Situación Jurídica del Vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui.

Sesión de preguntas y respuestas en conferencia de prensa caso Marco Antonio Suástegi. Agosto 14 de 2015.

¡TODO EL PODER AL PUEBLO!

LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

México DF, 14 de agosto de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

LIBERTAD A MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI DIRIGENTE DEL CECOP; EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.

Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal- el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.

Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.

El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.

La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.

Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar), Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

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A cinco días de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas, permanecen 43 estudiantes desaparecidos

• Organizaciones urgen a autoridades federales y estatales garantizar que la búsqueda de estudiantes desaparecidos se lleve a cabo con debida diligencia y conforme a los estándares internacionales más avanzados en la materia.

• Expresan preocupación por las declaraciones de Enrique Peña Nieto: El gobierno federal no puede deslindarse ante la gravedad de la situación, se deben de movilizar todos los recursos e instituciones necesarias para lograr la aparición con vida de los estudiantes.

• Temor de nuevas agresiones en la jornada de protestas del 2 de octubre.

Ayotzinapa, Guerrero, 1 de octubre de 2014. A cinco días de que iniciaran las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43  normalistas. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia.

Las organizaciones firmantes reconocemos que los operativos de búsqueda en los que participan las madres y padres de familia de los estudiantes, así como la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, son un paso fundamental para dar con el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, los operativos  de búsqueda se han implementado con graves deficiencias; por ejemplo, el arribo a los puntos no es precedido por una tarea diligente de inteligencia que asegure y delimite las zonas de búsqueda. No existe hasta ahora un esfuerzo por trazar y distribuir las áreas de búsqueda, cruzándolas con la información surgida de las declaraciones de los policías detenidos y con los antecedentes de los modus operandi de la delincuencia organizada en la región.

Durante los operativos de búsqueda, cabe señalar, hasta ahora no se ha contado con el involucramiento de las instituciones federales, quienes tienen los elementos de seguridad, periciales e inteligencia para llevar a cabo un operativo de localización de esta magnitud. Por ello resulta decepcionante y sumamente preocupante que el propio Presidente de la República se deslinde de las obligaciones en materia de desaparición forzada del Estado mexicano, al indicar que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”. Sin dejar de reconocer las responsabilidades de las diversas autoridades guerrerenses por permitir la connivencia entre la policía y la delincuencia organizada, es inadmisible que el Primer Mandatario anteponga conflictos políticos a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Federal se sume con decisión a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Ante la desaparición masiva de varias decenas de jóvenes, ningún nivel de gobierno debe deslindarse siendo elemental que los tres niveles se coordinen y participen conjuntamente en la búsqueda.

Preocupa enormemente que el Presidente de la República se deslinde de sus responsabilidades constitucionales para garantizar la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos. El deslinde del Gobierno Federal y su falta de participación en la búsqueda de la desaparición de los normalistas, pone en duda una vez más, el compromiso que el Estado mexicano ha declarado ante diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y por lo pronto se suma a los 43 jóvenes de Ayotzinapa a las decenas de miles de desaparecidos en el país.

No puede obviarse que los testimonios indican que un número significativo de los estudiantes desaparecidos fueron detenidos por policías municipales de Iguala, agentes estatales que comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por lo cual el Jefe del ejecutivo federal no puede deslindarse; máxime que ninguno de los estudiantes detenidos por los policías ha aparecido. Lo que en otros países supondría una despliegue articulado de todas las corporaciones estatales hasta localizar con vida a los jóvenes, en México hoy merece sólo un indiferente deslinde presidencial.

No debe pasarse por alto que en el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”. Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial.

Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las investigaciones deben ser públicos”. Recalcando adicionalmente que se debe: “asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba”.

En ese tenor, el desdén presidencial contrasta con la labor y la cooperación que las madres y padres de los 43 estudiantes hoy desaparecidos han impulsado. Los familiares, con acompañamiento de los organismos civiles de derechos humanos, han acudido a prácticamente todas las instancias para buscar a los estudiantes, agotando poco a poco los recursos legales disponibles.

Primeramente, la identidad de los normalistas desaparecidos ha sido acreditada y ratificada por los padres de familia dentro de la investigación AEBPNL/49/2014 que realiza la Agencia especializada del ministerio público en búsqueda de personas no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es decir, los padres y las madres han acudido a comparecer formalmente ante el ministerio público a colaborar en la investigación. Así, dentro de la indagatoria ya fueron rendidas las declaraciones de la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas que aún permanecen desaparecidos.

De igual forma, luego de que los familiares presentaran también un juicio de amparo y apelaran a la Justicia Federal para encontrar a sus desaparecidos, el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Iguala, concluyó el día de ayer la revisión de los centros de detención en búsqueda de los estudiantes desaparecidos e hizo constar dentro el amparo número 490/2014 que no fueron encontrados los normalistas en ninguno de estos lugares. Es decir, la posibilidad de que los jóvenes se encuentren retenidos en cárceles o recintos oficiales, está con pruebas descartada.

En el mismo sentido, los familiares acudieron también al sistema ombudsman. El mismo 28 de septiembre se interpusieron dos quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la queja VG/203/2014-II por los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y la queja VG/204/2014 por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas detenidos por la policía preventiva municipal de Iguala. Ninguna de estas ha derivado en la ubicación de los jóvenes desaparecidos; pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se ha sumado de forma decidida a los operativos de búsqueda.

Adicionalmente, los familiares y las organizaciones de derechos humanos han demandado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones demanden la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

Como puede advertirse, los familiares han acudido a todas las instancias para pedir su intervención en la búsqueda de los desaparecidos, incluso poniendo su vida en riesgo al desplazarse en el descompuesto contexto de Iguala. Al día de hoy, la búsqueda de los jóvenes desaparecidos tras las agresiones armadas de policías y civiles en Iguala ha sido infructuosa. La situación es de extrema preocupación, dado que con los antecedentes de violencia en Iguala, colocan a los estudiantes en el máximo riesgo.

En este panorama, los organismos de derechos humanos expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que nuevas agresiones puedan presentarse el día de mañana, durante la emblemática marcha del 2 de octubre. Como cada año, las y los estudiantes de Guerrero saldrán a las calles a conmemorar la masacre del 68, pero esta vez lo harán mientras permanecen desaparecidos decenas de jóvenes normalistas. Ante la ausencia de condiciones para ejercer la libertad de expresión en Guerrero –y más aún, frente a los riesgos que hoy supone ser joven y ser guerrerense- llamamos a que se garantice la integridad física de los manifestantes y apelamos a la sociedad para que observen los acontecimientos que pueden presentarse en la entidad.  

Finalmente, llamamos de nuevo a la sociedad civil nacional e internacional a que demanden la inmediata presentación con vida de todos los estudiantes que hoy se encuentran desaparecidos.

María Luisa Aguilar Rodríguez

Coordinadora del Área Internacional

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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Acción Urgente de Tlachinollan sobre los hechos en Iguala, Gro. El 26 de Septiembre

 HECHOS

El día 26 de septiembre de 2014 a las 21:00 hrs., 80 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala, a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la Normal. Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar  el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses. Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses.

Sin mediar palabra los Policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien el día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los Policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos.

Los servidores público Municipales se retiraron, llevándose a alrededor de 20 normalistas detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028, a la vez que algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público, para dar fe de los hechos y recoger los indicios.

A las 24.00 hrs, los estudiantes iniciaron a informar sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar de los hechos, junto a diversas organizaciones sociales, cuando del periférico norte arribó una camioneta RAM color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas que empezaron a disparar indiscriminadamente en ráfagas. El saldo de los eventos fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares; además de cinco estudiantes heridos graves y dos los profesores que se encontraban ahí. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos.

A las 7:00 hrs. del día 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Los estudiantes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la Policía preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía municipal en los primeros hechos sobre la carretera; sin embargo, el Director de Seguridad Publica les dijo que no tenía a ninguna persona en los separos; les permitió verificar y efectivamente no se encontró a ningún estudiante ingresado. Durante la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha 57 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos los detenidos por autoridades municipales en los primeros hechos. 

A las 16.00 hrs., estando los estudiantes en la Fiscalía dando seguimiento a las denuncia, el Ministerio Público les informó que a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; después de ser identificado por sus compañeros, éstos constataron que se trataba de Julio Cesar Fuentes Mondragón.

En este contexto, se interpuso el día 28 de septiembre de 2014, una denuncia por el crimen de desaparición de personas, en agravio de los 57 estudiantes desaparecidos, que quedó radicada bajo la averiguación previa VRA/03/2385/2014 en la PGJE en Chilpancingo. También se ha iniciado una queja frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Por su parte el Gobierno del estado de Guerrero, ha dado a conocer en un comunicado de prensa,  información sobre sus acciones ante estos lamentables hechos y otros dos eventos violentos que sucedieron en el  mismo contexto.

LLAMAMIENTO:

Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad. Los hechos evidencian de parte de la Policía Municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y del las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los 57 estudiantes normalistas.

En virtud de ello, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, urgimos a la comunidad internacional y a la sociedad civil a urgir a a las autoridades Estatales y Federales a:

1. Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

2. Procesar y sancionar a los Policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades Municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas.

3. Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos.

4. Realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 57 estudiantes desaparecidos.

5. Implementar medidas cautelares a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los 57 estudiantes desaparecidos. 

6. Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados.

7. Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares.

8. Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de las personas defensoras que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente.

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Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy y Abel Barrera

Entrevista de Carmen Aristegui a Kerry Kennedy, Presidenta del "Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy" y Abel Barrera, Director del "Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan". Transmitido por CNN en Español el 5 de Agosto de 2011




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El “genocidio cultural” en Guerrero

Periódico La Jornada
Sábado 20 de agosto de 2011, p. 36

Carta de Kerry Kennedy a sus hijas, al regresar de Guerrero

Queridas Cara, Mariah y Michaela:

Pasé la semana anterior en México con Abel Hernández Becerra, ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, y su equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, visitando comunidades indígenas de la región de la Montaña, en Guerrero, la zona más pobre del estado más pobre del país.

Ser indígena en Guerrero es como era ser afroestadunidense en Misisipi hace 50 años. La gente apenas subsiste en la miseria, y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente. Quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad.

Abel y su equipo en Tlachinollan son los líderes de los derechos civiles de nuestros tiempos. Arman a las comunidades con las herramientas del activismo, dan seguimiento a los abusos, confrontan a los perpetradores y siguen adelante pese a constantes amenazas de muerte. Son consejeros legales, abogados en juicios, organizadores de la comunidad, activistas ambientales. El personal de Tlachinollan trabaja con grupos activistas indígenas y campesinos, y propugna un mejor acceso a representación legal, atención a la salud, vivienda, educación, agua entubada, energía eléctrica y otros servicios.

La violencia en aumento relacionada con los recientes esfuerzos del gobierno de México por combatir el narcotráfico condujo a Abel a condenar la militarización excesiva y denunciar abusos. A su vez, él y su equipo han soportado cada vez más amenazas y violencia.

Hablé con Inés, mujer que fue violada por militares mientras dos soldados vigilaban. Con todo en contra, tuvo el valor de denunciar y llevar adelante la acusación contra los perpetradores. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que su caso debía ser transferido de la jurisdicción militar a la civil.

Apenas el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de México sostuvo el principio de que los casos de abusos de militares contra civiles deben ser transferidos a tribunales civiles. En respuesta, el Ejército Mexicano emitió un comunicado conjunto con la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), en el que rebajaba la opinión del más alto tribunal del país a mero “criterio de orientación”. Al no adoptar ninguna acción la procuraduría, el caso se mantiene en la jurisdicción militar, donde ha languidecido durante largos nueve años. (Apenas esta semana, Inés fue informada de que su caso por fin ha sido transferido a la jurisdicción civil. Ahora corresponde a la PGR lograr que los violadores sean llevados ante la justicia.)

Conocí a dos mujeres cuyos esposos, Raúl y Manuel, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Esas viudas se preguntan cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas cinco costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan: necesitarían 2 mil 200 dólares, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo.

Conocí a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien me dijo que recibió ocho balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la elite del poder local.

Dos líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), marido y mujer, se ocultan a causa de las constantes amenazas de muerte que han recibido por demandar castigo a abusos militares.

Quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados.

A la vista de estos ataques, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad. En el poblado de Ayutla encontré a un defensor que pasó dos años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la OPIM. Pregunté al procurador estatal por qué no retiró los cargos contra tres hombres que aún tenían orden de detención por la misma denuncia falsa. Su falta de interés por la justicia elemental era asombrosa. “Ah, no se preocupe”, me dijo. “No pasarán más de 72 horas en prisión”.

Me alegré cuando el recién electo gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, prometió atender todas las demandas que hicimos, pero nuestro optimismo no duró mucho. Recordé al gobernador que la oficina de Tlachinollan en Ayutla, cerrada durante dos años luego del asesinato de dos defensores locales de los derechos humanos, fue reabierta en junio sólo con la promesa de que el gobernador ofrecería seguridad. Sin embargo, los policías asignados a la oficina se presentaron sólo cuatro días y desde entonces no han vuelto. “¡Esta tarde estarán allá!”, proclamó. Cuando nos fuimos, cinco días después, no había policías a la vista. (Una buena noticia: luego de que el relato de ese encuentro apareció en la prensa nacional, el sábado en la mañana, dos policías aparecieron en la oficina, y siguen asignados a ella desde entonces.)

Inés quería encontrarse cara a cara con el gobernador. “Cómo no”, me dijo él; “yo seré el anfitrión, pediré que vengan las autoridades federales, y también estará Tlachinollan” para asegurar que todos estuvieran de acuerdo en los siguientes pasos a dar en el caso de ella. Cuando Abel llamó para concertar la cita, el secretario del gobernador explicó que éste tenía muchas ocupaciones, pero que él se reuniría con ellos.

Toda esta violencia, duplicidad e impunidad ocurren en el contexto de la horripilante pobreza y marginación de la población indígena en el México rural. En buena parte de la región de la Montaña, como en muchas comunidades indígenas en todo Guerrero, el acceso a los servicios básicos es casi inexistente.

Un hombre al que conocí salió de su casa a la una de la mañana para bajar de la montaña con su esposa y su hijo de dos años, con el fin de llegar a las 8 a la farmacia más cercana para comprar medicina contra la disentería. La farmacia estaba cerrada.

A una comunidad le dijeron que los alumnos tenían que llevar a la escuela sus propias sillas y pupitres, comprar un escritorio para el maestro y pagarle su salario, aunque se supone que el gobierno tiene que proporcionar todo eso. Cuando la comunidad logró satisfacer los requisitos, en vez de enviar un profesor, el gobierno mandó un estudiante de tiempo parcial que también debía hacerse cargo del mantenimiento.

Para esos niños indígenas no hay libros que les enseñen su lengua nativa, sus tradiciones y su historia, o que muestren a un solo indígena en un papel de modelo a seguir. Las clases se dan en español, y a menudo se hace que los alumnos se avergüencen de su entorno indígena, de su lengua y sus raíces. Como señala Abel, en un contexto de tan extendida pobreza, ese trato equivale a un “genocidio cultural”.

En la parte del estado de Nueva York, donde vivimos, un camino de terracería se considera pintoresco, y allí los precios de los bienes raíces son mucho más altos que los de los que están en caminos pavimentados. Pero la brecha que tomamos de Metlatónoc a Xalpatláhuac nada tiene de pintoresca. Es un camino de un solo carril, de dos kilómetros de largo, y nos llevó una hora completa sortear baches del tamaño de una tina de baño, jorobas elefantinas y lodazales. Las comunidades donde no hay carretera pavimentada tienen escaso acceso a víveres, medicinas, ropa, empleos o materiales de construcción, y llegan a estar aisladas durante meses en la temporada de lluvias. Uno de los momentos más terribles del viaje fue cuando nuestra caravana recibió parte de un deslave, en el que arena y piedras se desprendieron de las muy deforestadas montañas y golpearon como municiones nuestro vehículo.

En Xalpatláhuac, el padre Mario reunió a unos 70 y tantos catequistas que esperaron tres horas nuestra llegada, mientras nos retrasaban las brechas y lodazales. No perdieron el tiempo: cuando llegamos ya tenían una lista de asuntos a tratar con la delegación. El padre Mario describió cada tema, y luego dos o tres miembros de la delegación se pusieron de pie y hablaron de las experiencias y desafíos de su vida cotidiana. Varias personas relataron cómo una casa de la ciudad de México paga menos de 100 pesos mensuales por la electricidad, mientras esa misma casa en las montañas, con tres focos, llega a pagar varios cientos de pesos. Una mujer narró que había comenzado a coser ropa para obtener ingresos, pero el consumo de energía de la máquina de coser era más alto de lo que ganaba con las prendas que cosía.

Muchos otros hablaron de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno en tierras consideradas sagradas por los indígenas, sin que se consultara con las comunidades y mucho menos se les pidiera permiso o se hicieran planes para compartir ganancias con ellas. La degradación ambiental es una preocupación importante.

Otros más hablaron de que se han perdido comunidades enteras a la migración, ya sea dentro de México, hacia los campos agrícolas del norte o hacia Tlapa York, conocida también como Manhattan y Queens, donde muchas familias indígenas de Guerrero se han visto obligadas a buscar trabajo. Las viudas de la migración son abandonadas a su suerte junto con sus hijos. Las comunidades se parten en dos. En los campos, las condiciones son aún más horrendas que en los poblados, pues hombres y mujeres indígenas quedan como sirvientes de sus patrones, y las familias enfrentan robo de salarios, trabajo infantil y asalto sexual.

En este contexto luchan Abel y su equipo todos los días. Aunque parezca increíble, no recuerdo haber encontrado un grupo más alegre de amigos. Trabajan duro, ríen con facilidad y tienen confianza absoluta unos en otros. Es algo asombroso de ver, y un verdadero tributo al espíritu humano. Cuando le pregunté a Abel qué lo sostiene, habló del espíritu de la comunidad que él y sus colegas han aprendido de los pueblos indígenas de la Montaña, los cuales comparten todo lo que tienen y viven en beneficio de las comunidades, sus ríos, sus bosques, sus montes. Las palabras en el muro de Tlachinollan resuenan con verdad: “La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos me’phaa, na savi, nahuas, nn’anncue y mestizos”.

Cara, Mariah y Michaela, recuerden, por encima de todo, que nuestras vidas son más hermosas cuando la amistad está presente entre nosotros. Éste es el verdadero espíritu detrás de la justicia genuina: que nos interesemos lo suficiente por los demás para procurar que los traten con dignidad, como nosotros queremos ser tratados. Tenemos nuevos amigos en Abel y Tlachinollan, y no veo la hora de compartir esta amistad con ustedes.

Todo mi amor, mamá.

Traducción: Jorge Anaya


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Respaldan OSC nacionales e internacionales la labor del CDHM Tlachinollan durante la reapertura en Ayutla

Difusión Cencos México D.F., 17 de junio de 2011

Relatores de la libertad de expresión de la ONU y la OEA manifiestan su beneplácito

Organizaciones estatales, nacionales e internacionales estarán atentas y vigilantes de las condiciones de seguridad para las y los defensores en Ayutla


Durante el acto protocolario de Re-apertura de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Ayutla de los Libres Guerrero diversas organizaciones del Estado de Guerrero, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como representantes de diversas embajadas, manifestaron todo su apoyo y respaldo al trabajo de defensa y promoción de derechos humanos que el CDHM Tlachinollan seguirá realizando en la región de la Costa Chica de Guerrero.

A pesar de que la situación de riesgo no ha sido superada y que no se ha garantizado plenamente la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, ante la necesidad de seguir acompañando a las comunidades y personas de esta región que buscan hacer efectivos sus derechos el CDHM Tlachinollan decidió reabrir su oficina para continuar defendiendo y promoviendo los derechos humanos en la región.

Ante el conocimiento de la Re-apertura de la oficina diversos actores sociales se manifestaron al respecto: Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas a través de una carta dirigida al Antropólogo Abel Barrera y al CDHM Tlachinollan manifestó su beneplácito por la Re-apertura y mencionó que ésta “demuestra, una vez más, que la tenacidad de organizaciones como la suya terminan por sobreponerse a la adversidad”. Así mismo resaltó en la misiva que la fuerza y el temperamento han hecho del CDHM Tlachinollan "un baluarte en la brega por una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad de expresión y opinión”. Añadió también que la satisfacción que manifiesta en la comunicación “no podrá compararse al de las personas y pueblos indígenas que de nueva cuenta contarán con el apoyo incondicional y altamente competente de su noble organización”.

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió también una escrito dirigida a Abel Barrera en el que saluda con satisfacción la reapertura de la oficina: “Tomando en consideración el trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en búsqueda de caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Relatoría ha recibido con beneplácito la noticia de la reapertura de la oficina en Ayutla de los Libres. Estamos convencidos que este avance facilitará que su organización continúe cumpliendo la importante misión de promover el pleno respecto de los derechos humanos en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero”.

En el evento estuvieron presentes la Sra. Margarita de las Nieves y Sra. Guadalupe Castro, viudas de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Vice-presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados. Estuvieron presentes integrantes de diversas organizaciones estatales: Manuel Olivares de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Raúl Hernández Abundio defensor de los derechos humanos del Pueblo Indígena Me’phaa; Crisóforo Manzanares Lorenzo, Comisario del Camalote; Álvaro Ramírez Concepción de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM); Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Prócoro Valente Gil del Consejo de los cinco pueblos Tecoanapa; Pablo Guzmán Hernández y Maximino Tranquilino Santiago de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) entre otros.

También estuvieron presentes representantes de organizaciones nacionales como Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Ricardo González de Artículo XIX; Dolores González Saravia de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Verónica Rodríguez de Amnistía Internacional; Fernando Santillán del Centro Nacional de Comunicación Social; José Rosario Marroquín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH).

Acudieron también representantes de organizaciones internacionales como Salvador Sarmiento del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy; Ben Leather de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) así como representantes de distintas embajadas en México: Cristina Zametzr, Primera Secretaria de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Alemania; Christoph Meyenburg, Consejero de la Embajada de Austria; Francis Sobry, Segundo Secretario de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Bélgica; Karim Amégan, Consejero de la Embajada de Canadá; Leticia Pico de Coaña, Primera Secretaria de la Embajada de España; Vanesa Acker, Consejera de la Embajada de Estados Unidos; Katy Reid, Segunda Secretaria de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Reino Unido; Delphine Malard, Consejera de Asuntos Políticos, prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea, entre otros.

Como invitados de honor estuvieron presentes: Javier Hernández Valencia, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Lic. Juan Alarcón, Presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Dr. Hipólito Lugo, Visitador de la de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero; Sra. Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Sr. Julio Mata, integrante de la AFADEM; Eliana García, Asesora en Derechos Humanos en el Senado de la República; Aída Hernández, Perito en antropología en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.



Carta de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para CDHM Tlachinollan

RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006 – Tel: (202) 458-6014 – Fax: (202) 458-
6215


15 de junio de 2011

Abel Barrera Hernández
Director, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Mina N.- 77 Col. Centro C.P. 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero


Estimado Señor Barrera,

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda con satisfacción la reapertura de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Durante su visita oficial a México realizada en agosto de 2010, esta Relatoría tuvo la oportunidad de observar el compromiso de la organización a su cargo con los derechos humanos de los habitantes del Estado de Guerrero. En compañía de las y los integrantes de su organización, conocimos en Ayutla a algunas de las personas directamente beneficiadas por su trabajo, incluyendo el defensor de derechos humanos Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, y a otros notables defensores/as y líderes sociales.

Tomando en consideración el trabajo serio y comprometido del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" en búsqueda de caminos legítimos y pacíficos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Relatoría ha recibido con beneplácito la noticia de la reapertura de la oficina en Ayutla de los Libres.

Estamos convencidos que este avance facilitará que su organización continúe cumpliendo la importante misión de promover el pleno respecto de los derechos humanos en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente y desearle éxitos en su importante trabajo,

Catalina Botero Marino
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos



Carta de Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU

16 de junio de 2011


Abel Barrera Hernández
Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan"


Estimado Señor Barrera,

La Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas desea manifestarle a Usted y a su valeroso equipo su más profunda satisfacción por la reapertura de la oficina del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" en la ciudad de Ayutla de los Libres, en el Estado de Guerrero.

Durante mi visita oficial a México, realizada en agosto de 2010, tuve el privilegio de entrevistarme con Usted y visitar la población de Ayutla de los Libres. En dicha oportunidad pude constatar directamente el trabajo comprometido y profesional del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" en el Estado de Guerrero, particularmente en la región de la Costa Chica, la Costa Grande, la Montaña y el Centro.

Recuerdo con pesar que en aquél momento sus oficinas permanecían cerradas por la ausencia de condiciones para desarrollar su invaluable labor en favor de los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas de la región. Además, tuve el honor de conocer al defensor de los derechos humanos Raúl Hernández, líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, quien permanecía injustamente preso durante los días de mi misión oficial a México y a quien el Centro que Usted dirige defendió con convicción, entereza y sobrada eficacia.

Hoy me entero con satisfacción que el Centro que Usted encabeza ha decidido reiniciar sus actividades en Ayutla de los Libres. La reapertura de sus oficinas demuestra, una vez más, que la tenacidad de organizaciones como la suya terminan por sobreponerse a la adversidad.

La fuerza y el temperamento de su liderazgo han hecho del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" un baluarte en la brega por una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el de la libertad de expresión y opinión. Por ello, estoy seguro que la satisfacción que le manifiesto en la presente comunicación no podrá compararse al de las personas y pueblos indígenas que de nueva cuenta contarán con el apoyo incondicional y altamente competente de su noble organización.

Por último, aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con el deseo de tener la ocasión de poder hacerlo personalmente en un futuro próximo.

Le ruego de la manera más atenta se sirva hacer extensiva el contenido de la presente misiva al resto de las personas que laboran en el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", a quienes con afecto les envío a través de su hospitalario conducto el más amplio de mis reconocimientos.


Frank La Rue
Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas


¡TODO EL PODER AL PUEBLO!