente.

2. La interacción entre la sociedad civil y las organizaciones armadas insurgentes ha sido desde siempre, en muchos casos definitoria en los procesos de pacificación, toma de acuerdos y búsqueda de soluciones. En México por ejemplo, personalidades de partidos políticos, el gobierno, el clero, artistas, y organizaciones civiles, han tenido contacto directo con el EZLN en la búsqueda de la paz y solución a sus demandas (temas que por cierto siguen pendientes). Por ello ¡condenamos enérgicamente la campaña de desprestigio hacia las luchas y los movimientos sociales, y la participación civil en el estudio, análisis y búsqueda de soluciones!

3. Rechazamos contundentemente la información trasmitida en los espacios mencionados, y la consideramos altamente calumniosa. Llama la atención que la mayoría de las personas que se han mencionado participan o están fuertemente ligadas al FNCR, principal referente civil en la lucha por los derechos humanos y contra la represión en nuestro país. Por lo tanto ¡exigimos el derecho de réplica en todos los medios que han exhibido este tema!

4. Condenamos enérgicamente la manera en que se quiere vincular a nuestros compañeros como militantes y promotores de las FARC, lo mismo que a Lucía Morett y a los mexicanos caídos en la incursión militar a Ecuador.

5. Nos preguntamos ¿Qué clase de instituciones “de inteligencia” comparten información que se supone confidencial? más en pleno conflicto, y con la delicadeza internacional que esto ha generado.

6. Más aún ¿Qué clase de periodista podría tener acceso a la “información” confidencial de un gobierno que ha demostrado ser asesino y trasgresor del territorio de su país vecino?

7. Hacemos un llamado a los medios a ser sumamente responsables con lo que publican, no sea que “sin querer” lleguen a ser instrumentos para que el Estado pueda justificar y ejercer su carácter represor.

8. Responsabilizaremos al Estado Mexicano de lo que pueda ocurrir al compañero Fermín García, Margarita Villanueva, Edgar Sánchez, Rosario Ibarra, y todas las personas y organizaciones que se han mencionado (ver periódico Excelcior 10 de abril de 2008)

Anexo II

Lista de personas a las que se quiere implicar con las FARC

1. Lucía Andrea Morett Álvarez

2. Fernando Franco Delgado

3. Verónica Velázquez

4. Juan González del Castillo

5. Antonio Pável Blanco

6. Arlen Serna Espadas

7. Dagoberto Díaz

8. Dessiré Robledo

9. Fernando Franco G.

10. Gabriela Mejía Leyva

11. Mariana López

12. Miguel González

13. Paulo Mendoza

14. Vicente Huerta

15. Ángel Fermín García Lara o Luna

16. Sonia Morett Álvarez

17. Édgar Tovar

18. Gloria Inés Ramírez

19. Juan Campos Vega

20. Margarita Villanueva

Y en esta otra estan los nombres de quienes han solicitado amparo:

1. Mariana Lopez de la Vega

2. Desireè Robledo Torrano

3. Miguel Angel Aguilar González

4. Lucía Andrea Morett Álvarez

5. Arlen Serna Espadas

6. Ángel Fermín García Lara

7. Margarita Villanueva


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Se retiran los policías y los priístas de Cruztón y el compañero Víctor Manuel ya está libre.

Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

A 24 de julio de 2008

AL CCRI-CG DEL EZLN
A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE LOS ALTOS DE CHIAPAS
A LA ZEZTA INTERNACIONAL
A LA OTRA CAMPAÑA
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS

Compañeras y compañeros,

Por medio de esta denuncia les informamos los nuevos hechos que se vive en nuestra comunidad, ya que como ustedes saben el 22 de julio del presente año, las 28 familias adherentes a La Otra Campaña y 2 familias bases de apoyo zapatista de nuestra comunidad, decidimos entrar a limpiar nuestro manantial de agua y nuestras milpas, invitando como observadores a compañeros de La Otra Jovel.

Nuestros trabajos terminaron a las 12:30 de la tarde y nos juntamos para irnos a la comunidad, a las 2:30 de la tarde, ya estábamos en nuestra comunidad cuando nuestros compañeros nos avisaron que 35 policías estaban entrando en al predio. Al llegar a ver lo que pasaba, ya la policía se encontraba dentro de una parcela que no es parte del predio que reclamamos, la policía subió el cerrito donde nos encontrábamos y de inmediato detuvieran a nuestro compañero Víctor Manuel Escobar de la Otra Jovel. Nos preguntamos que es lo que hacía el Fiscal del Ministerio Publico de apellidos CARBONEY con número de credencial CR1420 dando órdenes de que nos detuvieran a todos aunque nos madrearan, este Ministerio. Es muy claro la brutalidad y abuso de poder con la que los policías y el fiscal actuaron porque tenemos las pruebas. Además de la agresión que hemos sufrido, nuestros compañeros Adulfo Pérez Vázquez tiene una herida en la cabeza porque fue aventado por el Fiscal desde lo alto del cerrito que mide aproximadamente 20 metros de altura, Julia Morales Gómez que le fue afectado los ojos y la garganta por todo el gas que la policía disparo, Raymundo Pérez Vázquez que tiene una herida en la palma de la mano, Jorge Pérez Vázquez que fue golpeado violentamente por la policía y quien tiene varios golpes en el cuerpo y nuestra compañera Josefa Gómez Álvarez que tiene golpes en su cuerpo y raspones en su brazo.

También queremos decirles que gracias al apoyo de todos ustedes compañeras y compañeros el día 23 de julio del presente año, siendo aproximadamente las 4:00 de la madrugada, tres patrullas de la Policía Estatal Preventiva entraron a nuestro predio para levantar su campamento y se retiraron de nuestro predio. Al amanecer vimos que tanto la policía como los priistas se habían ido de nuestro predio.

Denunciamos también que nuestro compañero Víctor Manuel Escobar, de La Otra Jovel, que fue detenido violentamente por la policía en nuestra comunidad, permaneció privado de su libertad en la cárcel municipal del Municipio de Chiapa de Corzo, hasta hoy 24 de julio que fue liberado gracias a la acción coordinada de los compañeros del Frayba y de La Otra Jovel.

Las comunidades vecinas a nuestra comunidad, nos han informado que en la Bodega de Guadalupe Victoria y en el predio Gran poder del Municipio de Nicolás Ruiz, se encuentran varios convoyes del Ejercito Federal los cuales han soltado el rumor que entraran a nuestra comunidad.

Exigimos castigos a los Policías que participaron en la agresión violenta que sufrimos el día 22 de julio, así como castigo al Fiscal del Ministerio Público CARBONEY quien actuó directamente en la agresión y daba las órdenes para que nos golpearan y detuvieran.

Les pedimos compañeras y compañeros que estén pendientes porque ahora más que nunca necesitamos su apoyo para hacer respetar y proteger nuestros derechos. Así como agradecer la solidaridad mostrada durante el proceso de lucha por el respeto a nuestra tierra y territorio.

Respetuosamente,

La Comunidad de Cruztón
Adherentes a La Otra Campaña



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Son liberados siete presos políticos injustamente encarcelados, de la Voz de Los Llanos, La Voz de El Amate y un adherente de la Otra Jovel.

San Cristóbal de Las Casas, a 24 de julio de 2008

El día de hoy fueron liberados 7 presos, por el gobierno del estado de Chiapas, después de demostrar su inocencia: Miguel Díaz López, Juan Díaz López y Antonio Díaz Pérez de La Voz de Los Llanos, del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Jesús López López, Julio César Pérez Ruiz y María Delia Pérez Arizmendi (última mujer de este grupo) de La Voz de El Amate, del CERRS No. 14 de Cintalapa, Chiapas; y Víctor Manuel Escobar Pineda, adherente a La Otra Campaña, detenido por la policía el día 22 de julio, en la comunidad de Cruztón, Venustiano Carranza, y recluido en Chiapa de Corzo, acusado de haber agredido a un agente del Ministerio Público.

Los hoy liberados de La Voz de Los Llanos y La Voz de El Amate, quienes habían participado en las huelgas de hambre y ayuno de los primeros meses del año, no habían sido beneficiados con su liberación porque el gobierno del estado consideró en su momento, que no se demostraba su inocencia. Por la movilización e insistencia de los propios presos y expresos, sus familiares, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, adherentes a La Otra Campaña, el obispo Samuel Ruiz García y este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C, el gobierno del estado accedió a revisar de nueva cuenta sus expedientes, por lo que este Centro se abocó a esa revisión junto con abogados del Ministerio de Justicia, después de la cual quedó demostrada su inocencia.

El grupo de presos en huelga de hambre no beneficiados en la liberación del 7 de abril pasado, ascendía a 16, de los cuales, Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, bases de apoyo zapatistas, recluidos en Tacotalpa, Tabasco y luego en Yajalón, Chiapas, fueron liberados el 2 de junio pasado. Con la liberación de hoy el número de las personas que continúan presas injustamente se reduce a 8.

El proceso de revisión de expedientes continúa. A la fecha se ha estudiado, además, los casos de Antonio Gómez Díaz y Miguel Gómez Gómez, del Grupo Zapatista de El Amate, a quienes este Centro considera inocentes y así lo ha demostrado al Ministerio de Justicia, por lo que esperamos sean los próximos en ser liberados. Asimismo quedan aún por revisar los expedientes de Tiburcio Gómez Pérez, Diego Rodríguez Hernández y Agustín Rodríguez Jiménez de La Voz de Los Llanos, y de Alberto Patishtán Gómez, José Pérez Pérez y Marcelino Díaz González de La Voz de El Amate.

Cabe resaltar que en el proceso de revisión de expedientes se han demostrado una serie de deficiencias en el sistema de justicia, que permite que inocentes sean recluidos sin las mínimas garantías judiciales, lo que se presta a la persecución política de líderes sociales y a una política velada de criminalización de la protesta.

Este Centro se pronuncia por aquellos casos en donde existen personas agraviadas, cuyas denuncias llevaron a la detención de personas inocentes. Solicitamos que el Ministerio de Justicia se aboque con seriedad y profesionalismo, a dar con los verdaderos responsables.

Por otro lado, también fue liberado el día de hoy, Víctor Manuel Escobar Pineda, maestro de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y adherente a la Otra Campaña. Víctor Manuel había sido detenido el 22 de julio pasado, en la comunidad de Cruztón, municipio de Vanustiano Carranza, mientras apoyaba solidariamente una jornada de limpieza del manantial y las milpas de dicha comunidad, también adherente a La Otra Campaña, que se encuentra exigiendo su derecho a la tierra.

Estos presos inocentes son sólo una muestra de la realidad de los presos políticos en el estado de Chiapas, pero al mismo tiempo, de lo que se puede lograr con la organización, dentro y fuera de los penales, de víctimas, familiares y organizaciones independientes, con un objetivo común y con pleno respeto a la dignidad y autonomía de las personas.



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Acusa Ssa: inflan 400% fármacos contra VIH.

La industria farmacéutica vende a México medicamentos para enfermos con VIH-sida hasta cuatro veces más caros que los que suministra a Chile, Argentina o Guatemala, acusó la Secretaría de Salud (Ssa)

Ruth Rodríguez
El Universal

Jueves 24 de julio de 2008

La industria farmacéutica vende a México medicamentos para enfermos con VIH-sida hasta cuatro veces más caros que los que suministra a Chile, Argentina o Guatemala, acusó la Secretaría de Salud (Ssa).

La dependencia consideró injusto y abusivo el trato que laboratorios como Glaxo, Merck y Abbot dan al país.

El argumento que dan las farmacéuticas es que México pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —instancia que aglutina a los 30 países más ricos del mundo—, explicó el subsecretario Mauricio Hernández Ávila.

Advirtió a la industria que de no llegar a un acuerdo se tendrán que tomar “argumentos de presión fuertes” para bajar precios.

El funcionarió aseguró que de mantenerse los fármacos al precio actual, en cuatro años se habrá acabado el dinero del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de donde fluyen los recursos para pagar los medicamentos.

Denunció que han gestionado adquirir el medicamento por medio de la Organización Panamericana de la Salud, a un menor costo, pero los laboratorios amagaron al organismo con dejar de venderle los productos que hacen llegar a países latinoamericanos.


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Arrestan en EU por oír música en español.

Natalia Gómez Quintero
El Universal

Jueves 24 de julio de 2008

Escuchar música en español en el condado de Maricopa, Arizona, Estados Unidos, puede resultar un crimen, y provocar incluso el arresto.

Este fue el caso de Manuel Nieto, de nacionalidad estadounidense, quien fue interrogado y esposado, junto con su hermana Velia Meraz frente a su taller mecánico por tener encendido el radio con melodías en español.

Por este tipo de abusos y la persecución, arresto y deportación de migrantes indocumentados, las organizaciones proinmigrantes Somos América, Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU en inglés) Nacional, ACLU Arizona y Maldef, interpusieron una demanda civil contra Joe Arpaio, alguacil de Maricopa.

Argumentan que ha cometido actos de discriminación y actuado como policía migratoria en su circunscripción, violando con ello diversas leyes estadounidenses.

En el documento legal se destacan como pruebas fundamentales de las malas prácticas del alguacil los operativos de “supresión al crimen” que implementa en vecindarios poblados primordialmente por hispanos.

A esta demanda se sumará la presentada en diciembre de 2007 a nombre de Manuel de Jesús Ortega Melendres, mexicano que portaba visa de turista y fue arrestado.

La queja legal establece que las políticas y prácticas del alguacil y el condado son discriminatorias y que violan la cuarta y decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, el título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la misma Constitución de Arizona.

“Los demandados han adoptado una política ilegal, racial, de detener, de preguntar o buscar a personas en vehículos en el condado de Maricopa que son o parecen ser latinos para interrogarles sobre su estatus migratorio, basado en nada más que su raza, color y/o pertenencia étnica”, señalan en la demanda las organizaciones.

Indican que el condado ha justificado estas acciones al decir que pretenden suprimir el crimen, pero dan un tratamiento diferenciado a las personas con rasgos caucásicos.


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Sin éxito, la búsqueda de restos en Atoyac.

■ Advierte la Afadem que no cesará hasta encontrar a víctimas de la guerra sucia

Misael Habana de los Santos (Corresponsal)

Acapulco, Gro., 23 julio. A pocas horas de que concluya la búsqueda en el supuesto panteón clandestino ubicado donde estuvo el cuartel militar de Atoyac, los expertos forenses de la Procuraduría General de la República (PGR) no han encontrado restos de los cadáveres que, a decir de la Asociación de Familiares y Desparecidos de México (Afadem), fueron sepultados en ese lugar.

No obstante, la presidenta del organismo civil, Tita Radilla, aseguró que sólo se ha concluido una diligencia y que la investigación sobre los desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70 debe continuar.

Tras excavar en 19 puntos de lo que ahora se llama la ciudad de los servicios, que alberga las oficinas del ayuntamiento de Atoyac –región de la Costa Grande y en donde el combate a la guerrilla de Lucio Cabañas dejó en esta población cerca de 500 desaparecidos– este miércoles cerca de 30 personas, todos ellos a cargo de la PGR, con pico y pala escarbaban el último punto sin haber encontrado ningún cuerpo desde que se inició la búsqueda, hace dos semanas.

Tita Radilla insistió en que deben continuar las investigaciones para hacer excavaciones en otros lugares, utilizando maquinaria pesada. A pesar de no haber encontrado los restos, manifiestó que no desistirá en la búsqueda de los más de 500 desaparecidos que reclama su organización.

Aseguró que este día ya se realizaba la parte final de esta diligencia, y aunque los trabajos van muy lentos, se cree que mañana se excavará el último punto y se taparán las zanjas que se abrieron a los largo de estas dos semanas de trabajo.

Los 30 hombres cavaron hoy el área conocida como el sanjón, y este jueves buscarían en el último punto de lo que fue un cuartel del Ejército en donde, según testimonios, se torturó y asesinó a decenas de disidentes.

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Campesinos toman dos ayuntamientos en Guerrero

Campesinos de los municipios de Ahuacuotzingo, en la región de La Montaña y de Leonardo Bravo, en la zona centro de Guerrero, tomaron dos palacios municipales y retuvieron a funcionarios y a trabajadores; en el primer caso exigen la entrega de 600 toneladas del fertilizante y en el segundo la conclusión de obras.

En Ahuacuotzingo, unos 600 campesinos de varias comunidades tomaron desde las 3 de la tarde la alcaldía para exigir al presidente municipal, Antonio Tejeda, el pago de 2 millones de pesos del programa de fertilizantes, pues debido a que los recursos están retenidos, unos 600 campesinos no han recibido el insumo y se pasa la temporada para abonar sus sembradíos.

Otro grupo de campesinos de la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo, también tomó la mañana de este miércoles el palacio municipal, en protesta porque el alcalde, Wilebaldo Valente Pastor, pretende entregarles un centro de salud y la pavimentación de una calle que están inconclusas.


Chilpancingo. Zacarías Cervates . Milenio Diario.


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Piden labriegos de Guerrero una clínica; ocupan alcaldía

■ Acusan a edil de entregar obras inconclusas

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Chilpancingo, Gro., 23 de julio. Alrededor de un centenar de campesinos de la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), a 30 kilómetros de Chilpancingo, ocuparon esta mañana el palacio municipal, donde retuvieron al alcalde, Wilebaldo Valente Pastor, y a personal que estaba trabajando, para demandar la entrega de un centro de salud para los más de dos mil habitantes de dicho poblado.

El comisario municipal de Polixtepec, Héctor Barragán Arellano, acusó al alcalde perredista de negarse a entregar la clínica a pesar de que fue un compromiso de campaña. “Están inconclusos los trabajos, a pesar de que solamente le quedan casi cuatro meses en el cargo. Hace más de un año prometió que nos entregaría el centro de salud”.

Dijo que además de la clínica demandan que se pavimente la calle principal de la comunidad. El comisario dijo que el alcalde pretende entregarles el centro de salud en obra negra “y pidió que se le firmara una acta de entrega como si ya estuviera terminada; lo mismo sucede con la calle: pretende entregarnos la pavimentación de sólo 200 metros cuando el proyecto original señala que son 400 metros”.

A las diez de la mañana, Barragán, al frente de los inconformes, tomó el ayuntamiento durante cuatro horas (hasta las dos de la tarde) y advirtió que continuarán con las medidas de presión hasta que el alcalde se comprometa a entregar las obras.

Finalmente el presidente municipal firmó una minuta de acuerdos, en la cual se comprometió a entregar el centro de salud a más tardar el primero de agosto. Agregó que una enfermera se encargará de la clínica y posteriormente se buscará un médico.

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Campesinos guerrerenses denuncian fraude con recursos de fideicomiso

■ Cuatro personas se quedan con maquinaria por $2 millones, dicen

Misael Habana de los Santos (Corresponsal La Jornada)

Acapulco, Gro., 23 de julio. Campesinos de la comunidad afromestiza de Collantes, municipio de Pinotepa Nacional, denunciaron que cuatro integrantes de la sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada La pequeña propiedad, en complicidad con Braulio Muro García, gerente del Fideicomiso de Riesgo Compartido del estado de Oaxaca (Firco), despojaron de maquinaria con valor aproximado de dos millones de pesos a 115 de sus compañeros.

El agente municipal de la comunidad de Collantes, Juan Pérez Vielma, y el comisario ejidal, Facundo Mariche González, afirmaron que en un documento dirigido al ingeniero Braulio Muro García le han pedido su intervención sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta.

Dijeron que solicitaron al gerente del Firco una auditoría en relación con los apoyos otorgados a la organización La pequeña propiedad, los cuales consisten en maquinaria agrícola, recursos para la adquisición de insumos y equipo de oficina.

“La maquinaria agrícola de 119 socios se encuentra en poder de cuatro de ellos: Julián López Torres, quien es secretario y tesorero de la Unión Regional Ganadera; Jorge José Loyola Bacho, Gerardo Tejada Silva y Lucio Bautista Hernández”, indicaron.

“La maquinaria es para el apoyo de la cadena productiva de los productores de maíz del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de los Agronegocios, por lo que en este ciclo agrícola no hemos realizado ninguna labor en el campo para la siembra de maíz de temporal”, señalaron las autoridades municipales y ejidales.

La aportación para la compra de tractores otorgados a los socios de esta comunidad fue de un millón 893 mil 45 pesos, de una inversión de dos millones 704 mil 350 pesos, con los que el 27 de junio el gobierno federal, mediante la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dio el banderazo al Programa de maíz y frijol.

A unos meses de que comenzó el programa esos recursos fueron acaparados por las cuatro personas antes citadas “sin que ningún funcionario intervenga para impedir esos actos de rapiña y corrupción”, por lo que se supone que el fraude fue orquestado con la complicidad de los funcionarios federales, aseguraron.


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Queja de indígenas hidalguenses contra comisionado nacional para el desarrollo de los pueblos indigenas.

Carlos Camacho, corresponsal La Jornada

Ixmiquilpan, Hgo., 23 de julio. El comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez Álvarez, se reunió con organizaciones civiles afines al Partido Acción Nacional, lo que provocó reclamos de indígenas y militantes de la Revolución Democrática del municipio. Además, los perredistas acusaron al alcalde de Ixmiquilpan emergido del sol azteca, José Manuel Zúñiga, de entreguista con el gobierno federal. Esto porque el funcionario federal entregó un millón 325 mil pesos a 85 familias del Valle del Mezquital.



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