Hostigamiento militar a la OCSS

Compañer@s:

Queremos hacer del conocimiento de ustedes, del hostigamiento del que están siendo objeto los compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur por parte de miembros del ejército mexicano.

Antecedentes:

El pasado 8 de abril, fue citada una comisión de esta organización para tener una reunión con el presidente municipal de Coyuca de Benítez Merced Valdovinos Diego, donde expondrían las necesidades de las comunidades de la sierra sur, bajaron aproximadamente diez compañeros y no fueron recibidos porque había sesión de cabildo, entonces se les dio cita para el siguiente lunes a las dos de la tarde.

Ese día bajó una comisión mas amplia, aproximadamente cien compañer@s tanto de Tepetixtla como de comunidades como Barrio Nuevo, La Remontita y otras más, después de dos horas de estar esperando, tampoco fueron recibidos por el citado presidente municipal aduciendo que le había sido mandado llamar el gobernador, inclusive por medio de la policía municipal les fue impedido el paso al palacio municipal de Coyuca.

A los tres días de estos hechos, un compañero que venia bajando de la montaña en la mañana después de haber ido de cacería, fue detenido por fuerzas del ejercito, le decomisaron su escopeta y lo golpearon a la vez que lo interrogaban sobre las actividades que esta realizando la OCSS en específico los compañeros Benigno y Marino, dirigentes de esta organización.

También en esta semana han sido visitados en sus domicilios algunos comapañer@s por efectivos militares, quienes de manera abierta han cuestionado la participación de estos en la OCSS, los militares han proferido amenazas veladas a l@s compañer@s en el sentido de que no sigan participando en la organización porque les traerá consecuencias.

Como podemos darnos cuenta, nuevamente las tres instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, nuevamente se vuelven a unir en contra de las organizaciones sociales que no pretenden otra cosa mas que ser escuchados en sus demandas y necesidades, no se esta pidiendo otra cosa en principio mas que ser atendidos por quienes ofrecieron en sus campañas una política de puertas abiertas.

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias, a los medios de comunicación independientes, a l@s compañer@s de la otra campaña, a los defensores de los derechos humanos y todo aquel compañer@ solidario para manifestarse en contra de este hostigamiento y por la atención a las demandas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Mítin del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ante la Segob exigiendo la Libertad de sus Presos Políticos y de todo el país. ¡TODOS SOMOS ATENCO

Informe de la Comisión de diálogo


Palabras de la compañera Trini al término del evento.



Participación de “La Otra Cultura”


Denuncias y Solidaridad con el FPDT


En recuerdo de Alexis Benhumea


Encendido de antorchas


Continúa la manifestación con antorchas


El Pueblo Unido jamás sera vencido


La Cárcel de Almoloyita



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Empresas de seguridad usan tácticas militares

Emplean a 21 mil 500 elementos, lo que representa 10% del personal del Ejército y 50% de la Policía Federal

Documenta la ONU que dos firmas violan derechos humanos en sus operaciones. SY Coleman vigila inmuebles de Pemex y Global Risk adiestró a policías para torturar.


En México operan hasta 2 mil compañías en esta actividad. Foto: Octavio Hoyos
El legislador perredista José Alfonso Suárez del Real alertó sobre la proliferación de empresas de seguridad privada con perfil militar. Según cifras oficiales, alrededor de 2 mil compañías que operan en México disponen de una fuerza conjunta de 21 mil 525 elementos, lo que representa 10 por ciento del personal del Ejército y 50 por ciento de efectivos de la Policía Federal.

Entre esas corporaciones —conformadas por ex militares— destacan SY Coleman Corporation, que presta servicios de vigilancia aérea en instalaciones de Pemex, y Global Risk Inc., cuyo personal adiestró en prácticas de tortura a la policía municipal de León, Guanajuato, precisó Suárez del Real.

El legislador, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se refirió también a la operación de El Grupo, organización parapolicial financiada por empresarios, comerciantes y profesionistas para combatir y castigar el secuestro.

“Consideramos que el Estado mexicano no puede ni debe renunciar al monopolio del uso legítimo de la violencia. Por ello no podemos permitir la proliferación de empresas de seguridad privada ni por ningún motivo consentir la operación de empresas militares privadas”, puntualizó.

Por conducto de su correligionario Humberto Zazueta Aguilar, Suárez del Real presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre estas compañías.

Hasta un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha documentado la presumible operación de mercenarios en México y solicitó al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas por personal militar de Global Risk Inc. y SY Coleman Corporation.

El organismo —dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— presentó el pasado 27 de febrero un informe sobre el caso y confirmó que el gobierno mexicano no respondió hasta esa fecha el requerimiento.

Los diputados Suárez del Real y Zazueta Aguilar exigirán a la Secretaría de Relaciones Exteriores responder inmediatamente la petición de Naciones Unidas y remitir copias de esa contestación a las comisiones legislativas involucradas en el tema.

Consultado por este diario, el legislador promovente del punto de acuerdo alertó sobre el grave riesgo de permitir la operación de comandos como El Grupo y de corporaciones con adiestramiento militar en servicios de seguridad privada.

Remarcó que las empresas integradas con personal castrense “sirven a quien paga” y, dada la deficiente y arcaica regulación en la materia, existe la posibilidad de que esos grupos terminen ofreciendo sus servicios a los cárteles de la droga u otras organizaciones del crimen organizado.

Es preciso que la cancillería explique al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el estatuto jurídico de las empresas de seguridad privada registradas en el extranjero, pero que realizan trabajos en territorio mexicano, indicó.

Más aún, dijo Suárez del Real, cuando el Presidente ha promovido entre los hombres de negocios la contratación de empresas privadas de seguridad, “renunciando a cumplir con el estado de derecho y fomentando la conformación de una fuerza armada paralela que únicamente responde a los intereses del dinero”.

México • Fernando Damián y Daniel Venegas (Milenio Diario)

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Arrestan y golpean a un campesino de Chiapas por cuestionar cobro de multas

El agricultor tuvo que ser operado tras la agresión de un comandante de Teopisca

Ejidatarios demandan que las autoridades den “pensión permanente” a la familia del productor

Hermann Bellinghausen
Enviado (La Jornada)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 19 de mayo. Un caso de flagrante tortura policiaca en la cabecera municipal de Teopisca ilustra lo usual de esta práctica y los diversos grados de impunidad que la acompañan. El último día de abril el ciudadano Agustín Gómez Coronel sufrió ruptura de vísceras a manos (y pies) del comandante de policía Julio César Hernández Espinoza en la cárcel municipal. Además, fue detenido sin motivo alguno.

Los comisariados ejidales y de bienes comunales de Teopisca y Villa de Teopisca denunciaron hoy que, a 19 días de los hechos, prevalecen la impunidad y la injusticia.

La noche del 30 de abril, un jueves que parecía viernes, el bar El Coyote estaba lleno de parroquianos. Gómez Coronel, uno de ellos, se percató que frente al establecimiento un joven era brutalmente golpeado por policías en una patrulla. Se aproximó para reprochar a los agentes su violencia, y éstos, en respuesta, se lo llevaron detenido a la cárcel municipal.

La denuncia de los ejidos, con sellos y firmas, relata que “ahí fue torturado por el comandante Hernández Espinoza, y a causa de las agresiones tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de San Cristóbal de Las Casas, donde fue sometido a una intervención quirúrgica muy delicada, y la familia pide que se reparen los daños ocasionados, ya que el señor Agustín, de oficio agricultor y músico, es el único sostén de su familia”.

Estando en el centro de detención, Gómez Coronel vio a los policías cobrar “multas” a otros detenidos, por lo que intervino diciendo a aquéllos: “No sean ladrones, ésas no son multas, ese dinero se lo quedan ustedes”. En respuesta, Hernández Espinoza, comandante del grupo B de la policía municipal, ingresó a la celda de Agustín, lo golpeó en el estómago y, ya en el suelo, lo pisoteó violentamente. Horas después, en la madrugada del primero de mayo, fue “liberado”, después de pagar una “multa” de 200 pesos. Ante su intenso dolor en el abdomen por la peritonitis, fue trasladado al hospital en una ambulancia.
El 4 de mayo el comandante Hernández y otro funcionario municipal, según testigos, se presentaron en El Coyote para pedir al propietario que testificara en favor de ellos, “ya que estaban muy preocupados”.

Los campesinos responzabilizan al presidente municipal, quien “creyendo ayudar a resolver el caso”, el día 7, dio de baja a Hernández Espinoza y a Marco Antonio Gómez Cruz, encargado de las celdas. Ahora el problema es de la familia del torturado. “Desde esos días hemos tenido vigilancia muy cerca de nuestros domicilios por policías municipales”, dicen.

Ante esto, los ejidatarios de Teopisca exigen seguridad para la familia de Gómez Coronel y “que los policías que no son de nuestro pueblo sean destituidos, porque vienen de otros lados, son agresivos y, como no los conocemos (ahora), se van sin que las autoridades hagan algo para que podamos vivir de manera pacífica y sin miedo ni riesgos de represión”. También demandan una “pensión permanente” para su compañero, “quien ha quedado imposibilitado para trabajar”.

Al revisar el caso, el día 7, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas asentaba: “Las acciones realizadas por los policías municipales no son nuevas, ya que en Chiapas estas corporaciones se caracterizan por su inadecuada preparación y por el abuso de poder que les confiere su cargo”. En consecuencia, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado aplicar la ley estatal vigente Para prevenir y sancionar la tortura.

También demandó “sancionar adecuadamente” a los servidores públicos municipales que estuvieron a cargo de la detención y custodia del señor Agustín. “La tortura es un delito de lesa humanidad que ha manchado la historia de Chiapas sin importar el partido político del gobierno en turno”, concluía el reporte.


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Por la Libertad de los compañeros presos en el Amate

A la Otra Campaña
A la Zezta Internacional
A los colectivos, pueblos, organizaciones e individuos solidarios
A los medios libres
A los medios de comunicación
A nuestros compañeros presos en el penal del Amate

El pasado mes de Abril fueron detenidos 8 compañeros, indígenas Tzeltales del municipio de Bachajón en el Estado de Chiapas, de manera arbitraria, violenta e ilegal, por las diferentes policías del Estado.

Los detenidos, compañeros adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Municipio de San Sebastián Bachajon y un compañero Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, fueron consignados ante un Juez, dictándoseles autos de formal prisión en el Penal Estatal de “El Amate”, acusados de Robo con violencia y delincuencia organizada.

Desde este pequeño espacio de resistencia, donde hemos luchado por ya más de 3 años por la libertad de los presos políticos del 3 y 4 de Mayo del 2006 de Atenco y Texcoco, asumimos el compromiso como miembros de la Otra Campaña de luchar por la libertad de nuestros presos, donde quiera que estén.

Queremos denunciar al Gobierno Estatal (Perredista) y al Gobierno Federal (Panista) lo mismo que a toda la clase política, por la detención ilegal de nuestros compañeros, la violencia ejercida contra ellos, contra las comunidades autónomas zapatistas y contra los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Sabemos que estas detenciones son parte de la guerra contra las comunidades en rebeldía que defienden su territorio, sus recursos naturales del despojo organizado por la clase política y los dueños del dinero.

Desde aquí, exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos, pues están presos por luchar por la vida, por sus comunidades, por oponerse al poder y a los planes económicos. Responsabilizamos al Gobernador del Estado de Chiapas Jaime Sabines del PRD y a Felipe Calderón, presidente de la Republica de lo que les ocurra a nuestros compañeros, exigimos el respeto a sus vidas y su integridad y que cesen los hostigamientos de los que son objeto por parte del gobierno.

Revindicamos su derecho, nuestro derecho, de luchar por construir una vida justa y digna, sabemos que el único delito de nuestros compañeros es ser rebeldes y esto es lo que quieren castigar los gobiernos, estatal (PRD) y federal (PAN).

No sumamos a la exigencia que hoy hace la Otra Campaña en todas partes, queremos verles libres y sanos y nos sumamos a la lucha por su libertad, exigiendo que los gobiernos Federal y Estatal y a sus grupos paramilitares como la OPDDIC, dejen de hostigar y atacar a nuestros compañeros de la Comunidades Autónomas Zapatistas.

Por la Libertad de los Presos Políticos!!
Alto al hostigamiento contra las Comunidades Autónomas Zapatistas!!
Por el derecho de los pueblos a luchar por una vida digna!!

Plantón Molino de Flores.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!