Testimonios de detenidos en Xoxocotla, Morelos.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Testimonios de la represion en Xoxocotla, Morelos.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Manifiesto de Xoxocotla

C. DR. MARCO ADAME CASTILLO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

CUERNAVACA, MORELOS

PRESENTE

Ante la brutal represión que sufrimos pro parte de usted y de sus corporaciones policíacas los días 8 y 9 de octubre del presente año en la comunidad indígena de Xoxocotla, Morelos, hechos que usted conoce y coordino junto con el gobierno federal y con su partido el PAN, con el afán de cumplir su voluntad e imponer un programa educativo que por nombre le pusieron ALIANZA EDUCATIVA, programa que rechazamos rotundamente porque nunca fuimos consultado como comunidad y que a los maestros tampoco lo hicieron.

Violentando de esta manera los derechos del pueblo en conocer y participar en la elaboración del plan de desarrollo de los programas que se aplican en las comunidades indígenas, en donde usted se ha negado categóricamente a dialogar con las comunidades indígenas y con los maestros respectivamente; este programa que usted ha querido imponer apoyado por el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, la Sra.Elba Esther Gordillo y la Sra. Josefina Vázquez Mota y todos los
que simpatizan con su gobierno y su partido, quienes ante su falta de calidad moral y sensibilidad humana han recurrido a la prepotencia masacrando a nuestro pueblo, encarcelando a quienes no estamos de acuerdo con su gobierno, destruyendo hogares, matando maestros, intoxicando a niños inocentes, destruyendo vehículos, cateando domicilios particulares, golpeando a niños, mujeres y ancianos; antes estos hechos ventajosos, ante esta injusticia, ante esta masacre, ante la sangre derramada por nuestros heridos, exigimos los siguientes derechos:

1. El retiro inmediato del ejercito militar, la policía federal preventiva, la policía preventiva estatal de nuestra comunidad y del estado de Morelos.

2. Por la masacre sufrida, por los heridos inocentes e injustos, por la destrucción de hogares y vehículos, por la arbitrariedad y el abuso del poder tenemos todo el derecho a exigir la destitución y a que no ocupen ningún cargo en nuestro país a los que a continuación señalaremos:

a) Al gobernador del estado de Morelos Marco Antonio Adame Castillo, por su participación directa y autor intelectual en los criminosos hechos en Xoxocotla, Maluca y Tres Marías.

b) Al Secretario General de Gobierno Sergio Álvarez Mata, por su participación directa e ineficiencia en la solución del problema magisterial así como las de los Padres de Familia.

c) Al Ing. José Luis Rodríguez, Secretario de Educación Pública, por su falta de capacidad y su falta de interés en la solución del problema magisterial.

d) Al Ing. Aroldo Aguirre Vences Director del IEBEM por su inoperancia al frente de dicha dirección y por su falta de interés en la solución del problema magisterial, dando por resultado la represión que todos conocemos.

e) A todos los profesores aliados del PAN y del gobierno por provocar y promover estos enfrentamientos en las diferentes comunidades del estado, quienes no son otra cosa que creadores de la violencia.

Ante estos acontecimientos, tenemos todo el derecho a pedir juicio político para el presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador del Estado Marco Antonio Adame Castillo, a la Sra. Josefina Vázquez Mota, a la Sra. Elba Esther Gordillo mafiosa del SNTE, como los principales culpables de estos actos.

Muchos de nuestros heridos, han dejado de ser sustento para su familia, unos de manera temporal y otros definitivamente, por estos hechos tenemos el derecho de que sean indemnizados de por vida.

Sabemos y conocemos que algunos de los funcionarios de su gobierno están tratando algunas ordenes de aprensión para algunas personas de la comunidad, así como a maestros que participaron y apoyaron el bloqueo carretero acusándolos de actos criminales que ellos jamás cometieron, somos testigos presenciales de los hechos y por tener la verdad de nuestro lado no permitiremos más injusticias, no permitiremos más represión, por haber sido objeto de la masacre ocurrido los días 8 y 9 de octubre del presente año, responsabilizamos al gobierno estatal y federal, Marco Antonio Adame Castillo y Felipe Calderón Hinojosa, de cualquier tipo de represalia que sufra algún miembro de la comunidad y de los maestros que se solidarizaron con nuestro movimiento, no aceptaremos más represión al Pueblo de Xoxocotla y la sociedad morelense nos apoya, tenemos la fuerza y la razón de Morelos, estos derechos son nuestros y exigimos al gobierno estatal y federal su debido cumplimiento.


ATENTAMENTE


NO PUEDE EXISTIR NADA MAS HERMOSO BAJO EL CIELO QUE LA LIBERTAD DE LOS OPRIMIDOS


EL PUEBLO DE XOXOCOTLA


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

Los gobiernos panistas de Morelos criminalizan las luchas ambientales.

■ Se movilizan los habitantes ante la voracidad de inmobiliarias y el mal manejo de desechos

■ Padecen persecución oficial desde líderes comunales hasta científicos

■ Repartir volantes o desplegar una manta de protesta son causas de detención, además de que se califica de ecoterrorismo

Angélica Enciso L. /I (Enviada La Jornada)

Cuernavaca, Mor., 6 de julio. En Morelos, donde comunidades indígenas y habitantes han emprendido la defensa de sus recursos naturales ante el crecimiento de unidades habitacionales que acaparan el agua, los daños a la salud ocasionados por el tiradero a cielo abierto en Tetlama y por el proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía sobre un acuífero, la respuesta de los gobiernos panistas ha sido la criminalización de las luchas, la persecución policiaca y la represión.

Testimonios dados a La Jornada por dirigentes comunales y sociales, defensores de derechos humanos y científicos dan cuenta del clima represivo que se vive en la entidad, donde el simple hecho de repartir volantes o colocar una manta de protesta es causa de detención. A los luchadores ambientales la policía los arresta arbitrariamente, el gobierno estatal los liga con grupos radicales, descalifica el motivo de sus protestas y de manera anónima se corren versiones de que se trata de “ecoterroristas”.

“El gobierno hace una criminalización de los movimientos sociales, encajona al máximo las movilizaciones en el marco jurídico, y los somete a toda clase de agresiones, juicios, órdenes de aprehensión y encarcelamiento; crece el número de detenidos y también las agresiones físicas”, señala José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Recuento de violencia

Los casos violentos más recientes están relacionados con el relleno sanitario proyectado en Loma de Mejía, en el ejido San Antón. El agente municipal de este lugar, Cristóbal Martínez, recibió el 11 de junio una golpiza que casi le hace perder un brazo y días después policías presuntamente asesinaron a un campesino de la comunidad El Cebadal y detuvieron a dos familiares de éste, quienes, a pesar de que no participan en ningún movimiento, sufrieron las consecuencias de la enorme presencia de uniformados en la zona a causa de la construcción del relleno, señala Martínez Cruz.

El pasado 17 de junio, 295 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enviaron una carta al gobernador, Marco Antonio Adame, en la que expresan su preocupación por “el carácter que han tomado las discusiones en torno a Loma de Mejía y a la existencia de acusaciones injustificadas e irresponsables, como son la de ecoterrorismo o vinculación con grupos armados, tememos por la integridad física y moral de los investigadores y colaboradores que han participado en la elaboración y difusión del arbitraje del proyecto”.

Desastre ambiental

Aquí “hay una crisis socioambiental muy fuerte que se agudizó después del cierre del tiradero de Tetlama, lo cual ocasionó la acumulación de la basura en la ciudad por varias semanas. El movimiento creció; ya que Alpuyeca también fue afectada por la proliferación de contaminantes y hubo denuncias de un aumento notable de casos de cáncer”, indica el defensor de derechos humanos.

A partir del cierre del tiradero y de los problemas para su disposición –actualmente los desechos se envían al estado de México– la lucha creció. Ya no era sólo la basura, sino la defensa del agua y la tierra ante el riesgo de contaminación por la proliferación de gasolinerías, debido a que durante el último año de gobierno de Sergio Estrada Cajigal se dieron cientos de permisos para esas instalaciones, aun en áreas donde hay manantiales. Al tiempo que esto ocurrió, también lo hizo la persecución a los movimientos sociales, explica.

Se han hecho campañas de desprestigio, como un volante anónimo que apareció en las calles de esta ciudad en el que se señalaba a varios de los opositores al relleno sanitario de Loma de Mejía como “ecoterroristas”, entre ellos, además de Martínez Cruz, se mencionó a Raúl García, investigador de la UNAM; Cristóbal Martínez, el agente municipal agredido, el presidente municipal de Temixco, Javier Orihuela, y José Montes, del PRD municipal.

Los 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra protegen el manantial Chihuahuita, que abastece a varias comunidades, entre ellas Xoxocotla, y con este recurso el gobierno prevé dar servicio a casi 50 mil nuevas viviendas construidas por las grandes inmobiliarias. Esto pone en riesgo la existencia del agua, porque sobre la cuenca que da vida a esa fuente, se planean construcciones que llevarán a su destrucción, indica Saúl Roque, vocero de este movimiento.

En mayo de 2007, integrantes de los 13 pueblos –Xoxocotla, Tetecalitla, Tepetzingo, Tlaltizapán, San Miguel 30, Santa Rosa 30, Tetelpa, Benito Juárez, El Mirador, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Temimilcingo y Huatecalco, de los municipios Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Zacatepec y Tlaltizapán– realizaban una marcha por la autopista y a la altura de Alpuyeca fueron detenidos por policías que golpearon a mujeres y niños, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron incluso a gente ajena a la protesta.

Asamblea comunal

Saúl Roque dice que “no ha habido cancelación de los proyectos y vemos el avance de esas obras en el entorno de nuestros manantiales”. Piden que se designe Área Natural Protegida los manantiales y su zona de amortiguamiento. Ya suman, dice, 60 comunidades en defensa de los recursos naturales y las decisiones se toman en la asamblea comunal.

“El gobierno, cada vez que se le complica la situación por las movilizaciones, dice que estamos conectados con grupos políticos, partidos políticos, el EPR, la APPO, San Salvador Atenco, no se qué más inventan para desprestigiarnos. Este movimiento surgió por una necesidad propia de las comunidades, nos regimos por las asambleas comunales”, explica con voz pausada y firme.

El recuento de daños ambientales que reportan los expertos es grande: los ríos Apatlaco, Cuautla, Yautepec, Amacuzac están contaminados; los manantiales de las Fuentes y Chihuahuita, entre otros, han disminuido su caudal; hay askareles, desechos tóxicos a cielo abierto en un predio del Alpuyeca; crece la urbanización en el Bosque de Agua, donde también se planea la carretera Lerma-Tres Marías, que afectará el área protegida Corredor Biológico Chichinautzin, y también está el libramiento Norponiente. Además, en el centro de Jiutepec, en zona forestal, el único pulmón del lugar, se pretendía construir un conjunto habitacional de 250 viviendas de la empresa Ara, detalla Mónica Romero, vocera de ese movimiento.

La resistencia en esta entidad tiene una característica distinta a otros lugares: hay una vinculación estrecha entre las comunidades que defienden los recursos naturales, los científicos que hacen las argumentaciones y los abogados que se encargan de la parte legal, precisa por su parte Raúl García, experto de la UNAM.


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!