Pronunciamiento del FNCR a dos años de su fundación

México D.F., a 2 de octubre de 2009

Al pueblo de México

A las organizaciones sociales

A los medios de comunicación

El día de hoy hace dos años, más de ciento cincuenta organizaciones de toda la república nos dimos cita para suscribir el manifiesto con el cual se conformó el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), retomando la experiencia de aquel primer referente formado en diciembre de 1979.

En los últimos años la represión del estado mexicano no sólo se ha acrecentado, sino especializado, e incluso legalizado. Acontecimientos tan deplorables como lo ocurrido en San Salvador Atenco en mayo de 2006, o la encarnizada represión en contra de la APPO en Oaxaca que se intensificó en noviembre de ese mismo año, son apenas una muestra de cómo los gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos, en su afán por sostener y servirse de un sistema cada vez más autoritario y antipopular.

Tanto el gobierno federal, como los estatales, han sido responsables de constantes atropellos hacia las organizaciones sociales, baste mencionar la represión hacia estudiantes normalistas en Chiapas, Guerrero y Michoacán, o como sucedió el 2 de octubre pasado en esta Ciudad, entre muchos casos más. La persecución en contra de organizaciones sociales tanto en Chiapas, como Hidalgo, Morelos, Oaxaca, o San Luis Potosí. El acoso y criminalización a luchadores sociales lo mismo en Chihuahua que en Campeche. Y así a lo largo y ancho del país.

Los malos gobiernos han tomado decisiones que agreden cada vez más la vida y posibilidades de bienestar del pueblo mexicano, creando condiciones que propician el descontento social. Además, se quiere hacer creer que la inédita crisis económica en la que se encuentra inmerso el país tiene sus orígenes en el exterior, y para muestra baste un botón: en días pasados se dio a conocer que de diez millones de nuevos pobres durante el último año en América Latina, seis son de México. Además elacelerado e inédito crecimiento del desempleo, el derroche del erario en salarios de la alta burocracia, son elementos que acrecientan el de por sí histórico descontento popular.

Por si fuera poco, la sumisión con que las cúpulas mexicanas han alimentado su relación con la potencia más poderosa del mundo, hace de la situación bilateral con Estados Unidos un tema de gran preocupación, especialmente en estos tiempos, que se consolidan verdaderas alternativas de nación en otros países hermanos, contraviniendo en muchos casos los intereses que le han dado vida y cuerpo al imperio por décadas. México en este caso, juega un papel estratégico para los propósitos militares y económicos (entiéndase saqueo) estadounidenses. Los instrumentos de “cooperación en materia de seguridad” conforman un mapa en el que junto con Colombia, nuestro país juega un papel fundamental en la estrategia imperialista por imponer su orden en Latinoamérica, ante lo cual la posibilidad de ejercer una nación libre y soberana sería cada vez más lejana.

Ante esta realidad, la respuesta natural se ha dado a través de diferentes esfuerzos de organización social, que también se han venido planteando la lucha contra la represión como un tema central de sus agendas.

El FNCR ha promovido diferentes acciones encaminadas a denunciar, analizar, y concientizar sobre la grave situación que se ha venido dando en temas relacionados con la represión del estado mexicano:

• Una militarización y paramilitarización desmedidas, y los cada vez más comunes atropellos en contra de la población.

• La persecución y saña en contra de los luchadores sociales, así como la creciente tendencia a criminalizarlos.

• La desaparición forzada y la tortura como prácticas aún vigentes, a pesar de que
México ha suscrito todos los tratados internacionales que las prohíben y previenen.

• La consolidación de un estado fascista, a través de reformas nunca antes vistas, que vulneran los derechos humanos, a la vez que contravienen el propio espíritu constitucional y los tratados referidos.

Además de promover la consciencia y la solidaridad, construir la lucha en contra de la represión ha sido tarea fundamental del FNCR. Hasta hoy se han desarrollado 14 asambleas nacionales, y se están consolidando Frentes en por lo menos 15 estados de la república.

También se ha venido elaborando un órgano de difusión, el periódico FNCREMOS, y pronto se dará a conocer una página web, en la que destaca la elaboración de un Diario de la Represión, un registro abierto de todos los hechos de que se tenga conocimiento.

Buscando una salida viable para la liberación de los presos políticos, el cese a la persecución de luchadores sociales, y la presentación con vida de los desaparecidos, el FNCR ha promovido una iniciativa de Ley de Amnistía general. A pesar del gran respaldo social con que se cuenta, la mayoría en el congreso la ha “congelado”. Sin embargo, el FNCR seguirá impulsándola como una de sus principales exigencias.

Un aspecto que no se puede soslayar es la grave situación que ha presentado la procuración de justicia. Tan sólo en los últimos meses hemos visto la infame resolución sobre el caso Atenco; la impunidad en torno al caso de la Guardería ABC en Sonora; la cuestionable liberación de los ejecutores de la masacre de Acteal.

Por si fuera poco, el reciente nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república, resulta muy preocupante, no sólo por haber demostrado ineptitud y falta de conocimiento en ese ámbito, sino porque lo acompaña la falta de voluntad para resolver un problema tan grave como los feminicidios en Ciudad Juárez.

Es señalado además por brindar protección a delincuentes y por tráfico de influencias durante su gestión en el estado de Chihuahua.

Como hemos venido haciendo desde hace dos años, llamamos al pueblo mexicano para organizarse y accionar en contra de la represión. La fundación del FNCR un día como hoy no es accidental, responde a la necesidad de no olvidar y no perdonar aquella masacre que ha lacerado el corazón del pueblo mexicano desde hace 41 años. Nos adherimos a todas las conmemoraciones que hoy tienen lugar en muchos rincones de nuestro país.

¡2 de octubre no se olvida!

¡Ni perdón ni olvido!

¡Vivos los llevaron, Vivos los queremos!

¡Presos políticos libertad!


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Represion en Puebla

Más de 400 elementos en acción y más de 600 de reserva de la PFP, cercaron e invadieron el mercado conocido como "predio" (frente al mercado Hidalgo), en la ciudad de Puebla, en contra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, organización fundadora e impulsora del Frente Poblano Contra la Represión y la Impunidad.

El operativo duró entre las 22:00 horas de ayer, y las 5:00 del día de hoy, teniendo un saldo de por lo menos 10 compañeros detenidos y brutalmente golpeados, además del decomiso de toneladas de mercancías, y el aseguramiento de varios locales.

Desde el FNCR reprobamos contundentemente estos hechos de represión, y esperaremos la valoración de la UPVA 28 de Octubre, para realizar las acciones de solidaridad necesarias en pro de la justicia.

Frente Nacional Contra la Represión


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Proyecto de Iniciativa de Ley de Amnistía.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7I, fracción II y 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley de Amnistía General para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de jurisdicción Federal o del ámbito del Distrito Federal, bajo la siguiente:
Exposición de motivos:

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos, desaparecidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Además, es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros y procesados por motivos políticos, son integrantes de organizaciones sociales que luchan en forma pacífica por demandas legítimas y que han sido acusados, procesados y sentenciados a partir de conductas derivadas de actos de protesta. Otros presos y perseguidos pertenecen a organizaciones que han recurrido a la lucha armada por considerar canceladas las vías pacíficas para transformar al país. Y otros han sido acusados de pertenecer a organizaciones armadas, pero en realidad son parte de la población civil, en contra de la que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.

Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en nuestro país, en tanto que el gobierno mexicano se niega obstinadamente a reconocer esta realidad.
Si representantes del gobierno expresan públicamente que se está viviendo en un período de "normalidad democrática" en la vida política nacional, y aún existe inconformidad por los resultados de los procesos electorales y necesidad de reformar las leyes que rigen dichas contiendas, ello implica que se ha vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas; lo cual, aunado a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ha generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello, la amnistía general a los prisioneros, desaparecidos y perseguidos por motivos políticos es un imperativo ético; es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en nuestro país. Es un punto de partida para continuar la transformación del país hacia un régimen donde impere un verdadero Estado de Derecho.
Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país, desde la lucha por la independencia encontramos esta figura jurídica, cuando el 15 de octubre de 1810 las Cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastasio Bustamante, entonces Presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.

Uno de los episodios más recientes se registró en septiembre de 1978, cuando por iniciativa de diversas organizaciones sociales agrupadas en el FNCR de ese entonces y por el Comité Eureka, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una Ley de Amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese año y de 1979.

Un asunto básico de la agenda política nacional, el cuál no puede ser soslayado por la LX Legislatura, es el análisis de las causas que han conducido a miles de mexicanos a manifestarse en forma pacífica en contra de las condiciones económicas, sociales y políticas que se viven en México y aún incluso en algunos casos, a sublevarse en contra del gobierno establecido. El poder legislativo debe asumir la responsabilidad de que los mecanismos constitucionales para transformar la realidad nacional operen, pues sólo así se logrará que en un futuro ningún mexicano tenga que rebelarse para acceder a demandas legitimas.

Aún cuando se haya avanzado en reconocer el delito de desaparición forzada de personas, como un caso específico, el hecho es que aún sigue sin resolverse la situación de cientos de personas desaparecidas durante la “guerra sucia” de los años 70 y de épocas más recientes. La pretensión anunciada en el sexenio anterior de resolver los “crímenes del pasado” no se cumplió y como ocurre cada vez que se hace evidente la impunidad de esos crímenes, estos tienden a repetirse. De esta manera es que hemos visto cómo es que en los últimos dos o tres años se vuelve a la inhumana práctica de la desaparición forzada de personas.

Se requiere poner un alto a esta dinámica. El Frente Nacional Contra la Represión se ha constituido precisamente para exigir la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos, además de otras causas de los derechos humanos. La situación de los presos políticos que enfrentan sus casos en forma individual o con el apoyo de sus familiares, compañeros o sus organizaciones es desigual y frecuentemente con procesos en que están sujetos a la presión de autoridades señaladas como responsables de la represión. Algunos de ellos han recorrido prácticamente todas las instancias legales en su defensa. La única salida posible para la resolución de este conflicto en forma general son también medidas de carácter general y resultado de una decisión política.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante esta H. LX Legislatura la siguiente iniciativa:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA SIGUIENTE:
LEY DE AMNISTÍA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de interés general, de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto:
I.- Decretar la amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de las cuales se haya ejercitado o haya de ejercitarse acción penal ante los tribunales federales y del Distrito Federal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas.
La amnistía se extiende a todos los indiciados, procesados y sentenciados cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos señalados en el párrafo anterior.
II.- La presentación de desaparecidos a causa de su participación, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados en los términos de la fracción anterior.
III.- Garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas perseguidas por su participación, real o supuesta, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de la fracción I de este artículo.

ARTÍCULO 2º.- Para instrumentar el cumplimiento pleno e irrestricto de los objetivos señalados en el artículo anterior, se establece una Comisión Especial Permanente, la cual se integrará de la siguiente manera:
I.- Una Comisión representativa del Frente Nacional contra la Represión integrada por ocho miembros de éste último; y
II.- Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores así como un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARTÍCULO 3º.- La Comisión Especial Permanente tendrá las facultades que esta Ley establece y para poder realizar sus funciones se requerirá únicamente la presencia de la mitad más uno de los integrantes del Frente Nacional contra la Represión.

ARTÍCULO 4º.- No podrán participar en la Comisión Especial Permanente personas involucradas en la detención ó desaparición forzada de personas; en caso contrario, cualquier miembro de la misma podrá objetar la pertenencia de dicha persona a la propia Comisión.
El cargo de Comisionado Especial será honorario. Los gastos de funcionamiento de la Comisión serán cubiertos íntegramente por el Gobierno Federal.

CAPITULO II
DE LA AMNISTÍA

ARTÍCULO 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, incluyendo la responsabilidad civil derivada de la comisión de los mismos así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

En cumplimiento de esta Ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán y dejarán de ejecutar, según corresponda, las órdenes de aprehensión, de presentación, autos de formal prisión, autos de sujeción a proceso, sentencias condenatorias que se estén compurgando, antecedentes penales y pondrán en libertad a los indiciados, procesados o sentenciados que señala la fracción I del artículo 1º de esta Ley.

ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley es de oficio para las autoridades judiciales y administrativas, correspondiendo a la Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, según corresponda, únicamente realizar la declaración de extinción de la acción penal respectiva.

La Comisión Especial Permanente deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para que los beneficiarios de esta Ley puedan obtener su libertad o acogerse a los beneficios que otorga la misma.

ARTÍCULO 7.- Los medios de impugnación ordinarios interpuestos por los beneficiarios de esta Ley o por sus abogados serán sobreseídos en virtud de la misma; el mismo efecto se producirá respecto a los juicios de amparo que se encuentren en trámite.

Los beneficios de esta Ley se extienden a reos sentenciados por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos que señala esta ley, aún cuando dicha resoluciones hayan causado ejecutoria.

ARTÍCULO 8.- La Comisión Especial Permanente podrá impulsar, junto con cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Secretaria de Gobernación, indistintamente, la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los gobiernos de los Estados de la República en donde existan indiciados, procesados o sentenciados, o acción persecutoria, por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de esta ley.

CAPITULO III
DE LA PRESENTACIÓN DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 9.- Para los efectos de esta Ley se entiende por desaparecidos políticos al sujeto pasivo del delito de desaparición forzada previsto en el capítulo III bis, Titulo Décimo del Código Penal Federal.

ARTÍCULO 10.- El Gobierno Federal ordenará, en el ámbito de competencia de las dependencias respectivas, al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y demás corporaciones de seguridad que existan en el país, así como a los elementos a sus ordenes, la inmediata libertad de los desaparecidos que se encuentren en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

ARTÍCULO 11.- La Comisión Especial Permanente es el órgano encargado de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos, para lo cual cuenta con las siguientes facultades:
I.- Recibir denuncias verbales o escritas;
II.- Realizar inspecciones en centros de readaptación social, reclusorios, casas de detención casas de arraigo, cárceles, campos militares, centros administrativos de detención, retenes militares o cualquier otro lugar donde se presuma que pueda encontrarse algún desaparecido político;
III.- Recibir testimonios o cualquier clase de elemento probatorio que lleve a la ubicación de algún desaparecido político; y
IV.- Realizar cualquier tipo de investigación, gestión o trámite necesario para lograr la presentación de algún desaparecido político.
Todas las autoridades del país están obligadas a permitir a los integrantes de la Comisión Especial Permanente el acceso sin restricciones a los lugares de detención que señala la fracción II de este artículo.

ARTÍCULO 12.- Serán copartícipes del delito de desaparición forzada de personas aquellos que teniendo o habiendo tenido conocimiento de la existencia de cárceles clandestinas, centro de tortura u otros sitios en los que se retenga a los beneficiarios de esta Ley, no lo comuniquen a la Comisión Especial Permanente.

ARTÍCULO 13.- Se sancionará en los términos del artículo anterior a aquellos funcionarios y autoridades que proporcionen o hayan proporcionado información falsa o incompleta o se nieguen a proporcionarla que obstaculicen la presentación de desaparecidos políticos.

ARTÍCULO 14.- Las autoridades del país, federales, locales y municipales con mando de fuerza pública, están obligadas a proporcionar de inmediato a la Comisión Especial Permanente, el auxilio eficaz y eficiente de la fuerza a su mando, para asegurar que puedan obtener el libre acceso a los lugares donde hayan de practicar sus investigaciones.

ARTÍCULO 15.- Mientras cualquier persona tenga el carácter de Comisionado Especial, no podrá ser detenido por ninguna autoridad, ni por ningún motivo. Si alguno fuere detenido durante el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, el Ejecutivo Federal dispondrá su inmediata libertad y, para lograrla, deberá hacer uso de todos los medios de apremio establecidos en la leyes federales.

ARTÍCULO 16.- Las autoridades del país con mando de fuerza apoyaran al Ejecutivo Federal para lograr la absoluta libertad del Comisionado detenido.

CAPÍTULO IV
DE LAS GARANTÍAS DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LEY

ARTÍCULO 17.- Si durante el curso de las investigaciones fueran encontradas personas que deben ser beneficiadas por esta Ley, y las autoridades que hayan ordenado o estén ejecutando su detención se negaren a ponerlas en libertad, los Comisionados Especiales podrán ponerlas discrecionalmente en absoluta libertad, para lo cual las autoridades respectivas deberán de proporcionarle toda clase de auxilio. Podrán inclusive retirar a los detenidos de su lugar de confinamiento, llevándolos en el acto consigo.

ARTÍCULO 18.- La Comisión Especial Permanente verificará que cada uno de los beneficiarios de esta Ley, pueda contar con un documento que compruebe el otorgamiento de la amnistía.

ARTÍCULO 19.- Las personas a quienes aproveche la presente Ley, no podrán ser en el futuro detenidas, procesadas, ni objeto de inquisición judicial o administrativa por los mismos hechos.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión Especial Permanente se constituirá e instalará a más tardar 5 días después de la entrada vigor de la presente ley y sesionará en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.
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Organizaciones Adherentes
Alianza de Tranviarios de México
AFADEM-FEDEFAM
ANLS
Asamblea de Barrios
Asamblea de Barrios-Izquierda Social
Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS
Asamblea Nacional de Trabajadores Democráticos del IMSS
Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Asamblea Popular del Estado de México
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México
Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU),

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN

Callejón Cultural, AC
Campamento Universitario en Resistencia UACM
CEDILADH
Centro de Defensa e Investigación Laboral y por los Derechos Humanos (CEDILADH)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL)
CETEG CNTE Guerrero
Círculos de Estudio de México
Círculo Marxista Leninista del CCH Vallejo
Civiles en Marcha-CND-Coyoacán
CND de San Luís Potosí
CND de Tlalpan
Colectivo de Productores de Café de Todos
Colectivo de Trabajadores Democráticos de Puebla
Colectivo en Defensa de la Laguna de Coyutlán
Colectivo Marxista de Colima
Colectivo Rebeldía de la Facultad de Economía de la UMSNH
Colectivo "Rodolfo Reyes Crespo" de Guadalajara, Jalisco
Colectivo Roma Condesa Hipódromo
Colectivo Ramonas
Colectivo Socialista
Colectivo Universitario por la Paz
Colectivo Universitario por Coyoacán
Colibrí Colectivo Libertario
Comisión Ejecutiva de la CND
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Comisión Política de Patria Nueva
Comité Cívico Ollin Mexica
Comité de Solidaridad Monseñor Romero
Comité Ejecutivo del PRD de Coyoacán
Comité Estudiantil Metropolitano-UNAM
Comité ¡Eureka!
Comité Mazahua en Defensa de los Recursos Naturales
Comité Pro Liberación Pavel Atonaltzin Vázquez Cruz
Comité Pro Liberación y Presentación de Desaparecidos 25 de Noviembre
Comité Promotor por la Unidad de los Socialistas de Michoacán
Comité 68
Consciencia Libertaria
Consejo de Derechos Humanos para todos de Nueva York
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP)
Consejo de Pueblos de Morelos
Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, integrado por:
• Central Cardenista Campesina (CCC),
• Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),
• Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC),
• Federación de Pueblos Rurales (FEPUR),
• Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM),
• Central de Organizaciones Populares y Campesinas (COCYP),
• Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC),
• Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Capacitación Agrícola (STINCA),
• Unión de Productores y Artesanos de Xochiquetzal (UPAX),
• El Barzón Popular,
• Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (CNPA-MN),
Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, AC
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
Convergencia Sindical y Social de Morelos
Convergencia Socialista
Coordinación Nacional de Izquierda Social
Coordinación Nacional Operativa de la Convención Nacional Democrática
Coordinadora Estatal de Jóvenes y Estudiantes de Michoacán
Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (COMO)
Coordinadora de Organizaciones Sociales
Coordinadora Nacional Politécnica

Diálogo Nacional (organizaciones del Diálogo Nacional)
Dignidad Ciudadana, APN

Ejido de Cuautla Morelos
El Militante
Enlace Socialista
Equipo Cívico Nacional

Facultad de Derecho de San Luís Potosí
Familiares de Presos Políticos de La Palma y Neza Bordo
Flor y Canto
Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, SLP
Frente de Apoyo Crítico Andrés Manuel López Obrador
Frente de Lucha Campesina AC de Aguascalientes
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)
Frente Democrático de la Sección 10 del SNTE
Frente Estatal de Defensa de la Vivienda de Sonora
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Frente Popular Francisco Villa Independiente RadioytvPancha.com
Frente Popular Revolucionario (FPR)
Frente Socialista
Frente Único de Trabajadores
Fundación Diego Lucero

Generación de Egresados de Ayotzinapa, Gro. "Lucio Cabañas Barrientos"
Grupo Ciudadano Proyecto Esperanza
Grupo Contra la Contaminación de Colima
Grupo Paz con Democracia

H.I.J.O.S. México
Hoja Obrera

Izquierda Democrática Popular

Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”
Liga de Trabajadores por el Socialismo-Contra Corriente
Liga de Unidad Socialista
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)

Magisterio Democrático Región Oriente Sección 36 SNTE-CNTE
Movimiento Cívico del PRD
Movimiento de Lucha Popular
Movimiento Juárez de Resistencia
Movimiento Ecológico Zimapán Libre
Movimiento Entre Ciudadanos-PRD (MEC-PRD)
Movimiento Magisterial del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM)
Movimiento Mexicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana
Movimiento Migrante El Estado 33
Movimiento Nacional Organizado "Aquí Estamos" (MONAE)
Movimiento Nacional Petrolero
Movimiento Revolucionario del Pueblo
Movimiento Social de Izquierda Democrática
Movimiento Vecinal Miravalle Iztapalapa
Mujeres de Paz a Través del Mundo

Nuevo Movimiento 23 de Septiembre

Organización Multidisciplinaria para la Población Indígena y Marginada, AC
OUPA de San Luís Potosí

Partido Comunista de México - Marxista Leninista
Partido del Trabajo DF
Partido Obrero Socialista
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
Paz con Democracia
Prepa Popular Tacuba
Profesores y Estudiantes de UPIICSA

Red de Defensa Ciudadana de Monterrey
Red de Izquierda Revolucionaria del PRD (REDIR-PRD)
RED@actuar (Red de Encuentros y Diversidad por la Actuación)
Respuesta Alternativa de San Luís Potosí

Sección 18 CNTE
Sección 22-APPO
Secretaría de Derechos Humanos del PRD
Secretaría de Derechos Humanos del PRD-DF
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM)
Sindicato Mexicano de Electricistas

Taller Conciencia Libertaria
Tenaces de Colima
Trabajadores en Resistencia de la DGEI-SEP

UCI-100 años de Soledad S.C.
UCIDE-AP del Estado de México
Unión Campesina Independiente (UCI) de Huitzilan de Serdán, Puebla
Unión de Comunidades Indígenas de Oaxaca
Unión de Jóvenes y Estudiantes
Unión de Juristas de México
Unión de la Clase Trabajadora (UCLAT)
Unión de Vecinos del Valle, A.C.
UGOCEP
Unión Nacional Anáhuac (Puebla)
Unión de Promotores de la Cultura de Izquierda, A.C. (UPCI) - Ciudad de México
UPREZ-Neza

Viudas de Pasta de Conchos
Voces Ciudadanas en Acción


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Por la amnistía para todos los presos y desaparecidos políticos.

Frente Nacional Contra la Represión


Honorable Congreso de la Unión

PRESENTE:

Los individuos y las organizaciones sociales y políticas que suscribimos ésta petición, estamos enterados de que el pasado 30 de abril fue presentada, en la Cámara de Diputados y posteriormente turnada a la Comisión de Gobernación, una Iniciativa con Proyecto de Ley de Amnistía para presos políticos y la presentación con vida de desaparecidos por los mismos motivos.

Esta iniciativa es resultado de una amplia consulta impulsada por el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), entre cientos de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, todas interesadas en la solución legal y pacífica de los conflictos sociales.

La existencia de presos políticos y la desaparición forzada, delito de lesa humanidad y de carácter imprescriptible, constituyen un oprobio que enturbia la convivencia política y empaña la imagen de nuestro país. Por estas razones, y como paso previo necesario para restablecer la civilidad y el estado de derecho, solicitamos la aprobación de la mencionada Ley de Amnistía.

Senadora Rosario Ibarra, Torre Caballito, piso 13, oficina 5, Av. Paseo de la Reforma #10, México D.F.


Proyecto de Iniciativa de Ley de Amnistía.doc


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Carta del Frente Nacional Contra la Represion a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

México D.F., 23 de julio de 2008

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

P R E S E N T E,

Es una particularidad de los estados represores contar entre sus tácticas la difamación de los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, y todos los que por su trabajo político y social puedan resultar incómodos a los gobernantes en turno. Es en este contexto que hemos venido integrando este Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

Recientemente, a partir del 10 de abril, fue publicada en el periódico Excelcior una nota de Jorge Fernández Menéndez, en la cual dice tener documentos “provenientes de instituciones de inteligencia de Colombia” encontradas en la computadora de Raúl Reyes, y señala haber un “centro de operaciones” de las FARC en México, añadiendo a ello una lista de personas, vinculándolas de manera directa con esa organización insurgente. Posteriormente este mismo tema fue trasmitido en el programa México Confidencial por Cadena Tres, y días después algo muy similar en el canal cuatro de Televisa. Este tipo de “noticias” han sido reiterativas, y siempre van acompañadas de comentarios que confirman el carácter doloso con que son trasmitidas.

Además de mostrar a los movimientos sociales, armados y pacíficos, como organizaciones con objetivos terroristas y desestabilizadores, curiosamente casi todos los mexicanos que en un primer momento han tratado de vincular a las FARC, son integrantes muy activos, o que por lo menos han suscrito el manifiesto que refundó el Frente Nacional Contra la Represión el 2 de octubre de 2007.

Junto con la calumnia pública, esta campaña de terrorismo mediático tiene por objetivo preparar condiciones para que el Estado tome represalias cuando así lo considere necesario, reconociendo que el FNCR en su conjunto, y cada una de las organizaciones y personas que lo integramos, hemos mostrado un compromiso con la lucha por los derechos humanos en México, especialmente en los temas que se relacionan con el abuso del Estado a través de las instituciones judiciales y las fuerzas represoras.

Retomando esas acusaciones y señalamientos infundados, el señor José Antonio Ortega Sánchez y el señor Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, A.C., presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, basada en información periodística y filtraciones de “organismos de inteligencia”, pero sobre todo basada, en sus prejuicios y reducida visión de la realidad social e histórica. En esa denuncia se formulan acusaciones mendaces, ridículas y carentes de sentido común: terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada y apología del delito.

Además de denunciar y dar a conocer esta situación, nos dirigimos a Ustedes buscando su solidaridad e intervención para que se garantice la integridad física y moral de las personas involucradas, y en caso de que lo consideren conveniente poder analizar conjuntamente la situación, pues la situación es preocupante.

Asamblea Permanente del Frente Nacional Contra la Represión

Responsable: Inti Martínez Gaytán


Anexo I

Posicionamiento del FNCR ante las publicaciones difamatorias

Anteriormente, a este respecto hemos expresado públicamente lo siguiente:

1. En el FNCR respetamos a todos los movimientos insurgentes que buscan cambios sociales favorables para el pueblo. En el caso de las FARC le corresponde al pueblo colombiano hacer su juicio. Sin embargo, exigimos que se reconozca a esa organización como una fuerza beligerante e insurgente.

2. La interacción entre la sociedad civil y las organizaciones armadas insurgentes ha sido desde siempre, en muchos casos definitoria en los procesos de pacificación, toma de acuerdos y búsqueda de soluciones. En México por ejemplo, personalidades de partidos políticos, el gobierno, el clero, artistas, y organizaciones civiles, han tenido contacto directo con el EZLN en la búsqueda de la paz y solución a sus demandas (temas que por cierto siguen pendientes). Por ello ¡condenamos enérgicamente la campaña de desprestigio hacia las luchas y los movimientos sociales, y la participación civil en el estudio, análisis y búsqueda de soluciones!

3. Rechazamos contundentemente la información trasmitida en los espacios mencionados, y la consideramos altamente calumniosa. Llama la atención que la mayoría de las personas que se han mencionado participan o están fuertemente ligadas al FNCR, principal referente civil en la lucha por los derechos humanos y contra la represión en nuestro país. Por lo tanto ¡exigimos el derecho de réplica en todos los medios que han exhibido este tema!

4. Condenamos enérgicamente la manera en que se quiere vincular a nuestros compañeros como militantes y promotores de las FARC, lo mismo que a Lucía Morett y a los mexicanos caídos en la incursión militar a Ecuador.

5. Nos preguntamos ¿Qué clase de instituciones “de inteligencia” comparten información que se supone confidencial? más en pleno conflicto, y con la delicadeza internacional que esto ha generado.

6. Más aún ¿Qué clase de periodista podría tener acceso a la “información” confidencial de un gobierno que ha demostrado ser asesino y trasgresor del territorio de su país vecino?

7. Hacemos un llamado a los medios a ser sumamente responsables con lo que publican, no sea que “sin querer” lleguen a ser instrumentos para que el Estado pueda justificar y ejercer su carácter represor.

8. Responsabilizaremos al Estado Mexicano de lo que pueda ocurrir al compañero Fermín García, Margarita Villanueva, Edgar Sánchez, Rosario Ibarra, y todas las personas y organizaciones que se han mencionado (ver periódico Excelcior 10 de abril de 2008)

Anexo II

Lista de personas a las que se quiere implicar con las FARC

1. Lucía Andrea Morett Álvarez

2. Fernando Franco Delgado

3. Verónica Velázquez

4. Juan González del Castillo

5. Antonio Pável Blanco

6. Arlen Serna Espadas

7. Dagoberto Díaz

8. Dessiré Robledo

9. Fernando Franco G.

10. Gabriela Mejía Leyva

11. Mariana López

12. Miguel González

13. Paulo Mendoza

14. Vicente Huerta

15. Ángel Fermín García Lara o Luna

16. Sonia Morett Álvarez

17. Édgar Tovar

18. Gloria Inés Ramírez

19. Juan Campos Vega

20. Margarita Villanueva

Y en esta otra estan los nombres de quienes han solicitado amparo:

1. Mariana Lopez de la Vega

2. Desireè Robledo Torrano

3. Miguel Angel Aguilar González

4. Lucía Andrea Morett Álvarez

5. Arlen Serna Espadas

6. Ángel Fermín García Lara

7. Margarita Villanueva


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Comunicado del Frente Nacional Contra la Represion

Frente Nacional Contra la Represión


Comunicado: 07/08 Contacto de Prensa: Inti Martínez Gaytán
04455 1510 8581

México D.F., a 26 de abril de 2008

Con fecha del 24 de abril ha circulado un comunicado con la firma del Partido Democrático Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PRD-EPR), en el cual propone crear una comisión de intermediación con el gobierno federal, para dialogar sobre la presentación de con vida de Edmundo Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización, y detenidos - desaparecidos desde hace casi un año.
El FNCR se re-fundó el pasado 2 de octubre. Desde entonces ha sido uno de sus ejes centrales la lucha por la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos. En esta materia recientemente el FNCR ha entregado al congreso una propuesta de iniciativa de Ley de Amnistía.
En consecuencia, es una condición fundamental para el FNCR apoyar toda gestión política, legal o de cualquier índole, que acerque la libertad de los presos y la presentación de los desaparecidos.
Por lo anterior es que el FNCR responde afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos.
El FNCR recibe con beneplácito la noticia de que también las 4 personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva al llamado del PRD-EPR.
En su próxima reunión de Asamblea el FNCR resolverá los mecanismos más apropiados para poder participar en esta Comisión de Intermediación. Sin embargo es importante dar a conocer la posición del FNCR, para que las otras partes involucradas puedan emitir alguna opinión en su caso.

Frente Nacional Contra la Represión

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Postura del Frente Nacional Contra la Represion (FNCR) en relacion con la aprobacion de la llamada Reforma Judicial

Una vez que la reforma judicial fue sometida nuevamente a la consideración de la Cámara de Diputados, y votada el día martes 26 de febrero, y frente a la discusión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el FNCR expresa lo siguiente:


1. Desde que nuestra Asamblea Nacional tomó el acuerdo de luchar contra la aprobación de las Reformas a la Constitución en materia de Justicia Penal, en el mes de diciembre, el FNCR hizo público un pronunciamiento en el que rechaza de manera integral la iniciativa de reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 porque significa elevar a rango constitucional la violación a garantías ya establecidas en nuestra Carta Magna.


2. Desde entonces hemos venido denunciando que con el argumento de hacer más eficaz el combate a la delincuencia, la llamada reforma judicial está dirigida a consolidar los cambios al marco jurídico destinados a legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales. La tendencia en estos últimos años así lo demuestra: cientos de luchadores sociales se encuentran encarcelados, procesados y perseguidos por su participación en las luchas sociales pero acusados injustamente de cargos y delitos del fuero común. En este sentido, las modificaciones a la Constitución se constituyen en un verdadero retroceso en materia de derechos humanos y acentúan el carácter autoritario y policiaco del Estado mexicano.


3. Definitivamente nos oponemos al allanamiento, al cateo y el ingreso a un domicilio sin orden judicial, por la gravedad y el carácter fascista de esta medida, por lo cual la eliminación de la figura del allanamiento, en todo caso, la percibimos como el resultado de la movilización de un amplio sector de la sociedad que se pronunció en contra y, de manera particular, de la movilización de los ciudadanos y las organizaciones agrupadas en el FNCR.


4. Pero esto último también es la demostración de que no todo se define en el interior del Congreso y de acuerdo con los cálculos políticos de los partidos. La lucha por la defensa de los derechos humanos y de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna es una lucha de toda la sociedad y también se da en la calle y desde todas las tribunas a nuestro alcance. Por ello, ante el anuncio de que en los próximos días la llamada reforma judicial será nuevamente sometida a la consideración del Senado, exigimos nuevamente que sea desechada en su totalidad.


5. La reforma debe ser desechada porque eleva a rango constitucional la figura del arraigo, y el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales. Ambos instrumentos jurídicos señalan, además, que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.


6. La reforma debe ser desechada porque contempla la prisión preventiva, y de acuerdo al párrafo tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Esa disposición determina que la prisión preventiva debe ser “excepcional y breve”. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: “la prisión preventiva como regla de aplicación general en los procesos penales es contraria a las normas de la Convención Americana, pues viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”.


7. La reforma debe ser desechada porque intencionalmente y no por descuido define con ambigüedad a la delincuencia organizada. En este sentido, el mismo representante de la ONU señala que: “El proyecto al no especificar todos los elemento contenidos en la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional introduce una definición abierta mediante la cual se podría extender a otras situaciones u otras personas ajenas a la delincuencia organizada”. Consideramos que en ese sentido basta con la reunión de tres o más ciudadanos comunes y corrientes para que puedan ser catalogados como delincuencia organizada, lo cual es un peligro para toda la sociedad desde cualquier punto de vista, por la discrecionalidad y la politización que permea la administración de la justicia en nuestro país. En síntesis:

a) Se pretende elevar a nivel constitucional las graves violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, que ya se han materializado en la hasta hoy inconstitucional Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada y,

b) Se legaliza el hasta hoy inconstitucional régimen de exterminio que existía ya en los Centros de Readaptación Social.


8. La reforma debe ser desechada porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 27 establece que “una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Ello supone que los Estados deben adecuar su normatividad interna con el derecho internacional y no realizar reformas que puedan contravenir y comprometer la responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito internacional. Por estas razones:


9. Anunciamos desde ahora que, en caso de consumarse la aprobación en el Senado, mantendremos nuestra lucha en el Distrito Federal y en todos los estados de la República para exigir a los Congresos locales el rechazo a la reforma. Además, si fuese necesario, acudiremos a todas los recursos jurídicos, como son: la controversia o la acción de inconstitucionalidad, los amparos y, finalmente, llevaremos el caso a las instancias internacionales que correspondan.


Para el FNCR, la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados es un triunfo de Calderón, el cual junto con su partido y los que votaron a favor de esta ley transformaron la Constitución muy a su modo para ya no tener que ser juzgados, por llevar a cabo crímenes de lesa humanidad, sino llevarlos a cabo con la ley en la mano: “reforma judicial”, “ley contra el terrorismo”, etcétera. Y dentro de esta lógica, introducen términos y conceptos como narcotráfico y otros, que son utilizados como instrumentos para justificar una guerra, y es así como los militares entran en funciones de seguridad y vigilancia interna, que correspondían constitucionalmente a las policías, y con esta ley a éstas se les dará capacidad y autoridad ilimitadas, además de que nunca especifican a cuales policías, teniendo esto como resultado la generalización de detenciones arbitrarias y violentas. Por otra parte, también estas funciones podrán recaer en “civiles” con el poder de utilizar armas y en consecuencia se legalizan los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte, las brigadas blancas, se permite el camuflaje de los unos en los otros sin la responsabilidad de ninguno; su denominador común de todos ellos es, como bien sabemos, acabar con la disidencia organizada, con los movimientos sociales y con la misma sociedad civil si toma partido, como son los casos de Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etcétera.


Por otra parte, la reforma judicial permite que si un acusado acepta su culpabilidad, se concluya el juicio y se le ofrezcan al acusado beneficios, tal hecho favorece por sí mismo la tortura.


Además, con esta reforma se favorece la agudización del marco legal represivo, ya que actualmente en la Cámara de Diputados se va a discutir la aprobación de un decreto para reglamentar el artículo 29 constitucional, con el objeto de incluir la figura de Estado de excepción que permitiría a Calderón limitar aún más las garantías individuales.


Esta ley aprobada por mayoría, al igual que la ley contra el terrorismo y la perversa y oscura Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se suma a los sombríos planes del gobierno de Calderón llevados a cabo en la Cámara de Diputados y cierran el circulo para formar un Estado de terror, constitucionalmente hablando en sus justos términos jurídicos, un Estado policiaco, con el cual los grupos en el poder podrán en consecuencia: justificar desapariciones, limitar y socavar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de la sociedad en torno a sus intereses.


Para diseñar un plan articulado de movilizaciones en todo el país, el FNCR celebrará su Cuarta Asamblea Nacional el próximo 9 de marzo, en la comunidad de Aguascalientes, del municipio de Acapulco, Guerrero, donde los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) alojarán este encuentro nacional.



¡TODO EL PODER AL PUEBLO!